Impago de la colonia fracasada, lunes 9 de mayo, 2016

Impago de la colonia fracasada
Hernán Padilla
El analista Mario Ramos comparó a PR con varios estados para destruir la estrategia de los defensores del ELA que describen la colonia, “como el mejor de dos mundos” y “el progreso que se ve”, cuando la realidad es que la economía de PR siempre ha estado muy por debajo del estado más pobre.

La crisis y el impago de $367 millones de la deuda del BGF y $2 billones que tienen que pagar el 1ro de julio son resultado de políticas públicas equivocadas y de gobiernos que dependen de transferencias federales, que conociendo la frágil liquidez no implantaron las reformas necesarias, y la negligencia administrativa e ineficiencia de las corporaciones públicas y la corrupción gubernamental. Según Gustavo Vélez, “la crisis es el resultado del colapso del modelo productivo que estuvo anclado en incentivos contributivos federales”.

Tampoco se ha cumplido con el requisito indispensable del Congreso de someter un estado financiero auditado para proseguir con legislación que provea las herramientas para reestructurar la deuda y crear una Junta federal para supervisar el desgobierno en PR.

Ante la posibilidad de que se extienda el impago, es necesario mantener un diálogo con todo el Pueblo en todos los niveles sociales y económicos; pero la comparecencia televisada del Gobernador fue muy superficial y ausente de información esencial para comprender el propósito y alcance del impago. Elías Gutiérrez sentencia que: “solo ha llevado al gobierno del ELA a enredarse en una guerra política”…

Felicito a Ricardo Cortés Chico por su artículo “La larga agonía del impago”, en que entrevista a los profesores Carlos Ramos y Mario Negrón, y a los economistas Alameda, y Villamil sobre los efectos del impago sobre la economía de la Isla.

Advierten que continuaran las degradaciones en la clasificación crediticia de PR que cerrará las puertas a los inversionistas y afectará los fondos disponibles a los bancos, las cooperativas de ahorro y agencias que dependen de bonos para hacer proyectos importantes y necesarios.

El impago de García Padilla podría causar un decrecimiento de 3% anual en la economía (contracción económica) y un aumento de 30% de desempleo. Miles de puertorriqueños han perdido sus ahorros de retiro en bonos del gobierno y en fondos mutuos en PR. Como consecuencia, las entidades financieras tendrán que tomar medidas más estrictas para prestar dinero a los empresarios y se paralizará la inversión privada.

Además de las 200,000 unidades de viviendas cerradas o abandonadas, surgirán miles más por la migración masiva en busca de empleo y mejor calidad de vida y cada día habrá menos personas que puedan cargar con la desproporcional deuda pública.

Según el Representante Hernández Montañez, “se abrirá una gama de reclamaciones legales” presentadas por los acreedores y complicaciones financieras que podrían terminar con un proceso de sindicatura en el BGF. Pierluisi predice que el impago traerá más inestabilidad e incertidumbre.

La política pública de AGP y su gobierno, incluyendo la “moratoria dictatorial”, han destruido la imagen de PR ante el Congreso. Ni siquiera han cumplido su obligación de someter un Plan Fiscal y presupuesto que demuestren que tienen la intención y la capacidad para sacar a PR de la crisis fiscal. Según Joanisabel González de El Nuevo Dia, el economista Orlando Sotomayor enfatizó que ante la renuencia del liderato local de hacer las reformas necesarias por ser “políticamente costosas”, se espera que vengan “los americanos a resolver el problema”.

La ausencia de poderes políticos nos pone en desventaja cuando el Congreso considera acciones que pueden afectar también a otros estados. Insisto en que tienen que someter los estados financieros auditados, el plan de cinco años, un presupuesto realmente balanceado, una reforma para un desarrollo económico sostenible, y agilizar la solución del estatus de PR para reclamar nuestro derecho a la igualdad constitucional como estado.

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Crisis, deuda, moratoria y estatus, 25 de abril, 2016

Crisis, deuda, moratoria y estatus
Hernán Padilla
El “Speaker” Paul Ryan expresó que el proyecto de ley para establecer una Junta Fiscal Federal es constitucional, impone responsabilidades y trae orden a la restructuración de la deuda. Aun así, existen áreas que requieren enmiendas para lograr apoyo bipartidista del Congreso y en el Senado, donde se percibe oposición bilateral comenzando con Orrin Hatch.

Si el gobierno federal no toma acción para ayudar a levantar la economía de PR será muy difícil crear condiciones para un futuro mejor. El Presidente del Comité a cargo de la Legislación, dijo que si no intervienen ahora con la crisis y la deuda pública de PR, habrá un impago total y que entonces sería necesario “considerar un rescate financiero (bailout)” que no tendría apoyo en el Congreso.
Concurro con el editorial de El Nuevo Día: “Un rechazo del Congreso en crear un organismo con autoridad para supervisar la administración de las finanzas locales y dar paso a la reestructuración de la deuda pública, convertiría en grandes perdedores al pueblo puertorriqueño, a los bonistas y al propio gobierno estadounidense”.

Estoy de acuerdo con otro editorial de ENDI, “Mas allá de la Junta”, que expresa que “Con este instrumento organizador y fiscalizador de las finanzas gubernamentales, PR podrá pagar su deuda, reestructurar su operación gubernamental y revitalizar su actividad económica, de manera que nuevos empleos en el sector privado impulsen el desarrollo económico y social”.

Pierluisi ha insistido en que “La función principal de la junta sea temporal para proporcionar una supervisión general de la política fiscal en PR”, que “de ninguna manera sustituirá a los líderes electos del territorio”, que “provea un mecanismo de reestructuración de la deuda, le proporcione al gobierno un aplazamiento temporal en los litigios y pueda crear un ambiente para las negociaciones voluntarias con los acreedores”.

El economista Gustavo Vélez respalda la Junta Fiscal Federal porque la crisis requiere que “el Congreso provea incentivos y herramientas para rehabilitar la capacidad de crecimiento de la economía local y la atracción de inversión nueva a la isla”.

Si algún gobierno requiere y se merece una Junta de Control Fiscal, es el actual que ha llevado a PR al colapso fiscal, económico y político. El régimen de García Padilla, en vez de crear un mecanismo que nos provea los instrumentos para comenzar a resolver la crisis mediante acuerdos voluntarios con los acreedores, aprobó una ley para una moratoria unilateral y dictatorial del pago de las deudas.

La Junta Editorial del WSJ acusó a García Padilla de amenazar con un impago e imponer una moratoria que tendrá graves consecuencias para PR en los mercados financieros y exhortó al Congreso a usar sus poderes para lograr una reforma fiscal y gubernamental en PR.

Pierluisi declaró que la “Ley de Moratoria” está reñida con nuestra Constitución y nuestras leyes y representa un ejercicio ilegítimo de poder”; Jenniffer González denunció que “le confiere al gobernador poderes totalitarios”; y Elias Gutierrez dijo que “pone en peligro la economía, credibilidad y palabra de PR”.

La crisis fiscal tiene su base en un modelo político que promueve la dependencia, rechaza la igualdad, le niega a PR los poderes, derechos, beneficios y obligaciones de los cincuenta estados, incluyendo la representación proporcional con voto en el Congreso y el voto presidencial. En otro editorial de ENDI, aunque no menciona el triunfo de la estadidad en 2012, enfatiza que “El Congreso tiene que solucionar el estatus”.

A PR le esperan tiempos muy difíciles y las acciones del régimen territorial han convertido el “paraíso en tierra de desesperanza”. Aun así, tenemos la expectativa de que el nuevo gobierno del 2017 cumpla los compromisos, rescate la economía y el crédito de PR, atraiga nuevas inversiones, desarrolle alianzas público privadas, detenga la pérdida poblacional, levante el nivel de vida, y exija la solución del estatus.

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La Junta de Control Fiscal Colonial -columna de Mario Ramos 04/01/16

La Junta de Control Fiscal Colonial

Por Mario Ramos Méndez – hace 6 horas 4:06 am
La sección 101 del proyecto que crea la Junta de Control Fiscal, claramente establece: “Pursuant to article IV, section 3 of the Constitution of the United States, which provides Congress the power to dispose of and make all needful rules and regulations for territories, which include the Commonwealth of Puerto Rico, there is hereby established the Puerto Rico Financial Oversight and Management Board, consisting of members, appointed by the President in accordance with subsection (b)”. Eso es la vuelta al colonialismo más crudo. Volvimos a la Ley Foraker de 1900. En aquella instancia la legislación fue determinada por la situación geopolítica de Puerto Rico y el Caribe. Hoy, por un asunto meramente fiscal del gobierno territorial de Puerto Rico. (Véase Lyman J. Gould, La Ley Foraker: Raíces de la Política Colonial de los Estados Unidos.)

El proyecto original de Ley Foraker contenía la ciudadanía americana, pero dicha cláusula fue eliminada a última hora. Entre las razones que se esgrimieron: los puertorriqueños no nos sabemos gobernar. Los años pasaron hasta que en 1948 tuvimos el derecho a votar por nuestro propio gobernador, y lo hicimos. En 1950 comienza un proceso de vistas públicas en el Congreso para autorizar a los puertorriqueños a adoptar su propia constitución. Sin embargo, quedaron para la historia unas palabras que en vistas públicas vertiera Luis Muñoz Marín y que retratan de cuerpo entero la realidad política de entonces, y la de ahora, sin duda: “Usted sabe, por supuesto, si el Pueblo de Puerto Rico se volviera loco, el Congreso siempre puede moverse y legislar de nuevo. Pero estoy seguro que los puertorriqueños no harán eso. Ello invitaría a crear legislación congresional que les quitara algo que se les otorgó al Pueblo de Puerto Rico como buenos ciudadanos americanos.”

Las palabras de Luis Muñoz Marín serían un anticipo de aquellas tristes palabras que vertiera Rafael Hernández Colón en vistas públicas del Comité del Interior del Senado en 1989: “Las soberanía seguiría estando en el Congreso”.

Con esta demostración de incompetencia gubernamental que las administraciones, mayormente del Partido Popular, han demostrado, el Congreso se ha visto forzado a intervenir y ofrecer una camisa de fuerza con este proyecto de ley para evitar que los gobernantes nuestros no nos hagan más daño. Ante este cuadro histórico el Gobierno Federal ha tenido que aclarar que Puerto Rico es un mero territorio y el Congreso ha reaccionado ejerciendo sus poderes plenarios sobre nosotros. Con ambas acciones el mito y la mentira del ELA han sido destruidos. Falta ahora que el Tribunal Supremo federal también declare que Puerto Rico carece de soberanía.

Es irónico, o tal vez una justicia poética de la historia, que de las tres ramas de gobierno en los Estados Unidos, dos de ellas -el Ejecutivo y el Legislativo-, hayan expresado que Puerto Rico no tiene soberanía. Son expresiones que contradicen las dichas desde 1953 hasta ahora. Es la nueva posición de los Estados Unidos acorde los tiempos. Porque en el marco constitucional americano solo hay tres esferas de soberanía: el Gobierno Federal, el gobierno de los estados, por virtud de la Décima Enmienda y las tribus indias. Estas últimas tienen su gobierno, salvo que la constitución no les exige que sea de forma republicana, como lo exige a los estados.

Lo creado en 1952 fue una autonomía legislada. Lo más parecido a un gobierno municipal. El poder del Congreso sobre el territorio es omnímodo; deriva de la cláusula territorial. Tal vez, en un día aciago, legislarían para que en Puerto Rico el arcoíris solo salga en blanco y negro.

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Tenemos que poner la casa en orden; lunes 28 de marzo, 2016

Tenemos que poner la casa en orden; lunes 28 de marzo, 2016
Hernán Padilla

Antes de las elecciones, recordemos las decisiones fiscales de las administraciones de Calderón y Acevedo entregaron el gobierno en el 2009 con un enorme déficit presupuestario y deudas a millonarias a contratistas y suplidores sin recursos gubernamentales para pagarlas. Las agencias que establecen la clasificación crediticia clasificaron los bonos del gobierno como “chatarra”.

La recesión en PR comenzó bajo Acevedo en el 2006 y en mi columna de enero-2009 presenté un cuadro de “Un Gobierno Insolvente” porque existía un déficit operacional de alrededor de $3,300 millones. Durante una recesión es necesario incentivar la empresa privada para que genere empleos, pero por el contrario el gobierno fracasó con el el IVU, no redujo gastos y aumentó el gigantismo gubernamental.

En el 2009, el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica concluyó que la economía estaba inmersa en una de las peores crisis económicas de la historia de PR. La situación era tan seria que la alternativa de no hacer nada era inaceptable. El ELA estaba quebrado.

La administración Fortuño determinó que la gravedad de la crisis requería acción urgente y valiente. Redujeron los gastos operacionales y la inversión de capital y establecieron alianzas público-privadas. A cambio, el PPD desarrolló una campaña populista basada en promesas falsas. Atacaron el plan de Fortuño y en el 2012 engañaron a los electores.

Posteriormente hemos pagado las consecuencias de esa decisión electoral. Los 39 meses de este cuatrienio han definido un gobierno fracasado ya que no pueden implantar una política pública efectiva para resolver la crisis y estimular progreso. Recientemente un artículo de Joan González informó que las quiebras aumentaron un 13% en febrero del 2016 en comparación con el 2015 y un 9% comparando enero/febrero del 2016 con enero/febrero del 2015.

El Sistema de Retiro de Maestros está al borde del colapso. El Departamento de Ecuación no paga las aportaciones que deben hacer al Sistema de Retiro, porque utilizan esos fondos para gastos operacionales. La UPR, manipulada por el PPD para oponerse a las medidas de austeridad de Fortuño, ahora se encuentra en serias dificultades presupuestarias; y hasta el Consejo General de Estudiantes ha denunciado que la Administración ha otorgado Becas Presidenciales que confirman la cultura de amiguismo y nepotismo.

En solo un fin de semana asesinan a once y sigue aumentando la criminalidad y por falta de recursos la Administración de Tribunales ha ordenado cierres parciales o totales de los tribunales durante el resto del 2016.

Contrario a la parálisis en construcción de nuevas viviendas en PR, a nivel nacional se registra un aumento de 5.2% en febrero. Aquí simultáneamente, se informa de contratistas a quienes la AAA les debe $150 millones desde el 2014.

National Public Radio(NPR) destacó que como consecuencia de los bajos salarios, la emigración de personal de la salud ha tenido un impacto devastador en los hospitales y clínicas. El propio García Padilla, que rechaza a EEUU como su nación, contradictoriamente acepta que bajo la colonia se reciben menos fondos federales y reclama que el Congreso nos trate como un Estado en los programas de salud, incluyendo medidas contra el Zika.

El colonialismo ha fracasado con un gobierno que ha sido incapaz de controlar gastos, evitar el despilfarro, reducir el gigantismo gubernamental y desarrollar la economía. Por primera vez en la historia de PR el Congreso considera imponer una Junta de Control Fiscal con poderes sobre la administración pública que exigirá reducir la nómina, supervisar contratos, obligar a honrar los sistemas de pensiones gubernamentales y reestructurar la deuda.

Mientras no tengamos los poderes políticos y la igualdad ciudadana con todos los derechos constitucionales que solo se logran con la estadidad, tendremos que aceptar la intervención del gobierno federal hasta que un nuevo gobierno ponga la casa en orden.

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Fracasa política económica del ELA, 2016-03-14

Fracasa política económica del ELA, 2016-03-14
Hernán Padilla

Un artículo de “CNN Money”, presentó la imagen de propiedades a la venta o abandonadas que se han convertido en la imagen del impacto de la crisis que afecta a PR y obligado a miles de puertorriqueños a irse en busca de un mejor futuro. Enfatizó que PR ha perdido más del 10% de la población en la última década y que la migración hacia Texas y Florida se ha acelerado desde que el gobierno declaró impago de la deuda en el 2015.

De acuerdo a CNN la situación les recuerda la quiebra de Detroit. Señalan que las ejecuciones de propiedades sobrepasaron el más alto promedio nacional. De acuerdo al artículo, son muy pocos los que quieren comprar viviendas mientras la Isla continúe en una crisis fiscal y un desempleo tan alto.

El gobernador García Padilla tiene la obligación de colaborar con el gobierno federal para encontrar soluciones para la resolver la crisis fiscal y promover un desarrollo económico sostenible, pero ha reaccionado irresponsablemente a la solicitud del Senador Hatch que desde hace un mes solicitó que le sometiera un informe detallado sobre la deuda y las finanzas de PR antes del 1 de marzo.

En vez de cumplir y someter los estados financieros auditados, AGP nuevamente asumió una posición hostil y declaró que “el no responde a ultimátum de nadie”. Hatch insiste que se necesita “información detallada para poder desarrollar una solución que sea fiscalmente responsable”.

Increíble, pues, hasta cierto punto, el senador Hatch solicitó la misma información que todo puertorriqueño tiene derecho a preguntar y recibir una contestación de parte del gobernador.

Ahora, AGP alega que colaborará con el Departamento de Tesoro para la redacción de un proyecto para una Junta de Control Fiscal. Mientras tanto, contempla una moratoria a los pagos del servicio de la deuda y una sindicatura a varias agencias públicas incluyendo el BGF, por no tener liquidez para los pagos de mayo y julio.

Parece que la administración PPD trabajo en un vacio y no le presta atención a los planteamientos del Congreso. El presidente del Subcomité de Investigaciones Financieras de la Cámara, Sean Duffy, alertó que reestructurar la deuda del territorio podría tener un impacto negativo sobre la economía de los estados donde hay tenedores de bonos de Puerto Rico.

Aparte de su inacción, el gobernador presento un mensaje que ha sido criticado como decepcionante por el Comisionado Pierluisi. AGP dedicó a adjudicar culpas en vez de asumir responsabilidad por la política que ha asumido durante los pasados tres años incluyendo ignorar el problema del estatus de PR, uno de los puntales de la crisis fiscal que provoca la emigración en masa.

Para complicar más nuestros problemas, el informe Krueger, contratado por la administración colonial, sugiere que se exima a PR del salario mínimo federal y se perjudiquen los trabajadores puertorriqueños que merecen igual paga por igual trabajo.
Según un amigo empresario: “Si bien es cierto que bajo el estatus territorial nuestra economía nunca será viable—por lo que es imperativo convertirnos en estado—también me he convencido que es igual de importante reformular la operación de nuestro gobierno.

Tenemos que alejarnos de la política económica Keynesiana con la que acumulamos la descomunal deuda que hoy nos agobia a todos. Nuestros líderes hicieron mal uso de esa (desacreditada) política económica bajo el pretexto de que el gobierno tiene que mantener la economía en tiempos difíciles”, y el resultado ha sido un fracaso rotundo”.

Concluyo endosando las palabras del Comisionado: “Como estadista, aspiro a que los ciudadanos americanos en Puerto Rico tengan los mismos derechos y las mismas responsabilidades que los ciudadanos americanos en los estados. El estatus territorial actual priva a Puerto Rico del poder, la dignidad y las herramientas básicas para enfrentar nuestros retos”.

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Crisis en el territorio colonial, 29 de febrero, 2016

Crisis en el territorio colonial
Hernán Padilla
Las noticias sobre la deuda pública de PR nos hacen concluir que la economía de PR atraviesa por una crisis sin precedente y que el gobierno colonial ha sido responsable de llevarnos al borde del precipicio fiscal, económico, social y político.

El éxodo poblacional evidencia que la migración ocurre porque los puertorriqueños perdieron la fe en el futuro. No ven una pronta solución a la crisis y están convencidos de que la incertidumbre del estatus territorial-colonial y las condiciones sociales, la pobreza, el desempleo, trabajos mal pagados, pobre educación, servicios de salud limitados, corrupción gubernamental, deterioro urbano, viviendas abandonadas, y alto costo de la vida le cierran las oportunidades y los motiva a buscar una mejor calidad de vida en los 50 estados.

Nuestros ciudadanos se sienten agobiados por los fracasos de política pública y mala administración de un gobierno que ha perdido la confianza del pueblo. Este gobierno con sus desacertadas acciones y aumentos contributivos ha provocado la pérdida de credibilidad y motivado miles de quiebras, pérdida de empleos y una alarmante reducción de los ingresos del gobierno que agrava aún más la crisis fiscal.

El Comisionado Pierluisi advirtió que si el gobierno cae en impago de la deuda la reputación de PR “se va a ir al piso”, e insistió que es necesario “recuperar la credibilidad de Puerto Rico ante los mercados de capital, reducir el gasto de operación gubernamental y la burocracia que atenta contra nuevos proyectos y la creación de Alianzas Público Privadas”.

La firma de abogados Zamansky LLC especialistas en el campo de valores e inversiones, publicó un artículo en el que predice que si PR no puede reestructurar la deuda se afectarían miles de inversionistas, incluyendo muchos puertorriqueños. Sobre el estado financiero auditado del gobierno correspondiente al año fiscal 2014, advirtió que “es una vergüenza colectiva” que aún no se haya presentado, ya que es fundamental para evaluar la crisis fiscal.

El presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, Orrin Hatch, exigió que hagan públicos los estados financieros auditados y que contesten 47 preguntas críticas sobre el gobierno local, la crisis fiscal y las medidas que han tomado para mitigarla. Incluye los serios problemas de los sistemas públicos de retiro que operan con un déficit actuarial de más de $44 billones; y un desglose de los presupuestos para salud, vivienda y ayuda social, educación y pago de la deuda.

Esta presión los obligó a hacer público un borrador del informe financiero no- auditado. Es peor que admitan que existen “dudas sustanciales” de que varias agencias públicas puedan operar bajo las actuales restricciones fiscales” y que el Secretario de Hacienda dijera que “Si decimos insolvente como la incapacidad para pagar las deudas según se vencen, sí, estamos insolventes.

Luego de múltiples vistas congresionales, la administración Obama auspició una mesa redonda, encabezada por el Secretario del Tesoro, Jacob Lew, sobre la crisis fiscal de PR. Lew recordó que la crisis puede llegar a un punto culminante entre mayo y junio, cuando el gobierno de PR tiene pendiente sobre $2,000 millones en el servicio de la deuda pública y el BGF debe pagar $422 millones de la deuda para el 1ro de mayo. Hacienda confirmó que existe un déficit acumulado de $41 billones y no pagar las deudas a los suplidores del sector privado afectará la economía.

Ante la crisis, resuenan los señalamientos del Comisionado Pierluisi: “El récord demuestra que en PR no hay solo una crisis, sino una serie de crisis interrelacionadas. Existen crisis económicas, fiscales, de liquidez, de deuda, de emigración y de administración pública” y concluye: “la raíz de la crisis fiscal y de deuda pública de PR es su status territorial y la necesidad de atender las “intolerables” disparidades bajo los programas federales.

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Vamos a rescatar a Puerto Rico, END, 15 de febrero, 2016

Rescatar a Puerto Rico
Hernán Padilla

El pueblo de Puerto Rico está preocupado por la crisis económica que lo impacta y por su efecto en las generaciones futuras. El ELA colapsó y sus creadores no saben cómo definirlo y menos cómo resucitarlo. La Isla ha perdido su atractivo para los inversionistas por la sucesión de políticas desacertadas que han paralizado el crecimiento económico. El gobierno y la economía están a la deriva porque la crisis surge del agotamiento del sistema político-económico; aún cuando las transferencias federales representan el 40% del ingreso por persona.

José Delgado publicó un artículo, “Los malabares del PPD”, en el que señala que “la visión tradicional del PPD sobre el ELA, el cual han proclamado como un status único dentro del sistema federal, ha estado impugnada en Washington y ha quedado destruida a nivel político con más contundencia que nunca por el gobierno del presidente Barack Obama”.

El experimento territorial-colonial es uno de los factores que han llevado a la Isla a la quiebra y la situación continúa empeorando. La evidencia abunda: la insolvencia fiscal gubernamental y de la economía; la pobreza que afecta a más del 50% de la población; 40 municipios bajo el nivel federal de pobreza y muchos en insolvencia operacional; y la emigración de sectores productivos.

El Congreso ha celebrado vistas públicas para buscar una solución temporal a la crisis, entre ellas, la creación de una Junta de Control Fiscal Federal. El CNE propone una Ley de Responsabilidad Fiscal. El Lcdo. Andrés Córdova, de la Facultad de Derecho UIAPR, afirma que “PR es un Territorio bajo el Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos sujeto a los poderes plenarios del Congreso; la creación de una Junta…es un ejercicio legitimo de su poder político y el Congreso tendrá que atender…el problema de nuestro status político”.

Concurro con las gestiones del Comisionado Pierluisi para lograr una Junta de Control Fiscal Federal Balanceada que respete la autonomía de PR (como a un estado), tenga poderes para controlar las finanzas y pueda asistir al gobierno a reestructurar el pago de sus obligaciones. Que extiendan la aplicación del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras a las corporaciones públicas, y que cualquier medida de reestructuración obligue la transparencia y publiquen los estados financieros auditados y proceda con reformas gubernamentales esenciales. También insistimos en que se corrijan algunas de las disparidades que sufrimos en programas como el Medicaid y el de créditos contributivos federales.

La fuga poblacional corrobora el colapso del sistema colonial que mantiene a 3.36 millones de ciudadanos americanos en la Isla clamando por un cambio para un mejor futuro bajo un modelo político-económico que estimule el crecimiento de la actividad económica privada que produzca más empleos, mejores salarios y menos dependencia en el estado.

El PPD insiste en un ELA no territorial ni colonial mediante la libre asociación, pero a la vez reconoce que tendrán que suplicarle al Congreso que continúen brindándole a PR ayuda federal y la ciudadanía americana, lo cual es imposible bajo la Constitución de EEUU.

Ante las tendencias separatistas del PPD y el fracaso político y económico del ELA, tenemos que rescatar a PR de la depresión económica e inseguridades de un estatus colonial, inferior y sin futuro. La resolución del estatus es imprescindible para sacar a Puerto Rico de la bancarrota en que nos ha sumido el ELA-colonial.

Urge implantar un plan de desarrollo y recuperación de PR que incluya la resolución del status político. Si no se resuelve definitivamente, será imposible revertir la situación económica.

Por eso, repito mí llamado al pueblo y los líderes estadistas: Los compromisos durante las próximas elecciones deben producir un mandato claro e inquebrantable para resolver la crisis fiscal, económica y política y simultáneamente encaminar a Puerto Rico a convertirse en Estado.

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Primarias presidenciales en PR, lunes 1 de febrero, 2016

Primarias presidenciales en PR
Hernán Padilla

Estados Unidos se rige por una democracia participativa y transparente que propicia transiciones ordenadas durante cambios de gobierno y la mayoría de los ciudadanos americanos en PR nos sentimos orgullosos de nuestra ciudadanía americana.

Aunque el Pueblo le quitó el consentimiento de los gobernados al estatus territorial indebidamente denominado ELA y el 61 % de los electores que votaron favorecieron la estadidad en el plebiscito del 2012, existen líderes del PPD que, contrario a Don Luis Muñoz Marín, ignoran la importancia que tiene nuestra participación en los procesos electorales nacionales y proponen derogar la Ley de Primarias presidenciales en PR, proyectando un mensaje de “separación”.

Olvidan que el pueblo ratificó su compromiso en el Preámbulo de nuestra Constitución: “dentro nuestra unión con los Estados Unidos”. Ignoran que Muñoz se acercó a la Estadidad integrándonos a la política nacional en 1959, respaldando el voto presidencial para PR en vistas congresionales, y apoyando la participación de los puertorriqueños en las primarias de los partidos nacionales. ¡Su último voto fue en la Primaria Presidencial del 1980!

El 1ro de febrero comienza el proceso para seleccionar los candidatos presidenciales. Los ciudadanos de Iowa se reunirán en miles de grupos para comenzar un proceso que finalmente elegirá a los delegados que asistirán a las Convenciones Naciones de cada Partido.

A Iowa le sigue la primaria presidencial de New Hampshire el 9 de febrero. En South Carolina los republicanos votarán el 20 y los demócratas el 27 de febrero; y el 1 de marzo (Super Tuesday) se llevarán a cabo las primarias en 13 estados. Cinco primarias adicionales, incluyendo a Florida, se celebrarán el 15 de marzo.

En PR, las primarias republicanas se llevarán a cabo en “caucus abiertos” en 110 precintos el domingo 6 de marzo. Resalta que el GOP trata a PR como si fuera un estado. Puerto Rico tiene 20 delegados, 20 alternos y tres super-delegados.

La prensa ha informado que “Bush y Carson han sido los dos precandidatos que han endosado abiertamente la estadidad, mientras que Rubio, Trump, Christie y Kasich se han comprometido en hacer lo necesario para que la Isla se convierta en el estado 51 de la nación si los puertorriqueños lo deciden en un referéndum avalado por el Congreso.

Es necesario reconocer que celebramos la primera primaria presidencial el 23 de octubre del 1979 y que participaron 427-mil electores. De acuerdo a Franklin D López, ex Presidente del Partido Demócrata de PR, la primaria presidencial fue el segundo gran paso de avance hacia el envolvimiento y participación democrática de PR en la política nacional y surgió en 1976 luego de que un movimiento estadista demócrata que luchaba por la causa de la igualdad promovió legislación autorizando la primera primaria para seleccionar delegados a las convenciones nacionales demócratas y republicanas.

Ese movimiento estadista sorprendió a RHC y al PPD, y eligieron 9 estadistas demócratas que defendían la candidatura de Jimmy Carter. Con esa fuerza exigieron incluir a PR alfabéticamente en la lista de votación y que se tratara a PR como a un estado en la asignación proporcional de delegados basandose en el número de votantes en las primarias.

Los que apoyamos la integración de PR al proceso democrático electoral de nuestra nación apreciamos que la Constitución de EEUU y la Carta de Derechos sirvieran de modelo e inspiración para redactar la Constitución de Puerto Rico.

Las primarias presidenciales en PR son un instrumento para combatir el déficit democrático bajo el estatus territorial/colonial que nos ha privado de votar directamente para elegir al Presidente y Vicepresidente de EEUU. Son un paso para lograr la verdadera igualdad y el poder político que merece PR. Nadie que verdaderamente crea en nuestra Constitución y sistema de gobierno puede negarle un proceso democrático a nuestro pueblo.

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Decisión Suprema , end, ENERO 18, 2016

Decisión Suprema
Hernán Padilla
La decisión del Tribunal Supremo de PR en el caso de Pueblo vs Sanchez Valle estableciendo que al no ser Estado, PR carece de autoridad soberana separada de la del Gobierno Federal para acusar en los tribunales de PR a una persona que haya sido procesada por ese mismo delito en los tribunales federales, abrió las puertas para que la Corte Suprema de EEUU (SCOTUS) examine los puntales del ELA.

Basado en la preguntas en la “Vista Oral Argumentativa” los Jueces entraron de lleno en el tema del estatus. No debe sorprendernos que revoquen la decisión sobre doble exposición pero sostengan que la Ley de Quiebras Criolla es inconstitucional porque el Congreso es el único que puede tomar acción al amparo de la “doctrina del campo ocupado” por la Ley de Quiebras federal.

Los Jueces consideraron el impacto que la decisión del Tribunal Supremo podría tener sobre el estatus y las relaciones de PR con el gobierno federal, según se resume en el escrito sometido por el Procurador General Verrilli aseverando que la decisión podrá afectar “la legislación y políticas federales relacionadas a PR incluyendo representación congresional, beneficios federales, impuestos federales, quiebras, y otras”.

Verrilli y Nicole Saharsky reconfirmaron que PR sigue siendo un territorio bajo nuestro sistema constitucional”, “no posee soberanía independiente a la de los Estados Unidos y es un territorio sujeto a la autoridad plenaria del Congreso. Las expresiones de Verrilli dejan claro que la Constitución de PR estableció un gobierno propio local y colonial que no alteró el estatus territorial y tuvo que ser sometida al Congreso para su ratificación. El pacto bilateral nunca existió, ni el Congreso cedió su autoridad sobre PR, como lo corroboraron repetidamente Luis Muñoz Marín y Antonio Fernos Isern en el Congreso.

Resulta irónico que el PPD apeló amparándose en el argumento de que somos jurisdicciones separadas e invocando la soberanía que corresponde a los estados y reclamando el poder estatal para defender la doble exposición. Al someterse al Tribunal Supremo, aceptan la supremacía del foro federal.

Es evidente que el Congreso se reservó el derecho exclusivo para determinar cualquier cambio al estatus de PR cuando enmendó la Constitución de PR para disponer que cualquier enmienda debe ser compatible con la Ley Pública 447, las disposiciones aplicables de la Constitución de EEUU y Ley Pública 600.

La opinión y decisión del Tribunal Supremo podría sorprender a los constitucionalistas más eminentes, pero los Jueces deben considerar la evolución constitucional que demanda que el gobierno federal garantice iguales derechos a todos sus ciudadanos. El Juez Federal Gelpí argumentó que aunque PR todavía era un territorio no incorporado de jure, había evolucionado de facto a un territorio incorporado.

PR cumple con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente”, para ser admitido en la Unión. La Ley federal del Gobernador Electo expandió el alcance de la Constitución de los Estados Unidos a los puertorriqueños y estableció que los derechos, privilegios e inmunidades de EEUU se respetarán en PR hasta el mismo grado que si “Puerto Rico fuese un estado de la Unión”.

La Juez Asociada Sandra Day O’Connor opinó que “PR parece ser un estado; posee la autonomía de otros estados (como los poderes y soberanía en transición hacia la estadidad); no es soberano como una nación independiente; tiene una forma de gobierno republicano organizado bajo una Constitución aprobada por su gente; y sus ciudadanos son tan ciudadanos americanos como los ciudadanos de los estados”.

No obstante, siendo PR un territorio no incorporado, la igualdad que garantiza la Constitución Americana no se ha hecho completamente extensiva a los Ciudadanos Americanos en la Isla. Tenemos que concluir que la Constitución federal solo se aplicará en toda su extensión y en condiciones de plena igualdad cuando PR se convierta en Estado de EEUU.

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Mandato 2017: dos prioridades cruciales (reproduccion)

Mandato 2017: dos prioridades cruciales
Hernán Padilla

Las repercusiones de no pagar la deuda pública de Puerto Rico van mucho más allá del fracaso del modelo político-económico de nuestro estatus territorial-colonial.

Sergio Marxuach, Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE) plantea que el endeudamiento público debe ser proporcional a la capacidad de pago y no debe utilizarse para “pagar gastos corrientes o financiar déficits operacionales”. “El problema es que en Puerto Rico hemos incumplido con ambas condiciones durante los últimos quince años”.

Nuestra maltrecha economía y la mala imagen de incapacidad para acometer la crisis que ha creado el gobierno colonial podrían afectar nuestra lucha para lograr las herramientas constitucionales y el poder político que solo se adquieren con la Estadidad, y que son indispensables para encauzar nuestro desarrollo económico.

Desgraciadamente, las expresiones públicas y las malas decisiones políticas y económicas de la administración popular levantan dudas sobre la estabilidad, el compromiso y seriedad para de nuestro pueblo para cumplir con las obligaciones de Puerto Rico y lograr un mejor futuro.

Si bien huelga señalar que apoyo la admisión como Estado lo antes posible, reconozco que es un proceso lento semejante a una carrera con obstáculos. De otra parte, concurro con Annabel Guillen, Directora Ejecutiva de Igualdad Futuro Seguro, en que “el resultado del plebiscito abrió finalmente la puerta, ahora es que realmente comienza la travesía”.

Claramente, la crisis económica no puede atenderse aisladamente. El problema de deuda está intrínsecamente ligado a la indefinición política de un status sin poderes políticos.

El Lcdo. Francisco Rullán tiene razón cuando insiste en que la Estadidad y la igualdad son derechos que no deben estar atados a las deudas del gobierno territorial, ya que la Estadidad ayudaría a solucionar los problemas y falta de crecimiento económico. Rullán advierte que “Ciudadanos Americanos no deben sufrir la falta de derechos civiles por culpa y negligencia de la clase política que administra el territorio”.

El profesor Héctor Ríos Maury opina que no se debe penalizar a millones de ciudadanos americanos condicionando su opción en derecho a trascender el colonialismo. Propone que la lucha por la igualdad, a tono con el federalismo, combine el reclamo de nuestros derechos civiles y constitucionales con la “Estadidad y un Buen Gobierno”.

Según el economista Jaime Benson, el problema de deuda es uno atado a la incapacidad de crecimiento económico, y que la certeza, seguridad y estabilidad que traería consigo la plena igualdad de derechos políticos y ciudadanos, darían fin a la incertidumbre que impide dicho crecimiento. La Estadidad sería la resolución de nuestra relación colonial entre EEUU, que sin duda ha sido la causa principal de la presente crisis económica y social.

La experiencia histórica demuestra que todos los territorios que se han convirtido en estado han mejorado significativamente su situación económica. Con la Estadidad, esas jurisdicciones adquirieron el poder político necesario para atender las necesidades de su ciudadanía.

El Puerto Rico de hoy se parece más al Hawái del 1956 que a la Grecia del 2015. La estadidad provocó en Hawái un aumento poblacional, y con ello un crecimiento del PIB, aumento de la inversión corporativa, el desarrollo de nuevas empresas, y un ingreso per cápita mucho mayor.

Como ciudadanos americanos, la Estadidad es nuestro derecho desde el mismo momento en que nos otorgaron dicha ciudadanía en el19017, y que fue reconocido en 1941 para todo aquel nacido en Puerto Rico. La estadidad es un destino inevitable e irreprimible, así que tenemos que continuar e intensificar la lucha para lograr y garantizar ese mejor futuro para nuestra Isla.

Las próximas elecciones deben ser plebiscitarias, para que el Pueblo extienda al nuevo gobierno un mandato para resolver la crisis fiscal, económica y política y simultáneamente encaminar agresivamente a PR hacia su derecho de convertirse en estado.

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