Crisis poblacional, original publicada el 31 de marzo del 2014

67. Crisis poblacional 31 de marzo, 2014

Ante la crisis fiscal y el desplome social, político-económico que promueve una nueva ola de emigración, urge ampliar la discusión de la otra crisis: la crisis poblacional que opaca el futuro de Puerto Rico.

La pasada Administración aprobó la ley que creó el Comité de la Ley del Reto Demográfico para analizar el desarrollo poblacional y buscar alternativas para fomentar su crecimiento. El Suplemento Especial sobre Migración de la Junta de Planificación revela la gravedad de continuar perdiendo población.

El Tratado de Paris de 1898 cobijó bajo la bandera americana a 894,302 puertorriqueños, bajo la tutela del Congreso. En 1904 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que los puertorriqueños podían entrar a los Estados Unidos sin restricciones.

Entre los primeros pasos para integrar a la Isla a la nación, se aprobó la Ley Jones, que estableció que “los habitantes que residan en la Isla y sus hijos nacidos con posterioridad a esa fecha serán como ciudadanos con derecho a protección de los Estados Unidos, con “derechos similares” a los nacidos en territorio continental”.

La experiencia migratoria puertorriqueña es un fenómeno de inmigración interna en el marco socio-político norteamericano. Entre los años 1940-60, el Gobierno de Puerto Rico promovió el éxodo masivo de cerca de un millón de personas como mecanismo de control poblacional.

En 1948, el gobierno insular, implantó el Programa de Migrantes, una estrategia para emplear puertorriqueños en faenas agrícolas en el continente que resultó en la migración masiva de puertorriqueños. En su mensaje a la Legislatura en 1954, Muñoz Marín declaró que los que partían seguirían el mismo curso de otros emigrantes en su integración al “melting pot”.

En la década del 2000 se inicio un segundo gran éxodo. A partir del 2001 más de 297,750 abandonaron la Isla, tornando el problema del éxodo en uno crónico. Actualmente, unos cinco millones de ciudadanos de extracción puertorriqueña residen en los 50 estados: 34% nacidos en la Isla; 66% nacidos allá, y se augura que ese número seguirá aumentando.

La criminalidad, un sistema judicial desconectado de la realidad, el alto costo de vida, un aparato educativo sin dirección ni gobernanza, servicios gubernamentales inoperantes, deterioro social, recesión económica, desempleo crónico, comunidades en franco deterioro, pobre calidad de vida, y la inacción del gobierno ante estos retos han destruido la confianza y precipitado el éxodo.

A causa de lo anterior, experimentamos hoy una fuga sin precedentes de capital humano, con el agravante que la mayoría posee una educación sobre el promedio poblacional. El “Perfil del Migrante 2012”, señaló que los puertorriqueños que emigraron ese año eran educados, activos en la fuerza laboral, con niveles de ingreso mayor que años anteriores y que 52% eran mujeres.

Concurro con el economista Gustavo Vélez: “La fuga de profesionales tiene un alto costo social y económico para la Isla”. Por ejemplo, “el impacto sobre el sector de la vivienda es devastador. Perder 83,000 personas equivale a 26,900 unidades de vivienda que no se venden o se alquilan y que constituyen un serio problema para los dueños, la industria de la construcción y la economía.

Señala el amigo Franklin López que según el Censo 2010 había en Puerto Rico 262,000 viviendas vacías. Mientras, la Asociación de Bancos informa para este año 77,000 unidades con 90 días o más de morosidad y 17,000 en ejecución; una reducción de $1,500 millones en depósitos bancarios; y un aumento de 19% en las quiebras versus el año anterior. Todo esto redunda en una merma potencial de ingresos de aproximadamente $3,000 millones.

Ante el colapso del ELA colonial, es apremiante acelerar el proceso hacia la estadidad, el único estatus que ofrece a los ciudadanos americanos en Puerto Rico la igualdad de derechos, oportunidades y potencial económico para atraer nuevas inversiones, empleos, y retener y aumentar nuestra población.

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Puerto Rico ante la OEA. LUNES 8 DE OCTUBRE, 2018

lunes, 8 de octubre de 2018
Puerto Rico ante la OEA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró una audiencia en la que participaron el exgobernador Pedro Rosselló y el licenciado Gregorio Igartúa.

Aunque la relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico es un asunto doméstico, entre el Congreso y el territorio, nuestra comisionada residente Jenniffer González solicitó la audiencia. Fue apoyada por la Comisión para la Igualdad creada por ley para impulsar la estadidad.

El exgobernador Rosselló protesta contra EEUU por la violación de los derechos civiles, humanos y políticos de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. Igartúa sostiene que Puerto Rico es un territorio incorporado de facto, pero que aún así los ciudadanos americanos que en la isla no reciben trato igual en los programas federales. La Comisión de la OEA responderá a los planteamientos sometidos en 2006 y 2018 por Rosselló e Igartúa. Pero es probable que a nivel nacional no le den mucha importancia a sus pronunciamientos por considerarlo una intervención extranjera en los asuntos internos de EEUU.

Las organizaciones que luchan por la estadidad, como Igualdad Futuro Seguro, pueden intensificar el proceso de educar a la comunidad internacional sobre las aspiraciones de Puerto Rico de convertirnos en estado. Como la Constitución americana define el proceso de admisión de un estado, nuestros principales esfuerzos deben dirigirse a informar y motivar a nuestros conciudadanos a nivel nacional y convencer al Congreso de abrir las puertas a la solución del centenario estatus colonial.

El gobierno federal rechaza los planteamientos de Iguartúa y Rosselló. Es inaceptable que Kevin Sullivan, representante del gobierno de EEUU ante la OEA, alegue que aunque Puerto Rico no tiene soberanía independiente ni derecho a votar por el presidente ni a elegir una representación congresional, tiene un amplio autogobierno local, participa en las primarias presidenciales y envía al Congreso a un(a) comisionado residente (sin derecho al voto en el hemiciclo). Sabido es que el mito del autogobierno quedó desvestido con los casos de Franklin y Sánchez Valle, y la Ley Promesa.

Sullivan acepta que la isla es un territorio no incorporado. Pero no menciona que el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico bajo la Cláusula Territorial y que las leyes federales aplican sin el consentimiento de sus residentes.

Igartúa y el exgobernador Rosselló cumplen su misión de educar a la comunidad internacional sobre la relación de Puerto Rico con EEUU. Hace 36 años fui representante y delegado alterno de los EEUU ante la 37ma Asamblea General de las Naciones Unidas. Comparto algunos segmentos de mi mensaje ante la Asamblea General.

“Desde principio del siglo XX, la isla se ha desarrollado en distintas etapas dentro de la relación que nos ha unido con los Estados Unidos. En 1917 se extiende la ciudadanía de los Estados Unidos a los puertorriqueños y desde entonces cualquier ciudadano que nace en Puerto Rico es ciudadano americano con el derecho a la protección de sus leyes y disfrute de sus derechos.

Autorizados por el Congreso, Puerto Rico adoptó su propia Constitución a principios de la década del 50, y la Asamblea general refrendó a través de la Resolución 748 de 1953 que confirmaba que las resoluciones relativas a los territorios sin gobierno propio no aplicaban a Puerto Rico. Esa misma Resolución (748) sostiene que cualquier cambio en las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos tomará en cuenta la voluntad del pueblo puertorriqueño y de los Estados Unidos.

En 1959, la Asamblea General aprobó la resolución 1469 reconociendo que Alaska y Hawái habían logrado gobierno propio al ser admitidos como Estados de la Unión y le da validez real, de jure y de facto, a la integración política como una forma aceptable a la comunidad internacional.

Negarnos ese derecho sería intervenir con nuestro propio destino y contra nuestra propia Constitución y la Constitución de EEUU”.

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The last vestige of american imperialism, 12/05/14 The Hill

Last vestige of American imperialism
BY HERNÁN PADILLA, MD
In 1898 Spain ceded Cuba, Guam, Puerto Rico, and portions of the West Indies to the United States. Additionally, Spain surrendered the Philippines to the U.S. for $20 million as part of the Treaty of Paris that ended the Spanish-American War. Cuba and the Philippines became independent nations and only Puerto Rico has been treated as a Territory on the path to statehood.

In the case of Puerto Rico, the Foraker Act of 1900 was signed into law by President McKinley, ending the military occupation and initiating a civilian form of government. Puerto Rico became the first overseas organized possession under the American flag.

At the time, defining the island as an “unincorporated territory status” had the purpose of making Puerto Rico a possession, but not a fully integral part of the United States, such that the U.S. Constitution applied only selectively to its residents. In the words of U.S. Court of Appeals Judge José Cabranes, by so doing the United States acquired not “territories, but possessions or ‘dependencies’ and became in this sense an ‘imperial power’.”

In 1901.the US Supreme Court was left to define the relationship that the new possessions would have with the USA. The governing doctrine regarding the administration of the possessions is known as the “Insular Cases”. The above doctrine, according to First Circuit Judge Juan R. Torruella, evolved into a “doctrine of separate and unequal” for the US Citizens of Puerto Rico.

The Jones Organic Act of 1917 granted the US Citizenship to all persons residing in the island and bestowed upon Puerto Rico a greater degree of self-government over local matters, moving Puerto Rico closer to becoming an incorporated territory destined for statehood.

In 1945, after WWII, the United Nations emerged as a powerful new institution to advance the cause of world peace and human rights. Central to the UN’s initial agenda was the eradication of colonialism, under which 750 million people around the world were then living.

In the international context, Puerto Rico’s “unincorporated territory” status became an embarrassment to the United States, because it is a status analogous to the possession of a colony.

Acting to address the problem, President Truman helped lead Puerto Rico even closer to statehood. In 1947, Truman signed into law the Elective Governor Act, which establishes that the “constitutional rights, privileges and immunities of American citizens in Puerto Rico will be respected as if Puerto Rico were a State of the Union”.

Soon thereafter, through the Puerto Rico Federal Relations Act of 1950, Congress authorized the Legislative Assembly of Puerto Rico to draft a local, state-like Constitution that would provide Puerto Rico with the maximum degree of local governing autonomy as if it were a state and compatible with the United States Constitution.

The evolution of the Puerto Rico’s relationship with the rest of the Union, within our nation’s constitutional framework, was eloquently memorialized un more recent years by Associate Justice Sandra Day O’Connor when she stated that “although Puerto Rico is not a state in the federal Union, ‘it …seem[s] to have become a state within a common and accepted meaning of the word”. Notwithstanding the well intended opinion–that Puerto Rico and US Citizens who reside in Puerto Rico are still, to this day, subject to what amounts to geographic discrimination in the American body politic.

The United States’ Supreme Court’s justification of the “constitutional segregation” of Puerto Rico yet stands as an intolerable anomaly, and one that is clearly in conflict with the Founding Fathers’ original intent that no American territory be held as a colony indefinitely.

In 1952, a majority of the Puerto Rican people voted to approve the current Constitution. Though that Constitution was a positive step in terms of local self government, in terms of domestic civil rights, said development has not altered the treatment of Puerto Rico as an “unincorporated territory”, thus leaving the island as a colonial status.

Evidently frustrated with the discriminatory treatment of Puerto Rico, in 1979 Associate Court Justice William Brennan expressed in his “concurrent opinion Torres vs. Puerto Rico” that the Insular Cases were anachronism and that the entire Bill of Rights of the US should be applicable to PR.

In the historic 2012 political status plebiscite held in Puerto Rico with 81% voter turnout, the people of the island voted by a clear majority of 54% to reject the current territorial status. Thus solid majority of island voters rejected the notion of government without consent of the governed.

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Urge resolver condicion colonial, domingo/lunes 23-24 de septiembre, 2018

domingo, 23 de septiembre de 2018
Urge resolver la condición colonial
En una entrevista en CNN, el gobernador Ricardo Rosselló reclamó más recursos federales para reconstruir a Puerto Rico y rebatió las expresiones del presidente Donald Trump sobre la cantidad de muertos relacionados al huracán y enfatizó que los residentes del territorio son tratados como ciudadanos de segunda clase.

Respaldo las palabras de Rosselló: “Tenemos que resolver el centenario problema del colonialismo en Puerto Rico”, y que Estados Unidos, líder de la democracia, no puede mantener a más de tres millones de ciudadanos americanos sin el derecho a votar por el presidente y elegir representación oficial en el Congreso.

Ante las declaraciones del gobernador y la celebración de una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para considerar los planteamientos del licenciado Gregorio Igartúa y el exgobernador Pedro Rosselló sobre violaciones de derechos humanos y civiles de parte del gobierno de Estados Unidos a los ciudadanos americanos residentes en la Isla, quiero compartir algunos datos históricos sobre la condición colonial.

El representante alterno de Estados Unidos ante la OEA defiende la relación con Puerto Rico alegando que la Isla elige un gobierno local, participa en las primarias presidenciales y elije un comisionado residente sin derecho al voto en el seno del Congreso. Es un hecho que Puerto Rico es la colonia más antigua del planeta, que el Estado Libre Asociado (ELA) ni es libre ni asociado, que el Congreso tiene poderes exclusivos y plenarios sobre el territorio, y que el status territorial-colonial del ELA nunca ha sido, ni será permanente.

Veamos algunos datos históricos. El 28 de julio del 1898, el general Nelson Miles emitió la proclama al pueblo de Puerto Rico: “No hemos venido a hacerle la guerra a un pueblo dominado desde hace siglos. Todo lo contrario, hemos venido para protegerlo, para garantizar sus propiedades, promover la prosperidad y para dotarlo de las inmunidades y bendiciones de las constituciones liberales de nuestro gobierno”. Así inició el experimento colonial. El Congreso tiene total, pleno y exclusivo poder legal sobre los tres millones de puertorriqueños en la isla.

Con el fin de aliviar la crisis económica de la post-guerra en el 1920, el gobierno federal envió alimentos para los más sufridos en la Isla. Los donativos se extendieron hasta el 1942, cuando el plan de asistencia federal ofrecía alimentos a más de 138,000 niños y el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que comenzó en 1968.

Los programas federales han alcanzado cifras multimillonarias para salud, educación, seguridad y bienestar social, y fondos para casos de emergencias como los desastres naturales, pero no borran la condición territorial, colonial y antidemocrática.

La Cláusula Territorial y todas las leyes federales son la Ley Suprema en Puerto Rico (Rodríguez vs. PPD, 1982). El Congreso tiene el poder de gobernar los territorios como Puerto Rico, en asuntos locales y Nacionales.

La Ley 600 autorizó a Puerto Rico a tener nuestra propia constitución para un gobierno puramente local. La relación Territorial continúa bajo el “Puerto Rican Federal Relations Act”. La historia legislativa reitera que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria. Puerto Rico es un Territorio, no es un estado ni una nación soberana en libre asociación con los Estados Unidos. Somos una colonia sin igualdad. Quien lo dude, que lea la Ley PROMESA y los casos decididos por el Tribunal Supremo Federal. Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso y cualquier autoridad local está sujeta a la supremacía federal.

Según Igartúa, somos un territorio más asimilado que otros antes de ser estado, pagamos cerca de $3,000 millones anualmente al IRS. Puerto Rico es un Territorio Incorporado de facto y bajo el estado de derecho doméstico e internacional procede el voto en las elecciones federales.

Uno mi voz a los millones que claman al Congreso que libre a Puerto Rico de esta existencia colonial de más de cinco siglos, 120 años de coloniaje y siete décadas bajo un gobierno local que le niega la igualdad a Puerto Rico. Urge resolver la condición colonial.

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Estímulo para la niñez boricua, jueves 13 de septiembre

Estímulo para la niñez boricua
Hernán Padilla

Felicito a Benjamín Torres Gotay por su reportaje sobre el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ), afiliado al Boys & Girls Clubs de Puerto Rico, publicado el 3 de septiembre en este diario. Una de las contribuciones más importantes del Instituto es ofrecer estadísticas que ilustran las condiciones y necesidades de la juventud, para comparar a Puerto Rico con las principales jurisdicciones de Estados Unidos.

Las estadísticas del IDJ sirven para entender la preocupación de los jóvenes. El 41% de los hogares con niños y jóvenes necesitan ayuda del Programa de Asistencia Nutricional; el 57% de la población menor de 18 años (473,611 personas) y 62% de los menores de cinco años viven bajo el nivel federal de pobreza.

Contrario a los estados de la unión norteamericana, en Puerto Rico el promedio de ingresos de familias con menores de 18 años es solo $20,459 (muy por debajo del estado con menor ingreso y del ingreso nacional promedio). El IDJ calcula que “el 53% de los niños en Puerto Rico viven en familias de solo un padre o una madre, y de ese 53%, un 80% lo componen madres solteras”.

Una de las iniciativas del IDJ para combatir la pobreza infantil, es promover que el Congreso apruebe el Child Tax Credit (CTC) para que familias de menos recursos y con tres niños cualifiquen en la isla. Este crédito contributivo es un programa que ayuda a más de 35 millones de familias a nivel nacional y beneficia familias contribuyentes con ingresos entre $2,500 y $200,000 anuales que tengan más de un niño.

En la isla el programa se limita a “familias contribuyentes al Seguro Social” con tres niños o más. Es significativo reseñar que en el país solo 12% de las familias tienen tres niños menores. Si se aprueba el CTC para familias que se mantengan en la fuerza laboral, con uno a tres menores, unas 355,000 familias adicionales recibirían un crédito de $1,500 y la economía del país recibiría $270 millones anuales.

Torres Gotay resalta que tres de cada cuatro niños en Guánica, Ciales, Patillas, Barranquitas y Maricao viven en condiciones de pobreza. Estamos muy rezagados cuando comparamos el desarrollo económico local con los estados más pobres de Estados Unidos. Cuando comparamos el Producto Bruto Interno (GDP) de Puerto Rico con los 50 estados, Puerto Rico es el último en GDP por persona.

La injuriosa condición de colonia nos confiere una ciudadanía híbrida, una chatarra jurídica-constitucional. Buscar la solución del status no es incompatible con trabajar inteligentemente para sacar a Puerto Rico de la bancarrota moral, social, económica y fiscal en que nos ha sumido el ELA-colonial desde el 1952.

Como estado Puerto Rico recibiría fondos federales adicionales para beneficio de todo el pueblo. Tendremos fondos como derecho, no como dádivas, para educación, salud, seguridad pública y la lucha contra el crimen, servicios sociales, vivienda, transportación, infraestructura, desarrollo económico, protección del ambiente y todo aquello que mejore la calidad de vida a los puertorriqueños.

La mayoría recibiría un crédito o un reintegro en base a “Work For Pay Credit”, “Earn Income Credit” (EIC) o el CTC y debe quedar claro que nadie pagaría impuestos federales si su ingreso individual anual es menor de $10,700 y el de una familia de cuatro personas menor de $21,400 anuales. Los ciudadanos que cualifiquen pueden reclamar créditos por los costos para el cuido de niños y personas con limitaciones dependientes, crédito para personas de mayor edad o personas con limitaciones, créditos para educación y créditos por ahorros para retiro.

Nuestro fin no es ser dependiente de los fondos federales, por el contrario, estamos convencidos de que con la estabilidad, permanencia y seguridad de ser un estado de la unión se impulsará el desarrollo económico para beneficio de todos los puertorriqueños.

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Admisión de un estado hispano; y Cultura e idioma publicadas en mayo del 2012

Admisión de un estado hispano; y Cultura e idioma publicadas en mayo del 2012

Aunque el inglés es el idioma publico-cotidiano en el cual se vive y desarrolla comercial y públicamente un estado federado, la cultura y nuestro vernáculo, de los cuales nos sentimos orgullosos, son rasgos positivos para nuestro ingreso a la Unión. Ya existen varios estados con origen y ancestro hispano (Colorado, Montana, Nuevo México, Arizona, Texas. Florida y California).

En su mensaje de Presupuesto, el Gobernador dijo: “nuestra visión para un futuro de oportunidades para nuestros niños está anclada en el convencimiento de que para poder alcanzar sus sueños es fundamental que dominen perfectamente no sólo las destrezas básicas de matemáticas y ciencias, sino también el español y el inglés. …es un asunto de igualdad de oportunidades para Todos nuestros niños”.

Se comprometió a implantar el abarcador programa “Generación
Bilingüe para lograr que en un plazo de diez años todos y cada uno de los niños que se gradúan de escuela superior en Puerto Rico sean perfectamente bilingües, con pleno dominio de ambos, el español y el inglés”.

Cabe reafirmar que la falta de dominio del inglés perjudica a la juventud puertorriqueña, graduados de escuelas y/o universidades cuando solicitan empleos.

Por otro lado, la Constitución de los Estados Unidos de América provee los mecanismos para que Puerto Rico haga la transición y se convierta en un estado de la unión. La consecución de la estadidad está enmarcada en el proceso político, en el respaldo de los grupos y esferas de poder a nivel local y nacional, en la voluntad del Congreso y del Presidente y en una política pública presidencial respaldando la estadidad.

De estos emana la gran importancia del próximo plebiscito para iniciar finalmente el proceso de activismo político hacia una petición de admisión como estado de la Unión. Si la mayoría en Puerto Rico respalda la estadidad, nada ni nadie podrá impedirlo, aunque podrían intentar retrasarlo.

Una vez la mayoría de los puertorriqueños respalde la estadidad, Puerto Rico debe solicitar su admisión como Estado. Si fuera necesario, Puerto Rico, por su cuenta, elegiría dos Senadores y cinco Congresistas y los enviaría a reclamar sus posiciones como representantes electos por Puerto Rico, para que sean reconocidos oficialmente como miembros de igual rango en el Congreso, tal como lo hizo Tennessee cuando pidió admisión como Estado. Esa estrategia se conoce como el “Plan Tennessee”.

Anticipamos que el proceso conllevará negociaciones sobre las condiciones y periodo de transición que requieran el Congreso y Puerto Rico, pero el Congreso no puede rechazar la estadidad, porque nuestra aspiración constituye el reclamo y la lucha por lograr la igualdad de los derechos civiles de sus conciudadanos americanos en Puerto Rico.

De la misma manera que con otros estados que han ingresado a la unión, el Congreso dentro del marco constitucional podría imponer ciertas condiciones para ingresar, tales como un proceso de transición económica organizado y la enseñanza de inglés en las escuelas públicas (como fue la experiencia en Nuevo México, Arizona y Oklahoma).

Por nuestra parte, como estado, la Constitución le garantizaría a Puerto Rico el poder y la autonomía para el inglés y el español como idiomas oficiales, tal como dicta la Constitución de Puerto Rico. No podemos ignorar que la experiencia de más de un siglo durante el cual nos hemos integrado y somos parte de la cultura americana, nos demuestra que Puerto Rico ha podido mantener su cultura, costumbres, idioma e idiosincrasia bajo la bandera americana.

Puerto Rico ingresaría como estado caribeño-antillano bilingüe a los Estados Unidos para que continúe enriqueciéndose como nación y como pueblo. La Constitución, la bandera mono-estrellada sobre un fondo azul y el himno del Estado de Puerto Rico… “La Borinqueña” de don Manuel Fernández Juncos, continuarían distinguiéndonos como pueblo puertorriqueño.

Cultura e idioma 28 de mayo 2012

Los temas de la cultura y el idioma siempre han generado argumentos que no pueden ignorarse. Con convencimiento aseveramos que la estadidad fortalece y garantiza la cultura y la identidad puertorriqueña que nacen de habernos desarrollado inmersos en dos culturas: la puertorriqueña del siglo 19 la cultura americana durante el siglo 20.

No cabe duda de que somos parte integral de la cultura americana. La cultura puertorriqueña complementa la cultura americana a la cual nos hemos integrado. Puerto Rico sentará una pauta como un estado multicultural y latino de los Estados Unidos de America. Contribuiremos a que nuestra Nación se enriquezca culturalmente.

La cultura americana, de la que formamos parte, se sostiene sobre los pilares de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos. La Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución Americana le ofrecen protección igual de las leyes a las minorías culturales y lingüísticas en los Estados Unidos. La selección de idiomas oficiales es la potestad constitucional de cada Estado. De hecho, en Nuevo México el inglés y el español son los idiomas oficiales, como lo son actualmente en Puerto Rico.

Estados Unidos es una nación compuesta por grupos de personas con costumbres, valores, religiones y culturas totalmente diferentes. La nación reconoce estos derechos de los ciudadanos provenientes de todas partes del planeta. Mediante el proceso de naturalización, Estados Unidos ofrece y alienta a cualquier inmigrante que lo solicite de buena fe y cumpla los requisitos legales el privilegio de poder convertirse en ciudadano americano.

Una vez juramenta su alianza a su nueva patria, el ciudadano voluntariamente se integra político, cívico y socialmente a la nación americana, incluyendo como meta el aprendizaje del idioma inglés que une y sostiene la nación al proveer un denominador común.

Cabe destacar que muchos inmigrantes naturalizados han logrado ser electos al Congreso como Senadores y Representantes, condición que se les niega a los puertorriqueños y a todos los ciudadanos americanos que residen en la isla a pesar de que son ciudadanos americanos de nacimiento.

El uso del inglés es muy común en Puerto Rico, tanto en las agencias públicas como en la empresa privada. Por ejemplo, los planos y especificaciones de construcción para obras públicas y privadas se preparan en inglés. Las agencias estatales redactan muchos documentos en inglés para someterlos a las distintas agencias federales. Muchos de los textos usados en las universidades son en inglés, aun cuando los cursos se imparten en español.

Como recordarán, a principios de los 90 se celebró un referéndum y Puerto Rico favoreció mantener el inglés como uno de sus dos idiomas oficiales. Los estadistas apoyamos que se enseñe y se mejore la enseñanza de inglés y que ambos idiomas se impartan en las escuelas públicas. Los documentos oficiales deben redactarse en los dos idiomas oficiales y se debe atender a los ciudadanos en el idioma de la preferencia del ciudadano.

Es lógico que los proyectos de ley y las decisiones de los tribunales se publiquen en español e inglés y que estos idiomas oficiales sean los que imperen en cualquier procedimiento judicial. Después de todo, la Constitución protege el derecho de cada ciudadano a la libre expresión en el idioma de su preferencia.

Hasta ahora, el haberle limitado el beneficio de aprender y comunicarse en inglés a los puertorriqueños ha tenido el efecto negativo de que solo un pequeño grupo tenga el privilegio de ser bilingüe y como consecuencia logre mejores empleos y más oportunidades en el mundo moderno de la economía y los negocios.

Para defender ese derecho cultural puertorriqueño-americano, debemos rechazar el fracasado modelo colonial y el ELA Soberano (republica independiente asociada) y defender la verdadera unión permanente en el Referéndum.

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Estadidad vs colonia suplicante ( reproduccion, publicada enero, 2010)

9. La colonia suplicante (enero, 10)

La reforma de salud en el Senado Federal evidencia la necesidad contundente de Puerto Rico de una auténtica representación tanto en la Cámara de Representantes y como en el Senado Federal. Los 400,000 puertorriqueños que no tienen un seguro de salud, la clase media que vive agobiada por el costo de la vida, los más de 1,500,000 seres que dependen de los beneficios de Medicaid para el (PAM) Programa de Asistencia Medica y la Tarjeta de Salud, y todos los que reciben beneficios de Medicare en la Isla se hubieran beneficiado automáticamente y con mejores beneficios si Puerto Rico fuera un Estado de la Unión.

El resultado de las negociaciones entre legisladores y la fuerza electoral de distintos estados resulta de tanta importancia que si el status colonial del ELA se hubiera resuelto a favor de la estadidad, nuestros dos Senadores en el Senado Federal hubieran logrado extraordinarios beneficios en el proyecto que ahora va a Conferencia entre Cámara y Senado. La “colonia mendicante” es otra.

El Comisionado Residente (Pierluisi), sin voto en la Cámara, el Gobernador, exgobernadores y múltiples funcionarios públicos, médicos y administradores de la salud claman por “paridad en los fondos federales”. No podemos arrodillarnos a pedir paridad en todos los programas federales cuando el pueblo no se ha expresado para resolver finalmente el problema del status. Las colonias no tienen derecho a exigir paridad, suplican.

Consistente con su historia, los defensores de la colonia y el status quo sugieren que una delegación bipartita vaya a la Capital Federal a suplicar que el Congreso le conceda un mejor trato a Puerto Rico en la Reforma de Salud. Es el mismo síndrome del “mango bajito” y del “dame-dame” que caracteriza el modelo del ELA, la colonia más vetusta del planeta.

Es hora que el pueblo comprenda el valor de una delegación legislativa con el poder de un Estado que tenga más Congresistas y más votos electorales que 23 otros estados de la Unión. Concurro con Luís Dávila Colón: “con una delegación congresional completa y el poder del voto presidencial, Puerto Rico tendría un poderío inmenso en la toma de decisiones nacionales, en la repartición del presupuesto, en la asignación de fondos y programas, en políticas de defensa, y la designación y nominación de funcionarios, jueces, y fiscales, jefes de gabinete, y directores de agencias”.

Dávila Colon tiene razón: “Puerto Rico esta listo y pasado de que haga un reclamo contundente hacia su definición. Puerto Rico es un estado en su condición política, social y geográfica. Pero que “mientras vivamos en el Territorio del ELA, la ciudadanía americana no nos confiere todos los derechos, privilegios e inmunidades que nos corresponderían como ciudadanos americanos residentes de un estado de la Unión”.

La injuriosa condición de colonia nos confiere una ciudadanía hibrida y de segunda clase, una chatarra jurídica-constitucional. Buscar la solución del status no es incompatible con trabajar inteligentemente para sacar a Puerto Rico de la bancarrota moral, social, económica y fiscal en que nos ha sumido el status colonial del ELA desde el 1952. Mientras se prepara el camino a la estadidad, por el bien del ideal y de Puerto Rico, tenemos que administrar bien los pocos recursos de la colonia, defender a los pobres y la clase media, mejorar la educación, levantar la economía, generar empleos, derrotar el crimen, y educar a los puertorriqueños sobre la estadidad federada soberana.

El Gobernador, los funcionarios públicos, los legisladores y líderes políticos estadistas tienen que cumplir con su promesa de hacer un “buen gobierno”. Urge garantizar la seguridad pública, mejorar la economía, y eliminar los gastos superficiales e innecesarios del gobierno. Comiencen prohibiendo los contratos de asesores-políticos y los viajes de funcionarios que no benefician
al país.

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Otro nuevo plan fiscal, lunes 27 de agosto, 2018

Otro nuevo plan fiscal, 27 de agosto, 2018
Hernán Padilla
En el 2014 García Padilla declaro a Puerto Rico en quiebra, obligando al Congreso a crear la Junta de Control Fiscal. Su administración nunca sometió un Plan Fiscal requerido por la Junta.

En enero del 2017, el gobernador presentó a la Junta aprobó su primer Plan Fiscal. También presentó su visión del modelo socioeconómico, pasos para reestructurar la economía y las finanzas públicas, así como múltiples reformas para rescatar y fortalecer a PR, pero los huracanes del 2017 destruyeron la infraestructura y se necesitan billones para reconstruir y levantar la Isla.

Ante las diferencias entre la Junta, el Ejecutivo y la Legislatura de PR en cuanto al presupuesto para el 2018-19, la Junta certificó su propio presupuesto. El Gobierno y la Legislatura demandaron a la JSF. La Junta contestó que “el presupuesto aprobado es cónsono con el plan fiscal certificado y con el estatuto federal.

La Juez Taylor Swain sostuvo el poder de la Junta basado en la Ley PROMESA, y la Junta le requirió al gobierno un nuevo Plan Fiscal y a la Legislatura informes mensuales sobre como gasta su presupuesto y exigió a varias agencias estatales que envíen datos presupuestarios y una reconciliación bancaria mensual. El mandato intensifica las diferencias entre la JSF y la Legislatura, y el Senado requiere informes similares de la Junta. Por el bien de Puerto, urge resolver las diferencias.

El nuevo Plan Fiscal sometido por el Gobernador mantiene el Bono de Navidad para los empleados públicos y rechaza la cantidad de la reducción de las pensiones Propone ajustes en gastos de personal por unos $290 millones y $57 millones en beneficios del plan médico para que sean efectivos en el 2020.
El gobierno calcula $200 millones menos en gastos del programa de MI Salud; redistribuye $32,8 millones de otras agencias al Departamento de Seguridad; garantiza aumentos de salario a los maestros y policías; y reduce el recorte de gastos de personal de la policía y del Departamento de Salud.

Rosselló sostiene que “Este Plan Fiscal revisado insiste en los fondos que necesitamos para nuestro progreso y la protección de los sectores más vulnerables como nuestros pensionados y empleados públicos”.

Contrario a lo solicitado por la junta fiscal, el gobierno proyectó menos gastos en Medicaid; y aumentó la sostenibilidad de la deuda por unos $5,000 millones adicionales al acordado con los bonistas de COFINA para un pago de $32,300 millones y un pago anual de $620 millones durante 20 años y $806 millones en 40 años. El Plan Fiscal de Rosselló contempla un aumento en fondos federales y recuperación de fondos de las aseguradoras privadas de $62.3 Billones a $88 Billones en un periodo de 14 años.
El Plan de Rosselló apunta hacia una perdida poblacional de 11.2% y una población de 2,953,000 personas en 6 años. Peor aún, expertos predicen una población de solo dos millones en el 2050. Miles de ciudadanos buscan trato igual y aspiran a tener los mismos derechos constitucionales, voto y representación en el gobierno federal, así como seguridad, servicios de salud, educación, empleos y estabilidad.

El gobierno ignora el impacto social y económico de esa disminución poblacional y no han adoptado un Plan Poblacional para retener y atraer nueva población, tan necesario para un desarrollo económico sostenible.

Por suerte para la economía y los pequeños negocios en Puerto Rico, una nueva legislación federal concede un crédito o reintegro de $2,400 a los negocios en los Estados y hasta $1,920 por cada empleado retenido y a quien se le haya pagado durante la emergencia. Este beneficio federal puede representar entre $20,000 a $40,000 para las PYMES para compensar por gastos incurridos. Los $300 millones federales han beneficiado a cerca de 6,000 negocios.

Bajo el estatus territorial, el Congreso nos da un trato desigual. Urge garantizar a los puertorriqueños en la isla los mismos derechos y oportunidades que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados, que solo se logra convirtiendo a PR en otro Estado de la Unión.

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Queremos resolver la inferioridad política; lunes, 13 de agosto, 2018

Queremos resolver la inferioridad política; lunes, 13 de agosto, 2018

Hernán Padilla

El experimento político de décadas de subdesarrollo colonial fracasó. La evidencia abunda: el colapso fiscal gubernamental y de la economía; la pobreza que afecta a más del 50% de la población; 40 municipios bajo el nivel federal de pobreza y en condición de insolvencia operacional.

El federal subsidia 525,000 familias para las necesidades básicas, vivienda y alimentación; 1,500,000 personas reciben servicios de salud de “Medicaid”. Más de 700,000 niños viven debajo del nivel de pobreza y dependen por completo de las ayudas federales para la salud, educación pre-escolar, comida en las escuelas, y servicios sociales y 409,747 infantes dependen del Programa Especial de Nutrición Suplementaria.

Gracias a las leyes y política pública que permiten tratar la Isla como Estado para ciertos fines, muchos puertorriqueños han superado la pobreza, estancamiento y colapso del ELA-colonial. El total de fondos federales que ingresa anualmente a PR sobrepasa los $23.5Billones. Aun así, la inferioridad en asignaciones federales del territorio versus los estados es abismal.

La Government Accountability Office (GAO), radicó un informe sobre los efectos fiscales que tendría la estadidad sobre la economía de PR que proyecta un aumento de varios billones adicionales de trasferencias Federales. El Banco de la Reserva Federal considera que el aumento en transferencias federales estimularía la encomia significativamente, ya que la estadidad eliminaría el riesgo de la incertidumbre sobre el estatus político que afecta la inversión privada.

El GAO examinó 29 programas federales que representaban el 86% de los gastos federales para los 50 Estados en el 2010 y concluyó que el impacto mayor de la estadidad se sentirá en cuatro programas: Medicare, Medicaid, SNAP (Asistencia de Nutrición Suplementaria) y SSI (Seguro de Ingreso Suplementario).

En el 2010 el gasto de Medicare en Puerto Rico fue de $4,500 millones y con la Estadidad el gasto podría ser de hasta $6,000 millones al año; un aumento de $1.5 Billones. El gasto de Medicaid fue de $685 millones y podría aumentar a entre $1,100 millones a $2,100 millones con la Estadidad, un aumento de entre $400 millones a $1,500 millones al año.

En cuanto a la Asistencia Nutricional (SNAP) el gasto federal para el PAN fue de $1,900 millones, y bajo la Estadidad pudiera ser cerca de $2,600 millones. Como PR no participa actualmente de los beneficios del programa de Seguro Suplementario (SSI), bajo la Estadidad se calcula un gasto federal de entre $1,500 millones a $1,800 millones para los participantes en PR.

Con la Estadidad nuestra gente tendrá los programas del “Earned Income Tax Credit (EITC) y el Child Tax Credit (CTC)” que estimularían la economía por más de $1,000 millones anualmente. Si fuéramos un estado, las familias con dos niños con ingresos de $28,000/año, que pagan $1,736 en SS y $406 de Medicare, recibirían pagos de $4,622 por EITC y $2,000 por CTC.

El Huracán María demostró que la ayuda federal en casos de emergencia es fundamental para la preparación antes de una emergencia y los trabajos para la reconstrucción. El gobierno federal asignó más de $54 Billones para la estabilización, reconstrucción y construcción de la infraestructura. Ahora, el Gobernador Rosselló sometió al Congreso el Plan de Recuperación y solicita $139 Billones adicionales para la reconstrucción.

Aunque hemos recibido ayuda federal, la Isla no ha sido tratada como un Estado. La crisis económica y la quiebra fiscal obligaron al Congreso a imponer una Junta de Control Fiscal sobre el territorio colonial porque Puerto Rico no es un estado de la Unión. La Juez federal Swain sostuvo que el Congreso tiene poder para imponer políticas fiscales; y que “la Junta no está impedida de adoptar las recomendaciones de políticas rechazadas en un plan fiscal”.

Hay que ponerle fin al choque de poderes políticos, la quiebra fiscal y la parálisis del desarrollo económico. Llegó el momento de resolver la falta de igualdad, injusticia, limitaciones e inferioridad política bajo el Territorio-colonial. Somos ciudadanos de EEUU, y vivimos en un Territorio Organizado. Estamos listos para ser Estado para lograr un futuro de progreso y seguridad.

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Verdades contra mentiras sobre el estatus, lunes, 30 de julio de 2018

lunes, 30 de julio de 2018
Verdades contra mentiras sobre el estatus
Desde hace algún tiempo, los seguidores del Partido Popular Democrático están pasando por una crisis de identificación ideológica que ha motivado a preguntar a viva voz: ¿PPD quo vadis? Muchos se han convencido de que los líderes populares los habían engañado con la mentira que le vendieron desde 1952. Ahora conocen la verdad. El Estado Libre Asociado no es estado, no es libre, no es asociado y no se fundó por un pacto entre dos naciones independientes.

El mensaje de Héctor Ferrer del 25 de julio enreda más la mentira del ELA colonial que nunca existió. Ahora alega que sería posible lograr un modelo (político) en el que EEUU no interfiera con el gobierno de Puerto Rico. Ignora que el Congreso tiene autoridad plena sobre la isla, e imagina enmendar las leyes federales para que le concedan a Puerto Rico mayor participación en el Congreso.

Hernández Colón le huye a cualquier cambio y reclama que cambiar la condición actual mal llamada ELA no solucionará la crisis porque por los últimos 66 años ha llevado a la isla a la quiebra fiscal y económica, provocando que el Congreso aprobara la Ley Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal.

Alejandro García Padilla dice que no se necesita un cambio de estatus. García Padilla y Rafael Hernández Colón insisten en “pedirle al gobierno de Estados Unidos que enmiende sus leyes para que Puerto Rico obtenga poderes adicionales”. Se empeñan en desarrollar el status territorial sabiendo que el concepto ha sido rechazado por las pasadas cuatro administraciones federales. Acevedo Vila propone un “nuevo país”, distinto, separado de y subsidiado por EEUU.

Ramón L. Nieves, líder del PPD, sostiene que la Ley Promesa, la Junta de Supervisión Fiscal y las decisiones del Tribunal Supremo federal acabaron el concepto ideológico del ELA y que el PPD debe refundarse o desaparecer.

Les recuerdo que el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Estatus de Puerto Rico de 2011 confirma que la “libre asociación es un tipo de independencia”, que un pacto basado en la soberanía nacional de cada país puede ser revocado unilateralmente en cualquier momento, que las decisiones de ningún Congreso obligan a otro y que la ciudadanía americana no se garantiza permanentemente, y no se concede a las generaciones futuras.

En una columna en The Hill, Luis Fortuño desmintió a Aníbal Acevedo Vilá cuando dijo que Puerto Rico no quiere la estadidad. Fortuño dijo que la verdad es que la isla votó a favor de la estadidad dos veces en una década. Los ciudadanos de EEUU en Puerto Rico quieren la estadidad. La verdadera razón del mensaje de Acevedo Vilá es que su partido insiste en un “ELA mejorado”, fórmula excluida del referéndum porque durante los últimos 20 años el Ejecutivo federal la declaró inconstitucional.

Fortuño criticó que Acevedo Vilá alegue que la estadidad afectará negativamente la recuperación de Puerto Rico. Al contrario, la Casa Blanca y el liderato del Senado concluyeron que la mejor manera para ayudar la economía de la isla es resolviendo el estatus. Hawái y Alaska duplicaron su crecimiento económico después de su admisión como estados. Mientras el PPD trata de elaborar otra mentira política, la posición de Ricardo Rosselló es un compromiso contundente: “Nosotros continuaremos buscando la Igualdad plena para Puerto Rico como un estado y asegurar la ciudadanía americana de forma permanente para nuestro Pueblo”, ha dicho.

El movimiento estadista está convencido de que el fracaso socio-económico y político del ELA provoca la urgente necesidad de resolver el status político y que la estadidad es la óptima a opción para beneficiar y garantizar un buen futuro para los puertorriqueños. Es el único estatus político que preserva y garantiza constitucionalmente la ciudadanía de los Estados Unidos para la presente y las futuras generaciones.

La misión de los luchadores de la igualdad es lograr que Puerto Rico advenga a ser estado para adquirir la plenitud de derechos, oportunidades, progreso y poder político que dicho estatus asegura, participar como iguales en el proceso democrático nacional, votar por el presidente, tener su propia delegación en el Congreso y convertirse en socio de la Federación de Estados que conforman los Estados Unidos.

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