Responder al informe del GAO, lunes 18 de junio, 2018

Responder al informe del GAO, lunes 18 de junio, 2018
Hernan Padilla

En 2014, se encomendó al Government Accountabilitty Office (GAO, por sus siglas en inglés) evaluar el efecto que tendría la admisión de Puerto Rico como Estado, y su impacto sobre los gastos e ingresos en el Tesoro federal, así como el efecto que la estadidad tendría sobre la economía y las finanzas públicas estatales.

Los hallazgos reafirmaron que los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico no disfrutan de la igualdad de derechos, oportunidades, beneficios y responsabilidades que sus conciudadanos en los 50 estados.

En abril de 2018, el GAO sometió un nuevo informe: “Puerto Rico, Factors Contributing to the Debt Crisis; Potential Federal Actions to Address Them”. Felicito a Carlos Mercader, director ejecutivo de PRAFA, por su contestación detallada a todos los puntos críticos. Sin embargo, difiero de su defensa de la triple exención de los bonos municipales, que ha sido un factor que promueve una deuda excesiva.

El Gobierno de Puerto Rico reconoce que durante décadas incurrió en prácticas, decisiones de política pública y fracasos que afectaron la condición fiscal y la deuda. El gobernador Ricardo Rosselló ha demostrado su compromiso para corregir esas situaciones, estabilizar las finanzas y encaminar a la isla a una revitalización sostenible. Presentó un plan fiscal y la visión del modelo socioeconómico, pasos para reestructurar la economía y las finanzas públicas, así como múltiples reformas para fortalecer y reconstruir al país.

El GAO debe reconocer que todas las reformas van dirigidas a corregir los factores que contribuyeron a la deuda. Se han tomado acciones específicas para corregir la administración y la falta de supervisión adecuada sobre las finanzas, así como eliminar las prácticas de sobreestimar ingresos y permitir gastar más que los presupuestos autorizados. El gobierno ha establecido políticas para no tomar prestado y balancear el presupuesto; atender las deficiencias de los sistemas de retiros y asignar los fondos para los servicios de salud, entre otros.

También debe reconocer el GAO el impacto que han tenido los factores externos al gobierno que contribuyen a la deuda, especialmente leyes y reglamentos federales y la estructura constitucional y no democrática que se aplica al territorio colonial, una de las raíces de problemas económicos que nos afectan.

Bajo el estatus territorial, el Congreso nos da un trato desigual cuando aprueba leyes y programas. Puerto Rico no cuenta con el mismo respaldo que reciben los gobiernos de los 50 estados.
Hay políticas discriminatorias que inciden en la baja calidad de vida. Son contrarias a los estándares en los estados. Estas condiciones ocurren en un marco de leyes y políticas que discriminan contra los ciudadanos americanos solo por el lugar donde residen. El gobierno federal debe proveer plena igualdad a Puerto Rico.

La manera justa, legal e inexpugnable constitucionalmente para ello es reconocernos como territorio incorporado ahora. La incorporación daría un impulso a los puertorriqueños y a nuestra economía que afincaría el proceso de la admisión como estado con sus consiguientes derechos políticos.

La fuga poblacional se vincula a que miles de ciudadanos que residen en la isla buscan trato igual bajo las leyes y programas federales, y aspiran a tener los mismos derechos constitucionales, voto y representación en el gobierno federal. Miles se mudan en busca de seguridad, servicios de salud, educación, poder del voto e igualdad de derechos ciudadanos.

El Congreso debe actuar para resolver el estatus. Extender la condición inferior, indignante y fracasada será obstáculo para el desarrollo económico, la reconstrucción y la recuperación fiscal y demográfica del país.

El experimento político de seis décadas de subdesarrollo colonial fracasó. Mientras nos mantengan bajo el actual modelo político-económico, la isla seguirá hundiéndose. Urge que cuenten con nosotros en el esfuerzo común de rescatar a Puerto Rico del precipicio fiscal y el colapso social, político y económico. Para comenzar, hay que garantizar a los puertorriqueños en la isla los mismos derechos y oportunidades que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados.

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Sin reformas, no hay futuro, lunes 4 de junio, 2018

Sin reformas, no hay futuro
Hernán Padilla
Puerto Rico está en quiebra, la deuda es de sobre $70 billones, las pensiones tienen un déficit actuarial de $50 billones, el desarrollo económico se ha paralizado desde el inicio de la depresión del 2006, los huracanes del 2017 destruyeron la infraestructura y se necesitan billones para reconstruir y levantar la Isla. El Congreso aprobó la Ley PROMESA y creó la Junta de Supervisión Fiscal para sacar a PR de la quiebra fiscal y el barranco económico.

El proceso ha requerido nuevos enfoques administrativos y reformas estructurales del gobierno que han provocado choques con el Congreso, Casa Blanca, la JSF, la Legislatura y el Ejecutivo de PR. No existe gobierno perfecto, ni absoluta unanimidad cuando se toman decisiones complejas. Ejemplo: el debate sobre la derogación de la Ley 80. La Junta considera que la Ley 80 interfiere con el desarrollo económico de la Isla.

Rosselló y Carrión llegaron a la conclusión de que es necesario dialogar, rompieron el tranque y presentaron acuerdos. La Ley 80 parece ser un obstáculo, pero la Junta aprobó el nuevo Plan Fiscal sometido por el Gobernador.

La Ley 80 tiene más de cuatro décadas. La misma garantiza que un empleado de la empresa privada despedido sin justa causa luego del periodo probatorio sea compensado con una mesada o indemnización. La Ley actual justifica el despido de un empleado por conducta impropia o desordenada, patrón de trabajo deficiente o negligente, violar reglas repetidamente; así como cierre temporal o parcial, reorganizaciones y reducciones de empleo por parte del patrono

No existe una Ley similar en 49 Estados, excepto en Montana que tiene una ley parecida. En Puerto Rico tenemos muchas otras leyes estatales y federales que protegen a los empleados sin necesidad de la Ley 80. Entre ellas está la Ley 100 que prohíbe el discrimen por raza, color, sexo, origen social o nacional, y afiliación política. También hay leyes para proteger al empleado contra represalias, proteger a las Madres Obreras licencia por maternidad, Jornada de Trabajo y salario mínimo; y entre las leyes federales están: ADA, Equal Employment Opportunity Act, Equal Pay Act y Fair Labor Standards.
La JSF envió un extenso documento a la Legislatura con información sobre la Ley 80, enfatizando que se requieren cuatro reformas adicionales para rescatar a PR del precipicio económico: reforma educativa desde Kinder hasta cuarto año; la permisología para hacer negocios en la Isla; reforma energética; e infraestructura y la inversión de capital

Luego de una serie de reuniones, Rosselló y la JSF anunciaron que acordaron derogar la Ley 80 que aplica a la empresa privada con efectividad en enero, 2019. Será efectiva solo para cesantías que ocurran después del 1 de enero. Rosselló sostuvo que “con este cambio se asegura que no se afecten quinientos mil trabajadores con la eliminación del bono de navidad y la reducción de días por enfermedad y vacaciones”, ni poner en precario los fondos de desarrollo económico, entre otros.

El acuerdo, hecho público y avalado por la Junta, garantiza los $78 millones ya aprobados para este año, y $50 millones anuales para los municipios, $25 millones para becas para la UPR, aumentos salariales para los maestros y comprar libros y materiales para las escuelas públicas.

Igualmente importante ha sido que el acuerdo permite el Nuevo Modelo Contributivo, reducir el impuesto el IVU de alimentos preparados y eliminar el impuesto Business to Business-B2B; una asignación de $345 millones para desarrollo económico; y pagar del presupuesto general el 100% de las pensiones.

Respaldo la política pública de que los incentivos a las empresas deben ser para generar empleos y con beneficios y rendimientos medibles para PR. Con ese propósito, Rosselló sometió un proyecto para un Código de Incentivos para reestructurar el proceso para conceder y fiscalizar los incentivos. El secretario del DDEC, Manuel Laboy proyecta que con la implementación del Código generará ahorros que ayudarán a financiar el nuevo modelo contributivo que reduce las contribuciones a todos los individuos y las corporaciones”

¡Que vengan los cambios! He llegado a la conclusión que sin reformas no hay futuro.

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Abren camino al dialogo, lunes 21 de mayo, 2018

Abren camino al dialogo, lunes 21 de mayo, 2018
Hernán Padilla

El informe del General Accountability Office (GAO) ordenado por el Congreso cuando se aprobó la ley PROMESA es un documento de gran importancia en estos momentos cuando se discute el colapso de la economía, la quiebra fiscal del gobierno, una deuda pendiente de $70.000 millones más $50.000 millones en pensiones sin financiación, mas de $1.500 millones vencidos desde agosto del 2015 y el efecto sobre la economía y la capacidad para pagar la deuda tras los huracanes Irma y María. Más aún, Puerto Rico no proporcionó consistentemente estados financieros auditados de los bonos municipales de manera puntual”.

El informe titulado: “Puerto Rico: Factores que Contribuyen a la Crisis de la Deuda y Posibles Medidas del Gobierno Federal para Abordarlos”, resaltó los déficits anuales persistentes, gastos que superan los ingresos, y el uso de préstamos para pagar por los déficits. Entre las principales razones identificaron prácticas inadecuadas de gestión fiscal y pobre supervisión de parte del gobierno, tal como presupuestos inflados, gastos más allá de las asignaciones legislativas, préstamos para equilibrar el presupuesto y no tomar acción para corregir la insuficiencia de fondos para gastos operacionales y los sistemas de retiro, entre otras.

Indica que la ley federal sobre triple exención contributiva a los bonos de PR promueve una gran demanda entre los bonistas y facilita al gobierno financiar los déficits con nuevos préstamos. Para evitar esa situación, el informe sugiere se considere modificar la exención de impuestos a dichos bonos y requerir que los inversionistas que residen fuera de PR estén sujetos a impuestos locales y estatales, pero a la vez reconocen que podría limitar la demanda por bonos para inversiones de capital.
El informe señala que la prolongada contracción económica está relacionada a la pérdida poblacional, migración de la fuerza laboral, fuga de talento, y el alto costo de la importación de mercancías y fuentes de energía.

Esta corta introducción nos lleva a examinar la gestión para acelerar la solución de los conflictos para así estabilizar y modernizar a PR y brindarle un mejor futuro.

La Directora Ejecutiva de la Junta, sostiene que es mejor para PR y los acreedores reestructurar y equilibrar la economía, dejar atrás el Título III de PROMESA y tener lo antes posible con un plan final del proceso de quiebra para evitar los costos legales de 75 demandas judiciales en contra el gobierno y para que PR logre un buen crédito y logre acceso al mercado de bonos.

La Junta informó al Gobernador que el presupuesto sometido por él viola el plan fiscal. La comunicación enfatiza que solo se sometió el presupuesto del Fondo General que representa el 40% del presupuesto consolidado de $21,000 millones y no incluyen referencia a 60% de las operaciones del gobierno. Además expresa que el presupuesto sometido tiene un déficit de $200 millones; no presentó las asignaciones del gobierno para la Administración de Seguros de Salud, las reservas adicionales más allá de la de emergencia de $130 millones en el plan fiscal, ni los fondos para la regionalización de servicios, entre otras.

Complace que el Gobernador Rosselló se reuniera con el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, y los Presidentes del Senado y la Cámara de Representantes para continuar la discusión sobre la situación fiscal de la Isla. Ha convocado una sesión permanente de diálogo y estuvo en conversaciones con varios miembros de la junta y participó en una reunión con la Junta en NY. Como resultado, Jennifer González solicitó a la Junta que no insista en la reforma laboral y recortes a las pensiones.

Según Ramón Rosario, “aquí hay un tranque evidente”. Dialogar es una buena iniciativa. Es necesario conversar y buscar soluciones a las diferencias y evitar confrontaciones legales en la Corte Federal. Resuenan sus palabras: “Tener un tranque y no tener diálogo a quien único termina afectando es a los puertorriqueños”. Me alegra que Rosselló busque acuerdos con la Junta. Solicitó y logró posponer la fecha para entregar un presupuesto enmendado. Abrieron el camino al diálogo. Hay que saberlo caminar.

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Puerto Rico no es Detroit; lunes 7 de mayo, 2018

Puerto Rico no es Detroit; lunes 7 de mayo, 2018
Hernán Padilla
Cada día se complica más la relación entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal. Mientras tanto, se informa que la Ciudad de Detroit acaba de ser liberada de la Junta que supervisaba las finanzas desde el 2013.

Existen diferencias legales, constitucionales y fiscales entre Detroit y el territorio colonial de Puerto Rico. Detroit ha estado bajo supervision federal o estatal desde el 1977. En el 2013, el gobierno estatal nombró la Comisión de Supervision Fiscal Estatal, limitó los poderes de la Legislatura Municipal y Alcalde y logró la reestructuración de la deuda pública de $7 billones. Detroit se acogió al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal y salió de la bancarrota en el 2014.

Cuando la Ciudad sometió tres Auditorias Fiscales certificadas con un presupuesto balanceado, la Comisión Estatal dio por terminada su intervención y la Ciudad recuperó su autonomía fiscal. La Comisión Estatal continuará monitoreando la estabilidad fiscal de la Ciudad por diez años y podría tomar acción si ocurre algún déficit. “Moody’s’” estableció la capacidad crediticia de Detroit como B1 con una proyección positiva. La Ciudad ha creado un fondo para comenzar a pagar las deudas y hacer aportaciones a las pensiones.

En cuanto a Puerto Rico se refiere, todos conocen que cuando la clasificación crediticia del gobierno central, el BGF y las corporaciones públicas fue degradada a chatarra, García Padilla declaró que la deuda era impagable, pero olvidó que el ELA colonial no tiene autoridad legal para solicitar protección bajo el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal. El gobierno fracasó para manejar la crisis fiscal y el Congreso solicitó estados financieros auditados e informes sobre las finanzas de Puerto Rico, su plan para reducir el gigantismo gubernamental, reestructurar las corporaciones públicas, operar con un presupuesto balanceado y reducir sus gastos.

Ante el colapso, el Gobierno de PR solicitó a;l Congreso la protección de la quiebra que obligó al Congreso a aprobar la Ley PROMESA y una junta independiente con poderes y autoridad para supervisar las operaciones del gobierno, reestructurar la deuda y ayudar a que la isla tenga acceso al mercado de bonos. La Junta no es una agencia federal, pero tiene autoridad para aprobar y certificar los planes fiscales y los presupuestos sometidos por el gobernador y la Legislatura.

Al comenzar las discrepancias entre el gobierno de PR y la Junta, la Juez Laura Taylor Swain intervino y decidió que la Junta no tenía autoridad para nombrar un síndico en la AEE. Basado en esa decisión, el Gobernador sostuvo que la Junta no tiene poder sobre el gobierno y que la administración pública se mantiene bajo el gobierno electo.

Detroit es una ciudad con una población menor que la de Puerto Rico, un territorio colonial que aspira a ser estado. Ambos han sido afectados por el desplome de la economía y la quiebra fiscal de su gobierno. Detroit está sujeto a una Junta de Supervisión Fiscal Estatal y en Puerto Rico a la Junta Fiscal fue creada por el Congreso.

Detroit se sometió al proceso, hoy celebra que ha salido de la quiebra y tiene un futuro prometedor. Puerto Rico apenas comienza el proceso, aún no se ha reestructurado la deuda y se cuestionan los poderes de la Junta que tendrán que definirse en la Corte federal,

Ramón Ponte, Presidente del Colegio de Contadores Públicos, sostiene que se critican las medidas de austeridad como si fueran opcionales e ignoramos la raíz del problema. Por años, nuestros gobiernos gastaron por encima de nuestros ingresos, tomaron prestado para cubrir los déficits. Los recortes de gastos son consecuencia de la falta de recursos y de acceso a los mercados de capital. No podemos gastar lo que no tenemos. Las obligaciones con bonistas y pensionados son enormes.

Concurro con Ponte: “Las reformas estructurales que el gobierno impulsa son necesarias. Enfoquemos la discusión en mejorar las propuestas. Tenemos que transformar el gobierno”. Por Puerto Rico, urge reestructurar, acordar, presupuestar, reservar fondos y comenzar a pagar las deudas negociadas.

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LAS CONDICIONES PARA LEVANTARNOS, LUNES 23 DE ABRIL, 2018

Las condiciones para levantarnos
Reitero mi reclamo: “urge mayor comunicación y negociación formal e informal entre el Gobierno, la Junta y el Congreso. En entrevista para El Nuevo Día, la Comisionada Residente dijo que “ésta pelea del gobernador, la Junta Fiscal, y la capital federal lo que puede hacer es alejar la obtención de fondos, las relaciones federales, el que siga fluyendo el dinero a Puerto Rica y cómo se desembolsa”.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) insiste en recortes adicionales, el gobierno se opone a las recomendaciones y la Legislatura no aprobará las reducciones. La JSF implica que la jueza Taylor Swain tendrá que resolver el impasse.

El gobernador Ricardo Rosselló dijo que el proyecto de presupuesto para el 2018-19 no se había radicado porque la JSF no había certificado los planes fiscales del Gobierno, las autoridades de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Energía Eléctrica (AEE), Carreteras y Transportación (ACT), así como de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Corporación de Supervisión y Seguros de Cooperativas (COSSEC) con las asignaciones y datos necesarios.

El gobierno central necesita la colaboración de la JSF, el gobierno federal, el Congreso y hasta de la Jueza Taylor Swain para disponer de fondos especiales. La polémica terminará en el Tribunal Federal. Aún está pendiente la trasferencia de fondos del Tesoro Federal para el préstamo aprobado por el Congreso por unos $4.85 billones para mantener los servicios esenciales. Para tener acceso a ese préstamo, el Secretario del Tesoro requiere que el Fondo General tenga menos de $1.1 billones en caja, y que el préstamo esté garantizado por los ingresos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).

Rosselló radicó el proyecto para un nuevo modelo contributivo para incentivar el trabajo y promover desarrollo económico. Su propuesta es abarcadora y cubre los beneficios y las estrategias para lograr los ahorros e ingresos necesarios. La medida requiere discusión, vistas públicas, insumo de economistas y recomendaciones de la Junta para que sea cónsona con la planificación económica. Es una pieza con gran potencial para levantar a Puerto Rico del precipicio fiscal y el marasmo económico.

La reforma busca bajar el IVU y las tasas contributivas a los individuos y corporaciones, así como conceder un crédito por trabajo entre otras medidas que tendrán un impacto beneficioso en su primer año. Se reducen las contribuciones unos $451 millones; y alrededor de $849 millones anuales, comenzando en 2023.

Las medidas beneficiarán a los contribuyentes individuales, los negocios y pequeñas empresas. Para lograrlo, se necesitan nuevos ingresos y ahorros para sustituir las reducciones contributivas. Rosselló propone ahorros en incentivos de industrias que no producen, frenar la evasión contributiva y la validación de gastos reclamados como deducciones.

Mientras, las pensiones de los retirados continúan como tema de contención entre la JFS y el gobierno. El Gobernador reafirma la política pública de pagarle el 100% de la pensión a los retirados. La reforma aumentará la exención anual sobre ingresos de los pensionados de $15,000 actualmente a $25,000, pero la JSF pide más recortes. Aun así, no se han presentado estudios actuariales y auditorías certificadas.

Queda sin discutir un plan poblacional integral para detener la pérdida de miles de ciudadanos que se van a los estados en busca de una mejor calidad de vida. Por suerte, la infusión de fondos federales provee grandes oportunidades para rescatar la economía. Ya se ha reportado un alza en el ingreso personal y un 20% en la venta de autos.

Las reformas contributiva y educativa, así como un nuevo código de incentivos pueden ser clave para impulsar el desarrollo económico esencial para salir de la crisis fiscal. Pero, una situación complicada que todavía no se ha resuelto es la restructuración de la deuda pública, los acuerdos con los acreedores y cuánto del presupuesto se va a destinar para pagar la deuda.

El proceso requiere buena fe, confianza, credibilidad y compromiso de todas las partes. Mientras no se recupere la credibilidad y se abra el acceso al capital no podremos volver a ser la vitrina de Estados Unidos en el Caribe. Falta mucho por hacer, pero hay motivos para sentir confianza en un mejor futuro, siempre y cuando se resuelva el fracaso de la AEE.

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Levantarnos requiere credibilidad y compromiso. Lunes 23 abril, 2018

Levantarnos requiere credibilidad y compromiso. Lunes 23 abril, 2018
Hernán Padilla

Reitero mi reclamo: “urge mayor comunicación y negociación formal e informal entre el Gobierno, la Junta y el Congreso. En entrevista para El Nuevo Día, la Comisionada Residente dijo que “ésta pelea del gobernador, la Junta Fiscal, y la capital federal lo que puede hacer es alejar la obtención de fondos, las relaciones federales, el que siga fluyendo el dinero a PR y cómo se desembolsa”.

La junta insiste en recortes adicionales, el gobierno se opone a las recomendaciones de la Junta y la Legislatura no aprobará las reducciones. La Junta implica que la Jueza Swain tendrá que resolver el impase.
El gobernador Rosselló informó que el proyecto de presupuesto para el 2018-19 no se había radicado porque la Junta no había certificado los planes fiscales del Gobierno, AAA, AEE, UPR, Carreteras y Transportación y COSSEC con las asignaciones y datos necesarios.

El gobierno central necesita la colaboración de la Junta, del gobierno federal, el Congreso y hasta de la Juez Swain para disponer de fondos especiales. La controversia terminará en el Tribunal federal. Aún está pendiente la trasferencia de fondos del Tesoro federal para el préstamo aprobado por el Congreso por unos 4.85 billones para mantener los servicios esenciales. Para tener acceso a ese préstamo, el Secretario del Tesoro requiere que el Fondo General tenga menos de $1.1 billones en caja, y que el préstamo esté garantizado por los ingresos de COFINA.

Rosselló radico el proyecto para un nuevo modelo contributivo para incentivar el trabajo y promover desarrollo económico. Su propuesta es comprehensiva y cubre los beneficios y las estrategias para lograr los ahorros e ingresos necesarios. El anteproyecto requiere discusión, vistas públicas, insumo de economistas y recomendaciones de la Junta Fiscal para que sea cónsona con la planificación global de la economía. Me impresiona como una pieza con gran potencial de levantar a PR del precipicio fiscal y el marasmo económico.

La reforma busca bajar el IVU y las tasas contributivas a los individuos y corporaciones, así como conceder un crédito por trabajo entre otras medidas que tendrán un impacto beneficioso en su primer año. Se reducen las contribuciones unos $451 millones; y alrededor de $849 millones anuales comenzando en 2023.

Las medidas beneficiarán a los contribuyentes individuales, los negocios y las pequeñas empresas. Para lograrlo, se necesitan nuevos ingresos y ahorros para substituir las reducciones contributivas. Rosselló propone ahorros en incentivos de industrias que no producen, así como evitar la evasión del pago de contribuciones y la validación de gastos reclamados como deducciones.

Las pensiones de los retirados continúan como un tema de contención entre la Junta y el gobierno. El Gobernador reafirma la política pública de pagarle el 100% de la pensión a los retirados, La reforma aumentará la exención anual sobre ingresos de los pensionados de $15,000 actualmente a $25,000, pero la Junta pide más recortes. Aun así no se han presentado estudios actuariales y auditorías certificadas
Queda sin discutir un plan poblacional integral para detener la pérdida de miles de ciudadanos que se van a los estados en busca de una mejor calidad de vida. Por suerte, la infusión de fondos federales provee grandes oportunidades para rescatar la economía. Ya se ha reportado un aumento en el ingreso personal y un 20 % en la venta de automóviles.
La reforma escolar, la reforma contributiva y el nuevo código de incentivos pueden ser clave para impulsar el desarrollo económico tan esencial para recuperar y salir de la crisis fiscal. Una situación complicada que aun no se ha resuelto es la restructuración de la deuda pública, los acuerdos con los acreedores y cuánto del presupuesto se va a destinar para pagar la deuda.
Este proceso requiere buena fe, confianza, credibilidad y compromiso de todas las partes. Mientras no se recupere la credibilidad y se abra el acceso al mercado de capital no podremos volver a ser la vitrina de EEUU en el Caribe. Falta mucho por hacer, pero hay motivos para sentir confianza en un mejor futuro, siempre y cuando se resuelva el fracaso de la AEE.

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Una confrontación peligrosa

lunes, 9 de abril de 2018
Una confrontación peligrosa
En junio de 2015 advertí que Puerto Rico presentaba un cuadro económico tétrico: la economía colapsada, desempleo sobre 12.4%, tasa de participación laboral bajo el 40%, desmedida fuga poblacional, índice de pobreza sobre 45%, una alta dependencia de aportaciones federales, déficits presupuestarios crónicos, una deuda pública de $73 billones, sistemas de retiro con deudas actuariales proyectadas de más de $34 billones y la Autoridad de Energía Eléctrica a punto de quiebra. El estatus territorial ha colapsado.

Cuando la clasificación crediticia del gobierno central, el Banco Gubernamental de Fomento y las corporaciones públicas fue degradada, el exgobernador Alejandro García Padilla reaccionó irresponsablemente con el “me vale”; y cuando el senador Orrin Hatch solicitó estados financieros auditados e informes sobre las finanzas de Puerto Rico, García Padilla contestó que a él nadie le establecía un “ultimátum”, seguido por la expresión separatista de que “Puerto Rico es un país latinoamericano, no somos parte de ustedes y tenemos su ciudadanía por conveniencia”.

Ante el fracaso del Partido Popular para manejar la crisis fiscal, el Congreso exigió que presentaran estados financieros auditados y que explicaran su plan para reducir el gigantismo gubernamental, reestructurar las corporaciones públicas, operar con un presupuesto balanceado, controlar y reducir los gastos del gobierno.

El colapso del territorio colonial obligó al Congreso a aprobar la Ley “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (Promesa)” y una junta independiente con poderes y autoridad para supervisar las operaciones del gobierno insular, reestructurar la deuda y ayudar a que la isla tenga acceso al mercado de bonos bajo condiciones razonables.

Promesa estableció que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no es una agencia del gobierno federal. Tiene autoridad para aprobar y certificar los planes fiscales y los presupuestos sometidos por el gobernador y la Legislatura. La Junta existirá hasta que se cumplan los requisitos según la Ley Promesa. En cuanto a los sistemas de retiro, si los sistemas no tienen los recursos, la Junta ordenará estudios actuariales de las obligaciones financieras, fondos disponibles e ingresos proyectados y puede tomar las acciones necesarias para garantizar pagos por 30 años.

El gobernador Ricardo Rosselló ha trabajado con la JSF y el gobierno federal para atender la crisis fiscal y el desastre causado por los huracanes Irma y María. La sección 205 de Promesa reconoce que el gobierno establce la “política pública” y la Junta “hace recomendaciones fiscales y financieras” al gobernador y la Legislatura, para promover estabilidad financiera, crecimiento económico, responsabilidad administrativa, o eficiencia del gobierno.

Rosselló rechazó los planes de la JSF, sus recomendaciones limitando derechos laborales, eliminando el bono de Navidad, no garantizando el aumento del salario mínimo a $8.25, reduciendo la jornada laboral y la aportación patronal al plan médico, entre otras. Tampoco apoyará la recomendación para recortar las pensiones de los retirados y acusó a la Junta de pedir más sacrificios mientras reclaman un aumento para su presupuesto. Aun así, por requerimiento de la Junta, tendrá que someter enmiendas a los planes fiscales revisados del gobierno central, las autoridades de Acueductos y Alcantarillados, Energía Eléctrica, Carreteras y Transportación, así como de la Universidad de Puerto Rico.

El congresista Rob Bishop confrontó y acusó a la Junta de no haber administrado bien las finanzas públicas de Puerto Rico y por falta de interés para lograr acuerdos con los bonistas para reestructurar la deuda. Bishop llegó al extremo de decir que la Junta representaba a los bonistas. Rosselló le contestó al senador. “No permitiremos que usted o la Junta dicten una política pública. Ese es el papel exclusivo del gobierno elegido”, dijo el gobernador.

La confrontación entre el gobierno, la Junta y el Congreso es preocupante. Esto pinta mal. Parece necesario solicitar auxilio de la Corte. De hecho, Rosselló considera solicitar al tribunal que obligue a la Junta a presentar un plan de ajuste de deudas. Urge mayor comunicación y negociación formal e informal entre el Gobierno, la Junta, y el Congreso —incluyendo a nuestra comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Están en juego la economía de Puerto Rico, la ayuda para reconstruir la isla después del huracán, el desarrollo económico, resolver el futuro político y lograr la igualdad, que solo se obtiene con la estadidad.

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Una buena reforma educativa, lunes 26 de marzo, 2018

Una buena Reforma educativa, lunes 26 de marzo
Hernán Padilla
Durante las pasadas décadas hemos perdido cientos de miles de ciudadanos. Se han ido en busca de mejor calidad de vida, oportunidades de empleo, seguridad e indiscutiblemente una mejor educación para los niños, jóvenes y adultos. Como consecu

El Gobernador sometió y la Legislatura aprobó el proyecto de reforma educativa. La “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” deroga “la Ley 149-1999, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”, establece una nueva política pública que designa al estudiante como su centro y eje principal.

Según la exposición de Motivos, el Departamento de Educación tiene el deber y la obligación de promulgar la excelencia en la calidad de enseñanza que se imparta en cada una de las escuelas del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico; pero a pesar de que el presupuesto del Departamento es mayor al de cualquier otra agencia, sus resultados no están a la altura de otras jurisdicciones.

La nueva Ley crea las Oficinas Regionales Educativas, consolida las regiones educativas y los distritos escolares en una sola estructura para lograr mayores eficiencias para descentralizar los servicios, reducir costos y establecer sistemas efectivos de evaluación y rendición de cuentas. Delega mayores facultades y responsabilidades a los Superintendentes Regionales y Directores para atender los asuntos académicos, administrativos y evaluar sus ejecutorias mediante rendición de cuentas continuas.

Actualmente Puerto Rico es la única jurisdicción de la Nación que no ha establecido el modelo LEA (Local Education Agencies) a nivel regional que le permite beneficiarse de los fondos federales asignados para agencias educativas locales.

La Ley establece las Escuelas Alianza (Charter Schools), que existen en 44 estados y Washington DC, con participación de las comunidades y para darles acceso a un mayor ofrecimiento académico a los estudiantes a través de entidades especializadas sin fines de lucro, Entidades Educativas Certificadas que brinden enseñanza a los estudiantes de educación especial, universidades y municipios. La UHS de la UPR y la School of San Juan son ejemplos para emularse.

Las Escuelas Alianza serán públicas, gratuitas, no sectarias, libres de cualquier tipo de discrimen, una alternativa a las escuelas públicas tradicionales que ofrecerán más oportunidades educativas, incluyendo fomentar el bilingüismo (español e inglés) en su enseñanza y priorizar en una educación enfocada en la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Las Escuelas y Entidades Certificadas que administren las Escuelas estarán sujetas y deben cumplir con los mismos estándares de evaluación y rendición de cuentas del Departamento que el resto de las escuelas públicas de Puerto Rico. Estas operarán con fondos estatales asignados mediante una fórmula por cada estudiante inscrito.

Hay personas que sin leer ni estudiar las 182 páginas del proyecto expresan dudas sobre los derechos y protección que la Ley de la reforma le garantiza a los maestros y empleados. La misma protege sus derechos y permite que puedan escoger entre una escuela pública o una Escuela Alianza. Se garantiza su plaza, posición y salario por dos años si quiere regresar a su posición en el Departamento de Educación. Se le protege el derecho a retiro y pueden continuar cotizando mientras trabajen en una escuela Alianza.

Me satisface que múltiples líderes educativos a nivel nacional respaldan la reforma educativa. Las dos uniones nacionales de maestros, NEA y FTA endosan las escuelas Alianzas (Charters). Dan Domenech, Director Ejecutivo de la Asociación Americana de Administradores de Escuelas y Nina Resse, presidenta/CEO de la Alianza Nacional de Charters apoyan la Escuelas Alianzas para PR.

Concurro con el ex Vice Presidente del Senado, Orlando Parga, quien sostiene que el proyecto aprobado es resultado de madurez y sabiduría y que finalmente PR tiene encaminada una necesaria reforma educativa. Felicito al Gobernador, la Secretaria Julia Keleher, los Presidentes del Senado y la Cámara y la Legislatura por el proyecto basado en principios educativos y administrativos modernos que hoy es la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico.

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Honor a Baltasar Corrada del Rio, martes 13 de marzo, 2018

Honor a Baltasar Corrada del Río
Hernán Padilla
La muerte del amigo Baltasar Corrada del Río ha dejado un gran vacío en el ánimo de los que tuvimos el honor y el privilegio de conocerlo. Que se puede decir cuando uno se refiere a la partida de una persona admirada por muchos, respetada por todos, y quien deja una estela de logros en beneficio del pueblo puertorriqueño. Ninguna expresión puede ser suficiente.

En su biografía se destaca que se graduó de leyes de la UPR y en 1969 fue nombrado miembro de la Comisión de la Comisión de Derechos Civiles de PR. En 1976, el PNP lo nominó y fue electo Comisionado Residente, Carlos Romero Barceló fue electo Gobernador y yo tuve el honor y el privilegio de ser electo Alcalde de San Juan.

Corrada fue Comisionado hasta el 1984 y lucho para extender y mejorar los programas federales de salud a Puerto Rico. Siempre fue un fiel defensor de la Estadidad para Puerto Rico.

Para mí, fue un motivo de satisfacción entregarle las riendas del Municipio de San Juan a Baltasar Corrada en enero del 1985. Durante ese cuatrienio fue electo Presidente del PNP y aspiró al cargo de gobernador en 1988. Baltasar tuvo la cortesía de visitarnos en nuestro hogar en Maryland y luego invitarme a que regresara al PNP y que diera un mensaje especial a la Asamblea de Delegados. Fue un verdadero placer endosarlo públicamente como candidato a gobernador. Lamentablemente, el pueblo cometió un grave error al no elegirlo.

Fue Secretario de Estado durante la administración de Pedro Rosselló. En el 1995 fue elevado al Tribunal Supremo de Puerto Rico como Juez Asociado donde fue muy querido, respetado y admirado por todos. Lo visité a él y a Beatriz en su residencia de Fort Meyer, Florida. Ese intercambio fortaleció mi opinión del amigo entrañable, siempre caballeroso, amable, respetuoso, correcto, y quien me confió sus opiniones sobre la lucha por la estadidad y la política en general.

Le digo adiós, al amigo Baltasar, abogado, defensor de los derechos civiles, congresista-comisionado, al alcalde de San Juan, al Secretario de Estado, al Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y al luchador por la Estadidad. Su vida ha sido una inspiración para muchos de nosotros. En su práctica como abogado así como en los importantes puestos como alcalde, Comisionado Residente, Secretario de Estado y Juez Asociado del Tribunal Supremo, siempre prestó servicios de excelencia y nunca fue objeto de otra cosa que no fuera respeto y reconocimiento a su dedicación, sensibilidad, inteligencia y honestidad.

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Solución a la crisis de energía, lunes 26 de febrero, 2018

lunes, 26 de febrero de 2018
Solución a la crisis de energía
Hernán Padilla
Los problemas y la crisis fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) siguen dominando la atención del país. La AEE está quebrada económica y operacionalmente, sin crédito y sin credibilidad entre los bonistas, ni acceso al mercado de valores. No está capacitada para resolver la crisis de energía que afecta todos los sectores. Se considera necesario transformar el sistema de generación de energía eléctrica en uno moderno, eficiente y menos costoso.

Se dijo que “si la AEE no recibía una inyección de dinero urgentemente comenzaría a reducir su capacidad de generación próximamente, y se quedaría sin fondos para el 2 de marzo”. La crisis era tan grave que consideraron suspender empleados, interrumpir operaciones de plantas, y hasta racionar el servicio.

Los huracanes destruyeron la infraestructura, ya deteriorada por falta de mantenimiento y modernización. La AEE no tiene recursos para los gastos operacionales, incluyendo comprar gas o petróleo para generar energía consistentemente. La AEE informó que apenas tenían combustible para solo una semana en algunas centrales y para tres semanas en otras.

La jueza Laura Swain rechazó la petición inicial de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para un préstamo de $1,000 millones para la AEE y ante la falta de liquidez para seguir funcionando redujo la petición a $300 millones y aceptaron las condiciones para que fuera aprobado por Swain, incluyendo intereses fijos al 5%.

Las vistas trajeron a la discusión pública que el fondo de inversiones Solus y Scotiabank, que financiaron fondos para comprar petróleo apoyaron el préstamo, pero no así otro grupo de bonistas. Los fondos fueron limitados en cuanto a su uso, pero la AEE podría comprar energía a AES y Eco Eléctrica y combustible a Fenosa, Puma y Freepoint. No podrá usarlos para pagar abogados y horas extras de empleados. La AEE incurrirá en gastos de $25.8 millones por abogados y asesores para el Titulo III y se proyecta que pagará $24.5 millones por horas extras a sus empleados por las próximas 13 semanas. Tendrá que usar sus propios recursos.

Para justificar el préstamo de $1 billon, el Gobernador sostuvo que “estamos en una situación precaria y que la información presentada era cierta y correcta”. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la JSF enfatizaron que era necesario para proveer electricidad. Presentaron un plan de contingencia y acciones preventivas, reducir las reservas de energía y ahorrar combustible. Dicho plan obligaba a reducir las reservas de unos 450 megavatios a 300 megavatios. De hecho, apagaron las turbinas de Mayagüez y Palo Seco que usan combustible más caro y podían ahorrar $9 millones mensuales. Sin embargo, aseguraron que el plan no incluía apagones selectivos.

Por otro lado, Rosselló hizo múltiples gestiones para lograr que el Tesoro desembolsara el préstamo aprobado porel Congreso de unos $4,700 millones para mejorar la liquidez del gobierno y que proveyera fondos para la AEE. El Tesoro, mientras, ha establecido condiciones estrictas para enviar los fondos.

Ante la crisis fiscal, Puerto Rico y la AEE dependen de fondos federales. Hasta ahora, FEMA ha autorizado $252 millones para la restauración del servicio eléctrico, ha pagado $1,428 millones en reembolsos y pagos a contratistas de USACE que llevan a cabo la restauración del sistema eléctrico. Además, asignará $13,000 millones para este año fiscal para la reconstrucción del país, incluyendo el financiamiento del sistema eléctrico. También está el Community Disaster Loan Program y fondos de CDBG que aportaran fondos para la restauración.

En resumen, vivimos una situación muy difícil respecto al servicio de energía, cuyo costo, inconsistencia y deterioro obstaculiza el desarrollo económico del país. El préstamo de $300 millones es una luz temporera de esperanza. “The Bond Buyer” dice que necesitarán otro préstamo en un mes. Urge completar el proceso de privatización y/o Alianzas Público Privadas del servicio eléctrico. De otra suerte, estaremos destinados a un pobre desarrollo y unas condiciones de vida lamentables.

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