Estadidad y productividad traerán progreso , END, 12/15/14

Estadidad y productividad traerán progreso

Hernán Padilla
Un estudio ordenado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto del ELA dramatiza la desventaja de la Colonia que nos priva de la plenitud de beneficios que comparten los estados.

Paradójicamente, mientras ese costoso estudio persigue impulsar un plan para allegar más fondos federales, a la vez, el Gobernador y su partido conciben la Isla como una nación separada de EEUU, y entre sus líderes hay quienes proponen un estatus que amenaza la ciudadanía americana. Peor aún, Acevedo Vilá, uno de los encomendados por García Padilla para “definir el ELA”, pretende que los contribuyentes de los estados paguen la deuda pública a cambio de eliminar transferencias federales. Esto, ignorando el rol crucial de esos fondos para sectores de escasos recursos, la infraestructura y el gobierno local.

Gracias a las leyes y política pública promulgados por el Congreso y Ejecutivo, que permiten tratar la Isla como Estado para ciertos fines, muchos puertorriqueños han superado la pobreza, estancamiento y colapso del ELA-colonial. Considerando todas las fuentes de ingreso, el total de fondos federales que ingresa anualmente a PR sobrepasa los $23.5Billones.

En transferencias directas, ello desglosa en: $12.9billones; préstamos, $2.4B; contratos federales, $1B; salarios, $851M; y $6.3B en más de 141 programas (grants) de los cuales participan activamente agencias estatales, municipios, universidades, y organizaciones no gubernamentales que sirven al pueblo puertorriqueño.

Los departamentos federales de Salud, Agricultura y Educación solamente, contribuyen a la Isla $6,414millones anuales. Según el informe, entre las agencias que más fondos reciben se destacan el Departamento de la Familia, la Administración de Seguros de Salud, el Departamento de Salud, Vivienda Pública y la UPR.

Sin las transferencias y subsidios federales PR sería un territorio pobre y hambriento. Basta señalar que el gobierno federal asigna $1.4B para Educación; $1.4Bs para Salud, $800M para Vivienda, y $2.2B para Asistencia Nutricional (PAN) y Mujeres, Infantes y Niños (WIC).

La inferioridad en asignaciones federales del territorio versus los estados es abismal. Por ejemplo, en programas de Salud el promedio nacional es $892.34/persona, mientras que Puerto Rico solo recibe $375.37; en Transportación el promedio/persona es de $216.19, mientras en la Isla es solo $63.33; y para Educación PR recibe $144.76, cuando el promedio nacional/persona es $241.13.

En resumen, más de un 23% del presupuesto consolidado del gobierno proviene de fondos federales. Antes de celebrar la noticia, entérese que la aportación federal para gastos operacionales de los estados es de solo $0.89/persona, versus la friolera de $166.80/persona en PR. Esto es, la colonia le cuesta al gobierno americano 188 veces lo que utilizan 48 estados para gastos operacionales, a costa de dineros perdidos entre ineficiencias y corrupción que nunca llegan a “la gente”.

Evidentemente, el desarrollo económico local está muy rezagado, aún en comparación con los estados más pobres. La ineficiencia, corrupción y falta de paridad del régimen colonial actual impiden que Puerto Rico disfrute los mismos derechos y privilegios de los 50 estados, y obstaculiza un desarrollo económico sostenible basado en la productividad, efectividad y uso óptimo de los recursos.

Como ciudadanos americanos orgullosos de que Puerto Rico sea parte de la Nación, es nuestra responsabilidad continuar reclamando enérgicamente la igualdad en acceso a los recursos que traerá la Estadidad para beneficio de todos, principalmente, para los desempleados, los pobres y la oprimida clase media puertorriqueña.

Entre las opciones constitucionalmente reconocidas, solo la estadidad asegura la estabilidad, clima de inversión, y oportunidades de trabajo que solamente han experimentado en tiempos recientes los territorios admitidos a la Unión. Únicamente la combinación del impulso económico privado combinado con la infusión de fondos federales durante la transición y paridad permanente, garantiza un crecimiento económico conducente a reducir la pobreza, dependencia y ocio que han caracterizado la colonia.

Con la apertura de Cuba, ahora más que nunca, tenemos todavía menos tiempo.

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Viven de recuerdos de promesas; Gran reto para PR, Reproducción de columna–06/10/14

Viven de recuerdos de promesas
Hernán Padilla
Desde hace más de cuatro décadas, la Isla arrastra una crisis económica cada vez más difícil de resolver. Aun así, hay quienes defienden el estatus colonial y claman por tratos, concesiones e incentivos contributivos que solo prolongan la agonía de un malogrado experimento político.

Todavía hay quien asegura que programas como la pasada Sección 936 del IRS rescatará a PR de la crisis económica al que ha suscitado una condición colonial que lo priva de disfrutar igualdad de derechos, oportunidades de progreso y responsabilidades con los cincuenta estados de la Nación.

Desde 1909, particularmente en el 1921, el Congreso ha aprobado estatutos que conceden exenciones contributivas a corporaciones continentales con subsidiarias en los territorios, sobre las ganancias allí generadas y “que no fueran repatriadas a la casa matriz en algún estado”.

Esto, a fin de incentivar la inversión y el desarrollo económico en los territorios, y compensar la desventaja debida a la falta de poderes políticos, paridad en asignación de fondos e incertidumbre sobre su futuro político.

Con la aprobación de la sección 936 en 1976, la exención contributiva federal se extendió a ganancias “repatriadas a los estados de origen” de dichas corporaciones. Esa enmienda incentivó la ubicación en Puerto Rico de “eslabones de producción de bienes de corporaciones transnacionales americanas para mediante la práctica de “transfer pricing” reducir su carga contributiva.

Por ejemplo: una farmacéutica de confección de pastillas anticonceptivas en Carolina le compraba el estrógeno a un laboratorio de la misma empresa en Francia a un precio por debajo del costo, para reportar pérdidas y no pagar impuestos corporativos en Francia. La planta de Carolina las vende a sobreprecio a una empacadora de la misma empresa en NY reportando pérdidas y no paga impuestos federales.

Finalmente, las ganancias generadas en Francia y NY son transferidas a PR, donde están exentas, para luego repatriarlas a la casa matriz continental sin pagar impuestos federales.

El Tesoro federal planteó serias objeciones a estas maniobras contributivas y finalmente abogó por la derogación de las 936, debido al alto costo para el fisco federal de los recaudos no devengados, a cambio de la “creación de muy pocos empleos directos e indirectos en Puerto Rico”.

En resumen, la sección 936 fue un fallido mecanismo compensatorio, claramente demostrado por las altas tasas de desempleo y bajas tasas de participación laboral registradas durante sus 20 años de vigencia. La sección 936 era insostenible ante agudos déficits federales y las perdidas en recaudos del Tesoro federal identificados durante su vigencia.

Arturo Guzmán, consultor sobre desarrollo internacional, sostiene que la década entre el 1960 al 1970 fue la de mayor crecimiento económico para Puerto Rico a consecuencia directa de la revolución Castro-comunista, la eliminación de Cuba como competidor y proveedor de productos y servicios, y la necesidad de reemplazar de inmediato los mercados e industrias de Cuba con instalaciones similares en Puerto Rico.

Debo advertir a los políticos, economistas y planificadores que ninguno ha considerado el impacto económico que representará el regreso de Cuba a la comunidad de países libres.

El PPD solo vive del recuerdo de las promesas del experimento colonial político- económico del 1952, que descansaba en el aislamiento de Cuba y en el programa insostenible de las 936, que fue eliminado por el Congreso y el Presidente Clinton en el 1996. Mientras, la crisis económica se exacerba con la recesión criolla que comenzó en el 2006 bajo el ex gobernador Acevedo Vila, y ahora con la improvisación de la presente administración sin un plan fiscal realista, creíble y sostenible.

Solo la admisión de Puerto Rico como estado puede salvarnos de la presente catástrofe económica y fiscal y ofrecerle los poderes y estatura política para garantizarle el progreso, desarrollo económico y mejor calidad de vida que merecemos los puertorriqueños.

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La Gran Válvula de Escape; columna de junio, 2008 reproducida

La Gran Válvula de Escape

El Tratado de Paris de 1898 cobijó bajo la bandera americana 894,302 ciudadanos de Puerto Rico, convirtiéndonos en pupilos del Congreso. En 1904 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró que los puertorriqueños podían entrar a los Estados Unidos sin restricciones.

En 1910 se reportaban solamente dos mil puertorriqueños en los Estados Unidos continentales. Cuando en 1917, el Congreso nos concedió la Ciudadanía, 17,000 puertorriqueños ingresaron voluntariamente al servicio militar. Así comenzó la gran válvula de escape laboral hacia los Estados Unidos.

La experiencia migratoria puertorriqueña es un fenómeno sociológico de inmigración interna, dentro del marco socio-político norteamericano. Es la historia de puertorriqueños que se mueven dentro de su propia nación, pero cuyas raíces de nacimiento, culturales y lingüísticas residen en la Isla.

Son miles las historias humanas de éxito y tragedias, y de adaptación a un idioma, clima y estilo de vida diferente e intimidante. La vida en la Gran Urbe, la ciudad que atrae a millones de hombres y mujeres empeñados en mejorar sus vidas y perseguir el “sueño americano”.

Durante la década de los años 30, el Gran Jibarito, el Maestro Rafael Hernández, junto a su hermana, operaba una tienda de música en New York. Adolfo Díaz y su esposa Pepita tenían un “boarding house” en su casa para atender a familias latinoamericanas. Pepe Ortiz, de Cayey, llego a NY desempleado y encontró trabajo en el “Biltmore Hotel” como “dishwasher”, se retiro 30 años después luego de haberle pagado la educación universitaria a sus tres hijos.

Durante la gran depresión de los 30 en Puerto Rico, la solución de muchos para sobrevivir la miseria económica era emigrar a los Estados Unidos por la vía marítima.
En 1946, luego del fin de la segunda guerra mundial, comenzó en serio el “chorro de boricuas” que “brincaron el charco”. Primero en el “Marine Tiger” y luego La “Guagua Aérea” de PanAmerican Airlines, y la TRANCA con su vuelo quiquiriquí son recuerdos tristes de muchos isleños.

En 1948, el gobierno insular, mediante una política agresiva de emplear a los puertorriqueños en faenas agrícolas fuera de Puerto Rico, recogiendo papas en Long Island y tomates en New Jersey, implanto el Programa de Migrantes dentro del Departamento del Trabajo insular. La estrategia del gobierno Popular de los años 50 fue la de promover, facilitar y coordinar la emigración masiva de puertorriqueños. Establecieron oficinas de servicios a los migrantes en 115 ciudades en los Estados Unidos. Muñoz Marín, en su mensaje a la Legislatura en 1954, dijo que los que emigran aseguran el mismo curso de todos los otros emigrantes, el “melting pot”.

Emigrar e integrarse nunca fue malo. Era necesario para el desarrollo económico de la isla. Las remesas millonarias de estos valerosos y productivos puertorriqueñas contribuyeron positivamente a la economía de la colonia. Numerosos profesionales lograron sus títulos gracias al trabajo de sus padres en las fincas del norte.

En el 1970 residían en los Estados Unidos 810,000 inmigrantes, y 581,000 puertorriqueños que habían nacido allí. Este es el retrato de la “gran válvula de escape” socio-económica, gracias al libre movimiento de los puertorriqueños hacia y dentro de la nación americana.

Hoy, cuatro millones de seres humanos con raíces puertorriqueñas residen en los Estados Unidos. Se estima que 34% nacieron en la isla; 66% son descendientes de los emigrados. Actualmente, viven 163,000 menos puertorriqueños en Puerto Rico, que en los Estados Unidos. Estudiantes, profesionales, retirados y familias completas en todos los niveles económicos se siguen sumando a la nueva generación de emigrantes para vivir en un Estado Federado.

Entre las preguntas que nos hacemos están ¿Qué pasó con el miedo al inglés?, ¿Qué ocurrió con el mito de las contribuciones federales?, ¿Qué pasó con el cuco de que la Estadidad destruiría la personalidad, la cultura y la identificación puertorriqueña? ¿Que pasaría si los separatistas imponen su criterio, sin la ciudadanía, sin pasaporte y sin libre movimiento hacia los Estados Unidos y se cierra la “válvula de escape”?

¡Habría que echarle ocho pisos a la isla!

El modelo económico de la colonia esta moribundo. Sin la “válvula de escape” para disipar la sobre-población y reducir el desempleo, la economía se hubiera colapsado hace tiempo.

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ADIOS FONDOS FEDERALES –reproducción editada 12/10/214

Adios Fondos Federales
Nuevo país, ELA soberano y república asociada, editada

La insistencia de Anibal Acevedo en pedir que los contribuyentes de los 50 estados pague la deuda publica de PR a cambio de eliminar las transferencias federales debe preocupar al pueblo puertorriqueño. Toda la maniobra esta incluida el “Proyecto de País y un supuesto Fideicomiso para el Futuro”

Bajo ese “nuevo país del ELA soberano y la república asociada”, perderíamos innumerables beneficios que nos garantiza la ciudadanía de los Estados Unidos.

Viviríamos en un país extranjero. Perderíamos los beneficios de Medicare, pues el Seguro de Medicare no paga por servicios en el extranjero. Tampoco paga la Administración de Veteranos por los servicios médicos a Veteranos que residen fuera de los Estados Unidos.

Se acabarían los fondos de Medicaid para sufragar los servicios médicos de las personas de recursos limitados, por lo que desaparecería la tarjeta de “Mi Salud” que cubre 1,500,000 beneficiarios en Puerto Rico…

No existirán el Programa de Ayuda Nutricional (PAN) ni los programas de ayuda para madres y niños (WIC). Desaparece el seguro por desempleo federal para los “desempleados” en Puerto Rico.

Se perjudicarían los planes para continuar el programa de construcción y remodelación de las Escuelas del siglo 21. También se perderían las ayudas federales para Head Start y educación para los niños de edad pre-escolar. De la misma manera se afectarían los fondos que recibe el Departamento de Educación para todos los servicios educativos, incluyendo salarios de los maestros de programas especiales y comedores escolares.

A nivel universitario se acabarán las Becas Pell, las ayudas para préstamos, y las asignaciones para investigaciones y pago a estudiantes post-graduados; lo cual provocarían el cierre de múltiples centros universitarios públicos y privados.

Las familias de recursos limitados no tendrían acceso a los subsidios de vivienda de la Sección 8 y perderíamos los fondos federales para la construcción, operación, mantenimiento y servicios de más de 70,000 unidades de vivienda pública que albergan unas de 400,000 personas en la Isla.

La Administración Federal para el Manejo de Emergencias, (FEMA) dejaría de existir y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos no podría hacer los trabajos para mitigar inundaciones. En casos de emergencias, no existirían las ayudas federales para socorrer a los afectados o reconstruir puentes y carreteras. Tampoco recibiríamos fondos federales para el dragado de las bahías, la conservación y ampliación de los puertos ni para nuevas facilidades portuarias.

Desaparecería la Agencia Federal de Aviación (FAA) y se perderían los fondos para la operación, construcción, mantenimiento y ampliación de nuestros aeropuertos. Se iría Homeland Security y con ellos la protección y seguridad en nuestros puertos y aeropuertos.

Con el ELA soberano (república asociada) desaparecen los préstamos que garantiza la Administración de Pequeños negocios (SBA) y el FDIC que garantiza los depósitos bancarios.

Y más importante, bajo una república perderíamos la protección a nuestros derechos civiles y libertades bajo la Constitución de los Estados Unidos de América, la protección del FBI y la presencia del Tribunal Federal de Puerto Rico. Perderíamos la protección de todo el gobierno federal que garantiza a los puertorriqueños el disfrute de las libertades y derechos provistos por la Constitución americana: libertad de expresión y asociación, prensa libre, habeas corpus, debido proceso de ley, presunción de inocencia, elecciones libres y seguras, y otras.

En fin, perderíamos la oportunidad a una mejor calidad de vida bajo la bandera americana.

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Acabemos este vergonzoso vestigio colonial, lunes 8 de di, 2014, END

Acabemos este vergonzoso vestigio colonial
Hernán Padilla, MD *

A raíz del Tratado de Paris del 1898, España cedió a EEUU a Cuba y Puerto Rico y recibió un pago de $20 millones por las Filipinas. Evidencia de que siempre consideró a Puerto Rico de manera diferente, Estados Unidos le concedió la independencia a Cuba y Filipinas, mientras encaminaba a Puerto Rico hacia la estadidad.

El Acta Foraker estableció los pasos para terminar la ocupación militar creando un gobierno civil, y convirtió a Puerto Rico en la primera posesión “organizada” bajo la bandera americana.

La Corte Suprema definió la relación con las nuevas posesiones. La administración de las posesiones se convirtió en una doctrina conocida como los “Casos Insulares”, la cual evolucionó a lo que el Juez Federal Juan R Torruella denominó como “separados y desiguales” al referirse a los Ciudadanos Americanos en Puerto Rico.

El Acta Jones del 1917 fue un paso crucial para encaminar la Isla hacia un territorio incorporado y convertirse en Estado; otorgó la Ciudadanía Americana a todos los residentes en PR y amplió los podres del gobierno local sobre asuntos internos.

Sin embargo, el propósito de la designación como “territorio no incorporado” fue mantener la Isla como una posesión tal que la Constitución federal aplicase de manera selectiva a sus residentes. En palabras del Juez Jose Cabranes, “the United States acquired not “territories, but possessions or ‘dependencies’ and became in this sense an ‘imperial power’.”

La creación de las Naciones Unidas trajo consigo el compromiso de eliminar el colonialismo que afectaba a más de 750 millones de personas mundialmente. Como consecuencia, el estatus de “territorio no-incorporado” de Puerto Rico, equivalente a una posesión-colonial, se tornó un una situación embarazosa para los Estados Unidos.

Sobre esas bases, el Presidente Truman firmó la Ley del Gobernador Electo– un paso que acercó más a Puerto Rico a la Estadidad– instituyendo que se respetarán “los derechos constitucionales, privilegios e inmunidades de los Ciudadanos Americanos en Puerto Rico como si fuera un Estado de la Unión”.

Posteriormente, el Congreso aprobó la Ley de Relaciones Federales y autorizó a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a crear una Constitución con el aval del Congreso, similar a la de un Estado, que estableciera un gobierno local con el mayor grado de soberanía compatible con la Constitución de Estados Unidos.

La Juez Federal Sandra Day O’Conor opinó sobre la evolución de esta relación dentro del marco constitucional federal: “aunque Puerto Rico no es un Estado de la Unión se asemeja a un Estado dentro de los términos comúnmente aceptados para definir el concepto”. No obstante, hoy día, Puerto Rico aún vive bajo un estatus de “discrimen geográfico”.

La justificación de la Corte Suprema de esta “segregación constitucional” es una anomalía intolerable que contradice la intención de los Fundadores de la Nación de que ningún territorio sería una colonia indefinidamente.

La Constitución actual de Puerto Rico fue un paso positivo hacia instituir un gobierno local similar a un Estado, pero en términos de derechos civiles no cambió el trato de Puerto Rico como un “territorio no-incorporado”. El Juez Asociado William Brennan expresó su descontento con este trato discriminatorio en una “opinión concurrente” que enfatizó lo anacrónico de los “Casos Insulares” y que la Carta de Derechos debía ser aplicable a PR en su totalidad.

En el plebiscito del 2012, con la participación del 81% del electorado, un 54% rechazó el estatus territorial actual, revocando el consentimiento de los gobernados al ELA-colonial, y un 61% favoreció la estadidad.

El Congreso tiene la obligación de culminar el proceso que se inició con el Acta Jones conducente a la estadidad, tomar acción para eliminar este vergonzoso vestigio colonial, dar a Puerto Rico tratamiento de “territorio incorporado” y aprobar la legislación necesaria para su pronta admisión como Estado.

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Last vestige of American Imperialism, 12/05/14, The Hill, Congressional blog

Last vestige of American Imperialism

Hernán Padilla, MD *

In 1898 Spain ceded Cuba, Guam, Puerto Rico, and portions of the West Indies to the United States. Additionally, Spain surrendered the Philippines to the U.S. for $20 million as part of the Treaty of Paris that ended the Spanish-American War. Cuba and the Philippines became independent nations and only Puerto Rico has been treated as a Territory on the path to statehood.

In the case of Puerto Rico, the Foraker Act of 1900 was signed into law by President McKinley, ending the military occupation and initiating a civilian form of government. Puerto Rico became the first overseas organized possession under the American flag.

At the time, defining the island as an “unincorporated territory status” had the purpose of making Puerto Rico a possession, but not a fully integral part of the United States, such that the U.S. Constitution applied only selectively to its residents. In the words of U.S. Court of Appeals Judge José Cabranes, by so doing the United States acquired not “territories, but possessions or ‘dependencies’ and became in this sense an ‘imperial power’.”

In 1901.the US Supreme Court was left to define the relationship that the new possessions would have with the USA. The governing doctrine regarding the administration of the possessions is known as the “Insular Cases”. The above doctrine, according to First Circuit Judge Juan R. Torruella, evolved into a “doctrine of separate and unequal” for the US Citizens of Puerto Rico.

The Jones Organic Act of 1917 granted the US Citizenship to all persons residing in the island and bestowed upon Puerto Rico a greater degree of self-government over local matters, moving Puerto Rico closer to becoming an incorporated territory destined for statehood.

In 1945, after WWII, the United Nations emerged as a powerful new institution to advance the cause of world peace and human rights. Central to the UN’s initial agenda was the eradication of colonialism, under which 750 million people around the world were then living.

In the international context, Puerto Rico’s “unincorporated territory” status became an embarrassment to the United States, because it is a status analogous to the possession of a colony.

Acting to address the problem, President Truman helped lead Puerto Rico even closer to statehood. In 1947, Truman signed into law the Elective Governor Act, which establishes that the “constitutional rights, privileges and immunities of American citizens in Puerto Rico will be respected as if Puerto Rico were a State of the Union”.

Soon thereafter, through the Puerto Rico Federal Relations Act of 1950, Congress authorized the Legislative Assembly of Puerto Rico to draft a local, state-like Constitution that would provide Puerto Rico with the maximum degree of local governing autonomy as if it were a state and compatible with the United States Constitution.

The evolution of the Puerto Rico’s relationship with the rest of the Union, within our nation’s constitutional framework, was eloquently memorialized in more recent years by Associate Justice Sandra Day O’Connor when she stated that “although Puerto Rico is not a state in the federal Union, ‘it …seem[s] to have become a state within a common and accepted meaning of the word”. Notwithstanding the well intended opinion–that Puerto Rico and US Citizens who reside in Puerto Rico are still, to this day, subject to what amounts to geographic discrimination in the American body politic.

The United States’ Supreme Court’s justification of the “constitutional segregation” of Puerto Rico yet stands as an intolerable anomaly, and one that is clearly in conflict with the Founding Fathers’ original intent that no American territory be held as a colony indefinitely.

In 1952, a majority of the Puerto Rican people voted to approve the current Constitution. Though that Constitution was a positive step in terms of local self government, in terms of domestic civil rights, said development has not altered the treatment of Puerto Rico as an “unincorporated territory”, thus leaving the island as a colonial status.

Evidently frustrated with the discriminatory treatment of Puerto Rico, in 1979 Associate Court Justice William Brennan expressed in his “concurrent opinion Torres vs. Puerto Rico” that the Insular Cases were anachronism and that the entire Bill of Rights of the US should be applicable to PR.
In the historic 2012 political status plebiscite held in Puerto Rico with 81% voter turnout, the people of the island voted by a clear majority of 54% to reject the current territorial status. Thus solid majority of island voters rejected the notion of government without consent of the governed.

For its part, Congress needs to act to conclude the process that was initiated by the Jones Act of 1917, the Elective Governor Act and the Puerto Rico Federal Relations Act, among others, which are entirely conducive to the historical trajectory that substantially populated organized territories, like Puerto Rico, are on the path to becoming states of the Union.

It is incumbent upon Congress to act to correct this festering blemish from our nation’s imperial past, by treating Puerto Rico as a fully incorporated territory of the United States, and approving the necessary legislation to admit Puerto Rico as full member of the Union in equal footing.

*The author is former President of the U.S. Conference of Mayors. He served two terms as Mayor of San Juan and currently serves as President of the Founder’s Council of Igualdad, a non-partisan statehood advocacy organization.

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Defínanse, cumplan con su obligación, Lunes 24 de nov. END

Defínanse, cumplan con su obligación
Hernán Padilla

Es hora que el PPD defina los elementos del ELA soberano y lo someta al Secretario de Justicia para que determine si la “independencia solapada” cumple con los lineamientos constitucionales y de política pública del gobierno federal.

Han tenido varios meses para cumplir con la Ley consignada en el presupuesto federal, pero tanto el Gobernador como otros líderes del PPD se esconden detrás de la lucha interna para eludir su responsabilidad patriótica. Esto, a la vez que admiten que el ELA-colonial no es sostenible y que no sirve pata resolver los serios problemas que destruyen a nuestro pueblo.

Evidentemente temen someterse al escrutinio constitucional del Departamento de Justicia. Las propuestas del PPD constituyen el colmo del absurdo, al pretender “negociar” con el Secretario de Justicia las fórmulas aceptables para la solución del status.

Su estrategia inicial es que la colonia sea excluida de la Cláusula Territorial. Su propuesta es “sustituir la Ley de Relaciones Federales por un pacto de libre asociación que no pueda ser modificado unilateralmente”;, lo que violaría la Constitución y soberanía de los EEUU.

Olvidan que la administración de Obama afirmó que no son plausibles cláusulas de consentimiento mutuo (pacto bilateral) toda vez que cualquier Congreso futuro tiene la potestad de modificar unilateralmente la relación. El Congreso, concluyó que el “ELA culminado” es inconstitucional e inadmisible. Además, la Administración Clinton determinó que el propuesto “consentimiento mutuo” es constitucionalmente inaceptable.

El PPD tiene que reconocer que el llamado “ELA soberano” nos convertiría en una nación separada y que el status territorial perpetúa la desigualdad política y el resultante “déficit democrático”.
Las propuestas del “ELA soberano, culminado y refundado” equivalen a una republica asociada que no tiene cabida alguna bajo la Constitución americana.

La “libre asociación equivale a la independencia” con un pacto basado en la soberanía nacional de cada país que puede ser revocado unilateralmente. Bajo la “soberanía” que reclaman los líderes populares crearían una nación irrevocablemente independiente.

Tienen que aceptar que el ELA es un territorio-colonial segregado donde impera un discrimen político que nos niega la igualdad que tienen nuestros conciudadanos en los estados de la unión y que añoran los ciudadanos americanos en Puerto Rico para lograr nuestro pleno desarrollo dentro del marco constitucional americano.

Nuestra condición actual creó un “estado de desigualdad” política que perpetúa una ciudadanía de segunda clase que impide garantizarla a las futuras generaciones; excluye la plena participación democrática en las tres ramas del gobierno federal, y la igualdad de derechos civiles de todos los ciudadanos, el progreso y el desarrollo socio-económico.

Los líderes coloniales se contradicen cuando reclaman “soberanía” a la vez que reclaman fondos y trato igual que los cincuenta estados. Se niegan a reconocer que bajo el territorio colonial o la república asociada no aplican esas prerrogativas. Son los mismos que insisten en que “somos una NACION”, que definen el ELA-soberano como una asociación política libre y voluntaria entre dos naciones independientes y soberanas, negando que Estados Unidos es nuestra nación.

AGP afirmó que: “a pesar de que tenemos una relación, buena o mala, hay que entender que Estados Unidos es una nación que es distinta a la nuestra”. Los soberanistas no quieren que la Constitución federal aplique en Puerto Rico y rechazan la presencia del Tribunal Federal y las agencias que garantizan la justicia y los derechos civiles en la Isla.

Ello, a pesar del mandato claro y contundente del pueblo de PR en el plebiscito del 2012 demostrando preferencia por la Estadidad y el rechazo del ELA-colonial.

Nos corresponde a todos intensificar la lucha por la igualdad y exigir que el Gobernador cumpla con su obligación de someter las definiciones de estatus al Secretario de Justicia Federal para darle paso a una consulta plebiscitaria democrática avalada por el Congreso,

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Territorio colonial sin consentimiento, lunes 10 de nov, 2014

Territorio sin consentimiento
Hernan Padilla
Los resultados de las recientes elecciones y la composición del nuevo Congreso federal representan un gran reto, a la vez otra oportunidad para el pueblo puertorriqueño de reiterar su reclamo en contra del estatus territorial colonial

Un 69% de los participantes en la encuesta de END expresó un gran pesimismo y entiende que PR va por mal camino. Casi dos terceras partes desaprobaron la gestión del Gobernador, quien es el líder de los defensores de la colonia, y a la vez proponen un ELA soberano, independencia y/o una república independiente-asociada a los Estados Unidos.

Hemos advertido consistentemente que el fracaso del experimento del ELA-colonial es la causal primaria del colapso económico que mantiene a los puertorriqueños en un estado de depresión y promueve la fuga poblacional.

Para rescatarnos de un estatus de inferioridad como ciudadanos americanos, urge resolver el estatus que nos niega los mismos derechos de igualdad, poder político y oportunidades de progreso que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados.

Es necesario trabajar con el Congreso y el Ejecutivo para que admitan que un territorio no incorporado, sin en el consentimiento de los gobernados, ya no tiene cabida en la democracia americana, por lo que es necesario viabilizar un referéndum y proceder a la admisión de PR como Estado.

Mediante el Acta Foraker, Puerto Rico pasó a ser el primer territorio no incorporado bajo los poderes plenipotenciarios del Congreso, sin el consentimiento de los gobernados. Según el artículo del Profesor Gómez citando al Juez Cabranes; “cuando se le concedió en el 1917 la ciudadanía americana a todos los residentes de Puerto Rico tuvo el efecto de perpetuar el estatus colonial”.

El estatus “no incorporado” tenía el propósito de retener los territorios bajo la bandera americana, para que fueran posesiones sin formar parte integral del territorio americano y que la Constitución no aplicase a sus residentes. En palabras de Cabranes “The United States thereby acquired not ‘territories’ but possessions or ‘dependencies’ and became, in that sense, an ‘imperial’ power”.

Después de la Segunda Guerra mundial, EEUU se encontró con la embarazosa situación de que Puerto Rico era una colonia, pues no tenía el consentimiento de los gobernados. Trataron de resolver el problema mediante la Ley 600 que permitió que Puerto Rico creara su propia Constitución con el aval del Congreso, y a adquirir el máximo de autonomía compatible con aquella de los Estados de la Unión.

Ello permitió a los EEUU argumentar en los foros internacionales que ya Puerto Rico no era una Colonia, que su nuevo sistema de Gobierno tenía el consentimiento de los gobernados, y que ya no debía figurar en la lista de territorios coloniales. Sobre esto, el Juez Federal Gustavo Gelpí argumentó que aunque Puerto Rico todavía era un territorio no incorporado de jure, había evolucionado de facto a un territorio incorporado.

Esta interpretación fue valida hasta el Referéndum del 2012, cuando el 54% de los electores rechazaron el estatus territorial colonial. El territorio no incorporado ya no tiene el consentimiento de los gobernados, y prácticamente sitúa nuevamente a Puerto Rico en la lista de territorios coloniales de la ONU.

Citando al Juez Juan Torruellas” Los EEUU deben sentirse avergonzados de negarle igualdad de derechos a cuatro millones de Ciudadanos Americanos…. Si se requiere avergonzarlos para que extiendan igualdad de derechos a los ciudadanos de los Estados Unidos en Puerto Rico, una buena dosis es apropiada”. Mas reciente, el Senador Ron Wyden sentenció que la relación actual de PR con los EEUU como ELA colonial socava la integridad moral de los EEUU ante el mundo.

Ante esa realidad, es nuestra responsabilidad continuar reclamando enérgicamente que el Congreso termine el estatus colonial ofreciéndoles a los ciudadanos americanos de Puerto Rico la opción de incorporarse a la Unión como un Estado federado.

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Geographical Discrimination and Political Inequality against US Citizens; The Hill, Tuesday 10/28/14

Geographical Discrimination and Political Inequality against US Citizens
By Hernan Padilla, MD

Polls show that 95% of Puerto Ricans treasure their American citizenship. The President’s Task Force on Puerto Rico recommends that the People of Puerto Rico should decide on a constitutionally acceptable non territorial status for Puerto Rico to resolve their Status. The ruling colonial Popular Democratic Party has been overwhelmed on how to reconcile American Citizenship within their multiple versions of a non territorial status (Enhanced Commonwealth or Free Association).

A group of us have undertaken the task of providing factual information about how the Residents of Puerto Rico came to be offered US Citizenship in 1917.

The Scholarly article published by Judge Jose A. Cabranes, in the University of Pennsylvania Law Review, and the subsequent book entitled “Citizenship and the American Empire” published by Yale University Press in 1979 offers a trove of factual information on the 17 year history that led to the Jones Act of 1917, offering US Citizenship to the residents of Puerto Rico.

Now Supreme Court Judge Sonia Sotomayor, actively participated in the research that resulted in Cabranes work. Using the Congressional Record and other unchallengeable sources Cabranes seminal research work documents that the American Citizenship conferred to residents of Puerto Rico in 1917 is the same as that of any citizen born in any State of the Union.

In an article published by Professor, Dr. Manuel Gomez, analyzing the work of Cabranes, concludes that inequality is a result of “geographical discrimination” against US citizens residing in the colonial territory named “Estado Libre Asociado” (Commonwealth of Puerto Rico). This inequality extends to all US Citizens who move from any State to Puerto Rico, thus by moving to the territory they lose their voting rights to elect any Federal Official including the President.

Proof that American Citizenship granted to the residents of Puerto Rico in 1917 is equal to the Citizenship of any American born in a State of the Union was validated in the 1940 and 1952 Nationality Acts. Thus inequality under US Citizenship is strictly an issue of “Geographic Discrimination” that only applies to US Citizen who reside in Puerto Rico.

We concur with Cabranes, geographic discrimination is not aimed at individual US citizen born in Puerto Rico. The inequality disappears simply by relocating to any of the 50 states.

The process of granting American citizenship started 17 years before the Jones Act. As stated by Cabranes, on January 1912, Senator Foraker presented the first of a series of bills to grant collective US citizenship to Puerto Ricans.

In the Peace Treaty of Paris that ended the Spanish-American War, the Philippines and Puerto Rico were classified simply as possessions. Cabranes maintains that Congress undermined the concept of territory in the Constitution, by classifying Puerto Rico as the first Unincorporated Territory, in effect treating Puerto Rico as a “possessions or dependencies” without any commitment to citizenship, incorporation or statehood.

In 1916, when it was decided that the Philippines would become an independent nation, and Puerto Rico would be treated as part of the United States, American Citizenship was offered. Cabranes states that the collective naturalization of Puerto Ricans in 1917 was a determinant event in the political relationship of Puerto Rico with its Fellow American.

The lengthily debate in Congress over the Jones Project, granting US citizenship to those born in Puerto Rico, illustrates the political vision of the island at the time. Then Resident Commissioner at the time Luis Munoz Rivera, stated that although he preferred independence, that was a matter of his own personal feelings. Puerto Rico would accept statehood if offered. “Yet, if you tender statehood now, I in the name of my people accept statehood”.

US Congress opened the doors for Puerto Rico to be an integral part of the United States in 1917. The destiny of our people was intertwined forever with our Fellow Americans when voluntarily the 1.2 million residents of Puerto Rico accepted American Citizenship, only 288 declined the offer.

In the words of Cabranes, a second class citizenship was institutionalized for Puerto Rico residents without expectancy of equality, thus perpetuating a colonial status within the US Flag.

The people of Puerto Rico aspire for a brighter and better future without having to move to a State in order to enjoy all constitutional and civil rights.

The answer after almost a hundred years of Geographic Discrimination is statehood for Puerto Rico. It is long overdue and it’s time has come at last.

Padilla is the former mayor of San Juan, Puerto Rico, former president of the U.S. Conference of Mayors and the current president Founder’s Council of Igualdad, a nonpartisan organization that favors statehood for PR.

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El poder del voto puertorriqueño, 27 de octubre, 2014

El poder del voto puertorriqueño, 27 de octubre, 2014
Hernán Padilla

No debe pasarse por alto la importancia de los comicios del próximo 4 de noviembre para elegir los 435 miembros del Congreso y aproximadamente un tercio de los Senadores en los 50 Estados de la Unión.

Puerto Rico no disfruta de la igualdad de derechos constitucionales que tienen nuestros conciudadanos: en representación de Puerto Rico solo disponemos de un delegado sin voto ante el Congreso. Si bien el cargo de Comisionado Residente fue un importante paso para integrarnos a los procesos legislativos nacionales, jamás será satisfactorio cuando sin nuestra plena participación se aprueban las leyes que impactan a Puerto Rico.

El estatus político que ha regido al pueblo de Puerto Rico desde el 1898 es uno de inferioridad ciudadana que priva a los puertorriqueños de la dignidad y los poderes políticos todo Estado de la Nación y el derecho a elegir cinco Congresistas y dos senadores que representen los intereses de Puerto Rico en condición de igualdad.

El discrimen que impera bajo el ELA-colonial le niega a los puertorriqueños uno de los derechos más preciados de la democracia: votar y elegir al gobierno que aprueba las leyes y los presupuestos, establece los reglamentos, y determina la política pública que afecta la vida de los ciudadanos.
Cansados de la condición de inferioridad que no nos permite ser considerados “iguales”, el pueblo de Puerto Rico revocó el consentimiento de los gobernados y se expresó claramente en favor de la estadidad, y como consecuencia de ese reclamo, se ha intensificado la lucha por la igualdad en toda la Isla y la Nación.

El ímpetu con que se discuten las diversas estrategias para acelerar el proceso para resolver el estatus de Puerto Rico demuestra que el pueblo está preparado para asumir los mismos deberes y derechos que posee un Estado de la Unión.

Entre dichas estrategias es imperiosa una mayor participación en la política nacional. Las elecciones de noviembre determinarán la composición del Congreso y Senado federal y con ello el rumbo de la política nacional.

La contienda eleccionaria nacional se centra en los partidos Demócrata, Republicano y candidatos independientes. Aunque no disfrutamos el derecho al voto, en la Isla existen organizaciones adscritas a los partidos nacionales, además de entidades no parodistas como Igualdad y otras, que garantizan tanto una lucha bipartidista como no partidista por la Estadidad. Igualmente importante, hoy día, más de 4 millones de ciudadanos de extracción puertorriqueñas que residen en los estados tienen el poder del voto.

Una encuesta reciente entre los boricuas votantes del centro de Florida arrojó que los encuestados ven con buenos ojos a los candidatos que se expresan a favor de que el Congreso resuelva el Estatus, respaldan un referéndum auto-ejecutable si votan a favor de la estadidad y que Puerto Rico se convierta en un estado con dos Senadores y cinco Congresistas.

El 81% de los encuestados expresan que sentirían orgullo si Puerto Rico se convierte en estado, el 76% consideran importante que el Congreso y el Presidente tomen acción para “resolver” el estatus de Puerto Rico, y 64% favorece la estadidad sobre una republica independiente o independiente y asociada.

Los resultados de esta encuesta constituyen otro argumento poderoso para defender la estadidad a nivel nacional. Aunque no tenemos derecho al voto el 4 de noviembre, si tenemos la determinación de motivar a los candidatos a que apoyen la Estadidad para Puerto Rico.

Es pues, imperioso que los residentes de la Isla urjan a los puertorriqueños que viven y ejercen su derecho al voto en los estados, a apoyar aquellos candidatos que se comprometan con defender el derecho a la igualdad plena y sin limitaciones para los puertorriqueños.

Yo voto en Florida y respaldaré a aquellos candidatos que se identifiquen abiertamente con nuestro legítimo derecho a la igualdad

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