Hernan Padilla

Aunque el inglés es el idioma publico-cotidiano en el cual se vive y desarrolla comercial y públicamente un estado federado, la cultura y nuestro vernáculo, de los cuales nos sentimos orgullosos, son rasgos positivos para nuestro ingreso a la Unión. Ya existen varios estados con origen y ancestro hispano (Colorado, Montana, Nuevo México, Arizona, Texas. Florida y California).

En su mensaje de Presupuesto, el Gobernador dijo: “nuestra visión para un futuro de oportunidades para nuestros niños está anclada en el convencimiento de que para poder alcanzar sus sueños es fundamental que dominen perfectamente no sólo las destrezas básicas de matemáticas y ciencias, sino también el español y el inglés. …es un asunto de igualdad de oportunidades para Todos nuestros niños”.

Se comprometió a implantar el abarcador programa “Generación
Bilingüe para lograr que en un plazo de diez años todos y cada uno de los niños que se gradúan de escuela superior en Puerto Rico sean perfectamente bilingües, con pleno dominio de ambos, el español y el inglés”.

Cabe reafirmar que la falta de dominio del inglés perjudica a la juventud puertorriqueña, graduados de escuelas y/o universidades cuando solicitan empleos.

Por otro lado, la Constitución de los Estados Unidos de América provee los mecanismos para que Puerto Rico haga la transición y se convierta en un estado de la unión. La consecución de la estadidad está enmarcada en el proceso político, en el respaldo de los grupos y esferas de poder a nivel local y nacional, en la voluntad del Congreso y del Presidente y en una política pública presidencial respaldando la estadidad.

De estos emana la gran importancia del próximo plebiscito para iniciar finalmente el proceso de activismo político hacia una petición de admisión como estado de la Unión. Si la mayoría en Puerto Rico respalda la estadidad, nada ni nadie podrá impedirlo, aunque podrían intentar retrasarlo.

Una vez la mayoría de los puertorriqueños respalde la estadidad, Puerto Rico debe solicitar su admisión como Estado. Si fuera necesario, Puerto Rico, por su cuenta, elegiría dos Senadores y cinco Congresistas y los enviaría a reclamar sus posiciones como representantes electos por Puerto Rico, para que sean reconocidos oficialmente como miembros de igual rango en el Congreso, tal como lo hizo Tennessee cuando pidió admisión como Estado. Esa estrategia se conoce como el “Plan Tennessee”.

Anticipamos que el proceso conllevará negociaciones sobre las condiciones y periodo de transición que requieran el Congreso y Puerto Rico, pero el Congreso no puede rechazar la estadidad, porque nuestra aspiración constituye el reclamo y la lucha por lograr la igualdad de los derechos civiles de sus conciudadanos americanos en Puerto Rico.

De la misma manera que con otros estados que han ingresado a la unión, el Congreso dentro del marco constitucional podría imponer ciertas condiciones para ingresar, tales como un proceso de transición económica organizado y la enseñanza de inglés en las escuelas públicas (como fue la experiencia en Nuevo México, Arizona y Oklahoma).

Por nuestra parte, como estado, la Constitución le garantizaría a Puerto Rico el poder y la autonomía para el inglés y el español como idiomas oficiales, tal como dicta la Constitución de Puerto Rico. No podemos ignorar que la experiencia de más de un siglo durante el cual nos hemos integrado y somos parte de la cultura americana, nos demuestra que Puerto Rico ha podido mantener su cultura, costumbres, idioma e idiosincrasia bajo la bandera americana.

Puerto Rico ingresaría como estado caribeño-antillano bilingüe a los Estados Unidos para que continúe enriqueciéndose como nación y como pueblo. La Constitución, la bandera mono-estrellada sobre un fondo azul y el himno del Estado de Puerto Rico… “La Borinqueña” de don Manuel Fernández Juncos, continuarían distinguiéndonos como pueblo puertorriqueño.

Una de las áreas que debe discutirse antes del plebiscito es el desarrollo económico de Puerto Rico durante las pasadas seis décadas bajo el estatus territorial colonial.

Las limitaciones de nuestra condición política actual impiden que Puerto Rico disfrute de los mismos derechos y privilegios de los cincuenta estados y un desarrollo económico sostenible. Esas debilidades y las malas administraciones de los defensores de la colonia destruyeron la clasificación crediticia y llevaron a Puerto Rico al borde del precipicio económico.

Estamos muy rezagados cuando comparamos el desarrollo económico local con los estados más pobres de la Nación. Cuando comparamos el Producto Bruto Interno (GDP) de Puerto Rico con cada uno de los 50 estados, Puerto Rico es el último con un GDP por persona de $23,380 cuando el promedio de Estados Unidos es $47,482.

Aunque importantes para nuestra economía, las transferencias federales no son el pilar principal que sostiene el ideal de la estadidad. Aún así, estamos obligados a luchar por un trato de igualdad ante el Congreso de los Estados Unidos para derrumbar las restricciones políticas que impiden un desarrollo apropiado.

Reconocemos que no podemos depender exclusivamente de la asistencia federal como una solución permanente o exclusiva a los problemas fundamentales de Puerto Rico. Sin embargo, es nuestra responsabilidad competir por los fondos federales para beneficio de toda la población, principalmente los desempleados, la gente de escasos recursos y la clase media, y por supuesto la infraestructura necesaria para nuestro desarrollo económico.

Es innegable que durante las últimas dos décadas (1990-2009), el gobierno federal aportó $256.1 billones a la economía de Puerto Rico, de los cuales Puerto Rico pago $73.7 billones al IRS, (incluyendo pagos de Seguro Social y Medicare) dejando un balance neto a favor de Puerto Rico de $182.4.

Los beneficios del Seguro Social y Medicare tampoco pueden ignorarse. Por ser ciudadanos americanos, en el 2010 los pagos del Seguro Social fueron de $6,829 millones, mientras que Puerto Rico aportó $2,528.4 millones, una diferencia favorable de $4,300.6 millones. Medicare reembolsó $2,509.9 millones, y los puertorriqueños aportaron $449.1 millones, una diferencia favorable de $2,060.8 millones. Bajo la Estadidad, los beneficios para los ciudadanos americanos que cualifican para Seguro Social y Medicare y residen en Puerto Rico seria mucho mayor en ambos programas.

Sin las transferencias, pagos directos, ayudas y subsidios federales, Puerto Rico viviría en extrema pobreza. Basta señalar que el gobierno federal concedió ayudas por $1.4 billones para Educación, $1.4 billones para salud, $800 millones para vivienda, y $2.2 billones para Asistencia Nutricional, (PAN) y Mujeres, Infantes y Niños (WIC).

Bajo el territorio colonial y la república asociada no se garantizan esos beneficios. Sin embargo, como estado Puerto Rico recibiría fondos federales adicionales para beneficio de todo el pueblo. Reclamaremos fondos, como derecho no como dadivas, para educación, salud, seguridad pública y la lucha contra el crimen, servicios sociales, vivienda, transportación, infraestructura, desarrollo económico, protección del ambiente y todo aquello que mejore la calidad de vida a los puertorriqueños.

Con la estadidad, ésta infusión de fondos federales adicionales tendría un efecto multiplicador sobre nuestro crecimiento económico y la creación de empleos. La estadidad contribuiría a reducir los niveles de pobreza prevalecientes bajo el status colonial actual, a combatir la desigual distribución de la riqueza y a reducir nuestra dependencia de fondos federales en el futuro.

Nuestra objetivo “no es ser dependiente de los fondos federales”, por el contrario, estamos convencidos de que con la estabilidad, permanencia y seguridad de ser un estado de la unión, se impulsará el desarrollo económico para beneficio de todos los puertorriqueños.

Nuestra meta es convertir a Puerto Rico en estado para reclamar la igualdad política y económica que nos pertenece como ciudadanos de los Estados Unidos.

A pesar de que la reforma contributiva del Gobernador Fortuño redujo las contribuciones sobre ingresos, residimos en la jurisdicción americana donde más impuestos individuales se pagan. Esto tiene que cambiar.

Los que se oponen a la estadidad utilizan el tema de las contribuciones federales como uno de sus argumentos para fomentar el miedo en contra de la lucha por la igualdad. Tenemos la obligación de señalar las mentiras de los colonialistas sobre las contribuciones federales y demostrarle al pueblo la verdad.

Se estima que más del 75% de los contribuyentes individuales no pagaría contribuciones federales cuando Puerto Rico se convierta en Estado. La realidad es que más del 60% de nuestra población es de ingresos bajos o medios por debajo de $30,000 al año y NO pagaría contribución sobre ingresos.

La mayoría recibiría un crédito o un reintegro en base a “Work For Pay Credit”, “Earn Income Credit” (EIC) o el “Child Credit” y debe quedar claro que nadie pagaría impuestos federales si su ingreso individual anual es menor de $10,700 y el de una familia de 4 personas menor de $21,400 anuales.

Los ciudadanos que cualifiquen pueden reclamar créditos por los costos para el cuido de niños y personas con limitaciones dependientes, crédito para personas de mayor edad o personas con limitaciones, créditos para educación y créditos por ahorros para retiro.

Del restante 40% de la población que genera ingresos, la mitad devenga ingresos entre $30,000 y $45,000 anuales. Ese grupo, probablemente reciba un reintegro por el crédito de los impuestos pagados o terminen tributando una tasa minima de su ingreso neto.

Solamente el 10% de la población de ingresos medios y altos tributaría a nivel federal. El impacto del pago de contribuciones federales sería de $1.5 billones por concepto de contribuciones federales por los individuos.Se puede proyectar que la Isla recibiría ingresos y pagos adicionales sustanciales; por ejemplo, por el concepto del Social Security Disability Insurance se recibirían entre $800-$1,000 millones para beneficio de los más necesitados en Puerto Rico.

Además de los beneficios económicos directos e indirectos de la estadidad, Puerto Rico puede ser un “enlace natural cultural, comercial, financiero, científico, diplomático, aéreo, deportivo y de servicios profesionales” entre Estados Unidos y América Latina. Ser Estado nos convertirá en un enlace comercial entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Como Estado Puerto Rico tendría más ventajas en la industria del turismo.

Internacionalmente, por nuestra posición geográfica y conocimiento de la cultura y las idiosincrasias de América Latina, el Puerto Las Américas de Ponce puede desarrollarse como uno de los “Puertos de Transbordo” comercial más importantes de los Estados Unidos y el aeropuerto internacional LMM será un verdadero “centro” de vuelos hacia el Caribe y América Latina.

El Estado de Puerto Rico puede atraer la sede de las oficinas o divisiones corporativas de las corporaciones transnacionales estadounidenses especializadas en los mercados caribeños y latinoamericanos. Podemos convertir a Puerto Rico en un centro internacional de producción y distribución de productos farmacéuticos y de investigación y desarrollo biotecnológico con divisiones especializadas en el Caribe y América Latina.

Con la estadidad, el Recinto Universitario de Mayagüez puede convertirse en un centro de investigación y desarrollo de agricultura tropical y en un centro de investigación de Ciencias Marinas para los Estados Unidos.

Finalmente, con la estadidad podemos proyectar que los ingresos adicionales permitirían al gobierno de Puerto Rico reducir la carga contributiva considerablemente ya que el gobierno federal estaría proveyendo los fondos necesarios para servicios y programas que ahora tiene que sufragar el gobierno estatal. De hecho, a nivel estatal, no existen contribuciones sobre ingresos en estados como Florida, ya que esa es potestad individual de cada Estado y lo sería igualmente del Estado de Puerto Rico.

Se acerca la fecha en que los puertorriqueños se encontrarán ante la disyuntiva de escoger entre la verdadera unión permanente con los Estados Unidos y una república independiente o asociada; tendrán que determinar si quieren poner en riesgo  la ciudadanía americana de las futuras generaciones.

Es innegable que toda la vida ciudadana, económica  y jurídica de los puertorriqueños está asociada a funciones federales: recursos naturales, justicia, seguridad pública, educación, salud, servicios sociales, comunicaciones, bancos, correo, puertos, carga marítima y hasta el IRS.

Como Puerto Rico es un territorio cuasi-incorporado de Estados Unidos y nuestra base económica está fundamentada y forma parte integral de la economía americana, tenemos libre acceso al mercado más desarrollado y con mayores recursos del mundo.

Los cincuenta estados nos ofrecen un potencial incalculable para mercadear los productos y servicios producidos en la isla. Exportamos $30 billones hacia los cincuenta estados, mientras que anualmente compramos $23 billones a los EEUU; un “balance positivo de $7 billones a nuestro favor. Siendo el turismo una de las principales fuentes de empleo, nuestra fuente turística de donde proceden más del 90%% de nuestros visitantes es Estados Unidos.

Por otro lado, Estados Unidos provee ayuda técnica y económica y supervisa el uso de fondos federales para beneficio del pueblo. Nuestras agencias estatales, municipios, centros universitarios, ciudadanos y corporaciones sin fines de lucro, participan activamente y se benefician directamente de más de 141 programas federales que facilitan esa ayuda para beneficio del pueblo puertorriqueño.

Aunque el verdadero trato de paridad solo se logrará con la estadidad, los puertorriqueños nos beneficiamos por la participación de nuestros ciudadanos en el Seguro Social, Medicare; Programas de Asistencia Medica (PAM) y Nutricional (PAN) ; ayudas para niños y adultos con necesidades especiales; servicios médicos y rehabilitación para veteranos en Puerto Rico; préstamos y Becas Pell para estudiantes universitarios; subsidios de alquiler por la Sección 8 federal y seguros federales para vivienda, agricultura y desempleo, entre otros.

Igualmente, las Agencias federales como Drug Enforcement Administration (DEA), Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives  (ATF) y el FBI combaten el narcotráfico y las actividades criminales que amenazan la seguridad del pueblo. La Fiscalía Federal y el FBI también intervienen contra la corrupción gubernamental y el “crimen de cuello blanco”.

El Departamento de Justicia Federal monitorea a la Policía, supervisa los derechos de la población con retardación mental y el Tribunal Federal determina las condiciones y los servicios de salud y rehabilitación en las instituciones penitenciarias

“Homeland Security” ofrece a los pasajeros terrestres, marítimos y aéreos  todas las garantías de seguridad, mientras la “Federal Aviation Administration” supervisa las operaciones de los controladores de vuelos y el transporte aéreo, tanto de carga como de pasajeros.

La Guardia Costera protege nuestras costas y lleva a cabo operaciones de rescate marítimo. Las leyes, reglamentos, Ordenes Ejecutivas y decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos forman parte del diario ordenamiento de nuestra sociedad. Las dependencias de defensa nacional protegen nuestra isla de intervenciones ilegales y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) contribuye en aquello que pueda afectar los recursos naturales.

El correo, la moneda y el sistema bancario son aspectos particulares que están muy institucionalizados en nuestra cultura, modo de vida y economía. Tan es así, que el Morro, la Flor de Maga, el Yunque, la cotorra  y el coquí están forjados en monedas americanas.

Como ciudadanos americanos tenemos derecho a viajar libremente hacia y entre los cincuenta estados para pasear, residir, estudiar, trabajar, participar en reuniones científicas, políticas y de carácter intelectual y disfrutar actividades culturales a nuestra conveniencia.

Ahora es el momento de reafirmar que queremos la verdadera unión permanente o pondremos en riesgo las garantías, seguridad y el progreso que representa nuestra ciudadanía americana.

Vínculos inquebrantables con EEUU

Los ciudadanos que estamos comprometidos con los valores de la estadidad, tenemos la responsabilidad de explicar públicamente las razones que mueven a la mayoría de nuestro pueblo a defender los verdaderos lazos de unión permanente con nuestra nación americana.

Nos identificamos con los Estados Unidos porque su Constitución y  la “Carta de Derechos” son documentos fundamentales que se consideran como los más importantes de la humanidad y que sirvieron de modelo e inspiración para las Constituciones de los 50 estados, la Constitución de Puerto Rico y las de muchas naciones extranjeras.

Esos documentos históricos reconocen, protegen y promueven los derechos ciudadanos a la libre expresión, a protestar sin perjuicio, a practicar las creencias religiosas de preferencia, a ejercer el voto libre para seleccionar gobernantes, a tener libertad de movimiento dentro, entre los estados e internacionalmente y la libertad para tomar decisiones, discrepar y asumir responsabilidades. Estos documentos garantizan unas libertades democráticas en donde predomina el imperio de la ley y la justicia en todas las relaciones humanas individuales y comunitarias.

Estados Unidos es una democracia representativa, abierta y transparente que conduce a una transición democrática, pacífica y humanitaria evidenciada durante cambios de gobierno cada cuatro años. Es un sistema político de reconocida estabilidad gubernamental donde se fomentan y anticipan la participación democrática en todos los niveles de la sociedad.

Estados Unidos nos ha brindado la protección de la Constitución, la nacionalidad y ciudadanía americana. Esta es una sociedad predicada en la tolerancia y un sistema de justicia que garantiza el debido proceso de ley en todos los ámbitos del gobierno federal, estatal y local.

Aunque los puertorriqueños defendemos nuestra cultura con orgullo, al mismo tiempo valoramos, somos parte integral y aportamos a la cultura americana. Admiramos la estructura social representada por el respeto a las leyes, su disciplina, los servicios voluntarios y los beneficios que se reciben a cambio de las contribuciones que pagamos los ciudadanos.

Los cincuenta estados son la válvula de escape para miles de puertorriqueños que aspiran a una mejor calidad de vida. Es el hogar donde conviven 4.6 millones de conciudadanos de origen puertorriqueño. Por ser ciudadanos de los Estados Unidos, los puertorriqueños tenemos acceso libre para desplazarnos nacional e internacionalmente. Nuestro codiciado pasaporte es reconocido, aceptado y valorado mundialmente.

Nuestra nación Americana le brinda vastas oportunidades a los puertorriqueños para que demuestren sus talentos y sus dotes artísticas, científicas, deportivas y políticas entre otros. Nuestra representación valiosa en la defensa militar de los Estados Unidos está registrada en la historia de la nación. Los soldados boricuas, miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, han luchado con gallardía por esta gran democracia y los derechos humanos y nuestra nación americana reconoce su valentía y sacrificios.

Los puertorriqueños sentimos orgullo de la nación americana porque Estados Unidos es un líder democrático, tecnológico, comercial y cultural que es modelo de civilización mundialmente. Nuestra nación es altamente productiva, trabajadora, ingeniosa, científica y progresista en la cual predominan los adelantos y disponibilidad del nuevo desarrollo tecnológico, incluyendo el campo de la ingeniería, medicina, ciencias y las artes.

Los puertorriqueños celebramos y somos parte integral de las grandes proezas científicas y del progreso nacional, tales como el programa espacial de la NASA, las invenciones científicas, la protección ambiental, el manejo de las reservas forestales y Parques Nacionales, y las leyes para proteger y conservar nuestros recursos naturales. Nos satisface la importancia que el pueblo americano les brinda a las personas con necesidades especiales, a las mujeres, los niños, estudiantes y a los más necesitados de la población.

Todos esos valores viven y son parte fundamental de la cultura puertorriqueña y por ende inducen a atesorar los vínculos inquebrantables con nuestra nación americana.

Razón de ser estadista

Cuando analizamos la “razón de ser” del sentimiento estadista del puertorriqueño que prefiere que Puerto Rico se convierta en un Estado de Estados Unidos, se descubre que cada ciudadano tiene múltiples razones para preferir el “ideal de la unión permanente con Estados Unidos”.

Resaltan la aspiración por la plena igualdad ciudadana y política; por los derechos y oportunidades que tienen los otros ciudadanos americanos y el convencimiento de que la estadidad es la única que garantiza constitucionalmente la ciudadanía americana; la participación democrática y plena en las tres ramas del gobierno federal; los derechos civiles de todos los ciudadanos en condición de igualdad; la estabilidad política y económica; el progreso y desarrollo socio-económico y la igualdad de beneficios y derechos como el resto de nuestra nación.

Predomina nuestra convicción por mantener la ciudadanía americana y llevarla a su grado de absoluta igualdad sobre cualquier otra razón, porque sentimos que somos parte de la nación de mayor libertad y progreso en el mundo. No nos conformamos simplemente con una ciudadanía americana  de segunda clase, aspiramos a un futuro mejor para Puerto Rico y exigimos lo mejor para nuestros hijos y las generaciones futuras.

La estadidad representa las aspiraciones de la mayoría del pueblo puertorriqueño que no quiere perder o poner en riesgo su ciudadanía americana. Los estadistas aspiramos a salir de la actual indefinición e incertidumbre política, acabar con cinco siglos de coloniaje y ponerle fin al coloniaje moderno del mal llamado Estado Libre Asociado.

La estadidad es la única herramienta para lograr la igualdad de todos los ciudadanos que residen en Puerto Rico con el resto de la nación. Dentro de la estadidad se aplican y se defienden todos los derechos de la Constitución de Estados Unidos, se logra la aplicación uniforme de todas las leyes aprobadas por el Congreso, se elimina la desigualdad política y constitucional entre los ciudadanos de los 50 estados y los ciudadanos residentes de Puerto Rico y se garantizan los mismos derechos y oportunidades. La estadidad nos garantiza que Puerto Rico nunca se convertirá en otra república.

Consideramos que Puerto Rico podría convertirse en uno de los estados con mayor influencia en la nación. Tendremos el derecho a votar por el Presidente de Estados Unidos y elegir a dos Senadores y cinco Congresista a la Cámara de Representantes. Como estado con lenguaje y cultura hispana, Puerto Rico podría servir como puente e interlocutor entre America Latina, el Caribe y los Estados Unidos.

Sin lugar a dudas, la economía de Puerto Rico está estrechamente ligada y depende de la economía de Estados Unidos. Debido a las condiciones existentes en la economía global, una isla pequeña, sobre poblada, con limitados recursos naturales y económicos como la nuestra necesita formar parte integral de Estados Unidos para poder competir, progresar y asegurar las mejores condiciones para nuestro pueblo.

La estabilidad política que representa la estadidad permitirá realizar gestiones para solucionar los graves problemas que confronta Puerto Rico. Tendremos más oportunidades de inversión y garantías económicas que fomenten nuevos negocios, industrias, comercio, turismo y actividad socio-económica que a su vez generará más y mejores empleos, mayores beneficios sociales y una mejor calidad de vida.

Como consecuencia del crecimiento y desarrollo de la economía, se  generarán más recursos para invertir en la educación, seguridad pública, protección ambiental, conservación de los recursos naturales, recreación pasiva y activa y servicios de bienestar y salud pública.

Estamos convencidos que la igualdad política nos brindaría la oportunidad de hacer alianzas con otros grupos hispanos para promover asuntos de interés común, como educación, salud y desarrollo de la infraestructura.

Merecemos ser parte integral y esencial de la nación mundialmente líder en la defensa de los valores democráticos y la libertad.

Plebiscito y la igualdad ciudadana

Resulta moralmente ofensivo a la sensibilidad de todos los puertorriqueños que el Congreso incumpla su responsabilidad y que continúe posponiendo o evitando que los puertorriqueños finalmente escojan un status digno y permanente. El Congreso tiene la obligación inexorable y única de viabilizar un plebiscito final entre las dos alternativas soberanas y permanentes: la estadidad o la independencia (con o sin “libre asociación”).

La nación americana y el electorado de Puerto Rico no pueden ignorar que las únicas alternativas de soberanía reconocidas por las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que un territorio alcance la plenitud del gobierno propio son: (1) cuando pasa a ser una Nación Independiente y soberana (independencia); (2) cuando como nación independiente y soberana establece una libre asociación con otra nación independiente y soberana (independencia con libre asociación); (3) o cuando se integra en igualdad plena a otra nación independiente y soberana (estadidad).

El día de las elecciones generales, el pueblo tendrá la oportunidad de expresar si respalda o rechaza la condición territorial (colonial) para luego escoger una de las alternativas reconocidas internacionalmente: (1) Estadidad, (2) Independencia y (3) el Estado Libre Asociado Soberano fuera de la cláusula territorial (otra forma de independencia con libre asociación).

La estadidad es el único status que nos preserva y garantiza la Ciudadanía de los Estados Unidos. La ciudadanía establece que somos nacionales  americanos. Nuestra Nación jurídica, política y sentimental es Estados Unidos de América.

Un suceso extraordinario que cambió nuestro rumbo político e ideológico fue el Acta Jones del 1917, cuando se concede la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Con la misma fuerza histórica, el Acta de Naturalización del 1941 garantiza que todas las personas que nacen en los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, se declaran ciudadanos de los Estados Unidos.

En el 1947, con la Ley Publica 362, conocida como la Ley del Gobernador Ejecutivo, se extiende la Constitución de los Estados Unidos a los puertorriqueños y se establece que los derechos, privilegios e inmunidades de los estados Unidos se respetarán en Puerto Rico hasta el mismo grado que si fuera Puerto Rico un estado de la Unión y sujeto a las disposiciones del Articulo IV de la Constitución de los estados Unidos.

La Ciudadanía concedida mediante Ley a los puertorriqueños es parcial e incompleta ya que es de carácter estatutario y toda ley puede ser enmendada o derogada unilateralmente por el Congreso. En cambio, la ciudadanía adquirida por virtud de nacer en un Estado de la Unión es permanente e inalterable, ya que es de carácter constitucional.

Los ciudadanos de un territorio no tienen derecho a considerarse iguales en su condición o derecho a los mismos beneficios bajo las leyes federales, como por ejemplo: votar en las elecciones federales/nacionales y tener su ciudadanía americana garantizada para futuras generaciones nacidas en el territorio, o preservarla si el territorio asume una soberanía separada.

Somos ciudadanos de segunda categoría de un territorio colonial jurídica y constitucionalmente imperfecto y limitado en autoridad. Como consecuencia de esa condición política, no tenemos el derecho a votar por el presidente, no podemos elegir dos Senadores y cinco Representantes al Congreso que nos correspondería si fuéramos Estado y carecemos de paridad en la asignación de los fondos federales.

Queremos y aspiramos a una ciudadanía con todos los derechos y responsabilidades de los demás ciudadanos de la Nación, por lo que en el plebiscito rechazaremos que pongan en riesgo la ciudadanía americana y la unión permanente con los Estados Unidos. Solo la estadidad nos garantiza la igualdad ciudadana.

Colonia/Territorio o Estadidad

Mientras no se resuelva el problema fundamental que divide al pueblo puertorriqueño y que penetra todos los niveles de la sociedad, el gobierno y el razonamiento de las políticas públicas, Puerto Rico continuará por el camino de los colores y las pasiones ideológicas.

La condición territorial y colonial actual nunca ha sido, ni será  permanente porque carece de reconocimiento legal o garantías constitucionales.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos  resolvió que Puerto Rico es un “Territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso bajo la “Cláusula Territorial” y como tal  su soberanía reside en el Congreso. Esta subordinación colonial requirió que hasta la Constitución de Puerto Rico fuera aprobada y podría ser derogada unilateralmente por el Congreso.

Una verdad inescapable es que una libre asociación (Estado Libre Asociado Soberano)  no tiene cabida alguna bajo la Constitución de los Estados Unidos de América. La “libre asociación es un tipo de independencia”, o un pacto basado en la soberanía nacional de cada país que puede ser revocado unilateralmente en cualquier momento.

El pacto bilateral nunca existió. El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico, como lo afirmó el propio Luis Muñoz Marín durante el proceso que culminó con la aprobación de la Ley 600 y la Constitución de Puerto Rico. El Congreso tiene pleno y exclusivo poder legal sobre 3.7 millones de puertorriqueños en la Isla.

Contrario a lo que alegan los defensores del estatus territorial o colonial, el modelo político y económico actual es un fracaso absoluto. Urge adoptar otro modelo político-económico. Las limitaciones coloniales de nuestra condición subordinada impiden que se le apliquen a lo ciudadanos americanos de Puerto Rico los mismos derechos, privilegios y progreso económico de los otros cincuenta estados.

El Congreso legisló la Ley Orgánica, conocida por la ley Foraker, para establecer un gobierno civil en Puerto Rico. Posteriormente, la Ley 600 fue aprobada por el Congreso y autorizó a Puerto Rico a tener su propia Constitución para regir sobre cuestiones locales en semejanza a las otras constituciones estatales.

La Constitución de Puerto Rico de 1952 que estableció un gobierno propio local y colonial es un instrumento político que no cambió ni alteró el estatus territorial y tuvo que ser sometida al Congreso para su aprobación final.

Puerto Rico no es ni nunca ha sido una Nación independiente y soberana. Las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) no reconocen a Puerto Rico como una nación.

La Constitución Americana establece que la Unión está integrada por Estados que tienen sus propios poderes y áreas de jurisdicción. Aquellos poderes que no son ocupados por el gobierno federal les corresponden a los gobiernos estatales.

La Estadidad le daría a los puertorriqueños residentes en la Isla la garantía de estar representados en condición de igualdad y formar parte del poder político y decisional.

Esta representación se fundamenta con dos Senadores y cinco Congresistas puertorriqueños que tendrán voz, voto y antigüedad en las Comisiones donde se aprueban los presupuestos, programas y nuevas iniciativas gubernamentales. Puerto Rico tendrá puertorriqueños que presidan la Comisiones del Congreso, en las que se aprueban las políticas públicas.

El fracaso de la Embajadora nominada Mari Carmen Aponte representa la ausencia de poder político de la condición colonial actual. Aponte es victima de la contradicción de su propia ideología: aspirar a representar la nación que su propio partido rechaza.

La estadidad les otorgaría a los ciudadanos americanos de Puerto Rico el voto Presidencial y cinco votos en El Colegio Electoral. Además, se reconoce que actualmente hay 4.6 millones de ciudadanos de raíces puertorriqueñas en los estados que tienen un alto potencial para decidir la elección presidencial. Esta realidad, nos daría mayor influencia y poder político dentro de la Nación Americana.

Status de Puerto Rico-101

La exposición de Motivos del Proyecto de la Cámara 3648 es un curso concentrado sobre la historia, aspectos jurídicos y decisiones de política pública sobre el status de Puerto Rico. En vista del plebiscito del 6 de noviembre, es lectura requerida para todos los que quieran entender de dónde venimos y cómo vamos a llegar a donde queremos ir políticamente como pueblo.

Comparto algunas de mis notas. Desde 1898 Estados Unidos ejerce su soberanía sobre Puerto Rico conforme al Tratado de Paris y ratificado por el Senado de Estados Unidos el 11 de abril de 1899. El articulo 9 dispone que “los derechos civiles y la condición política de los habitantes en Puerto Rico eran determinados por el Congreso”.

Al presente la Cláusula Territorial de la Constitución de los Estados Unidos establece que el Congreso podrá disponer o promulgar las reglas y los reglamentos necesarios en relación con el territorio”.

La Ley Jones del 2 de marzo del 1917 declaró que “los habitantes de Puerto Rico serán ciudadanos americanos con los derechos civiles y el estatus político determinado por el Congreso, consistente con un territorio no incorporado.”

La Ley Federal 81-600 del 3 de julio de 1950  concede a lo puertorriqueños el derecho a redactar su propia constitución para gobernar los asuntos internos del Gobierno de Puerto Rico. El 3 de julio de 1952, el Congreso ratificó, con enmiendas, la Constitución de Puerto Rico y la Convención Constituyente aceptó la enmienda congresional sin consultarle al pueblo.

La Constitución de Puerto Rico establece una estructura de gobierno propio en relación a asuntos internos y administración de gobierno local, sujeto a la Constitución de los Estados Unidos y Leyes federales aplicables. La Ley 600 no creó un nuevo status político para Puerto Rico.

El Congreso no renunció de forma alguna a sus poderes plenarios sobre Puerto Rico. Durante la aprobación de la Ley 600, el Comisionado residente Antonio Fernos Isern declaró que “ HR7674 would not change the status of the island of Puerto Rico relative to the United States… It would not alter the powers of sovereignty acquired by theUSoverPuerto Rico, under the terms of the Teaty of Paris”.

En diciembre del 2005, el Grupo de Trabajo de Casa Blanca  expresó que bajo el ELA Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso, al amparo de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos. De igual forma, expresó la inhabilidad constitucional del llamado “ELA Mejorado”.

El informe del Grupo de Trabajo  reconoce que las únicas dos alternativas constitucionalmente viables son la estadidad y la independencia. Reconoció además que la independencia puede tener varias formas: independencia tradicional o independencia mediante un pacto de libre asociación y en el 2007 concluye que un “pacto de libre asociación puede ser variado unilateralmente” y que la libre asociación es una forma de independencia.

El Grupo de Trabajo nombrado por el Presidente Obama en el 2009 rindió un informe en marzo del 2011 en el que expresa que el Estado Libre Asociado seguirá regido por la Cláusula Territorial que ha sido reafirmada por el Tribunal Supremo Federal que resolvió que el Congreso de Estados Unidos tiene autoridad para ejercer sus poderes sobre Puerto Rico al amparo de la Cláusula Territorial y tratarlo diferente que a otros estados.

Felicito al Gobernador Luis Fortuño y a  la Asamblea Legislativa por “viabilizar un proceso de autodeterminación que permita al Pueblo de Puerto Rico expresarse libremente sobre su futuro político y su relación con Estados Unidos de America, e iniciar el proceso de descolonización que permita conocer la voluntad de nuestro pueblo para exigirle al Presidente y al Congreso de Estados Unidos que respeten y viabilicen esa voluntad”.