Vivienda, energía, reconstrucción y estatus, lunes 15 de enero, 2018

Vivienda, energía, reconstrucción y estatus
Hernán Padilla

Puerto Rico ha sufrido grandes azotes desde el comienzo del siglo 21. La depresión económica oficialmente comenzó en el 2006. La crisis fiscal que afecta la capacidad del gobierno, las corporaciones públicas y los municipios para prestar servicios, mejorar la infraestructura y modernizar la Isla lleva casi dos décadas. En este momento no es necesario repasar las razones del desastre gerencial y político. Es tiempo de respaldar todas las gestiones que se hacen para reparar, reconstruir y modernizar a Puerto Rico para beneficio de todos los residentes en la Isla.

En un artículo en El Nuevo Día, Fernando Gil, Secretario de la Vivienda, trae a la discusión pública datos, planes y necesidad de recursos para comenzar a reparar cerca de 300,000 residencias, reconstruir 75,000 hogares y construir 70,000 unidades de vivienda nuevas. No podemos ignorar que estas obras dependen totalmente de asignación de fondos federales, pero que bajo el ELA-colonial PR no tiene poderes políticos para exigir un trato igual que a los Estados.

En adición, la ayuda para 75,000 casas bajo el programa “Tu Hogar Renace” requeriría $1,500 millones. También, se requieren $25 millones de programas federales para otorgar títulos de propiedad a 48,000 viviendas en terrenos invadidos pero con permiso de usufructuarios. La crisis es de tal magnitud que, de los $95,000 millones solicitados por el Gobernador Rosselló al Congreso, se incluyeron $31,068 millones para vivienda, el mayor proyecto de vivienda parta FEMA en toda su historia.

En ese paquete de $95 millones, Rosselló también solicita $17,789 millones para reconstruir y modernizar el sistema de la AEE para generar y distribuir energía. El impacto de los huracanes se sumó a la crisis fiscal de la AEE que tiene una deuda de más de $9,000 millones, está en quiebra, sin crédito y sin credibilidad entre los bonistas desde el 2014.

La AEE también depende de los fondos federales solicitados por el Gobernador para proceder con varias obras importantes como: la construcción del Aguirre Offshore GasPort, un terminal flotante de gas natural para la central Aguirre; proyectos de infraestructura, soterrado eléctrico para el Centro Médico de Río Piedras y las grandes zonas residenciales; micro-redes de energía con paneles solares en áreas remotas y de difícil acceso y otras.

Es lamentable que personas sin respeto al sufrimiento de miles de familias que no tienen energía eléctrica, ataquen a los que han venido a reparar el sistema eléctrico y piden que abandonen el trabajo que están realizando. Contrario a los que predican posturas de rechazo, nuestra actitud debe ser darles la bienvenida a ellos y también a todos los que se quieran mudar a Puerto Rico para ayudarnos a salir del abismo.

Es un hecho de que la Isla pierde población aceleradamente. Llegó el momento para que el Gobierno y la Legislatura atiendan la pérdida poblacional como una prioridad para el desarrollo económico. Hay cerca de 300,000 unidades de viviendas vacías, un gran número abandonadas y muchas en “foreclosure” (en ejecución). El ciclo de ese desplazamiento poblacional crónico y acelerado lleva al cierre fuentes de empleos, como negocios, comercios, escuelas y otros, que conduce a más pérdida poblacional.

Repito mi llamado anterior: “Urge a designar una agencia líder para dirigir el esfuerzo, comenzando con un estudio comprensivo y detallado de las causas del desplazamiento poblacional y que presenten un plan específico para repoblar la Isla, incluyendo medidas para resolver la condición política que arrastra la economía”.

En múltiples columnas he señalado que los Grupos de Trabajo de Casa Blanca han enfatizado que el estatus arrastra la economía de Puerto Rico. La incertidumbre sobre nuestro futuro político ha paralizado el flujo de inversiones, al punto que la inversión directa privada real decreció por 70.3% entre el 2004 y el 2012.

Con más razón y más fuerza reclamo que se resuelva el estatus político. Celebro que Gobernador y la Comisionada Residente hayan intensificado la lucha por la igualdad que solo se logrará como un Estado de la Unión Americana.

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Reforma tributaria y estatus, lunes 18 de diciembre, 2017

Crisis fiscal, reforma tributaria y estatus, lunes 18 de diciembre, 2017
Hernán Padilla

El desastre de María y la propuesta reforma tributaria federal han hecho evidente el desgaste del modelo económico del “ela” y su incapacidad para logar un crecimiento económico rápido y sostenido que conduzca a la convergencia con la economía nacional.

En el debate sobre enmiendas necesarias a los proyectos de reforma sobresale “tratar las “Controlled Foreign Corporation ( CFC) en PR como domesticas (igual que en los estados) pero con un trato preferencial por ser PR un territorio no incorporado”. Los defensores de esa postura advierten que la reforma tributaria como esta haría daño a PR; y que el gobierno de PR perdería $2,000 millones del ingreso del 4% de las contribuciones que pagan las empresas multinacionales, que representa como 40% de la economía local.

El propósito de la reforma federal era bajar de 32% a 20% las contribuciones federales sobre las ganancias generadas en EEUU, incluyendo las empresas domésticas en PR. El Lcdo. Andrés Córdova, considera que la postura de la Asociación de Industriales sobre la reforma tributaria federal era un asunto “eminentemente económico”, para “evitar pagar contribuciones federales al momento de repatriar sus ganancias”, manteniendo el estatus territorial-colonial”.

El Gobernador Rosselló y los líderes legislativos solicitaron al Congreso “eliminar a PR de la reforma contributiva federal que impone un arbitrio de 20% aplicable a los productos manufacturados por las CFCs que son comprados por sus matrices en EEUU y de 12.5% sobre los activos intangibles utilizados por las CFCs que operan desde PR, porque “no somos un estado con representación política y participación igualitaria en programas federales”. En adición, Jennifer González propuso “fijar una tasa contributiva federal de 5% para las CFCs durante un período de transición de diez años, cuando serían consideradas domésticas”.

Córdova enfatiza que la condición de territorio no-incorporado que niega el trato constitucional uniforme a PR “se articuló para atender asuntos tarifarios y tributarios impuestos a productos de PR que se exportaban al continente”.

También sostiene que la crisis fiscal y económica de PR se deben en gran medida a la “doctrina de no-incorporación” que afecta la estabilidad y crecimiento de la economía.
El economista Jaime Benson considera que el grupo “Frente por PR” abogaba por enmendar la legislación para que se le eximiera a las CFCs del arancel de 20% al exportar sus bienes al continente y de los otros impuestos (10% sobre las ganancias, 12.5% sobre los intangibles y 14% sobre las ganancias obligatoriamente repatriadas), reconociendo explícitamente que NO somos una jurisdicción foránea sino americana.

Para complicar más la situación, el Comité de Conferencias decidió sacar a PR de la legislación de la reforma y se proponen atender los reclamos de PR en un proyecto separado. A pesar de que PR reclamaba una tasa permanente más baja para las CFCs frente a otras jurisdicciones del exterior, se descartó darle ventaja sobre otras jurisdicciones, y también descartaron “extender por 5 años el reembolso del arbitrio federal al ron importado”.

Desde la post-guerra, las ayudas de los programas federales alcanzaron cifras multimillonarias, pero las limitaciones coloniales del ELA y ser un territorio no-incorporado impiden que PR alcance el progreso económico logrado por los estados.

El desastre del huracán, fuga poblacional, pérdida de empleos, crisis económica y la bancarrota fiscal del gobierno obligan a nuestro pueblo a enfrentar una severa crisis existencial. La Reforma Tributaria hace evidente que la incertidumbre sobre nuestro futuro político constituye un gran obstáculo para el desarrollo económico de PR. El Congreso tiene la obligación de acelerar la solución del estatus de PR e implementar un plan para la transición hacia la Estadidad.

La reforma federal no debe ser un obstáculo para que los ciudadanos americanos residentes en PR sean tratados como a nuestros conciudadanos en los estados. Por el contrario, el Congreso debe facilitar la integración de PR a nuestra nación, y garantizar las mismas condiciones, poderes políticos y derechos para alcanzar verdadera igualdad y un desarrollo económico sostenible.

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URGE DETENER PERDIDA POBLACIONAL, Lunes 4 de diciembre de 2017

URGE DETENER PERDIDA POBLACIONAL, Lunes 4 de diciembre de 2017
Hernán Padilla
En estos momentos de crisis, no podemos ignorar que cientos de miles de residentes abandonan la isla y se mudan a los 50 Estados. La desesperanza los obliga a buscar seguridad económica y mejor calidad de vida.
Un factor determinante que provoca la fuga poblacional es la desigualdad económica. Según el censo federal del 2010, el ingreso familiar promedio en Puerto Rico era $19,183, mientras que el ingreso promedio familiar más bajo en los estados era de $37,479, más del 50% de los municipios y 48% de la población vivía bajo los niveles de pobreza.
Según Pew Research del 1981-2000 la migración neta fue 12,000 personas anuales, mientras que entre 2013 y 2016 se fueron a los 50 estados 65,000 personas anualmente, los investigadores Meléndez e Hinojosa proyectan una pérdida adicional de 470,000 del 2017 al 2019.
Urge que el gobierno y la Legislatura presenten planes concretos para detener el espiral poblacional y atraer nueva población. Desde mucho antes de María, la crisis fiscal y económica impulsaba una continua pérdida poblacional.
Entre los años 1940-60, el Gobierno de Puerto Rico promovió la migración de cerca de un millón de personas como mecanismo de control poblacional, incluyendo el Programa de Migrantes del 1948 para emplear puertorriqueños en faenas agrícolas en el continente. En la década del 2000, unos 297,750 abandonaron la Isla en busca de empleo.
Concurro con el economista Gustavo Vélez: “La fuga poblacional tiene un alto costo social y económico” y “el impacto sobre el sector de la vivienda es devastador”. Por ejemplo, perder 83,000 personas equivale a 26,900 unidades de vivienda que no se venden o se alquilan, afectando los dueños, la construcción y la economía. Entre los años 2000 y 2010 aproximadamente 576,000 se fueron de PR, lo que representa una pérdida de ingresos potenciales de unos $3 Billones. Según el Censo 2010 había en Puerto Rico 262,000 viviendas vacías, situación que se empeora después del huracán. Ese espiral se repite en todos los sectores de PR.
El DTRH informó de que después del huracán solo había 940,000 personas empleadas, y que la tasa de participación laboral cayó a 38.6%. El Profesor Jaime Benson expresó que la contracción económica de una década complicada por decisiones equívocas y la falta de transparencia durante la administración de AGP llevaron a Puerto Rico a la insolvencia.
Varios economistas consideran que las pérdidas causadas por el huracán podrían alcanzar más de $115 billones, sin contar pérdidas en los negocios, proyectan otra contracción en la economía. El impacto inmediato del huracán ha causado cierre de negocios, pérdida de empleos, y acelera la fuga poblacional. Por eso, las gestiones de Ricardo Rosselló y Jennifer González para lograr ayuda federal para la recuperación, reconstrucción y modernización de PR son crucial y críticas.
Benson enfatiza que la falta de poderes e incertidumbre sobre nuestro futuro político debido a la condición territorial/colonial ha paralizado el flujo de inversiones, al punto que la inversión directa privada real decreció por 70.3% entre el 2004 y el 2012.
En resumen, el movimiento poblacional obedece a la búsqueda de seguridad, progreso y plenas garantías constitucionales. Los puertorriqueños que se van rechazan la inferioridad, desempleo y desesperanza y buscan la igualdad de derechos y oportunidades que les corresponde como ciudadanos americanos.
Ante la crisis causada por el huracán, el desplome económico, la condición territorial/colonial y el desplazamiento poblacional, urge tomar acción para detener la pérdida y atraer nueva población. El ciclo de ese desplazamiento poblacional crónico y acelerado lleva al cierre fuentes de empleos, como negocios, comercios, escuelas y otros, que conduce a más pérdida poblacional.
Exhorto al Gobernador y a los líderes legislativos a designar una agencia líder para dirigir el esfuerzo, comenzando con un estudio comprensivo y detallado de las causas del desplazamiento y que presenten un plan específico para repoblar la Isla, incluyendo medidas para resolver la condición política que arrastra la economía.

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A Incorporar a Puerto Rico, 20 de noviembre, 2017

Incorporación del Territorio de PR, 20 de noviembre, 2017
Hernán Padilla

Desde el desastre provocado por los huracanes, los medios sociales se han convertido en el instrumento para que innumerables ciudadanos expresen su apoyo para resolver la condición colonial que comenzó en el 1898 y que le niega la igualdad a millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.

Los ciudadanos afectados por la crisis, falta de energía eléctrica, agua, servicios médicos, educación para sus hijos, y otros servicios básicos esenciales, expresan que la falta de igualdad es una condición que surge como resultado de los procesos políticos, legales y económicos que han llevado al pueblo de Puerto Rico a vivir sin disfrutar de todos los derechos, oportunidades y responsabilidades que le corresponden.

Los esfuerzos del Gobernador Rosselló para lograr ayudas federales para rescatar la Isla de una tragedia humanitaria, estabilizar la economía y reconstruir la infraestructura necesaria para promover un desarrollo económico y social sostenible son evidentes.

Rosselló ha informado que el costo proyectado de los daños del huracán es astronómico y solicita ayudas federales por $94,000 millones para la recuperación, estabilización, reconstrucción y modernización de PR, incluyendo $17,000 millones para reconstruir la infraestructura eléctrica, acueductos, carreteras y puentes, y pérdida de producción, entre otros. Así mismo, pidió que PR se incluya en la reforma contributiva federal y “exigió que NO sea tratado como una jurisdicción extranjera”.

En una columna anterior cité segmentos del “Compromiso de Rosselló con PR”, un “modelo para la estabilización de PR y la tan necesaria meta de la Igualdad y la Estadidad”, hasta alcanzar el desarrollo económico sólido y sostenible para fortalecer nuestra economía”, y “propuestas para ayudar a la creación de empleos, desarrollo de industrias y empresas locales y a atraer inversión privada nacional e internacional para lograr el crecimiento y fortalecimiento de nuestra economía”; y así como continuar la lucha para obtener trato igualitario en fondos federales, particularmente Medicare y Medicaid.

Lamentablemente, los residentes en la Isla están sujetos a un sistema político que le niega igualdad. Respaldo la posición de la organización “Igualdad Futuro Seguro” de que “ser un territorio colonial limita las inversiones y el crecimiento económico” y que “no habrá una solución permanente a la crisis económica, ni se logrará progreso, estabilidad y desarrollo económico mientras no se eliminen los impedimentos del estatus actual”

Puerto Rico cumple con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente” para ser admitido en la Unión; las Cortes Federales han extendido a los ciudadanos que residen en PR la mayoría de las “garantías constitucionales” y el Congreso incluye a la Isla en muchos programas federales. Lamentablemente, en 1922 SCOTUS determinó que PR era un “Territorio no Incorporado”, y como consecuencia las limitaciones de nuestra condición colonial impiden la igualdad de derechos y nos niega los poderes políticos necesarios para resolver nuestros problemas económicos y proteger a PR de una crisis causada por un desastre natural.

La incorporación inmediata como transición a la estadidad debe ser un elemento esencial de política pública federal hacia Puerto Rico. En columnas publicadas en el “Orlando Sentinel” y “The Hill”, el Lcdo. José Rodríguez Suárez argumentó que poner fin a la no-incorporación es fundamental para lograr un crecimiento económico sostenible, En otra columna en “The Hill” El Lcdo. Andrés Córdova señaló que la crisis fiscal y problemas económicos de la Isla se deben en gran medida a la “doctrina de no incorporación”.

En los plebiscitos del 2012 y 2017 el pueblo reafirmó que quiere que PR se convierta en Estado de EEUU. El Congreso debe poner fin a la condición de inferioridad política y tratar a PR como un estado o como un territorio en transición a ser estado. La “Comisión para la Igualdad” podría ser un instrumento para convencer al Congreso de que tiene la autoridad constitucional para corregir el disparate judicial del 1922 y que declare a PR un Territorio Incorporado con el derecho a la verdadera igualdad permanente.

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Ayuda Financiera e Igualdad Titulo en ENDI, Lunes 9 de octubre, 2017

La visita de Trump, lunes 9 de octubre, 2017
Ayuda Financiera e Igualdad Titulo en ENDI
Hernán Padilla

En vista de las críticas por la tardía e ineficiente respuesta del gobierno federal ante la crisis en PR, el Presidente Trump se defendió diciendo que “él y su administración han hecho un trabajo extraordinario, grado A+”.

A pesar de que la Isla continúa sufriendo por falta de agua, comida, medicinas, energía, gasolina, tele-comunicaciones, transportación, seguridad, servicios médicos, equipo especializado y fondos que solamente puede proveer el gobierno federal, sus expresiones en la Base Muñiz fueron una ronda de auto-felicitaciones egocéntricas y elogiar a su administración.

Aunque Trump aprobó la declaración de desastre el 21 de septiembre, no fue hasta el lunes 25 que FEMA y el DHS visitaron a PR para evaluar la situación. La administración Trump no planificó para el desastre e ignoró los informes del “Weather Bureau” para prepararse para un huracán Categoría 5.

Trump culpó a PR porque tenía una infraestructura muy vieja y una deuda enorme. La Secretaria de DHS llegó a decir que la situación estaba bajo control y que “PR era una buena historia noticiosa”.
Trump enmendó la declaración de desastre, eximió a PR del pago de pareo para los fondos de FEMA y también emitió una orden temporera de 10 días para eximir a PR de la Ley de Cabotaje. La designación del Lt. Gen. Jeffrey Buchanan para dirigir los complementos militares tardó 9 días. Buchanan reconoció que el DOD no había enviado suficientes tropas ni equipo.

Cuando se intensificaron las críticas por la ineficiencia y el reclamo de más ayuda federal, Trump atacó a PR diciendo que “ellos quieren que se les haga todo, cuando hay empleados federales realizando un trabajo “fantástico e increíble”.

El General Russel Honoré, quien estuvo a cargo de las operaciones militares “después” de Katrina” señaló que “la tardanza en enviar tropas militares a PR era una de las causas principales de la crisis post huracán”. Honoré dijo que “los militares debieron estar en PR desde antes del Huracán, y enfatizó que “Trump aún no ha solicitado un paquete de ayuda crítica para PR”.

El extremo de la insensibilidad de Trump resalta cuando dijo que “la isla tendrá que trabajar su reconstrucción en conjunto con la deuda pública”; y que, “el gobierno de PR tendrá que determinar cómo se financiará y organizará este esfuerzo de reconstrucción”. Contrario a esa lógica, sin consultar con OMB de Casa Blanca y sin mencionar un plan especifico, se despidió diciendo que “tendremos que liquidar la deuda pública de PR”.

POTUS tiene el poder, la autoridad y los recursos para rescatar a PR de la crisis, reconstruir la infraestructura y lograr el desarrollo económico. Ojalá lo haga por el bien de PR y evitar una fuga poblacional masiva hacia los Estados.

Rosselló ha pedido que PR sea tratado igual que a los estados, que somos ciudadanos americanos y que sean flexible con un paquete de ayuda financiera. El gobernador le explicó a Trump que “se requiere asistencia financiera urgente para darle liquidez al gobierno porque no tendrá recursos para pagar los gastos operacionales y empleados del gobierno y que se requieren unos $95,000 millones para la reconstrucción de PR.

Aunque la visita de Trump fue un show publicitario y muchas de sus expresiones fueron huecas e insultantes, confiamos lo haya ilustrado sobre el impacto del desastre y la crisis económica que consume a PR. Urge que someta un “paquete de ayuda financiera” para rescatar a los damnificados, estabilizar y reconstruir a PR, y promover los proyectos críticos para un desarrollo económico. De lo contrario, millones abandonaran la Isla.

Como ciudadanos americanos, reclamamos los derechos constitucionales de libertad de expresión para reclamar un trato justo. Protestaremos enérgicamente si Trump y el Congreso no responden para rescatar a PR. Reafirmo que PR no puede esperar más para resolver el estatus y reclamar la igualdad, derechos, poderes políticos, oportunidades y progreso que disfrutan nuestros conciudadanos a nivel nacional.

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Puerto Rico: presente y futuro; lunes 23 de octubre

lunes, 23 de octubre de 2017
Puerto Rico: presente y futuro
LLa Fundación de la Familia Kaiser realizó una encuesta nacional después de la visita de Trump a Puerto Rico. El 76% conocía que los puertorriqueños son ciudadanos americanos. El 73% tenía conocimiento sobre el impacto del huracán, y de ese total, el 88% “sabía” que los daños eran “muy severos”.

El 62% dijo que el pueblo no está recibiendo la ayuda que necesita, 52% cree que la respuesta ha sido muy lenta, que el gobierno federal no está cumpliendo con su obligación para que se provea agua y electricidad. Un 44% cree que la administración Trump ha hecho menos para responder a la crisis en la isla que lo que hicieron en Texas y Florida.

Por otro lado, el “Bipartisan Policy Center” (BPC) que se enfoca en temas sobre economía, energía, vivienda, transportación y seguridad nacional, publicó un análisis titulado “Puerto Rico and the “Complicated Path to Disaster Recovery” en el que sostiene que el camino a la recuperación será complicado y que podría tomar años debido a la situación fiscal y económica.

El analista Jake Varn enfatiza que el desempleo es más del doble del nivel nacional, casi la mitad de la población vive por debajo de los niveles de pobreza federal, incluyendo al 58% de los niños, el 60% de la población depende de Medicare o Medicaid, el ingreso promedio es $18,000 anualmente (una tercera parte del ingreso promedio nacional) y la deuda pública alcanza $74 billones y las pensiones tienen un déficit de $49 billones.

La Autoridad de Energía Electrica (AEE) está quebrada económica y operacionalmente y ocurren 5 veces más apagones que el promedio en los 50 estados. El pueblo y la economía no toleran más ineficiencia, deterioro y apagones recurrentes que se han convertido en la causa principal de la fuga poblacional. La ayuda federal es crucial para salir de esta crisis y poder dar un paso adelante para substituir la AEE por un modelo tecnológicamente moderno y confiable.

También preocupa la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Un informe del Consejo Nacional de Recursos reveló que el 70% de la población de la isla recibe agua que no cumple con los requisitos federales de salud y los estándares de seguridad. En el 2006, bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, la AAA se declaró culpable de 15 violaciones del “Clean Water Act, fue multada por $9 Millones y se le ordenó hacer mejoras por $119 millones por estar descargando aguas de alcantarilladlo infectadas al Caño Martin Peña. En el 2015, bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, se reportaron 24 violaciones adicionales.

Concurro con Varn en que la deuda pública puede afectar la recuperación, pero manejar la crisis humanitaria requiere prioridad. El rescate, la reconstrucción y desarrollo económico dependerán de la ayuda federal. El BPC considera que los daños del huracán fueron catastróficos. Mientras, el 85% de la comida es importada, los daños a la agricultura se estiman en más de $780 millones; y menos del 1% del 1.6 millones de las casas están cubiertas por el “seguro Nacional sobre inundaciones” (NFIP).

El análisis del BPC demuestra que el Congreso y el Ejecutivo tienen que proveer ayuda federal para la reconstrucción de la infraestructura y modernización de Puerto Rico y para construir, operar y administrar los nuevos sistemas para lograr un desarrollo económico sostenible.

Puerto Rico no reclama un rescate económico. La crisis no es culpa de la isla solo, nuestra nación es responsable de mantenerla en condiciones inferiores a las de los estados. La fragilidad de nuestra economía e infraestructura son evidencia de que el Congreso ha fracasado en su responsabilidad de garantizar a la isla igualdad de derechos, oportunidades y progreso; y promover el desarrollo económico.

Hay que poner fin a la condición de inferioridad política del territorio colonial para devolver la fe y esperanza al pueblo, haciendo posible la incorporación del territorio y comenzar la transición hacia la verdadera igualdad que se logra con la estadidad.

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PR requiere agente fiscalizador, 1 de septiembre, 2017

PR requiere agente fiscalizador independiente, 11 de septiembre, 2017
Hernán Padilla

PR carecía de una estructura gubernamental legal independiente con responsabilidad para fiscalizar los gastos del gobierno, las corporaciones públicas y la deuda pública, Tampoco ejerció autoridad para exigir planes fiscales y auditorías certificadas para evitar que se repitan los errores del pasado.
Ni la Legislatura ni el ejecutivo cumplieron con su responsabilidad de fiscalizar y supervisar las finanzas del gobierno El Congreso tuvo que aprobar la Ley PROMESA y crear la Junta de Supervisión Fiscal para identificar las causas de la debacle y tomara acción correctiva.

Eric Álvarez, analista político, postula que la crisis económica de PR es producto del carácter colonial del ELA y que “el gobierno se convirtió en el mayor patrono y generador de actividad económica y utiliza la deuda pública para pagos de nómina y refinanciamiento.

En el 2001, las agencias crediticias comenzaron a emitir clasificaciones negativas y advertencias sobre la capacidad prestataria del gobierno de PR. Alvarez afirma que Acevedo fue responsable del “turning point” de la economía al mantener un alto presupuesto y producir un cierre gubernamental.

Cuando Fortuño fue electo, la economía estaba inmersa en una de las peores crisis económicas de nuestra historia, con un gobierno en quiebra, un déficit operacional de $3,300 millones y sin liquidez para pagar la nomina de los empleados públicos. Las medidas tomadas por su administración (2009-2012) redujeron los gastos, estabilizaron las finanzas del gobierno y evitaron que el crédito de PR fuera degradado.

Aun así, el PPD atacó el Plan de Fortuño, desarrolló una campaña populista basada en promesas falsas. García Padilla fue electo gobernador y rechazó la política fiscal de Fortuño. Como resultado. AGP dejó un déficit de $7,600 millones y un gobierno en quiebra. AGP sembró desconfianza en el mercado de bonos, por primera vez no pagó la deuda constitucional, paralizó el desarrollo económico y provocó un éxodo poblacional masivo.

La Legislatura no cumplió con su responsabilidad de fiscalizar y supervisar los gastos del gobierno, las corporaciones públicas y la deuda pública, provocando que el Congreso aprobara la Ley PROMESA y se creara la Junta de Supervisión Fiscal para fiscalizar y supervisar los gastos del gobierno y con autoridad para exigir planes fiscales de largo plazo.

En el 2016 el pueblo eligió un gobierno que sacara a PR de la crisis fiscal, que trabajara con un presupuesto balanceado, redujera la deuda pública, promoviera el desarrollo económico y prestara los servicios esenciales al pueblo de PR.

La administración de Ricardo Rosselló enfrentó una deuda de $74,000 millones y otras, que aumentaban el total a unos $130,000 millones. El gobierno no tenía suficiente liquidez para financiar sus operaciones a corto y mediano plazo, proveer los servicios básicos, e invertir en proyectos de infraestructura.
Enfrentó una crisis en el gobierno central, las corporaciones públicas, los fondos de retiro y deudas sin pagar. La AEE estaba en crisis. La AAA no radicó un Plan Fiscal, tenía una deuda de $150 millones con contratistas y no pagaron los préstamos federales.

La nueva administración se vio obligada a implementar medidas de ahorro en gastos operacionales. Rosselló sometió un nuevo Plan Fiscal de 10 años, se reunió con el Tesoro Federal, los bonistas y casas acreditadoras para discutir los términos y restructuración (negociación) de la deuda. También redujo el presupuesto del 2017-18 a $8,183 millones, asignó $1400 millones para pagar las pensiones, ya que se agotaron los fondos y activos de Retiro.

Aún así las acciones gubernamentales no serán suficientes para rescatar la economía de PR mientras continúe sometida a un modelo político-económico que le niega igualdad de oportunidades, crecimiento económico y las mismas garantías que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados. Le corresponde al movimiento Estadista continuar luchando por un estatus digno y permanente que nos brinde las herramientas y el poder político para lograr un desarrollo económico sostenible.

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El Intolerante Donald Trump, Lunes 28 de agosto, 2017

El intolerante Donald Trump, lunes 28 de agosto, 2017
Hernan Padiilla

Cito el reciente editorial de El Nuevo Día: “Tras reaccionar tarde y desacertadamente a los actos de barbarie cometidos por neonazis y supremacistas blancos el presidente Trump ha entrado en una espiral de descalificaciones y violencia verbal…”

Exalumnos de la Universidad Evangélica “Liberty” declararon que las expresiones de Donald Trump no eran compatibles con los valores de la Universidad y que devolverían sus diplomas de Liberty. Los miembros del Comité Asesor Evangélico de Casa Blanca también renunciaron por razones similares.

Reaccionando a Trump, veinte organizaciones caritativas que tenían eventos para levantar fondos en Mar-a-Lago, propiedad de Trump, también cancelaron eventos, entre ellos la Cruz Roja Americana, Salvation Army, Cleveland Clinic, American Cancer Society y el Kravis Center.

El presidente disolvió tres consejos asesores de Casa Blanca y canceló su participación en el “Kennedy Center” para honrar a los artistas, porque los miembros del Comité para las Artes y Humanidades renunciaron por sus expresiones. Simultáneamente, disolvió el Consejo Asesor sobre el Cambio Climático.
La reacción negativa de congresistas y senadores fue contundente. El senador republicano de Tennessee, Bob Corker dijo que Trump no ha mostrado estabilidad y competencia para tener éxito como presidente. El congresista demócrata de California, Adam Schiff, y su homóloga Jackie Speier enfatizaron su estabilidad mental.

Algunos republicanos están preocupados de que Trump haya causado un gran daño al Partido Republicano (GOP, por sus siglas en inglés) para el futuro. Resaltaron las críticas de los expresidentes George H.W. Bush y George W. Bush, el presidente cameral Paul Ryan, el líder de la mayoría en el Senado federal Mitch McConnell y el excandidato presidencial Mitt Romney.

La relación entre el presidente y los senadores republicanos continúa deteriorándose. Bob Corker criticó a Trump por improvisar su reacción hacia el líder norcoreano Kim Jong-un, cuando Trump dijo que Corea del Norte sería atacada con “fuego y furia como el mundo nunca ha visto”. James Lankford criticó a Trump por no haber censurado abiertamente a los supremacistas. Jeff Flake advirtió que el conservadurismo se afectaba por las fuerzas nacionalistas y de xenofobia que respaldaron a Trump.

Mientras, el senador Lindsey Graham dijo que las expresiones de Trump sobre los eventos en Charlottesville motivaban a grupos supremacistas. Paul Ryan dijo que las expresiones de Trump fueron “moralmente ambiguas” y que no podía haber “ambigüedad moral” cuando se denuncia el prejuicio, intolerancia y supremacía blanca. En respuesta, Trump demostró ser vengativo y autoritario contra McCain, Flake, Murkowski, Graham y McConnel. Ahpra los amenaza con cerrar el gobierno federal si no aprueban fondos para su muralla.

En el caso de Charlottesville, Trump le echó leña al fuego de la división y la polarización social y política. Como resultado, la aprobación de Trump ha caído a menos del 40% en encuestas realizadas por NBC News y Marist en Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, estados en los que prevaleció en la elección de 2016.

Otra encuesta por Quinipiac reveló que 62% de los entrevistados cree que Trump no provee liderato moral y que sus acciones dividen a la nación. Solamente 35% aprueba su trabajo. Mario Ramos Méndez dijo que el populismo reaccionario de Trump no tiene cabida en el espíritu americano.

Así las cosas, Puerto Rico tiene muy poco que agradecerle a Trump. El fiscal general Jeff Sessions no validó el plebiscito a pesar de que acató las observaciones de Justicia federal. Tampoco han apoyado la lucha por la igualdad y un trato justo en las agencias federales. No han ayudado a Puerto Rico para resolver la crisis fiscal que surgió bajo el mandato colonial ni han provisto fondos para la infraestructura o auspiciado un desarrollo económico auto sostenible.

La inacción federal ha motivado al gobernador Ricardo Rosselló a crear un “Frente Unido por Puerto Rico para cabildear para que incluyan a Puerto Rico en la Reforma Contributiva federal, incentivos contributivos como ‘Child Tax Credit’ y seguro social suplementario (SSI), y trato igual en salud, Medicare y Medicaid. A pesar de todo, tenemos confianza en las instituciones federales y prevaleceremos.

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Cincuentenario de la fundación del PNP, lunes 14 de agosto

Cincuentenario de la fundación del PNP
Hernán Padilla

Como parte de la celebración del cincuentenario de la fundación del PNP, debemos honrar a los padres del movimiento estadista Dr. José Celso Barbosa y Don Luis A Ferré, fundador del Partido Nuevo Progresista, y examinar algunos de los logros pasados y retos futuros del PNP.

Históricamente el partido Estadista, comenzó con Barbosa, quien expresó: “Aspiramos a convertirnos en otro estado de la unión a fin de poder afianzar el carácter del pueblo puertorriqueño”.

Tuve el honor de conocer a Don Luis durante las Vistas Públicas de la “Comisión de Status”, y compartí con él mientras el Partido Estadista Republicano decidía si participaba en un plebiscito diseñado por el PPD entre el ELA, Estadidad o independencia.

En la Asamblea de delegados de 1967 del PER convocada para imponer el criterio del liderato, Don Luis surgió como el líder indiscutible y el padre del movimiento estadista moderno. Junto a Don Luis, un grupo de nosotros nos dimos a la tarea de fundar “Estadistas Unidos” para representar la estadidad en el Plebiscito.

El resultado del plebiscito fue histórico. El pueblo demostró que había llegado el momento de romper con el pasado y lucha de por la estadidad. Se sentó la pauta para que cada plebiscito incrementara el apoyo a la estadidad y romper el monopolio de un partido colonialista.

Después del plebiscito, se fundó el Partido Nuevo Progresista en una asamblea de Estadistas Unidos en Carolina, el 20 de agosto de 1967. Su compromiso fundamental era lograr la estadidad para alcanzar la igualdad de los ciudadanos americanos residentes en PR y promover el desarrollo económico de PR.

El liderato a nivel local era tan impresionante por su dedicación al compromiso de promover la Estadidad que muchos fueron electos en el 1968. Don Luis fue electo como el primer Gobernador estadista, Jorge Luis Córdova como Comisionado Residente, y entre los alcaldes electos, Carlos Romero Barceló, Julio César (Yuyo) Román-Aguada, Elba Otero Bosco, Guillo Campos, Miguel Hernández, Osvaldo Molina, Santos Rivera, Serafín Meléndez, y Juan H. Cintrón,

Muchos fueron los logros de justicia social de Don Luis y el PNP: entre otros la distribución de parcelas y la concesión de título de propiedad a los “usufructuarios” de parcelas rurales; el bono de navidad para los empleados públicos y posteriormente los de la empresa privada y la enmienda constitucional para reducir la edad de votar a los 18 años.

Se construyeron 300,000 acometidas de agua, 250,000 tomas para alcantarillado y 30,000 unidades de vivienda para los “humildes que serían primero” y lograron aumentar los fondos federales para PR. Construyó carreteras y comenzó el expreso de San Juan a Ponce; y creó la Junta de Calidad Ambiental de PR. El PNP demostró que los estadistas buscamos la justicia social y oportunidades para todos por igual.

Junto a otros líderes estadistas, me honra haber sido electo a la Cámara de Representantes junto a Ángel Viera Martínez (Presidente), Pepe Salichs (VP), Rubén Otero Bosco, y David Urbina entre otros, para hacer realidad el programa de gobierno de Don Luis en ese cuatrienio. Al Senado fueron electos Jesús Hernández Sánchez, Justo Méndez, Sila Nazario, Ángeles Mendoza, Mario Gaztambide, y Héctor Martínez Colon entre otros.

El triunfo de la estadidad con 61% en el plebiscito del 2012 y el 97% de los votos emitidos en 2017 reafirmó el apoyo del pueblo al propósito de Luis Ferré y la razón de ser del PNP. Ahora, el pueblo estadista exige que el PNP trabaje inteligente e intensamente para lograr la estadidad y sacar a PR de la crisis fiscal y económica que afecta nuestro pueblo.

¡Que la celebración del cincuentenario reviva el compromiso del PNP para lograr la admisión de PR como estado y con ella la igualdad a la que aspiran todos los puertorriqueños y ciudadanos americanos residentes en la Isla!

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PROMESA, la estocada final al ELA, lunes 31 de julio, 2017

PROMESA, la estocada final al ELA, lunes 31 de julio, 2017
Hernán Padilla
Ante la celebración del PPD del aniversario de la Constitución de PR y ficticio ELA, y las consecuencias de la creación de la Junta de Supervisión Fiscal Federal sobre las relaciones entre Puerto Rico y los EEUU, quiero destacar informaciones públicas que ameritan ser discutidas con mayor intensidad.

El artículo por Cynthia López (END): “La Junta de Supervisión Fiscal revela dónde está el poder de la colonia” cita las conclusiones de los abogados constitucionalistas Gorrín Peralta, Hiram Meléndez y Cox Alomar.

Sobresale que “el Tribunal Supremo de EEUU en el caso Sánchez Valle consignó la condición territorial de PR”. SCOTUS “concluyó que PR no contaba con soberanía para procesar criminalmente a una persona que había sido juzgada por los mismos delitos en una corte federal, porque “la fuente del poder de PR emana del Congreso”.

Al referirse a la JSF, concluyeron que el Congreso, bajo los poderes plenarios que ostenta bajo la Cláusula Territorial, aprobó la Ley PROMESA que crea una Junta que controla las finanzas públicas del “territorio”. Señalaron que la certificación del presupuesto de PR y posteriormente una versión enmendada confirma la situación colonial de PR.

Gorrín Peralta recalcó que la JSF desenmascaró el estado colonial de PR y “barrió con el mito de que se había creado una soberanía propia que cambió la relación que existía entre PR y EEUU. “PROMESA confirmó que era mentira de que teníamos soberanía y que habíamos dejado de ser un territorio.

Cox Alomar dijo que la JSF destruyó el argumento de que “el ELA sigue vivo” y de que no se podía cambiar el “pacto” o la Constitución sin el consentimiento de los puertorriqueños; confirmando “que no existe una relación bilateral sujeta al consentimiento mutuo de ambas partes”.

Sergio Marxuach, (Centro para una Nueva Economía) opinó durante un foro sobre el “Futuro de la Economía de PR” que “cuando el Congreso aprobó la Ley PROMESA, reconoció que tiene una obligación moral y constitucional de velar y promover el bienestar de los ciudadanos americanos residentes en PR y que le corresponde asegurarse de que PR resuelve la crisis fiscal que afecta todos los sectores en la Isla”.

Marxuach considera que “PR necesita impulsar el crecimiento económico a corto plazo y a la vez implantar una estrategia para un plan de desarrollo económico que promueva el crecimiento a largo alcance, que no se ha logrado por mucho tiempo”.

Aplaudo que el CNE apoye “extender el “Earned Income Tax Credit y el Child Tax Credit” a PR, mantener los programas de seguridad social, aumentar los fondos para educación, infraestructura e investigación”, y la paridad en Medicaid y Medicare”, todo ello conducente a la plena igualdad política.

Concurro con la recomendación del CNE de que el Congreso viabilice un “estímulo” que promueva el crecimiento económico a corto plazo, tal como propuso el Profesor Jaime Benson ante el grupo pro-crecimiento que creó PROMESA. Concurro también con activar una estrategia de desarrollo a largo plazo, que conllevaría resolver el escollo del estatus.

Aunque Marxuach no lo expresa explícitamente, es obvio que el estatus afecta la economía de PR. Evidentemente le han dado la estocada final al ELA, destruyéndose la mentira de lo que representa y el inexistente “pacto bilateral”; y poniendo de manifiesto que “si el Congreso quiere evitar una crisis social severa, serán necesarias ayudas federales para promover el crecimiento económico a corto plazo”, y que se implante un programa de desarrollo económico a largo plazo, eliminando las desventajas impuestas bajo la relación discriminatoria actual.

Para que PR resuelva el problema colonial logrando un desarrollo económico auto-sostenible como el que se ha propuesto, urge acelerar la integración a nuestra nación para lograr la igualdad y todos los beneficios federales hoy día disfrutan nuestros conciudadanos en los 50 estados.

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