Ciudadanía, esperanza para mejor futuro 2 de marzo, 2015

Ciudadanía, esperanza para mejor futuro 2 de marzo, 2015
Reproduccion actualizada columna del 2014,
Hernán Padilla

El 2 de marzo se conmemora el 98 aniversario de la concesión de la ciudadanía de Estados Unidos a los puertorriqueños; un momento histórico que sentó las bases para que Puerto Rico se fuera integrando a la cultura social, política y económica de la nación americana.

La ciudadanía de los Estados Unidos es una característica que define al puertorriqueño del Siglo 21, tanto aquí como a los 5 millones de ciudadanos de extracción puertorriqueña que residen en los 50 estados. La ciudadanía estadounidense garantiza los derechos y las libertades de la democracia americana y las oportunidades para un mejor futuro.

Aunque en 1921, una corte determinó que la Constitución federal no aplicaba en Puerto Rico con igual fuerza que en los estados, desde el 1941se reconoce que los oriundos de Puerto Rico somos ciudadanos americanos de nacimiento.

Desde entonces, han ocurrido hechos trascendentales que fortalecen la realidad de que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos y que los ciudadanos americanos residentes en la isla tienen derecho a que Puerto Rico sea estado de la Unión.

La Ley del Gobernador Electo del 48, la Ley 600, la Constitución de Puerto Rico de 1952, la forma de gobierno republicano, las innumerables leyes que tratan a Puerto Rico como estado, los múltiples programas federales que consideran a los residentes en Puerto Rico como si residieran en un estado de la Unión, la designación de un tribunal de Distrito federal bajo el Articulo III de la Constitución federal, la presencia de las principales agencias federales en la isla, y la integración de la cultura puertorriqueña a la cultura nacional han cerrado la distancia entre el Puerto Rico del 1898 y el Puerto Rico-USA del 2014.

Es indudable que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos y que la ciudadanía americana es parte del perfil puertorriqueño. No obstante, cinco millones de conciudadanos con raíces puertorriqueñas que residen en los cincuenta estados disfrutan de todos los derechos que garantiza la Constitución federal, lo que aun no ocurre en la isla.
iqueños y otros conciudadanos americanos que residen en la isla aún viven bajo un status político inferior que les niega esa misma igualdad de derechos constitucionales.

Como símbolo del impacto de la segregación-política que afecta a toda la población, la mujer puertorriqueña que reside en la isla es más vulnerable. En Puerto Rico, de unos 176,864 hogares encabezados por jefas de familia, el 60.7% vive bajo el nivel de pobreza, legalmente inelegibles a los derechos y oportunidades de sus conciudadanos en los cincuenta estados de la unión.

Nadie sufre más que las madres cuando su familia no tiene los derechos que le corresponden como ciudadanos americanos porque residen bajo un estatus político que le niega representación congresional y el poder político de votar por el Presidente de nuestra nación.

Son las mujeres puertorriqueñas las que reciben el mayor impacto de la pobreza que afecta a más de la mitad de la población. Por ellas, y por sus descendientes que no encuentran empleos es que debemos unirnos a reclamar la igual

La proporción de mujeres que estudian y abandonan la Isla es mayor que la de los hombres. Aun cuando quisieran permanecer junto a su familia, se ven obligadas a emigrar en busca de un mejor futuro ante el fracaso abismal del ELA y la falta de oportunidades.

Hoy celebramos con orgullo la ciudadanía americana, pero a la vez, con gran determinación rechazamos que los conciudadanos que residen en suelo puertorriqueño sean tratados como ciudadanos de segunda clase. Llegó la hora de exigirle al Congreso que convoque a un referéndum federal para que Puerto Rico pueda ser admitido como estado.

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Advertencias sobre el IVA, lunes 2 de marzo, 2014

Advertencias sobre el IVA
Hernán Padilla

Deseo analizar algunos lineamientos del plan del régimen colonial para generar nuevos ingresos para el gobierno mediante un Impuesto de Valor Añadido de 16% sobre productos y servicios, que aumentará el costo desde el origen de la cadena hasta llegar al consumidor y que hará daño a la gran mayoría del pueblo puertorriqueño.

Hacienda recaudaría $6.67 billones con el IVA, asumiendo una captación de solo el 75%. El ingreso neto al Fondo General sería $2,504 millones, ya que proyectan usar $700 millones para COFINA, más otros descuentos. El Banco de la Reserva Federal en Dallas concluyó que el crecimiento del gobierno disminuye el crecimiento económico general. El estudio de KPMG, que costó $4.7 millones, confirma el efecto adverso de una contracción de 0.53% que el IVA causaría en el Producto Bruto Interno.

La implantación y administración del IVA requerirá enormes recursos y cambios fundamentales en la estructura y operaciones de Hacienda, En un informe de 2008, el GAO concluyó que aun el modelo más simplificado del IVA le impone al sector privado mecanismos muy complejos que requieren más recursos gubernamentales para asegurar cumplimiento.

Sergio Marxuach, del Centro para una Nueva Economía, ha insistido en la regresividad del IVA y que lleva a pobres, jóvenes y ancianos a incurrir en gastos superiores a sus ingresos, que resulta en una carga impositiva relativamente mayor que en personas de mayores ingresos. Añade que “la imposición del IVA sobre los alimentos, medicinas, servicios médicos y servicios educativos es inmoral e injusta”.

En su publicación “Beware the Value-Added Tax” Mitchell denuncia que un IVA es un mecanismo para sostener el gigantismo gubernamental, según demuestran los gobiernos europeos que lo han implantado. Concluye que los países con IVA tienen impuestos totales más altos. Puerto Rico no será la excepción.
Otros estudios arrojan que un IVA promueve mayores gastos gubernamentales, la imposición de más impuestos, pérdida de empleos y retraso del crecimiento económico, porque transfiere los recursos productivos del sector privado al gobierno.

El IVA es un desincentivo a la inversión en iniciativas empresariales. Obliga a los negocios a convertirse en “cobradores de más impuestos” y a producir informes al gobierno que les acarrean costos operacionales insostenibles. De hecho, su implantación en Canadá provocó que el 25% de los negocios se refugiaran en la economía subterránea.

La oposición amplia contra la implantación del IVA en PR no es sorpresa. Un IVA de 16% debilitará aún más nuestra agonizante economía incrementando los costos de productos y servicios, Tendría un marcado efecto inflacionario, toda vez que 85% de lo que consumimos es importado y toda la red de distribución tendría que pagarlo. Esto resultará en menos dinero circulando en la economía por atrición y más compra por Internet.

Por otro lado, el efecto del IVA en las compañías que generan productos y servicios para exportación será devastador, y exacerbará el desbalance comercial entre exportación e importación, que ya padece la deprimida economía colonial.

La economía local está integrada a la economía nacional. En ningún Estado de la Nación hay IVA. Su imposición unilateral en PR podría constituir una medida hostil a las exportaciones e incluso violar el comercio interestatal al complicar y desalentar las transacciones comerciales con los estados y enajenado los negocios en PR. La Constitución prohíbe a los estados imponer impuestos en transacciones comerciales interestatales porque promueve desventajas económicas.

Es preciso recalcar que como parte de la Nación americana disfrutamos de los beneficios de los tratados de libre comercio entre EEUU y otras naciones. Nuestros productos, al ser americanos, entran libremente en esos países al igual que sus importaciones entran libremente a la Isla. Por tanto, advertimos que toda relación internacional y/o transacción comercial con el extranjero, incluyendo impuestos, están reglamentadas por las leyes federales que prohíben imponer impuestos a productos importados del extranjero.

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La quiebra del ELA Lunes 16 de febrero, 2015

La quiebra del ELA Lunes 16 de febrero, 2015
Hernán Padilla

En mi columna del pasado 2 de febrero describí el colapso del experimento político del ELA-colonial. Ante la crisis económica que ellos mismos precipitaron, la administración legisló a toda prisa una ley improvisada y defectuosa para permitir la quiebra de corporaciones públicas, obligar a reestructurar sus deudas y aplazar o reducir pagos, que provocó numerosas degradaciones crediticias y la pérdida del acceso a los mercados de capital.\

La reacción de los bonistas fue igualmente contundente: radicaron una demanda ante el Tribunal Federal planteando su inconstitucionalidad. En su determinación el Juez Federal Besosa declaró inconstitucional la Ley de Quiebra Criolla: “la ley es invalidada por el código de quiebras federal y, por tanto, es nula de conformidad con la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos”.

Ahora, exacerban aún más la situación imponiendo una llamada “Reforma Contributiva” y un Impuesto de Valor Añadido. (IVA) que sumado a la infame “Crudita” afectará todos los sectores de la economía puertorriqueña, incluyendo la educación superior.

El Comisionado Residente Pierluisi sostuvo, desde un principio, que “la restructuración del pago de deudas es un asunto federal que sólo puede atenderse de acuerdo a la Constitución y las leyes de los EEUU”. En ese espíritu, acaba de radicar por segunda vez legislación para que PR tenga acceso como un Estado al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal tal que, de incurrir alguna agencia en una situación de insolvencia, pueda reorganizarse bajo un estatuto constitucionalmente reconocido y validado en numerosas ocasiones en entidades públicas similares a la AEE, ACT y AAA.

El experimento colonial ha llevado a la Isla a la quiebra y la situación continúa empeorando aceleradamente. La evidencia abunda: la insolvencia fiscal gubernamental y de la economía puertorriqueña; la pobreza que afecta a más del 50% de la población; 40 municipios bajo el nivel federal de pobreza y en insolvencia operacional; y la emigración de sectores productivos.

La falta de credibilidad de la administración colonial de turno ha repercutido en los centros de poder político y económico nacionales e internacionales. Urge pues, implantar un plan comprensivo de desarrollo y recuperación de Puerto Rico que incluya la resolución del status político. Si no se resuelve definitivamente ese ancestral problema, será imposible revertir la situación económica.

La gran incertidumbre que causa nuestra indefinición política, agravada por la falta de competencia de los actuales administradores coloniales, desalienta la inversión privada y es causal fundamental de la presente depresión económica.

La estadidad es la opción óptima para garantizar un buen futuro para Puerto Rico, que le ganará poderes constitucionales, políticos y económicos que promoverán estabilidad, seguridad y progreso. La admisión como Estado potenciará las fuerzas para el desarrollo económico y mejoramiento en la calidad de vida que aspiran todos los puertorriqueños.

Como Estado de los EEUU, PR adquirirá una estatura que le abrirá puertas a nivel internacional. La seguridad, solvencia y estabilidad política tendrán un efecto considerable en allegar inversionistas y nuevas industrias que generen empleos.

La admisión de Puerto Rico como estado revertirá la perdida poblacional del presente. La seguridad de la Estadidad atraerá nueva población que revitalizará la economía mediante el rescate de miles de viviendas vacías y abandonadas, así como la deprimida industria de la construcción.

Los ingresos adicionales que conlleva la Estadidad permitirían al gobierno local reducir considerablemente la carga contributiva, ya que el gobierno federal supliría los fondos para servicios y programas que ahora sufraga a duras penas el erario estatal.

Ante la realidad innegable de que el pueblo de Puerto Rico revocó su consentimiento al status político-económico actual, es imperioso concentrar todos nuestros esfuerzos en lograr que sea admitido como estado a la mayor brevedad posible, y así evitar el colapso dramático que se avecina si continuamos dentro del presente régimen colonial.

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Visión, aspiración y esperanza 2 de feb/2014

Visión, aspiración y esperanza lunes 2 de feb
Hernán padilla

El impacto negativo de las políticas de la administración popular y la fuga poblacional de más de 150,000 en 2014, patentizan el colapso del experimento político del ELA-colonial, y su inferioridad política que mantiene a 3.5 millones de ciudadanos americanos en la Isla clamando por un cambio que les brinde esperanza de un mejor futuro para ellos y sus familias sin tener que mudarse.

El Senador Rivera Schatz sostiene que “durante varias décadas, este pueblo vivió el espejismo de una colonia en supuesto desarrollo a base de las asignaciones federales extraordinarias después de la Segunda Guerra Mundial, financiado con fondos federales y predicado en que ese progreso podría ser permanente”. La realidad es que “El espejismo colonial se desvanece y el ELA, ya no sirve, no funciona y no tiene solución.”

Diariamente nos enteramos de un nuevo problema y de la intensificación de la crisis fiscal resultado de un gobierno guiado por la improvisación, mala administración, y conflictos éticos motivado por el partidismo.

El gobierno ignora la expresión mayoritaria que revocó el consentimiento de los gobernados a la colonia. Ha llevado la clasificación de los bonos gubernamentales al nivel especulativo (chatarra) y parece estar resuelto a arruinar a Puerto Rico incrementando la deuda a altísimos intereses.

No obstante la crisis, contratan cabilderos para negarle a los ciudadanos americanos de Puerto Rico la igualdad que garantiza la Estadidad. Sabiendo que la mayoría votará por la Estadidad en cualquier proceso avalado por el Gobierno Federal, obstaculizan el requerimiento de someter al Secretario de Justicia Federal una definición del ELA acorde con la Constitución y leyes de los EEUU.

Por un lado, el ex-gobernador Hernández Colon sostiene “tenemos que asegurarnos que las definiciones se aprueben, que lo que ponemos ahí es constitucional, de tal forma que se pueda celebrar el plebiscito”.

También reconoce que el “pueblo de Puerto Rico no apoya la independencia y que para llegar a la Libre Asociación hay que pasar por la independencia, y que Puerto Rico se convierta en un País soberano para poder pactar a nivel internacional con los Estados Unidos”. Señala además, que su objetivo es evitar pasar por la independencia, aunque sabe que ello plantea serios problemas constitucionales que no se han resuelto.

Aun así, García Padilla y Hernández Colón insisten en “pedirle al gobierno de Estados Unidos que enmiende sus leyes para que Puerto Rico obtenga poderes adicionales”. Se empeñan en desarrollar el status territorial actual, aunque el concepto ha sido rechazado por las pasadas cuatro administraciones federales.

El ELA-colonial continuará sujeto a la cláusula territorial de la Constitución. Lo que proponen se basa en las falacias del “pacto bilateral” y “consentimiento mutuo” que son incongruentes con la Constitución y que pueden ser rechazados unilateralmente por el Congreso.

En vista que el PPD rehúsa someter su definición de estatus, Pierluisi ha propuesto una consulta Estadidad ‘Si’ o ‘No’. En respuesta, Hernández Colón no ha tenido otra alternativa que reconocer que “una consulta de Estadidad ‘Si’ o ‘No’ la gana de calle la Estadidad”, y conminar a su partido a instrumentar un plebiscito con definiciones de estatus reconocidas por el Departamento de Justicia Federal.

La misión de los luchadores de la igualdad es lograr que Puerto Rico advenga a ser Estado para adquirir la plenitud de derechos, oportunidades, progreso y poder político que dicho estatus asegura, participar como iguales en el proceso democrático nacional, votar por el Presidente, tener su propia Delegación en el Congreso y convertirse en socio de la Federación de Estados que conforman los Estados Unidos.

Esa convicción ha ganado terreno aceleradamente, tal que se ha convertido en la aspiración y esperanza del Pueblo puertorriqueño, especialmente todos los que sufren los estragos del fracaso y colapso del ELA-colonial.

Aún el propio RHC admite era realidad histórica.

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Cultura e idioma (Reproducción columna 05/28/12)

Cultura e idioma

Hernán Padilla 5/28/12

Los temas de la cultura y el idioma siempre han generado argumentos que no pueden ignorarse. Con convencimiento aseveramos que la estadidad fortalece y garantiza la cultura y la identidad puertorriqueña que nacen de habernos desarrollado inmersos en dos culturas: la puertorriqueña del siglo 19 la cultura americana durante el siglo 20.

No cabe duda de que somos parte integral de la cultura americana. La cultura puertorriqueña complementa la cultura americana a la cual nos hemos integrado. Puerto Rico sentará una pauta como un estado multicultural y latino de los Estados Unidos de America. Contribuiremos a que nuestra Nación se enriquezca culturalmente.

La cultura americana, de la que formamos parte, se sostiene sobre los pilares de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos. La Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución Americana le ofrecen protección igual de las leyes a las minorías culturales y lingüísticas en los Estados Unidos. La selección de idiomas oficiales es la potestad constitucional de cada Estado. De hecho, en Nuevo México el inglés y el español son los idiomas oficiales, como lo son actualmente en Puerto Rico.

Estados Unidos es una nación compuesta por grupos de personas con costumbres, valores, religiones y culturas totalmente diferentes. La nación reconoce estos derechos de los ciudadanos provenientes de todas partes del planeta. Mediante el proceso de naturalización, Estados Unidos ofrece y alienta a cualquier inmigrante que lo solicite de buena fe y cumpla los requisitos legales el privilegio de poder convertirse en ciudadano americano.

Una vez juramenta su alianza a su nueva patria, el ciudadano voluntariamente se integra político, cívico y socialmente a la nación americana, incluyendo como meta el aprendizaje del idioma inglés que une y sostiene la nación al proveer un denominador común.

Cabe destacar que muchos inmigrantes naturalizados han logrado ser electos al Congreso como Senadores y Representantes, condición que se les niega a los puertorriqueños y a todos los ciudadanos americanos que residen en la isla a pesar de que son ciudadanos americanos de nacimiento.

El uso del inglés es muy común en Puerto Rico, tanto en las agencias públicas como en la empresa privada. Por ejemplo, los planos y especificaciones de construcción para obras públicas y privadas se preparan en inglés. Las agencias estatales redactan muchos documentos en inglés para someterlos a las distintas agencias federales. Muchos de los textos usados en las universidades son en inglés, aun cuando los cursos se imparten en español.

Como recordarán, a principios de los 90 se celebró un referéndum y Puerto Rico favoreció mantener el inglés como uno de sus dos idiomas oficiales. Los estadistas apoyamos que se enseñe y se mejore la enseñanza de inglés y que ambos idiomas se impartan en las escuelas públicas. Los documentos oficiales deben redactarse en los dos idiomas oficiales y se debe atender a los ciudadanos en el idioma de la preferencia del ciudadano.

Es lógico que los proyectos de ley y las decisiones de los tribunales se publiquen en español e inglés y que estos idiomas oficiales sean los que imperen en cualquier procedimiento judicial. Después de todo, la Constitución protege el derecho de cada ciudadano a la libre expresión en el idioma de su preferencia.

Hasta ahora, el haberle limitado el beneficio de aprender y comunicarse en inglés a los puertorriqueños ha tenido el efecto negativo de que solo un pequeño grupo tenga el privilegio de ser bilingüe y como consecuencia logre mejores empleos y más oportunidades en el mundo moderno de la economía y los negocios.

Para defender ese derecho cultural puertorriqueño-americano, debemos rechazar el fracasado modelo colonial y el ELA Soberano (republica independiente asociada) y defender la verdadera unión permanente.

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PELIGROSO DETERIORO EN EDUCACION, a publicarse lunes 19 de enerp, 2015

PELIGROSO DETERIORO EN EDUCACION
HernanPadilla

La revelación de que 114,097 puertorriqueños han abandonado la Isla entre enero y septiembre del 2014—que Implica una proyección demográfica de apenas 3 millones para el año 2020—tiene que ser motivo de alarma para todos los sectores.

La fuga poblacional, particularmente del sector de edad productiva, es otra evidencia del fracaso del experimento político-económico del ELA-colonial. Entre los motivos que impulsan el éxodo masivo hacia los cincuenta estados predomina la aspiración de garantizar la mejor educación para sus hijos.

El 2014 selló el declive de las finanzas del gobierno cuando las agencias crediticias clasificaron los bonos del Gobierno Central y las principales corporaciones públicas como “chatarra” o de alto riesgo para los inversionistas. Esta caída a nivel especulativo más las erradas políticas públicas de la administración colonial se han convertido en una muralla, que junto a la merma poblacional, garantiza la continuación de la “depresión económica criolla” ya próxima a cumplir una década.

Puerto Rico no puede continuar ignorando la fuga masiva de ciudadanos competentes con potencial para generar actividad económica, El gobierno colonial parece estar empecinado en culminar la devaluación de su capital humano, empujando a nivel de “chatarra” el sistema público pre-universitario y universitario, condenando así a Puerto Rico a la bancarrota financiera y educativa, no solo de la presente sino de las próximas generaciones.

El estudio titulado “The Ascent and Decline of the Research and Graduate Studies University” in Puerto Rico1985-2014” documenta que la UPR marcó su pico de productividad y desarrollo en 2012, resultado del esfuerzo concertado de dedicados profesores—cuya contribución la presente administración parece ignorar– lograron que el recinto de Rio Piedras alcanzara la clasificación Carnegie de “Universidad Intensiva de Investigación”.

Está igualmente documentado que dicha productividad comenzó a declinar después del 2012. Esto, aunque traten de crear la ilusión de que trabajan para adecuar la productividad a las corrientes de globalización, y una política pública que, a los fines de aumentar el número de “estudiantes admitidos” sin ningún criterio de calidad, llevará la institución a un sistema de “admisión abierta” de facto.

Ante la emigración de más de 576,000 puertorriqueños en la última década y la consecuente contracción de matrícula en el sistema público– de 640,000 en los 90 a menos de 400,000 hoy–tal parece que lo mejor que se le ocurre a la UPR es menoscabar los requisitos a fin de aumentar el número de estudiantes. Prefieren esta salida fácil versus encaminar esfuerzos, difíciles pero urgentes, que garanticen que los que ingresen tengan las competencias necesarias para ser exitosos.

Como consecuencia de esta política pública populista, divorciada de lograr el aprendizaje y la competitividad, avoca a la UPR a convertirse en otro “colegio más de cuatro años”; haciéndola irrelevante como socio intelectual en la “economía del conocimiento” como herramienta para que Puerto Rico progrese.

Mientras, el Secretario de Educación informa que el Departamento no cuenta con suficientes maestros, a pesar de tener ahora una matrícula de 400,000.

Peor aún, pretenden resolver el problema rebajando los requisitos para los nuevos maestros a solo 15 créditos en la materia de enseñanza, y a un índice de 2.70, que apenas equivale a una clasificación de C. Pretenden también que nuestros estudiantes cumplan con las expectativas del gobierno federal y que estén preparados para estudios universitarios, y propiciar una nueva generación de puertorriqueños competitivos en la “sociedad del conocimiento”

Mientras tanto, miles de maestros cualificados continúan uniéndose al éxodo en busca de mejores condiciones de trabajo, ingresos, y calidad de vida. Ante el deterioro del sistema de educación pre-universitaria y el futuro incierto de la universidad del estado, familias enteras continúan mudándose a los 50 estados en busca de la igualdad de derechos, oportunidades y progreso que les niega el estatus colonial del mal llamado Estado Libre Asociado.

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Rindamos tributo a Hostos, por Jose Rodriguez-Suarez 01/11/15

Rindamos tributo a Hostos
Jose Rodriguez-Suarez

El 11 de enero conmemoramos el natalicio de Eugenio María de Hostos. Quien no haya leído a Hostos y tratara de entender su pensamiento a través de la página web de quienes se hacen llamar “hostosianos” podría creer que Hostos fue precursor del Socialismo del Siglo XXI, exponente originario de la llamada “democracia participativa” y fuente de inspiración para quienes por sus críticas parecerían considerar a Estados Unidos como el principal responsable de los males del mundo. Nada más lejos de la verdad. El contraste entre Hostos, según sus palabras, y Hostos, según el pensamiento de los llamados “hostosianos”, es asombroso.

Para empezar, Hostos no era socialista; no creía en la propiedad socializada estatalmente. Hostos entendía la propiedad privada como un derecho natural del individuo a beneficiarse del producto de su trabajo. Según José Luis Méndez en su libro Hostos y las Ciencias Sociales, para Hostos, al igual que para Frédéric Bastiat, las palabras claves de la economía estaban contenidas en la frase “laissez faire, laissez passer”. Es decir, que Hostos creía en la completa libertad de la economía.

Los llamados “hostosianos” aspiran a sustituir nuestro sistema de democracia representativa por un sistema de “democracia participativa” entendiendo la “participación ciudadana” como un proceso en la construcción de una nueva sociedad socialista como en la Venezuela de Chávez y Maduro. Sin embargo, Hostos, a base de su conocimiento de los Estados Unidos, consideraba que la democracia representativa es el mejor sistema de gobierno. Asimismo, reconocía a los partidos políticos como grupos representativos de los intereses sociales y los consideraba como “el camino por donde la mejor opinión llega a ley.”

Para Hostos el voto era la mejor manera de que el pueblo exprese su voluntad. Por eso proponía un plebiscito en el que los puertorriqueños pudieran escoger entre la estadidad y la independencia como opciones igualmente legítimas y dignas. Sin embargo, los llamados “hostosianos” proponen una llamada “asamblea constituyente” mediante la cual un grupo de personas, a nombre del pueblo, tendría el poder de gestionar y negociar un cambio de estatus sin que el mismo hubiera sido solicitado previamente mediante un voto mayoritario.

Hostos favorecía la independencia pero hubiera aceptado la estadidad si esa hubiera sido la voluntad de los puertorriqueños expresada en las urnas. Escribió Hostos que “si Puerto Rico pide en plebiscito la anexión, yo la saludaré como una victoria de la dignidad colectiva de los puertorriqueños”. Quienes se hacen llamar “hostosianos”, sin embargo, se autoproclaman representantes de nuestro pueblo ante la comunidad internacional con la pretensión de que Estados Unidos haga de Puerto Rico un país independiente contra la voluntad mayoritaria de los puertorriqueños.

Lejos de ser antiamericano, Hostos era un ferviente admirador de los Estados Unidos y de su sistema de gobierno. Para Hostos en el sistema americano de gobierno descansan las bases de “la única sociedad humana en que el hombre es hombre, porque es la única que, desde Jefferson, en la augusta Declaración de Independencia, ha tomado como base de organización la vida de los hombres, la libertad de los hombres y el derecho de los hombres a procurar por sí mismos la obtención de su felicidad.”

Tal era la admiración de Hostos por los Estados Unidos que planteó la necesidad de americanizar a Puerto Rico durante “un protectorado temporal de veinte años” como “mentorado de libertades y progresos” en preparación para la independencia. Hostos deseaba “poner al pueblo puertorriqueño en aptitud de vivir a la manera del pueblo americano.” Para Hostos era necesario “cambiar de ideas, de hábitos, de costumbres, de vida, aprovechando el ejemplo del pueblo que hemos tomado por maestro, y usufructuando sus instituciones políticas, económicas, administrativas y culturales, hasta el punto de que asemejarnos a ellos en cuanto el trabajo, el gobierno, la educación y la cultura general, puede contribuir a hacer semejantes dos sociedades de tan distinto origen.”

Escribió Orwell en 1984 que quien controla el pasado controla también el futuro. Por eso, tergiversando y manipulando la historia, algunos pretenden que cataloguemos de patriota a un dinamitero y que reconozcamos a un paladín de la libertad y el derecho como el portaestandarte del ideario socialista y la vocación totalitaria de una agrupación política. Tal vez la mejor manera de rendir tributo a Hostos es hacer posible que nuestros hijos puedan conocer a Hostos según sus escritos, discursos, conferencias y entrevistas —sin intermediarios ni intérpretes— y no a través de quienes se sirven de su imagen para fines políticos. Rindamos tributo a Hostos.

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Cuba y Puerto Rico, 01/05/15 END

Cuba y Puerto Rico 01/05/15
Hernán Padilla

El Presidente Obama anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU indicando que iniciarían conversaciones para establecer algunos acuerdos mutuos. Esas discusiones no pueden ignorar el reclamo que Cuba sea un país democrático libre de la dictadura que le niega a sus ciudadanos los más fundamentales derechos civiles y humanos.

La Sociedad Interamericana de Prensa reclamó que los “derechos humanos, libertades de expresión y prensa, la liberación de periodistas encarcelados y toda persona presa por su forma de pensar; las garantías “de libertades individuales y sociales, el respeto por la labor del periodista y el derecho del público a la información” deben ser la base para cualquier acuerdo.

Es imprescindible considerar la política pública de Estados Unidos y la Ley de Democracia Cubana de 1992 (Ley Torricelli), que establece “que EEUU buscará una transición pacífica a la democracia en Cuba mediante la aplicación de sanciones al gobierno cubano”.

Como condiciones para que el Congreso considere enmendar las leyes vigentes, el gobierno cubano debe celebrar elecciones libres e imparciales, darle tiempo a la oposición a organizarse, respetar las libertades civiles y los derechos humanos y establecer un sistema económico de libre comercio.

En Puerto Rico el Senado de PR rindió un informe durante 1994 sobre el impacto al turismo cuando ocurriera la apertura de Cuba y en el 2007 Orlando Parga legisló para crear el Instituto Puertorriqueño para la Asistencia Mutua con Cuba Democrática.

Durante a años, el analista Arturo Guzmán le ha advertido al gobierno y los sectores que impulsan la economía puertorriqueña que se prepararan para cuando Cuba se reintegrara como un competidor en el comercio y turismo Caribeño.

La década de mayor crecimiento en la historia económica de PR fue la de 1960-1970 y la razón fundamental fue el retiro de Cuba como factor competitivo regional según explica Arturo Guzmán. Proyectó además, que una vez Cuba se reintegre como competencia regional, si no ha ocurrido un cambio del estatus político-económico de Puerto Rico, la Isla sufrirá un impacto devastador a la maltrecha economía debido al fracaso del ELA.

Guzmán sostiene que aseverar que el ELA-colonial pudiera beneficiarse de la “reapertura” de Cuba es completamente errado. Puerto Rico no es único en el ofrecimiento de productos y servicios a una Cuba post-embargo. Los que creen que PR tendrá ventaja ignoran la competencia de estados de la unión, que tienen el poder político, mejores recursos y costos más bajos; y que hemos perdido la exclusividad de acceso al mercado estadounidense por los tratados de libre comercio con Canadá, Méjico, Panamá y muchos otros.

“Antes del 1959, Cuba era el primer destino turístico del Caribe. El 70% de los visitantes procedía de EEUU, así que la reapertura de Cuba constituirá una irresistible atracción y recuperarían los mercados perdidos, incluyendo los barcos cruceros que añadirían a Cuba en sus itinerarios a expensas de Puerto Rico.

En cualquier reunión, nuestra delegación de EEUU también tiene la obligación de representar a sus Ciudadanos en Puerto Rico. No puede ignorar que los Castro no han escatimado esfuerzos para subvertir nuestro derecho constitucional a convertir a Puerto Rico en estado.

En 1982, cuando fui Representante Alterno de los EEUU, me dirigí a la Asamblea General de la ONU para recordarle a Cuba y sus cómplices que “la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos es un asunto que, como ciudadanos americanos, solo le compete a Puerto Rico y los Estados Unidos.

Le recuerdo al Presidente Obama, que hablando a nombre de los Estados Unidos, expresé que “la intervención internacional afecta ese derecho e introduce un factor foráneo al proceso histórico que transcurre en Puerto Rico. Siempre he sostenido “que somos nosotros los puertorriqueños los que tenemos el derecho y la responsabilidad histórica de decidir nuestro destino político”.

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Estadidad y productividad traerán progreso , END, 12/15/14

Estadidad y productividad traerán progreso

Hernán Padilla
Un estudio ordenado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto del ELA dramatiza la desventaja de la Colonia que nos priva de la plenitud de beneficios que comparten los estados.

Paradójicamente, mientras ese costoso estudio persigue impulsar un plan para allegar más fondos federales, a la vez, el Gobernador y su partido conciben la Isla como una nación separada de EEUU, y entre sus líderes hay quienes proponen un estatus que amenaza la ciudadanía americana. Peor aún, Acevedo Vilá, uno de los encomendados por García Padilla para “definir el ELA”, pretende que los contribuyentes de los estados paguen la deuda pública a cambio de eliminar transferencias federales. Esto, ignorando el rol crucial de esos fondos para sectores de escasos recursos, la infraestructura y el gobierno local.

Gracias a las leyes y política pública promulgados por el Congreso y Ejecutivo, que permiten tratar la Isla como Estado para ciertos fines, muchos puertorriqueños han superado la pobreza, estancamiento y colapso del ELA-colonial. Considerando todas las fuentes de ingreso, el total de fondos federales que ingresa anualmente a PR sobrepasa los $23.5Billones.

En transferencias directas, ello desglosa en: $12.9billones; préstamos, $2.4B; contratos federales, $1B; salarios, $851M; y $6.3B en más de 141 programas (grants) de los cuales participan activamente agencias estatales, municipios, universidades, y organizaciones no gubernamentales que sirven al pueblo puertorriqueño.

Los departamentos federales de Salud, Agricultura y Educación solamente, contribuyen a la Isla $6,414millones anuales. Según el informe, entre las agencias que más fondos reciben se destacan el Departamento de la Familia, la Administración de Seguros de Salud, el Departamento de Salud, Vivienda Pública y la UPR.

Sin las transferencias y subsidios federales PR sería un territorio pobre y hambriento. Basta señalar que el gobierno federal asigna $1.4B para Educación; $1.4Bs para Salud, $800M para Vivienda, y $2.2B para Asistencia Nutricional (PAN) y Mujeres, Infantes y Niños (WIC).

La inferioridad en asignaciones federales del territorio versus los estados es abismal. Por ejemplo, en programas de Salud el promedio nacional es $892.34/persona, mientras que Puerto Rico solo recibe $375.37; en Transportación el promedio/persona es de $216.19, mientras en la Isla es solo $63.33; y para Educación PR recibe $144.76, cuando el promedio nacional/persona es $241.13.

En resumen, más de un 23% del presupuesto consolidado del gobierno proviene de fondos federales. Antes de celebrar la noticia, entérese que la aportación federal para gastos operacionales de los estados es de solo $0.89/persona, versus la friolera de $166.80/persona en PR. Esto es, la colonia le cuesta al gobierno americano 188 veces lo que utilizan 48 estados para gastos operacionales, a costa de dineros perdidos entre ineficiencias y corrupción que nunca llegan a “la gente”.

Evidentemente, el desarrollo económico local está muy rezagado, aún en comparación con los estados más pobres. La ineficiencia, corrupción y falta de paridad del régimen colonial actual impiden que Puerto Rico disfrute los mismos derechos y privilegios de los 50 estados, y obstaculiza un desarrollo económico sostenible basado en la productividad, efectividad y uso óptimo de los recursos.

Como ciudadanos americanos orgullosos de que Puerto Rico sea parte de la Nación, es nuestra responsabilidad continuar reclamando enérgicamente la igualdad en acceso a los recursos que traerá la Estadidad para beneficio de todos, principalmente, para los desempleados, los pobres y la oprimida clase media puertorriqueña.

Entre las opciones constitucionalmente reconocidas, solo la estadidad asegura la estabilidad, clima de inversión, y oportunidades de trabajo que solamente han experimentado en tiempos recientes los territorios admitidos a la Unión. Únicamente la combinación del impulso económico privado combinado con la infusión de fondos federales durante la transición y paridad permanente, garantiza un crecimiento económico conducente a reducir la pobreza, dependencia y ocio que han caracterizado la colonia.

Con la apertura de Cuba, ahora más que nunca, tenemos todavía menos tiempo.

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Viven de recuerdos de promesas; Gran reto para PR, Reproducción de columna–06/10/14

Viven de recuerdos de promesas
Hernán Padilla
Desde hace más de cuatro décadas, la Isla arrastra una crisis económica cada vez más difícil de resolver. Aun así, hay quienes defienden el estatus colonial y claman por tratos, concesiones e incentivos contributivos que solo prolongan la agonía de un malogrado experimento político.

Todavía hay quien asegura que programas como la pasada Sección 936 del IRS rescatará a PR de la crisis económica al que ha suscitado una condición colonial que lo priva de disfrutar igualdad de derechos, oportunidades de progreso y responsabilidades con los cincuenta estados de la Nación.

Desde 1909, particularmente en el 1921, el Congreso ha aprobado estatutos que conceden exenciones contributivas a corporaciones continentales con subsidiarias en los territorios, sobre las ganancias allí generadas y “que no fueran repatriadas a la casa matriz en algún estado”.

Esto, a fin de incentivar la inversión y el desarrollo económico en los territorios, y compensar la desventaja debida a la falta de poderes políticos, paridad en asignación de fondos e incertidumbre sobre su futuro político.

Con la aprobación de la sección 936 en 1976, la exención contributiva federal se extendió a ganancias “repatriadas a los estados de origen” de dichas corporaciones. Esa enmienda incentivó la ubicación en Puerto Rico de “eslabones de producción de bienes de corporaciones transnacionales americanas para mediante la práctica de “transfer pricing” reducir su carga contributiva.

Por ejemplo: una farmacéutica de confección de pastillas anticonceptivas en Carolina le compraba el estrógeno a un laboratorio de la misma empresa en Francia a un precio por debajo del costo, para reportar pérdidas y no pagar impuestos corporativos en Francia. La planta de Carolina las vende a sobreprecio a una empacadora de la misma empresa en NY reportando pérdidas y no paga impuestos federales.

Finalmente, las ganancias generadas en Francia y NY son transferidas a PR, donde están exentas, para luego repatriarlas a la casa matriz continental sin pagar impuestos federales.

El Tesoro federal planteó serias objeciones a estas maniobras contributivas y finalmente abogó por la derogación de las 936, debido al alto costo para el fisco federal de los recaudos no devengados, a cambio de la “creación de muy pocos empleos directos e indirectos en Puerto Rico”.

En resumen, la sección 936 fue un fallido mecanismo compensatorio, claramente demostrado por las altas tasas de desempleo y bajas tasas de participación laboral registradas durante sus 20 años de vigencia. La sección 936 era insostenible ante agudos déficits federales y las perdidas en recaudos del Tesoro federal identificados durante su vigencia.

Arturo Guzmán, consultor sobre desarrollo internacional, sostiene que la década entre el 1960 al 1970 fue la de mayor crecimiento económico para Puerto Rico a consecuencia directa de la revolución Castro-comunista, la eliminación de Cuba como competidor y proveedor de productos y servicios, y la necesidad de reemplazar de inmediato los mercados e industrias de Cuba con instalaciones similares en Puerto Rico.

Debo advertir a los políticos, economistas y planificadores que ninguno ha considerado el impacto económico que representará el regreso de Cuba a la comunidad de países libres.

El PPD solo vive del recuerdo de las promesas del experimento colonial político- económico del 1952, que descansaba en el aislamiento de Cuba y en el programa insostenible de las 936, que fue eliminado por el Congreso y el Presidente Clinton en el 1996. Mientras, la crisis económica se exacerba con la recesión criolla que comenzó en el 2006 bajo el ex gobernador Acevedo Vila, y ahora con la improvisación de la presente administración sin un plan fiscal realista, creíble y sostenible.

Solo la admisión de Puerto Rico como estado puede salvarnos de la presente catástrofe económica y fiscal y ofrecerle los poderes y estatura política para garantizarle el progreso, desarrollo económico y mejor calidad de vida que merecemos los puertorriqueños.

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