Vamos a rescatar a Puerto Rico, END, 15 de febrero, 2016

Rescatar a Puerto Rico
Hernán Padilla

El pueblo de Puerto Rico está preocupado por la crisis económica que lo impacta y por su efecto en las generaciones futuras. El ELA colapsó y sus creadores no saben cómo definirlo y menos cómo resucitarlo. La Isla ha perdido su atractivo para los inversionistas por la sucesión de políticas desacertadas que han paralizado el crecimiento económico. El gobierno y la economía están a la deriva porque la crisis surge del agotamiento del sistema político-económico; aún cuando las transferencias federales representan el 40% del ingreso por persona.

José Delgado publicó un artículo, “Los malabares del PPD”, en el que señala que “la visión tradicional del PPD sobre el ELA, el cual han proclamado como un status único dentro del sistema federal, ha estado impugnada en Washington y ha quedado destruida a nivel político con más contundencia que nunca por el gobierno del presidente Barack Obama”.

El experimento territorial-colonial es uno de los factores que han llevado a la Isla a la quiebra y la situación continúa empeorando. La evidencia abunda: la insolvencia fiscal gubernamental y de la economía; la pobreza que afecta a más del 50% de la población; 40 municipios bajo el nivel federal de pobreza y muchos en insolvencia operacional; y la emigración de sectores productivos.

El Congreso ha celebrado vistas públicas para buscar una solución temporal a la crisis, entre ellas, la creación de una Junta de Control Fiscal Federal. El CNE propone una Ley de Responsabilidad Fiscal. El Lcdo. Andrés Córdova, de la Facultad de Derecho UIAPR, afirma que “PR es un Territorio bajo el Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos sujeto a los poderes plenarios del Congreso; la creación de una Junta…es un ejercicio legitimo de su poder político y el Congreso tendrá que atender…el problema de nuestro status político”.

Concurro con las gestiones del Comisionado Pierluisi para lograr una Junta de Control Fiscal Federal Balanceada que respete la autonomía de PR (como a un estado), tenga poderes para controlar las finanzas y pueda asistir al gobierno a reestructurar el pago de sus obligaciones. Que extiendan la aplicación del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras a las corporaciones públicas, y que cualquier medida de reestructuración obligue la transparencia y publiquen los estados financieros auditados y proceda con reformas gubernamentales esenciales. También insistimos en que se corrijan algunas de las disparidades que sufrimos en programas como el Medicaid y el de créditos contributivos federales.

La fuga poblacional corrobora el colapso del sistema colonial que mantiene a 3.36 millones de ciudadanos americanos en la Isla clamando por un cambio para un mejor futuro bajo un modelo político-económico que estimule el crecimiento de la actividad económica privada que produzca más empleos, mejores salarios y menos dependencia en el estado.

El PPD insiste en un ELA no territorial ni colonial mediante la libre asociación, pero a la vez reconoce que tendrán que suplicarle al Congreso que continúen brindándole a PR ayuda federal y la ciudadanía americana, lo cual es imposible bajo la Constitución de EEUU.

Ante las tendencias separatistas del PPD y el fracaso político y económico del ELA, tenemos que rescatar a PR de la depresión económica e inseguridades de un estatus colonial, inferior y sin futuro. La resolución del estatus es imprescindible para sacar a Puerto Rico de la bancarrota en que nos ha sumido el ELA-colonial.

Urge implantar un plan de desarrollo y recuperación de PR que incluya la resolución del status político. Si no se resuelve definitivamente, será imposible revertir la situación económica.

Por eso, repito mí llamado al pueblo y los líderes estadistas: Los compromisos durante las próximas elecciones deben producir un mandato claro e inquebrantable para resolver la crisis fiscal, económica y política y simultáneamente encaminar a Puerto Rico a convertirse en Estado.

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Primarias presidenciales en PR, lunes 1 de febrero, 2016

Primarias presidenciales en PR
Hernán Padilla

Estados Unidos se rige por una democracia participativa y transparente que propicia transiciones ordenadas durante cambios de gobierno y la mayoría de los ciudadanos americanos en PR nos sentimos orgullosos de nuestra ciudadanía americana.

Aunque el Pueblo le quitó el consentimiento de los gobernados al estatus territorial indebidamente denominado ELA y el 61 % de los electores que votaron favorecieron la estadidad en el plebiscito del 2012, existen líderes del PPD que, contrario a Don Luis Muñoz Marín, ignoran la importancia que tiene nuestra participación en los procesos electorales nacionales y proponen derogar la Ley de Primarias presidenciales en PR, proyectando un mensaje de “separación”.

Olvidan que el pueblo ratificó su compromiso en el Preámbulo de nuestra Constitución: “dentro nuestra unión con los Estados Unidos”. Ignoran que Muñoz se acercó a la Estadidad integrándonos a la política nacional en 1959, respaldando el voto presidencial para PR en vistas congresionales, y apoyando la participación de los puertorriqueños en las primarias de los partidos nacionales. ¡Su último voto fue en la Primaria Presidencial del 1980!

El 1ro de febrero comienza el proceso para seleccionar los candidatos presidenciales. Los ciudadanos de Iowa se reunirán en miles de grupos para comenzar un proceso que finalmente elegirá a los delegados que asistirán a las Convenciones Naciones de cada Partido.

A Iowa le sigue la primaria presidencial de New Hampshire el 9 de febrero. En South Carolina los republicanos votarán el 20 y los demócratas el 27 de febrero; y el 1 de marzo (Super Tuesday) se llevarán a cabo las primarias en 13 estados. Cinco primarias adicionales, incluyendo a Florida, se celebrarán el 15 de marzo.

En PR, las primarias republicanas se llevarán a cabo en “caucus abiertos” en 110 precintos el domingo 6 de marzo. Resalta que el GOP trata a PR como si fuera un estado. Puerto Rico tiene 20 delegados, 20 alternos y tres super-delegados.

La prensa ha informado que “Bush y Carson han sido los dos precandidatos que han endosado abiertamente la estadidad, mientras que Rubio, Trump, Christie y Kasich se han comprometido en hacer lo necesario para que la Isla se convierta en el estado 51 de la nación si los puertorriqueños lo deciden en un referéndum avalado por el Congreso.

Es necesario reconocer que celebramos la primera primaria presidencial el 23 de octubre del 1979 y que participaron 427-mil electores. De acuerdo a Franklin D López, ex Presidente del Partido Demócrata de PR, la primaria presidencial fue el segundo gran paso de avance hacia el envolvimiento y participación democrática de PR en la política nacional y surgió en 1976 luego de que un movimiento estadista demócrata que luchaba por la causa de la igualdad promovió legislación autorizando la primera primaria para seleccionar delegados a las convenciones nacionales demócratas y republicanas.

Ese movimiento estadista sorprendió a RHC y al PPD, y eligieron 9 estadistas demócratas que defendían la candidatura de Jimmy Carter. Con esa fuerza exigieron incluir a PR alfabéticamente en la lista de votación y que se tratara a PR como a un estado en la asignación proporcional de delegados basandose en el número de votantes en las primarias.

Los que apoyamos la integración de PR al proceso democrático electoral de nuestra nación apreciamos que la Constitución de EEUU y la Carta de Derechos sirvieran de modelo e inspiración para redactar la Constitución de Puerto Rico.

Las primarias presidenciales en PR son un instrumento para combatir el déficit democrático bajo el estatus territorial/colonial que nos ha privado de votar directamente para elegir al Presidente y Vicepresidente de EEUU. Son un paso para lograr la verdadera igualdad y el poder político que merece PR. Nadie que verdaderamente crea en nuestra Constitución y sistema de gobierno puede negarle un proceso democrático a nuestro pueblo.

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Decisión Suprema , end, ENERO 18, 2016

Decisión Suprema
Hernán Padilla
La decisión del Tribunal Supremo de PR en el caso de Pueblo vs Sanchez Valle estableciendo que al no ser Estado, PR carece de autoridad soberana separada de la del Gobierno Federal para acusar en los tribunales de PR a una persona que haya sido procesada por ese mismo delito en los tribunales federales, abrió las puertas para que la Corte Suprema de EEUU (SCOTUS) examine los puntales del ELA.

Basado en la preguntas en la “Vista Oral Argumentativa” los Jueces entraron de lleno en el tema del estatus. No debe sorprendernos que revoquen la decisión sobre doble exposición pero sostengan que la Ley de Quiebras Criolla es inconstitucional porque el Congreso es el único que puede tomar acción al amparo de la “doctrina del campo ocupado” por la Ley de Quiebras federal.

Los Jueces consideraron el impacto que la decisión del Tribunal Supremo podría tener sobre el estatus y las relaciones de PR con el gobierno federal, según se resume en el escrito sometido por el Procurador General Verrilli aseverando que la decisión podrá afectar “la legislación y políticas federales relacionadas a PR incluyendo representación congresional, beneficios federales, impuestos federales, quiebras, y otras”.

Verrilli y Nicole Saharsky reconfirmaron que PR sigue siendo un territorio bajo nuestro sistema constitucional”, “no posee soberanía independiente a la de los Estados Unidos y es un territorio sujeto a la autoridad plenaria del Congreso. Las expresiones de Verrilli dejan claro que la Constitución de PR estableció un gobierno propio local y colonial que no alteró el estatus territorial y tuvo que ser sometida al Congreso para su ratificación. El pacto bilateral nunca existió, ni el Congreso cedió su autoridad sobre PR, como lo corroboraron repetidamente Luis Muñoz Marín y Antonio Fernos Isern en el Congreso.

Resulta irónico que el PPD apeló amparándose en el argumento de que somos jurisdicciones separadas e invocando la soberanía que corresponde a los estados y reclamando el poder estatal para defender la doble exposición. Al someterse al Tribunal Supremo, aceptan la supremacía del foro federal.

Es evidente que el Congreso se reservó el derecho exclusivo para determinar cualquier cambio al estatus de PR cuando enmendó la Constitución de PR para disponer que cualquier enmienda debe ser compatible con la Ley Pública 447, las disposiciones aplicables de la Constitución de EEUU y Ley Pública 600.

La opinión y decisión del Tribunal Supremo podría sorprender a los constitucionalistas más eminentes, pero los Jueces deben considerar la evolución constitucional que demanda que el gobierno federal garantice iguales derechos a todos sus ciudadanos. El Juez Federal Gelpí argumentó que aunque PR todavía era un territorio no incorporado de jure, había evolucionado de facto a un territorio incorporado.

PR cumple con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente”, para ser admitido en la Unión. La Ley federal del Gobernador Electo expandió el alcance de la Constitución de los Estados Unidos a los puertorriqueños y estableció que los derechos, privilegios e inmunidades de EEUU se respetarán en PR hasta el mismo grado que si “Puerto Rico fuese un estado de la Unión”.

La Juez Asociada Sandra Day O’Connor opinó que “PR parece ser un estado; posee la autonomía de otros estados (como los poderes y soberanía en transición hacia la estadidad); no es soberano como una nación independiente; tiene una forma de gobierno republicano organizado bajo una Constitución aprobada por su gente; y sus ciudadanos son tan ciudadanos americanos como los ciudadanos de los estados”.

No obstante, siendo PR un territorio no incorporado, la igualdad que garantiza la Constitución Americana no se ha hecho completamente extensiva a los Ciudadanos Americanos en la Isla. Tenemos que concluir que la Constitución federal solo se aplicará en toda su extensión y en condiciones de plena igualdad cuando PR se convierta en Estado de EEUU.

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Mandato 2017: dos prioridades cruciales (reproduccion)

Mandato 2017: dos prioridades cruciales
Hernán Padilla

Las repercusiones de no pagar la deuda pública de Puerto Rico van mucho más allá del fracaso del modelo político-económico de nuestro estatus territorial-colonial.

Sergio Marxuach, Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE) plantea que el endeudamiento público debe ser proporcional a la capacidad de pago y no debe utilizarse para “pagar gastos corrientes o financiar déficits operacionales”. “El problema es que en Puerto Rico hemos incumplido con ambas condiciones durante los últimos quince años”.

Nuestra maltrecha economía y la mala imagen de incapacidad para acometer la crisis que ha creado el gobierno colonial podrían afectar nuestra lucha para lograr las herramientas constitucionales y el poder político que solo se adquieren con la Estadidad, y que son indispensables para encauzar nuestro desarrollo económico.

Desgraciadamente, las expresiones públicas y las malas decisiones políticas y económicas de la administración popular levantan dudas sobre la estabilidad, el compromiso y seriedad para de nuestro pueblo para cumplir con las obligaciones de Puerto Rico y lograr un mejor futuro.

Si bien huelga señalar que apoyo la admisión como Estado lo antes posible, reconozco que es un proceso lento semejante a una carrera con obstáculos. De otra parte, concurro con Annabel Guillen, Directora Ejecutiva de Igualdad Futuro Seguro, en que “el resultado del plebiscito abrió finalmente la puerta, ahora es que realmente comienza la travesía”.

Claramente, la crisis económica no puede atenderse aisladamente. El problema de deuda está intrínsecamente ligado a la indefinición política de un status sin poderes políticos.

El Lcdo. Francisco Rullán tiene razón cuando insiste en que la Estadidad y la igualdad son derechos que no deben estar atados a las deudas del gobierno territorial, ya que la Estadidad ayudaría a solucionar los problemas y falta de crecimiento económico. Rullán advierte que “Ciudadanos Americanos no deben sufrir la falta de derechos civiles por culpa y negligencia de la clase política que administra el territorio”.

El profesor Héctor Ríos Maury opina que no se debe penalizar a millones de ciudadanos americanos condicionando su opción en derecho a trascender el colonialismo. Propone que la lucha por la igualdad, a tono con el federalismo, combine el reclamo de nuestros derechos civiles y constitucionales con la “Estadidad y un Buen Gobierno”.

Según el economista Jaime Benson, el problema de deuda es uno atado a la incapacidad de crecimiento económico, y que la certeza, seguridad y estabilidad que traería consigo la plena igualdad de derechos políticos y ciudadanos, darían fin a la incertidumbre que impide dicho crecimiento. La Estadidad sería la resolución de nuestra relación colonial entre EEUU, que sin duda ha sido la causa principal de la presente crisis económica y social.

La experiencia histórica demuestra que todos los territorios que se han convirtido en estado han mejorado significativamente su situación económica. Con la Estadidad, esas jurisdicciones adquirieron el poder político necesario para atender las necesidades de su ciudadanía.

El Puerto Rico de hoy se parece más al Hawái del 1956 que a la Grecia del 2015. La estadidad provocó en Hawái un aumento poblacional, y con ello un crecimiento del PIB, aumento de la inversión corporativa, el desarrollo de nuevas empresas, y un ingreso per cápita mucho mayor.

Como ciudadanos americanos, la Estadidad es nuestro derecho desde el mismo momento en que nos otorgaron dicha ciudadanía en el19017, y que fue reconocido en 1941 para todo aquel nacido en Puerto Rico. La estadidad es un destino inevitable e irreprimible, así que tenemos que continuar e intensificar la lucha para lograr y garantizar ese mejor futuro para nuestra Isla.

Las próximas elecciones deben ser plebiscitarias, para que el Pueblo extienda al nuevo gobierno un mandato para resolver la crisis fiscal, económica y política y simultáneamente encaminar agresivamente a PR hacia su derecho de convertirse en estado.

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Cuestionables Decisiones jurídicas. 7 de diciembre, 2015
Hernán Padilla
La indefinición del ELA es la causa de muchos de los problemas que afectan a PR. Basta con leer la decisión del Tribunal de Apelaciones sobre el caso Casellas que concedió la petición de un nuevo juicio y revocó la sentencia alegando un nuevo estado de derecho determinado por el Tribunal Supremo de PR que establece que Puerto Rico no cuenta con soberanía dual para acusar a una persona que ya ha sido acusada en el foro federal.

En mi columna del 26 de octubre sobre la decisión del Supremo Federal de considerar la apelación de la decisión del Tribunal Supremo de PR sobre la aplicación de “doble exposición” en el caso del Pueblo vs Sánchez Valle, expuse que abriría “La caja de pandora política y constitucional”.

La defensa de Casellas reclamó que la Constitución de Estados Unidos exigía un veredicto unánime en un juicio por jurado. Cuando el Tribunal de Apelaciones revocó su sentencia de 109 años y le concedió un nuevo juicio abrió la caja de Pandora. Esta es una decisión cuestionable y la prensa reportó que el Secretario de Justicia indicó que esta podría provocar “una avalancha de solicitudes de excarcelación, y convierte la Constitución de PR en una mera Ley”.

Es correcto que a nivel federal el veredicto de culpabilidad en casos de juicio por jurado tiene que ser unánime, pero ello no aplica a nivel estatal. Existen importantes precedentes jurídicos que han validado el veredicto por mayoría a nivel estatal, porque el requisito de unanimidad no se considera un derecho fundamental disponible a los estados. El derecho a juicio por jurado garantizado por la sexta enmienda de la Constitución Federal no requiere que los veredictos tengan que emitirse por voto unánime.

Otro aspecto sobresaliente es que el Tribunal Apelativo se amparó en una decisión pendiente de revisión, ya que la decisión del Tribunal Supremo local de Pueblo vs Sánchez Valle NO es final y firme, debido a que está ante el Tribunal Supremo Federal(SCOTUS) que podría revocar la sentencia. En vista de que el Tribunal Supremo de PR no consideró la quinta y la séptima enmienda al tomar su decisión, ambas decisiones podrían ser revocadas.

Bajo ese racional, aplicaría la Séptima Enmienda y el derecho a juicios por Jurado en casos civiles en PR, y tendría que establecerse la institución del Gran Jurado porque de otra manera todas las acusaciones de delitos graves serían ilegales. A la larga tendrían que reconocer el derecho a juicio por jurado, como si PR fuera un estado.

En el caso Pueblo vs Sánchez, el Tribunal Supremo local entró en terreno sensitivo cuando determinó que el territorio de PR no tiene los poderes ni la autonomía separada como la de los 50 estados, obviando el hecho de que el Congreso autorizó en nuestra jurisdicción la creación del Tribunal Federal al amparo del Artículo III de la Constitución y que sus decisiones pueden ir directamente al Tribunal Supremo Nacional.

Los casos del “Pueblo vs Sánchez” y la apelación al Supremo federal, y ahora la decisión del Tribunal de Apelaciones sobre la sentencia de Casellas abren las puertas para que SCOTUS le ponga fin al ELA.
No se pueden ignorar las decisiones de las Cortes Federales que le han extendido a todos los ciudadanos americanos, incluyendo a los que residen en PR, la mayoría de las “garantías constitucionales”.

La Corte Suprema no debe ignorar la evolución constitucional de nuestra Nación, que demanda que el gobierno federal garantice iguales derechos a todos sus ciudadanos que residen en la Isla.
Es hora que la Corte Suprema de EEUU no abdique su responsabilidad jurídica hacia los ciudadanos americanos que residen en PR y aplique a PR la Constitución americana en toda su extensión y en condiciones de plena igualdad.

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Vergüenza contra dinero , 15 de abril, 2010

Vergüenza contra dinero , 15 de abril, 2010

Hernán Padilla

A mediados del siglo 20, Luís Muñoz Marín predicaba que era necesario combatir el dinero poderoso que controlaba el tejido social y darle paso al buen gobierno basado en justicia social y bienestar colectivo. Su meta era transformar al país económicamente. Su visión política era un Puerto Rico donde predominaba la “vergüenza contra el dinero”.

Hoy, el país es testigo del bochornoso drama personal y político de un ex-senador, delincuente federal, confeso de soborno y venta de influencia. Este hombre, que vendió el honor de su familia y el servicio público, proviene de “buenas y honorables familias”, entre ellos su abuelo Jorge Font Saldaña, fundador del PPD, periodista y ex Secretario de Hacienda.

Debe preocuparnos, no la tragedia personal del ex legislador que fué expulsado del PPD y el PNP, pero sí la tragedia que consume a Puerto Rico. Algo anda muy mal cuando personas supuestamente educadas en escuelas católicas y con educación universitaria ignoran los principios de ética y los valores positivos como la verdad, no robar y no perjudicar el bien colectivo. Este espectáculo público de ambición desenfrenada pone de manifiesto la profunda crisis valorativa del tejido social insular.

El delito y la conducta depravada de De Castro Font son dañinos y despreciables. Destruyen el idealismo político de su generación. Como en el caso de De Castro Font, los legisladores, funcionarios públicos y figuras de los negocios acusados de corrupción, venta de influencias, soborno y fraude no actúan solos. Ahora comenzará el desfile ante el Fiscal Especial Independiente de los cómplices, sobornadores, ejecutivos, “aseguradoras”, cabilderos y políticos, productos de la corrupción del país.

El fenómeno social delictivo de la corrupción de funcionarios públicos no se da en un vació. Si bien es cierto que durante la pasada administración se refinó la corrupción gubernamental y se elevó a la altura de una “ciencia exacta”, la génesis está claramente reportada desde los inicios de la vida colonial española. La isla era ejemplo de corrupción administrativa donde predominaba la evasión del pago de impuestos dentro de un marco de pobreza colonial.

La responsabilidad y la culpa son colectivas. La corrupción es evidente cuando roban agua y energía eléctrica, radican reclamaciones falsas, lavan dinero comprando billetes de lotería premiados, engañan y roban a los que han trabajado fuerte para sus hijos y familia, falsifican certificados de nacimiento, compran licencias profesionales y evaden pagar las contribuciones.

La corrupción envenena todo el tejido social. La corrupción en las instituciones civiles, estructuras gubernamentales, entidades religiosas y la vida diaria de la población es lo que permite el clima de inseguridad creado por el crimen organizado y los narcotraficantes que “lavan” el sucio dinero producto de la droga en los 250 “puntos” calientes.

La tabla de valores del pueblo de Puerto Rico también debe estar ante el Tribunal acusatorio. Es evidente que “ser más listo que los demás”, vivir del “mango bajito”, aceptar la mediocridad, la vida fácil, el favoritismo, contratos de batatas políticas, despilfarrar fondos públicos sin consecuencias adversas, “bautizarse con los de arriba”, “hacerse rico a costa de los otros”, y el egocentrismo del “sálvese el que pueda” han calado profundo en la cultura de la sociedad puertorriqueña.

El drama judicial de De Castro Font ofrece una oportunidad extraordinaria para aleccionar a todo el país sobre la subcultura de corrupción. Tan corrupto es el que sugiere, gestiona o exige el soborno como el que lo paga. Los funcionarios públicos y/o electos que caen en las garras de la corrupción sufrirán en su propia carne el dolor de vender el honor de su familia y su país. Este juicio debe ser televisado como una lección de ética y una oportunidad única para rescatar el honor y la vergüenza del país.

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Reflexiones de moral, justicia y política, 8 de dic. 2009

Reflexiones de moral, justicia y política, 2009

Hernán Padilla

El crimen desgarra a Puerto Rico. El reciente asalto a mano armada contra Mudafort Sports en Santurce, a plena luz del día, pone de manifiesto el nivel de inseguridad e impunidad, y destaca la pobre calidad de vida que afecta a todos los ciudadanos. Es una guerra abierta: puertorriqueños contra puertorriqueños. Las víctimas, familiares, y amigos sufren el caos social que se documenta diariamente.

No sorprende que Luís Fraticelli, el Director del FBI en Puerto Rico, señalara recientemente en El Nuevo Día, que “la corrupción es el principal problema social en Puerto Rico”. El FBI investiga cerca de mil casos de actos delictivos: corrupción pública, fraude bancario e hipotecario, fraude a Medicare y las Becas Pell, crímenes violentos y narcotráfico, entre otros.

Corrupción significa depravación moral, soborno o venta de favores políticos, conseguir ventaja ilegitima, secreta y privada y tráfico de influencias. Ahí están los casos de la Junta de Médicos que expidió Licencias violando todas las normas éticas y legales y por los cuales se radicaron múltiples casos criminales en el cuatrienio pasado. Corrupción es cuando se radican cargos falsos por servicios no prestados a Medicare. Es cuando el usuario instala un “pillo” en su casa o negocio para hurtar corriente eléctrica y agua. Son corruptos los comerciantes que bautizan la leche con agua para aumentar sus ganancias; y los funcionarios públicos que se venden por regalos navideños y servicios gratuitos.

Es cuando los fondos públicos se despilfarran y se utilizan contrario a los mejores intereses del pueblo o les conceden privilegios especiales a funcionarios electos y políticos retirados o derrotados. Es cuando se crea una clase gobernante privilegiada, a quienes se les asignan salarios once veces más que el salario promedio en Puerto Rico y le asignan carro y chofer sin que resulten en beneficio directo al pueblo.

La lista de actividad corrupta por funcionarios públicos, políticos, candidatos y empleados de los partidos es muy seria. Entre los actos de corrupción predominan actos de fraude, empleados fantasmas, apropiación ilegal agravada, escándalos por mal uso de fondos públicos locales y federales, contratos para beneficio propio, fraude en la vivienda, subastas ilegales, soborno, obstrucción de la justicia, uso ilegal de bancos telefónicos y facilidades del gobierno para fines partidistas, contratos ilegales para beneficio de un amigo, pariente o donante político, y pedir y aceptar dinero a cambio de favores políticos.

El caso más reciente que genera dudas y desconfianza en el pueblo y que requiere una investigación minuciosa es el de la condonación cuestionable de deudas contributivas millonarias para beneficiar a una refinería de petróleo. Urge crear la Oficina del Inspector General para prevenir la corrupción gubernamental.

La sociedad en general resulta víctima de la corrupción por la privación de los fondos públicos y privados que los corruptos roban impunemente. Peor aún, se pisotean los valores cívicos y cristianos de la sociedad puertorriqueña. La convivencia en Puerto Rico está animada por un “sentido cívico de justicia”. Cuando se actúa contra los valores de justicia, la gente ve y reconoce actos de conducta injusta. La corrupción representa un verdadero peligro social. Facilita el crimen organizado, el lavado de dinero, trafico de drogas y muchos males sociales.

En esta temporada Navideña debemos reflexionar sobre la “injusticia de los corruptos”. Corresponde a todos los funcionarios públicos, políticos, partidos políticos, líderes de instituciones cívicas, asociaciones profesionales, comercio, industria, sindicatos, educadores, sacerdotes y ministros religiosos vivir, practicar y ser ejemplos de honradez, respeto y tolerancia. Urge enseñar, ética, valores cívicos y un patrón de conducta de hacer lo correcto, de no hacer daño a nadie, ser honrado y cumplir con la ley. No pueden esperar que la sociedad actúe correctamente si no se convierten en verdaderos modelos.

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Caja de pandora política y constitucional. 23 de octubre, 2015 END

Caja de pandora política y constitucional.

Hernán Padilla
Al decidir el Supremo Federal considerar la apelación del Secretario de Justicia referente a la decisión del Tribunal Supremo de PR sobre la aplicación de “doble exposición” en el caso del Pueblo vs Sánchez Valle, abrió una caja de pandora política y constitucional.
El Tribunal Supremo local entró en terreno sensitivo cuando determinó que el Territorio organizado de Puerto Rico no tiene los poderes ni autonomía separada como la de los estados de la Unión y que no pueden radicar cargos contra un acusado por los mismos hechos radicados a nivel federal.

Es irónico que los populares apelen dicha opinión, amparándose en el argumento de que somos jurisdicciones separadas. El PPD acepta que la Estadidad es buena para PR cuando reclama el poder de los estados para defender la doble exposición.

Reclaman la soberanía que corresponde a los estados y no al ELA que ellos definen como una relación bilateral. La ironía se magnifica al insistir que EEUU y PR suscriban un pacto de asociación no colonial, y no territorial basado en el ejercicio de la soberanía de dos países independientes (claramente contraria a la Constitución federal).

Al someterse a la Corte Suprema federal, aceptan que PR y las decisiones del Tribunal Supremo están sujetos a la autoridad federal, reafirmando así la supremacía que tiene el foro.

Es indudable que PR cumple con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente”, requisito para ser admitido como socio de la Unión. La Ley del Gobernador Electo, la cual el Supremo local omite en su opinión, obliga a a reconocer que durante décadas el Congreso nos ha tratado como si fuéramos estado. Los Tribunales federales le han conferido a PR la misma inmunidad y protección que a los Estados al amparo de la Undécima Enmienda.

El Tribunal Supremo local ignoró en su opinión que el Congreso autorizó la creación en nuestra jurisdicción de un Tribunal Federal al amparo del Artículo III de la Constitución y que las decisiones de nuestro Tribunal Supremo ya no se tienen que llevar primero a Boston, sino al Tribunal Supremo Nacional.

La Juez Asociada Hon.Sandra Day O’Connor sostuvo en una opinión que “Puerto Rico parece ser un estado; posee la autonomía de otros estados; no es soberano como una nación independiente; tiene una forma de gobierno republicano organizado bajo una Constitución aprobada por su gente; y sus ciudadanos son tan ciudadanos americanos como los ciudadanos de los estados”.

Tampoco pueden ignorarse las decisiones de las Cortes Federales que le han extendido a todos los ciudadanos de la Nación Americana, incluyendo a los que residen en Puerto Rico, la mayoría de las “garantías constitucionales”.

El caso y la apelación pueden abrir las puertas para que SCOTUS intervenga y acelere la solución del estatus y le ponga fin al ELA.

En el 1947, con la Ley Pública 362, (Ley del Gobernador Electo), se expandió el alcance de la Constitución de los Estados Unidos a los puertorriqueños y se estableció que los derechos, privilegios e inmunidades de los Estados Unidos se respetarán en el territorio de Puerto Rico hasta el mismo grado que si “Puerto Rico fuese un estado de la Unión” sujeto a las disposiciones del Articulo IV de la Constitución, aplicable solo a los Estados.

La Constitución de Puerto Rico estableció un gobierno propio local y colonial que nunca cambió ni alteró el estatus territorial y tuvo que ser sometida al Congreso para su aprobación. El pacto bilateral nunca existió. El Congreso nunca cedió su autoridad sobre PR, como lo afirmó el propio Luis Muñoz Marín en el Congreso.

La Corte Suprema no debe ignorar la evolución constitucional de nuestra Nación, que demanda que el gobierno federal garantice iguales derechos a todos sus Ciudadanos, incluyendo a los que residen en PR.

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Estrategias para lograr la Estadidad 23 de nov, 2015

Estrategias para lograr la Estadidad 23 de nov, 2015
Hernán Padilla

Ya que la administración del PPD rehúsa cumplir con los requisitos para celebrar un referéndum que “resuelva” la indefinición del estatus, los candidatos del PNP tienen la responsabilidad de presentarle al pueblo los planes y estrategias para lograr la estadidad luego de las elecciones del 2016.

Por igual, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y el derecho constitucional de expresar nuestra opinión sobre esas propuestas, sin que ello implique una crítica personal al partido ni a sus candidatos. La verdadera democracia depende de que haya la libertad para discutir, en un plano de respeto mutuo, toda estrategia que sirva para adelantar la estadidad para PR.

En mi columna sobre un Plan PR-Tennessee de abril del 2014 opiné que aunque el pueblo rechazó el consentimiento al estatus territorial y apoyó la estadidad en el plebiscito del 2012, un “Plan Tennessee” no podría implantarse bajo un gobierno colonialista de tendencias separatistas. Así fue.
En un referéndum celebrado en Tennessee en 1795, el 75% votó a favor de la unión. Posteriormente, el gobernador convocó una Convención Constitucional, adoptaron la Constitución y la Carta de Derechos del Estado, y “eligieron por adelantado dos Senadores y un Congresista”, convirtiendo a Tennessee en un territorio organizado antes de solicitar su admisión al Congreso. En el caso de Alaska, entre 1943 y 1953 se intensificaron las gestiones a favor de la estadidad y en 1946 la estadidad obtuvo mayoría en un referéndum y en 1955 “eligieron delegados” para cabildear en el Congreso.

Según Luis Dávila y Rubén Cerezo (“Breakthrough from Colonialism”) los pasos básicos del “Plan Tennessee”, incluyen: radicar una solicitud de admisión y que el Congreso no la atienda; “celebrar elecciones” para funcionarios estatales, senadores y representantes congresionales; y enviar la delegación a exigir la estadidad.

El caso de PR es muy distinto. Tennessee no era un territorio organizado. A penas tenían 77,000 habitantes en 1796. PR es un territorio organizado, “incorporado de-facto”, que cumple con los requisitos para ser admitido, incluyendo la Constitución, la Carta de Derechos y una forma de gobierno republicana aprobadas por el Congreso. Aún así, no disfrutamos de la igualdad de derechos y progreso de los estados.

Para que una delegación tenga carácter oficial en representación de todo el pueblo de PR no debe ser designada como un mero comité de cabildeo. Si la misma fuera a pedir admisión como estado, debe de ser electa para que sea reconocida por el Congreso,. Cualquier ciudadano americano tendría el derecho a reclamar un proceso de elección que cumpla con las leyes. Para cumplir con la Constitución y la doctrina de “one man one vote” será necesario una redistribución electoral para Distritos Senatoriales y Congresionales, nominación, primarias si fuera necesario, elección de delegados, legislación que defina su función, mandato y la asignación de los fondos necesarios.

Para acelerar el proceso de admisión es fundamental que la nueva administración estadista en el 2017 haga gestiones para que se celebre un referéndum usando los fondos y la legislación aprobados por el gobierno federal para que los ciudadanos americanos residentes en PR le demuestren al Congreso y a nuestra nación que queremos y exigimos ser el Estado 51. Ignorar esa realidad sería en detrimento a nuestro reclamo.

Nuestra lucha y estrategia para lograr la estadidad debe atemperase a la realidad política, desarrollo histórico y proceso de integración de PR a la nación Americana. Una estrategia de presión sin haber agotado el mecanismo del referéndum que nos brinda el Congreso sería contraproducente y podría atrasar el proceso para lograr la estadidad.

Después del plebiscito hay que presentar un Acta de Admisión o Acta Habilitadora, entre otras opciones de admisión, pero si el Congreso no toma acción en un plazo razonable, debemos exigir contundentemente al Congreso que admita a PR como Estado.

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Reproduccion: Poderes de ser Estado , 26 de mayo, 2014

Poderes de ser Estado 26 de mayo, 2014

Hernán Padilla

El nuevo estado de Puerto Rico ganará poderes constitucionales, políticos y económicos que garantizarán estabilidad, seguridad, progreso y soberanía para Puerto Rico y los puertorriqueños.

La Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos claramente establece la soberanía de los estados: “los poderes que la Constitución no delega al gobierno federal ni prohíbe a los estados, quedan respectivamente reservados a los estados o al pueblo”. Con la estadidad, Puerto Rico adquiere soberanía al quedar equiparado con los otros cincuenta estados soberanos de la Unión.

Además de la soberanía compartida de los estados, el poder político y económico que la admisión como estado representaría para Puerto Rico será el factor que potencie las fuerzas para el progreso, desarrollo económico y mejoramiento en la calidad de vida a que aspiran todos los puertorriqueños.

Queremos alcanzar el mismo progreso y desarrollo que es evidente en todos los estados de la unión. Reclamamos el poder político y la fuerza de la igualdad de derechos y responsabilidades que representa la ciudadanía americana bajo la protección de la Constitución de los Estados Unidos. El entusiasmo de un pueblo sin la carga discriminatoria colonial nos dará el poderío y recursos para conducir a Puerto Rico hacia un futuro mejor que el vivido en más de cinco siglos de coloniaje.

El poder político de dos senadores y cinco congresistas y la participación en elecciones presidenciales y en el gobierno nacional traerá consigo un trato igual al de todos nuestros conciudadanos americanos. La ciudadanía dejaría de estar degradada por la segregación y el discrimen político del estatus-territorial.

El poder de ser un estado bilingüe con nuestra propia cultura, resultado de la fusión de grandes culturas, nos abrirá las puertas para convertirnos en un enlace natural entre América Latina y los Estados Unidos. Seremos forjadores de nuestro propio destino y dejaremos de ser la colonia más antigua del planeta. Nos liberaremos del estatus temporero, frágil y sumido en la pobreza que representa el ELA-colonial. Seremos líderes en el mundo Hispano.
Ser un estado de los Estados Unidos tiene una estatura y una credibilidad poderosa a nivel mundial en todos los campos políticos, económicos, comerciales, industriales y científicas que nos abrirá las puertas a nivel internacional.

Como un estado, Puerto Rico sería reconocido como parte integral de la nación más rica y poderosa del planeta y será participe del sistema democrático más sólido del mundo.

La seguridad, solvencia y estabilidad política tendrán un poder considerable para atraer inversionistas y nuevas industrias que generen empleos. Cuando el gobierno del Estado del Puerto Rico o los puertorriqueños hagan contactos para generar interés en desarrollar negocios en la isla llevarán consigo una carta de presentación distinta a la del actual status sin reconocimiento, temporero, decadente y desacreditado.

La admisión de la Isla como estado generará una enorme promoción y publicidad en los 50 estados y a nivel mundial que se traducirá en un crecimiento turístico vigoroso como ocurrió en Hawái desde su ingreso en 1959. La demanda de servicios para las industrias de turismo, hotelera, de transportación, vivienda, y entretenimiento y otras, creará miles de nuevos empleos, así como innovadoras empresas locales.

Tan pronto el Congreso admita a Puerto Rico como estado se revertirá el éxodo masivo que ha ocurrido. Una vez admitidos, la seguridad de la estadidad atraerá nueva población y una vigorosa economía que rescatará miles de viviendas vacías o abandonadas y revivirá la industria de la construcción a niveles sin precedentes.

Los puertorriqueños, en todas las partes del mundo, viviremos orgullosos de que nuestra isla haya adquirido su igualdad como ciudadanos americanos y el poder político necesario para garantizarle un mejor futuro a las nuevas generaciones de familias puertorriqueñas. La Estadidad es igualdad, orgullo y progreso para cada uno de nosotros, en esta hermosa isla.

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