Apremiante una nueva Ley Universitaria, lunes 22 de mayo, 2017

http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/apremianteunanuevaleyuniversitaria-columna-2322988/#

PR requiere nueva Ley Universitaria
Hernán Padilla
El cierre de la UPR desde hace casi dos meses viola el derecho de sus estudiantes a estudiar y el de los Profesores a educar. Las marchas violentas, la destrucción de propiedad pública y privada y la interrupción ilegal de los trabajos de la Junta de Gobierno de la UPR han desvirtuado la función y la misión de la UPR.

El Perfil Universitario publicado por el Consejo de Educación Superior reveló que la UPR y todos sus recintos han perdido matrícula comparado con las instituciones privadas. En el 2015 el total de estudiantes matriculados a nivel superior fue de 233,070; pero el número de estudiantes matriculados en las instituciones públicas se redujo a 65,204 en el 2015-16; mientras que la matricula en instituciones privadas aumentó a 167, 866 en el 2015-16, cuando reflejaron un aumentó a 75% del total de estudiantes matriculados en el 2010.

El número de egresados de la UPR se redujo de 11,775 en el 2001 a 9,815 en el 2015-16, mientras que en las instituciones privadas aumentó el número de egresados de14,992 en el 2001 a 40, 640 en el 2015. La inseguridad e inestabilidad provocada por la violencia y política radical destruyen la UPR y han provocado que miles de estudiantes prefieran las instituciones privadas o estudiar fuera de PR. Para el 2017-18 se proyecta un reducción de 17% de nuevos estudiantes matriculados en la UPR y 27% menos en RP.

En el 2010, durante la administración Fortuño, estudiantes irrumpieron de forma violenta en una reunión de la Junta de Síndicos con la entonces presidenta Lcda. Ygrí Rivera. Al igual que ocurrió hace unos días, entonces, restringieron la libertad de las personas reunidas exigiendo que se comprometieran con sus reclamos. Días más tarde, estudiantes restringieron la libertad de la Rectora Guadalupe y la agredieron. Aunque los responsables se procesaron judicialmente y fueron expulsados, en el 2013, la administración García Padilla los perdonó y hasta los recompensó con cargos importantes en su gobierno.

El pasado 27 de abril, los miembros de la Junta de Gobierno fueron rodeados, amenazados, coartados en su libertad y coaccionados a firmar un documento. Como señaló el Dr. José Saldaña, ex presidente de la UPR, “para todos los efectos los tenían secuestrados”.

Ante el paro ilegal actual, seis estudiantes demandaron a la UPR para que cumpliera con su deber de abrir los portones. Así lo ordenó el Tribunal obligando a la Rectora Interina a garantizar que no más tarde del 11 de mayo, se reanudaran las clases, y se permitiera el libre y seguro tránsito por el recinto. Aún así no se ha cumplido con la orden y el Tribunal impuso una multa de $5,000 mas $1,000/diarios a la Administración de la UPR por desacato.

El Profesor José Garriga Picó, abogado y doctor en Ciencia Política detalló certeramente cómo el día que se incumplió con el Tribunal, perdieron Puerto Rico, la Universidad, los estudiantes que desean estudiar, los profesores que quieren educar, el sistema judicial y el pueblo respetuoso de las leyes.

Por su parte, el Profesor Héctor Ríos Maury resaltó que “la UPR ha perdido competitividad y que los grupos que lideran la ocupación ilegal convierten la institución en una entidad aislada y basada en un modelo filosóficamente medieval, gremialista, burócrata y con una ideología incompatible con la visión de progreso tecnológico y científico”.

¡Esto no aguanta más! Me uno al Dr. Garriga Picó y a los que claman por una reforma y una nueva Ley Universitaria basada en la realidad económica que vive PR; que le devuelva la UPR a los estudiantes que quieren educarse y promueva los valores cívicos de la democracia; y que e convierta en un activo para el desarrollo económico, social, científico, cultural y moral que necesita Puerto Rico.

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Las protestas políticas que destruyen la Isla, Lunes 8 de mayo, END

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lunes, 8 de mayo de 2017
Las protestas políticas que destruyen la Isla en un momento crucial
El mito del Estado Libre Asociado (ELA colonial) es la causa principal de los problemas que afectan a Puerto Rico, pero mientras se buscan soluciones a la crisis fiscal, el Partido Popular Democrático (PPD) se dedica a boicotear el plebiscito y a promover marchas políticas en contra de un plan fiscal coherente para rescatar a Puerto Rico.

Los que protestan por los recortes deben considerar que la crisis afecta todos los sectores, agencias, corporaciones públicas y privadas, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y a toda la ciudadanía, incluyendo las pensiones de miles de retirados y los servicios de salud de las personas de escasos recursos.

En respuesta a los senadores Thomas Tillis y Tom Cotton, que insistían en pagar la deuda primero, José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), les señaló que enmendar el Plan Fiscal para acomodar pagos mayores a $800 millones anuales para el servicio de la deuda no es posible sin comprometer los objetivos a largo plazo de estabilizar las finanzas públicas para acceder de nuevo a los mercados de capital.

Carrión insistió en que es necesario asegurar que la economía vuelva a crecer. Un aumento en el servicio a la deuda requeriría imponer mayores recortes y recaudos a los que contiene el Plan Fiscal certificado. La JSF peticionó al Congreso que adopte las recomendaciones para el crecimiento económico del Grupo de Trabajo Congresional y que trate a Puerto Rico con mayor equidad respecto a los programas de Medicaid y Medicare.

Las reservas para el pago de pensiones de retiro gubernamental se agotarán este verano. La insuficiencia proyectada de $48 mil millones de los sistemas de retiro obliga a recortar los pagos de pensiones de más de $2,000 de forma progresiva y a asignar $989 millones del fondo general anualmente para sufragar los beneficios de los pensionados por la próxima década.

Tampoco pueden ignorar que los $6.4 mil millones en fondos de (Obamacare) se agotarán a finales del 2017, y que el Congreso solo asignó $296 millones por lo que el Gobierno local tendrá que asumir cerca de $600 millones anuales a partir de enero de 2018 o enfrentar una crisis que afectaría a miles de personas sin cubierta de salud.

Para salir del precipicio ha sido necesario usar la vía judicial para lograr reducir el principal como a la mitad del valor total de la deuda. Los bonistas rechazaron las propuestas del gobierno y comenzaron a radicar demandas en la Corte federal; y Puerto Rico, ante los problemas de liquidez e insolvencia, tuvo que acogerse a la protección judicial (quiebra) bajo el Título III de la ley federal PROMESA para resolver la reestructuración de la deuda, mantener servicios esenciales y el pago de nómina y suplidores.

Nos espera un largo litigio aunque los tribunales podrán imponer una reducción del principal. Si se logra reducir la deuda, los ahorros se podrían utilizar para financiar proyectos de infraestructura que propicien crecimiento y desarrollo económico. Ese logro, más los $4.5 mil millones proyectados en el Plan Fiscal para proyectos críticos de infraestructura a través de alianzas público-privadas serán la base para estabilizar nuestras finanzas.

Mientras tanto, el presidente del PPD declaró que “llevan años en una pelea ideológica” internamente. Lejos de unirse para buscar soluciones, celebraron una asamblea para confirmar un boicot plebiscitario ya que su meta es detener la estadidad y salvarse de una derrota en el plebiscito.

El PPD incumplió con los requisitos del Congreso de someter la definición de su fórmula política para que fuera certificada por el Departamento de Justicia federal para celebrar un plebiscito. Ahora protestan porque se aprobó un proyecto de plebiscito que incluye la estadidad, independencia/libre asociación y el estatus territorial vigente.

Los que promueven las “protestas destructivas”, rehúyen la realidad de la crisis fiscal que afecta la estabilidad económica y el futuro de Puerto Rico. Es hora que dejen a un lado esa estrategia populista y demagógica. Si su propósito es imponer su criterio ideológico, háganlo de frente y sin impedir los esfuerzos para resolver la crisis fiscal.

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Golpe congresional a la salud de PR, viernes 5 de mayo, 2017

Golpe congresional a la salud de la Isla
viernes, 5 de mayo de 2017

Hernan Padilla

La aprobación en la Cámara baja federal del proyecto para eliminar y remplazar la Ley del Affordable Care Act (ACA u Obamacare) merece consideración por el impacto que podría tener sobre los servicios de salud en Puerto Rico.

El margen de aprobación en la Cámara fue tan apretado que 20 congresistas republicanos votaron en contra y el resultado fue de 217 a 212. En el Senado el Partido Republicano tiene una limitada mayoría de solo 4 votos (52-48) y los 48 demócratas están unidos en contra de la medida. Es probable que los senadores republicanos radiquen su propio proyecto. Además, el proceso legislativo en el Senado es más ponderado y tomaría mucho más tiempo.

No cabe duda de que la Cámara aprobó el proyecto apresuradamente y sin el análisis y los estimados de costo e impacto presupuestario proyectados de la Oficina de Presupuesto el Congreso (CBO, por sus siglas en inglés). Varios senadores ya han expresado que necesitan conocer el informe del CBO antes y las reglas del Senado requieren una puntuación de esa oficina para considerar un proyecto para el proceso de reconciliación.

El primer estimado proyectaba que 24 millones de ciudadanos perderían la cubierta médica en una década. De antemano, se dice que el inciso sobre las condiciones preexistentes tendría un impacto presupuestario considerable y representa otro obstáculo para que se convierta en ley.

Al momento, ya hay senadores republicanos que se oponen a los recortes que proponen a las asignaciones de Medicaid, por el impacto negativo sobre la población de menos recursos y el tratamiento de pacientes adictos a heroína a medicinas recetadas en sus estados. Además, esta medida elimina los subsidios de ACA para pagar el seguro médico, aunque aprueba un crédito contributivo para que compren un seguro.

Los fondos de Medicaid son la gran muralla para que el proyecto se convierta en Ley. El CBO había estimado anteriormente que el anteproyecto engavetado recortaría más de $880 mil millones los fondos de Medicaid en 10 años. Por otro lado, otros senadores consideran que el proyecto dirige las contribuciones que pagan los ciudadanos a las compañías aseguradoras.

En cuanto a Puerto Rico, la situación es mucho más complicada y el impacto de eliminar la ayuda de Medicaid podría ser devastador. Como Puerto Rico no es un estado, “la reforma de salud de Puerto Rico” es financiada, en gran parte, por los fondos del Obamacare, que serían eliminados por este proyecto de ley. La sección 2005 del ‘Act’ destinó a Puerto Rico la cantidad de $5.4 mil millones para “Mi Salud” desde julio de 2011 hasta septiembre 30 de 2019, más $925 millones dados en el 2012, para un total de $6.3 mil millones que se se agotarán a fines de este año.

Recientemente vimos cómo la administración Trump se opuso a asignar los fondos de Medicaid que se agotarán. De $1,200 millones necesarios anualmente, apenas asignaron una partida de $296 millones, dejando un déficit de más de $860 millones para mantener los servicios de salud a las personas de menos recursos en la Isla. Tampoco habrá asignaciones federales para los próximos años fiscales, lo que llevará al sistema de salud de la Isla a una crisis sin precedentes.

De convertirse en ley esta medida, se afectarían cerca de 1.5 millones de puertorriqueños que reciben servicios médicos de Mi Salud, ya que la reforma es financiada, en gran parte, por los fondos de Medicaid. Peor aún, está en peligro el programa de Medicaid que otorga pagos a hospitales que atienden un porcentaje desproporcionado de pacientes de bajos ingresos, las personas mayores, los ciudadanos con incapacidades y posiblemente la reautorización del plan de salud infantil (CHIP).

Queda comprobado que el ELA no tiene los poderes y recursos para superar la crisis que se ha precipitado bajo el fracasado modelo del estatus territorial. Es pues, imperativo, resolver el estatus político para adquirir las prerrogativas que nos brindaría la estadidad para enfrentar muchos de los problemas fiscales y operacionales que menoscaban los servicios de salud a nuestro pueblo.

Desde nuestro punto de vista, lo mejor que le conviene a Puerto Rico en estos momentos es que no se pruebe en el Senado federal este proyecto para eliminar el Obamacare y eliminar los fondos de Medicaid. Mientras tanto, es necesario revisar los planes para otra reforma de salud, teniendo en cuenta que se podrían eliminar los fondos de Medicaid que son la base para los servicios de salud en Puerto Rico.

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Que venga el plebiscito. 24 de abril, 2017

Que venga el plebiscito. 24 de abril, 2017
Hernán Padilla

Llegó el momento de la suprema decisión para resolver el estatus. No cabe duda de que el mito del ELA es la causa principal de los problemas que afectan a PR. La crisis fiscal y la fuga poblacional tienen su base en un modelo político colonial que le niega a PR la misma igualdad garantizada en los Estados.

La incertidumbre sobre su participación en el plebiscito domina al PPD porque no pueden ocultar su preferencia por la independencia y la libre asociación, que algunos denominan “ELA soberano”. El ala soberanista-separatista del PPD, aboga por una “asociación política no colonial ni territorial entre PR y EEUU” bajo un “pacto de libre asociación”, una forma de independencia que no es compatible con la Constitución americana.

El Grupo de Trabajo de Casa Blanca confirmó que el “ELA mejorado/culminado” no tiene cabida bajo la Constitución, que la “libre asociación es una modalidad de independencia”; que un pacto basado en la soberanía nacional de cada país puede ser revocado unilateralmente, que la ciudadanía americana no se garantiza permanentemente y no se confiere a las generaciones sucesivas.

Como estado, PR tendrá una oportunidad determinante para preservar y disfrutar su ciudadanía y la de las futuras generaciones, reclamar la protección plena de garantías constitucionales, derechos civiles, progreso, prosperidad y las oportunidades de desarrollo personal y colectivo en la Isla.

El PPD incumplió con los requisitos del Congreso de celebrar un plebiscito y “resolver” la indefinición del estatus. Ahora piden consenso, pero siguen oponiéndose a la consulta. Engañan a sus seguidores, refiriéndose al ELA actual o a un ELA mejorado, cuando su meta es una “asociación política” entre EEUU y PR”.

Ante esa posición, la administración Rosselló aprobó un proyecto para “realizar un plebiscito y utilizar la Ley Pública 113-76 que asigna fondos federales para resolver el estatus validado por PROMESA. El Secretario de Justicia federal requirió enmendarlo para incluir el territorio como formula, aclarando que el ELA mejorado es inconstitucional, que nuestra ciudadanía es estatutaria y que la libre asociación es la independencia, por lo que no debe confundirse con el ELA mejorado.

El Gobernador Rosselló y la Legislatura enmendaron la Ley del plebiscito para incluir las tres alternativas: Estadidad, Libe Asociación/Independencia y la “condición territorial” vigente.
La Estadidad es la única opción para lograr todos los derechos constitucionales, incluyendo representación congresional y voto presidencial, aplicación de todas las leyes aprobadas por el Congreso en condición de igualdad y eliminar el discrimen que sufren los ciudadanos en PR.

La independencia NO es una opción para PR. La “Libre Asociación” es la independencia completa y absoluta, una asociación política libre y voluntaria acordada entre dos naciones soberanas.

El Estatus Territorial Actual mantendrá a PR bajo los poderes plenarios del Congreso, sujeto a la cláusula territorial. Una condición sin soberanía ni poder alguno, la misma que nos llevó a la pobreza y nos tiene marginados, discriminados y sin podres políticos.

Aunque las cortes federales nos han extendido algunas garantías constitucionales y el Congreso incluye a la Isla en programas federales bajo asignaciones especiales para los territorios, las limitaciones de nuestra condición colonial impiden que se nos apliquen iguales derechos, privilegios y garantías como nos corresponden.

El PPD pretende hacernos creer que la relación territorial-colonial vigente tiene los poderes y recursos para superar la crisis que se ha precipitado bajo este fracasado modelo. La realidad es que, por no ser un estado, no disfrutamos de los programas federales; en condición de igualdad, que benefician a los 50 estados.

No se puede permitir que PR carezca de los instrumentos necesarios para superar la crisis. Es imperativo resolver el estatus político para adquirir las prerrogativas que nos brindaría la Estadidad para enfrentar los problemas fiscales y operacionales que menoscaban los servicios a nuestro pueblo. ¡Que venga el plebiscito!

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ESTADIDAD O INDEPENDENCIA, lunes 10 de abril, 2017

Estadidad o Independencia

Hernán Padilla
Llegó el momento de la decisión crucial para resolver el estatus de Puerto Rico. El 11 de junio tendremos que decidir si queremos la unión permanente con EEUU o si queremos la independencia con o sin la libre asociación.

La incertidumbre-indefinición sobre la participación en el referéndum domina en PPD. Prefieren votar “NO contra la estadidad” y dañar la papeleta, porque quieren y no pueden ocultar su preferencia por la independencia de la libre asociación, llamada ELA soberano.

El ala soberanista-separatista del PPD, representada por Carmen Yulín aboga por una “asociación política no colonial ni territorial entre PR y EEUU” bajo un “pacto de libre asociación” modalidad de independencia que no es compatible con la Constitución americana.

El Grupo de Trabajo de Casa Blanca confirmó que el “ELA mejorado/culminado” no tiene cabida bajo la Constitución, que “libre asociación es una forma de independencia”; que un pacto basado en la soberanía nacional de cada país puede ser revocado unilateralmente, que la ciudadanía americana no se garantiza permanentemente y no se confiere a las generaciones sucesivas.

Populares, como Yulin, afirman que “la ciudadanía americana es “una muleta bajo este sistema político-económico”; “PR es una nación” y su agenda es convertir la Isla en una república independiente fuera de los poderes del Congreso.

Bajo esa “libre asociación” desaparecerán todas las agencias, empleos, programas, servicios, fondos y contratos federales; las garantías de la Constitución americana la protección del Tribunal Federal y la ciudadanía americana.

Las familias, la mujer, la juventud, personas con necesidades especiales y de edad avanzada y las personas de menos recursos que dependen de ayudas federales tendrán que decidir entre la estadidad con los derechos y beneficios del los programas federales o una república separada de EEUU sin los programas y servicios federales de salud, vivienda, sección 8, WIC, educación, becas Pell, Medicaid, y Medicare entre otros.

Las mujeres merecen las mismas oportunidades, empleos, salarios y acceso adecuado a servicios de salud; mejor educación para sus hijos; una remuneración igual a los estándares nacionales y el progreso que disfrutan sus conciudadanas en los Estados.

Los cientos de miles de puertorriqueños que han servido honrosamente en las Fuerzas Armadas sin participar plenamente de igualdad ciudadana, merecen el derecho a elegir su Presidente y una delegación congresional que los represente.

La crisis económica no puede atenderse sin resolver el estatus. Los industriales, empresarios, comerciantes y dueños de negocios tendrán que decidir entre la Estadidad o arriesgar todo la que tienen bajo una república independiente que no recibirá los $23 billones en transferencias anuales del gobierno federal, y unos $18 billones federales adicionales que se recibirían como estado.
El éxodo poblacional evidencia que la migración ocurre porque los puertorriqueños perdieron la fe en el futuro. La estadidad nos ofrece los instrumentos para mejorar las condiciones de vida, reducir el desempleo y mejorar la educación, servicios de salud y vivienda y retener y atraer nueva población.

El 11 de junio PR tendrá una oportunidad determinante para defender su ciudadanía y la de las futuras generaciones, reclamar la protección plena de garantías constitucionales, derechos civiles, progreso, prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo en la Isla.

Votar por la independencia/libre asociación es para rechazar la unión permanente y la ciudadanía americana. Si gana la “Independencia/Libre Asociación”, se llevaría a cabo otro referéndum el 8 de octubre entre la independencia y la independencia con libre asociación para convertir formalmente a PR en una república Independiente.

La estadidad es la única que garantiza constitucionalmente la Ciudadanía Americana para la presente y futuras generaciones. Es la única herramienta para lograr la verdadera igualdad porque se aplican todos los derechos de la Constitución de Estados Unidos, todas las leyes aprobadas por el Congreso y se elimina el discrimen político y constitucional que sufren los ciudadanos residentes de Puerto Rico.

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PR sin Poderes Políticos ante la Crisis, lunes 27 de marzo

PR sin Poderes Políticos ante la Crisis, lunes 27 de marzo
Hernán Padilla

Mientras en PR se debate el Plan Fiscal para resolver la crisis fiscal, se hace más evidente la fragilidad política de la Isla por el impacto negativo que tendría el presupuesto federal sometido por el Presidente Trump que podría eliminar $54 Billones en fondos discrecionales.

Nuevamente, resaltan las desventajas para el pueblo puertorriqueño de no tener los poderes políticos del voto presidencial ni representación congresional. Como PR no es un Estado, muchos de los cambios propuestos podrían afectarnos más que a los estados. La pérdida de fondos federales puede contribuir a llevar a PR a la quiebra bajo el Título III de PROMESA.

Aún así las transferencias federales han sostenido la economía local. Más de un 23% del presupuesto consolidado del gobierno de PR proviene de fondos federales.

Según “The Economist”, el gobierno federal aportó $256.1 billones a la economía de PR (1990-2009). Durante esos 20 años, PR pagó al IRS $73.7 billones, dejando un balance neto a favor de Puerto Rico de $182.4 billones. Estos pagos incluyeron servicios recibidos, aportaciones a Medicare, Seguro Social, e impuestos federales sobre ingreso y ventas. Las industrias locales pagaron $98 millones, incluyendo seguro por desempleo, Seguro Social y de Salud.

El total de fondos federales que ingresa anualmente a PR sobrepasó los $23.5 billones, de los cuales $12.9 billones fueron transferencias directas, $1B contratos federales, $851 millones salarios, y $6.3B en más de 141 programas en los cuales participan agencias estatales, municipios, universidades, y organizaciones no gubernamentales que sirven al pueblo puertorriqueño.

Las transferencias federales incluyen pagos por SS, retiro e incapacidad, Medicare, vivienda, Becas Pell; desempleo; contratos y servicios; educación; salud y asistencia médica (PAM), asistencia nutricional (PAN), WIC; ayudas para personas con necesidades especiales; servicios médicos y rehabilitación para veteranos, entre otros.

Si el Congreso aprueba este presupuesto, se afectarían muchas de las agencias que sirven a PR, especialmente los Departamentos de Trabajo, Salud, Comercio, Transportación, Energía, Justicia, Corporación de Servicios legales y la SBA. También se afectarían la Guardia Costera y los fondos de “Medicaid y ACA” que sufragan la Tarjeta de Salud y los servicios médicos de las personas de recursos limitados.

PR no tiene una representación Congresional que evite se elimine el Programa de Desarrollo Comunitario (CDBG), le recorten cerca de $42 millones de los fondos federales para la construcción, operación, mantenimiento y servicios de vivienda pública que albergan unas de 400,000 personas en la Isla y reduzcan los subsidios de vivienda de Sección 8.

Tampoco tenemos los poderes políticos de la estadidad para luchar en contra de los recortes que afectarían la EPA; evitar que se reduzcan significativamente los fondos de FEMA que son vitales para socorrer en casos de emergencias. Aunque PR ha recibido trato como un Estado para múltiples programas federales, todavía no conocemos qué cambios se proponen para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el Titulo I de Educación Federal.

Será muy difícil saber con qué programas y fondos federales podemos contar hasta que el Congreso apruebe el presupuesto del 2017-18, pero es importante insistir en que se extiendan las asignaciones de Medicaid por 3 años más en lo que se logra la paridad.

La Administración Rosselló presentó un Plan Fiscal que fue aprobado por unanimidad por la JSF. De acuerdo al Profesor Jaime Benson, el plan revisado hasta el 2019 asigna $4,500 millones en inversión público-privada en infraestructura, que produce un fuerte efecto multiplicador y crea la base para un crecimiento sostenible a largo plazo.

El 11 de junio tendrán la oportunidad de escoger entre la Estadidad o la independencia con o sin libre asociación. Solo la estadidad nos garantiza nuestra ciudadanía, la unión permanente y los poderes políticos en condiciones de igualdad como en los 50 estados, para lograr paridad en los programas federales como Medicare y Medicaid, entre otros.

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Municipios ante la crisis fiscal, lunes 13 de marzo

Municipios ante la crisis fiscal, lunes 13 de marzo
Hernán Padilla
No cabe duda de que la situación fiscal del gobierno requiere medidas urgentes para rescatar a PR del colapso económico. Los requerimientos de la JSF demandan decisiones serias para comenzar a resolver los problemas que afectan nuestra economía.

Lograr los objetivos no será fácil. Tenemos que reducir el déficit del presupuesto, imponer recortes y generar ingresos adicionales. Rosselló ha propuesto reestructurar el gobierno, reducir gastos operacionales, reformar las pensiones, renegociar el servicio a la deuda pública y expandir las alianzas publico privadas.

El gobierno estatal considera eliminar los subsidios municipales, regionalizar y crear consorcios, delegar más funciones, ordenar una retasación y aumentar las contribuciones de la propiedad para que los municipios puedan rendir los servicios ES y construir las obras públicas que les corresponde.

Los gobiernos municipales deben considerar las experiencias de otros que han operado exitosamente en el pasado. Puedo referirme a los retos, programas, y obras municipales de San Juan en 1977-1984. En esa época, los municipios también operaban dentro de una gran limitación económica.

En el 1977, SJ, tenía una población de aproximadamente 450,000 habitantes, y contaba con un presupuesto de $122 millones, y para el 1984-85 los recursos ascendieron a $178.2 millones, La deuda pública, que en el 1977 era $70.2 millones requería un pago de $8.65millones de capital e intereses, se redujo a $42.5 millones en ocho años.

En comparación, en el 2016-17, con una población 355,000 residentes, SJ tiene un presupuesto de $668 millones, y en el 2015 tenía una deuda corriente de $122.5 millones y a largo plazo de $1 billón ($1,059,901,028.00) con pagos anuales a la deuda por $86,718,988.00.

En 1977-84, ante las limitaciones fiscales, la Administración tomó medidas para centralizar equipo, personal y facilidades y eliminó tres agencias con reducción de plazas gerenciales y gastos administrativos. También se reconciliaron las cuentas bancarias, se mantuvieron los gastos dentro de los recursos fiscales, se contrató una firma de CPA para auditorias y se creó el Fondo de Capital independiente para propiciar el crecimiento de la empresa privada.

Como ejemplos, el Municipio coordinó con la empresa privada para desarrollar estacionamientos en el Viejo SJ y varias obras para la rehabilitación del frente portuario en la Zona Histórica. El municipio construyó un Anexo al Hospital Municipal que permitió mejorar los servicios y se ampliaron los CDT de Llorens, San José, y Sabana Llana.

También, se construyeron el Complejo Médico Social, las dos torres de la Comunidad del Retiro, Centros de Servicios Múltiples en Puerta de Tierra, Buen Consejo, Cupey y Las Monjas y se remodelaron los de Barrio Obrero, La Perla y Puerto Nuevo.

En recreación, se destaca el Parque Central el Gimnasio Municipal, el Polideportivo para los Juegos Panamericanos, y se comenzó el paseo y parque “Ribera Sur” de la Laguna San José. En la artes, se construyó el Museo de Arte e Historia y se remodeló el Teatro Tapia.

A pesar de las limitaciones económicas, se completó el realojo del sector Corozas, Buenos Aires y Tokio; se construyó el Canal Tres Monjitas; el nuevo Colegio Tecnológico de SJ y la Torre de Gobierno Municipal; se completó la infraestructura de Buenos Aires que permitió que la empresa privada construyera tres complejos de viviendas. En Rio Piedras se construyó el Paseo de Diego; y se dedicaron recursos para el control de inundaciones, incluyendo un sistema pluvial para Ocean Park.

Ante la crisis, más de la mitad viven por debajo de los niveles de pobreza; y aún con subsidios gubernamentales, 36 de los 78 municipios operan con un déficit presupuestario, y algunos no son auto-sostenibles. ¿Qué futuro les espera sin los subsidios estatales? Con suma urgencia, los líderes de la Federación y de la Asociación de Alcaldes tienen que re-evaluar las responsabilidades, estructura, funciones y finanzas e implementar medidas drásticas que les permitan superar la crisis.

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PR’s future and US Citizenship, 03/01/17, The Hill

Puerto Rico’s future and US citizenship
Congress can no longer ignore that Puerto Ricans are U.S. citizens from birth and U.S. nationals.

After 119 years as a territory, the final and permanent solution for Puerto Rico’s political relationship with our nation, the United States, is finally one step closer. Attorney General Jeff Sessions has under his consideration the definitions of the status alternatives to be considered on the ballot for the plebiscite about the status of Puerto Rico to be held next June 11. The Department of Justice has to determine if the definitions comply with the U.S. Constitution and pertinent laws.

The U.S. Citizens who reside in Puerto Rico have to choose between statehood (that guarantees the U.S. citizenship) and Independence/Free association without the U.S. citizenship.
On March 2, we commemorate the “Centennial of the US Citizenship”, a historic moment that initiated the official process of Puerto Rico’s integration to the culture, social life, economy, legal system and politics of our nation. We must remember that 100 years ago Congress approved the Jones Act of 1917 declaring all residents of Puerto Rico as U.S. citizens.

Another crucial law was the Naturalization Act of 1941 which guaranteed that persons born in a subordinated jurisdiction, including Puerto Rico, would be U.S. citizens by birth. In 1947, the “Law of the Governor Elect” for the election of the first civilian governor of Puerto Rico, expanded the reach of the U.S. Constitution by establishing that the rights, privileges and immunities will be respected in the same degree in the territory as if Puerto Rico was a state of the Union. The U.S. citizenship establishes that Puerto Ricans are American nationals and that our nation, juridical and political, is the USA.

In 1952, the People of Puerto Rico ratified and Congress approved the Constitution of Puerto Rico, similar to the Constitution of the states, which clearly declares “our Union with the USA”. The Preamble of the Constitution of Puerto Rico also states that “We consider as determining factors in our life our citizenship of the United States of America and our aspiration continually to enrich our democratic heritage in the individual and collective enjoyment of its rights and privileges and our loyalty to the principles of the Federal Constitution…”

As such, the U.S. citizenship is part or our profile and defines the Puerto Ricans of the 21st century. Remember that federal laws and many federal programs treat Puerto Rico as a state, that the Federal District Court in Puerto Rico was created under Article III of the U.S. Constitution, that there are multiple federal agencies in the island, and that the integration of the Puerto Rican culture to the national culture are part of our daily life.

We do not settle for an inferior American citizenship, we aspire to a better future for our next generations. As U.S. citizens, we claim full participation in the federal government, equality of civil rights, political and economic stability, socio-economic development and the same responsibilities and benefits as the rest of the nation.

In spite of the achievements as U.S. citizens, the residents of Puerto Rico are subject to a political system that denies “equality” as citizens, since the U.S. citizens residing in Puerto Rico cannot vote for president and, even though all laws approved by Congress apply to PR, we cannot elect a full congressional representation.

Independence, with or without free association (which is contrary to the American constitutional order) is not an option for 3.4 million U.S. citizens living in Puerto Rico. Under either status, we will lose the rights, privileges, immunities, and responsibilities guaranteed by the U.S. citizenship. Keep in mind that the “White House task Forces that considered PR” and the DOJ have expressed that if Puerto Rico chooses independence or Free Association, those born in the new and separate nation will not be American citizens.

The debate within the Popular democratic Party (PPD), the current opposition party, about retaining the U.S. Citizenship under a free associated nation is a political strategy to confuse and persuade their followers, that are not willing to sacrifice their “American citizenship”.

They claim that they “treasure the American citizenship” but their main goal is to have their own “embassies”, negotiate international treaties and even determine which federal agencies and programs apply to Puerto Rico.

The U.S. Declaration of Independence proclaims that “governments derive their legitimate powers by the consent of the People”. Precisely, in the most recent plebiscite held in 2012 in Puerto Rico, with the participation of 81 percent of the electorate, an absolute majority revoked the consent of the governed to the current territorial status, while 61 percent favored statehood for Puerto Rico.

With the commemoration of the “Centennial of American Citizenship for PR”, the moment has arrived to finally discard the status that has become a grave hindrance to Puerto Rico’s economic development and to reaffirm that we want — a permanent union with total equality of responsibilities and the guarantees, security and progress represented by our U.S. citizenship.

Hernán Padilla, MD, former President of the U.S. Conference of Mayors; former Mayor of San Juan, PR; former President of the US Conference of Mayors; and former U.S. Public Delegate to the UN General Assembly (USUN)

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Centenario de la Ciudadanía Americana, lunes 27 de febrero, 2017

lunes, 27 de febrero de 2017
Centenario de la ciudadanía americana
Después de 119 años como territorio, se acerca la solución permanente a nuestra relación política con Estados Unidos. El fiscal general Jeff Sessions tiene ante su consideración las definiciones de status para determinar si cumplen con las leyes y la Constitución. Tendremos que escoger entre la estadidad con ciudadanía americana garantizada o la independencia/libre asociación que la rechaza.

El 2 de marzo se conmemora el centenario de la ciudadanía, un momento histórico que sentó las bases para que Puerto Rico se fuera integrando a la cultura social, política y económica americana. Se cumplen 100 años desde que el Acta Jones de 1917 le otorgó la ciudadanía a los puertorriqueños.

El Acta de Naturalización de 1941 garantizó que las personas que nacen en una jurisdicción subordinada serían ciudadanos de Estados Unidos. La Ley del Gobernador Electo de 1947 expandió el alcance de la Constitución estadounidense a los puertorriqueños y estableció que los derechos, privilegios e inmunidades se respetarían en este territorio hasta el mismo grado que si fuese un estado.

En 1952 ratificamos en la Constitución de Puerto Rico “nuestra unión con Estados Unidos”: “Consideramos factores en nuestra vida la Ciudadanía de Estados Unidos y enriquecer nuestro acervo democrático y disfrute de sus derechos y prerrogativas”. La ciudadanía establece que somos nacionales americanos y que nuestra nación jurídica y política es Estados Unidos.

La ciudadanía es parte de nuestro perfil y define al puertorriqueño del siglo 21. Las leyes y programas federales que nos tratan como estado, la designación del Tribunal de Distrito federal bajo el Artículo III de la Constitución federal, la presencia de agencias federales en la isla, y la integración de la cultura puertorriqueña a la cultura nacional son parte del diario vivir.

No nos conformamos con una ciudadanía americana a medias, aspiramos a un futuro mejor. Como ciudadanos americanos reclamamos la plena participación en el gobierno federal; igualdad en los derechos civiles; la estabilidad política-económica; el desarrollo socio-económico y los beneficios y responsabilidades iguales al resto de la nación.

A pesar de los logros como ciudadanos, los residentes en la Isla están sujetos a un sistema político que le niega igualdad como ciudadanos, incluyendo no poder votar por el presidente y elegir representación congresional.

La independencia, con o sin libre asociación, es contraria al orden constitucional americano y no es opción para 3.4 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico ya que perderíamos los beneficios que nos garantiza la ciudadanía. Los Grupos de Trabajo de Casa Blanca y el Departamento de Justicia han expresado que si Puerto Rico opta por la independencia o la libre asociación, los que nazcan en la nueva nación no serán ciudadanos americanos.

El debate iniciado por el Partido Popular Democrático (PPD) sobre la ciudadanía expone la estrategia de los defensores de la “independencia con o sin libre asociación” para poder persuadir a sus correligionarios que no están dispuestos a sacrificarla.

Alegan que “atesoran” la ciudadanía americana, pero quieren tener embajadas, determinar cuáles agencias federales tendrían injerencia, negociar y suscribir tratados internacionales, dictaminar la ayuda federal, y hasta ciudadanía de España (como García Padilla), entre otros.

La Declaración de Independencia de Estados Unidos proclama que “los gobiernos, derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados”. En el plebiscito del 2012, con la participación del 81% del electorado, un 54% revocó el consentimiento de los gobernados al status-colonial, y un 61% favoreció la estadidad.

El centenario de la ciudadanía americana anuncia que llegó el momento para descartar un status que se ha convertido en impedimento para nuestro desarrollo y para reafirmar que queremos la unión permanente con plena igualdad y las garantías, seguridad y progreso que representa nuestra ciudadanía americana.

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Solo con la Estadidad hay Igualdad; Estadidad o la Independencia/Libre Asociación; 13 de febrero, 2017

Estadidad o la Independencia/Libre Asociación; 13 de febrero, 2017
Hernán Padilla
El mito del ELA es la causa principal de los problemas que afectan a PR. La crisis fiscal y la fuga poblacional tienen su base en un modelo político colonial que le niega a PR la igualdad garantizada en los cincuenta estados.

La organización “Igualdad Futuro Seguro” concluyó que “ser un territorio colonial limita las inversiones y el crecimiento económico a largo plazo” y advirtió que no habrá una solución permanente a la crisis económica, ni se logrará progreso, estabilidad y crecimiento económico mientras no se eliminen los impedimentos del estatus actual.

El PPD nunca cumplió con la Ley Publica 113-76 que estipuló que el gobierno someta al DOJ federal la definición de estatus para que autorice el plebiscito usando fondos federales. Ahora también se oponen a la consulta plebiscitaria, pero engañan a los seguidores de su partido, hablando del ELA actual, y un ELA mejorado, culminado, soberano y hasta refundado. Su verdadera meta es una “asociación política entre EEUU y PR” como dos naciones independientes.

PR tendría que convertirse en una república independiente antes que EEUU pueda considerar un “pacto de libre asociación”. Los que nazcan en la nueva nación no serán ciudadanos americanos, y desaparecerán todas las agencias, empleos, programas, servicios y fondos federales; y perderíamos las garantías de la Constitución americana.

La “Ley 7 del 2017 para la “Descolonización Inmediata de PR” es un paso crucial para ponerle fin a la condición colonial que les niega la igualdad a los puertorriqueños en PR y paraliza el desarrollo económico de la Isla.

Para utilizar los $2.5 millones autorizados para una campaña educativa objetiva, se someterán las definiciones de las fórmulas al Secretario de Justicia federal para que certifique que cumplen con la Constitución y las leyes de EEUU. La Ley 7 establece que el DOJ federal deberá responder para el 16 de abril y que el “silencio se entenderá como un aval/ aprobación”.

La consulta del 11 de junio será entre dos formulas: ESTADIDAD vs INDEPENDENCIA/Libre Asociación. Dispone que la “Estadidad es la única opción que “garantiza la ciudadanía americana por nacimiento en PR, mientras que bajo “la Libre Asociación” PR tendría que ser independiente y la ciudadanía estaría sujeta a negociación con EEUU”. Si ganara la “Independencia/Libre Asociación” se llevaría a cabo otro referéndum el 8 de octubre entre la independencia y la independencia con libre asociación.

Los Grupos de Trabajo de Casa Blanca han reiterado que PR está sujeto los poderes plenarios del Congreso. El llamado ELA mejorado/culminado fue rechazado por miembros del Comité de Energía y Recursos Naturales del Congreso y por la Rama Ejecutiva federal por ser inconstitucional. El ELA soberano, libre asociación o la llamada Republica Asociada requieren la independencia y un pacto entre dos naciones independientes puede ser revocado unilateralmente.

PR cumple con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente” para ser admitido en la Unión. Las Cortes Federales han extendido a los ciudadanos que residen en PR la mayoría de las “garantías constitucionales” y el Congreso incluye a la Isla en muchos programas federales. Pero las limitaciones de nuestra condición colonial impiden que se nos apliquen iguales derechos, privilegios y garantías que nos corresponden.

Solo con la estadidad logramos la verdadera igualdad porque se adquieren todos los derechos de la Constitución americana, representación congresional proporcional, participación de iguales en el gobierno federal, y se elimina el discrimen político y constitucional que sufren los ciudadanos residentes en PR.

En este próximo plebiscito los electores tienen que considerar que votar por la libre asociación es votar por la independencia sin ciudadanía americana. La estadidad es el único status político que garantizaría constitucionalmente la Ciudadanía d EEUU para la presente y futuras generaciones; y con ella todos los poderes políticos, derechos y beneficios que conlleva ser un Estado de EEUU.

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