ELA, el apartheid americano, segunda publicación, 07-17-2018 07-17-2018

ELA, el apartheid Americano; miércoles 29 de abril, 2015
Hernán Padilla
Ante la crisis que atraviesa Puerto Rico luego de más de seis décadas bajo un estatus político-económico fracasado y mientras el Pueblo anhela la resolución del estatus hacia igualdad, resulta imperativo examinar nuestra Ciudadanía y Constitución americanas.

Puerto Rico es el primer territorio al que el Congreso concedió tener su propia Constitución y sistema de “Gobierno Republicano”. El Congreso y el Ejecutivo autorizaron parcialmente a PR poderes que corresponden exclusivamente a territorios encaminados a la admisión como Estados de la Unión.
No es hasta el 2012 que el Pueblo se expresó mayoritariamente en favor de la estadidad en un referéndum, no empece a que los líderes coloniales del PPD aún promulgan efectivamente una interpretación falsa, errónea, partidista y acomodaticia a sus resultados y deliberadamente evaden el reconocimiento de que la Estadidad representa os la culminación del “Gran Experimento Americano” y la igualdad ciudadana.
El movimiento estadista, correctamente, continúa denunciando a nivel local y nacional el que no se ha resuelto el estatus tras ese mandato, mientras otros atribuyen responsabilidad al Congreso por no haber encaminado la admisión, especialmente, cuando los arquitectos del experimento americano rechazaron contundentemente la posibilidad de mantener “territorios coloniales permanentes”.

Como Ciudadanos Americanos, es fundamental comprender la Constitución de EEUU y que ha evolucionado, ampliando la definición de “We the people” para incluir al Pueblo como los verdaderos soberanos de la República y que los poderes del Ejecutivo y del Congreso emanan del Pueblo.
No obstante, siendo PR un territorio no incorporado (incorporado de facto), la Igualdad que garantiza la Constitución Americana en su quinta y decimocuarta enmiendas no se ha hecho completamente extensiva a los Ciudadanos Americanos residentes en la Isla, quienes permanecen excluidos del pleno disfrute de muchos derechos fundamentales.
Mientras, no tengamos el derecho al voto Presidencial, a elegir una representación proporcional y a participar en igualdad en el gobierno federal, y no disfrutemos de todos los derechos, privilegios y responsabilidades, la Nación tiene que reconocer que el estatus actual, las leyes existentes e interpretaciones del Tribunal Supremo de EEUU excluyen injustamente a sus conciudadanos en PR de ser parte integral de “We the People”.
Es sencillamente inaceptable que los conciudadanos de PR vivan bajo un déficit democrático, sin los derechos civiles y constitucionalmente fundamentales que nos corresponderían como Estado.
El Congreso no puede ignorar la evolución constitucional de nuestra Nación, que demanda que el gobierno federal garantice iguales derechos a todos sus Ciudadanos. Insisto que la Enmienda XIV creó una Ciudadanía Nacional y nos convirtió en una Nación de Ciudadanos, que exceptúa a PR, cuyos constituyentes carecen de los mismos derechos por no haber viabilizado la soluciona del estatus y ser admitidos como Estado.
El actual territorio colonial, erróneamente llamado ELA, equivalente a un “apartheid americano”. La Constitución establece el proceso para resolver esta injusticia, representativa de los últimos vestigios del colonialismo. La lucha por la igualdad de derechos, oportunidades, progreso y respeto como Ciudadanos Americanos es una lucha MORAL y constitucional para ser admitidos como Estado y disfrutar del poder natural y político que confiere la plena Ciudadanía Americana.
Cinco millones de puertorriqueños residentes en los 50 Estados ya disfrutan de todos los derechos constitucionales y se han convertido en “We the people”. Para que los ciudadanos americanos en PR logremos lo mismo, el Congreso tiene la obligación de viabilizar la verdadera solución democrática que nosotros nos merecemos: la Estadidad.
Ante la renuencia contumaz del la administración colonial de someter la definición de estatus requerida para un referéndum avalado por el Congreso, procede que tanto el Congreso como el Ejecutivo apoyen el referéndum “Estadidad Si o NO”.
Ya basta de retorica. Exijamos el final de esta imposición política humillante vergonzosa que mancha la gran Nación Americana y les niega la igualdad a los ciudadanos americanos en PR.

Comments

Acabemos con este vestigio colonial, segunda publicación 07-17-2018

Acabemos este vergonzoso vestigio colonial, END, 12/08/14
Hernán Padilla, MD *

A raíz del Tratado de Paris del 1898, España cedió a EEUU a Cuba y Puerto Rico y recibió un pago de $20 millones por las Filipinas. Evidencia de que siempre consideró a Puerto Rico de manera diferente, Estados Unidos le concedió la independencia a Cuba y Filipinas, mientras encaminaba a Puerto Rico hacia la estadidad.
El Acta Foraker estableció los pasos para terminar la ocupación militar creando un gobierno civil, y convirtió a Puerto Rico en la primera posesión “organizada” bajo la bandera americana.

La Corte Suprema definió la relación con las nuevas posesiones. La administración de las posesiones se convirtió en una doctrina conocida como los “Casos Insulares”, la cual evolucionó a lo que el Juez Federal Juan R Torruella denominó como “separados y desiguales” al referirse a los Ciudadanos Americanos en Puerto Rico.

El Acta Jones del 1917 fue un paso crucial para encaminar la Isla hacia un territorio incorporado y convertirse en Estado; otorgó la Ciudadanía Americana a todos los residentes en PR y amplió los podres del gobierno local sobre asuntos internos.

Sin embargo, el propósito de la designación como “territorio no incorporado” fue mantener la Isla como una posesión tal que la Constitución federal aplicase de manera selectiva a sus residentes. En palabras del Juez Jose Cabranes, “the United States acquired not “territories, but possessions or ‘dependencies’ and became in this sense an ‘imperial power’.”

La creación de las Naciones Unidas trajo consigo el compromiso de eliminar el colonialismo que afectaba a más de 750 millones de personas mundialmente. Como consecuencia, el estatus de “territorio no-incorporado” de Puerto Rico, equivalente a una posesión-colonial, se tornó un una situación embarazosa para los Estados Unidos.

Sobre esas bases, el Presidente Truman firmó la Ley del Gobernador Electo– un paso que acercó más a Puerto Rico a la Estadidad– instituyendo que se respetarán “los derechos constitucionales, privilegios e inmunidades de los Ciudadanos Americanos en Puerto Rico como si fuera un Estado de la Unión”.

Posteriormente, el Congreso aprobó la Ley de Relaciones Federales y autorizó a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a crear una Constitución con el aval del Congreso, similar a la de un Estado, que estableciera un gobierno local con el mayor grado de soberanía compatible con la Constitución de Estados Unidos.

La Juez Federal Sandra Day O’Conor opinó sobre la evolución de esta relación dentro del marco constitucional federal: “aunque Puerto Rico no es un Estado de la Unión se asemeja a un Estado dentro de los términos comúnmente aceptados para definir el concepto”. No obstante, hoy día, Puerto Rico aún vive bajo un estatus de “discrimen geográfico”.

La justificación de la Corte Suprema de esta “segregación constitucional” es una anomalía intolerable que contradice la intención de los Fundadores de la Nación de que ningún territorio sería una colonia indefinidamente.

La Constitución actual de Puerto Rico fue un paso positivo hacia instituir un gobierno local similar a un Estado, pero en términos de derechos civiles no cambió el trato de Puerto Rico como un “territorio no-incorporado”. El Juez Asociado William Brennan expresó su descontento con este trato discriminatorio en una “opinión concurrente” que enfatizó lo anacrónico de los “Casos Insulares” y que la Carta de Derechos debía ser aplicable a PR en su totalidad.

En el plebiscito del 2012, con la participación del 81% del electorado, un 54% rechazó el estatus territorial actual, revocando el consentimiento de los gobernados al ELA-colonial, y un 61% favoreció la estadidad.

El Congreso tiene la obligación de culminar el proceso que se inició con el Acta Jones conducente a la estadidad, tomar acción para eliminar este vergonzoso vestigio colonial, dar a Puerto Rico tratamiento de “territorio incorporado” y aprobar la legislación necesaria para su pronta admisión como Estado.

Comments

Territorio colonial sin consentimiento- segunda publicacion, 07-17-2018

82. Territorio-colonial sin consentimiento Lunes 10 de nov. 2014
Hernan Padilla
Los resultados de las recientes elecciones y la composición del nuevo Congreso federal representan un gran reto, a la vez otra oportunidad para el pueblo puertorriqueño de reiterar su reclamo en contra del estatus territorial colonial

Un 69% de los participantes en la encuesta de END expresó un gran pesimismo y entiende que PR va por mal camino. Casi dos terceras partes desaprobaron la gestión del Gobernador, quien es el líder de los defensores de la colonia, y a la vez proponen un ELA soberano, independencia y/o una república independiente-asociada a los Estados Unidos.

Hemos advertido consistentemente que el fracaso del experimento del ELA-colonial es la causal primaria del colapso económico que mantiene a los puertorriqueños en un estado de depresión y promueve la fuga poblacional.
Para rescatarnos de un estatus de inferioridad como ciudadanos americanos, urge resolver el estatus que nos niega los mismos derechos de igualdad, poder político y oportunidades de progreso que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados.

Es necesario trabajar con el Congreso y el Ejecutivo para que admitan que un territorio no incorporado, sin en el consentimiento de los gobernados, ya no tiene cabida en la democracia americana, por lo que es necesario viabilizar un referéndum y proceder a la admisión de PR como Estado.

Mediante el Acta Foraker, Puerto Rico pasó a ser el primer territorio no incorporado bajo los poderes plenipotenciarios del Congreso, sin el consentimiento de los gobernados. Según el artículo del Profesor Gómez citando al Juez Cabranes; “cuando se le concedió en el 1917 la ciudadanía americana a todos los residentes de Puerto Rico tuvo el efecto de perpetuar el estatus colonial”.

El estatus “no incorporado” tenía el propósito de retener los territorios bajo la bandera americana, para que fueran posesiones sin formar parte integral del territorio americano y que la Constitución no aplicase a sus residentes. En palabras de Cabranes “The United States thereby acquired not ‘territories’ but possessions or ‘dependencies’ and became, in that sense, an ‘imperial’ power”.

Después de la Segunda Guerra mundial, EEUU se encontró con la embarazosa situación de que Puerto Rico era una colonia, pues no tenía el consentimiento de los gobernados. Trataron de resolver el problema mediante la Ley 600 que permitió que Puerto Rico creara su propia Constitución con el aval del Congreso, y a adquirir el máximo de autonomía compatible con aquella de los Estados de la Unión.

Ello permitió a los EEUU argumentar en los foros internacionales que ya Puerto Rico no era una Colonia, que su nuevo sistema de Gobierno tenía el consentimiento de los gobernados, y que ya no debía figurar en la lista de territorios coloniales. Sobre esto, el Juez Federal Gustavo Gelpí argumentó que aunque Puerto Rico todavía era un territorio no incorporado de jure, había evolucionado de facto a un territorio incorporado.
Esta interpretación fue valida hasta el Referéndum del 2012, cuando el 54% de los electores rechazaron el estatus territorial colonial. El territorio no incorporado ya no tiene el consentimiento de los gobernados, y prácticamente sitúa nuevamente a Puerto Rico en la lista de territorios coloniales de la ONU.
Citando al Juez Juan Torruellas” Los EEUU deben sentirse avergonzados de negarle igualdad de derechos a cuatro millones de Ciudadanos Americanos…. Si se requiere avergonzarlos para que extiendan igualdad de derechos a los ciudadanos de los Estados Unidos en Puerto Rico, una buena dosis es apropiada”. Mas reciente, el Senador Ron Wyden sentenció que la relación actual de PR con los EEUU como ELA colonial socava la integridad moral de los EEUU ante el mundo.
Ante esa realidad, es nuestra responsabilidad continuar reclamando enérgicamente que el Congreso termine el estatus colonial ofreciéndoles a los ciudadanos americanos de Puerto Rico la opción de incorporarse a la Unión como un Estado federado.

Comments

Discrimen geográfico– segunda publicación 07-17-2018

81. Discrimen geográfico y desigualdad política 13 de octubre, 2014
Hernán Padilla

Ante el debate sobre la ciudadanía americana que abruma el partido colonial, continuamos presentando información irrefutable sobre la historia legislativa del Congreso, cómo se nos concedió la ciudadanía americana y cuál era el compromiso del Congreso y la Rama Ejecutiva con Puerto Rico.

El trabajo del Juez Federal José A Cabranes, publicado en 1979 , es una joya de investigación que valida que la Ciudadanía Americana concedida a los puertorriqueños en 1917 es igual a la ciudadanía de cualquier ciudadano nacido en un Estado, tan pronto un puertorriqueño se muda a un estado.

El profesor, Dr. Manuel Gómez, en un artículo que analiza y reseña el trabajo del Juez Cabranes, concluye que la “desigualdad” es resultado del “discrimen geográfico” contra los ciudadanos estadounidenses residentes en el territorio colonial, denominado “Estado Libre Asociado”.

Dicho “discrimen geográfico” se hace patente en el informe RL30257 del “Congresional Research Service” que sostiene que los ciudadanos nacidos en Puerto Rico son ciudadanos naturales por nacimiento y hasta pueden ser electos Presidente de los Estados Unidos.

Concurro, el discrimen no es contra el ciudadano individual, sino un discrimen geográfico colectivo que nos niega la igualdad de derechos constitucionales y que desaparece con meramente relocalizarse a cualquier Estado.
El proceso de concedernos la ciudadanía americana comenzó aproximadamente 17 años antes de que se aprobara el Acta Jones en febrero del 1917. Según reseña Cabranes, el Senador Foraker presentó legislación para concederle la ciudadanía a los puertorriqueños.

En el Tratado de Paris, las Filipinas y Puerto Rico eran solo “posesiones”. Cabranes sostiene que el Congreso soslayó el término “territorial” de la Constitución, al tratar a los territorios como “posesiones o dependencias” sin compromiso alguno de ciudadanía o anexión.

En el 1916, cuando se decidió que las Filipinas se convertirían en una nación independiente y que Puerto Rico sería tratado como parte de Estados Unidos se nos ofrece la ciudadanía americana a todos los puertorriqueños. Además, Cabranes sostiene que la naturalización colectiva de los puertorriqueños en e1917 marcó un punto culminante en el desarrollo político de Puerto Rico.

Las deliberaciones del Proyecto Jones resaltaron la visión política de la Isla. Luis Muñoz Rivera dijo que aunque prefería la independencia, eso era una cuestión de sentimientos, pero que el pueblo de Puerto Rico aceptaría la Estadidad. “Yet, if you tender statehood now, I, in the name of my people, accept statehood”.

Entiende Cabranes que la propuesta para la ciudadanía fue endosada por Muñoz Rivera, entonces Comisionado Residente, para lograr una “ley más liberal para el gobierno de Puerto Rico”, demostrando nuevamente que su sueño de independencia era solo una “cuestión de sentimientos”.

El Congreso abrió las puertas para que la Isla fuese parte de los EEUU “para siempre”, cuando en el 1917 el destino de nuestro pueblo se convirtió en parte del destino de los Estados Unidos al aceptar voluntariamente la ciudadanía americana.

La ciudadanía no se impuso. Se le ofreció a los 1,200,000 residentes de Puerto Rico y solo 288 la rechazaron. Importante consignar que Muñoz Rivera la endoso, y Luis Muñoz Marín, José de Diego y Pedro Albizu Campos NO la rechazaron.

Así, según Cabranes, se constituyó una ciudadanía de segunda clase sin expectativas de igualdad que perpetúa un estatus colonial. El discrimen geográfico contra Puerto Rico y sus habitantes, y la desigualdad política bajo el ELA- territorial violenta el derecho a la igualdad de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.

Puerto Rico aspira a un futuro mejor sin tener que mudarse a un Estado para disfrutar de todos los derechos constitucionales y civiles que tienen nuestros conciudadanos. Para lograrlo, urge remover los obstáculos que impiden solucionar el estatus dentro del marco constitucional federal para el bien de todos los puertorriqueños, y un futuro lleno de esperanzas para las próximas generaciones.

Adenda

No cabe la menor duda que el discrimen geográfico afecta a todos y cualquier ciudadano de los Estados Unidos que se mude y es residente en Puerto Rico, sin importar dónde haya nacido, sea natural o naturalizado. Para los que nacieron en los cincuenta estados y se mudan a Puerto Rico, hasta cierto punto es “reverse discrimination”. Pierden sus derechos políticos una vez establecen residencia en Puerto Rico.

Comments

Hay que ponerle fin al choque politico, lunes 16 de julio, 2018

lunes, 16 de julio de 2018
Hay que ponerle fin al choque político
Las diferencias entre la Junta de Supervisión Fiscal, el gobierno y la Legislatura amenazan el futuro, la seguridad, la estabilidad y la vida en Puerto Rico. El 30 de junio, la Legislatura aprobó un presupuesto de $8,709 millones y no derogó la Ley 80 que había requerido la Junta como parte de un acuerdo con el gobernador Ricardo Rosselló. Esa misma noche, la Junta revocó el acuerdo y certificó su propio presupuesto para 2018-19, lo que intensificó las diferencias.

Según el plan fiscal certificado, los ingresos proyectados por la Junta son $8,458 millones, $251 millones menos que la proyección de la Asamblea Legislativa.

Entre múltiples cambios y ajustes hechos al presupuesto aprobado por la Legislatura, el presupuesto certificado incluye recortes por $345 millones: cancela los fondos para el bono de Navidad de los empleados públicos, $25 millones de la Universidad de Puerto Rico y $50 millones de los municipios. El Departamento de Educación recibe una asignación para los aumentos salariales pero tendrá un presupuesto menor total por $59 millones. El Departamento de Salud recibe $16.8 millones menos, pero la partida para los CDT se queda igual. Asimismo, se redujo el presupuesto del Departamento de Hacienda, del Cuerpo de Bomberos, la Policía, la Oficina del Gobernador y la Asamblea Legislativa.

Aun así, la Legislatura ni la Junta incluyen fondos para pagar la deuda según dicte la Corte de Quiebras federal. La analista Cate Long criticó que se haya aprobado un presupuesto que parece no tener ningún servicio de la deuda para el año fiscal 2019.

Además, la Junta señala que la Legislatura no incluyó fondos para el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia ($296 millones) que están en el Banco Gubernamental de Fomento; $120 millones para el pago atrasado a la Policía; fondos suficientes para una reserva de $130 millones (asignaron solo $97 millones). Ante estas diferencias, la Junta requiere que el gobierno entregue la proyección trimestral de ingresos y gastos; y retenga 5% de cada asignación hasta el cuarto trimestre, sujeto a la certificación de los ingresos del primer trimestre.

A pesar de que Rosselló dijo que cualquier litigio crearía un ambiente de incertidumbre negativo para Puerto Rico, que respetaba la determinación de la Junta de recortar el presupuesto ante el rechazo del Senado de acatar el acuerdo al que habían llegado para derogar la Ley 80, y que la ley Promesa es bien específica sobre el poder que tiene la Junta con el presupuesto, el gobierno demandó al ente federal en la Corte federal. Basa la demanda en “intentos ilegales de usurpar los poderes políticos y gubernamentales para determinar política pública y política administrativa” y solicita que la jueza Laura Taylor Swain establezca qué presupuesto prevalece.

Simultáneamente, la Legislatura demandó a la Junta en el Tribunal Federal, alegando que usurpó ilegalmente el poder dela Asamblea Legislativa sobre el presupuesto y hacer recortes por no haber derogado la Ley 80. Solicitó un “injunction” contra la implementación del presupuesto de la Junta.

La Junta contestó que “el presupuesto aprobado y certificado por el organismo federal, el pasado 30 de junio, es cónsono con el plan fiscal certificado y con el estatuto federal, y que se defenderá enérgicamente contra cualquier demanda que intente frustrar la ejecución del presupuesto y el plan fiscal”.

Rosselló admitió que la demanda podría implicar un gasto de decenas de millones de dólares al mes en servicios legales, pero aseguró que se trata de la defensa de las prerrogativas del gobierno electo de Puerto Rico. La jueza Taylor Swain aprobó una solicitud del gobierno para acelerar el proceso y que los argumentos de las partes se debatan en una audiencia el 25 de julio.

Hay que ponerle fin al choque de poderes políticos, la quiebra fiscal y la parálisis del desarrollo económico. Es preciso reconocer que la falta de igualdad, la inferioridad política bajo el Estado Libre Asociado colonial y las pobres decisiones de política económica del pasado son las razones principales para que la isla no pueda prosperar y lograr un futuro de progreso y seguridad.

Comments

Hispanos impulsaron la natalidad en Estados Unidos entre 2011 y 2015

Los hispanos impulsaron la natalidad en Estados Unidos entre 2011 y 2015
Dicho grupo representan ahora el 18.1 % del total de la población estadounidense
miércoles, 11 de julio de 2018 – 12:09 PM
Miami – Los hispanos fueron el grupo de población más fecundo en Estados Unidos en el periodo 2011-2015, con una diferencia de hasta 5 puntos respecto a otros grupos, según un estudio sobre natalidad divulgado hoy por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Para realizar el estudio se entrevistó a 11,300 mujeres de 15 a 44 años y a 9.321 hombres de las mismas edades en todo el país.
El 62.1 % de las mujeres y el 49.8 % de los hombres hispanos dijeron haber tenido hijos biológicos entre 2011 y 2015.
Tanto las hispanas como las hispanos llevan la delantera al siguiente grupo de población con más nacimientos en el periodo mencionado, los afroamericanos, que registraron porcentajes de 57.1 % y 46.6 %, cinco puntos y 3.2 puntos menos que los latinos.
Las mujeres blancas y asiáticas que dijeron haber tenido hijos entre 2011 y 2015 fueron un 53 % y un 48.9 % del total de sus respectivos grupos, mientras que los porcentajes para hombres blancos y asiáticos fueron 42.3 % y 35.6 %.
Entre las mujeres en general que dijeron haber tenido hijos, un tercio solo había tenido uno en el momento de la entrevista, cerca de otro tercio tuvo un segundo dentro de los 36 meses del primer nacimiento, y un tercio tuvo un segundo hijo más de 36 meses después del primero.
En promedio, según el estudio, basado en datos de la Encuesta Nacional de Crecimiento Familiar (NSFG, en inglés), las mujeres tuvieron 1.2 hijos biológicos y los hombres 0.9 en 2011-2015.
La encuesta evidenció que, en general, el 85 % de las mujeres de 40 a 44 años había dado a luz durante ese periodo y que el 80.4 % de los hombres en ese mismo rango de edad había tenido un hijo.
El estudio muestra que las personas con mayor nivel de estudios tienen menos hijos y que lo mismo ocurre con las que tienen un mayor nivel de ingresos.
Por ejemplo, el 80.7 % de mujeres que terminaron la secundaria o con un diploma de educación general (GED) alguna vez tuvo un hijo en comparación con el 53.8 % de las mujeres con una licenciatura o estudios superiores.
El 75 % de mujeres con ingresos familiares inferiores al 150 % del nivel de pobreza federal tuvieron un hijo frente al 54 % de aquellos con ingresos del 300 % o más que dicho índice.
Por otro lado, la edad promedio del primer nacimiento fue de 23.1 años para las mujeres y de 25.5 para los hombres.
Entre las mujeres, un 31.2 % de los primeros nacimientos ocurrieron durante la adolescencia y el 54.5 % entre los 20 y los 29 años.
Mientras, entre los hombres, los que fueron padres por primera vez durante la adolescencia representan el 13.8 % del total. El 63.1 % se convirtieron en padres entre los 20 y los 29 años.
Estos datos, señala el informe, mantienen la tendencia marcada en el periodo inmediatamente anterior estudiado, entre 2006 y 2010, en el que también se comprobaban las diferencias en las “tasas de natalidad y el momento del nacimiento” entre hispanos y el resto de las razas y etnias presentes en el país.
Esto ha llevado a que la población hispana en Estados Unidos alcanzase en 2017 los 58.9 millones de personas, lo que significa un crecimiento del 2.17 % respecto al año anterior, según las últimas estimaciones del Censo estadounidense publicadas a finales de junio pasado.
La cifra de 2017 representa un fuerte incremento respecto a los 50.8 millones de 2010, los 35.7 millones de 2000, los 22.6 de 1990 y los 9,6 de 1970.
En términos generales, los latinos representan ahora el 18.1 % del total de la población en EE.UU., principalmente debido al aumento natural, es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones.

Comments

Unidad para resolver el estatus, lunes 2 de Julio 018

lunes, 2 de julio de 2018
Unidad para resolver el estatus
Ante la crisis fiscal, la quiebra del gobierno, falta de igualdad e inferioridad política, urge resolver la indefinición del estatus de Puerto Rico.

El gobernador Ricardo Rosselló reafirmó su compromiso con la descolonización de Puerto Rico. Enfatizó que en los últimos 25 años se han llevado a cabo cuatro consultas de estatus y que en los últimos dos plebiscitos el pueblo rechazó el estatus colonial y reclamó la igualdad de derechos con la estadidad.

El Partido Nuevo Progresista (PNP) rechaza la continuidad de la colonia y reclama la igualdad de derechos que disfrutan nuestros conciudadanos en los 50 estados. Esto solo se logra mediante la admisión de Puerto Rico como estado. La estadidad es el único status político que preserva y garantiza constitucionalmente la ciudadanía americana para la presente y futuras generaciones.

La independencia reteniendo la ciudadanía americana no es y nunca será una opción constitucional para los ciudadanos de EE.UU. residentes en Puerto Rico. Mientras que el gobierno federal ha rechazado la libre asociación por ser otra forma de independencia y una nación independiente. Como tal, pondría en riesgo la continuidad de la ciudadanía americana.

Ante la necesidad de intensificar la búsqueda de soluciones a largo plazo para lograr un desarrollo económico sostenible y brindarle a Puerto Rico la igualdad que merece y reclama y crear las condiciones para no tener que migrar hacia los 50 estados, urge unidad de propósito para resolver el estatus.

Complace que nuestra Comisionada Residente, Jennifer González, presentara una petición formal y un Acta de Admisión, coauspiciado por 37 congresistas, para que el Congreso considere aceptar a Puerto Rico como Estado. Una vez aprobado comienza la cuenta regresiva para lograr plena igualdad y ser estado de la Unión.

De aprobarse sin enmiendas o dilación, el proyecto dispone crear un Comité y un Proceso de Transición que someterá un informe con recomendaciones en o antes de los 270 días de su nombramiento; y que no más tarde del 1 de enero de 2021, el Presidente emitirá una Proclama declarando que Puerto Rico será admitido como Estado.

Reconozco que será muy difícil que el Congreso tome acción en lo que resta del 2018. Aun así, felicito a Jenniffer González por su iniciativa. Su trabajo dejará sentadas las bases para radicar la petición y Acta de Admisión otra vez ante el nuevo Congreso en enero del 2019. La elección congresional en noviembre podría tener un impacto todavía indeterminado. Veremos debates por razones políticas-partidistas entre los miembros del Congreso; y la situación económica y el cumplimiento con la Ley Promesa podrían provocar cambios o enmiendas, pero estoy convencido que vamos por el camino correcto para lograr la estadidad.

Aunque el proyecto establece que cuando se someta el Informe de Transición Puerto Rico deja de ser un territorio no incorporado y se convierte en territorio incorporado, parafacilitar dicho proceso, el Congreso debe reconocer a la isla como un territorio incorporado inmediatamente.

La discusión de la no incorporación vs la incorporación de los territorios lleva muchas décadas, incluyendo las decisiones del Tribunal Supremo federal de Downs vs Bidwell del 1901 y Balzac vs Porto Rico, en 1922, que dictó que Puerto Rico era un territorio no-incorporado y que la Constitución no aplicaba a los territorios en la misma extensión que en los Estados y excluyó a los puertorriqueños —ciudadanos americanos en Puerto Rico— de la igual protección de la Constitución.

En los últimos dos años, Puerto Rico ha estado en la mirilla del Congreso. Las agencias federales, congresistas, jefes de agencias, y hasta el Presidente nos han visitado. La prensa nacional ha mantenido a Puerto Rico en la discusión pública y personas como Benicio del Toro han explicado la desigualdad inherente a la falta de representación del país ante el gobierno federal.

Felicito nuevamente a Jenniffer González por su proyecto y a Ricardo Rosselló por traer el estatus de Puerto Rico a la atención del Presidente Trump, a quien le recordó que “queremos que se valide la voluntad democrática de Puerto Rico convirtiendo al territorio colonial en el estado 51”.

Comments

Admision de un Estado Hispano

Admisión de un estado hispano publicada 05/14//12

Aunque el inglés es el idioma publico-cotidiano en el cual se vive y desarrolla comercial y públicamente un estado federado, la cultura y nuestro vernáculo, de los cuales nos sentimos orgullosos, son rasgos positivos para nuestro ingreso a la Unión. Ya existen varios estados con origen y ancestro hispano (Colorado, Montana, Nuevo México, Arizona, Texas. Florida y California).

En su mensaje de Presupuesto, el Gobernador dijo: “nuestra visión para un futuro de oportunidades para nuestros niños está anclada en el convencimiento de que para poder alcanzar sus sueños es fundamental que dominen perfectamente no sólo las destrezas básicas de matemáticas y ciencias, sino también el español y el inglés. …es un asunto de igualdad de oportunidades para Todos nuestros niños”.

Se comprometió a implantar el abarcador programa “Generación
Bilingüe para lograr que en un plazo de diez años todos y cada uno de los niños que se gradúan de escuela superior en Puerto Rico sean perfectamente bilingües, con pleno dominio de ambos, el español y el inglés”.

Cabe reafirmar que la falta de dominio del inglés perjudica a la juventud puertorriqueña, graduados de escuelas y/o universidades cuando solicitan empleos.

Por otro lado, la Constitución de los Estados Unidos de América provee los mecanismos para que Puerto Rico haga la transición y se convierta en un estado de la unión. La consecución de la estadidad está enmarcada en el proceso político, en el respaldo de los grupos y esferas de poder a nivel local y nacional, en la voluntad del Congreso y del Presidente y en una política pública presidencial respaldando la estadidad.

De estos emana la gran importancia del próximo plebiscito para iniciar finalmente el proceso de activismo político hacia una petición de admisión como estado de la Unión. Si la mayoría en Puerto Rico respalda la estadidad, nada ni nadie podrá impedirlo, aunque podrían intentar retrasarlo.

Una vez la mayoría de los puertorriqueños respalde la estadidad, Puerto Rico debe solicitar su admisión como Estado. Si fuera necesario, Puerto Rico, por su cuenta, elegiría dos Senadores y cinco Congresistas y los enviaría a reclamar sus posiciones como representantes electos por Puerto Rico, para que sean reconocidos oficialmente como miembros de igual rango en el Congreso, tal como lo hizo Tennessee cuando pidió admisión como Estado. Esa estrategia se conoce como el “Plan Tennessee”.

Anticipamos que el proceso conllevará negociaciones sobre las condiciones y periodo de transición que requieran el Congreso y Puerto Rico, pero el Congreso no puede rechazar la estadidad, porque nuestra aspiración constituye el reclamo y la lucha por lograr la igualdad de los derechos civiles de sus conciudadanos americanos en Puerto Rico.

De la misma manera que con otros estados que han ingresado a la unión, el Congreso dentro del marco constitucional podría imponer ciertas condiciones para ingresar, tales como un proceso de transición económica organizado y la enseñanza de inglés en las escuelas públicas (como fue la experiencia en Nuevo México, Arizona y Oklahoma).

Por nuestra parte, como estado, la Constitución le garantizaría a Puerto Rico el poder y la autonomía para el inglés y el español como idiomas oficiales, tal como dicta la Constitución de Puerto Rico. No podemos ignorar que la experiencia de más de un siglo durante el cual nos hemos integrado y somos parte de la cultura americana, nos demuestra que Puerto Rico ha podido mantener su cultura, costumbres, idioma e idiosincrasia bajo la bandera americana.

Puerto Rico ingresaría como estado caribeño-antillano bilingüe a los Estados Unidos para que continúe enriqueciéndose como nación y como pueblo. La Constitución, la bandera mono-estrellada sobre un fondo azul y el himno del Estado de Puerto Rico… “La Borinqueña” de don Manuel Fernández Juncos, continuarían distinguiéndonos como pueblo puertorriqueño.

Comments

Responder al informe del GAO, lunes 18 de junio, 2018

Responder al informe del GAO, lunes 18 de junio, 2018
Hernan Padilla

En 2014, se encomendó al Government Accountabilitty Office (GAO, por sus siglas en inglés) evaluar el efecto que tendría la admisión de Puerto Rico como Estado, y su impacto sobre los gastos e ingresos en el Tesoro federal, así como el efecto que la estadidad tendría sobre la economía y las finanzas públicas estatales.

Los hallazgos reafirmaron que los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico no disfrutan de la igualdad de derechos, oportunidades, beneficios y responsabilidades que sus conciudadanos en los 50 estados.

En abril de 2018, el GAO sometió un nuevo informe: “Puerto Rico, Factors Contributing to the Debt Crisis; Potential Federal Actions to Address Them”. Felicito a Carlos Mercader, director ejecutivo de PRAFA, por su contestación detallada a todos los puntos críticos. Sin embargo, difiero de su defensa de la triple exención de los bonos municipales, que ha sido un factor que promueve una deuda excesiva.

El Gobierno de Puerto Rico reconoce que durante décadas incurrió en prácticas, decisiones de política pública y fracasos que afectaron la condición fiscal y la deuda. El gobernador Ricardo Rosselló ha demostrado su compromiso para corregir esas situaciones, estabilizar las finanzas y encaminar a la isla a una revitalización sostenible. Presentó un plan fiscal y la visión del modelo socioeconómico, pasos para reestructurar la economía y las finanzas públicas, así como múltiples reformas para fortalecer y reconstruir al país.

El GAO debe reconocer que todas las reformas van dirigidas a corregir los factores que contribuyeron a la deuda. Se han tomado acciones específicas para corregir la administración y la falta de supervisión adecuada sobre las finanzas, así como eliminar las prácticas de sobreestimar ingresos y permitir gastar más que los presupuestos autorizados. El gobierno ha establecido políticas para no tomar prestado y balancear el presupuesto; atender las deficiencias de los sistemas de retiros y asignar los fondos para los servicios de salud, entre otros.

También debe reconocer el GAO el impacto que han tenido los factores externos al gobierno que contribuyen a la deuda, especialmente leyes y reglamentos federales y la estructura constitucional y no democrática que se aplica al territorio colonial, una de las raíces de problemas económicos que nos afectan.

Bajo el estatus territorial, el Congreso nos da un trato desigual cuando aprueba leyes y programas. Puerto Rico no cuenta con el mismo respaldo que reciben los gobiernos de los 50 estados.
Hay políticas discriminatorias que inciden en la baja calidad de vida. Son contrarias a los estándares en los estados. Estas condiciones ocurren en un marco de leyes y políticas que discriminan contra los ciudadanos americanos solo por el lugar donde residen. El gobierno federal debe proveer plena igualdad a Puerto Rico.

La manera justa, legal e inexpugnable constitucionalmente para ello es reconocernos como territorio incorporado ahora. La incorporación daría un impulso a los puertorriqueños y a nuestra economía que afincaría el proceso de la admisión como estado con sus consiguientes derechos políticos.

La fuga poblacional se vincula a que miles de ciudadanos que residen en la isla buscan trato igual bajo las leyes y programas federales, y aspiran a tener los mismos derechos constitucionales, voto y representación en el gobierno federal. Miles se mudan en busca de seguridad, servicios de salud, educación, poder del voto e igualdad de derechos ciudadanos.

El Congreso debe actuar para resolver el estatus. Extender la condición inferior, indignante y fracasada será obstáculo para el desarrollo económico, la reconstrucción y la recuperación fiscal y demográfica del país.

El experimento político de seis décadas de subdesarrollo colonial fracasó. Mientras nos mantengan bajo el actual modelo político-económico, la isla seguirá hundiéndose. Urge que cuenten con nosotros en el esfuerzo común de rescatar a Puerto Rico del precipicio fiscal y el colapso social, político y económico. Para comenzar, hay que garantizar a los puertorriqueños en la isla los mismos derechos y oportunidades que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados.

Comments off

Sin reformas, no hay futuro, lunes 4 de junio, 2018

Sin reformas, no hay futuro
Hernán Padilla
Puerto Rico está en quiebra, la deuda es de sobre $70 billones, las pensiones tienen un déficit actuarial de $50 billones, el desarrollo económico se ha paralizado desde el inicio de la depresión del 2006, los huracanes del 2017 destruyeron la infraestructura y se necesitan billones para reconstruir y levantar la Isla. El Congreso aprobó la Ley PROMESA y creó la Junta de Supervisión Fiscal para sacar a PR de la quiebra fiscal y el barranco económico.

El proceso ha requerido nuevos enfoques administrativos y reformas estructurales del gobierno que han provocado choques con el Congreso, Casa Blanca, la JSF, la Legislatura y el Ejecutivo de PR. No existe gobierno perfecto, ni absoluta unanimidad cuando se toman decisiones complejas. Ejemplo: el debate sobre la derogación de la Ley 80. La Junta considera que la Ley 80 interfiere con el desarrollo económico de la Isla.

Rosselló y Carrión llegaron a la conclusión de que es necesario dialogar, rompieron el tranque y presentaron acuerdos. La Ley 80 parece ser un obstáculo, pero la Junta aprobó el nuevo Plan Fiscal sometido por el Gobernador.

La Ley 80 tiene más de cuatro décadas. La misma garantiza que un empleado de la empresa privada despedido sin justa causa luego del periodo probatorio sea compensado con una mesada o indemnización. La Ley actual justifica el despido de un empleado por conducta impropia o desordenada, patrón de trabajo deficiente o negligente, violar reglas repetidamente; así como cierre temporal o parcial, reorganizaciones y reducciones de empleo por parte del patrono

No existe una Ley similar en 49 Estados, excepto en Montana que tiene una ley parecida. En Puerto Rico tenemos muchas otras leyes estatales y federales que protegen a los empleados sin necesidad de la Ley 80. Entre ellas está la Ley 100 que prohíbe el discrimen por raza, color, sexo, origen social o nacional, y afiliación política. También hay leyes para proteger al empleado contra represalias, proteger a las Madres Obreras licencia por maternidad, Jornada de Trabajo y salario mínimo; y entre las leyes federales están: ADA, Equal Employment Opportunity Act, Equal Pay Act y Fair Labor Standards.
La JSF envió un extenso documento a la Legislatura con información sobre la Ley 80, enfatizando que se requieren cuatro reformas adicionales para rescatar a PR del precipicio económico: reforma educativa desde Kinder hasta cuarto año; la permisología para hacer negocios en la Isla; reforma energética; e infraestructura y la inversión de capital

Luego de una serie de reuniones, Rosselló y la JSF anunciaron que acordaron derogar la Ley 80 que aplica a la empresa privada con efectividad en enero, 2019. Será efectiva solo para cesantías que ocurran después del 1 de enero. Rosselló sostuvo que “con este cambio se asegura que no se afecten quinientos mil trabajadores con la eliminación del bono de navidad y la reducción de días por enfermedad y vacaciones”, ni poner en precario los fondos de desarrollo económico, entre otros.

El acuerdo, hecho público y avalado por la Junta, garantiza los $78 millones ya aprobados para este año, y $50 millones anuales para los municipios, $25 millones para becas para la UPR, aumentos salariales para los maestros y comprar libros y materiales para las escuelas públicas.

Igualmente importante ha sido que el acuerdo permite el Nuevo Modelo Contributivo, reducir el impuesto el IVU de alimentos preparados y eliminar el impuesto Business to Business-B2B; una asignación de $345 millones para desarrollo económico; y pagar del presupuesto general el 100% de las pensiones.

Respaldo la política pública de que los incentivos a las empresas deben ser para generar empleos y con beneficios y rendimientos medibles para PR. Con ese propósito, Rosselló sometió un proyecto para un Código de Incentivos para reestructurar el proceso para conceder y fiscalizar los incentivos. El secretario del DDEC, Manuel Laboy proyecta que con la implementación del Código generará ahorros que ayudarán a financiar el nuevo modelo contributivo que reduce las contribuciones a todos los individuos y las corporaciones”

¡Que vengan los cambios! He llegado a la conclusión que sin reformas no hay futuro.

Comments off