PR necesita ayuda de la Junta Fiscal Federal, Lunes 12 de septiembre, 2016

PR necesita la Junta Fiscal Federal
Hernán Padilla

“PROMESA” llega cuando el pueblo ha perdido la confianza en el gobierno y los funcionarios responsables del desastre que ha paralizado el desarrollo económico y provocado un éxodo masivo de la población.

La “Junta de Supervisión Administración y Estabilidad Económica de PR” (PROMESA) resulta de una secuencia de eventos que llevaron a PR al precipicio fiscal que requieren intervención federal. A pesar de que la clasificación crediticia de PR mejoró durante la administración Fortuño, García Padilla sembró desconfianza en el mercado de bonos.

La desconfianza, generada por la ausencia de posturas serias por parte del régimen actual, obligó a las casas acreditadoras a pautar con degradaciones del crédito de PR. García Padilla reaccionó irresponsablemente con el ” me vale” y el reto de que “si querían tener poder que formaran un partido político y vinieran a participar”.

Luego de innumerables desaciertos, AGP cerró las posibilidades de dialogar cuando, a espaldas del pueblo, afirmó que la deuda pública era impagable. Desesperadamente aprobaron una “ley de quiebra criolla”, que fue declarada inconstitucional por la Corte Federal.

Perdimos el buen crédito y la confianza de los mercados, nos convirtieron en una isla degradada económica, fiscal y moralmente. Para ocultarlo, AGP planteó el tema de una crisis humanitaria como una estrategia política que resultó en una investigación congresional. Cuando el Senador Hatch solicitó estados financieros auditados e informes sobre las finanzas de PR, el gobernador le contestó que a él nadie le establecía un “ultimátum”, seguido por la trágica expresión separatista de que “PR es un país latinoamericano”, “No somos parte de Ustedes.”, y “Tenemos su ciudadanía por conveniencia”.

El régimen alega que no ha pagado la deuda por falta de recursos, pero asignan fondos para contratos con políticos acusados de corrupción, reclutan miles de empleados y convierten empleados gerenciales transitorios en permanentes “atornillarlos”.

Hacienda informa que los ingresos por contribuciones podrían ascender a $25,000 millones, cuando el presupuesto general es de solo $9,100 millones. El balance de unos $15,000 millones se destina a partidas que son aprobadas por la “presión de los que guisan con las exenciones y los legisladores que empujan y aprueban las mismas”. O sea, que hubieran podido tomar acciones correctivas revisando los incentivos, subsidios, donativos y leyes de exenciones según sugiere Zaragoza, y controlando los gastos y la corrupción para pagar las deudas.

Si existen dudas sobre el impacto que ha tenido la corrupción, una mayoría apoya la creación de la Junta Federal. Basta con leer los testimonios del caso federal en contra de varios ex funcionarios públicos “que colaboraron en eventos de recaudación de fondos para campañas políticas”.
El principal testigo relató cómo los líderes políticos lo visitaban antes de las elecciones y como se fueron de viaje a Europa a celebrar el triunfo electoral. Sobresale el esquema llamado la “pirámide” que levantó entre $700-$800 mil de donantes que aportaban 75% en efectivo y 25% en cheques, a todas luces ilegal.

La Fortaleza se convirtió en el centro de operaciones para que el convicto de catorce casos de corrupción, cabildeara por nombramientos y obtuviera contratos privilegiados en varias agencias del gobierno.

Esa es la realidad con que se encontrará la Junta Fiscal federal: un gobierno oculta los estados financieros auditados, que se negó a contestarle al Presidente del Comité que atiende los asuntos de PR en el Senado; un partido que subsiste del “inversionismo político” y se convirtió en la base de una pirámide de corrupción.

PR requiere la ayuda de la Junta Fiscal. El pueblo desesperado clama por un mejor gobierno que saque a PR de la crisis fiscal. La mayoría ideológica seguirá luchando por la igualdad que nos abrirá el camino a un mejor futuro y que nos brindará las herramientas y el poder político para lograr un desarrollo económico sostenible.

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Reproduccion- columna 2008 “No va a caer nieve”

No va a caer nieve agosto, 2008

A proposito de la celebración del mes de la Hispanidad en EEUU, les recuerdo de mi columna de agosto, 2008. Los numeros de loas hispanos en la Nación han aumentado dramáticamente desde entonces. Los principios y conclusiones son los mismos.

Cuando Puerto Rico se integre como Estado Soberano a la Federación de Estados de los Estados Unidos, no seremos los únicos 4 millones de hispanos en la nación. Compartiremos nuestra cultura y nuestro idioma con 41 millones de hispanos que definen la característica multicultural de la nación americana, Los Hispanos son la minoría más grande de la Nación Americana con 45 millones de ciudadanos.

La estadidad, como consecuencia lógica del crecimiento hispano en los Estados Unidos no implica perder nuestra identidad puertorriqueña.

La población hispana en los Estados Unidos era 45.5 millones en julio del 2007. Datos de la Oficina del Censo revelan que los hispanos son el grupo étnico o “minoría” más grande de la nación, 15% de la población total, y el grupo minoritario más grande en veinte estados.

El Departamento de Comercio federal, con el objetivo de celebrar el mes de la hispanidad, apunta que de una de cada dos personas que se han sumado a la población entre julio del 2006 a julio del 2007, es de origen hispano. El crecimiento de 1.4 millones de hispanos en un año los sitúan como el grupo minoritario de mayor crecimiento en la nación.

Estados Unidos tiene más gente de origen hispano que cualquier nación en el mundo, menos Méjico; más que los 40 millones en España. Se proyecta que para el 2050 la población hispana será de 102.6 millones, más del 24% de la población total en los Estados Unidos.

Treinta y cuatro millones de residentes mayores de cinco años hablan español en sus hogares, pero han aprendido ingles y se desenvuelven normalmente en sus trabajos y la comunidad. Aunque no todos han logrado fluidez en el segundo idioma, reconocen que aprender inglés es necesario y natural para todos los ciudadanos americanos. Inglés es el idioma oficial en más de 50 países, las Olimpiadas y el comercio internacional.

La edad promedio de la población hispana es de 27.6 años, una mucho más joven que el promedio nacional de 36.6 años. Jóvenes que llegaron en busca de libertad y oportunidades económicas quieren ser americanos, juran defender la Constitución, pero mantienen sus raíces culturales.

La población hispana ha aprovechado las oportunidades económicas. Más de 1.6 millones de negocios pertenecen a dueños hispanos El número de negocios de dueños hispanos ha tenido un crecimiento de más de 31% entre el 1997 y 2002. Esos negocios generaban más de $222 billones de ingresos.

Entre miles de profesionales, 82,000 hispanos son ejecutivos, 46,200 médicos y cirujanos, 53,600 maestros de escuela secundaria, 43,000 abogados, y 5,700 analistas de noticias, periodistas y corresponsales.

En New Jersey, el programa de las 6 PM de la estación hispana, WXTV, tiene más popularidad entre la audiencia más joven de 49 años que ABC, CBS y NBC. En Los Angeles, KMEX tiene más televidentes en todas las categorías que las estaciones tradicionales en inglés.

4 millones de puertorriqueños que residen en los 50 estados de la unión constituyen el 9% de todos los hispanos, y 16% si se cuenta la población en la Isla. Hay más puertorriqueños en Orlando y en New York que en cualquier ciudad de Puerto Rico.

Las garantías constitucionales, los derechos individuales, las libertades civiles, el progreso, la prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo son el sueño de millones de personas que quisieran ser americanos. La Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución Americana, y el “Voting Rights Act” le ofrecen protección igual de las leyes a las minorías lingüísticas en los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico.

Es un derecho aprender inglés y es una obligación ofrecer programas educativos para aprenderlo. Ser bilingüe es un rasgo positivo. Saber inglés en la isla es beneficioso para el turismo, negocios, comunicaciones internacionales, trabajos y publicaciones científicas, nueva tecnología y enriquecimiento cultural.

Los puertorriqueños que hablan inglés, no han dejado de ser puertorriqueños, como tampoco dejarán de serlo los cuatro millones que viven en la isla por ser bilingües. La nación a la cual queremos integrarnos con dignidad y soberanía plena como Estado Soberano Federado es multicultural y multi-étnica. Cuando Puerto Rico sea Estado Federado, no va a caer nieve. Seremos puertorriqueños y ciudadanos americanos.

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PROMESA y Estatus Lunes, 29 de agosto, 2016

PROMESA y Estatus Lunes, 29 de agosto, 2016
Hernán Padilla

La ley federal que creó la “Junta de Supervisión Administración y Estabilidad Económica de PR” es fundamental para lograr un gobierno eficiente que trabaje con un presupuesto balanceado, reduzca la deuda pública, promueva el desarrollo económico y preste los servicios esenciales al pueblo de PR.

El objetivo de PROMESA es sacar a PR del colapso fiscal y parálisis administrativa provocados por la administración actual por sus acciones irresponsables. Se autorizó a la Junta a supervisar las operaciones gubernamentales, reestructurar la deuda y lograr que PR tenga acceso favorable al mercado de bonos.

Las pésima política pública e inacción del gobierno local obligaron al gobierno federal a intervenir para revisar las decisiones fiscales; promover medidas para estabilizar la economía e incrementar el desarrollo económico; asegurar que el costo de la deuda sea sostenible; establecer proyecciones de ingresos y gastos certificadas por fuentes independientes; y asegurar que los recursos no se transfieran o se presten a otras entidades gubernamentales.

PROMESA le requiere al gobierno local un plan fiscal de cinco años para lograr responsabilidad fiscal, eliminar déficits estructurales y restablecer acceso a los mercados de capital. Si el gobierno no corrige las deficiencias, la Junta redactará el plan y/o un presupuesto.

El régimen actual ha ignorado que los ingresos y gastos no cumplen con sus propias proyecciones. El nuevo gobierno tiene que comprometerse a reducir el gigantismo gubernamental y eliminar los contratos que no son costo-efectivos. La Junta tiene potestad para revisar leyes, contratos, reglamentos y órdenes ejecutivas para asegurar que cumplen con el presupuesto y el plan fiscal. Prohíbe que reasignen fondos aprobados, garanticen una deuda o participen en cualquier transacción relacionada a la deuda sin tener razones poderosas.

Contrario a las mentiras de los soberanistas-separatistas, PROMESA reafirma que nada puede limitar la autoridad constitucional del Congreso a ejercer autoridad sobre los territorios, según el Artículo IV, Sección 3 de la Constitución de EEUU o citar a oficiales judiciales o empleados de las cortes locales porque PR es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso.

Ante esa realidad, las acciones gubernamentales no serán suficientes para rescatar la economía de PR sujeta a un modelo político-económico que le niega a PR igualdad de oportunidades, crecimiento económico y garantías que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados.

Contrario a otra falsedad del PPD de que con PROMESA se destruyó la estadidad, el Congreso y el Ejecutivo incluyeron la Sección 402: “Derecho de PR a Determinar su Estatus Político Futuro” que dispone: “Nada en esta ley será interpretado para limitar el derecho de PR a determinar su condición política futura, incluso realizar el plebiscito autorizado por la ley pública federal 113-76”.

Esta Ley estipula que el gobierno de PR someterá al Secretario de Justicia federal la definición de las formulas para la consulta; que el Secretario determinará si cumplen con la Constitución de los EEUU, leyes, reglamentos, y la política pública para autorizar el plebiscito; y asigna fondos federales para educar sobre este proceso avalado por el Congreso. Lamentablemente, el gobierno separatista actual se ha negado a cumplir con ese requisito para resolver el estatus, que según la encuesta de END el pueblo quiere la Estadidad para lograr un mejor futuro.

Por no darle importancia a resolver el estatus político, desde 1949 las políticas para el desarrollo económico han sido inefectivas para prevenir situaciones como la crisis fiscal que mantiene a más de la mitad de la población en la pobreza e impulsa la migración poblacional.

El éxito depende de que se elimine el gigantismo gubernamental, el favoritismo político, el despilfarro de recursos y la corrupción. Exijamos un gobierno eficiente, efectivo, honesto, que le dé prioridad a resolver la condición colonial que mantiene a nuestro pueblo como ciudadanos americanos sin poderes políticos y participación en el gobierno nacional.

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PROMESA, guía para buen gobierno, 15 de agosto, 2016

PROMESA, guía para buen gobierno, 15 de agosto, 2016
Hernán Padilla

Insisto en que es fundamental que los funcionarios públicos estudien todos los detalles de la Ley federal que creó la “Junta de Supervisión Administración y Estabilidad Económica de PR”. Por ejemplo, el Capítulo V sirve de para darle prioridad a proyectos necesarios para rescatar la economía y resolver situaciones de emergencia.

Después de leer la ley detalladamente, deseo compartir mi interpretación de ese importante capítulo. El mandato surge porque el gobierno ha fallado en su función primordial de darle prioridad a proyectos necesarios para reparar el deterioro de las estructuras físicas necesarias y vitales para el desarrollo económico y prestar servicios al pueblo. Entre ellos energía, agua, alcantarillados, desperdicios sólidos, carreteras y puertos y otros que representan altos riesgos a la vida, salud, seguridad pública y los ecosistemas.

La Ley PROMESA responde a la necesidad de revitalizar la infraestructura de PR y acelerar proyectos críticos necesarios para resolver una emergencia que requiera aprobación e implementación urgente. Con ese propósito, el gobernador nombrará un Coordinador de Revitalización (CR) dentro de 10 días de haber sido nominados por la Junta de Supervisión. De no hacerlo, la Junta procederá con el nombramiento.

Cuando el gobierno o la empresa privada propongan un “proyecto critico” deberán someter información sobre la disponibilidad de fondos públicos y/o privados para desarrollar, operar y mantenerlo, el costo a los usuarios, beneficios ambientales y económicos y los empleos que serán creados.

Los auspiciadores de proyectos de energía que son esenciales para fortalecer el desarrollo económico y apoyar las metas de reducir los costos para lograr tarifas favorables a los consumidores y negocios tendrán que someter información sobre: cómo reducir la dependencia del petróleo, mejorar la eficiencia de la infraestructura, adelantar la conversión a gas natural y fuentes renovables, promover el desarrollo y consumo de fuentes de energía existentes en PR, y contribuir a la transición del proceso de generación de energía al sector privado.

Para lograr un proceso eficiente y acelerado, el Coordinador (CR), en consulta con el gobernador, identificará las agencias relacionadas al desarrollo del proyecto y les requerirá que implemente un proceso acelerado para expedir los permisos. Si las agencias no lo hacen, el Coordinador (CR), en consulta con el gobernador, redactará y asignará dicho proceso acelerado.

Cumpliendo con principios de buena gerencia, los proyectos críticos serán designados en orden de prioridad. El Coordinador (CR) someterá un informe para cada proyecto critico dentro de 60 días de sometidos. Cada informe incluirá una evaluación sobre el cumplimiento de requisitos y una recomendación del gobernador sobre si el proyecto debe considerarse “critico”. Si el gobernador no somete una recomendación, su inacción equivale a concurrir con la recomendación del Coordinador.

PROMESA protege y promueve la participación de las agencias relacionadas a los proyectos críticos. En el caso de la Junta de Planes, se requiere que determine si un proyecto afecta la implantación del Plan de Uso de Terrenos y de no ser consistente, el proyecto queda descalificado. Proyecto de energía que conecten con las líneas de transmisión de la AEE: requieren que la Comisión de Energía de PR determine si se afecta el plan integrado de recursos, y de afectarlo el proyecto será inelegible.

La Ley promueve la transparencia y participación de la ciudadanía. Tan pronto se complete la evaluación de cada proyecto, el Coordinador (CR) publicará un informe para que los residentes de PR sometan comentarios y posteriormente el someterá un informe a la Junta de Supervisión para que lo apruebe o rechace.

El mandato de PROMESA es para implementar un buen gobierno dentro del marco legal y gerencial federal. Para lograrlo, las estructuras políticas y el propio gobierno requerirán la transformación de la cultura administrativa y legislativa que ha sumido a PR en una crisis fiscal y en un colapso económico.

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No hay espacio para el fracaso, lunes 1 de agosto, END

lunes, 1 de agosto de 2016
No hay espacio para el fracaso
La Junta de Supervisión Fiscal tiene poderes sobre la administración pública para supervisar las operaciones del gobierno, reestructurar la deuda y lograr que Puerto Rico tenga acceso favorable al mercado de bonos.

Para que puedan ser efectivos y eficientes dentro de un marco legal diferente, todos los funcionarios gubernamentales y candidatos a posiciones electivas deben conocer esta ley que establece cambios radicales en los procesos legislativos y administrativos de Puerto Rico.

Entre las disposiciones de la legislación sobresale que: detiene las demandas contra el gobierno local hasta el 15 de febrero de 2017; crea dentro del gobierno de la Isla una “Junta de Supervisión Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico” para revisar y aprobar las decisiones fiscales del gobierno; asigna poderes para reestructurar las deudas usando los mismos criterios de la Ley de Quiebras federal; promoverá medidas para estabilizar la economía y el desarrollo económico; Puerto Rico tiene derecho a determinar su status político mediante plebiscito, entre fórmulas constitucionales certificadas por el Departamento de Justicia usando fondos federales.

Enfatizo que la Junta no es una agencia del gobierno federal, será un instrumento autónomo e independiente. Se compondrá de siete miembros nombrados por el presidente por un término de tres años y seleccionados de las listas sometidas por la Cámara y el Senado federal que incluirán tres residentes en Puerto Rico, y el gobernador vigente será miembro sin voto. Los candidatos no pueden ser o haber sido funcionarios, empleados o electos del gobierno de Puerto Rico.

La Junta revisará, aprobará y certificará los planes fiscales y presupuestos sometidos por el gobernador y la Legislatura. Para asegurar su cumplimento, la Junta podrá imponer controles de gastos y de personal. Exigirá un plan fiscal de cinco años para lograr responsabilidad fiscal, eliminar déficits estructurales y restablecer acceso a los mercados de capital.

El plan fiscal debe lograr los objetivos fiscales, presentar acciones para que el costo de la deuda sea sostenible, establecer proyecciones de ingresos y gastos independientes, incluir capital para desarrollo y crecimiento económico y asegurar que los fondos o recursos no se transfieran o se presten a otras entidades gubernamentales.

La Junta revisará y determinara si el plan fiscal y el presupuesto satisfacen o no los requisitos, en cuyo caso la Junta notificara cualquier violación para que sometan un Plan Fiscal y/o un presupuesto revisado. Si no toman acción correctiva y un Plan Fiscal corregido, la Junta redactará un Plan y/o un presupuesto que se considerarán oficial y final.

Además, el gobernador someterá informes trimestrales sobre ingresos reales, gastos y flujo de caja (liquidez) y la Junta determinará si los ingresos, gastos y flujo son consistentes con las proyecciones y podrá ordenar paralizar el reclutamiento y nuevos contratos para cumplir con el presupuesto.

Durante la vigencia de la Junta, el gobierno local no podrá garantizar una deuda, modificar, readquirir, o participar en cualquier transacción relacionada a la deuda sin autorización previa de la Junta.

En cuanto a las pensiones se refiere, si los sistemas de retiro públicos no tienen los recursos para cumplir con sus obligaciones financieras, la Junta ordenará un análisis basado en estudios actuariales de las obligaciones, fondos disponibles e ingresos proyectados y tomará las acciones necesarias para garantizar pagos por 30 años.

La Junta cesará su autoridad y funciones cuando certifique que existe acceso adecuado a los mercados financieros; y que al menos cuatro presupuestos anuales cumplan con los estándares de contabilidad que certifican un presupuesto balanceado en el que los gastos no excedan los ingresos.

Exhorto a los funcionarios gubernamentales y aspirantes a puestos electivos que estudien detalladamente esta nueva ley y se preparen para los abarcadores cambios administrativos, políticos y legales que resultarán de la Junta de Supervisión Fiscal.

¡Ésta es una última oportunidad durante la cual no podemos ni se nos permite el lujo de fracasar!

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PREXIT e independencia no son opción, lunes 18 de julio, 2016

PREXIT e independencia no son opción
Hernán Padilla
El referéndum en el Reino Unido para decidir su relación con la Unión Europea sirve para demostrar diferencias entre Puerto Rico, un territorio con ciudadanos americanos con una mayoría aspirando a integrarse como estado de la Nación, y los 28 países de Europa que crearon una comunidad de naciones independientes.

EEUU es una federación en la que cada estado retiene poderes no delegados al gobierno federal; una Nación de ciudadanos nacida de las aspiraciones de democracia, libertad e igualdad, vertidas en una Constitución que garantiza los derechos del ciudadano por encima de los poderes de los estados y que limita los poderes del gobierno federal.

La UE es una organización internacional creada para promover una integración entre 28 naciones que surge de tres acuerdos comerciales y acuerdos económicos que se expande con el Tratado de Lisboa del 2009 para incluir política exterior común y la cooperación policiaca y jurídica que establece una personalidad jurídica. Es un sistema híbrido de gobierno “transnacional” y cooperación multilateral.

Entre las razones que han motivado la salida de Gran Bretaña sobresalen el control de las fronteras y los refugiados que han impactado los servicios de salud, educación, empleos y negocios y que la nación tenga que aportar $16,000 millones para gastos de la Unión Europea. En PR hay quienes abogan por la independencia y utilizan la Junta Fiscal Federal como excusa para promover su ideología con una especie de PREXIT.

No es cierto que “el ELA sea un status de gobierno propio como entidad política autónoma” como alega García Padilla. El estatus colonial no cuenta con el respaldo del pueblo de PR, ya que una mayoría le revocó su consentimiento, el PPD admitió que “está incapacitado de servir de cara al futuro y el Tribunal Supremo concluyó que el ELA no tiene soberanía propia.

En el 2011, el Grupo de Trabajo de Casa Blanca confirmó que la “libre asociación es un tipo de independencia” que no cabe bajo la Constitución americana. Sería un pacto basado en la soberanía nacional de cada país que puede ser revocado unilateralmente en cualquier momento; y que la ciudadanía americana no se garantiza permanentemente y no se confiere a las generaciones sucesivas.

Aunque la Ley del Gobernador Electo estableció que “los derechos, privilegios e inmunidades de Estados Unidos se respetarán en el territorio de PR hasta el mismo grado que si fuese un estado”, la Cláusula Territorial le otorga al Congreso el poder de gobernar los territorios como PR.

Esta condición política inferior evita que los ciudadanos en PR disfruten plenamente de todas las garantías constitucionales, los derechos y libertades civiles, y las oportunidades de desarrollo personal y colectivo que le corresponden a todos los ciudadanos americanos.

No podemos ignorar que PR no tiene la riqueza de Gran Bretaña. Casi la mitad de la población vive por debajo de los niveles de pobreza y PR depende de$23 Billones de ayudas y transferencias federales. Durante el 2009, se recibieron $7.7 billones para Seguro Social, retiro e incapacidad, Medicare, vivienda y Sección 8 y Becas Pell y $4.4 billones por desempleo; $7.5 billones para ayudas federales; $600 millones para contratos y servicios; y $1.2 billones para empleados federales, la mayoría puertorriqueños.

Un informe detallado para el 2010 confirma que el gobierno federal concedió ayudas por $1.4 billones para Educación; $1.4 billones para salud, $800 millones para vivienda, y $2.2 billones para Asistencia Nutricional y Mujeres, Infantes y Niños.
PREXIT no es una opción para romper los lazos con nuestra nación y
declarar la independencia. Solo la Estadidad garantiza la protección Constitucional de la soberanía estatal, permanencia de la Ciudadanía Americana, igualdad, progreso económico, la estabilidad de la unión permanente y devuelve la dignidad al pueblo de Puerto Rico poniéndole fin a siglos de colonialismo

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Nuestro futuro político; lunes 4 de julio

Nuestro futuro político; lunes 4 de julio
Hernán padilla

Algunos puertorriqueños proponen internacionalizar el estatus de PR invitando a la ONU a intervenir en los asuntos domésticos de los EEUU y piden al Comité de Descolonización de la ONU que reintegre a PR al listado de “países coloniales”. Otros insisten que la ONU debe poner en marcha un proceso de libre determinación para decidir nuestro futuro entre opciones no territoriales y no coloniales.

García Padilla, ocultando que el “ELA” no cuenta con el respaldo del pueblo de PR, que una mayoría revocó su consentimiento al estatus territorial y que el Tribunal Supremo concluyó que el ELA no tiene soberanía, alega que “el ELA es un status de gobierno propio como entidad política autónoma”. Aunque el PPD no quiere definirse, Acevedo Vilá pide que EEUU defina “los contornos jurídicos y económicos del ELA Soberano” como una asociación política.

Es imprudente y antidemocrático que sin un mandato del pueblo le soliciten al Comité de la ONU que sesione en P.R. y medie entre PR y los EE.UU. La ONU no es el foro para reclamar la solución del estatus. Puerto Rico ya rechazó el estatus territorial, y nunca ha favorecido ninguna forma de independencia como el ELA-soberano.

Las relaciones entre ciudadanos americanos es un asunto interno para reclamar derechos políticos dentro de la estructura constitucional nacional. No existe un un estado de derecho de la ONU sobre los asuntos políticos internos de las naciones miembros, ni EEUU ha consentido poder alguno sobre sus asuntos internos a la ONU, excepto en Tratados sobre derechos humanos.

Los EEUU se convirtieron en una nación de ciudadanos como consecuencia de la guerra civil y pertenece a “We the People”, porque la carta de derechos y los derechos civiles de cada ciudadano son supremos sobre el poder de las tres ramas de los gobiernos federales y de los estatales.

Aunque el Acta Jones de 1917 le otorgó la ciudadanía americana a los puertorriqueños, la Decimo Cuarta Enmienda de la Constitución la garantiza por encima del Acta Jones, porque después de la guerra civil obligaron a todos los estados a darle la ciudadanía a todos sus residentes nacidos en EEUU.

Aún así, el Acta de Naturalización de 1941 garantizó que todas las personas que nacen en una jurisdicción subordinada a los Estados Unidos, incluyendo el territorio de Puerto Rico, serían ciudadanos de los Estados Unidos. La Ley del Gobernador Electo del 1947 expandió el alcance de la Constitución de EEUU a los puertorriqueños y estableció que los derechos, privilegios e inmunidades de los Estados Unidos se respetarán en el territorio de Puerto Rico hasta el mismo grado que si Puerto Rico fuese un estado de la Unión sujeto a las disposiciones del Artículo IV de la Constitución.

La independencia reteniendo la ciudadanía americana no es y nunca será una opción constitucional para los ciudadanos de EEUU residentes en PR. La estadidad es el único status político que preserva y garantiza constitucionalmente la Ciudadanía de los Estados Unidos para la presente y las futuras generaciones. Aún no hemos hecho una solicitud oficial de admisión como estado y para ingresar a la unión se requiere un voto mayoritario del Congreso, la única Rama que puede admitir nuevos estados por una mayoría simple.

Solicitar y ser admitidos como estado es un verdadero pacto permanente ya que la Constitución no provee mecanismo para la secesión de un estado, ni un territorio organizado de ciudadanos como PR.

PR es parte de EEUU, cónsono con el espíritu de los arquitectos de EEUU de adquirir, organizar y admitir territorios. Nuestro futuro político está en nuestras manos y solo el Congreso conjuntamente con el voto mayoritario del pueblo de PR hará realidad la integración con nuestros conciudadanos en los 50 estados que logre la igualdad de derechos civiles, constitucionales y responsabilidades.

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Quieren disfrazar Asamblea Inconstitucional de status (reproduccion) 09/02/13

Quieren disfrazar Asamblea Inconstitucional de status 09/02/13
Hernán Padilla
Ante las contradicciones de los que pretenden celebrar una “Asamblea Inconstitucional de Status” según propone García Padilla, es necesario considerar las expresiones públicas de algunos de sus aliados y la Constitución de Puerto Rico.

Puerto Rico tiene el derecho a reconocer las diferencias entre los que proponen un juego político mediante un mecanismo que no tiene la menor oportunidad de resolver el problema del status y los que abiertamente apoyamos que Puerto Rico se convierta en un Estado de los Estados Unidos.

El ex-gobernador Hernández Colon propone un proceso sin límite de tiempo que “debe permanecer vigente hasta que logre su objetivo”. Reconoce también que no es tan fácil como pretende el PPD: “El procedimiento para convocar una Asamblea Constituyente, según el Articulo VII de la Constitución de Puerto Rico, requiere que dos terceras partes de ambas cámaras legislativas lo aprueben y que esta decisión se someta a votación al pueblo, no al antojo del PPD, sino en las elecciones subsiguientes.

Rafael confirma la dependencia del ELA-colonial y acepta que si hubiera tal “Asamblea” es el “Congreso que por ley establece el proceso para considerar las propuestas y quien tiene la autoridad para rechazarlas”.

Sin embargo, Aníbal Acevedo Vilá pretende disfrazar la Asamblea “inconstitucional” y recomienda llamarla “Asamblea de Status” (elimina Constitucional) , como si fuera otra comisión de status, para que no se apliquen “las normas jurídicas de las convenciones constitucionales”. Igual que RHC, reconoce que dicha asamblea “no puede obligar al Congreso de los Estados Unidos a que acepte lo que se le propone”

No pueden ocultar que no quieren ser parte de los Estados Unidos. Aníbal afirma que “no le veo ningún problema a que se incluya la opción de libre asociación (sin ciudadanía americana) como una cuarta alternativa”.

La Comisión de Status del PPD propone:”suscribir un pacto de asociación no colonial, y no territorial con los Estados Unidos basado en el ejercicio de la soberanía de ambos países (naciones independientes) y con plena validez internacional de conformidad con la Resolución 2625 (XXV) de la Organización de las Naciones Unidas. (Independencia o republica asociada)

Legisladores populares radicaron proyectos y posponen su consideración amparándose en una disposición constitucional para consultar si el pueblo desea que se convoque a una convención constituyente aunque choque contra el poder del Congreso, que impuso restricciones a la colonia limitando los poderes para enmendar nuestra Constitución.

Ante la estrategia popular, el Artículo VII de la Constitución de Puerto Rico es fácil de entender. Sección 1, La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta Constitución mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara”. Este requisito no se puede cumplir ya que los líderes estadistas se oponen a una Asamblea Inconstitucional.

Los estadistas basamos nuestra posición fundamentalmente en la Sección 3. “Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso Octogésimo primero”.

Más que eso, insistimos que la independencia no es opción y que el ELA mejorado, ELA Soberano o la republica asociada no caben dentro del orden constitucional americano.

No importa como la llamen, Asamblea Inconstitucional, Convención, Comisión o Asamblea de Status, la realidad es que todas son innecesarias e ignoran que el pueblo emitió su veredicto, derrotó el ELA-territorial-colonial, revocó el consentimiento de los gobernados y el 61% apoyó la estadidad en el referéndum del 2012. La próxima Constituyente será al amparo de la Constitución de los Estados Unidos para el Estado de Puerto Rico.

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Quieren disfrazar Asamblea Inconstitucional de status; publicada 09/02/13

51. Quieren disfrazar Asamblea Inconstitucional de status 09/02/13
Hernán Padilla
Ante las contradicciones de los que pretenden celebrar una “Asamblea Inconstitucional de Status” según propone García Padilla, es necesario considerar las expresiones públicas de algunos de sus aliados y la Constitución de Puerto Rico.

Puerto Rico tiene el derecho a reconocer las diferencias entre los que proponen un juego político mediante un mecanismo que no tiene la menor oportunidad de resolver el problema del status y los que abiertamente apoyamos que Puerto Rico se convierta en un Estado de los Estados Unidos.
El ex-gobernador Hernández Colon propone un proceso sin límite de tiempo que “debe permanecer vigente hasta que logre su objetivo”. Reconoce también que no es tan fácil como pretende el PPD: “El procedimiento para convocar una Asamblea Constituyente, según el Articulo VII de la Constitución de Puerto Rico, requiere que dos terceras partes de ambas cámaras legislativas lo aprueben y que esta decisión se someta a votación al pueblo, no al antojo del PPD, sino en las elecciones subsiguientes.

Rafael confirma la dependencia del ELA-colonial y acepta que si hubiera tal “Asamblea” es el “Congreso que por ley establece el proceso para considerar las propuestas y quien tiene la autoridad para rechazarlas”.

Sin embargo, Aníbal Acevedo Vilá pretende disfrazar la Asamblea “inconstitucional” y recomienda llamarla “Asamblea de Status” (elimina Constitucional) , como si fuera otra comisión de status, para que no se apliquen “las normas jurídicas de las convenciones constitucionales”. Igual que RHC, reconoce que dicha asamblea “no puede obligar al Congreso de los Estados Unidos a que acepte lo que se le propone”

No pueden ocultar que no quieren ser parte de los Estados Unidos. Aníbal afirma que “no le veo ningún problema a que se incluya la opción de libre asociación (sin ciudadanía americana) como una cuarta alternativa”.
La Comisión de Status del PPD propone:”suscribir un pacto de asociación no colonial, y no territorial con los Estados Unidos basado en el ejercicio de la soberanía de ambos países (naciones independientes) y con plena validez internacional de conformidad con la Resolución 2625 (XXV) de la Organización de las Naciones Unidas. (Independencia o republica asociada)

Legisladores populares radicaron proyectos y posponen su consideración amparándose en una disposición constitucional para consultar si el pueblo desea que se convoque a una convención constituyente aunque choque contra el poder del Congreso, que impuso restricciones a la colonia limitando los poderes para enmendar nuestra Constitución.

Ante la estrategia popular, el Artículo VII de la Constitución de Puerto Rico es fácil de entender. Sección 1, La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta Constitución mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara”. Este requisito no se puede cumplir ya que los líderes estadistas se oponen a una Asamblea Inconstitucional.

Los estadistas basamos nuestra posición fundamentalmente en la Sección 3. “Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso Octogésimo primero”.

Más que eso, insistimos que la independencia no es opción y que el ELA mejorado, ELA Soberano o la república asociada no caben dentro del orden constitucional americano.
No importa como la llamen, Asamblea Inconstitucional, Convención, Comisión o Asamblea de Status, la realidad es que todas son innecesarias e ignoran que el pueblo emitió su veredicto, derrotó el ELA-territorial-colonial, revocó el consentimiento de los gobernados y el 61% apoyó la estadidad en el referéndum del 2012. La próxima Constituyente será al amparo de la Constitución de los Estados Unidos para el Estado de Puerto Rico.

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Elecciones deben ser plebiscitarias; , lunes 20 de junio, 2016

ELA es un engaño, lunes 20 de junio, 2016
Hernán Padilla
La decisión del Tribunal Supremo Federal confirmando la del Tribunal Supremo de PR en el caso de Sánchez Valle y en contra de la posición del gobierno de PR apelando la misma, confirmó que PR no tiene los poderes ni la soberanía separada como ocurre con la de los estados de la Unión y que no puede radicar cargos contra un acusado por la misma causa radicada a nivel federal. Bajo el ELA, según Sánchez Valle, la Constitución de PR fue solo para asuntos internos, siempre supeditados al Congreso.

Simultáneamente, SCOTUS resolvió además otro caso pendiente, que la Ley de Quiebras Criolla es inconstitucional porque el Congreso es el único que puede tomar acción al amparo de Clausula de Supremacía de las leyes federales.

Torres Gotay afirmó que “la decisión de SCOTUS y la aprobación de la Junta Fiscal Federal asestan un duro golpe al ELA. SCOTUS confirmó que “la última fuente de soberanía reside en el Congreso”. La decisión tampoco sorprendió al Congresista Serrano, quien ha argumentado que PR no puede ser soberano bajo el ELA y que tampoco puede existir un ELA-soberano.

Los populares apelaron al tribunal federal amparándose en el poder y la soberanía que corresponde a los estados para defender la doble exposición a pesar de que al someterse a la Corte Suprema federal aceptaban que las decisiones del Tribunal Supremo de PR están sujetas a la autoridad federal.

La decisión de SCOTUS confirma que la Constitución de PR estableció un gobierno colonial propio que no sustituyó el estatus territorial, que tuvo que ser sometida al Congreso para su aprobación, y que el “pacto bilateral” que alegó el PPD fue otro engaño. A pesar de esto, García Padilla irá a la ONU a quejarse ante sus amigos de Cuba de que SCOTUS estableció que el ELA-colonial no tiene soberanía propia.

El presidente del PPD expresó que el ELA no es alternativa de futuro, pero ahora finge sorprenderse de que SCOTUS confirme que el ELA no tiene soberanía propia. Pretende que el liderato popular haga una revisión “de la estructura de la relación entre PR y EEUU” para definir el futuro del ELA como sugiere Carmen Yulín: “una relación no territorial y no colonial que no incluye al ELA que está incapacitado de servir de cara al futuro”.

La indefinición del ELA es la causa principal de los problemas que afectan a PR. La decisión de SCOTUS reafirmando que la autoridad reside en el Congreso inicia la solución del estatus de PR para que se le aplique la Constitución federal en toda su extensión en condiciones de plena igualdad.

PR cumple con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente” para ser admitido en la Unión. Las Cortes Federales le han extendido a los ciudadanos que residen en PR la mayoría de las “garantías constitucionales” y el Congreso incluye a la Isla en muchos programas federales.

Las decisiones de SCOTUS reafirman la mentira del ELA. Sometieron al pueblo a un fraude que se reveló con la opinión del Supremo, y mentiras que se desinflan con la Junta Fiscal Federal. El Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Supremo nos han dicho repetidamente que somos un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso.

Como territorio no incorporado, la igualdad que garantiza la Constitución no se ha hecho extensiva a PR. La Constitución federal solo se aplicará en toda su extensión en condiciones de igualdad cuando PR se convierta en un Estado. Eso nos obliga a resolver el estatus.

Las próximas elecciones deben ser plebiscitarias, para que el pueblo le extienda al nuevo gobierno un mandato para resolver la crisis fiscal y que usen todos los recursos legales para encaminar a PR hacia la plena igualdad como estado.

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