Cincuentenario de la fundación del PNP, lunes 14 de agosto

Cincuentenario de la fundación del PNP
Hernán Padilla

Como parte de la celebración del cincuentenario de la fundación del PNP, debemos honrar a los padres del movimiento estadista Dr. José Celso Barbosa y Don Luis A Ferré, fundador del Partido Nuevo Progresista, y examinar algunos de los logros pasados y retos futuros del PNP.

Históricamente el partido Estadista, comenzó con Barbosa, quien expresó: “Aspiramos a convertirnos en otro estado de la unión a fin de poder afianzar el carácter del pueblo puertorriqueño”.

Tuve el honor de conocer a Don Luis durante las Vistas Públicas de la “Comisión de Status”, y compartí con él mientras el Partido Estadista Republicano decidía si participaba en un plebiscito diseñado por el PPD entre el ELA, Estadidad o independencia.

En la Asamblea de delegados de 1967 del PER convocada para imponer el criterio del liderato, Don Luis surgió como el líder indiscutible y el padre del movimiento estadista moderno. Junto a Don Luis, un grupo de nosotros nos dimos a la tarea de fundar “Estadistas Unidos” para representar la estadidad en el Plebiscito.

El resultado del plebiscito fue histórico. El pueblo demostró que había llegado el momento de romper con el pasado y lucha de por la estadidad. Se sentó la pauta para que cada plebiscito incrementara el apoyo a la estadidad y romper el monopolio de un partido colonialista.

Después del plebiscito, se fundó el Partido Nuevo Progresista en una asamblea de Estadistas Unidos en Carolina, el 20 de agosto de 1967. Su compromiso fundamental era lograr la estadidad para alcanzar la igualdad de los ciudadanos americanos residentes en PR y promover el desarrollo económico de PR.

El liderato a nivel local era tan impresionante por su dedicación al compromiso de promover la Estadidad que muchos fueron electos en el 1968. Don Luis fue electo como el primer Gobernador estadista, Jorge Luis Córdova como Comisionado Residente, y entre los alcaldes electos, Carlos Romero Barceló, Julio César (Yuyo) Román-Aguada, Elba Otero Bosco, Guillo Campos, Miguel Hernández, Osvaldo Molina, Santos Rivera, Serafín Meléndez, y Juan H. Cintrón,

Muchos fueron los logros de justicia social de Don Luis y el PNP: entre otros la distribución de parcelas y la concesión de título de propiedad a los “usufructuarios” de parcelas rurales; el bono de navidad para los empleados públicos y posteriormente los de la empresa privada y la enmienda constitucional para reducir la edad de votar a los 18 años.

Se construyeron 300,000 acometidas de agua, 250,000 tomas para alcantarillado y 30,000 unidades de vivienda para los “humildes que serían primero” y lograron aumentar los fondos federales para PR. Construyó carreteras y comenzó el expreso de San Juan a Ponce; y creó la Junta de Calidad Ambiental de PR. El PNP demostró que los estadistas buscamos la justicia social y oportunidades para todos por igual.

Junto a otros líderes estadistas, me honra haber sido electo a la Cámara de Representantes junto a Ángel Viera Martínez (Presidente), Pepe Salichs (VP), Rubén Otero Bosco, y David Urbina entre otros, para hacer realidad el programa de gobierno de Don Luis en ese cuatrienio. Al Senado fueron electos Jesús Hernández Sánchez, Justo Méndez, Sila Nazario, Ángeles Mendoza, Mario Gaztambide, y Héctor Martínez Colon entre otros.

El triunfo de la estadidad con 61% en el plebiscito del 2012 y el 97% de los votos emitidos en 2017 reafirmó el apoyo del pueblo al propósito de Luis Ferré y la razón de ser del PNP. Ahora, el pueblo estadista exige que el PNP trabaje inteligente e intensamente para lograr la estadidad y sacar a PR de la crisis fiscal y económica que afecta nuestro pueblo.

¡Que la celebración del cincuentenario reviva el compromiso del PNP para lograr la admisión de PR como estado y con ella la igualdad a la que aspiran todos los puertorriqueños y ciudadanos americanos residentes en la Isla!

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PROMESA, la estocada final al ELA, lunes 31 de julio, 2017

PROMESA, la estocada final al ELA, lunes 31 de julio, 2017
Hernán Padilla
Ante la celebración del PPD del aniversario de la Constitución de PR y ficticio ELA, y las consecuencias de la creación de la Junta de Supervisión Fiscal Federal sobre las relaciones entre Puerto Rico y los EEUU, quiero destacar informaciones públicas que ameritan ser discutidas con mayor intensidad.

El artículo por Cynthia López (END): “La Junta de Supervisión Fiscal revela dónde está el poder de la colonia” cita las conclusiones de los abogados constitucionalistas Gorrín Peralta, Hiram Meléndez y Cox Alomar.

Sobresale que “el Tribunal Supremo de EEUU en el caso Sánchez Valle consignó la condición territorial de PR”. SCOTUS “concluyó que PR no contaba con soberanía para procesar criminalmente a una persona que había sido juzgada por los mismos delitos en una corte federal, porque “la fuente del poder de PR emana del Congreso”.

Al referirse a la JSF, concluyeron que el Congreso, bajo los poderes plenarios que ostenta bajo la Cláusula Territorial, aprobó la Ley PROMESA que crea una Junta que controla las finanzas públicas del “territorio”. Señalaron que la certificación del presupuesto de PR y posteriormente una versión enmendada confirma la situación colonial de PR.

Gorrín Peralta recalcó que la JSF desenmascaró el estado colonial de PR y “barrió con el mito de que se había creado una soberanía propia que cambió la relación que existía entre PR y EEUU. “PROMESA confirmó que era mentira de que teníamos soberanía y que habíamos dejado de ser un territorio.

Cox Alomar dijo que la JSF destruyó el argumento de que “el ELA sigue vivo” y de que no se podía cambiar el “pacto” o la Constitución sin el consentimiento de los puertorriqueños; confirmando “que no existe una relación bilateral sujeta al consentimiento mutuo de ambas partes”.

Sergio Marxuach, (Centro para una Nueva Economía) opinó durante un foro sobre el “Futuro de la Economía de PR” que “cuando el Congreso aprobó la Ley PROMESA, reconoció que tiene una obligación moral y constitucional de velar y promover el bienestar de los ciudadanos americanos residentes en PR y que le corresponde asegurarse de que PR resuelve la crisis fiscal que afecta todos los sectores en la Isla”.

Marxuach considera que “PR necesita impulsar el crecimiento económico a corto plazo y a la vez implantar una estrategia para un plan de desarrollo económico que promueva el crecimiento a largo alcance, que no se ha logrado por mucho tiempo”.

Aplaudo que el CNE apoye “extender el “Earned Income Tax Credit y el Child Tax Credit” a PR, mantener los programas de seguridad social, aumentar los fondos para educación, infraestructura e investigación”, y la paridad en Medicaid y Medicare”, todo ello conducente a la plena igualdad política.

Concurro con la recomendación del CNE de que el Congreso viabilice un “estímulo” que promueva el crecimiento económico a corto plazo, tal como propuso el Profesor Jaime Benson ante el grupo pro-crecimiento que creó PROMESA. Concurro también con activar una estrategia de desarrollo a largo plazo, que conllevaría resolver el escollo del estatus.

Aunque Marxuach no lo expresa explícitamente, es obvio que el estatus afecta la economía de PR. Evidentemente le han dado la estocada final al ELA, destruyéndose la mentira de lo que representa y el inexistente “pacto bilateral”; y poniendo de manifiesto que “si el Congreso quiere evitar una crisis social severa, serán necesarias ayudas federales para promover el crecimiento económico a corto plazo”, y que se implante un programa de desarrollo económico a largo plazo, eliminando las desventajas impuestas bajo la relación discriminatoria actual.

Para que PR resuelva el problema colonial logrando un desarrollo económico auto-sostenible como el que se ha propuesto, urge acelerar la integración a nuestra nación para lograr la igualdad y todos los beneficios federales hoy día disfrutan nuestros conciudadanos en los 50 estados.

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Verdadero significado del Día de la Constitución, lunes 17 de julio, 2017

Verdadero significado del Día de la Constitución, lunes 17 de julio, 2017
Hernán Padilla
Al PPD solo le queda el recuerdo del pasado; insistir en la mentira del ELA, y celebrar el Día de la Constitución. Muñoz Marín predicaba acertadamente “vergüenza contra dinero”, pero ahora los líderes del PPD practican “dinero contra vergüenza”, y se ven envueltos en las pirámides de corrupción y contratos millonarios a los “amigos del alma’.

En uno de los últimos actos del PPD honrando a Muñoz Rivera, líderes populares dijeron que “sin la ruta y la fuerza autonomista el ELA se muere”, y “si no evoluciona va a desaparecer”. El acto parecía más un velorio que una celebración de su prócer.

El ELA, ha sido un engaño político y la colonia no resiste más. Consistentemente los líderes coloniales se contradicen. Predican “soberanía” bajo una república asociada, pero mendigan trato igual a los cincuenta Estados.

Muñoz Marín aceptó públicamente que la Ley 600 no eliminó el poder del Congreso sobre PR. El Congreso jamás renunció sus poderes plenarios sobre Puerto Rico. Durante la aprobación de la Ley 600, el Comisionado Residente Fernós Isérn declaró que “ HR7674 would not change the status of the island of Puerto Rico relative to the United States… It would not alter the powers of sovereignty acquired by the US over Puerto Rico, under the terms of the Treaty of Paris”.

Ni la Constitución de PR define un cambio político, ni las Leyes del 1950 y 1952 autorizaron “libre asociación” con EEUU. Los Populares se inventaron la “gran mentira” del pacto bilateral y quieren representar la colonia como un territorio autónomo y soberano, ajeno a la Constitución Americana. El “Commonwealth” no implica un status diferente; jurídicamente no existe. La condición crea un “estado de desigualdad” política.

Cox Alomar, ex candidato a Comisionado Residente del PPD, reconoció y confirmó que “estamos sujetos a los poderes plenarios del Congreso no existe relación bilateral sujeta al consentimiento mutuo”, mientras el Alcalde-Miranda de Caguas dijo que: “Todo el mundo sabe que somos una colonia”

Cuando celebramos el Día de la Constitución de PR, reconocemos que la Constitución afirma que: “Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”.

Contrario a lo que alegan los defensores del estatus territorial-colonial, el modelo político y económico actual es un fracaso absoluto. Urge adoptar un nuevo modelo político-económico. Las limitaciones coloniales de nuestra condición subordinada impiden que se apliquen a los ciudadanos americanos de PR los mismos derechos, deberes, privilegios y progreso económico de los otros cincuenta estados.
El entonces gobernador Muñoz Marín, la Asamblea Constituyente, y el pueblo de Puerto Rico aceptaron las condiciones fundamentales impuestas por el Congreso: (1) que incluyese una Carta de Derechos; (2) que crease un gobierno de forma republicana; (3) que estuviese de acuerdo y sujeta a las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos; y (4) que estuviese de acuerdo con la Ley Pública 600.

La intención primordial de estos requisitos fue la de asemejar y hacer viable que PR pudiera convertirse en un Estado. La Constitución de PR cumple con el requisito de ser un territorio organizado políticamente como un estado para poder ser admitido a la Unión.
No cabe duda, la Ley Pública 600, la Constitución de PR viabilizan la transición de Puerto Rico a la estadidad. La comunidad política creada por virtud de la Constitución de PR es como un estado en proceso de admisión.

Los puertorriqueños nos expresamos en favor de la Estadidad. Lo que falta es culminar el proceso de admisión y aprobar la Constitución del Estado de Puerto Rico. La Estadidad garantizará nuestros derechos civiles y constitucionales en un plano de igualdad al resto de nuestra Nación.

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4 de julio y el Estado 51, lunes 3 de julio, 2017

El 4 de julio y el Estado 51. Lunes 3 de julio 2017
Hernán Padilla

El 4 de julio, los ciudadanos americanos de PR afirmamos los principios de la Declaración de independencia de 1776, que estipuló que “todos los hombres son iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables y que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados”.

Reconocemos a los que han sacrificado y sacrifican sus vidas por la democracia que garantiza el disfrute de los derechos y privilegios de esta gran Nación. Entre esos héroes hay miles de puertorriqueños que han servido honorablemente en las Fuerzas Armadas a pesar de carecer de una verdadera igualdad de derechos.

Unos 18.000 boricuas participaron en la Primera Guerra Mundial, 65,034 en la Segunda Guerra Mundial, 61,000 en la Guerra de Corea y 48,000 en Vietnam. En estos conflictos han muerto más de 1,300 puertorriqueños luchando por nuestra nación y la democracia, sin contar los que perecieron en la 2da guerra mundial.

Aunque los puertorriqueños sirven con honor y valentía en las Fuerzas Armadas de EEUU, nuestros militares y veteranos regresan sin poder disfrutar de los derechos civiles fundamentales por los que han luchado: elegir el Comandante en Jefe y Presidente y por una delegación congresional que los represente.

La Ley Federal 81-600 del 3 de 1950 concedió a los puertorriqueños el derecho a redactar una Constitución para gobernar los asuntos internos del gobierno. El 3 de julio de 1952 el Congreso ratificó, con enmiendas unilaterales, la Constitución de PR y la Convención Constituyente aceptó dichas enmiendas sin consultarle al pueblo.

El Congreso no renunció a su supremacía sobre PR y retiene el poder plenario sobre el Territorio. (Harris vs. Rosario, 1980). La Cláusula Territorial y todas las leyes federales son la Ley Suprema en PR (Rodríguez vs. PPD, 1982). Por lo tanto, el Congreso provee las condiciones para la eventual incorporación de un territorio a la Nación. El Artículo IV de la Constitución establece que el Congreso podrá admitir nuevos estados a la unión, tal como en los plebiscitos del 2012 y 2017.

La Estadidad garantiza autonomía local, los poderes de la soberanía estatal, igualdad ciudadana, progreso económico, y devuelve la dignidad al pueblo de Puerto Rico finalizando (de una vez y [por todas) el estado colonial.

Reafirmo mis expresiones como Delegado de EEUU ante la Asamblea General de la ONU en 1982, “Somos nosotros los puertorriqueños y solo nosotros los que tenemos el derecho y la responsabilidad histórica de decidir nuestro estatus político como Estado de los EEUU. La Resolución 748 de 1953 sostiene que cualquier cambio en las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos tomará en cuenta la voluntad del pueblo puertorriqueño y de los Estados Unidos”.

La Resolución 1541 estableció las alternativas de soberanía para que un territorio alcance la plenitud de gobierno propio: (1) Independencia, (2) Independencia con libre asociación a otra nación o (3) integración a otra nación independiente.

Los plebiscitos del 2012 y del 2017 reafirman la voluntad mayoritaria que respalda que PR se convierta en Estado de nuestra nación. En una democracia sólo cuentan los votos de los que participan en el proceso electoral. En el plebiscito del 2012, el 54% rechazó la condición territorial-colonial actual y 61.15% favoreció la estadidad. En el plebiscito del 2017, el 97.18% de los votantes favorecieron la Estadidad.

Hoy celebramos el 4 de julio porque que somos y seremos puertorriqueños y ciudadanos de los Estados Unidos de América. La Ley 600 y la Constitución de 1952 han sido la antesala de la ruta a la estadidad.

Durante décadas nos han considerado como si fuéramos un Estado, incluyéndose en muchos de los programas nacionales. Esa federalización “de jure y de facto” tratando a Puerto Rico como si fuera territorio incorporado es otro paso irreversible hacia la estadidad.

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Reproducción: Estadidad para combatir el discrimen contra la Mujer Puertorriqueña, lunes 11 de mayo

Discrimen contra la Mujer Puertorriqueña, lunes 11 de mayo

Hernán Padilla
El colapso político y económico del ELA acarreará consecuencias adversas para todos los sectores y en particular, la mujer. Según el artículo sobre (Are we there yet?), “un grupo de mujeres profesionales que busca abrir camino a las féminas en el mundo de negocios, erradicar prejuicios y que luchan por la igualdad en espacio laboral” conversaron sobre “el prejuicio contra las mujeres que se ha convertido en el nuevo discrimen del siglo 21”.

Si bien felicito su iniciativa, ese esfuerzo no puede limitarse a la desigualdad en el trabajo y remuneración. Precisa igualmente analizar las condiciones inferiores que adolecen todas las mujeres en PR por carecer de las mismas oportunidades, empleos, salarios y progreso que disfrutan sus con ciudadanas en los 50 Estados.

Respetuosamente sugiero reclamen los derechos constitucionales que hoy se les niegan a todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. La XIX Enmienda de la Constitución de EEUU establece que “el derecho de sufragio de los ciudadanos de los EEUU no será desconocido ni limitado por los EEUU o por Estado alguno por razón de sexo”. No obstante, las mujeres en la Isla permanecen privadas del derecho de votar por el Presidente y elegir una delegación Congresional que las represente.

La organización no partidista “Mujeres de Igualdad”, analizando los derechos de las mujeres en PR, sostiene que nuestra situación colonial las mantiene en una condición de inferioridad y discrimen y que la falta de igualdad política, la inequidad en el trato y la falta de oportunidades violentan sus derechos, es injusto e indignante para la mujer en Puerto Rico.

Durante el Foro “En busca de la Igualdad: Retrato de la Mujer Puertorriqueña”, (marzo 2014), se reportó una población de 1.9 millones de mujeres residentes en PR para un 52% del total; 43% son jefas de familia; y que 6 de cada 10 estudiantes universitarios y 13 de cada 20 graduados de universidades son mujeres.

De las mujeres de 25 años o más que trabajan, miles viven bajo el nivel de pobreza federal. La pobreza es una realidad para el 63% de aquellas sin Escuela Superior, del 38% de las que tienen alguna educación post secundaria o Grado Asociado, y del 14% de aquellas con Bachillerato o más.
Se estima que unas 110,000 mujeres migraron al Continente entre 2010-2014, 52% con edad mediana de 30 años y en la fuerza trabajadora. Se van de la Isla mujeres solteras o con hijos en edad productiva, privandonos de las próximas generaciones indispensables para la continuidad de nuestra sociedad.

En el 2014 Rita Moreno nos recordó cuando ella emigró en busca de mejores oportunidades. Rita es un maravilloso ejemplo de superación y de cómo la desigualdad conduce a una despoblación cada vez mayor de PR. Como ella, mucha de nuestra gente talentosa y profesional se ve obligada a dejar nuestra Isla en busca de mejores probabilidades de éxito.

Mientras PR continúe bajo el estatus territorial- colonial, el fracaso económico y la falta de igualdad de oportunidades con los estados de la unión continuará motivando que miles de mujeres se unan a los 5 millones que ya residen en el continente.

Las mujeres puertorriqueñas llevan una carga desproporcionada de injusticia e inequidad. Les afecta la falta de acceso a servicios de salud adecuados; mejor educación para sus hijos; desigualdad en el trabajo y una remuneración inferior a los estándares nacionales y en comparación con la de los hombres en Puerto Rico.

Exhorto a las mujeres ciudadanas americanas residentes en PR a que reclamen el derecho a la igualdad que ellas y su familia merecen; derecho que solo se garantiza con la estadidad para Puerto Rico. Ese reclamo también es nuestra responsabilidad porque lograr la igualdad para la mujer y la familia es una lucha de todos.

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No seremos una carga, reproducción, del 8 de junio, 2012

28. No seremos una carga 6/10/12
Hernan padilla

Es nuestra obligación corregir la desinformación existente y orientar a los que piensan que el Congreso no admitirá a Puerto Rico como un Estado por nuestra dependencia económica

El estancamiento económico, desempleo y pobreza del fracasado modelo político-económico del ELA causado por una condición de indefinición política tiene un enorme costo social para Puerto Rico y un impacto al fisco federal $22 billones anualmente.

Puerto Rico NO sería una carga económica que impida la estadidad. Para los que equivocadamente creen que admitir a Puerto Rico como Estado tendría un costo muy alto para el tesoro federal, les señalo que un estudio preliminar sugiere que el impacto dependería si la admisión de Puerto Rico es inmediata o si es un proceso con un periodo de transición.

Si adoptamos un periodo de transición de diez años para incorporarnos como estado, el impacto al tesoro federal sería $295 millones durante el primer año y seriamos menos dependientes de los fondos federales a medida que creciera la economía.

No es cierto que no aportemos al fisco federal. Nuestra Isla paga contribuciones federales y contribuciones corporativas y los ciudadanos residentes en Puerto Rico aportan directamente al Seguro Social, Medicare y Seguro por Desempleo, entre otras.

Desde 1990 al 2009 Puerto Rico pagó $73.7 billones al Servicio de Rentas Internas federal. En el 2010, pagó $4,349 millones al Gobierno federal por servicios recibidos, como el pasaporte, aportaciones a Medicare, a los sistemas de seguridad social, primas al seguro de vida por servicio nacional, al sistema federal de retiro y al seguro Social. Las industrias pagaron $98 millones, incluyendo aportación al seguro por desempleo, aportación patronal a sistemas de seguridad social, sistema federal de retiro, Seguro Social y seguro de salud y vida.

Bajo las leyes actuales, Puerto Rico aporta $2,528.4 millones al Seguro Social y $449.1 millones a Medicare. Aunque estos seguros proveen beneficios por $6,829 millones y $2,509.9 millones respectivamente, no recibimos los mismos beneficios a que tienen derecho todos los ciudadanos americanos.

Estados Unidos es nuestro mejor socio comercial. Ciudadanos, empresas y negocios en Puerto Rico importan del resto de la Nación Americana $25,000 millones en productos y servicios anualmente, mientras que exportamos $30,000 millones hacia los cincuenta estados, principalmente productos químicos y farmacéuticos que son de gran importancia en toda la nación.

Nuestra relación comercial beneficia miles de negocios, empresas y corporaciones en Puerto Rico y en los cincuenta estados. Se estima que el comercio interestatal de productos, servicios y actividad económica genera más de un millón de empleos directos e indirectos en toda la nación, incluyendo a Puerto Rico.

Más allá de las consideraciones económicas, es importante resaltar la aportación de los puertorriqueños en todos los ámbitos. Desde el 1917, miles de soldados puertorriqueños han luchado por los mismos ideales de libertad y democracia como miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Aunque ya no existen grandes bases militares, Puerto Rico continúa brindando una importante plataforma para la defensa y la seguridad nacional.

Jueces boricuas han servido y sirven en los Tribunales Federales de los Estados Unidos representan al pueblo puertorriqueño. Un ejemplo es Sonia Sotomayor, la primera mujer hispana en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Con orgullo nuestra juventud aporta sus talentos a nivel nacional.
La Universidad de Puerto Rico, en particular los recintos de Ciencias Medicas y Mayagüez (RUM), gradúa cientos de profesionales que se desplazan por la nación para brindar servicios necesarios y especializados en medicina, enfermería e ingeniería.

Ante la realidad de que el ELA y la propuesta republica asociada no son ni serán la mejor solución política y económica, admitir a Puerto Rico como Estado será beneficioso para el pueblo puertorriqueño y el pueblo americano en general.

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Apremiante una nueva Ley Universitaria, lunes 22 de mayo, 2017

http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/apremianteunanuevaleyuniversitaria-columna-2322988/#

PR requiere nueva Ley Universitaria
Hernán Padilla
El cierre de la UPR desde hace casi dos meses viola el derecho de sus estudiantes a estudiar y el de los Profesores a educar. Las marchas violentas, la destrucción de propiedad pública y privada y la interrupción ilegal de los trabajos de la Junta de Gobierno de la UPR han desvirtuado la función y la misión de la UPR.

El Perfil Universitario publicado por el Consejo de Educación Superior reveló que la UPR y todos sus recintos han perdido matrícula comparado con las instituciones privadas. En el 2015 el total de estudiantes matriculados a nivel superior fue de 233,070; pero el número de estudiantes matriculados en las instituciones públicas se redujo a 65,204 en el 2015-16; mientras que la matricula en instituciones privadas aumentó a 167, 866 en el 2015-16, cuando reflejaron un aumentó a 75% del total de estudiantes matriculados en el 2010.

El número de egresados de la UPR se redujo de 11,775 en el 2001 a 9,815 en el 2015-16, mientras que en las instituciones privadas aumentó el número de egresados de14,992 en el 2001 a 40, 640 en el 2015. La inseguridad e inestabilidad provocada por la violencia y política radical destruyen la UPR y han provocado que miles de estudiantes prefieran las instituciones privadas o estudiar fuera de PR. Para el 2017-18 se proyecta un reducción de 17% de nuevos estudiantes matriculados en la UPR y 27% menos en RP.

En el 2010, durante la administración Fortuño, estudiantes irrumpieron de forma violenta en una reunión de la Junta de Síndicos con la entonces presidenta Lcda. Ygrí Rivera. Al igual que ocurrió hace unos días, entonces, restringieron la libertad de las personas reunidas exigiendo que se comprometieran con sus reclamos. Días más tarde, estudiantes restringieron la libertad de la Rectora Guadalupe y la agredieron. Aunque los responsables se procesaron judicialmente y fueron expulsados, en el 2013, la administración García Padilla los perdonó y hasta los recompensó con cargos importantes en su gobierno.

El pasado 27 de abril, los miembros de la Junta de Gobierno fueron rodeados, amenazados, coartados en su libertad y coaccionados a firmar un documento. Como señaló el Dr. José Saldaña, ex presidente de la UPR, “para todos los efectos los tenían secuestrados”.

Ante el paro ilegal actual, seis estudiantes demandaron a la UPR para que cumpliera con su deber de abrir los portones. Así lo ordenó el Tribunal obligando a la Rectora Interina a garantizar que no más tarde del 11 de mayo, se reanudaran las clases, y se permitiera el libre y seguro tránsito por el recinto. Aún así no se ha cumplido con la orden y el Tribunal impuso una multa de $5,000 mas $1,000/diarios a la Administración de la UPR por desacato.

El Profesor José Garriga Picó, abogado y doctor en Ciencia Política detalló certeramente cómo el día que se incumplió con el Tribunal, perdieron Puerto Rico, la Universidad, los estudiantes que desean estudiar, los profesores que quieren educar, el sistema judicial y el pueblo respetuoso de las leyes.

Por su parte, el Profesor Héctor Ríos Maury resaltó que “la UPR ha perdido competitividad y que los grupos que lideran la ocupación ilegal convierten la institución en una entidad aislada y basada en un modelo filosóficamente medieval, gremialista, burócrata y con una ideología incompatible con la visión de progreso tecnológico y científico”.

¡Esto no aguanta más! Me uno al Dr. Garriga Picó y a los que claman por una reforma y una nueva Ley Universitaria basada en la realidad económica que vive PR; que le devuelva la UPR a los estudiantes que quieren educarse y promueva los valores cívicos de la democracia; y que e convierta en un activo para el desarrollo económico, social, científico, cultural y moral que necesita Puerto Rico.

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Las protestas políticas que destruyen la Isla, Lunes 8 de mayo, END

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lunes, 8 de mayo de 2017
Las protestas políticas que destruyen la Isla en un momento crucial
El mito del Estado Libre Asociado (ELA colonial) es la causa principal de los problemas que afectan a Puerto Rico, pero mientras se buscan soluciones a la crisis fiscal, el Partido Popular Democrático (PPD) se dedica a boicotear el plebiscito y a promover marchas políticas en contra de un plan fiscal coherente para rescatar a Puerto Rico.

Los que protestan por los recortes deben considerar que la crisis afecta todos los sectores, agencias, corporaciones públicas y privadas, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y a toda la ciudadanía, incluyendo las pensiones de miles de retirados y los servicios de salud de las personas de escasos recursos.

En respuesta a los senadores Thomas Tillis y Tom Cotton, que insistían en pagar la deuda primero, José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), les señaló que enmendar el Plan Fiscal para acomodar pagos mayores a $800 millones anuales para el servicio de la deuda no es posible sin comprometer los objetivos a largo plazo de estabilizar las finanzas públicas para acceder de nuevo a los mercados de capital.

Carrión insistió en que es necesario asegurar que la economía vuelva a crecer. Un aumento en el servicio a la deuda requeriría imponer mayores recortes y recaudos a los que contiene el Plan Fiscal certificado. La JSF peticionó al Congreso que adopte las recomendaciones para el crecimiento económico del Grupo de Trabajo Congresional y que trate a Puerto Rico con mayor equidad respecto a los programas de Medicaid y Medicare.

Las reservas para el pago de pensiones de retiro gubernamental se agotarán este verano. La insuficiencia proyectada de $48 mil millones de los sistemas de retiro obliga a recortar los pagos de pensiones de más de $2,000 de forma progresiva y a asignar $989 millones del fondo general anualmente para sufragar los beneficios de los pensionados por la próxima década.

Tampoco pueden ignorar que los $6.4 mil millones en fondos de (Obamacare) se agotarán a finales del 2017, y que el Congreso solo asignó $296 millones por lo que el Gobierno local tendrá que asumir cerca de $600 millones anuales a partir de enero de 2018 o enfrentar una crisis que afectaría a miles de personas sin cubierta de salud.

Para salir del precipicio ha sido necesario usar la vía judicial para lograr reducir el principal como a la mitad del valor total de la deuda. Los bonistas rechazaron las propuestas del gobierno y comenzaron a radicar demandas en la Corte federal; y Puerto Rico, ante los problemas de liquidez e insolvencia, tuvo que acogerse a la protección judicial (quiebra) bajo el Título III de la ley federal PROMESA para resolver la reestructuración de la deuda, mantener servicios esenciales y el pago de nómina y suplidores.

Nos espera un largo litigio aunque los tribunales podrán imponer una reducción del principal. Si se logra reducir la deuda, los ahorros se podrían utilizar para financiar proyectos de infraestructura que propicien crecimiento y desarrollo económico. Ese logro, más los $4.5 mil millones proyectados en el Plan Fiscal para proyectos críticos de infraestructura a través de alianzas público-privadas serán la base para estabilizar nuestras finanzas.

Mientras tanto, el presidente del PPD declaró que “llevan años en una pelea ideológica” internamente. Lejos de unirse para buscar soluciones, celebraron una asamblea para confirmar un boicot plebiscitario ya que su meta es detener la estadidad y salvarse de una derrota en el plebiscito.

El PPD incumplió con los requisitos del Congreso de someter la definición de su fórmula política para que fuera certificada por el Departamento de Justicia federal para celebrar un plebiscito. Ahora protestan porque se aprobó un proyecto de plebiscito que incluye la estadidad, independencia/libre asociación y el estatus territorial vigente.

Los que promueven las “protestas destructivas”, rehúyen la realidad de la crisis fiscal que afecta la estabilidad económica y el futuro de Puerto Rico. Es hora que dejen a un lado esa estrategia populista y demagógica. Si su propósito es imponer su criterio ideológico, háganlo de frente y sin impedir los esfuerzos para resolver la crisis fiscal.

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Golpe congresional a la salud de PR, viernes 5 de mayo, 2017

Golpe congresional a la salud de la Isla
viernes, 5 de mayo de 2017

Hernan Padilla

La aprobación en la Cámara baja federal del proyecto para eliminar y remplazar la Ley del Affordable Care Act (ACA u Obamacare) merece consideración por el impacto que podría tener sobre los servicios de salud en Puerto Rico.

El margen de aprobación en la Cámara fue tan apretado que 20 congresistas republicanos votaron en contra y el resultado fue de 217 a 212. En el Senado el Partido Republicano tiene una limitada mayoría de solo 4 votos (52-48) y los 48 demócratas están unidos en contra de la medida. Es probable que los senadores republicanos radiquen su propio proyecto. Además, el proceso legislativo en el Senado es más ponderado y tomaría mucho más tiempo.

No cabe duda de que la Cámara aprobó el proyecto apresuradamente y sin el análisis y los estimados de costo e impacto presupuestario proyectados de la Oficina de Presupuesto el Congreso (CBO, por sus siglas en inglés). Varios senadores ya han expresado que necesitan conocer el informe del CBO antes y las reglas del Senado requieren una puntuación de esa oficina para considerar un proyecto para el proceso de reconciliación.

El primer estimado proyectaba que 24 millones de ciudadanos perderían la cubierta médica en una década. De antemano, se dice que el inciso sobre las condiciones preexistentes tendría un impacto presupuestario considerable y representa otro obstáculo para que se convierta en ley.

Al momento, ya hay senadores republicanos que se oponen a los recortes que proponen a las asignaciones de Medicaid, por el impacto negativo sobre la población de menos recursos y el tratamiento de pacientes adictos a heroína a medicinas recetadas en sus estados. Además, esta medida elimina los subsidios de ACA para pagar el seguro médico, aunque aprueba un crédito contributivo para que compren un seguro.

Los fondos de Medicaid son la gran muralla para que el proyecto se convierta en Ley. El CBO había estimado anteriormente que el anteproyecto engavetado recortaría más de $880 mil millones los fondos de Medicaid en 10 años. Por otro lado, otros senadores consideran que el proyecto dirige las contribuciones que pagan los ciudadanos a las compañías aseguradoras.

En cuanto a Puerto Rico, la situación es mucho más complicada y el impacto de eliminar la ayuda de Medicaid podría ser devastador. Como Puerto Rico no es un estado, “la reforma de salud de Puerto Rico” es financiada, en gran parte, por los fondos del Obamacare, que serían eliminados por este proyecto de ley. La sección 2005 del ‘Act’ destinó a Puerto Rico la cantidad de $5.4 mil millones para “Mi Salud” desde julio de 2011 hasta septiembre 30 de 2019, más $925 millones dados en el 2012, para un total de $6.3 mil millones que se se agotarán a fines de este año.

Recientemente vimos cómo la administración Trump se opuso a asignar los fondos de Medicaid que se agotarán. De $1,200 millones necesarios anualmente, apenas asignaron una partida de $296 millones, dejando un déficit de más de $860 millones para mantener los servicios de salud a las personas de menos recursos en la Isla. Tampoco habrá asignaciones federales para los próximos años fiscales, lo que llevará al sistema de salud de la Isla a una crisis sin precedentes.

De convertirse en ley esta medida, se afectarían cerca de 1.5 millones de puertorriqueños que reciben servicios médicos de Mi Salud, ya que la reforma es financiada, en gran parte, por los fondos de Medicaid. Peor aún, está en peligro el programa de Medicaid que otorga pagos a hospitales que atienden un porcentaje desproporcionado de pacientes de bajos ingresos, las personas mayores, los ciudadanos con incapacidades y posiblemente la reautorización del plan de salud infantil (CHIP).

Queda comprobado que el ELA no tiene los poderes y recursos para superar la crisis que se ha precipitado bajo el fracasado modelo del estatus territorial. Es pues, imperativo, resolver el estatus político para adquirir las prerrogativas que nos brindaría la estadidad para enfrentar muchos de los problemas fiscales y operacionales que menoscaban los servicios de salud a nuestro pueblo.

Desde nuestro punto de vista, lo mejor que le conviene a Puerto Rico en estos momentos es que no se pruebe en el Senado federal este proyecto para eliminar el Obamacare y eliminar los fondos de Medicaid. Mientras tanto, es necesario revisar los planes para otra reforma de salud, teniendo en cuenta que se podrían eliminar los fondos de Medicaid que son la base para los servicios de salud en Puerto Rico.

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Que venga el plebiscito. 24 de abril, 2017

Que venga el plebiscito. 24 de abril, 2017
Hernán Padilla

Llegó el momento de la suprema decisión para resolver el estatus. No cabe duda de que el mito del ELA es la causa principal de los problemas que afectan a PR. La crisis fiscal y la fuga poblacional tienen su base en un modelo político colonial que le niega a PR la misma igualdad garantizada en los Estados.

La incertidumbre sobre su participación en el plebiscito domina al PPD porque no pueden ocultar su preferencia por la independencia y la libre asociación, que algunos denominan “ELA soberano”. El ala soberanista-separatista del PPD, aboga por una “asociación política no colonial ni territorial entre PR y EEUU” bajo un “pacto de libre asociación”, una forma de independencia que no es compatible con la Constitución americana.

El Grupo de Trabajo de Casa Blanca confirmó que el “ELA mejorado/culminado” no tiene cabida bajo la Constitución, que la “libre asociación es una modalidad de independencia”; que un pacto basado en la soberanía nacional de cada país puede ser revocado unilateralmente, que la ciudadanía americana no se garantiza permanentemente y no se confiere a las generaciones sucesivas.

Como estado, PR tendrá una oportunidad determinante para preservar y disfrutar su ciudadanía y la de las futuras generaciones, reclamar la protección plena de garantías constitucionales, derechos civiles, progreso, prosperidad y las oportunidades de desarrollo personal y colectivo en la Isla.

El PPD incumplió con los requisitos del Congreso de celebrar un plebiscito y “resolver” la indefinición del estatus. Ahora piden consenso, pero siguen oponiéndose a la consulta. Engañan a sus seguidores, refiriéndose al ELA actual o a un ELA mejorado, cuando su meta es una “asociación política” entre EEUU y PR”.

Ante esa posición, la administración Rosselló aprobó un proyecto para “realizar un plebiscito y utilizar la Ley Pública 113-76 que asigna fondos federales para resolver el estatus validado por PROMESA. El Secretario de Justicia federal requirió enmendarlo para incluir el territorio como formula, aclarando que el ELA mejorado es inconstitucional, que nuestra ciudadanía es estatutaria y que la libre asociación es la independencia, por lo que no debe confundirse con el ELA mejorado.

El Gobernador Rosselló y la Legislatura enmendaron la Ley del plebiscito para incluir las tres alternativas: Estadidad, Libe Asociación/Independencia y la “condición territorial” vigente.
La Estadidad es la única opción para lograr todos los derechos constitucionales, incluyendo representación congresional y voto presidencial, aplicación de todas las leyes aprobadas por el Congreso en condición de igualdad y eliminar el discrimen que sufren los ciudadanos en PR.

La independencia NO es una opción para PR. La “Libre Asociación” es la independencia completa y absoluta, una asociación política libre y voluntaria acordada entre dos naciones soberanas.

El Estatus Territorial Actual mantendrá a PR bajo los poderes plenarios del Congreso, sujeto a la cláusula territorial. Una condición sin soberanía ni poder alguno, la misma que nos llevó a la pobreza y nos tiene marginados, discriminados y sin podres políticos.

Aunque las cortes federales nos han extendido algunas garantías constitucionales y el Congreso incluye a la Isla en programas federales bajo asignaciones especiales para los territorios, las limitaciones de nuestra condición colonial impiden que se nos apliquen iguales derechos, privilegios y garantías como nos corresponden.

El PPD pretende hacernos creer que la relación territorial-colonial vigente tiene los poderes y recursos para superar la crisis que se ha precipitado bajo este fracasado modelo. La realidad es que, por no ser un estado, no disfrutamos de los programas federales; en condición de igualdad, que benefician a los 50 estados.

No se puede permitir que PR carezca de los instrumentos necesarios para superar la crisis. Es imperativo resolver el estatus político para adquirir las prerrogativas que nos brindaría la Estadidad para enfrentar los problemas fiscales y operacionales que menoscaban los servicios a nuestro pueblo. ¡Que venga el plebiscito!

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