“ELA no tiene zapata juridica” reproduccion de columna sobre el tema.

El ELA No Tiene Zapata Jurídica
Hernan Padilla, MD

Los amables lectores que respondieron a mi columna reflejan confusión cuando Acevedo habla de soberanía y un pacto bilateral.

El Informe aprobado por el Comité de Recursos Naturales del Congreso sobre el status de Puerto Rico llega a la conclusión inescapable, el ELA carece de zapata jurídica constitucional. Así lo entiende el Congresista Serrano, puertorriqueño serio y valiente.

Aquellos que creen en la mentira del “pacto bilateral”, entiendan que un plebiscito ordenado por el Congreso seria regido por las Leyes Federales. Los Tribunales Federales tendrán jurisdicción exclusiva para resolver controversias. Cual “pacto bilateral”?

La Constitución de Los Estados Unidos define solo cuatro formas de status políticos: Estados, el Distrito Federal, las Tribus Indígenas, y los Territorios.

La Cláusula Territorial cede al Congreso el poder de gobernar los territorios, como Puerto Rico, en asuntos locales y Nacionales. El Tribunal Supremo decidió que los Estados Unidos pueden ejercer soberanía y gobernar los territorios no incorporados, como Puerto Rico. Los derechos Constitucionales no aplican automáticamente a los Territorios.

La Ciudadanía Americana, que apreciamos los puertorriqueños, la concedió el Congreso mediante una ley, no la Constitución. La Ciudadanía Americana la cobija la “soberanía” del la Nación Americana.

La Ley 600 autorizo a Puerto Rico a tener nuestra propia Constitución para un gobierno puramente insular. La relación Territorial continua bajo el “Puerto Rican Federal Relations Act”. El alegado “pacto” nunca existió.

Muñoz Marín acepto públicamente que la Ley 600 no elimino el poder plenario y exclusivo del Congreso sobre Puerto Rico. La historia legislativa reitera que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria. El Congreso administra la Cláusula Territorial y provee las condiciones para la eventual incorporación a la Nación como Estado Federado.
La Constitución de Puerto Rico no define un cambio político. Las Leyes del 1950 y 1952 no autorizaron “libre asociación” con los Estados Unidos. Los Populares se inventaron la “gran mentira” del pacto bilateral. El pacto bilateral nunca existió. El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico. Esta es la cruda realidad de la colonia.

El “Commonwealth” no es un “status político y no implica un status diferente. Puerto Rico es un Territorio; no es una Nación soberana en libre asociación con los Estados Unidos. Esta es la gran mentira. Su nombre es ELA, su apellido colonia.

El Tribunal Supremo Federal dictamino que la Cláusula Territorial opera en PR. El Congreso tiene el poder para aprobar todas las reglas y reglamentos sobre el Territorio. (Harris vs. Rosario, 1980). La Cláusula Territorial y todas las leyes federales son la Ley Suprema en Puerto Rico (Rodríguez vs. PPD, 1982).

La nueva propuesta del ELA culminado contiene principios que fueron “rechazados” y no aceptables para al Congreso.

La Administración del Presidente Clinton determino que la propuesta del PPD de un ELA culminado (Enhanced Commonwealth) viola la Constitución y no es aceptable. La propuesta de “consentimiento mutuo” (pacto bilateral) no es aceptable. El Congreso no puede obligar a futuros Congresos. La soberanía que ellos reclaman convertiría a Puerto Rico en una Nación Independiente. La Nación de Puerto Rico no puede ser parte de los Estados Unidos.

Estados Unidos sostiene que Puerto Rico es un Territorio no incorporado y tajantemente rechaza el ELA culminado. Esta patraña política no encaja dentro del marco constitucional Americano.

Un futuro plebiscito o Convención Constituyente solo puede considerar y escoger entre Independencia, Estadidad, y una Nación Independiente asociada con los Estados Unidos. En otras palabras, Puerto Rico tiene que pedir la Independencia y luego solicitar un acuerdo con los Estados Unidos. Acuerdo que es revocable unilateralmente.

Amigo lector, la Republica Asociada es una de las únicas tres alternativas aceptables bajo la Constitución Americana y el derecho Internacional. Puerto Rico solo puede considerar un status que sea compatible con la Constitución, las leyes básicas y la política publica de los Estados Unidos.
El ELA Culminado (enhanced Commonwealth) no es un status viable y no puede aceptarse bajo ninguna circunstancia.

Bajo la “soberanía” que reclaman los lideres de la colonia, crearían una Nación Independiente sin votar por la independencia, y asociarla a Estados Unidos antes de ser una Republica, como en “Republica Asociada”. Las nuevas generaciones no serian Ciudadanos Americanos.

El ELA no tiene zapata. No existen cimientos para sostenerla. La solución final es inaplazable. El Congreso Americano tiene que actuar AHORA.

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Desarrollo económico, fondos federales y contribuciones (Reproducción del Manual de la Estadidad)

Desarrollo económico y fondos federales: Cap XI
“Lucha por la igualdad política y económica”
Los proponentes de la estadidad reconocemos que no podemos depender exclusivamente de la asistencia federal como una solución permanente o exclusiva a los problemas fundamentales de Puerto Rico.

Se ha probado que las limitaciones coloniales de nuestra condición política actual impiden que territorio Puerto Rico disfrute de los mismos derechos y privilegios de los cincuenta estados. La condición de inferioridad política actual es un impedimento para un desarrollo económico sostenible. El territorio de Puerto Rico está muy rezagado, cuando comparamos el desarrollo económico local con los estados aún más pobres de la Nación.

Cuando comparamos el Producto Bruto Interno (GDP) de Puerto Rico con cada uno de los 50 estados y Washington DC (2010), Puerto Rico es el ultimo (numero 52) con un GDP por persona de $23,380 cuando el promedio de Estados Unidos es $47,482. El estado con menor GDP Per cápita es Mississippi con un promedio de $33,000.

Nuevamente, el actual status ha sido un fracaso social, político y económico. La estadidad representa la oportunidad de salir del atolladero de la colonia. Ser estado nos saca de la pobreza y mejorará el estándar y la calidad de vida de todos los puertorriqueños, comenzando por los más necesitados y los que menos recursos tienen.

Aunque importantes para una economía en desarrollo, las transferencias federales no pueden, ni deben ser el pilar principal que sostiene el ideal de la estadidad. Aun así, no cabe duda que mientras el territorio de Puerto Rico no desarrolle su economía sustancialmente, estamos obligados a luchar sin poder político alguno por un trato de igualdad ante el Congreso de los Estados Unidos, quien es el principal responsable por imponernos las restricciones de inferioridad que no permiten un desarrollo apropiado fuera de la dependencia ciudadana, social, política y económica.

Es nuestra responsabilidad reclamar y competir por los fondos federales para beneficio de toda la población, principalmente los desempleados, la gente de escasos recursos y la clase media. Reclamaremos ayuda para la educación, salud y servicios medico-hospitalarios, seguridad pública, servicios sociales, ayudas a niños en desventaja, madres solteras y educación para sus hijos, vivienda, transportación, infraestructura, desarrollo económico, protección el ambiente.

Como estado Puerto Rico recibiría fondos federales adicionales para estos fines. Esta infusión de fondos federales adicionales tendría un efecto multiplicador inmediato de considerable magnitud sobre nuestro crecimiento económico y la creación de empleos, y a demás contribuiría a reducir los altos niveles de pobreza prevalecientes bajo el status colonial actual y a combatir la desigual distribución de la riqueza.

Durante los últimos 11 años, Puerto Rico ha recibido $133.6 billones netos del gobierno de los Estados Unidos, después de deducir pagos al Servicio de Rentas Internas (IRS), incluyendo pagos de Seguro Social y Medicare; y del 1990 al 2009 el gobierno federal aportó $256.1 billones a la economía de Puerto Rico, de los cuales Puerto Rico pago $73.7 billones al IRS, dejando un balance neto a favor de Puerto Rico de $182.4 Billones.

Durante el 2009-10 las aportaciones federales en Puerto Rico ascendieron a $7.7 billones por concepto de Seguro Social, retiro e incapacidad, Medicare, vivienda, Sección 8 y Becas Pell; $4.4 billones por desempleo; $7.5 billones para asignaciones federales (grants); $600 millones para contratos y servicios; y $1.2 billones para empleos federales en la isla, la gran mayoría ocupados por puertorriqueños.

Existe una falacia que en Puerto Rico no se pagan contribuciones federales. Sin embargo, todos los ingresos generados fuera de Puerto Rico pagan contribuciones federales, así como todos los empleados y retirados federales quienes pueden recibir un acredito en sus planillas de contribución federal equivalente al pago de contribuciones locales. Aquellos que reciben beneficios del Seguro Social y reciben otros ingresos sustanciales sin importar la fuente de ingresos, así sea Puerto Rico o en los otros 50 estados podrían estar sujetos a contribución federal dependiendo de la cuantía del ingreso adicional.

En vista de la tergiversación que sectores opositores hacen de los datos sobre los pagos a Seguro Social, Medicare y otros, es apropiado explicar estos pagos. Mientras en el 2010 lo ciudadanos recibieron pagos del Seguro Social por $6,829 millones, Puerto Rico aportó $2,528.4 millones, una diferencia neta favorable para Puerto Rico de $4,300.6 millones (aportación individual de $1,297.4 millones y aportación por los patronos de $1, 231millones).

Medicare reembolsó $2,509.9 millones, mientras que los puertorriqueños aportaron $449.1 millones, una diferencia neta favorable para la Isla de $2,060.8 millones.

Sin las transferencias, pagos directos, ayudas y subsidios federales, Puerto Rico seria un territorio de pobreza extrema. Basta con señalar que el gobierno federal concedió ayudas por $1.4 billones para Educación; $1.4 billones para salud, $800 millones para vivienda, y $2.2 billones para Asistencia Nutricional, (PAN) y Mujeres, Infantes y Niños (WIC).

Es innegable que la estabilidad política atraerá y fomentará más inversiones y que el gobierno federal tendrá mayor presencia en la isla. Como resultado natural, se crearán más empleos federales, más contratos de servicios, y mayor crecimiento del Producto Bruto Estatal y menores impuestos locales.

Nuestra meta “no es ser dependiente de los fondos federales”, por el contrario estamos convencidos de que con la estabilidad, permanencia y seguridad de ser un estado de la unión, se impulsará el desarrollo económico para beneficio de todos los puertorriqueños.

Nuestra meta de convertir el territorio de Puerto Rico en estado de la nación Americana no es para reclamar más fondos federales es para reclamar la participación que nos pertenece como ciudadanos de los Estados Unidos. Es innegable que como “Territorio casi incorporado” (o incorporado de facto) no disfrutamos de todos los beneficios económicos que corresponden a los otros cincuenta estados. Queda claro que dentro de la estadidad tendremos los recursos para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico, incluyendo la seguridad pública y la lucha contra el crimen.

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Contestacion a Angel Rosa. reproduccion de columna “¿Despues de;l GAO, que?

68. Después del GAO, ¿Qué? Lunes 17 de abril, 2014

El Congresista Doc Hastings encomendó al Government Accountabilitty Office, GAO, evaluar el efecto que tendría la admisión de Puerto Rico como Estado, y su impacto sobre los gastos e ingresos del tesoro federal, así como el efecto que la estadidad tendría sobre la economía y las finanzas publicas locales.

Sus hallazgos reafirman que los puertorriqueños y otros ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico no disfrutan de la igualdad de derechos, oportunidades, beneficios y responsabilidades que sus conciudadanos en los 50 estados.

El informe derriba múltiples barreras políticas, económicas y sociales. Destruye la falsa teoría colonialista de que la estadidad tendría un costo muy alto para el Tesoro federal y el mito del “estado mendigo”. El GAO presenta datos categóricos que demuestran que con la estadidad Puerto Rico dispondrá de las herramientas económicas para sacar su población de la pobreza y el estancamiento económico y que sería tan beneficiosa para la isla como para el tesoro federal.

El experimento político-económico del ELA fracasó estrepitosamente, creando en la isla una alta dependencia de las ayudas federales, convirtiéndola en una carga para el Tesoro federal. La estadidad es la única alternativa para que Puerto Rico se integre a nuestra Nación en condición de igualdad de derechos y responsabilidades que corresponden a todo ciudadano americano y el poder político que asegura le voto presidencial, la representación congresional y la participación plena en el gobierno nacional.

Durante el periodo de transición todos los estados han sentido los efectos positivos de la admisión como estado. En Puerto Rico se aceleraría el progreso y desarrollo económico y la inyección de fondos adicionales que correspondan como ciudadanos americanos mejoraría sustancialmente la calidad de vida.

El GAO destaca además que con la estadidad los ciudadanos de menos recursos, los de mayor edad y los incapacitados recibirían ayuda directa del “ingreso suplementario (SSI); Medicare aumentaría los desembolsos para servicios de salud a envejecientes y personas con limitaciones físicas; Medicaid haría disponibles más recursos para la salud, aumentaría su cobertura a 900,000 puertorriqueños, y cubriría servicios de cuido extendido. El Programa de Asistencia Nutricional-SNAP ofrecería más fondos que bajo el PAN actual; así como asistencia temporal para familias necesitadas y cubierta del Programa de Seguro Médico para niños.

Los beneficios de la educación con la estadidad son innumerables: garantizan las Becas Titulo I para agencias educacionales locales (LEA); becas para educación de veteranos, Becas Pell y el programa federal de préstamos para estudiantes universitarios, entre otros.

Los que demagógicamente invocan el tema de las contribuciones para menoscabar la estadidad versus el ELA-colonial, tienen que aceptar que en lugar de pagar contribuciones federales, los trabajadores de ingresos limitados recibirán compensación por “Earned income Tax Credit, Child tax Credit y American Opportunity Tax Credit”.

Es inconcebible que en un territorio bajo la bandera americana, los defensores del status colonial antepongan sus plataformas político-ideológicas para negarles a nuestras familias la oportunidad de progreso a la que tienen derecho como ciudadanos americanos.

Se aferran a un experimento fracasado que nos sume en la pobreza y rechazan la solución de la estadidad que erradicaría la desconfianza asociada a la incertidumbre del status y estimularía la inversión de capital en la isla.
Nosotros aspiramos a la estadidad porque garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades, progreso, crecimiento y vitalidad para todos los puertorriqueños. Concurro con el amigo constitucionalista Alfredo Castellanos: la estadidad nos hará socios activos del sueño americano, con las mismas oportunidades bajo la ley y los recursos que nos permitan aspirar a un nuevo y mejor futuro.

Las conclusiones del informe del GAO fortalecen la convicción del pueblo estadista que convertir a Puerto Rico en Estado es una realidad irreversible. Ya no se trata de dilucidar si seremos el Estado 51 sino cuán pronto seremos admitidos.

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Barbosa: Padre del movimiento estadista; lunes 21 de julio, 2014, ENDI

Barbosa: Padre del movimiento estadista
Hernán Padilla
Mientras trabajamos hacia la resolución del status de Puerto Rico, honramos al Doctor José Celso Barbosa. el 27 de julio de 1857, fue el primer residente de raza mezclada en asistir al Seminario Jesuita de PR. En 1875, se trasladó a New York y posteriormente a Ann Arbor donde fue admitido a la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan en 1876 y se graduó con el más alto honor de la clase de 1880, convirtiéndose en el primer puertorriqueño con un grado médico estadounidense. En 1917 la Universidad de Puerto Rico le confirió el grado de Doctor Honoris Causa.

Con el cambio de soberanía del 1898, Barbosa vislumbró el sistema federalista americano y el ingreso de PR como Estado como solución ideal para el problema colonial. El 4 de julio de 1899 fundó el Partido Republicano de PR, en pro de la estadidad. José Barbosa, nieto del prócer, afirma que su republicanismo comenzó con el republicanismo español, que propulsaba la república para España.

En 1907, fundó el “El Tiempo”, el primer periódico bilingüe en la isla. En 1917, al constituirse el Senado de Puerto Rico, fue electo para ocupar un escaño legislativo, posición a la que fue reelecto en 1920. Se destacan, entre la legislación propuesta por Barbosa e incorporadas al sistema jurídico penal puertorriqueño, el juicio por jurado y Habeas Corpus.
En plena época de recrudecimiento de la segregación racial, avalada por una decisión equivoca de la Corte Suprema (Plessy vs Ferguson, 1896),
Barbosa fue designado al Consejo Ejecutivo del gobierno por todos los presidentes del 1900 al 1917, McKinley, T. Roosevelt,Taft y Wilson,

Hasta el día de su muerte en septiembre de 1921, su norte fue el bienestar social y político de PR. Se destaca su lucha en pro del cooperativismo como instrumento de justicia social frente a los movimientos antidemocráticos de la doctrina del marxismo. Como consta en el Proyecto de Ley 346 del 1999, Barbosa fue fundador de la primera cooperativa de crédito en el hemisferio occidental.

Entre los reconocimientos a su vida y obra, en el 2006, la Cámara de Representantes Federal designó el edificio de correo de Bayamón como “USPO Dr. José Celso Barbosa”. Por su parte, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, denominó el “Parque del Tercer Milenio” en la isleta de San Juan como el parque Doctor José Celso Barbosa”.

“The Puerto Rico Herald” destacó a Barbosa como uno de los gigantes de la historia puertorriqueña, un gran puertorriqueño, ciudadano norteamericano, y uno de los hombres de raza negra más prominentes de su época.

Barbosa desarrolló una profunda afinidad con los principios del sistema político norteamericano. En 1898, ante un grupo de autonomistas, dijo: “Aspiramos a convertirnos en otro estado de la unión a fin de poder afianzar el carácter del pueblo puertorriqueño”. Lo que Barbosa promovió no fue la mal llamada “asimilación” sino el verdadero poder mediante los derechos que confiere la estadidad, tal como lo concibe la lucha contemporánea por la igualdad.

Según el historiador Mario Ramos, Barbosa planteó que su aspiración era “la autonomía del Estado, no la autonomía de la colonia” y vio en la Estadidad una manera de independencia por la soberanía que disfrutan los estados de la Unión (X Enmienda).

Reconocemos la imponente y única figura de Barbosa como el “Padre del movimiento Estadista”. Que mejor forma para los estadistas que celebrar su natalicio proclamando su apoyo a la Estadidad y exigiendo respeto absoluto por la voluntad expresada en el plebiscito del 2012, en la Marcha por la Estadidad y la Igualdad del próximo domingo 27 de julio.
Demostremos ese día que los que atesoramos y reclamamos la igualdad a través de la estadidad somos mayoría y que como Barbosa proclamamos “Adelante, siempre Adelante hacia la estadidad”.

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La estadidad es la única opción, lunes 7 de julio, ENDI

La estadidad es la única opción
Hernán Padilla
La crisis económica que aqueja perniciosamente la Isla evidencian que el experimento colonial, engañosamente llamado Estado Libre Asociado, ha llevado a Puerto Rico al colapso fiscal, y peor aún, la situación sigue empeorando dramáticamente.

La actividad económica disminuyó 1.3% en abril y 1.1% adicional en mayo. Las ventas de cemento cayeron 27.8% en abril sumado a 10.8% en mayo. El consumo de gasolina se redujo adicionalmente 0.5% en mayo.

La alegación de que se han creado 55,000 empleos requiere corrección. La verdad fáctica es que a enero del 2013 se reportaron 1,030,000 empleos, los cuales descendieron a 992,000 en mayo del 2014, para una pérdida de 38,000 empleos. Si fuera verdad que crearon 55000 empleos, se han perdido 93000 en 18 meses.
Ante la crisis económica y fiscal del gobierno central y las corporaciones públicas, la solución de la administración fue aprobar una ley para permitir las quiebras de las corporaciones y obligar a los acreedores a reestructurar las deudas y aplazar o reducir pagos de bonos.

Ante el menoscabo de sus obligaciones contractuales, la reacción de inversionistas y bonistas fue tan adversa que ya presentaron una demanda inicial ante el Tribunal Federal alegando la inconstitucionalidad de la ley que provocó nuevas degradaciones de las obligaciones generales del gobierno y múltiples corporaciones públicas al igual que la perdida de acceso a los mercados de capital.
Los separatistas y los colonialistas ignoran que posiblemente el mejor atributo que tiene Puerto Rico para atraer inversión es ser parte de Estados Unidos. Sin embargo, no todos los que identifican a Puerto Rico reconocen que invertir en la Isla es invertir en Estados Unidos.
Lamentablemente, PR es percibido por algunos inversionistas como un territorio con un status político transitorio e incierto, cuyo impacto y sistema contributivo es difícil de precisar y sujeto a cambios repentinos al antojo del gobierno actual.

La persistencia del PPD afirmando la existencia del llamado “ELA” con atributos de una republica independiente asociada fomenta esa falsa concepción. Como estrategia, el PPD ha forzado la denominación de “nacional” a programas y leyes estatales, como la infame “patente colonial”. No somos una nación y el pueblo mayoritariamente votó a favor de la estadidad y revocó el consentimiento de los gobernados a la colonia.

La razón de resaltar la imagen de PR como parte de Estados Unidos es sencilla y poderosa. Estados Unidos es el principal recipiente del mundo de inversiónes extranjeras directas. Las empresas transnacionales buscan hacer negocios en Estados Unidos para acceder al mercado mayor del mundo bajo la protección de un sistema legal transparente. Cuando Puerto Rico se proyecta como una entidad geopolítica aparte de Estados Unidos pierde su atractivo porque los inversionistas prefieren capitalizar en Estados Unidos y no en una colonia indefinible que nadie sabe que cuánto tiempo más va a durar.

La inversión directa es fundamental para incrementar la actividad económica y productividad, crear empleos de alto nivel, elevar las escalas salariales, promover la transferencia de tecnología y conocimiento, incrementar las exportaciones y fortalecerlos los servicios y la manufactura. Por eso existen iniciativas como “SelectUSA” establecida por el Presidente Obama en el Departamento de Comercio.

Fue precisamente “SelectUSA” quien ayudó a que Lufthansa Technik tomara la decisión de invertir en Aguadilla, con el apoyo del “White House National Economic Council”, la Secretaria de Comercio Pritzker y el Vicepresidente Biden.

Puerto Rico tiene grandes fortalezas y la Estadidad traería consigo una enorme inversión de corporaciones estadounidenses y extranjeras, Por ello, es imperativo promulgar y proteger el carácter de la Isla como parte integral de Estados Unidos.

El fracaso socio-económico y político del ELA provoca la urgente necesidad de resolver el status político. La estadidad es la óptima a opción para beneficiar y garantizar un buen futuro para los puertorriqueños.

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Mensaje ante el Comité de Descolonización de la ONU, Igualdad, Annabel Guillen

Mensaje ante el Comité de Descolonización de la ONU

23 de junio de 2014
Señor Presidente, Distinguidos Representantes del Comité Especial de los 24. Mi nombre es Annabel Guillén Casañas, soy la Directora Ejecutiva de Igualdad, me acompaña el Dr. Antonio Longo, distinguido médico puertorriqueño quien reside en el estado de Virginia. Entre muchas distinciones que pudiera mencionar, el Dr. Longo sirvió como Mayor en la Fuerza Aérea Americana durante la Guerra de Vietnam y nos honra poder contar con él como miembro de Igualdad.

Igualdad es una organización cívica, no partidista presidida por el Dr. Hernán Padilla, ex alcalde de San Juan, capital de Puerto Rico y también ex presidente de la Liga de Ciudades Americanas.
Nuestra organización tiene como único propósito hacer valer la voluntad de nuestro pueblo y lograr la Igualdad plena para los 3.6 millones de ciudadanos americanos en la Isla, de manera que disfruten de los mismos derechos y responsabilidades de los que residen en el resto de los 50 estados de la nación.

Los puertorriqueños somos ciudadanos americanos desde 1917, sin embargo NO todos los derechos de la Constitución de los Estados Unidos se extendieron a Puerto Rico, los ciudadanos que allí residimos no tenemos la Igualdad de derechos, beneficios y oportunidad que los demás ciudadanos americanos. La falta de representación y poder político de la que padecemos hacen de los puertorriqueños ciudadanos de segunda clase, situación claramente prohibida por la propia Constitución americana.

Como ya conoce este comité el pasado 6 de noviembre de 2012 se celebró en la isla un referendum de status que contó con una participación electoral de 78%.Los resultados son claros, los números no mienten; el 61% de los electores favorecen la estadidad para Puerto Rico y un 54% se oponen al actual status colonial.

Desde entonce hasta hoy el Gobierno de los Estados Unidos ha tomado medidas destinadas a atender los resultados del plebiscito; El Comisionado Residente, Hon. Pedro Pierluisi presentó el pasado año el proyecto de la Cámara HR 2000, el cual constituye una oferta de estadidad para Puerto Rico y pone en marcha el proceso de admisión.

En el Senado se ha presentado un proyecto similar, el S 2020 y el Presidente Barack Obama recientemente firmó una ley de presupuesto que asigna 2.5 millones de dólares para llevar a cabo un proceso de educación en la isla, así como para definir claramente las opciones no territoriales que se van a presentar al pueblo.

El propio comité de trabajo designado por el Presidente para atender el tema de Puerto Rico ha expresado que el bienestar social y económico de la isla está estrechamente ligado a status. Por lo que es absolutamente necesario que se atienda con premura el tema de Puerto Rico, de manera que el pueblo no siga en este limbo que le niega las oportunidades de una mejor calidad de vida y de progreso a las que tiene derecho.

Reconocemos que este comité aboga por la independencia de los territorios que no han resuelto su status, pero Puerto Rico nunca ha solicitado su independencia, por el contrario lo que sí ha expresado contundentemente es su voluntad de ser parte igual de la nación a la que pertenecemos.

Como cuestión de hecho la fórmula de la independencia nunca ha logrado el respaldo del electorado, por el contrario el Partido Independentista Puertorriqueño ni siquiera cualificó en las elecciones del 2012.

Reconocemos que status de Puerto Rico es un asunto doméstico, en el que las Naciones Unidas no tiene autoridad, pero nuestro pueblo expresó su voluntad de forma inequívoca y en las democracias la voluntad de un pueblo es un mandato.

Por lo que le pedimos a este cuerpo que al igual que aboga por aquellos pueblos oprimidos que necesitan más de una voz para ser escuchados, presente al pleno sus determinaciones del pasado año, en las que reconoce los resultados del plebiscito y acepta que Puerto Rico es una colonia.
Venimos hoy a pedirles que le exija tanto al Presidente como al Congreso de los Estados Unidos que asuma su responsabilidad de atender nuestro legitimo reclamo de Igualdad inminentemente.
Muchas gracias.

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Viven de recuerdos de las promesas del 1952, ENDI, LUNES 23 DE JUNIO

Viven de recuerdos de promesas
Hernán Padilla
Desde hace más de cuatro décadas, la Isla arrastra una crisis económica cada vez más difícil de resolver. Aun así, hay quienes defienden el estatus colonial y claman por tratos, concesiones e incentivos contributivos que solo prolongan la agonía de un malogrado experimento político.

Todavía hay quien asegura que programas como la pasada Sección 936 del IRS rescatará a PR de la crisis económica al que ha suscitado una condición colonial que lo priva de disfrutar igualdad de derechos, oportunidades de progreso y responsabilidades con los cincuenta estados de la Nación.

Desde 1909, particularmente en el 1921, el Congreso ha aprobado estatutos que conceden exenciones contributivas a corporaciones continentales con subsidiarias en los territorios, sobre las ganancias allí generadas y “que no fueran repatriadas a la casa matriz en algún estado”.

Esto, a fin de incentivar la inversión y el desarrollo económico en los territorios, y compensar la desventaja debida a la falta de poderes políticos, paridad en asignación de fondos e incertidumbre sobre su futuro político.

Con la aprobación de la sección 936 en 1976, la exención contributiva federal se extendió a ganancias “repatriadas a los estados de origen” de dichas corporaciones. Esa enmienda incentivó la ubicación en Puerto Rico de “eslabones de producción de bienes de corporaciones transnacionales americanas para mediante la práctica de “transfer pricing” reducir su carga contributiva.

Por ejemplo: una farmacéutica de confección de pastillas anticonceptivas en Carolina le compraba el estrógeno a un laboratorio de la misma empresa en Francia a un precio por debajo del costo, para reportar pérdidas y no pagar impuestos corporativos en Francia. La planta de Carolina las vende a sobreprecio a una empacadora de la misma empresa en NY reportando pérdidas y no paga impuestos federales.

Finalmente, las ganancias generadas en Francia y NY son transferidas a PR, donde están exentas, para luego repatriarlas a la casa matriz continental sin pagar impuestos federales.

El Tesoro federal planteó serias objeciones a estas maniobras contributivas y finalmente abogó por la derogación de las 936, debido al alto costo para el fisco federal de los recaudos no devengados, a cambio de la “creación de muy pocos empleos directos e indirectos en Puerto Rico”.

En resumen, la sección 936 fue un fallido mecanismo compensatorio, claramente demostrado por las altas tasas de desempleo y bajas tasas de participación laboral registradas durante sus 20 años de vigencia. La sección 936 era insostenible ante agudos déficits federales y las perdidas en recaudos del Tesoro federal identificados durante su vigencia.

Arturo Guzmán, consultor sobre desarrollo internacional, sostiene que la década entre el 1960 al 1970 fue la de mayor crecimiento económico para Puerto Rico a consecuencia directa de la revolución Castro-comunista, la eliminación de Cuba como competidor y proveedor de productos y servicios, y la necesidad de reemplazar de inmediato los mercados e industrias de Cuba con instalaciones similares en Puerto Rico.

Debo advertir a los políticos, economistas y planificadores que ninguno ha considerado el impacto económico que representará el regreso de Cuba a la comunidad de países libres.

El PPD solo vive del recuerdo de las promesas del experimento colonial político- económico del 1952, que descansaba en el aislamiento de Cuba y en el programa insostenible de las 936, que fue eliminado por el Congreso y el Presidente Clinton en el 1996. Mientras, la crisis económica se exacerba con la recesión criolla que comenzó en el 2006 bajo el ex gobernador Acevedo Vila, y ahora con la improvisación de la presente administración sin un plan fiscal realista, creíble y sostenible.

Solo la admisión de Puerto Rico como estado puede salvarnos de la presente catástrofe económica y fiscal y ofrecerle los poderes y estatura política para garantizarle el progreso, desarrollo económico y mejor calidad de vida que merecemos los puertorriqueños.

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Devastador fracaso del experimento político-económico, lunes 9 de junio, ENDI

Devastador fracaso del experimento político-económico

La crónica crisis que aqueja nuestra Isla y los eventos que ocurren a diario evidencian que el experimento político-económico colonial, falsamente llamado Estado Libre Asociado, ha fracasado y ha llevado a Puerto Rico al borde de un colapso fiscal.

Tan grave es la situación que en su intento por minimizar la discusión pública el gobierno publicó la noche del viernes el más reciente informe del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) sobre el índice de actividad económica (IAE) para evitar que fuera primera plana el siguiente día.

Dicho informe (IAE) es un estudio que elabora el BGF de la condición económica comparando sus componentes con el mismo mes del año previo. Además, se observa la tendencia a través del año fiscal para determinar si la economía señala tendencias favorables o negativas.

La recesión comenzó bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá en el 2006, dos años antes que a nivel nacional. Según el informe, el índice de actividad económica refleja un marcado decrecimiento, que continúa anulando la mejoría que se logró en el 2012.

La actividad económica en abril de 2014 disminuyó por 1.3% mientras a lo largo del año fiscal 2013-14 la pérdida fue tanto como 3.3%. De hecho llevamos 16 meses consecutivos que el IAE disminuye consistente y permanentemente.

Otro de los factores que muestra un decrecimiento muy preocupante es la venta de cemento, directamente relacionada con la industria de la construcción. De acuerdo al BGF, en abril solo se vendieron 1,290,000 de sacos de cemento, para una merma de 17.5% en comparación con abril del 2013 y del 14.6% para el año fiscal 2013-14.

Este hallazgo coincide con que se han radicado 9161 quiebras durante el año fiscal 2014. A eso se añade el cierre de industrias, la reducción en la industria manufacturera, el deterioro en ventas de propiedades y la revelación de que hay más de 200,000 unidades de vivienda vacías a causa de la fuga poblacional, el desempleo, la criminalidad y el deterioro de la calidad de vida.

La caída de la actividad económica confirma lo que experimenta toda la isla: la población en más de 40 municipios vive bajo del nivel de pobreza y muchos gobiernos municipales carecen de recursos para proveer los servicios requeridos. Para colmo, el Departamento de Educación ordena el cierre de cien escuelas sin un plan que contemple la continuidad de las efectivas Escuelas del Siglo 21.

Los datos del BGFPR no sorprenden, sencillamente confirman el agotamiento del modelo económico del ELA-colonial. En abril existían solo 998,000 empleos para las 1,163,000 personas que buscan empleo, de una población laboral de 2,878,000 con una tasa de participación de solo 39.9% (versus 63% a nivel nacional). Mientras, la agricultura solo produce 15,000 empleos.

Las corporaciones públicas como la AEE y Carreteras están al borde de la quiebra. La primera depende de la venta de energía para pagar por el combustible y una deuda billonaria, cuando en comparación con el año anterior, generó 3.1% menos energía. Carreteras, por su parte, depende del arbitrio de la gasolina para el servicio de su deuda con los bonistas, pero el consumo de gasolina para el año fiscal 2014 decayó 2.1% en comparación con el 2013.

El BGF y el Departamento de Recursos Humanos y Trabajo han rendido su último veredicto aplastante sobre condición terminal del fracasado experimento político-económico que comenzó hace más de seis décadas.
El pueblo de Puerto Rico selló su suerte en el plebiscito del 2012 revocándole el consentimiento de los gobernados al rechazar contundentemente el ELA-colonial y escoger la estadidad.

Les corresponde a los administradores de la colonia reconocer el irreversible fracaso del status territorial y su modelo político-económico que ha probado ser inviable y respetar el reclamo de igualdad de derechos constitucionales, oportunidades, progreso y mejor calidad de vida para todos ciudadanos y nacionales americanos residentes en la Isla.

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Poderes del nuevo estado de Puerto Rico; lunes 26 de mayo, 2014; ENDI

Poderes de ser Estado 26 de mayo, 2014

Hernán Padilla

El nuevo estado de Puerto Rico ganará poderes constitucionales, políticos y económicos que garantizarán estabilidad, seguridad, progreso y soberanía para Puerto Rico y los puertorriqueños.

La Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos claramente establece la soberanía de los estados: “los poderes que la Constitución no delega al gobierno federal ni prohíbe a los estados, quedan respectivamente reservados a los estados o al pueblo”. Con la estadidad, Puerto Rico adquiere soberanía al quedar equiparado con los otros cincuenta estados soberanos de la Unión.

Además de la soberanía compartida de los estados, el poder político y económico que la admisión como estado representaría para Puerto Rico será el factor que potencie las fuerzas para el progreso, desarrollo económico y mejoramiento en la calidad de vida a que aspiran todos los puertorriqueños.

Queremos alcanzar el mismo progreso y desarrollo que es evidente en todos los estados de la unión. Reclamamos el poder político y la fuerza de la igualdad de derechos y responsabilidades que representa la ciudadanía americana bajo la protección de la Constitución de los Estados Unidos. El entusiasmo de un pueblo sin la carga discriminatoria colonial nos dará el poderío y recursos para conducir a Puerto Rico hacia un futuro mejor que el vivido en más de cinco siglos de coloniaje.

El poder político de dos senadores y cinco congresistas y la participación en elecciones presidenciales y en el gobierno nacional traerá consigo un trato igual al de todos nuestros conciudadanos americanos. La ciudadanía dejaría de estar degradada por la segregación y el discrimen político del estatus-territorial.

El poder de ser un estado bilingüe con nuestra propia cultura, resultado de la fusión de grandes culturas, nos abrirá las puertas para convertirnos en un enlace natural entre América Latina y los Estados Unidos. Seremos forjadores de nuestro propio destino y dejaremos de ser la colonia más antigua del planeta. Nos liberaremos del estatus temporero, frágil y sumido en la pobreza que representa el ELA-colonial. Seremos líderes en el mundo Hispano.
Ser un estado de los Estados Unidos tiene una estatura y una credibilidad poderosa a nivel mundial en todos los campos políticos, económicos, comerciales, industriales y científicas que nos abrirá las puertas a nivel internacional.

Como un estado, Puerto Rico sería reconocido como parte integral de la nación más rica y poderosa del planeta y será participe del sistema democrático más sólido del mundo.

La seguridad, solvencia y estabilidad política tendrán un poder considerable para atraer inversionistas y nuevas industrias que generen empleos. Cuando el gobierno del Estado del Puerto Rico o los puertorriqueños hagan contactos para generar interés en desarrollar negocios en la isla llevarán consigo una carta de presentación distinta a la del actual status sin reconocimiento, temporero, decadente y desacreditado.

La admisión de la Isla como estado generará una enorme promoción y publicidad en los 50 estados y a nivel mundial que se traducirá en un crecimiento turístico vigoroso como ocurrió en Hawái desde su ingreso en 1959. La demanda de servicios para las industrias de turismo, hotelera, de transportación, vivienda, y entretenimiento y otras, creará miles de nuevos empleos, así como innovadoras empresas locales.

Tan pronto el Congreso admita a Puerto Rico como estado se revertirá el éxodo masivo que ha ocurrido. Una vez admitidos, la seguridad de la estadidad atraerá nueva población y una vigorosa economía que rescatará miles de viviendas vacías o abandonadas y revivirá la industria de la construcción a niveles sin precedentes.

Los puertorriqueños, en todas las partes del mundo, viviremos orgullosos de que nuestra isla haya adquirido su igualdad como ciudadanos americanos y el poder político necesario para garantizarle un mejor futuro a las nuevas generaciones de familias puertorriqueñas. La Estadidad es igualdad, orgullo y progreso para cada uno de nosotros, en esta hermosa isla.

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Proyecto de País o Estado 51, lunes 12 de mayo, 2014, ENDI

Proyecto de País o Estado 51
Hernán Padilla
Indudablemente, el colapso económico y socio-político del ELA es responsable del éxodo masivo de puertorriqueños buscando un mejor futuro. Es igualmente innegable que la administración de la colonia hace todo lo posible por impedir una solución permanente del status con el propósito de encaminarnos hacia una relación distinta con nuestra Nación Americana.

En su desesperación, varias propuestas de la administración Popular para tratar de paliar la crisis no tienen cabida dentro del marco legal y constitucional americano. Noten que el Informe de la efímera Mesa de Acción para la Competitividad y el Crecimiento de Puerto Rico, más que un plan de desarrollo parece un reclamo de soberanía incongruente con el marco constitucional americano.

Sus recomendaciones pretenden que Washington considere a la Isla como una nación independiente para acordar tratados comerciales y otros, incluyendo eximirla de la cláusula del Comercio Interestatal. Sus propuestas contienen políticas públicas que van de la mano con el llamado “nuevo país” formulado por el PPD y contradicen el reclamo de la mayoría en el plebiscito del 2012.

Recordemos que Acevedo Vilá reclamaba la soberanía bajo el lema de “nuevo país”, una especie de república asociada basada en un supuesto “pacto bilateral” que nunca ha existido. Una republica asociada, igual que el llamado ELA culminado, ELA mejorado, o ELA soberano son sinónimos de una nación independiente con ciudadanía separada.

No obstante, el Informe sobre el Estatus de Puerto Rico del Comité de Recursos Naturales del Congreso concluyó que el llamado “ELA culminado” entraña lineamientos inconstitucionales inadmisibles para el Congreso.

Específicamente, la Administración Clinton determinó que la propuesta de un “ELA culminado” con una relación de “consentimiento mutuo” es inaceptable. La soberanía que ese modelo reclama convertiría a Puerto Rico en una nación separada de los Estados Unidos. Por tanto, fuera de la Independencia, el territorio puede solo considerar un estatus compatible con la Constitución, las leyes y la política pública de los Estados Unidos.

A la misma vez que proponen un llamado “Proyecto de país” y un “Fideicomiso para el futuro”, pretenden pedir fondos federales en bloque para disponer de los mismos a su antojo. En otras palabras, predican la “soberanía”, pero mendigan los beneficios y privilegios de la ciudadanía americana.

Los programas federales alcanzan cifras billonarias para salud, educación, seguridad, bienestar social, transportación, infraestructura, economía, industria, agencias gubernamentales y municipios.
Podemos concluir que bajo el llamado “ELA soberano, culminado o mejorado bajo la fórmula de la republica asociada” viviríamos en un país extranjero y los ciudadanos perderían todos los beneficios individuales y colectivos que ahora son parte de su ciudadanía americana, los que por el contrario aumentarán considerablemente bajo la estadidad.

No existirán el PAN, el WIC ni el seguro por desempleo. También se perderían el Head Start y educación para los niños de edad pre-escolar. Se afectarían los fondos que recibe Educación para los servicios educativos y comedores escolares. A nivel universitario, las Becas Pell, ayudas para préstamos y asignaciones para investigaciones; las familias de recursos limitados no tendrían acceso a subsidios de vivienda de la Sección 8 y perderíamos los fondos federales para la construcción, operación, mantenimiento y servicios de vivienda pública.

De vital importancia, además, resulta el hecho de que bajo una república perderíamos la protección a nuestros Derechos Civiles y libertades bajo la Constitución americana y el acceso a los foros federales que nos garantizan el disfrute de las libertades y derechos. La estadidad es la única garantía de lograr igualdad de derechos que corresponden a los ciudadanos americanos.

Es hora que esta administración defina el las fórmulas de status de la independencia disfrazada, incluyendo al ELA soberano o que someta al Secretario de Justicia una papeleta modelo de “Estadidad SI o NO” para conducir el referéndum avalado por el Congreso y Casa Blanca.

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