Estatus arrastra econimia

lunes, 5 de diciembre de 2016
El status arrastra la economía
Según avanza el proceso de transición entre la administración saliente y el comité del gobernador electo Ricardo Rosselló se hace evidente que PROMESA es imprescindible. El régimen actual fracasó en su obligación de administrar los fondos locales y federales disponibles para prestarle servicios al pueblo y promover el desarrollo económico.

Tampoco pagaron la deuda pública ni a suplidores, ni controlaron los gastos públicos o balancearon el presupuesto de acuerdo a ingresos reales. No protegieron el buen nombre, la credibilidad y el crédito de Puerto Rico.

Cuando venza la moratoria del pago de los bonos no habrá fondos para pagar $1,318 millones de la deuda ni para mantener al gobierno prestando servicios. En junio proyectan otro déficit de $3,036 millones para pagos de la deuda y fondos que usaron de otras agencias. Se estima que con una deficiencia de $6,000 millones tampoco podrán pagar una deuda de $1.5 billones a los suplidores ni el reintegro a los contribuyentes.

En febrero, el Tesoro federal afirmó que “el gobierno de Puerto Rico agotó sus fuentes de liquidez hace más de un año”. Proyectan que en el año fiscal 2018 no habrá recursos para pagar pensiones, reintegros, las deudas a los bonistas ni posiblemente los salarios de los empleados públicos.

Se estima que hay más de $3,500 millones de fondos federales congelados en el Banco Gubernamental de Fomento por Orden Ejecutiva, pero el banco solo tiene $170 millones en caja y no pueden usar los fondos federales para proyectos importantes aprobados, lo que obligará a algunas agencias federales a demandar al gobierno de Puerto Rico. Como consecuencia arriesgarían fondos federales vitales para la isla.

La Ley que creó la Junta establece que tiene la autoridad para revisar y aprobar presupuestos, gastos de operación y otras transacciones del gobierno. Para que la JSF certifique el plan fiscal, debe cumplir catorce requisitos, incluyendo: eliminar los déficits estructurales, presentar presupuestos balanceados sostenibles, lograr crecimiento económico, recuperar acceso a los mercados, financiamiento para los sistemas de retiro de los empleados públicos, y no depender de fondos federales adicionales inciertos.

La Junta rechazó el plan del gobernadorGarcía Padilla porque carece de reformas estructurales gubernamentales y ajustes del presupuesto necesarios, no detalla cómo pagaría y se reestructuraría la deuda, no promueve crecimiento y desarrollo económico, y no define metas, métricas y proyecciones para la próxima década.

García Padilla no cumplió con su responsabilidad y se negó a someter las enmiendas requeridas. Ante esa negativa, la Junta considerará las propuestas sometidas por Rosselló y procederá a certificar un plan fiscal final para el 31 de enero.

La Junta insiste que la crisis requiere soluciones a largo plazo, incluyendo la reestructuración de la deuda, dar impulso económico,controlar los gastos que no son esenciales y encaminar el aparato público hacia la eficiencia.

La Casa Blanca ha expresado que el status arrastra la economía. Administrar la colonia sin resolver el status le cierra a Puerto Rico las puertas a una planificación y política pública que cumplan con soluciones a largo plazo para la reorganización gubernamental, revitalizar la economía, promover el desarrollo económico y trabajar con el Congreso para lograr el trato de plena igualdad y paridad en los fondos federales.

Puerto Rico eligió un gobernador, comisionada residente y Legislatura estadistas y llegó el momento para enviarle un claro mensaje a la Junta, al Congreso y la Casa Blanca para que las acciones que tomen sean cónsonas con la voluntad del Pueblo puertorriqueño sobre su futuro político, especialmente la transición hacia la estadidad.

Conforme a la Ley del 2014 del Congreso que asignó fondos para un referéndum, se debe llevar a cabo un plebiscito entre la estadidad y la independencia y ratificar el voto del 2012. No hacerlo pronto en 2017, mantendría a Puerto Rico en el limbo político y sometería a nuestro pueblo a una crisis con consecuencias peores que la crisis actual.

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Transición hacia a la Estadidad, lunes 21 de noviembre

Transición hacia a la Estadidad, lunes 21 de noviembre
Hernán Padilla
El periodo electoral culminó con la certificación de Ricardo Rosselló como gobernador electo y de Jenniffer González Comisionada Residente. Rosselló ya nombró un equipo de transición y contará con una mayoría del PNP en la Legislatura para implementar su programa de gobierno.

Cito segmentos de su programa “Compromiso con PR”, un “modelo para la estabilización de PR y la tan necesaria meta de la Igualdad y la Estadidad, hasta alcanzar el desarrollo económico sólido y sostenible para fortalecer nuestra economía”. Según Bloomberg-News, la elección de Ricardo Rosselló ha sido tan positiva en los mercados de valores que los bonos de PR aumentaron su valor significativamente.

Rosselló y González representan una “nueva generación comprometida con realizar los cambios que PR merece y necesita”. González llevará al Congreso “propuestas para ayudar a la creación de empleos, al desarrollo de industrias y empresas locales y a atraer inversión privada nacional e internacional para lograr el crecimiento y fortalecimiento de nuestra economía”. También luchará para obtener trato igualitario en fondos federales, particularmente Medicare y Medicaid.

Rosselló, ya se comunicó con los miembros de la Junta Fiscal, solicitó acceso a los informes financieros, someterá un nuevo Plan Fiscal de 5 años, se reunió con el Tesoro Federal, los bonistas y casas acreditadoras para discutir los términos de la deuda.

Su administración enfrentará una deuda de sobre $69,000 millones sin incluir la deuda de los sistemas de retiro y otras, que aumentan el total a unos $140,000 millones. No tendrá suficiente liquidez para financiar sus operaciones a corto y mediano plazo, proveer los servicios básicos, invertir en proyectos de infraestructura y otras iniciativas de desarrollo económico y social”.

Enfrentará una deuda pública clasificada “chatarra”, crisis en los fondos de retiro, las corporaciones públicas, deudas a suplidores, y un “gobierno disfuncional, ineficiente, burocrático”, sin credibilidad, que impuso contribuciones abusivas y permitió las pirámides de corrupción gubernamental.

Ante la crisis del gobierno por falta de dinero en caja, Rosselló se ha comprometido a gestionar cerca de $900 millones para financiar las operaciones del gobierno a corto plazo mediante pagarés en anticipos de contribuciones sobre ingresos. También implementará una administración comprometida con un gobierno que no gaste más de lo que ingresa, fomente, incentive y facilite el desarrollo económico y efectúe una reforma contributiva que permita bajar las contribuciones sobre ingresos para individuos.

El programa de gobierno reconoce que hay que darle prioridad a la relación con EEUU. “PR carece de representación plena en la política pública y la toma de decisiones a nivel federal que afectan nuestra economía, educación, salud, seguridad pública, infraestructura y gobernanza”.

“Nuestra condición colonial presenta serias limitaciones para el desarrollo socio- económico de PR y crea desigualdad en fondos federales entre PR y estados con población similar. La plena integración con EEUU será la principal herramienta para encaminar nuestro desarrollo socio-económico y atraer inversión, como sucedió con los territorios con Alaska y Hawái cuando se convirtieron en estados.

Jenniffer González enfatizó su compromiso “para conseguir la igualdad plena y acabar con la colonia”. Afirma que la “Estadidad es la única alternativa de estatus que garantiza la igualdad y la ciudadanía americana; nos brinda las herramientas políticas de representación congresional y voto presidencial; y eliminaría riesgos asociados con la inestabilidad del actual régimen político que desalienta la inversión económica”.

El resultado electoral resalta los principios de que la Estadidad nos dará todos los derechos plenos que podríamos disfrutar como ciudadanos americanos, generará estabilidad política y propiciará un mayor nivel de inversión pública y privada y una mejor calidad de vida en PR. En palabras de Rosselló, su programa de gobierno “está firmemente vinculado a una transición hacia a la Estadidad”, siguiendo los conceptos para resolver el estatus presentados por el Partido Republicano de PR y aprobados e incluidos en la plataforma nacional.

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PR votó por un cambio total

martes, 8 de noviembre de 2016
Puerto Rico votó por un cambio total
Las tendencias electorales proyectan que, a partir del 2 de enero, Puerto Rico tendrá un gobierno estadista que responda a la voluntad de los electores que quieren la unión permanente y que le han dado su voto a Ricardo Rosselló para dirigir un buen gobierno y que acelere la solución del estatus. En cuanto a los programas de gobierno de los candidatos a gobernador, el electorado prefirió la plataforma del PNP y Rosselló.

Es muy significativo que los partidos y candidatos separatistas hayan sido rechazados en una elección histórica y que una pluralidad de los electores le haya dado un mandato al único partido que promueve la estadidad para sacar a nuestro pueblo de la crisis que ha obligado a miles de puertorriqueños a mudarse a los 50 estados.

Si la tendencia se mantiene, el PIP obtendría cerca del 2% y tampoco cualificaría como partido otra vez más. Obviamente, el pueblo de Puerto Rico no quiere la independencia. Además, el PPD quedaría cerca del 39% y perdería la gobernación, la Cámara y el Senado. Roselló tendrá una ventaja de alrededor de 40 mil votos.

Fracasaron los llamados de Bernier y Carmen Yulín para crear una coalición separatista y antiamericana. Los resultados confirman que el pueblo rechazó la plataforma del PPD que propone una república asociada con un lenguaje engañoso.

El voto a favor de Rosselló, que había dicho que trabajaría con la Junta para reestructurar la deuda, balancear el presupuesto y promover el desarrollo económico, confirmó las encuestas de que el pueblo apoyaba la intervención de la Junta Fiscal Federal para sacar a Puerto Rico de la crisis y el colapso fiscal.

En cuanto al proceso de votación, se reportaron colegios con filas interminables. Por mi experiencia a nivel nacional, la CEE asignó menos lugares de votación y muchas menos máquinas que lo necesario para 1.8 millones de electores. Esta elección debe servir para que el sistema electoral de Puerto Rico adopte el proceso de votación adelantada en persona o por correo. En Florida votaron por correo o voto adelantado unos 6.6 millones de ciudadanos, más de la mitad de los inscritos en el Estado.

En cuanto a los programas de gobierno de los candidatos a gobernador, el electorado prefirió la plataforma del PNP y Rosselló. De acuerdo a la tendencia electoral, el PNP gana siete de ocho distritos senatoriales y 29 de 40 distritos representativos y tendrá la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. El pueblo votó en contra de los que sumieron a Puerto Rico en el caos fiscal, el uso indebido de fondos públicos para fines políticos y la nefasta corrupción.

No queda duda que el sentir ciudadano en su lucha por la igualdad y en un rechazo del status colonial actual tiene más relevancia que nunca. El pueblo puertorriqueño atesora la unión permanente con Estados Unidos. La mayoría no quiere arriesgar su ciudadanía americana. En el 2012 revocaron el consentimiento al ELA colonial y ahora rechazan a los autonomistas, soberanistas e independentistas del PPD y el PIP.

En resumen, el pueblo votó en contra del desastroso régimen que llevó a Puerto Rico a la quiebra fiscal y a que sus políticas públicas destruyeran la economía y cerrara las puertas para poder lograr un desarrollo económico sostenible. Votó en contra de las condiciones deplorables que obligan a sus familiares y amigos a emigrar a los 50 estados en busca de empleos, progreso y mejor calidad de vida. Votó en contra de los abusos, las pirámides de corrupción, la amenaza de perder la unión permanente y la ciudadanía americana para generaciones futuras. Y votó a favor del candidato y el partido que representa la esperanza de un mejor futuro para ellos y sus familias.

Tendrá una tarea compleja, dura y difícil.

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De cara a las elecciones, lunes 7 de noviembre

lunes, 7 de noviembre de 2016
De cara a las elecciones
Estas elecciones serán plebiscitarias. La unión permanente con los Estados Unidos estará en juego. Los candidatos que obtengan un respaldo mayoritario, reclamarán que su ideología obtuvo un mandato para implantarla.

Solamente el PNP se ha comprometido a lograr que Puerto Rico se convierta en Estado. Se comprometen a defender la ciudadanía americana y a luchar para obtener las garantías constitucionales que brinda la Estadidad.

Para poder continuar el engaño del ELA, Bernier, solapado independentista, dice que el estatus no es prioridad y prefiere continuar la colonia que nos ha sumido en la bancarrota. El PPD nunca sometió al gobierno federal la definición del estatus que apoyarían en un plebiscito avalado por el Congreso. Para engañar a los seguidores de su propio partido, hablan del ELA actual, el ELA mejorado o culminado, el ELA soberano y un ELA refundado.

El PPD aprobó en su plataforma, una República Asociada con un lenguaje engañoso y disimulándolo bajo el nombre de ELA. Planifican un ELA soberano en “asociación política libre y voluntaria entre Estados Unidos y Puerto Rico” como naciones independientes y soberanas. No quieren que la Constitución estadounidense aplique en Puerto Rico y quieren sustituir la Ley de Relaciones Federales.

El PPD propone alterar las relaciones económicas con nuestra nación pidiendo un subsidio en bloque en vez de los programas federales. Bajo un ELA soberano (república asociada) desaparecerán todas las agencias, empleos, programas, servicios, fondos y contratos federales; y perderíamos las garantías de la Constitución americana.

El alegado “pacto de 1952” nunca existió, porque una república asociada no tiene cabida bajo la Constitución de Estados Unidos. Puerto Rico tendría que pedir la independencia y convertirse en una república independiente y soberana antes que Estados Unidos considere un “pacto” con la nueva república y los que nazcan en la nueva nación no serán ciudadanos americanos.

Los Grupos de Trabajo de Casa Blanca han reiterado que bajo el ELA, Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso bajo la Cláusula Territorial, el llamado “ELA mejorado/culminado” no tiene cabida alguna bajo la Constitución americana, que la libre asociación es una forma de independencia y un pacto basado en la soberanía nacional de cada país puede ser revocado unilateralmente.

Los problemas que enfrentan los electores son avasallantes: descalabro económico, desempleo, extrema pobreza, dependencia de fondos federales, corrupción gubernamental, pésimos servicios de salud, inseguridad galopante, monopolios gubernamentales y éxodo de la población, entre otros.

Hasta que no se logre un estatus permanente, continuará la fuga poblacional en busca de seguridad y prosperidad. Solo la estadidad protege las garantías y derechos individuales y ofrece prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo, y garantiza los poderes de la soberanía estatal, igualdad en ciudadanía, y la estabilidad de una unión permanente.

La estadidad es la única herramienta para lograr la verdadera igualdad porque se aplican y se defienden todos los derechos de la Constitución de Estados Unidos, se logra la aplicación uniforme de todas las leyes aprobadas por el Congreso y se elimina el discrimen político y constitucional que sufren los ciudadanos residentes de Puerto Rico.

La incertidumbre sobre nuestro futuro político contribuye al estancamiento económico. La Estadidad provee seguridad jurídica y estimulará la inversión de fondos privados, federales y locales para sacar a Puerto Rico de la crisis fiscal.

Un voto por cualquier candidato que no sea estadista será interpretado como un respaldo a un gobierno separatista como el de AGP que ignoró que el pueblo le revocó el consentimiento al estatus colonial y favoreció la estadidad.

Llegó el momento para que con tu voto, rechaces a los candidatos colonialistas, separatistas, independentistas y nacionalistas que ponen en riesgo la unión permanente, la ciudadanía americana y el futuro político, social y económico de las futuras generaciones. Protege nuestro Ideal, vota solamente por los candidatos que se comprometen con la estadidad para Puerto Rico.

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De cara a las elecciones, lunes 7 de noviembre

De cara a las elecciones, lunes 7 de noviembre
Hernán Padilla

Estas elecciones serán plebiscitarias. La unión permanente con los Estados Unidos estará en juego. Los candidatos que obtengan un respaldo mayoritario, reclamarán que su ideología obtuvo un mandato para implantarla.

Solamente el PNP se ha comprometido a lograr que PR se convierta en Estado. Se comprometen a defender la ciudadanía americana y a luchar para obtener las garantías constitucionales que brinda la Estadidad.

Para poder continuar el engaño del ELA, Bernier, solapado independentista, dice que el estatus no es prioridad y prefiere continuar la colonia que nos ha sumido en la bancarrota. El PPD nunca sometió al gobierno federal la definición del estatus que apoyarían en un plebiscito avalado por el Congreso. Para engañar a los seguidores de su propio partido, hablan del ELA actual, el ELA mejorado o culminado, el ELA soberano y un ELA refundado.

El PPD aprobó en su plataforma, una República Asociada con un lenguaje engañoso y disimulándolo bajo el nombre de ELA. Planifican un ELA soberano en “asociación política libre y voluntaria entre EEUU y PR” como naciones independientes y soberanas. No quieren que la Constitución de EEUU aplique en PR y quieren sustituir la Ley de Relaciones Federales.

El PPD propone alterar las relaciones económicas con nuestra nación pidiendo un subsidio en bloque en vez de los programas federales. Bajo un ELA soberano (república asociada) desaparecerán todas las agencias, empleos, programas, servicios, fondos y contratos federales; y perderíamos las garantías de la Constitución americana.

El alegado “pacto de 1952” nunca existió, porque una republica asociada no tiene cabida bajo la Constitución de EEUU. PR tendría que pedir la independencia y convertirse en una republica independiente y soberana antes que EEUU considere un “pacto” con la nueva republica y los que nazcan en la nueva nación no serán ciudadanos americanos.

Los Grupos de Trabajo de Casa Blanca han reiterado que bajo el ELA, PR está sujeto a los poderes plenarios del Congreso bajo la Clausula Territorial, el llamado “ELA mejorado/culminado” no tiene cabida alguna bajo la Constitución americana, que la libre asociación es una forma de independencia y un pacto basado en la soberanía nacional de cada país puede ser revocado unilateralmente.

Los problemas que enfrentan los electores son avasallantes: descalabro económico, desempleo, extrema pobreza, dependencia de fondos federales, corrupción gubernamental, pésimos servicios de salud, inseguridad galopante, monopolios gubernamentales y éxodo de la población, entre otros.

Hasta que no se logre un estatus permanente, continuará la fuga poblacional en busca de seguridad y prosperidad. Solo la estadidad protege las garantías y derechos individuales y ofrece prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo, y garantiza los poderes de la soberanía estatal, igualdad en ciudadanía, y la estabilidad de una unión permanente.
La estadidad es la única herramienta para lograr la verdadera igualdad porque se aplican y se defienden todos los derechos de la Constitución de EEUU, se logra la aplicación uniforme de todas las leyes aprobadas por el Congreso y se elimina el discrimen político y constitucional que sufren los ciudadanos residentes de PR.

La incertidumbre sobre nuestro futuro político contribuye al estancamiento económico. La Estadidad provee seguridad jurídica y estimulará la inversión de fondos privados, federales y locales para sacar a PR de la crisis fiscal.

Un voto por cualquier candidato que no sea estadista será interpretado como un respaldo a un gobierno separatista como el de AGP que ignoró que el pueblo le revocó el consentimiento al estatus colonial y favoreció la estadidad.

Llegó el momento para que con tu voto, rechaces a los candidatos colonialistas, separatistas, independentistas y nacionalistas que ponen en riesgo la unión permanente, la ciudadanía americana y el futuro político, social y económico de las futuras generaciones. Protege nuestro Ideal, vota solamente por los candidatos que se comprometen con la estadidad para PR.

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El Plan Fiscal Fracasado, 24 de octubre, 2016

lunes, 24 de octubre de 2016
El plan fiscal fracasado

Por fin el gobernador García Padilla sometió un plan fiscal de 10 años requerido por la Junta Federal. No faltaron excusas para no reconocer que se inflaban los ingresos continuando la política de gastar más allá de los ingresos y tomar prestado, sin tener los recursos para pagarlos. Dicha política llevó al ELA a una crisis fiscal sin precedentes que obligó a al entonces gobernador Fortuño a tomar medidas extraordinarias para reducir los gastos y mejorar la clasificación crediticia de Puerto Rico.

En la introducción, confesó que su plan fiscal anterior no resultó adecuado para controlar los déficits del gobierno, pagar la deuda pública y proveer servicios esenciales.

Ante el fracaso de García Padilla para estabilizar la economía y controlar los gastos desmedidos, el Congreso aprobó PROMESA con las herramientas necesarias para rescatar a Puerto Rico y resolver la crisis e insistieron en que el equipo de García Padilla presentara estados financieros auditados. Ahora, la Junta les requiere que presenten un plan fiscal a largo plazo, informes semanales de ingresos y gastos y presupuestos balanceados.

Aún sin tener estados financieros del 2015-2016, el plan fiscal proyecta un déficit de ingresos de $59 billones sobre los gastos proyectados en la próxima década. El plan es tan inconsecuente, que de aprobarse, mantendría un déficit acumulado de $40 billones en diez años.

Sorprende que con los déficits proyectados no se incluyan mayores medidas de reducción de gastos, aumento de recaudos y un plan de desarrollo económico enfatizando las APP. Urge reducir los gastos innecesarios del gobierno, nombramientos de confianza, empleados políticos, contratos injustificados, cabilderos, publicidad. Existen situaciones apremiantes que requieren financiamiento adicional de $35.3 billones. Los fondos federales asignados para servicios de salud se gastaron prematuramente. Los sistemas de retiro no tienen liquidez y requieren asignaciones adicionales. Presentaron un cuadro falso de crecimiento económico, pero ahora afirman que la contracción económica de -1.7% anual impactará negativamente la capacidad de financiamiento durante la próxima década.

Puerto Rico necesita crecimiento económico sostenible que propicie estabilidad fiscal para salir de la crisis, pero insisten en un plan de crecimiento económico basado en el programa inefectivo de mantengo corporativo que no ha generado crecimiento sostenido ni creación significativa de empleos.

El informe reconoce que casi la mitad de la población vive en la pobreza y depende de servicios de salud públicos; que es necesario proteger personas vulnerables, mayores, jóvenes, discapacitados y de menos ingresos; que la seguridad pública requiere más recursos; y que los sistemas de retiro requieren fondos para asegurar los pagos de los pensionados.

A pesar de su ideología antiamericana, ahora García Padilla reclama igualdad y acción inmediata de parte del gobierno federal para resolver la crisis e implora que el gobierno federal sea un “socio” activo para lograr crecimiento económico y eliminar el déficit. Rechaza a Estados Unidos, pero pide paridad en fondos federales como si Puerto Rico fuera un estado, incluyendo Medicad, Medicare, ACA y crédito contributivo por ingresos.

Les recuerdo que la Junta tiene la responsabilidad de revisar y aprobar los planes fiscales de las corporaciones públicas como la AAA, AEE, BGF, Carreteras, COSSEC, UPR, AFI, FSE, Sistema de Retiro, y otros. “Ninguna de las dependencias cubiertas puede proceder con transacciones que pudieran tener un impacto financiero, que incluyan asuntos relacionados a la deuda, garantías, modificaciones, compras, redimir o entrar en transacciones similares relacionadas sin la aprobación de la Junta”.

Para muestra un botón basta. Solo he citado algunas expresiones de las 100 páginas de este plan fiscal. Ricardo Rosselló sustenta que este plan es “otra demostración vergonzosa del descalabro de esta administración”. Probablemente la Junta decida esperar a la nueva administración para solicitarle un plan que sea viable. El reto de Rosselló es enorme, pero ha presentado un programa de gobierno comprometido con la estadidad que servirá de base para someter un Plan fiscal acertado y realista.

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Document submitted to the Bicameral Task Force, October 13th, 2016

Submission to Congressional Task Force
A tool for analyzing Puerto Rico: “I know it when I see it.”
Hernan Padilla

Supreme Court Justice Potter Stewart said in a now famous decision:”I know it when I see it.” The purpose of my submission to the Congressional Task Force is to show why Justice Stewart’s quote is the most appropriate one to describe the situation in Puerto Rico, and why it is incumbent on the Congressional Task Force to recognize the magnitude crisis and to respond with boldness.

Expert opinions and mounds of data rationalizing key initiatives designed to undo the fiscal and economic crisis will have flooded the Congressional Task Force. I try to will articulate the solution, the interim steps, the hazards, and the irrationality leading to the current mess.

The members of the Task Force have been elected to represent their constituents. Now they must adopt the residents of Puerto Rico as their constituents. Listen to Puerto Ricans and act on their behalf. The members of the Task Force bear the responsibility of transforming this un-American situation so that the US Citizens who reside in Puerto Rico can act and speak for themselves. The constituents who elected the Task Force members would vote for that transformation, that upholding of American representation.

We are in the 21st century but Puerto Rico remains mired in an economic, political, and human rights tangle. Real economic stagnation was cleverly obscured and has prevailed in Puerto Rico for decades. Statehood is the 21st century solution.

The 2012 vote indicated dissatisfaction with the current status situation and favored statehood, and thus an avenue for alleviating the political labyrinth was opened. Yet nothing more has been done. Congress needs to listen to this voice of self-determination and take action.

This lack of representation is a clear human rights issue. Residents of the island are second-class citizens, and they need only hop on any airline to Salt Lake City to become first class citizens. Puerto Ricans in the foxholes must obey their commander in chief, but they cannot vote for him. Payroll taxes are deducted, and they confront taxation without representation.

At last, the territory of Puerto Rico has become a problem that will not go away. Politicians and lobbyists of all stripes still cry to put the status issue on hold until the “problem” is dealt with. My submission to the Congressional Task Force is that status is, and has been, the problem, and until Puerto Rico is granted a clear path to statehood the mess will continue and probably worsen.

The term “status neutral” was coined to avoid dealing with the local politics of Puerto Rico. Even the eminent Brookings Institution published a “status neutral” volume on Puerto Rico. “Don’t Ask; don’t tell” is no way to formulate economic policy.

The US Citizens of Puerto Rico need Statehood to have the same constitutional and is needed for human rights and political voice that all other US Citizens in the 50 states have. Statehood is the only option for sustainable economic growth in the 21st century. Statehood brings certainty, permanence, stability and accountability that are pre-requisites for sustainable economic development. Puerto Rico’s current colonial situation precludes their existence.

Sustainable economic growth must be home grown; it cannot be imported, cannot be built on temporary tax gimmicks and cannot rely on the whims of rating agencies.

Until the U.S. Congress welcomes Puerto Rico as the 51st state, the economic and social situation will not change. There are many successful Puerto Rican entrepreneurs, but they are in Orlando or Austin or Holyoke or Baltimore. Local entrepreneurs will not add to the risk of innovation, of starting a business, by investing in a whimsical and over-regulated market. Puerto Rican entrepreneurs have been educated to take their ideas and exploit them on the mainland. Statehood would generate more and longer-term investment.

The economic concept should be clear. The bulk of the fuel for sustainable economic growth must come from domestic investors. Puerto Rico must wake up to the realities of the 21st Century. Puerto Rico has many advantages, and the greatest one is the opportunity of statehood, and that window of opportunity must be captured forthwith.

The members of the Congressional Task Force should not yield to the temptation of temporary relief, because in this case the patient will return in no time flat. The Congressional Task Force must use its unusual power to widen the opening, and it must be cautious not to support initiates that might obstruct the path to statehood.

There will be a transition period before Puerto Rico can exercise the full powers of statehood. First, the membership in the House must be increased before Puerto Rico can cast a vote. Second, Puerto Rico will need to be integrated fully into the domestic internal revenue code. Third, the “special” territorial clauses in legislation will need to be redrafted and then win congressional approval. In addition, a careful scrutiny of the rules and regulations will be necessary so that Puerto Rico can function like a state.

However, the Task Force can advocate that Congress pass legislation which will have an immediate impact. The short run goal of the Task Force: level the playing field. Puerto Rico deserves laws or provisions identical to those of the rest of the United States.

Puerto Rico needs immediate actions. I would recommend 1) qualifying Puerto Rico for the earned income tax credit, 2) providing ample funds for the island’s dilapidated infrastructure, and 3) encouraging a focus on, and allocating funds for, tourism. Immediate investment in infrastructure is a must as much for humanitarian as for economic reasons. Americans should not live without water or power. Americans should have job opportunities, and infrastructure investment fits that bill.

Then a 21st century focus on tourism is a must. The beautiful island has great weather and countless non-stop flights. Why has tourism in Hawaii boomed while tourism in Puerto Rico remained dormant? Tourism would provide an excellent opportunity, and Puerto Rico cannot afford to neglect any opportunities. PROMESA’s Revitalization Coordinator must be given the funds and expertise to propel Puerto Rico into a tourism winner.

Finally, the Task Force must ensure that the failed policies of the past are not reinstituted. Section 936 of the tax code has fans who profited beyond peanuts and crackerjacks. 936 benefitted lobbyists and some Fortune 500 companies, at an immense cost to the U.S. taxpayer and little to generate either jobs or economic growth for Puerto Rico economy.

Justice Stewart’s observation hits the bull’s-eye where Puerto Rico is concerned. Even with 936 Puerto Rico did anything but catch up to the 50 states. In the same period without special benefits such as 936 Korea, and even Mainland China, became economic powerhouses. The Puerto Rican strategists, their rigid views, and 20-20 hindsight undercut the emergence of strong Puerto Rican foundations for growth, retarding the expansion of Puerto Rican based business and the development of a skilled labor force.

In conclusion this submission has a simple goal, and that is convincing the Congressional Task Force that statehood now is the only answer. The “status issue” cannot be put on the back burner. The mission of the Task Force is economic growth. The resolution and solution of the status issue would open the door to Puerto Rico’s economic growth!

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2do Debate Presidencial, 10 de octubre, END

PUNTO FIJO
por Hernán Padilla
💬18
lunes, 10 de octubre de 2016
El debate selló el triunfo de Hillary Clinton
Aunque bajo el status colonial no existe la igualdad de derechos constitucionales en Puerto Rico y los 3.4 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico no tienen el derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos, muchos siguen de cerca el proceso electoral a nivel nacional.

Desde hace décadas, los puertorriqueños han sido participes en el Partido Demócrata y el Partido Republicano de Puerto Rico, eligen directivos y delegados al Comité Central Nacional de cada partido, participan activamente en los procesos políticos a nivel nacional, celebramos primarias o caucus para elegir el candidato a Presidente, y enviamos delegaciones a las Convenciones nacionales para aprobar las plataformas de gobierno y elegir al candidato oficial de cada partido.

La elección es un proceso democrático donde los candidatos presentan su visión y compromisos programáticos para reclamar el voto de los electores. A un mes de las elecciones federales, se celebró el segundo debate entre Hillary Clinton, demócrata y Donald Trump, republicano.

El debate parece que selló el proyectado triunfo de Hillary Clinton. En una encuesta post debate de CNN el 57% favoreció a Hillary y 34% vio a Trump ganar el debate. Personalmente creo que fue casi empate, pero Trump necesitaba una victoria apabullante y no la obtuvo.

Ante las reacciones a unas grabaciones en las que Trump ofendía a las mujeres, el candidato republicano decidió atacar al expresidente Bill Clinton como un abusador de las mujeres y presentó a tres mujeres que lo habían acusado y demandado en el pasado para desviar la atención del público y la prensa. Hillary no se inmutó y repitió que Trump se caracteriza por sus ataques constantes en contra de las mujeres, los inmigrantes, los latinos, las minorías y hasta los discapacitados.

Trump amenazó a Clinton con que si llegaba a la presidencia pediría al Secretario de Justicia una investigación sobre el uso privado de un sistema de correo electrónico y los emails que fueron borrados para enjuiciarla y encarcelarla. Esta amenaza ha sido criticada como una de las prácticas de los dictadores para atacar a sus opositores, y que los candidatos que ganan nunca amenazan a encarcelar a sus contrincantes.

Cuando se les pidió que dijeran algo positivo del otro candidato, Clinton alabo a Trump por haber influido a que sus “hijos fueran capaces y leales”, mientras que Trump dijo que Hillary s una mujer “luchadora y que no se rinde”.

Como era de esperar, el tema de Puerto Rico no fue mencionado. Hubiera sido interesante conocer sus posiciones sobre Puerto Rico, la economía, la crisis fiscal y el status.

Al menos, antes del debate, Clinton había expresado que “Necesitamos una estrategia de recuperación que promueva el crecimiento; que trabajando juntos podemos proteger el sistema de salud, las pensiones, los salarios y el bienestar de los puertorriqueños”; que el próximo presidente de EE.UU. debe tener “una visión específica y realista para poner a Puerto Rico en un camino de estabilidad y prosperidad”; que se ha “comprometido a garantizar que los puertorriqueños sean tratados con igualdad”; que los puertorriqueños sean tratados con igualdad en Medicare, Medicaid y otros programas que benefician a las familias; y que programas como el Crédito Contributivo por Niños (Child Tax Credit) y el Crédito Contributivo por Ingresos Devengados (Earned Income Tax Credit) estén disponibles a todos los trabajadores de bajos ingresos, los ancianos y los discapacitados”.

Más importante aún, Clinton dijo que hará “todo lo posible” por resolver el status político de Puerto Rico y apoyará cualquier proceso que sea “justo y consistente con la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, tal como una votación estadidad sí o no.

Los nuevos líderes de Puerto Rico, republicanos y demócratas, tienen que prepararse para trabajar con los que salgan electos a nivel nacional para lograr la plena igualdad, el progreso y el desarrollo económico que añora el pueblo de Puerto Rico.

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Elecciones plebiscitarias, lunes 10 de octubre, 2016

lunes, 10 de octubre de 2016
Elecciones plebiscitarias
A un mes de las elecciones, todos los electores deben considerar el compromiso y la plataforma del único partido que se compromete a resolver el futuro político-ideológico de Puerto Rico.

La plataforma del PNP enfatiza que “la indefinición política afecta de manera directa y adversa cada uno de los aspectos sociales y económicos que tocan el diario vivir de los puertorriqueños”. Sobre el impacto del estatus en la economía, advierte que “nuestra relación colonial crea desigualdad en los fondos federales que recibe Puerto Rico en comparación con otros estados” y “presenta barreras que perjudican el comercio interestatal entre Puerto Rico y Estados Unidos”.

Concurro en que “la indefinición actual es la causa principal de los problemas que afectan a Puerto Rico”, y que la “estadidad nos dará todos los derechos plenos que debemos disfrutar como ciudadanos americanos, generará más estabilidad política y propiciará un mayor nivel de inversión pública y privada y creación de empleos”.

Está claro que el programa de gobierno del PNP está “firmemente vinculado a una transición hacia a la Estadidad” y proponen “adelantar todas las iniciativas posibles que nos acerquen a la estadidad y nos permitan alcanzar la plena igualdad política y económica con los demás Estados de la Unión”.

El PNP se compromete a luchar para lograr paridad en las transferencias federales, en programas como Seguro Social y Medicare, y gestionar más fondos para proyectos de desarrollo económico”; “eliminar las barreras al comercio interestatal; “y conseguir la igualdad en la calidad de los servicios médicos y de educación que recibimos, y en el ingreso per cápita de nuestra gente”.

Reafirman que “cualquier solución que provenga del Congreso dirigida a resolver los problemas socioeconómicos de Puerto Rico tiene que estar vinculada con la descolonización y la unión permanente, la ciudadanía americana y los derechos, privilegios e inmunidades consignados en la Constitución federal.

El Congreso y el Ejecutivo aprobaron la Ley PROMESA que valida “realizar el plebiscito autorizado por la ley pública federal 113-76 que asigna fondos federales para resolver el estatus con fórmulas aprobadas por el DOJ federal. Una estrategia de presión sin agotar el proceso que nos brinda el Congreso pudiera ser contraproducente y atrasar el proceso para resolver el estatus.

Rosselló se compromete a radicar un Acta de Admisión de Puerto Rico como el Estado 51; adoptar como política pública el cumplimiento de lo aprobado por el pueblo en el plebiscito del 2012; y comenzar el proceso para designar a nuestros emisarios que reclamarán su derecho a sentarse en el Congreso.

Confió que para que esa delegación sea reconocida por el pueblo y el Congreso, la misma sea electa mediante un proceso que cumpla con la Constitución y la jurisprudencia electoral. Este proceso requiere legislación y fondos. De acuerdo a PROMESA, cualquier legislación presupuestaria tendrá que cumplir con los requisitos fiscales de la Junta Fiscal Federal.

Al emitir su voto, los electores tienen que considerar que la estadidad es el único status político que preserva y garantiza constitucionalmente la Ciudadanía de los Estados Unidos. El pueblo tiene que elegir un gobierno comprometido a sacar a Puerto Rico de la crisis fiscal, resolver el estatus y hacer todas las gestiones para traer los cambios que logren la igualdad que tanto añoramos para un mejor futuro.

El PNP es el único partido que promueve la estadidad, y sugiero que presenten su compromiso a manera de un contrato con el pueblo: “un voto por el PNP y sus candidatos equivale a extender un mandato para resolver la crisis fiscal y para utilizar todos los recursos necesarios que aceleren la solución del estatus y encaminen a la isla hacia la plena igualdad como estado”. Ese contrato moral y político garantizaría el triunfo electoral de un gobierno estadista dirigido por Ricardo Roselló. ¡No se engañe nadie, estas elecciones son plebiscitarias!

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Limbo del estatus afecta economía, lunes 26 de septiembre, 2016

El Grupo de Trabajo del Congreso sobre el crecimiento económico de Puerto Rico fue creado para analizar los impedimentos al crecimiento económico, alcanzar acceso equitativo a programas federales de salud, y proponer leyes y programas federales para lograr un crecimiento económico sostenible, crear empleos, reducir la pobreza y atraer inversiones.

A pesar de que el Grupo advirtió “falta de datos confiables”, los Congresistas tendrán que evaluar más de 335 propuestas y someter un informe a la Junta Fiscal Federal y al Congreso con sus recomendaciones antes del 31 de diciembre.

El Profesor Jaime Benson expresó que la contracción económica de una década complicada por decisiones equívocas de administración y la falta de transparencia del régimen actual llevaron a Puerto Rico a la insolvencia. Concurro que para salir de la crisis fiscal se requieren iniciativas a corto y largo plazo que promueva un crecimiento económico auto-sostenible.

Recomendó que le otorguen preferencia a Puerto Rico cuando el gobierno federal necesite adquirir productos y servicios que están disponibles en el complejo industrial entre Isabela y Aguadilla, especialmente si se están adquiriendo en países extranjeros. Además el Puerto Las Américas en Ponce, las instalaciones de Roosevelt Roads y el aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, son ideales para el desarrollo de iniciativas comerciales entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

Se destaca la propuesta para asignarle un trato preferencial para adquisiciones federales de servicios de tecnología de información, servicios profesionales-legales, mercadeo, ingeniería, consultoría, así como productos farmacéuticos, instrumentos médicos, textiles, ropa y comida procesada, y por supuesto frutas y productos agrícolas, entre otras que se producen en la Isla.

El Congreso debe extender a toda la Isla el programa de “Zonas de Desarrollo Empresarial o de Inversión” que fue aprobado en PROMESA para el 80% de la Isla. Cualquier incentivo federal a corto plazo para atraer inversiones debe estar atado a la creación de empleos en Puerto Rico.

La propuesta para “paridad de fondos federales y que traten a Puerto Rico como a un estado en fondos de Medicaid, Medicare y otros programas de salud requiere atención inmediata. Según Pierluisi “el sistema de salud está al borde del colapso”. Los fondos de ACA (Obamacare) se usaron aceleradamente, se agotaran mucho antes que lo proyectado y se requerirán $1,200 millones adicionales anualmente comenzando en 2018.

Se deben extender a Puerto Rico los programas del “Earned Income Tax Credit (EITC) y el Child Tax Credit (CTC)” que estimularían la economía por más de $1,000 millones anualmente. Si fuéramos un estado, las familias con dos niños con ingresos de $28,000/año, que pagan $1,736 en SS y $406 de Medicare, recibirían pagos de $4,622 por EITC y $2,000 por CTC.

Para lograr un desarrollo económico sostenible, las iniciativas que se aprueben deben ser parte de un compromiso para la solución definitiva de la condición territorial-colonial de Puerto Rico. Según la sección 402 de PROMESA, para eliminar los impedimentos estructurales que afectan la economía, Puerto Rico no puede continuar en el limbo político que paraliza el crecimiento.

En su propuesta al Grupo de Trabajo, la organización “Igualdad Futuro Seguro” concluyó que “ser un territorio colonial limita las inversiones y el crecimiento económico a largo plazo” y advirtieron que no habrá una solución permanente a la crisis económica, ni se logrará progreso, estabilidad y crecimiento económico mientras no se elimine el impedimento principal del estatus territorial.

Cada nueva iniciativa federal que mejore la economía será un paso irreversible que se convertirá en la expectativa del Pueblo para mejorar la calidad de vida y nos acercará más a nuestra nación.

Urge celebrar un referéndum para que las acciones federales respondan y se ajusten al futuro político que apoye la mayoría. De Puerto Rico confirmar que quiere ser estado, los proyectos aprobados se convertirían en parte del proceso de transición hacia la Estadidad.

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