Hernan Padilla

Queremos un futuro seguro

La historia y las estadísticas reflejan el cuadro real del desastre político, económico y social que viene afectando a nuestro pueblo.

Bajo el modelo fracasado del ELA, las ayudas federales sostienen la economía de Puerto Rico. De no ser por las aportaciones y transferencias federales multimillonarias ($23,324,000,000) provenientes de agencias como Educación (incluyendo las becas Pell), Salud, Vivienda y programas como Medicare, Seguro Social, Sección 8 y Asistencia Nutricional, los puertorriqueños vivirían en una pobreza extrema.

El 42% de las “familias” viven bajo el nivel de pobreza, más de cuatro veces el promedio en los cincuenta estados. El 45% de los puertorriqueños caen bajo el nivel de pobreza, tres veces mayor que el resto de la nación, y el doble de cualquier otro estado.

El gobierno federal subsidia 525,000 familias para las necesidades básicas, vivienda y alimentación. 1,500,000 personas reciben servicios de salud de “Medicaid”. Más de 700,000 niños viven debajo del nivel de pobreza y dependen por completo de las ayudas federales para la salud, vacunas, educación pre-escolar, comida en las escuelas, y servicios sociales y 409,747 infantes dependen del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para su alimentación.
La deuda pública de $55 billones es un reflejo del descalabro de la economía y la actual relación política. La deuda pública constituye el 93.7% del Producto Bruto de Puerto Rico a pesar de que los economistas consideran que el 60% es el máximo razonable para un desarrollo económico sostenible. Peor aún, bajo el ELA, las agencias que establecen la clasificación crediticia de Puerto Rico determinaron que el crédito es de alto riesgo. Clasificaron los bonos del ELA de 5 a 6 escalas por debajo de los de la Florida, casi chatarra.

Aunque en el pasado, la Isla atrajo industrias, la realidad revela que el ELA ha sido un fracaso para desarrollar la economía. Es evidente el fracaso del modelo económico del ELA y su incapacidad para propiciar crecimiento en el nuevo contexto de la globalización.

El desastre del ELA es el factor principal que obliga a miles de puertorriqueños a emigrar hacia uno de los otros cincuenta estados en busca de igualdad, empleos y mejor calidad de vida. Mientras que la población de Puerto Rico disminuyó en 2.2%, la población del estado de la Florida aumentó en casi 18% durante la pasada década.

Estamos muy rezagados cuando comparamos el desarrollo económico local aún con los estados más pobres de la Nación. Cuando comparamos el Producto Bruto Interno (GDP) de Puerto Rico con cada uno de los 50 estados, Puerto Rico es el mas bajo con un GDP por persona de $23,380, comparado con el promedio nacional de $47,482.

El ELA empobrecido es poco atractivo para atraer nuevas inversiones e industrias que generen empleos. Bajo el ELA fracasado no existen las ventajas y los incentivos que tienen estados como Florida. Si un inversionista extranjero estuviera contemplando realizar una inversión significativa y tuviera como opción Puerto Rico o el estado de la Florida, nosotros estariamos en desventaja. Puerto Rico vive bajo un status político incierto que no puede garantizar las inversiones a mediano y largo plazo.

Contrario al fracaso del ELA, con la estabilidad y el progreso de la estadidad, Puerto Rico podría competir favorablemente con Florida y otros estados. La estadidad traerá seguridad y y crecimiento económico. La gente no tendrá que emigrar a los 50 estados. Muchos puertorriqueños podrán regresar a la Isla, incrementando la demanda por servicios, viviendas y negocios que generan nuevos empleos.

El ELA es el yugo que nos mantiene atados y marginados como ciudadanos de segunda clase. Luchemos para salir del hoyo. Vota por el orgullo puertorriqueño. Rechaza el ELA fracasado y vota por la estadidad, que sí garantiza un futuro seguro.

Exigimos igualdad

El plebiscito del 6 de noviembre es crucial para el futuro de Puerto Rico. Hay que votar NO en contra del status territorial actual y la colonia más antigua del planeta.
Envía un mensaje al Congreso para que libere a Puerto Rico de esta incertidumbre colonial. El mal llamado ELA nunca ha sido, ni será permanente, porque el Congreso tiene poderes exclusivos y plenarios sobre el territorio. Sencillamente, los puertorriqueños estamos bajo la tutela jurídica del Congreso.

Respaldar el status territorial actual es abrir las puertas hacia la república asociada que proponen Alejandro García y Acevedo Vilá. Esta no tiene cabida alguna bajo la Constitución de los Estados Unidos. Para ser república, Puerto Rico tendría que rechazar la Unión Permanente, pedir la independencia y convertirse en una república independiente antes de que Estados Unidos considere un “pacto” con la nueva república.

La verdadera soberanía que merece el pueblo puertorriqueño es la del Estado Federado. La Estadidad garantiza autonomía local, los poderes de la soberanía estatal, igualdad en la Ciudadanía, prosperidad, la estabilidad de la unión permanente y tras 110 años de ignominiosa colonia, brindará dignidad al pueblo de Puerto Rico.

El pueblo que se preocupa por la economía de la Isla tiene la oportunidad de votar que NO tolera más un modelo político y económico fracasado que sitúa a la Isla en la posición 52 en comparación con los otros 50 estados y Washington DC.

Sin las transferencias, pagos directos, ayudas y subsidios federales, Puerto Rico se sumiría en la miseria. Durante el 2010, las transferencias federales ascendieron a $17.2 billones, de los cuales $16.3 billones fueron pagos directos a ciudadanos. El gobierno federal concedió ayudas por $1.4 billones para Educación; $1.4 billones para salud, $800 millones para vivienda, y $2.2 billones para Asistencia Nutricional y Mujeres, Infantes y Niños, entre otros.

Votar que NO queremos continuar bajo el status territorial sin representación en el Congreso y sin el derecho a votar por el Presidente de los Estados Unidos será un mensaje contundente a la Nación Americana y a la comunidad internacional.

NO queremos poner en riesgo la ciudadanía americana de las futuras generaciones. NO queremos perder las garantías constitucionales, los derechos individuales, las libertades civiles, el progreso, la prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo de los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico.

Digamos NO a los que prefieren la independencia de una república asociada detrás del engaño del Estado Libre Soberano. NO al riesgo de perder la protección de la Constitución y la Carta de Derechos de los Estados Unidos y la protección de la Corte Federal y del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para los puertorriqueños.

NO a los que ponen en riesgo los beneficios que ayudan a madres embarazadas, niños, estudiantes, educación y personas con limitaciones físicas o mentales. NO a la posibilidad de perder los beneficios del Seguro Social, Medicare y Medicaid y el derecho a participar de los programas federales para la salud, protección ambiental, vivienda como la Sección 8
NO a los que ponen en riesgo los derechos del programa de asistencia nutricional y asistencia médica para los más necesitados.

NO para reafirmar que no queremos perder la presencia en Puerto Rico de las Agencias Federales que combaten la criminalidad y el narcotráfico y que protegen las costas de Puerto Rico, el ambiente y los recursos naturales, y mucho menos perder los fondos y ayuda técnica para apoyar la educación, la construcción de nuevas escuelas, las Becas Pell y las ayudas directas a los estudiantes y centros universitarios en Puerto Rico.

Pon tus prioridades en orden. Rechaza la condición territorial, la colonia y la separación. Exige igualdad… en la segunda pregunta vota por la estadidad.

Aeropuerto de clase mundial

La intervención indebida de dos legisladores del PPD amenazando a la empresa privada y oponiéndose a los beneficios de una Alianza Pública Privada (APP) para que nuestro aeropuerto internacional le sirva bien a los pasajeros y promueva miles de empleos en Puerto Rico es la más reciente muestra de que necesitamos enmendar la Constitución de Puerto Rico para reducir el número de legisladores.

A pesar de que los legisladores del PPD votaron en contra de la medida que crea las Alianzas Público Privadas y en contra de la resolución que dispone una enmienda constitucional para reducir el número de escaños en la Legislatura, la mayoría legislativa aprobó una ley de avanzada creando la Autoridad Para las Alianzas Público Privadas con el propósito de viabilizar proyectos muy necesarios para el desarrollo económico y para los cuales el gobierno y las corporaciones públicas NO tienen recursos.

Es inconcebible que con su amenaza pusieran en riesgo el desarrollo económico, la oportunidad de atraer más inversionistas, turistas y un plan para garantizar el crecimiento, mantenimiento y operación del aeropuerto LMM a la altura del siglo XXI.

Estos líderes del PPD no quisieron entender que Puerto Rico no cuenta con los recursos fiscales para elevar nuestro aeropuerto al estándar mundial competitivo. Ignoran que el LMM no ha crecido en los pasados 20 años y que el número de pasajeros se ha mantenido estancado, mientras otros destinos turísticos en el Caribe sacan ventaja de las alianzas público privadas para promover sus empresas turísticas y su desarrollo económico.

Contrario a lo que alegan, el LMM deja pérdidas todos los años. Los ingresos son menores que los costos de operación y el pago de una deuda de Puertos que asciende a $925 millones. La Autoridad de los Puertos no tiene el dinero ni puede coger préstamos para mantener y hacer mejoras en el aeropuerto.
La visión y el compromiso de la Junta de Directores de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas es lograr un aeropuerto de calidad mundial que brinde mejor servicio y comodidad a todos los usuarios. Con esta alianza se logrará un mejor aeropuerto con terminales más amplios y modernos; con más opciones de entretenimiento y más y mejores restaurantes y comercios; un aeropuerto que atraiga aerolíneas y pasajeros y que lleve un ritmo de crecimiento positivo.

La APP es un buen negocio para Puerto Rico. En el desarrollo del aeropuerto –que es y seguirá siendo patrimonio del pueblo- la Autoridad de Puertos recibirá un pago por adelantado de $615 millones para saldar parte de la deuda además de pagos anuales que totalizan $552 millones. El concesionario viene obligado a hacer una inversión de capital de $1,400 millones a lo largo del proyecto con una inmediata de $195 millones durante los primeros tres años.

Nos satisface que el proceso se llevara a cabo siguiendo la Ley de las APP, que ha sido reconocida en EEUU como una de las mejores del mundo; que la negociación haya sido honesta, escrupulosa, competitiva, transparente y que todo el proceso esté supervisado por la Autoridad Federal de Aviación.

La Junta cumplió con los seis criterios en los que se fundamenta el proceso de selección: la Ley de APP y sus reglamentos; la excelente reputación del concesionario, su probada trayectoria y capacidad técnica y financiera; el Plan operacional, el Plan Financiero, el Plan de crecimiento de pasajeros y aerolíneas, el Plan de mejoramiento y la oferta económica.
Esta es la verdad que no quieren aceptar los que anteponen sus intereses mezquinos a los mejores intereses del pueblo puertorriqueño. Queremos un aeropuerto internacional de clase mundial. Necesitamos legisladores que no se opongan por puro obstruccionismo político-partidista. El 19 de agosto vota “SI” para reducir el número de legisladores.