Estadidad, economia y mitos, 16 de abril, 2014

Estadidad Economía y Mitos
Por: Lcda. Ygrí Rivera

Luego de que se revelaran los datos del Informe de la Oficina de la
Contraloría General de los Estados Unidos (GAO por sus siglas en inglés) el
cual confirma que la Estadidad es viable y en la pág. 15 reconoce que la
Estadidad ganó en el plebiscito celebrado en nuestra isla el 6 de noviembre de
2012 y fue rechazado el estatus colonial actual, los opositores de la Estadidad
están en pánico!

Evidentemente el informe les asestó el tiro de gracia, derrumbando el último mito
que les quedaba bajo el falso argumento de con la Estadidad pasaríamos a ser el “estado mendigo”. Aseguraban, que Puerto Rico absorbería una mayor cantidad de fondos federales de los que contribuiría
mediante impuestos al tesoro federal, por lo que sería una carga para el fisco
federal y para los contribuyentes de los 50 estados.

Uno a uno han ido quedando atrás los mitos creados con el objetivo de
infundir temor e inseguridad, cimentados sobre bases carentes de veracidad.
Sabemos que en lo referente al idioma no hay requisitos para los estados de
abandonar su lengua, pudiendo realizar sus negocios oficiales en el idioma que
seleccionen. De hecho, bajo el ELA, el inglés y el español son idiomas
oficiales.

Tampoco la decisión en cuanto a los equipos olímpicos se hace bajo la
ley estadounidense, sino que la misma es determinada por el Comité Olímpico
Internacional. Conocemos, además, que nunca habrá tal cosa como la nación
puertorriqueña en una relación de libre asociación con los Estados Unidos y la
garantía de la ciudadanía americana, tan atesorada por este Pueblo, porque la
ciudadanía común con los Estados Unidos es incompatible con tener una
soberanía separada.

El informe del GAO, como dijimos anteriormente, decapitó el último mito
existente. El mismo concluye, que si Puerto Rico se convirtiera en el Estado 51,
en lugar de constituir una carga para el tesoro federal y los contribuyentes de
los 50 estados, por el contrario, sería muy beneficiosa su aportación económica,
comparada con la carga que representa en este momento para el gobierno
federal los 9 mil millones que invierte en el ELA. Es decir, que la colonia tiene
una carga económica mayor y no contribuye al tesoro federal como lo haríamos
si fuésemos estado. El estatus de mendicidad lo tenemos ahora.

Ante esa realidad expuesta por el GAO los opositores han elaborado la
nueva absurda teoría de que bajo la Estadidad, como recibiríamos una cantidad
sustancial mayor de fondos federales, la isla sería muy dependiente del gobierno
federal. Por otro lado, sostienen que pagaríamos muchas contribuciones
federales, lo que unido a los impuestos locales significaría una carga excesiva
para la clase media y las pequeñas y medianas empresas, entre otros. A ello
algunos le llaman el “dilema presupuestario”.

El nuevo mito que intentan crear no tiene fundamento alguno excepto en
la imaginación fértil de unos pocos. La realidad inequívoca que surge del informe
del GAO es que la Estadidad sería viable y beneficiosa tanto para Puerto Rico
como para los Estados Unidos, reconociendo que nuestro desempleo ( sobre
15%) resulta ser más del doble del promedio de los estados y así también
nuestro nivel de ingreso es considerablemente menor que el de los estados.

Mississippi se encuentra en una condición mucho mejor que Puerto Rico,
aún siendo el estado más pobre y ningún estado tiene el crédito con una
clasificación a nivel especulativo o chatarra como el nuestro.
Bajo la Estadidad recibiríamos miles de millones más para Medicare y
Medicaid y para los programas de Asistencia Nutricional (SNAP) e Ingreso
Suplementario (SSI). Estos programas precisamente irían a beneficiar a las
personas de menos recursos económicos, envejecientes, incapacitados o con
limitaciones físicas. También se beneficiarían los programas de Asistencia
Temporal para Familias Necesitadas y la cubierta de Seguro Médico para
Niños.

Al contar con más recursos para la salud, incluyendo los servicios de
cuido extendido, ello contribuiría a evitar la fuga de médicos y otros
profesionales de la salud, frenando la despoblación que va en precipitado
ascenso. Los beneficios para la educación y otros son innumerables.

En lugar de pagar contribuciones, se calcula que, a base de los ingresos,
el 70% de la población no pagaría impuestos federales y muchas personas
recibirían créditos contributivos (Earned Income Tax Credit, Child Tax Credit,
American Opportunity Tax Credit y otros). Los miles de empleados en las
agencias federales en Puerto Rico saben, además, que los ingresos estatales se
deducen y nivelan en la planilla federal. Sin embargo, lo cierto es que en Puerto
Rico pagamos más contribuciones individuales que en cualquiera de los estados
con todo y las contribuciones federales.

La Estadidad elevará la visibilidad de Puerto Rico a los ojos de
inversionistas y empresarios del resto de los Estados Unidos y del mundo y
acabará con la incertidumbre existente en torno a nuestro incierto futuro político,
lo que provocará una inversión billonaria de fondos privados.

De otra parte, elgobierno federal tendría presencia en Puerto Rico con la multiplicidad de nuevas
agencias y programas que se crearían, lo que requeriría edificios, oficinas,
contratación de diversa naturaleza y el nombramiento de alrededor de 14 mil
empleados federales con un ingreso promedio de entre 50 mil y 75 mil dólares.
El panorama de crecimiento económico que tendría la isla bajo la
Estadidad y el poder político que representaría el voto presidencial y la
representación congresional, pone de manifiesto que la Estadidad es la mejor
herramienta para alcanzar el progreso, el bienestar, la seguridad, la estabilidad y
sobretodo la igualdad de derechos de la cual disfrutan los casi cinco millones de
puertorriqueños que residen en los diversos estados de la unión.

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Reaccion al informe de la Mesa Redonda de Fortaleza: 15 de abril, 2014

15 de abril de 2014
Comunicado de Prensa
Racciona el Dr. Hernán Padilla al informe de la Mesa Redonda de Fortaleza:

“parece ser una declaración de reclamo de soberanía fuera del marco constitucional americano”
San Juan – “Igualdad, rechaza la estrategia separatista oculta detrás del Informe de la Mesa de Acción para la Competitividad y el Crecimiento de Puerto Rico nombrada por el Administrador de la Colonia”, expresó Padilla al comienzo de sus expresiones sobre los argumentos presentados en dicho informe.

Al analizar el contenido del informe, el Presidente de Igualdad, Futuro Seguro indicó que; “No cabe duda que sus principales recomendaciones proponen que Washington le dé a Puerto Rico un trato de república independiente para acordar tratados comerciales y de otras naturalezas cuando propone que se exima a Puerto Rico de la clausula del Comercio Interestatal.

La pretensión de que se exima a Puerto Rico de las cláusulas constitucionales como la de Comercio es algo irreal y sólo responde a la ignorancia y a la ideología separatista que anima a una administración que en una agrupación llamada Mesa de 24 personas NO nombraron una sola persona que represente el sentir de la mayoría de los puertorriqueños que atesora la unión permanente y la estadidad para Puerto Rico”.

“Revisar la aplicabilidad de la “Clausula de Comercio Interestatal “para suscribir acuerdos comerciales y tratados internacionales”, no se puede llamar de otra manera que no sea una movida separatista, sentenció el también Ex Alcalde de San Juan.

“Ese grupo, que excluye la representación a los ciudadanos americanos que luchan por la igualdad de derechos, oportunidad y progreso dentro de nuestra nación americana, ignoran de plano resolver el status político para rescatar a Puerto Rico del colapso político, social y económico del experimento fracasado del ELA colonial. Ignoran que Casa Blanca sostiene q la economía está relacionada al status y que el status arrastra la economía de una manera negativa, reclamó Padilla.

“Nuestra organización no entrará a discutir las otras propuestas, buenas o malas, que sirven de marco a la estrategia para reclamar un trato de ELA-soberano o mejorado (que ha sido rechazado como inconstitucional por el gobierno federal) y del status actual al cual el pueblo le revocó el consentimiento de los gobernados derrotado.

En efecto, las recomendaciones de este este organismo están enviando un claro mensaje de “separación” al Congreso de los Estados Unidos y a la Casa Blanca. Más que un proyecto para el crecimiento de Puerto Rico, parece ser una declaración de reclamo de soberanía fuera del marco constitucional americano.
Este informe contiene propuestas para establecer políticas públicas que van de la mano con el Nuevo País propuesto por el PPD y que claramente chocan con los resultados del plebiscito del 2012. Todavía sueñan con una de las estrategias centrales de aquel “nuevo país”: pedir fondos federales en bloque y flexibles” para ellos disponer de los mismos a su antojo” concluyó.

Concurrimos con la declaración del Comisionado Residente, que “las recomendaciones encaminarían a PR a la separación”, en vez de integrarnos en condición de igualdad como ciudadanos de los Estados Unidos.
“Aunque el informe señala correctamente que se ha intensificado el éxodo de jóvenes talentosos y que la población en la isla está envejeciendo, estas acciones y políticas de corte “separatista” abundan a la incertidumbre que sufre la juventud y la población en general en Puerto Rico y que los motiva a abandonar la isla”.

La emigración tiene un impacto negativo sobre la economía y las finanzas del gobierno. Es obvio que mientras no se resuelva el status, tampoco se frenará el éxodo masivo hacia los 50 Estados, dijo Padilla.

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Despues del Informe del GAO, ¿QUE? lunes 14 de abril, 2014

Después del GAO, ¿Qué? Lunes 14 de abril, 2014
Hernán Padilla

El Congresista Doc Hastings encomendó al Government Accountabilitty Office, GAO, evaluar el efecto que tendría la admisión de Puerto Rico como Estado, y su impacto sobre los gastos e ingresos del tesoro federal, así como el efecto que la estadidad tendría sobre la economía y las finanzas publicas locales.

Sus hallazgos reafirman que los puertorriqueños y otros ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico no disfrutan de la igualdad de derechos, oportunidades, beneficios y responsabilidades que sus conciudadanos en los 50 estados.

El informe derriba múltiples barreras políticas, económicas y sociales. Destruye la falsa teoría colonialista de que la estadidad tendría un costo muy alto para el Tesoro federal y el mito del “estado mendigo”. El GAO presenta datos categóricos que demuestran que con la estadidad Puerto Rico dispondrá de las herramientas económicas para sacar su población de la pobreza y el estancamiento económico y que sería tan beneficiosa para la isla como para el tesoro federal.

El experimento político-económico del ELA fracasó estrepitosamente, creando en la isla una alta dependencia de las ayudas federales, convirtiéndola en una carga para el Tesoro federal. La estadidad es la única alternativa para que Puerto Rico se integre a nuestra Nación en condición de igualdad de derechos y responsabilidades que corresponden a todo ciudadano americano y el poder político que asegura le voto presidencial, la representación congresional y la participación plena en el gobierno nacional.\

Durante el periodo de transición todos los estados han sentido los efectos positivos de la admisión como estado. En Puerto Rico se aceleraría el progreso y desarrollo económico y la inyección de fondos adicionales que correspondan como ciudadanos americanos mejoraría sustancialmente la calidad de vida.

El GAO destaca además que con la estadidad los ciudadanos de menos recursos, los de mayor edad y los incapacitados recibirían ayuda directa del “ingreso suplementario (SSI); Medicare aumentaría los desembolsos para servicios de salud a envejecientes y personas con limitaciones físicas; Medicaid haría disponibles más recursos para la salud, aumentaría su cobertura a 900,000 puertorriqueños, y cubriría servicios de cuido extendido. El Programa de Asistencia Nutricional-SNAP ofrecería más fondos que bajo el PAN actual; así como asistencia temporal para familias necesitadas y cubierta del Programa de Seguro Médico para niños.

Los beneficios de la educación con la estadidad son innumerables: garantizan las Becas Titulo I para agencias educacionales locales (LEA); becas para educación de veteranos, Becas Pell y el programa federal de préstamos para estudiantes universitarios, entre otros.

Los que demagógicamente invocan el tema de las contribuciones para menoscabar la estadidad versus el ELA-colonial, tienen que aceptar que en lugar de pagar contribuciones federales, los trabajadores de ingresos limitados recibirán compensación por “Earned income Tax Credit, Child tax Credit y American Opportunity Tax Credit”.

Es inconcebible que en un territorio bajo la bandera americana, los defensores del status colonial antepongan sus plataformas político-ideológicas para negarles a nuestras familias la oportunidad de progreso a la que tienen derecho como ciudadanos americanos.

Se aferran a un experimento fracasado que nos sume en la pobreza y rechazan la solución de la estadidad que erradicaría la desconfianza asociada a la incertidumbre del status y estimularía la inversión de capital en la isla.

Nosotros aspiramos a la estadidad porque garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades, progreso, crecimiento y vitalidad para todos los puertorriqueños. Concurro con el amigo constitucionalista Alfredo Castellanos: la estadidad nos hará socios activos del sueño americano, con las mismas oportunidades bajo la ley y los recursos que nos permitan aspirar a un nuevo y mejor futuro. \

Las conclusiones del informe del GAO fortalecen la convicción del pueblo estadista que convertir a Puerto Rico en Estado es una realidad irreversible. Ya no se trata de dilucidar si seremos el Estado 51 sino cuán pronto seremos admitidos.

FYI: enlace para obtener el informe oficial del GAO

http://gao.gov/assets/670/661703.pdf

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Crisis poblacional, lunes 31 de marzo, 2014; ENDI

Crisis poblacional
Hernan Padilla

Ante la crisis fiscal y el desplome social, político-económico que promueve una nueva ola de emigración, urge ampliar la discusión de la otra crisis: la crisis poblacional que opaca el futuro de Puerto Rico.

La pasada Administración aprobó la ley que creó el Comité de la Ley del Reto Demográfico para analizar el desarrollo poblacional y buscar alternativas para fomentar su crecimiento. El Suplemento Especial sobre Migración de la Junta de Planificación revela la gravedad de continuar perdiendo población.

El Tratado de Paris de 1898 cobijó bajo la bandera americana a 894,302 puertorriqueños, bajo la tutela del Congreso. En 1904 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que los puertorriqueños podían entrar a los Estados Unidos sin restricciones.

Entre los primeros pasos para integrar a la Isla a la nación, se aprobó la Ley Jones, que estableció que “los habitantes que residan en la Isla y sus hijos nacidos con posterioridad a esa fecha serán como ciudadanos con derecho a protección de los Estados Unidos, con “derechos similares” a los nacidos en territorio continental”.

La experiencia migratoria puertorriqueña es un fenómeno de inmigración interna en el marco socio-político norteamericano. Entre los años 1940-60, el Gobierno de Puerto Rico promovió el éxodo masivo de cerca de un millón de personas como mecanismo de control poblacional.

En 1948, el gobierno insular, implantó el Programa de Migrantes, una estrategia para emplear puertorriqueños en faenas agrícolas en el continente que resultó en la migración masiva de puertorriqueños. En su mensaje a la Legislatura en 1954, Muñoz Marín declaró que los que partían seguirían el mismo curso de otros emigrantes en su integración al “melting pot”.

En la década del 2000 se inicio un segundo gran éxodo. A partir del 2001 más de 297,750 abandonaron la Isla, tornando el problema del éxodo en uno crónico. Actualmente, unos cinco millones de ciudadanos de extracción puertorriqueña residen en los 50 estados: 34% nacidos en la Isla; 66% nacidos allá, y se augura que ese número seguirá aumentando.

La criminalidad, un sistema judicial desconectado de la realidad, el alto costo de vida, un aparato educativo sin dirección ni gobernanza, servicios gubernamentales inoperantes, deterioro social, recesión económica, desempleo crónico, comunidades en franco deterioro, pobre calidad de vida, y la inacción del gobierno ante estos retos han destruido la confianza y precipitado el éxodo.

A causa de lo anterior, experimentamos hoy una fuga sin precedentes de capital humano, con el agravante que la mayoría posee una educación sobre el promedio poblacional. El “Perfil del Migrante 2012”, señaló que los puertorriqueños que emigraron ese año eran educados, activos en la fuerza laboral, con niveles de ingreso mayor que años anteriores y que 52% eran mujeres.

Concurro con el economista Gustavo Vélez: “La fuga de profesionales tiene un alto costo social y económico para la Isla”. Por ejemplo, “el impacto sobre el sector de la vivienda es devastador. Perder 83,000 personas equivale a 26,900 unidades de vivienda que no se venden o se alquilan y que constituyen un serio problema para los dueños, la industria de la construcción y la economía.

Señala el amigo Franklin López que según el Censo 2010 había en Puerto Rico 262,000 viviendas vacías. Mientras, la Asociación de Bancos informa para este año 77,000 unidades con 90 días o más de morosidad y 17,000 en ejecución; una reducción de $1,500 millones en depósitos bancarios; y un aumento de 19% en las quiebras versus el año anterior. Todo esto redunda en una merma potencial de ingresos de aproximadamente $3,000 millones.

Ante el colapso del ELA colonial, es apremiante acelerar el proceso hacia la estadidad, el único estatus que ofrece a los ciudadanos americanos en Puerto Rico la igualdad de derechos, oportunidades y potencial económico para atraer nuevas inversiones, empleos, y retener y aumentar nuestra población.

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DATOS: Impacto de la estadidad vs contribuciones federales; viernes 21 de maro

Contribuciones Federales
Los que se oponen a la estadidad utilizan el argumento de las contribuciones federales como uno de sus argumentos principales en contra del movimiento estadista. Lo primero que ocultan es que Puerto Rico es la jurisdicción bajo la bandera americana donde más impuestos individuales se pagan; es decir, una familia de composición y de ingreso promedio (por ejemplo, 4 personas y un ingreso anual de $30,000) paga más contribuciones en Puerto Rico que una familia de igual número de personas e ingreso en cualquier otro estado de los EEUU (donde se pagan contribuciones federales, y en adición, en muchos estados, contribuciones estatales). Es decir, en Puerto Rico se comienza a pagar impuestos a partir de un nivel de ingreso más bajo (y a unas tasas más altas) que al que le comienzan a aplicar impuestos a nivel federal.

Se ha estimado que mas del 75% de los contribuyentes no pagarían contribuciones federales cuando Puerto Rico se convierta en estado. La realidad es que más del 60% de nuestra población es de ingresos bajos o medios por debajo de $30,000 al año y NO pagarían contribución sobre ingresos.

La mayoría recibiría un crédito o un reintegro en base a “Work For Pay Credit”, “Earn Income Credit” (EIC) o el “Child Credit” y debe quedar claro que nadie pagaría impuestos federales si su ingreso individual anual es menor de $10,700 y el de una familia de 4 personas s menor de $21,400 anuales.
Además, los ciudadanos que cualifiquen pueden reclamar créditos por los costos para el cuido de niños y personas con limitaciones dependientes

(Credit for Child and Dependent Care Expenses), crédito para personas de mayor edad o personas con limitaciones ( Credit for the Elderly or the Disabled), créditos para educación (Education credits), créditos por ahorros para retiro (Retirement Savings Contributions Credit).

Del restante 40% de la población que genera ingresos, la mitad tiene ingresos entre $30,000 y $45,000 anuales. Ese grupo, probablemente reciban un reintegro por el crédito de los impuestos pagados o terminen tributando una tasa de alrededor de 13% de su ingreso neto. De los restantes, el 13% tendría ingresos estimados entre $45,000 a $99,000 y pagarían alrededor del 15% de su ingreso neto, y el 7% restante con ingresos entre $100,000 y $500,000 pagarían una tasa de 19% a 35%.

Estos datos reflejan que solamente el 10% de la población de ingresos medios y altos tributarían nivel federal.

El impacto del pago de contribuciones federales sería de $1.5 billones por concepto de contribuciones federales por los individuos. A cambio, se proyecta que la Isla recibiría ingresos y pagos adicionales sustanciales por Seguro Social, Medicare, Educación y Vivienda, entre otros. Solamente por el concepto del SSDI (Social Security Disability Insurance) se recibirían entre $800 a 1,000 millones para beneficio de los más necesitados en Puerto Rico.

Podemos proyectar que los ingresos adicionales bajo la estadidad permitirían al gobierno de Puerto Rico reducir la carga contributiva ya que el gobierno federal estaría proveyendo los fondos necesarios para servicios y programas que ahora tiene que sufragar el gobierno estatal. Por ejemplo, en Florida no existe contribución sobre ingresos a nivel estatal.

De la misma manera, no podemos ignorar que al convertirnos en estado, las corporaciones y multinacionales en Puerto Rico tendrían que pagar contribuciones, lo que ayudaría a sufragar los costos de la estadidad al tesoro federal.

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Datos importantes sobre fondos federales y desarrollo economico; 18 de marzo, 2014

Desarrollo económico y fondos federales
“Lucha por la igualdad política y económica”

Los proponentes de la estadidad reconocemos que no podemos depender exclusivamente de la asistencia federal como una solución permanente o exclusiva a los problemas fundamentales de Puerto Rico.
Se ha probado que las limitaciones coloniales de nuestra condición política actual impiden que territorio Puerto Rico disfrute de los mismos derechos y privilegios de los cincuenta estados. La condición de inferioridad política actual es un impedimento para un desarrollo económico sostenible. El territorio de Puerto Rico esta muy rezagado, cuando comparamos el desarrollo económico local con los estados aún más pobres de la Nación.

Cuando comparamos el Producto Bruto Interno (GDP) de Puerto Rico con cada uno de los 50 estados y Washington DC (2010), Puerto Rico es el ultimo (numero 52) con un GDP por persona de $23,380 cuando el promedio de Estados Unidos es $47,482. El estado con menor GDP Per capita es Mississippi con un promedio de $33,000.

Nuevamente, el actual status ha sido un fracaso social, político y económico. La estadidad representa la oportunidad de salir del atolladero de la colonia. Ser estado nos saca de la pobreza y mejorará el estándar y la calidad de vida de todos los puertorriqueños, comenzando por los mas necesitados y los que menos recursos tienen.
Aunque importantes para una economía en desarrollo, las transferencias federales no pueden, ni deben ser el pilar principal que sostiene el ideal de la estadidad. Aun así, no cabe duda que mientras el territorio de Puerto Rico no desarrolle su economía sustancialmente, estamos obligados a luchar sin poder político alguno por un trato de igualdad ante el Congreso de los Estados Unidos, quien es el principal responsable por imponernos las restricciones de inferioridad que no permiten un desarrollo apropiado fuera de la dependencia ciudadana, social, política y económica.

Es nuestra responsabilidad reclamar y competir por los fondos federales para beneficio de toda la población, principalmente los desempleados, la gente de escasos recursos y la clase media. Reclamaremos ayuda para la educación, salud y servicios medico-hospitalarios, seguridad pública, servicios sociales, ayudas a niños en desventaja, madres solteras y educación para sus hijos, vivienda, transportación, infraestructura, desarrollo económico, protección el ambiente.

Como estado Puerto Rico recibiría fondos federales adicionales para estos fines. Esta infusión de fondos federales adicionales tendría un efecto multiplicador inmediato de considerable magnitud sobre nuestro crecimiento económico y la creación de empleos, y a demás contribuiría a reducir los altos niveles de pobreza prevalecientes bajo el status colonial actual y a combatir la desigual distribución de la riqueza.

Durante los últimos 11 años, Puerto Rico ha recibido $133.6 billones netos del gobierno de los Estados Unidos, después de deducir pagos al Servicio de Rentas Internas (IRS), incluyendo pagos de Seguro Social y Medicare; y del 1990 al 2009 el gobierno federal aportó $256.1 billones a la economía de Puerto Rico, de los cuales Puerto Rico pago $73.7 billones al IRS, dejando un balance neto a favor de Puerto Rico de $182.4 Billones.

Durante el 2009-10 las aportaciones federales en Puerto Rico ascendieron a $7.7 billones por concepto de Seguro Social, retiro e incapacidad, Medicare, vivienda, Sección 8 y Becas Pell; $486.6 millones por desempleo; $7.5 billones para asignaciones federales (grants), incluyendo fondos ARRA; $600 millones para contratos y servicios; y $1.2 billones para empleos federales en la isla, la gran mayoría ocupados por puertorriqueños.

Existe una falacia que en Puerto Rico no se pagan contribuciones federales. Sin embargo, todos los ingresos generados fuera de Puerto Rico pagan contribuciones federales, así como todos los empleados y retirados federales quienes pueden recibir un acredito en sus planillas de contribución federal equivalente al pago de contribuciones locales. Aquellos que reciben beneficios del Seguro Social y reciben otros ingresos sustanciales sin importar la fuente de ingresos, así sea Puerto Rico o en los otros 50 estados podrían estar sujetos a contribución federal dependiendo de la cuantía del ingreso adicional.

En vista de la tergiversación que sectores opositores hacen de los datos sobre los pagos a Seguro Social, Medicare y otros, es apropiado explicar estos pagos. Mientras en el 2010 lo ciudadanos recibieron pagos del Seguro Social por $6,829 millones, Puerto Rico aportó $2,528.4 millones, una diferencia neta favorable para Puerto Rico de $4,300.6 millones (aportación individual de $1,297.4 millones y aportación por los patronos de $1, 231millones). Medicare reembolsó $2,509.9 millones, mientras que los puertorriqueños aportaron $449.1 millones, una diferencia neta favorable para la Isla de $2,060.8 millones.

Sin las transferencias, pagos directos, ayudas y subsidios federales, Puerto Rico seria un territorio de pobreza extrema. Basta con señalar que el gobierno federal concedió ayudas por $1.4 billones para Educación; $1.4 billones para salud, $800 millones para vivienda, y $2.2 billones para Asistencia Nutricional, (PAN) y Mujeres, Infantes y Niños (WIC).

Es innegable que la estabilidad política atraerá y fomentará más inversiones y que el gobierno federal tendrá mayor presencia en la isla. Como resultado natural, se crearán más empleos federales, más contratos de servicios, y mayor crecimiento del Producto Bruto Estatal y menores impuestos locales.
Nuestra meta “no es ser dependiente de los fondos federales”, por el contrario estamos convencidos de que con la estabilidad, permanencia y seguridad de ser un estado de la unión, se impulsará el desarrollo económico para beneficio de todos los puertorriqueños.

Nuestra meta de convertir el territorio de Puerto Rico en estado de la nación Americana no es para reclamar más fondos federales es para reclamar la participación que nos pertenece como ciudadanos de los Estados Unidos. Es innegable que como “Territorio casi incorporado” no disfrutamos de todos los beneficios económicos que corresponden a los otros cincuenta estados. Queda claro que dentro de la estadidad tendremos los recursos para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico, incluyendo la seguridad pública y la lucha contra el crimen.

El efecto de retraso que tiene la incertidumbre sobre nuestro futuro político sobre nuestro desarrollo económico lo hace evidente señala el Informe del Grupo de Trabajo de Casa Blanca de marzo 2011.

La Estadidad brinda la seguridad jurídica y estabilidad política para activar el flujo de inversión privada directa hacia la isla que generaría una bonanza o boom económico como ha sido el caso de los 37 territorios y repúblicas que han sido admitidos luego de los 13 originales.

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Nuestro mejor socio: nuestra nacion; lunes 17 de marzo, 2014

Nuestro mejor socio: Estados Unidos
Riesgo vs Reafirmar la Unión Permanente

Es innegable que toda la vida ciudadana, económica y jurídica de los puertorriqueños está asociada a funciones federales: recursos naturales, justicia, seguridad pública, educación, salud, servicios sociales, comunicaciones, bancos, correo, puertos, carga marítima y hasta el IRS.

Como Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos y nuestra base económica está fundamentada y forma parte integral de la economía americana, tenemos libre acceso al mercado más desarrollado y con mayores recursos del mundo. Por tal razón, tenemos un potencial incalculable para mercadear los productos y servicios producidos en la isla,

Vivimos en una isla pequeña, sobre poblada, sin una agricultura desarrollada, con poco espacio territorial para crecer, limitados recursos naturales, pero con unos recursos humanos de excelencia. Esos recursos tienen que ser protegidos, desarrollados e incentivados. Para lograrlo se requiere el apoyo económico, tecnológico y social que brindan los programas federales.

Nuestras agencias estatales, municipios, centros universitarios, ciudadanos y corporaciones sin fines de lucro participan activamente y se benefician directamente de más de 141 programas federales que proveen ayuda económica y técnica para beneficio del pueblo puertorriqueño en todas las fases de nuestra vida cotidiana.

Como estado Puerto Rico tendría la potestad de comerciar con todos los países y regiones del mundo con los que comercia Estados Unidos, el país que tiene el mayor volumen e intercambio comercial con el resto del mundo.

Los cincuenta estados de la nación constituyen nuestro principal y mejor socio comercial. Exportamos $30 billones hacia los cincuenta estados, principalmente productos químicos y farmacéuticos mientras que a cambio les compramos $23 billones del resto de los estados. Venezuela, Irlanda y Japón representan ejemplos de un desbalance comercial entre Puerto Rico y otros países del mundo. Venezuela solo le compra a Puerto Rico $18.0 millones. Aunque Puerto Rico importa $10 billones de Irlanda de productos químicos y $2,292 millones de Japón, las exportaciones de Puerto Rico a esos países son insignificantes.

El turismo sigue siendo una de las principales fuentes de empleo en Puerto Rico y tiene un gran potencial para generar riqueza, desarrollo económico y bienestar colectivo. Los turistas que nos visitan aportan considerablemente a nuestra economía. Estados Unidos nos ofrece una gran oportunidad para incrementar nuestra industria turística. Nuestro mercado turístico con mayor potencial de desarrollo es Estados Unidos, de donde proceden más del 90% de nuestros visitantes.

Por otro lado, Estados Unidos provee ayuda técnica y económica y supervisa el uso de fondos federales para beneficio del pueblo puertorriqueño. Nuestras agencias estatales, municipios, centros universitarios, ciudadanos y corporaciones sin fines de lucro, participan activamente y se benefician directamente de más de 141 programas federales que facilitan esa ayuda para beneficio del pueblo puertorriqueño.

Tenemos libre e ilimitado acceso, como ciudadanos americanos, al territorio continental para residir, estudiar, trabajar, participar en reuniones científicas, políticas y de carácter intelectual y disfrutar actividades culturales y de entretenimiento a nuestra conveniencia.
Los seguros federales, como el FHA, viabilizaron que miles de puertorriqueños pudieran adquirir su propio hogar. El Federal Deposit Insurance (FDIC), que recientemente tuvo que rescatar tres instituciones bancarias en Puerto Rico, asegura y garantiza los depósitos de los ciudadanos en los bancos.

Puerto Rico pertenece al sistema bancario de los Estados Unidos. No solamente tiene reguladores como el FDIC que velan por el bienestar de los depositantes y la seguridad y estabilidad de las instituciones miembros del FGDIC, sino que tiene acceso a un costo de fondos mas bajo que los países latino-americanos, por lo cual los ciudadanos tienen acceso al crédito que fomenta el movimiento económico en Puerto Rico.

Mientras no seamos un estado de la unión no tendremos el poder político en cuanto a las determinaciones que puedan tomar esas agencias federales reguladoras y que tienen repercusiones en nuestro diario vivir.

Aunque el verdadero trato de paridad solo se logrará con la estadidad, los puertorriqueños se benefician por la participación de nuestros ciudadanos en la red seguridad social, incluyendo el Seguro Social, Medicare; Programas de Asistencia Medica (PAM) y Nutricional (PAN) ; Ayudas para niños y adultos con necesidades especiales; servicios médicos y rehabilitación para veteranos en Puerto Rico; préstamos y Becas Pell para estudiantes universitarios; subsidios de alquiler por la Sección 8 federal y seguros federales para vivienda, agricultura y desempleo, entre otros.\

Igualmente, las Agencias federales como Drug Enforcement Administration (DEA), Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) y el FBI combaten el narcotráfico y las actividades criminales que amenazan la seguridad del pueblo. La Fiscalía Federal y el FBI también intervienen contra la corrupción gubernamental y el “crimen de cuello blanco”.

El Departamento de Justicia Federal monitorea a la Policía. También supervisa los derechos y servicios de la población con retardación mental. Hasta en las cárceles se siente la protección federal. El Tribunal Federal fue el que ordenó mejorar las condiciones, el trato y los servicios de salud y rehabilitación en las instituciones penitenciarias. \

“Homeland Security” les ofrece a los pasajeros terrestres, marítimos y aéreos todas las garantías de seguridad y el “Federal Aviation Administration” supervisa las operaciones de los controladores de vuelos y el transporte aéreo, tanto de carga como de pasajeros. No podemos ignorar las aportaciones al sistema de carreteras y la transportación colectiva como el Tren Urbano.\

La Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) contribuye en todo aquello que pueda afectar el medioambiente y los recursos naturales para proteger los ecosistemas y la salud del pueblo. El Cuerpo de Ingenieros tiene la responsabilidad de evaluar proyectos de infraestructura que afecten los humedales y las aguas superficiales, estuarios, costeras y marinas. La Guardia Costera tiene la función de proteger nuestras costas, la interdicción de contrabando y drogas y operaciones de rescate marítimo.
Toda la vida ciudadana, económica y jurídica de los puertorriqueños está asociada a funciones federales: comunicaciones, bancos, correo, puertos, carga marítima y hasta el Servicio de Rentas Internas (IRS). Como ciudadanos americanos no existe actividad humana insular que no esté cobijada y protegida por alguna agencia federal.

El correo, la moneda y el sistema bancario son aspectos particulares que están muy institucionalizados en nuestra cultura, modo de vida y economía. Forman parte de nuestras generaciones presentes y futuras. Tan es así, que el Morro, la Flor de Maga, el Yunque, la cotorra y el coquí están forjados en monedas americanas.\

Las leyes, reglamentos, órdenes ejecutivas, legislación, decisiones del Tribunal Supremo federal y acuerdos internacionales de los Estados Unidos son parte del diario ordenamiento de nuestra sociedad.

Las dependencias de defensa nacional nos aseguran que nuestra isla esté protegida de intervenciones indebidas. Miles de puertorriqueños han ofrendado sus vidas como miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en defensa de la democracia y la estabilidad local, nacional y mundial. Miles de Veteranos boricuas reciben servicios médicos y rehabilitación en los hospitales y clínicas de Veteranos en Puerto Rico y en el resto de la nación.

Ahora es el momento de reafirmar que queremos la verdadera unión permanente o pondremos en riesgo las garantías, seguridad y el progreso que representa nuestra ciudadanía americana.

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Sin la igualdad, nos hundimos, ENDI, lunes 17 de marzo

Sin la igualdad, nos hundimos
Hernán Padilla
Después de su encuesta, El Nuevo Día publicó un interesante artículo que invita a una reflexión ponderada sobre la crisis política y socioeconómica que aqueja a Puerto Rico. Que la encuesta revelara desasosiego y desesperanza en el pueblo no es sorpresa, tampoco, la inferencia de que existe una “aparente falta de voluntad de la sociedad para salir de los problemas tras el colapso del modelo económico y social”.

El economista Gustavo Vélez considera que “la emigración de los boricuas a los 50 estados alivia la presión social que causan los problemas fiscales”. Señala que casi la mitad de la población depende de ayudas federales, que reciben independientemente de la quiebra del gobierno local.

Algunas de las recomendaciones allí expuestas tienen mérito, pero no pueden adelantarse en un vacío político-ideológico. Entre otras, recobrar la esperanza y reforzar el valor de la dignidad del trabajo; formular un nuevo modelo económico que estimule la producción local y la inversión externa; revisar los programas de beneficencia para que estimulen la productividad; rendir cuentas y asumir responsabilidad por los desaciertos que se cometan; incentivar los empresarios locales y atraer inversión para aumentar la productividad; reestructurar el Gobierno para que sea más eficiente; y establecer una política pública que atienda los desafíos demográficos.

Ante el evidente descontento la del pueblo por el colapso social, político y económico del ELA-territorial, el Gobernador designó un grupo de trabajo para atender solo cuatro problemas específicos: la economía informal, la emigración del talento joven, el envejecimiento de la población y la baja tasa de participación laboral. No obstante, los anteriores son realmente manifestaciones del verdadero reto que enfrentamos.

Tan baja es la expectativa de dicho Comité, que le ha encomendado producir recomendaciones para su próximo Mensaje de Estado. En otras palabras, un comité más entre otros tantos, cuyo solo propósito ayudarlo a redactar su mensaje.

Sobre esta gestión, el columnista B. Torres Gotay comentó, “el resultado del trabajo de ese comité está casi seguramente abocado al fracaso, porque todo el mundo sabe que cualquier plan serio toma más de los tres años”.
Concurro con Torres Gotay en “Que esos cuatro problemas no son el problema en sí, sino síntomas de desafíos más complicados que hasta ahora nadie en posición de hacer algo ha querido afrontar”. Entre otros, señala el estatus colonial que nos impide desarrollar un plan económico coherente.

El titular del Día, “Nos unimos o nos hundimos”, nos obliga a destacar otras verdades que no pueden ignorarse. Ni la encuesta, ni los panelistas, consideraron el estatus del territorio, tal como lo señala Torres Gotay, ni el Gobernador nombró representación proporcional de los electores en el Grupo de Trabajo.
No pueden enajenar al otro Puerto Rico. Tienen que aceptar que García Padilla fue electo por un margen minúsculo. Tampoco pueden ignorar que el 54% revocó el consentimiento al ELA, que el 61% favoreció la estadidad y que 93% atesora su ciudadanía americana. Al pretender soslayar esa realidad política, excluyen al segmento mayoritario de la población.

El experimento político de seis décadas de subdesarrollo colonial fracasó. Por tanto, mientras mantengan a PR bajo el actual modelo político-económico, la Isla seguirá hundiéndose irrevocablemente. Es preciso que cuenten con nosotros en el esfuerzo común para rescatar a Puerto Rico del precipicio fiscal y el colapso social, político y económico. Para comenzar, hay que garantizarle a los puertorriqueños en la Isla los mismos derechos y oportunidades que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados.
Tal como ocurrió con Hawái, la seguridad y estabilidad política de ser estado atraerá inversionistas y desarrollo económico. La Estadidad asegurará igualdad de derechos, progreso y oportunidades económicas.

Unámonos pues, como ciudadanos americanos en camino a la estadidad. “Sin igualdad nos hundimos y sin estadidad no hay igualdad como ciudadanos americanos”.

Comments off

Mensaje de Alfonso Aguilar, FORO de Igualdad, 03/13/14

Del Ideal a la Acción:
Consideraciones Políticas y Estratégicas para Transformar la Causa Estadista en un Verdadero Movimiento de Derechos Civiles

Es un gran placer poder estar con ustedes en la tarde de hoy para hablar de nuestro ideal y para explorar junto a ustedes las maneras y estrategias que podemos implantar en el presente para adelantarlo y alcanzarlo pronto… no en décadas… sino, en unos años, ¡pronto!; de manera que los 3.5 millones de ciudadanos de nuestra isla puedan de una vez y por todas tener la plenitud de derechos que les garantiza la constitución de nuestra gran nación americana.

Primero que nada, quiero agradecer la muy cordial invitación del Dr. Hernán Padilla y de Igualdad para participar de este importante foro. Igualdad rápidamente se esta convirtiendo en una efectiva organización de base y de derechos civiles, dispuesta a abogar por nuestra causa a través de toda la amplia geografía de nuestra nación. Igualdad está llenando un vacío que ha existido por demasiados años, y su trabajo hoy por hoy es más necesario que nunca.

Es un honor particular poder compartir y colaborar con el Dr. Hernán Padilla, quien ha sido uno de mis grandes héroes, literalmente desde mi niñez. Me recuerdo vivamente esas caminatas de campaña por el Viejo San Juan, acompañando al doctor con mis tíos; mi hermano y yo con mis primos –ninguno de más de diez anos- correteando justo detrás del candidato, a veces jalándole la guayabera, todos con banderines de la palma y de Hernán para San Juan. Momentos felices de mi infancia que sin lugar a dudas me enseñaron tanto sobre la importancia del compromiso y la participación cívica. Esas caminatas y mítines fueron para mí una escuela de democracia.

Quiero también reconocer al ex gobernador Carlos Romero Barceló, a quien también mis primos y yo perseguimos en numerosas ocasiones en caravanas y eventos políticos, y con quien tuve el honor de trabajar mano a mano en el Congreso cuando el servía nuestro pueblo como Comisionado Residente y yo como Director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico… Un saludo cordial a nuestro Comisionado Residente y presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, quien está haciendo un trabajo extraordinario para avanzar nuestra causa.

Debo además expresar mi aprecio a mis amigos y colaboradores de Igualdad, el Dr. José Manuel Saldaña, y mi querida amiga de tantos años, colega de La Fortaleza, Annabel Guillen. Annabel se ha convertido en una verdadera co-conspiradora en el esfuerzo por buscar nuevas y creativas maneras de comunicar nuestro mensaje a nuestros conciudadanos en el continente.

A todos los oficiales electos presentes y a tantos buenos amigos y colaboradores en la lucha por la igualdad que se encuentran aquí presentes, gracias por su presencia.

Como hijo de inmigrantes, fue un honor cuando el presidente Bush me nombró Jefe de la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos. Trabajar para fortalecer el proceso de naturalización de nuestra nación y para promover la integración de los inmigrantes que hacen de los Estados Unidos su nuevo hogar fue una experiencia extraordinaria que me hizo darme cuenta de lo excepcional que es la unión americana. No hay, ni ha habido, otros país en la historia, que esté tan abierto a la inmigración; a recibir a personas de todos los rincones del mundo, no para dejarlas vivir en su territorio, “tolerándolas” como “minorías”, sino para convertirlas en plenos ciudadanos de la nación.

Como jefe de ciudadanía, pude administrar el juramento de ciudadanía a miles de personas a través de la amplia geografía de nuestro país… Las ceremonias de naturalización son eventos solemnes, llenas de alegría y patriotismo, que demuestran que nuestra nación sigue siendo el principal faro de libertad e igualdad en el mundo.
En esos momentos, sin embargo, nunca dejé de maravillarme de la ironía de que mientras estas personas, con ese juramento, se convertían en plenos miembros de nuestra comunidad política, con todas los derechos y responsabilidades que esto conlleva, mis conciudadanos de Puerto Rico, que nacen ciudadanos, no gozan de la plenitud de derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos. Consideraba además, que aquellos que se naturalizan en Puerto Rico, porque han hecho de nuestra Isla su nueva casa, adquieren una ciudanía reducida, de segunda clase.

Esos momentos no me llevaron a la frustración o desesperación, no obstante; sino, más bien, a reafirmarme en mi compromiso por logar la igualdad para todos nuestros ciudadanos y a darme cuenta con mayor claridad que la causa de Puerto Rico no es una que afecta meramente a los ciudadanos de la Isla; afecta a todos los ciudadanos de nuestra nación porque la falta de derechos de los ciudadanos de Puerto Rico mancilla la promesa americana de libertad e igualdad para todos, que precisamente celebramos en esas ceremonias de naturalización, y en la que se basa, después de todo, nuestra democracia; esa promesa que George Washington llamó “la causa de toda la humanidad”.

“We have it in our power,” decía Thomas Paine en su panfleto Common Cause, “to begin the world over again”, y, mas tarde, en The American Crisis: “We fight not to enslave, but to set a country free…”
Es por esto que nuestra constitución establece y protege una ciudadanía; no hay grados, no hay niveles, no hay clases. Lo que ocurre en Puerto Rico es una anomalía constitucional que deber ser corregida si Estados Unidos va ser fiel a los ideales de su fundación. No hay nada excepcional en una situación territorial que subyuga a los puertorriqueños a la soberanía del Congreso.

Nuestra nación nació como una republica, no un imperio. Los fundadores de la
nación lucharon una guerra de independencia porque Inglaterra no quería reconocer los derechos naturales de los súbditos de las colonias americanas. Más nunca hubiera ellos pensado que la gran república que surgió de la gloriosa revolución que comenzó en 1776, doscientos cincuenta años más tarde mantendría a un grupo de sus propios ciudadanos sin la plenitud de esos derechos naturales. Es una gran ironía, pero la realidad es que Estados Unidos le está haciendo a Puerto Rico lo que el Rey Jorge le hizo a las colonias.

Por eso al dejar la administración Bush y asumir la dirección del Latino Partnership for Conservative Principles, hice el compromiso de que trabajaría arduamente para convertir el tema de Puerto Rico en uno de importancia a nivel nacional; en uno de los asuntos claves de la agenda hispana de la nación; tan importante como el de la reforma migratoria.

Por cierto, para mi es inconcebible que el país y Washington le preste tanta atención al tema de la inmigración –atención que sin lugar a dudas merece- pero ignore por completo la crisis democrática en nuestra Isla.

En los últimos años, el Latino Partnership ha estado educando a nuestros conciudadanos sobre la crisis americana de Puerto Rico a través de cabildeo en el congreso, en Cámara y Senado, videos educacionales, columnas de prensa… y ahora, en colaboración estrecha con el Dr. Henan Padilla e Igualdad, desarrollando esfuerzos pro-activos de base y movilización. El año pasado lo comenzamos con una conferencia de prensa junto a Grover Norquist, uno de los principales líderes del movimiento conservador; Niger Innis, líder y portavoz de Teaparty.net, uno de los principales grupos del Tea Party; y el Dr. Richard Land, uno de los principales lideres evangélicos del país; haciendo un llamado a todos los conservadores a apoyar la estadidad para la isla; el pasado 19 de noviembre estuvimos en la escalinatas del Capitolio reclamando nuestros derechos, actividad que obtuvo significativa cobertura mediática a nivel nacional, y el pasado fin de semana estuvimos en CPAC, la principal conferencia anual de activistas conservadores, para educar a estos sobre la condición colonial de Puerto Rico y para exhortarlos a que se unan a nuestra causa.

Estimados amigos, estamos en un momento idóneo para encaminar a nuestro pueblo en un paso firme hacia la igualdad. El mito del ELA se acabó. Conozco muy pocas personas en Washington que hoy en día afirman que la Isla tiene un estatus especial, autónomo y cuasi-soberano. Estas “tesis” ya no persuaden a nadie en Washington. Hoy por hoy el consenso entre demócratas y republicanos es que la isla es un mero territorio y que, por lo tanto, está bajo la jurisdicción del Congreso a tenor con lo establecido en la Clausula Territorial de la Constitución de Estados Unidos. Todos entienden que el Congreso hace y deshace en Puerto Rico y que sus ciudadanos no tiene ningún decir al respecto. Así, de hecho, lo afirmaron diáfanamente los informes del grupo de trabajo de Puerto Rico bajo la administración del presidente Bush y bajo la administración actual.

La realidad es que los defensores de la retranca, de la colonia, se han quedado sin ideal que defender. Realmente, nunca lo tuvieron. Era una mera fantasía; pero el punto es que esa fantasía ya nadie se la cree en la capital. Y lo único que les queda a ellos para tratar de frenar nuestro progreso lento pero decisivo hacia la igualdad es el obstruccionismo. Su ideal es el no ideal; el tratar de frenar todo esfuerzo en Washington que conduzca a ponerle fin al martirio colonial para así mantener el status quo y poder vivir su fantasía macondiana y neo-nacionalista por lo menos en la isla. “Quizás nadie nos cree en Washington ni a nivel internacional,” piensan ellos, “pero si nosotros nos los creemos aquí en la isla, eso es suficiente para que sea verdad”. En fin, su propia versión del clásico cuento de hadas El Traje Nuevo del Emperador.

El fin de la fantasía del ELA en Washington no es un avance de poca monta, pero hay que reconocer que aún queda mucho por hacer. El hecho de que se acepte ampliamente que Puerto Rico es un territorio no significa que haya la voluntad política para ponerle fin a este.

Hay que reconocer que el principal obstáculo en el Congreso para acabar con la relación territorial proviene del sector más conservador del partido republicano. No creo, sin embargo, que este obstáculo sea insuperable.

La forma de atajarlo es reconociendo que nuestros esfuerzos hacia los republicanos tienen que ir mas allá de la oficialidad del comité republicano nacional. Y no estoy menospreciando estos esfuerzos. Creo que se ha hecho y se sigue haciendo un trabajo magnifico para conseguir el apoyo de las estructuras oficiales del partido republicano. Basta señalar que la plataforma del partido republicano consistentemente ha rechazado la condición territorial y apoyado la estadidad.

Pero el “establishment” es solo una parte del partido republicano; de la base republicana. Para ampliar el apoyo republicano debemos llegar a la base conservadora; debemos penetrar el movimiento conservador, desde el Heritage Foundation a los grupos del Tea Party, para explicarles y demostrarles que el déficit democrático de la Isla va en contra de los principios fundacionales de nuestra nación; que no se puede ser constitucionalmente conservador, que no se puede celebrar el excepcionalísimo americano, y al mismo tiempo no querer acabar con la situación territorial de Puerto Rico. Debemos llegar a ellos con una narrativa conservadora que haga eco de los ideales y aspiraciones de los padres de la nación. Eso es precisamente lo que hicimos en CPAC hace unos días.

El Tea Party no debe ser un obstáculo para nosotros; debe ser un aliado de nuestro ideal. El movimiento del Tea Party se formó para luchar contra la expansión desmedida del gobierno federal; para frenar la intromisión del gobierno en la vida de los ciudadanos y para defender la soberanía del pueblo ante la centralización del poder político en Washington. Les pregunto: ¿qué es el estado territorial de la Isla sino una imposición de la voluntad del gobierno federal sobre los ciudadanos americanos de la isla? El reclamo histórico del Tea Party ante el gobierno federal, plasmado en su bandera: “don’t tread on us!” No nos pisoteen” es nuestro mismo reclamo a Washington. Como ellos, pedimos que reconozcan nuestros derechos.

De igual manera, nuestra causa puede –y va- a encontrar gran apoyo en los sectores libertarios del movimiento conservador. El libertarianismo propone la primacía de la libertad de cada ciudadano. “Live free or die” declara el lema del estado de New Hampshire, conocido por su tradición libertaria que data desde tiempos fundacionales. Los ciudadanos americanos de Puerto Rico no solo no gozan de plena igualdad pero tampoco de plena libertad. No somos plenamente libres cuando no podemos votar por el presidente que envía a nuestros hijos a la guerra. No somos plenamente libres cuando leyes federales se hacen cumplir en Puerto Rico a pesar de que no tenemos representación proporcional y con voto en el Congreso. En última instancia, nos gobiernan desde Washington y esto contradice nuestra constitución y toda la historia de nuestra fundación.

A los conservadores deben señalarles que los casos insulares no fueron más que otro ejerció de activismo judicial del Tribunal Supremo; que los jueces del Supremo decidieron legislar desde el banquillo, inventándose una doctrina de territorios incorporados vs. no incorporados, que no tiene ningún fundamento en la constitución, con el único propósito de justificar el que el Congreso pueda gobernar a un territorio de ciudadanos mayoritariamente hispanos indefinidamente; sin encaminarlo, como se hizo con todos los territorios previo a la guerra Hispano-americana, en la ruta hacia la estadidad.
A aquellos conservadores que piensan que el estado de Puerto Rico solo elegiría demócratas, les recordaremos del padre del movimiento estadista, Don José Celso Barbosa, de los gobiernos de Don Luis Ferré y Luis Fortuño y de los cientos de republicanos que han sido electos a la legislatura y las alcaldías. Les dejaremos saber que los valores puertorriqueños son valores conservadores; que la inmensa mayoría de los puertorriqueños valora el derecho a la vida, la familia y la fe.
Y a los conservadores “culturalistas” que cuestionan si se puede admitir un estado en donde muchos no hablan inglés, les diremos que esto sencillamente no es un issue -no nos pondremos a la defensiva. Puerto Rico ya es parte de los Estados Unidos y de ninguna manera los ciudadanos de la isla ponen en riesgo la cohesión lingüística de la nación. Nuestros ciudadanos que sirven en el gobierno federal y en las fuerzas armadas lo hacen en inglés y todo negocio oficial del gobierno federal en la isla, ya sea en el Tribunal de Distrito o ante las agencias del ejecutivo, se lleva a cabo en inglés.

Y a los que les moleste que en nuestras escuelas y en el gobierno local el español sea la primera lengua de uso, les recordaremos que los conservadores creemos en los derechos de los estados según establecido en la décima enmienda y que este es asunto local que le compete exclusivamente al estados y no al gobierno federal.

Estoy convencido que si respondemos a estas dudas de algunos sectores de derecha con argumentos conservadores, cambiaremos la manera de pensar de muchos y conseguiremos su apoyo.

No obstante, aún si logramos ganar la batalla de ideas, todavía no lograremos alcanzar el ideal, sino transformamos la causa estadista en un verdadero movimiento de derechos civiles. El año pasado en una entrevista con el Nuevo Día dije que no existía un movimiento estadista como tal. Como era de esperarse, eso le cayó como un balde de agua fría a muchos. Pero, con esto, yo no quería decir que no hay líderes y organizaciones que trabajan activamente por la estadidad. Ciertamente, los estadistas contamos con un gran legado; con personas que han trabajado arduamente por lograr la igualdad para todos los puertorriqueños.

Lo que dije –y así lo refleja claramente el texto del artículo- es que no hemos formado una coalición estadista que una a todos los que trabajamos por la igualdad aquí en la Isla y a través de toda la nación, a pesar de nuestras diferencias de estrategia, estilos o afiliación política; que no hemos formado un movimiento amplio de base para presionar a Washington a actuar.

Todavía son muchos los que piensan que el ideal se va a lograr en un cuarto oscuro en el Congreso a través de la negociación de personas “con contactos” e influencia. Y no estoy diciendo que no sea importante contar con el apoyo y trabajo de personas con contactos e influencia. Pero, a final de cuentas, la estadidad la logrará el pueblo cuando se levante y se movilice, junto a nuestros conciudadanos en el continente para exigirle al Congreso que actúe.

No hay duda que los resultados del referéndum de noviembre del 2012 fueron históricos y tuvieron un impacto positivo. La mayoría de los ciudadanos de Puerto Rico enviaron un mensaje claro de que rechazan el territorio y que quieren la estadidad. Yo estoy claro: gano la estadidad.
Pero ganar aquí no es suficiente, sino podemos hacer el argumento político allá a favor de esos resultados.

Por eso, hoy, quiero hacer un llamado a la acción.
El pasado 28 de agosto celebramos el cincuenta aniversario de la histórica Marcha en Washington a favor de los derechos civiles de los ciudadanos afro-americanos de la nación. Más de doscientas cincuenta mil personas se congregaron al frente del Memorial a Lincoln para reclamar justicia e igualdad para todos los ciudadanos de la nación sin importar el color de la piel.

Fue en aquella ocasión que el Dr. Martin Luther King, Jr. proclamó que tenía “un sueño… de que un día esta nación se pondrá en pie y realizará el verdadero significado de su credo: ‘Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los hombres han sido creados iguales’”.

Según la congresista Eleonor Holmes Norton, que en aquel entonces era parte del equipo organizador de la marcha, el objetivo del evento no era el que se escucharan grandes y motivadores discursos. Lo que los organizadores buscaban era movilizar un número significativo de gente para llamar la atención a la causa de derechos civiles.

En fin, no era argumentar o convencer su meta. No tenían que hacerlo. Ellos estaban del lado de la razón y la verdad. Lo que querían lograr era movilizar a cientos de miles de personas para presionar, para incomodar, a toda una nación ante el discrimen que vivía día a día una porción de la ciudadanía.
Me parece que esta es una gran y oportuna lección para aquellos que estamos involucrados en la lucha por conseguir la plenitud de derechos civiles para los 3.5 millones de ciudadanos en Puerto Rico a través de la estadidad.

El triunfo en plebiscitos, los proyectos radicados en el Congreso, los testimonios en las Naciones Unidas y las querellas en organismos como la Organización de Estados Americanos y la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, son todos esfuerzos significativos y necesarios para crear consciencia sobre el “déficit democrático” en la Isla. Pero, la realidad es que su impacto es limitado si no somos incapaces de organizar y movilizar a un número considerable de personas en Washington y en otras ciudades de la nación para que se manifiesten a favor de la igualdad; si somos incapaces de crear esa vocal y ruidosa masa crítica que haga imposible que el Congreso continúe ignorado la desigualdad de los ciudadanos americanos de Puerto Rico.

¿Por qué el reclamo de inmigrantes indocumentados recibe más atención que la causa de derechos civiles de los puertorriqueños que somos ciudadanos? Precisamente porque los que apoyan una reforma migratoria que legalice a los indocumentados han podido crear una coalición amplia que trabaja de una manera estratégica y que puede organizar manifestaciones multitudinarias en diversas ciudades de la nación, ejerciendo presión continua en los miembros del Congreso y la Casa Blanca.

Es hora de despertar y empezar a comportarnos como un verdadero movimiento de derechos civiles. Las puertas a la estadidad no nos las van a abrir. Las tenemos que abrir nosotros, empujando.
En este sentido, creo que Igualdad viene a llenar un vacio en el movimiento estadista. Igualdad puede ser el instrumento para unir a las fuerzas estadistas y construir esa coalición de base que lleve nuestro mensaje de justicia y libertad a todos los rincones de la nación. Esa coalición debe ser dirigida por los ciudadanos americanos de Puerto Rico, pero debe incluir a nuestros conciudadanos de los cincuenta estados; a personas de todas las persuasiones políticas; demócratas y republicanos, liberales y conservadores; “Ocuppiers” y “Tea Partiers”.

Ante el crecimiento exponencial de la comunidad hispana, que, hoy por hoy, es ya el grupo minoritario más grande de la nación, debemos establecer alianzas estratégicas con las principales organizaciones hispanas para reconozcan como suya la causa de los puertorriqueños. El trabajo que se ha hecho en LULAC, gracias al liderato de activistas comprometidos como Elsie Valdez y muchos otros, es un modelo, a veces no suficiente valorado, del apoyo que podemos lograr para nuestro ideal si estamos dispuestos a darle una mano a nuestros hermanos hispanos en el continente.

Yo incluso creo que el momento ha llegado para que el liderato estadista apoye activamente los reclamos a favor de una reforma migratoria que legalice a los más de once millones de indocumentados que hoy viven en el país. La mayoría de los indocumentados son personas buenas, honradas y trabajadoras que vinieron a los Estados Unidos con el único objetivo de buscar un mejor destino. Los indocumentados no son una carga para el país. Todo lo contrario: los necesitamos. Están haciendo trabajos que nuestros ciudadanos no quieren hacer o para los cuales no hay americanos de edad laboral para hacerlos.
Si apoyamos una reforma migratoria de una manera visible y continua –atando el tema de la reforma migratoria y el de la auto-determinación de Puerto Rico como dos temas hispanos de importancia nacional- nos ganaremos el apoyo y colaboración de cientos y miles de activistas a través de la nación a favor de nuestro ideal.

El movimiento estadista debe además trascender las candidaturas para puestos electorales. Deber ser un movimiento de pueblo que sea consistente, que tenga un compromiso a largo plazo sin ataduras exageradas a las figuras políticas del momento. En última instancia, debe depender de la bondad, fortaleza y autenticidad de nuestro ideal y del trabajo duro de miles de activistas en la isla y en el continente.
Yo soy de los que creo que las primarias en un partido son buenas. Son parte de la tradición democrática de nuestra gran nación. No le debemos tener miedo. Nuestro modelo político no debe ser el PRI de México. La dedocracia quizás es el modelo del Partido Popular, pero no el nuestro. Nuestro modelo deben ser los partidos a nivel nacional. La clave es que cuando terminen las primarias y surja un vencedor, todos se unan para apoyarlo.

Por último, es importante señalar que un esfuerzo de base, que busque organizar y movilizar activistas de una manera efectiva requiere apoyo financiero continuo. El Latino Partnership ha hecho un importante compromiso económico desde el año pasado para desarrollar esfuerzos de base. Igualdad también ha invertido en estos esfuerzos. Sin embargo, se necesita mucho más dinero para que la coalición que querernos formar puede hacer su trabajo efectivamente. Si en la isla podemos recaudar fondos para candidatos locales y nacionales, para actividades y anuncios a favor de un candidato u otro, seguramente podemos levantar una buena cantidad de dinero, en la isla y en el continente, para financiar los esfuerzos para adelantar el ideal que nos define. Recaudar fondos para la labor ideológica debe ser una prioridad continua del liderato estadista.

Estamos ante una coyuntura histórica. El régimen colonial se está desmoronando bajo el peso de una deuda pública gigantesca, la tercera más grande de la nación, después de la de los enormes estados de California y Nueva York. La incertidumbre de nuestro estatus político impide atraer la inversión que nuestra economía necesita para crecer y crear empleos. Y el estado benefactor establecido bajo la política territorial ha creado una cultura de dependencia que fomenta el colapso de nuestras familias y que tristemente promueve la criminalidad, la drogadicción y otros serios males sociales. Como resultado de esta crítica situación, nuestra población no está satisfecha y migra en números record al continente buscando una mejor calidad de vida.

Y, como he dicho, el consenso en Washington es que la Isla está sujeta a la soberanía del Congreso bajo un estatus territorial y que la mayoría del pueblo lo ha rechazado.

Es nuestra responsabilidad aceptar el reto que nos presenta la historia. Es hora que nuestra causa se convierta en un verdadero movimiento de derechos civiles para ponerle fin al territorio y para alcanzar la plena igualdad y libertad para nuestro pueblo que garantiza nuestra constitución bajo la estadidad.
En 1861, camino a Washington para juramentar como el nuevo presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln hizo una parada en Filadelfia, la cuna de la democracia americana. En un discurso, al frente de Independence Hall, en donde a penas cien años antes los padres de la nación se habían reunido para declarar la independencia de las colonias americanas, y más tarde para redactar la Constitución de los Estados Unidos, y antes de izar una nueva bandera americana que incluía varias estrellas adicionales representativas de los nuevos estados en ser admitidos a la unión, Lincoln proclamó con firmeza:

“Each additional star added to that flag has given additional prosperity and happiness to this country, until it has advanced to its present condition; and its welfare in the future, as well as in the past, is in your hands. Cultivating the spirit that animated our fathers, who gave renown and celebrity to this hall; cherishing that fraternal feeling which has so long characterized us as a nation; excluding passion, ill-temper, and precipitate action on all occasions, I think we may promise ourselves that additional stars shall from time to time be placed upon the flag, until we shall number, as was anticipated by the great historian, five hundred million of happy and prosperous people.”

Con la resolución del presidente-mártir y, como el nos recomendó; cultivando el espíritu que animó a nuestros padres fundadores, atesorando los sentimientos fraternales que caracterizan a nuestra nación, excluyendo todo apisonamiento, mala voluntad, y cualquier acción precipitada, organicémonos y tomemos acción para alcanzar nuestra propia estrella en la gloriosa bandera americana.

Reafirmemos hoy nuestro compromiso a no desfallecer, a no descansar, a no parar hasta que no alcancemos la plena igualdad para todos los ciudadanos de nuestra querida isla.
Muchas gracias.

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Puerto Rico Report, 03/12/14

White House Report Shows Puerto Rico Losing Billions by Not Being a State
Posted on March 12, 2014

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A new analysis by President Obama’s Office of Management and Budget shows that territory status, often misleadingly called “Commonwealth,” is costing Puerto Rico billions of dollars in Federal programs a year.

The document sent to Congress this week in support of Obama’s proposed budget for the fiscal year that begins October 1st reports on State and insular area funding in more than 30 Federal programs.
Puerto Rico is projected to receive $3.589 billion under the programs, .68% of the total. The territory has about 1.14% of the national population. It gets a lower percentage of program dollars because territories can be — and are — treated worse than States in many programs.

Because States — but not territories — with low income levels get more funds in some programs, Puerto Rico would receive more than 1.14% of the total as a State.

White House funding estimates for the programs that do provide more funds in territories as well as in States with low income levels shows that equal treatment for Puerto Rico would be much more.
The numbers released this week also make clear that the Commonwealth is totally denied funding under some programs.

The presidential analysis does not include many Federal programs, including some of the biggest. It does not, for example, cover most State and territory funding under the Supplemental Nutrition Assistance Program. As a State, Puerto Rico would receive up to $700 million a year more under the program.

The budget document also does not cover programs providing direct benefits to individuals or payment for services to them, such as Medicare, medical care for the elderly and disabled, and Supplemental Security Income, aid to the needy aged and disabled. The programs would provide as much as $1.5 billion and $1.8 billion more in Puerto Rico respectively if Puerto Ricans were treated equally with residents of the States.

Puerto Ricans voted by wide margins to end territory status and transition to statehood in a plebiscite under local law in November 2012. The White House hailed the results but later convinced the Congress to provide for a plebiscite under U.S. Justice Department auspices because a governor and majorities in each house of Puerto Rico’s legislature from the territory’s “Commonwealth” party very narrowly elected at the time of the plebiscite refused to accept the voters’ self-determination decisions.

Additionally, 130 members of the U.S. House of Representatives and two U.S. senators have sponsored legislation to require the president to submit statehood transition legislation if Puerto Ricans vote for statehood again. The legislation would pledge the Congress to pass a transition bill.

Programs covered by the White House analysis in which the Commonwealth receives no funding include Child Care and Development Mandatory and Matching Grants. Connecticut, the State with the population closest to Puerto Rico’s — just 19,006 less than the territory’s 3,615,086 in the U.S. Census Bureau’s July 1, 2013 estimate, is budgeted to receive $18,738,000 in Mandatory Grants and $25,058,000 in Matching Grants. This would be 1.47% and 1.05% of those programs respectively.

Puerto Rico is, however, eligible for Child Care and Development Block Grants. It would receive $33,664,000 in Federal Fiscal Year 2015, $540,000 more than this fiscal year and 1.29% of the program.
The Commonwealth will also receive no funding to operate a health care insurance subsidy (“Exchange”) program. $154,166,667 a year was authorized for it by the Federal government’s 2010 healthcare programs reform law but equal treatment with the States would require $1 billion a year more. Because of the gross inadequacy of funding, the insular government is using the $154 million a year for its Medicaid program, which pays for health care for low-income individuals.

Even with this and with the 2010 law’s tripling of Federal contributions to the Commonwealth’s Medicaid program, Puerto Rico is treated worse in Medicaid than in any program covered by the analysis in which the territory receives funding. The estimated $1,075,697,000 is only .32% of the national program. The increase from $1,030,029,000 this fiscal year is less than half of what Puerto Rico would receive as a State.

The Commonwealth is also very poorly treated in the Temporary Assistance for Needy Families (TANF), Foster Care, and Adoption Assistance programs. It receives just $71,047,000 a year for all. Connecticut is slated to receive $266,788,000 for TANF in Fiscal Year 2015, $56,725,000 in Foster Care, and $40,365,000 in Adoption Assistance.

The Commonwealth fares only a little better in the Low Income Home Energy Assistance program. The White House analysis says that the President’s budget would enable it to receive $11,344,000, .41% of program funding, a decrease from $15,281,000 this year.

The Commonwealth is similarly discriminated against in the Social Services Block Grant program. The $8,793,000 for it in the budget is only .52% of national funding, although it would be an increase from $8,160,000 this year.

Puerto Rico is also slated to get very small amounts in the major Federal transportation infrastructure programs. The Obama budget plans for its Transit Formula Grants to decrease from $132,849,000 this year to $50,991,000 next year, .47% of the program.

Commonwealth treatment in the highway construction program is worse. Even though the budget estimates an increase for Puerto Rico to $143,550,000 from $137,185,000, that is just .34% of the program.
Airport Improvement Program funding would decrease from $15,214,000 to $13,814,000, .48% of national funding.

Puerto Rico’s State-like funding in some major housing and education programs and another nutrition program demonstrate what statehood could mean for the territory in programs in which the Commonwealth is discriminated against. The $251,279,000 Puerto Rico would get in the Women, Infants, and Children food program, an increase from $246,457,000, is 3.57% of the program.

The education programs are Title I assistance for schools in low-income communities, Head Start, Vocational Rehabilitation, and Effective Teachers.
• Title I funding is budgeted to drop from $434,566,000 to $417,397,000 — and from $453,904,000 in Federal Fiscal Year 2013 — because of the decrease in Puerto Rico’s population but the 2015 amount would be 2.9% of the national program.
• Head Start funding is budgeted to go up to $285,870,000 from $281,646,000, for 3.22% of total funding.
• Grants for the Effective Teachers program, which replaces the Improving Teacher Quality program, would drop from $70,651,000 to $54,522,000 but the lower amount is 3.08% of national funding.
• Vocational Rehabilitation funding would rise to $73,791,000 from $69,640,000, 2.21% of the program.

State-like treatment benefits Puerto Rico most on a relative basis in public housing programs. $107,454,000 for public housing construction would be slightly less than this year’s $108,097,000 but is 5.9% of the program. $215,990,000 to operate public housing units would be up from $211,798,000 and would be 4.82% of the program.

The territory’s Community Development Block Grant program funding is proposed to decrease from $63,380,000 to $58,844,000 but that is 2.02% of the program.

The President’s Office of Management and Budget report also provided the following program numbers. The table shows this year’s funding, the expected amount for next year, and the percentage of national funding that next year’s amount would be.
Program 2014 funding 2015 funding % of national
School Breakfast $36052000 $37911000 .97%
School Lunch $133997000 $136253000 1.17%
Child and Adult Care Food $28133000 $29047000 .92%
Special Education $115008000 $115008000 .99%
Children’s Health Insurance $140979000 $149820000 1.44%
Child Support Enforcement $30530000 $28653000 .73%
Housing Choice Vouchers $198418000 $200164000 1.01%
Clean Water construction $18472000 $12866000 1.27%
Drinking Water construction $8845000 $7350000 .97%
Schools and Libraries Internet $24360000 $29584000 1.27%

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