PREXIT e independencia no son opción, lunes 18 de julio, 2016

PREXIT e independencia no son opción
Hernán Padilla
El referéndum en el Reino Unido para decidir su relación con la Unión Europea sirve para demostrar diferencias entre Puerto Rico, un territorio con ciudadanos americanos con una mayoría aspirando a integrarse como estado de la Nación, y los 28 países de Europa que crearon una comunidad de naciones independientes.

EEUU es una federación en la que cada estado retiene poderes no delegados al gobierno federal; una Nación de ciudadanos nacida de las aspiraciones de democracia, libertad e igualdad, vertidas en una Constitución que garantiza los derechos del ciudadano por encima de los poderes de los estados y que limita los poderes del gobierno federal.

La UE es una organización internacional creada para promover una integración entre 28 naciones que surge de tres acuerdos comerciales y acuerdos económicos que se expande con el Tratado de Lisboa del 2009 para incluir política exterior común y la cooperación policiaca y jurídica que establece una personalidad jurídica. Es un sistema híbrido de gobierno “transnacional” y cooperación multilateral.

Entre las razones que han motivado la salida de Gran Bretaña sobresalen el control de las fronteras y los refugiados que han impactado los servicios de salud, educación, empleos y negocios y que la nación tenga que aportar $16,000 millones para gastos de la Unión Europea. En PR hay quienes abogan por la independencia y utilizan la Junta Fiscal Federal como excusa para promover su ideología con una especie de PREXIT.

No es cierto que “el ELA sea un status de gobierno propio como entidad política autónoma” como alega García Padilla. El estatus colonial no cuenta con el respaldo del pueblo de PR, ya que una mayoría le revocó su consentimiento, el PPD admitió que “está incapacitado de servir de cara al futuro y el Tribunal Supremo concluyó que el ELA no tiene soberanía propia.

En el 2011, el Grupo de Trabajo de Casa Blanca confirmó que la “libre asociación es un tipo de independencia” que no cabe bajo la Constitución americana. Sería un pacto basado en la soberanía nacional de cada país que puede ser revocado unilateralmente en cualquier momento; y que la ciudadanía americana no se garantiza permanentemente y no se confiere a las generaciones sucesivas.

Aunque la Ley del Gobernador Electo estableció que “los derechos, privilegios e inmunidades de Estados Unidos se respetarán en el territorio de PR hasta el mismo grado que si fuese un estado”, la Cláusula Territorial le otorga al Congreso el poder de gobernar los territorios como PR.

Esta condición política inferior evita que los ciudadanos en PR disfruten plenamente de todas las garantías constitucionales, los derechos y libertades civiles, y las oportunidades de desarrollo personal y colectivo que le corresponden a todos los ciudadanos americanos.

No podemos ignorar que PR no tiene la riqueza de Gran Bretaña. Casi la mitad de la población vive por debajo de los niveles de pobreza y PR depende de$23 Billones de ayudas y transferencias federales. Durante el 2009, se recibieron $7.7 billones para Seguro Social, retiro e incapacidad, Medicare, vivienda y Sección 8 y Becas Pell y $4.4 billones por desempleo; $7.5 billones para ayudas federales; $600 millones para contratos y servicios; y $1.2 billones para empleados federales, la mayoría puertorriqueños.

Un informe detallado para el 2010 confirma que el gobierno federal concedió ayudas por $1.4 billones para Educación; $1.4 billones para salud, $800 millones para vivienda, y $2.2 billones para Asistencia Nutricional y Mujeres, Infantes y Niños.
PREXIT no es una opción para romper los lazos con nuestra nación y
declarar la independencia. Solo la Estadidad garantiza la protección Constitucional de la soberanía estatal, permanencia de la Ciudadanía Americana, igualdad, progreso económico, la estabilidad de la unión permanente y devuelve la dignidad al pueblo de Puerto Rico poniéndole fin a siglos de colonialismo

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Nuestro futuro político; lunes 4 de julio

Nuestro futuro político; lunes 4 de julio
Hernán padilla

Algunos puertorriqueños proponen internacionalizar el estatus de PR invitando a la ONU a intervenir en los asuntos domésticos de los EEUU y piden al Comité de Descolonización de la ONU que reintegre a PR al listado de “países coloniales”. Otros insisten que la ONU debe poner en marcha un proceso de libre determinación para decidir nuestro futuro entre opciones no territoriales y no coloniales.

García Padilla, ocultando que el “ELA” no cuenta con el respaldo del pueblo de PR, que una mayoría revocó su consentimiento al estatus territorial y que el Tribunal Supremo concluyó que el ELA no tiene soberanía, alega que “el ELA es un status de gobierno propio como entidad política autónoma”. Aunque el PPD no quiere definirse, Acevedo Vilá pide que EEUU defina “los contornos jurídicos y económicos del ELA Soberano” como una asociación política.

Es imprudente y antidemocrático que sin un mandato del pueblo le soliciten al Comité de la ONU que sesione en P.R. y medie entre PR y los EE.UU. La ONU no es el foro para reclamar la solución del estatus. Puerto Rico ya rechazó el estatus territorial, y nunca ha favorecido ninguna forma de independencia como el ELA-soberano.

Las relaciones entre ciudadanos americanos es un asunto interno para reclamar derechos políticos dentro de la estructura constitucional nacional. No existe un un estado de derecho de la ONU sobre los asuntos políticos internos de las naciones miembros, ni EEUU ha consentido poder alguno sobre sus asuntos internos a la ONU, excepto en Tratados sobre derechos humanos.

Los EEUU se convirtieron en una nación de ciudadanos como consecuencia de la guerra civil y pertenece a “We the People”, porque la carta de derechos y los derechos civiles de cada ciudadano son supremos sobre el poder de las tres ramas de los gobiernos federales y de los estatales.

Aunque el Acta Jones de 1917 le otorgó la ciudadanía americana a los puertorriqueños, la Decimo Cuarta Enmienda de la Constitución la garantiza por encima del Acta Jones, porque después de la guerra civil obligaron a todos los estados a darle la ciudadanía a todos sus residentes nacidos en EEUU.

Aún así, el Acta de Naturalización de 1941 garantizó que todas las personas que nacen en una jurisdicción subordinada a los Estados Unidos, incluyendo el territorio de Puerto Rico, serían ciudadanos de los Estados Unidos. La Ley del Gobernador Electo del 1947 expandió el alcance de la Constitución de EEUU a los puertorriqueños y estableció que los derechos, privilegios e inmunidades de los Estados Unidos se respetarán en el territorio de Puerto Rico hasta el mismo grado que si Puerto Rico fuese un estado de la Unión sujeto a las disposiciones del Artículo IV de la Constitución.

La independencia reteniendo la ciudadanía americana no es y nunca será una opción constitucional para los ciudadanos de EEUU residentes en PR. La estadidad es el único status político que preserva y garantiza constitucionalmente la Ciudadanía de los Estados Unidos para la presente y las futuras generaciones. Aún no hemos hecho una solicitud oficial de admisión como estado y para ingresar a la unión se requiere un voto mayoritario del Congreso, la única Rama que puede admitir nuevos estados por una mayoría simple.

Solicitar y ser admitidos como estado es un verdadero pacto permanente ya que la Constitución no provee mecanismo para la secesión de un estado, ni un territorio organizado de ciudadanos como PR.

PR es parte de EEUU, cónsono con el espíritu de los arquitectos de EEUU de adquirir, organizar y admitir territorios. Nuestro futuro político está en nuestras manos y solo el Congreso conjuntamente con el voto mayoritario del pueblo de PR hará realidad la integración con nuestros conciudadanos en los 50 estados que logre la igualdad de derechos civiles, constitucionales y responsabilidades.

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Quieren disfrazar Asamblea Inconstitucional de status (reproduccion) 09/02/13

Quieren disfrazar Asamblea Inconstitucional de status 09/02/13
Hernán Padilla
Ante las contradicciones de los que pretenden celebrar una “Asamblea Inconstitucional de Status” según propone García Padilla, es necesario considerar las expresiones públicas de algunos de sus aliados y la Constitución de Puerto Rico.

Puerto Rico tiene el derecho a reconocer las diferencias entre los que proponen un juego político mediante un mecanismo que no tiene la menor oportunidad de resolver el problema del status y los que abiertamente apoyamos que Puerto Rico se convierta en un Estado de los Estados Unidos.

El ex-gobernador Hernández Colon propone un proceso sin límite de tiempo que “debe permanecer vigente hasta que logre su objetivo”. Reconoce también que no es tan fácil como pretende el PPD: “El procedimiento para convocar una Asamblea Constituyente, según el Articulo VII de la Constitución de Puerto Rico, requiere que dos terceras partes de ambas cámaras legislativas lo aprueben y que esta decisión se someta a votación al pueblo, no al antojo del PPD, sino en las elecciones subsiguientes.

Rafael confirma la dependencia del ELA-colonial y acepta que si hubiera tal “Asamblea” es el “Congreso que por ley establece el proceso para considerar las propuestas y quien tiene la autoridad para rechazarlas”.

Sin embargo, Aníbal Acevedo Vilá pretende disfrazar la Asamblea “inconstitucional” y recomienda llamarla “Asamblea de Status” (elimina Constitucional) , como si fuera otra comisión de status, para que no se apliquen “las normas jurídicas de las convenciones constitucionales”. Igual que RHC, reconoce que dicha asamblea “no puede obligar al Congreso de los Estados Unidos a que acepte lo que se le propone”

No pueden ocultar que no quieren ser parte de los Estados Unidos. Aníbal afirma que “no le veo ningún problema a que se incluya la opción de libre asociación (sin ciudadanía americana) como una cuarta alternativa”.

La Comisión de Status del PPD propone:”suscribir un pacto de asociación no colonial, y no territorial con los Estados Unidos basado en el ejercicio de la soberanía de ambos países (naciones independientes) y con plena validez internacional de conformidad con la Resolución 2625 (XXV) de la Organización de las Naciones Unidas. (Independencia o republica asociada)

Legisladores populares radicaron proyectos y posponen su consideración amparándose en una disposición constitucional para consultar si el pueblo desea que se convoque a una convención constituyente aunque choque contra el poder del Congreso, que impuso restricciones a la colonia limitando los poderes para enmendar nuestra Constitución.

Ante la estrategia popular, el Artículo VII de la Constitución de Puerto Rico es fácil de entender. Sección 1, La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta Constitución mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara”. Este requisito no se puede cumplir ya que los líderes estadistas se oponen a una Asamblea Inconstitucional.

Los estadistas basamos nuestra posición fundamentalmente en la Sección 3. “Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso Octogésimo primero”.

Más que eso, insistimos que la independencia no es opción y que el ELA mejorado, ELA Soberano o la republica asociada no caben dentro del orden constitucional americano.

No importa como la llamen, Asamblea Inconstitucional, Convención, Comisión o Asamblea de Status, la realidad es que todas son innecesarias e ignoran que el pueblo emitió su veredicto, derrotó el ELA-territorial-colonial, revocó el consentimiento de los gobernados y el 61% apoyó la estadidad en el referéndum del 2012. La próxima Constituyente será al amparo de la Constitución de los Estados Unidos para el Estado de Puerto Rico.

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Quieren disfrazar Asamblea Inconstitucional de status; publicada 09/02/13

51. Quieren disfrazar Asamblea Inconstitucional de status 09/02/13
Hernán Padilla
Ante las contradicciones de los que pretenden celebrar una “Asamblea Inconstitucional de Status” según propone García Padilla, es necesario considerar las expresiones públicas de algunos de sus aliados y la Constitución de Puerto Rico.

Puerto Rico tiene el derecho a reconocer las diferencias entre los que proponen un juego político mediante un mecanismo que no tiene la menor oportunidad de resolver el problema del status y los que abiertamente apoyamos que Puerto Rico se convierta en un Estado de los Estados Unidos.
El ex-gobernador Hernández Colon propone un proceso sin límite de tiempo que “debe permanecer vigente hasta que logre su objetivo”. Reconoce también que no es tan fácil como pretende el PPD: “El procedimiento para convocar una Asamblea Constituyente, según el Articulo VII de la Constitución de Puerto Rico, requiere que dos terceras partes de ambas cámaras legislativas lo aprueben y que esta decisión se someta a votación al pueblo, no al antojo del PPD, sino en las elecciones subsiguientes.

Rafael confirma la dependencia del ELA-colonial y acepta que si hubiera tal “Asamblea” es el “Congreso que por ley establece el proceso para considerar las propuestas y quien tiene la autoridad para rechazarlas”.

Sin embargo, Aníbal Acevedo Vilá pretende disfrazar la Asamblea “inconstitucional” y recomienda llamarla “Asamblea de Status” (elimina Constitucional) , como si fuera otra comisión de status, para que no se apliquen “las normas jurídicas de las convenciones constitucionales”. Igual que RHC, reconoce que dicha asamblea “no puede obligar al Congreso de los Estados Unidos a que acepte lo que se le propone”

No pueden ocultar que no quieren ser parte de los Estados Unidos. Aníbal afirma que “no le veo ningún problema a que se incluya la opción de libre asociación (sin ciudadanía americana) como una cuarta alternativa”.
La Comisión de Status del PPD propone:”suscribir un pacto de asociación no colonial, y no territorial con los Estados Unidos basado en el ejercicio de la soberanía de ambos países (naciones independientes) y con plena validez internacional de conformidad con la Resolución 2625 (XXV) de la Organización de las Naciones Unidas. (Independencia o republica asociada)

Legisladores populares radicaron proyectos y posponen su consideración amparándose en una disposición constitucional para consultar si el pueblo desea que se convoque a una convención constituyente aunque choque contra el poder del Congreso, que impuso restricciones a la colonia limitando los poderes para enmendar nuestra Constitución.

Ante la estrategia popular, el Artículo VII de la Constitución de Puerto Rico es fácil de entender. Sección 1, La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta Constitución mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara”. Este requisito no se puede cumplir ya que los líderes estadistas se oponen a una Asamblea Inconstitucional.

Los estadistas basamos nuestra posición fundamentalmente en la Sección 3. “Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso Octogésimo primero”.

Más que eso, insistimos que la independencia no es opción y que el ELA mejorado, ELA Soberano o la república asociada no caben dentro del orden constitucional americano.
No importa como la llamen, Asamblea Inconstitucional, Convención, Comisión o Asamblea de Status, la realidad es que todas son innecesarias e ignoran que el pueblo emitió su veredicto, derrotó el ELA-territorial-colonial, revocó el consentimiento de los gobernados y el 61% apoyó la estadidad en el referéndum del 2012. La próxima Constituyente será al amparo de la Constitución de los Estados Unidos para el Estado de Puerto Rico.

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ELA es un engaño, lunes 20 de junio, 2016

ELA es un engaño, lunes 20 de junio, 2016
Hernán Padilla
La decisión del Tribunal Supremo Federal confirmando la del Tribunal Supremo de PR en el caso de Sánchez Valle y en contra de la posición del gobierno de PR apelando la misma, confirmó que PR no tiene los poderes ni la soberanía separada como ocurre con la de los estados de la Unión y que no puede radicar cargos contra un acusado por la misma causa radicada a nivel federal. Bajo el ELA, según Sánchez Valle, la Constitución de PR fue solo para asuntos internos, siempre supeditados al Congreso.

Simultáneamente, SCOTUS resolvió además otro caso pendiente, que la Ley de Quiebras Criolla es inconstitucional porque el Congreso es el único que puede tomar acción al amparo de Clausula de Supremacía de las leyes federales.

Torres Gotay afirmó que “la decisión de SCOTUS y la aprobación de la Junta Fiscal Federal asestan un duro golpe al ELA. SCOTUS confirmó que “la última fuente de soberanía reside en el Congreso”. La decisión tampoco sorprendió al Congresista Serrano, quien ha argumentado que PR no puede ser soberano bajo el ELA y que tampoco puede existir un ELA-soberano.

Los populares apelaron al tribunal federal amparándose en el poder y la soberanía que corresponde a los estados para defender la doble exposición a pesar de que al someterse a la Corte Suprema federal aceptaban que las decisiones del Tribunal Supremo de PR están sujetas a la autoridad federal.

La decisión de SCOTUS confirma que la Constitución de PR estableció un gobierno colonial propio que no sustituyó el estatus territorial, que tuvo que ser sometida al Congreso para su aprobación, y que el “pacto bilateral” que alegó el PPD fue otro engaño. A pesar de esto, García Padilla irá a la ONU a quejarse ante sus amigos de Cuba de que SCOTUS estableció que el ELA-colonial no tiene soberanía propia.

El presidente del PPD expresó que el ELA no es alternativa de futuro, pero ahora finge sorprenderse de que SCOTUS confirme que el ELA no tiene soberanía propia. Pretende que el liderato popular haga una revisión “de la estructura de la relación entre PR y EEUU” para definir el futuro del ELA como sugiere Carmen Yulín: “una relación no territorial y no colonial que no incluye al ELA que está incapacitado de servir de cara al futuro”.

La indefinición del ELA es la causa principal de los problemas que afectan a PR. La decisión de SCOTUS reafirmando que la autoridad reside en el Congreso inicia la solución del estatus de PR para que se le aplique la Constitución federal en toda su extensión en condiciones de plena igualdad.

PR cumple con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente” para ser admitido en la Unión. Las Cortes Federales le han extendido a los ciudadanos que residen en PR la mayoría de las “garantías constitucionales” y el Congreso incluye a la Isla en muchos programas federales.

Las decisiones de SCOTUS reafirman la mentira del ELA. Sometieron al pueblo a un fraude que se reveló con la opinión del Supremo, y mentiras que se desinflan con la Junta Fiscal Federal. El Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Supremo nos han dicho repetidamente que somos un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso.

Como territorio no incorporado, la igualdad que garantiza la Constitución no se ha hecho extensiva a PR. La Constitución federal solo se aplicará en toda su extensión en condiciones de igualdad cuando PR se convierta en un Estado. Eso nos obliga a resolver el estatus.

Las próximas elecciones deben ser plebiscitarias, para que el pueblo le extienda al nuevo gobierno un mandato para resolver la crisis fiscal y que usen todos los recursos legales para encaminar a PR hacia la plena igualdad como estado.

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Mandato 2017: dos prioridades cruciales (publicada en diciembre, 2015)

Mandato 2017: dos prioridades cruciales (publicada en diciembre, 2015)
Hernán Padilla

Las repercusiones de no pagar la deuda pública de Puerto Rico van mucho más allá del fracaso del modelo político-económico de nuestro estatus territorial-colonial.

Sergio Marxuach, Director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE) plantea que el endeudamiento público debe ser proporcional a la capacidad de pago y no debe utilizarse para “pagar gastos corrientes o financiar déficits operacionales”. “El problema es que en Puerto Rico hemos incumplido con ambas condiciones durante los últimos quince años”.

Nuestra maltrecha economía y la mala imagen de incapacidad para acometer la crisis que ha creado el gobierno colonial podrían afectar nuestra lucha para lograr las herramientas constitucionales y el poder político que solo se adquieren con la Estadidad, y que son indispensables para encauzar nuestro desarrollo económico.

Desgraciadamente, las expresiones públicas y las malas decisiones políticas y económicas de la administración popular levantan dudas sobre la estabilidad, el compromiso y seriedad para de nuestro pueblo para cumplir con las obligaciones de Puerto Rico y lograr un mejor futuro.

Si bien huelga señalar que apoyo la admisión como Estado lo antes posible, reconozco que es un proceso lento semejante a una carrera con obstáculos. De otra parte, concurro con Annabel Guillen, Directora Ejecutiva de Igualdad Futuro Seguro, en que “el resultado del plebiscito abrió finalmente la puerta, ahora es que realmente comienza la travesía”.

Claramente, la crisis económica no puede atenderse aisladamente. El problema de deuda está intrínsecamente ligado a la indefinición política de un status sin poderes políticos.

El Lcdo. Francisco Rullán tiene razón cuando insiste en que la Estadidad y la igualdad son derechos que no deben estar atados a las deudas del gobierno territorial, ya que la Estadidad ayudaría a solucionar los problemas y falta de crecimiento económico. Rullán advierte que “Ciudadanos Americanos no deben sufrir la falta de derechos civiles por culpa y negligencia de la clase política que administra el territorio”.

El profesor Héctor Ríos Maury opina que no se debe penalizar a millones de ciudadanos americanos condicionando su opción en derecho a trascender el colonialismo. Propone que la lucha por la igualdad, a tono con el federalismo, combine el reclamo de nuestros derechos civiles y constitucionales con la “Estadidad y un Buen Gobierno”.

Según el economista Jaime Benson, el problema de deuda es uno atado a la incapacidad de crecimiento económico, y que la certeza, seguridad y estabilidad que traería consigo la plena igualdad de derechos políticos y ciudadanos, darían fin a la incertidumbre que impide dicho crecimiento. La Estadidad sería la resolución de nuestra relación colonial entre EEUU, que sin duda ha sido la causa principal de la presente crisis económica y social.

La experiencia histórica demuestra que todos los territorios que se han convirtido en estado han mejorado significativamente su situación económica. Con la Estadidad, esas jurisdicciones adquirieron el poder político necesario para atender las necesidades de su ciudadanía.

El Puerto Rico de hoy se parece más al Hawái del 1956 que a la Grecia del 2015. La estadidad provocó en Hawái un aumento poblacional, y con ello un crecimiento del PIB, aumento de la inversión corporativa, el desarrollo de nuevas empresas, y un ingreso per cápita mucho mayor.

Como ciudadanos americanos, la Estadidad es nuestro derecho desde el mismo momento en que nos otorgaron dicha ciudadanía en el 19017, y que fue reconocido en 1941 para todo aquel nacido en Puerto Rico. La estadidad es un destino inevitable e irreprimible, así que tenemos que continuar e intensificar la lucha para lograr y garantizar ese mejor futuro para nuestra Isla.

Las próximas elecciones deben ser plebiscitarias, para que el Pueblo extienda al nuevo gobierno un mandato para resolver la crisis fiscal, económica y política y simultáneamente encaminar agresivamente a PR hacia su derecho de convertirse en estado.

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Decisión Suprema, publicada el 18 de enero, 2016

Decisión Suprema 18 de enero, 2016
Hernán Padilla
La decisión del Tribunal Supremo de PR en el caso de Pueblo vs Sanchez Valle estableciendo que al no ser Estado, PR carece de autoridad soberana separada de la del Gobierno Federal para acusar en los tribunales de PR a una persona que haya sido procesada por ese mismo delito en los tribunales federales, abrió las puertas para que la Corte Suprema de EEUU (SCOTUS) examine los puntales del ELA.

Basado en la preguntas en la “Vista Oral Argumentativa” los Jueces entraron de lleno en el tema del estatus.

Los Jueces consideraron el impacto que la decisión del Tribunal Supremo podría tener sobre el estatus y las relaciones de PR con el gobierno federal, según se resume en el escrito sometido por el Procurador General Verrilli aseverando que la decisión podrá afectar “la legislación y políticas federales relacionadas a PR incluyendo representación congresional, beneficios federales, impuestos federales, quiebras, y otras”.

Verrilli y Nicole Saharsky reconfirmaron que PR sigue siendo un territorio bajo nuestro sistema constitucional”, “no posee soberanía independiente a la de los Estados Unidos y es un territorio sujeto a la autoridad plenaria del Congreso. Las expresiones de Verrilli dejan claro que la Constitución de PR estableció un gobierno propio local y colonial que no alteró el estatus territorial y tuvo que ser sometida al Congreso para su ratificación. El pacto bilateral nunca existió, ni el Congreso cedió su autoridad sobre PR, como lo corroboraron repetidamente Luis Muñoz Marín y Antonio Fernos Isern en el Congreso.

Resulta irónico que el PPD apeló amparándose en el argumento de que somos jurisdicciones separadas e invocando la soberanía que corresponde a los estados y reclamando el poder estatal para defender la doble exposición. Al someterse al Tribunal Supremo, aceptan la supremacía del foro federal.
Es evidente que el Congreso se reservó el derecho exclusivo para determinar cualquier cambio al estatus de PR cuando enmendó la Constitución de PR para disponer que cualquier enmienda debe ser compatible con la Ley Pública 447, las disposiciones aplicables de la Constitución de EEUU y Ley Pública 600.

La opinión y decisión del Tribunal Supremo podría sorprender a los constitucionalistas más eminentes, pero los Jueces deben considerar la evolución constitucional que demanda que el gobierno federal garantice iguales derechos a todos sus ciudadanos. El Juez Federal Gelpí argumentó que aunque PR todavía era un territorio no incorporado de jure, había evolucionado de facto a un territorio incorporado.

PR cumple con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente”, para ser admitido en la Unión. La Ley federal del Gobernador Electo expandió el alcance de la Constitución de los Estados Unidos a los puertorriqueños y estableció que los derechos, privilegios e inmunidades de EEUU se respetarán en PR hasta el mismo grado que si “Puerto Rico fuese un estado de la Unión”.

La Juez Asociada Sandra Day O’Connor opinó que “PR parece ser un estado; posee la autonomía de otros estados (como los poderes y soberanía en transición hacia la estadidad); no es soberano como una nación independiente; tiene una forma de gobierno republicano organizado bajo una Constitución aprobada por su gente; y sus ciudadanos son tan ciudadanos americanos como los ciudadanos de los estados”.

No obstante, siendo PR un territorio no incorporado, la igualdad que garantiza la Constitución Americana no se ha hecho completamente extensiva a los Ciudadanos Americanos en la Isla. Tenemos que concluir que la Constitución federal solo se aplicará en toda su extensión y en condiciones de plena igualdad cuando PR se convierta en Estado de EEUU.

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Un nuevo reto estadista, lunes 23 de mayo

Un nuevo reto estadista
Hernán Padilla

Los 43 delegados del Partido Republicano de PR que asistirán a la Convención Republicana Nacional que se llevará a cabo del 18 al 21 de julio en Cleveland para confirmar los nominados a Presidente y Vicepresidente y aprobar la plataforma política del partido tendrán la gran responsabilidad de representar al movimiento estadista en un momento histórico para nuestro pueblo.

Deben prepararse para contestar las preguntas sobre la crisis fiscal, la deuda pública y las medidas que ha tomado el gobierno colonial que han destruido la credibilidad de PR ante las casas acreditadoras e inversionistas. Además, para demostrar que la crisis fiscal resulta de un modelo político que promueve la dependencia, rechaza la igualdad y le niega a PR los poderes y deberes de nuestros conciudadanos en los cincuenta estados y que ahora requiere la intervención del Congreso y la Casa Blanca para poder llevar a cabo reformas que permitan un desarrollo económico sostenible.

Tendrán que exponer el impago de la deuda, la moratoria dictatorial, y la necesidad de una Junta Federal para supervisar la política fiscal y proveer las herramientas para revitalizar la economía sin recurrir a un “rescate financiero” (bailout).

Los delegados locales deben presentar una estrategia coordinada para educar al liderato republicano sobre el resultado del plebiscito del 2012 cuando PR revocó el consentimiento al estatus territorial-colonial y favoreció la estadidad. Tendrán que presentarles una visión de desarrollo económico y transición hacia la estadidad y demostrarles que ese compromiso tendrá un gran impacto político en estados como Florida para mantener una mayoría republicana en Cámara y Senado.

La delegación puertorriqueña debe destacarse por la seriedad y profundidad de sus planteamientos. La lucha más intensa será por el reclamo de igualdad ciudadana, derechos constitucionales y generar apoyo a la estadidad y tienen que hacer claro nuestra posición sobre otros asuntos cruciales porque queremos ser miembros activos en condición de igualdad como ciudadanos americanos.

Respaldamos que EEUU es una nación de ciudadanos donde el soberano es el pueblo. Defendemos la Constitución y la Carta de Derechos, incluyendo la libertad de expresión, prensa, religión, asociación y movimiento, la protección al derecho a la propiedad, los poderes delegados a los estados y la separación e igualdad de poderes de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial.
Creemos en un gobierno central limitado y con menos poderes sobre los estados y los ciudadanos. Rechazamos la imposición de más impuestos a nivel local y nacional, creemos en el libre comercio y los tratados comerciales que promuevan el desarrollo económico. Queremos que Puerto Rico participe activamente en los tratados de comercio y que sea el enlace entre EEUU y América Latina.

Somos ciudadanos americanos de nacimiento en una nación multicultural. Queremos una reforma migratoria justa y apoyamos al pueblo de Cuba que demanda libertad y democracia.
Nuestros trabajadores deben recibir igual paga por igual trabajo que los ciudadanos en los estados y defendemos el derecho de los empleados a crear y pertenecer a uniones. Exigimos igualdad en los beneficios de Seguro Social, Medicare y programas de salud y bienestar social entre otros. Creemos en la igualdad de derechos y deberes y sentimos orgullo por nuestras históricas aportaciones a la Nación.

El Partido Republicano de PR tiene un gran reto por delante. Debe participar en el Comité Nacional de Plataforma para que se renueve el compromiso programático que comprometa al partido a colaborar activamente para resolver nuestra inferioridad ciudadana permanentemente, mediante un proceso democrático avalado por el Congreso, que encamine a PR a convertirse por derecho ineludible en un estado de la unión.

Será menester señalar que la actual crisis económica es resultado de la fallida relación colonial que solo ha servido como un modelo de sub-desarrollo y que se ha sostenido en el discrimen y en nuestra desigualdad ciudadana.

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Hillary Clinton favorecería consulta “estadidad sí o no”, El Vocero, lunes 16 de mayo

Hillary Clinton favorecería consulta “estadidad sí o no”
La aspirante demócrata a la presidencia emitió las declaraciones en antesala a la llegada de su esposo Bill Clinton a Puerto Rico
16 de mayo del 2016

La precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, está dispuesta a que Puerto Rico celebre una consulta “estadidad sí o no” y además, reiteró que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas deben tener derecho al voto presidencial aunque residan en la Isla.

Las declaraciones surgieron esta mañana como preámbulo a la llegada de su esposo el expresidente Bill Clinton a San Juan mañana martes.

“El pueblo de Puerto Rico posee una orgullosa historia y un patrimonio distintivo y, como ciudadanos estadounidenses, tienen el derecho que sus voces sean escuchadas en los asuntos críticos que les afectan. Todos los estadounidenses deberían poder votar por las personas que formulan sus leyes”, sostuvo la exsecretaria de Estado en declaraciones escritas.

Agregó que de llegar a la Casa Blanca, trabajará “tan fuerte como me sea posible con el pueblo de Puerto Rico y los defensores de todas las ideologías para contestar la pregunta fundamental de su estatus político”.

“La decisión debe ser tomada por el pueblo de Puerto Rico y me comprometo a apoyar su decisión”, aseguró.

“Un proceso para resolver el estatus legal de Puerto Rico debe estar basado en opciones que sean justas y consistentes con la Constitución y las leyes de los Estados Unidos y cuya decisión sea por voto mayoritario. Apoyaré cualquier proceso que cumpla con estos términos, cómo lo es un voto sí o no sobre la estadidad. Es tiempo de cerrar este asunto”, agregó la también senadora.

Clinton sostuvo que “todos los ciudadanos estadounidenses, no importa dónde residan, deben tener el derecho de votar por el presidente de los Estados Unidos”.

Aseguró que ya lo había expresado en 2008.

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Impago de la colonia fracasada, lunes 9 de mayo, 2016

Impago de la colonia fracasada
Hernán Padilla
El analista Mario Ramos comparó a PR con varios estados para destruir la estrategia de los defensores del ELA que describen la colonia, “como el mejor de dos mundos” y “el progreso que se ve”, cuando la realidad es que la economía de PR siempre ha estado muy por debajo del estado más pobre.

La crisis y el impago de $367 millones de la deuda del BGF y $2 billones que tienen que pagar el 1ro de julio son resultado de políticas públicas equivocadas y de gobiernos que dependen de transferencias federales, que conociendo la frágil liquidez no implantaron las reformas necesarias, y la negligencia administrativa e ineficiencia de las corporaciones públicas y la corrupción gubernamental. Según Gustavo Vélez, “la crisis es el resultado del colapso del modelo productivo que estuvo anclado en incentivos contributivos federales”.

Tampoco se ha cumplido con el requisito indispensable del Congreso de someter un estado financiero auditado para proseguir con legislación que provea las herramientas para reestructurar la deuda y crear una Junta federal para supervisar el desgobierno en PR.

Ante la posibilidad de que se extienda el impago, es necesario mantener un diálogo con todo el Pueblo en todos los niveles sociales y económicos; pero la comparecencia televisada del Gobernador fue muy superficial y ausente de información esencial para comprender el propósito y alcance del impago. Elías Gutiérrez sentencia que: “solo ha llevado al gobierno del ELA a enredarse en una guerra política”…

Felicito a Ricardo Cortés Chico por su artículo “La larga agonía del impago”, en que entrevista a los profesores Carlos Ramos y Mario Negrón, y a los economistas Alameda, y Villamil sobre los efectos del impago sobre la economía de la Isla.

Advierten que continuaran las degradaciones en la clasificación crediticia de PR que cerrará las puertas a los inversionistas y afectará los fondos disponibles a los bancos, las cooperativas de ahorro y agencias que dependen de bonos para hacer proyectos importantes y necesarios.

El impago de García Padilla podría causar un decrecimiento de 3% anual en la economía (contracción económica) y un aumento de 30% de desempleo. Miles de puertorriqueños han perdido sus ahorros de retiro en bonos del gobierno y en fondos mutuos en PR. Como consecuencia, las entidades financieras tendrán que tomar medidas más estrictas para prestar dinero a los empresarios y se paralizará la inversión privada.

Además de las 200,000 unidades de viviendas cerradas o abandonadas, surgirán miles más por la migración masiva en busca de empleo y mejor calidad de vida y cada día habrá menos personas que puedan cargar con la desproporcional deuda pública.

Según el Representante Hernández Montañez, “se abrirá una gama de reclamaciones legales” presentadas por los acreedores y complicaciones financieras que podrían terminar con un proceso de sindicatura en el BGF. Pierluisi predice que el impago traerá más inestabilidad e incertidumbre.

La política pública de AGP y su gobierno, incluyendo la “moratoria dictatorial”, han destruido la imagen de PR ante el Congreso. Ni siquiera han cumplido su obligación de someter un Plan Fiscal y presupuesto que demuestren que tienen la intención y la capacidad para sacar a PR de la crisis fiscal. Según Joanisabel González de El Nuevo Dia, el economista Orlando Sotomayor enfatizó que ante la renuencia del liderato local de hacer las reformas necesarias por ser “políticamente costosas”, se espera que vengan “los americanos a resolver el problema”.

La ausencia de poderes políticos nos pone en desventaja cuando el Congreso considera acciones que pueden afectar también a otros estados. Insisto en que tienen que someter los estados financieros auditados, el plan de cinco años, un presupuesto realmente balanceado, una reforma para un desarrollo económico sostenible, y agilizar la solución del estatus de PR para reclamar nuestro derecho a la igualdad constitucional como estado.

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