Archive for Uncategorized

Levantarnos requiere credibilidad y compromiso. Lunes 23 abril, 2018

Levantarnos requiere credibilidad y compromiso. Lunes 23 abril, 2018
Hernán Padilla

Reitero mi reclamo: “urge mayor comunicación y negociación formal e informal entre el Gobierno, la Junta y el Congreso. En entrevista para El Nuevo Día, la Comisionada Residente dijo que “ésta pelea del gobernador, la Junta Fiscal, y la capital federal lo que puede hacer es alejar la obtención de fondos, las relaciones federales, el que siga fluyendo el dinero a PR y cómo se desembolsa”.

La junta insiste en recortes adicionales, el gobierno se opone a las recomendaciones de la Junta y la Legislatura no aprobará las reducciones. La Junta implica que la Jueza Swain tendrá que resolver el impase.
El gobernador Rosselló informó que el proyecto de presupuesto para el 2018-19 no se había radicado porque la Junta no había certificado los planes fiscales del Gobierno, AAA, AEE, UPR, Carreteras y Transportación y COSSEC con las asignaciones y datos necesarios.

El gobierno central necesita la colaboración de la Junta, del gobierno federal, el Congreso y hasta de la Juez Swain para disponer de fondos especiales. La controversia terminará en el Tribunal federal. Aún está pendiente la trasferencia de fondos del Tesoro federal para el préstamo aprobado por el Congreso por unos 4.85 billones para mantener los servicios esenciales. Para tener acceso a ese préstamo, el Secretario del Tesoro requiere que el Fondo General tenga menos de $1.1 billones en caja, y que el préstamo esté garantizado por los ingresos de COFINA.

Rosselló radico el proyecto para un nuevo modelo contributivo para incentivar el trabajo y promover desarrollo económico. Su propuesta es comprehensiva y cubre los beneficios y las estrategias para lograr los ahorros e ingresos necesarios. El anteproyecto requiere discusión, vistas públicas, insumo de economistas y recomendaciones de la Junta Fiscal para que sea cónsona con la planificación global de la economía. Me impresiona como una pieza con gran potencial de levantar a PR del precipicio fiscal y el marasmo económico.

La reforma busca bajar el IVU y las tasas contributivas a los individuos y corporaciones, así como conceder un crédito por trabajo entre otras medidas que tendrán un impacto beneficioso en su primer año. Se reducen las contribuciones unos $451 millones; y alrededor de $849 millones anuales comenzando en 2023.

Las medidas beneficiarán a los contribuyentes individuales, los negocios y las pequeñas empresas. Para lograrlo, se necesitan nuevos ingresos y ahorros para substituir las reducciones contributivas. Rosselló propone ahorros en incentivos de industrias que no producen, así como evitar la evasión del pago de contribuciones y la validación de gastos reclamados como deducciones.

Las pensiones de los retirados continúan como un tema de contención entre la Junta y el gobierno. El Gobernador reafirma la política pública de pagarle el 100% de la pensión a los retirados, La reforma aumentará la exención anual sobre ingresos de los pensionados de $15,000 actualmente a $25,000, pero la Junta pide más recortes. Aun así no se han presentado estudios actuariales y auditorías certificadas
Queda sin discutir un plan poblacional integral para detener la pérdida de miles de ciudadanos que se van a los estados en busca de una mejor calidad de vida. Por suerte, la infusión de fondos federales provee grandes oportunidades para rescatar la economía. Ya se ha reportado un aumento en el ingreso personal y un 20 % en la venta de automóviles.
La reforma escolar, la reforma contributiva y el nuevo código de incentivos pueden ser clave para impulsar el desarrollo económico tan esencial para recuperar y salir de la crisis fiscal. Una situación complicada que aun no se ha resuelto es la restructuración de la deuda pública, los acuerdos con los acreedores y cuánto del presupuesto se va a destinar para pagar la deuda.
Este proceso requiere buena fe, confianza, credibilidad y compromiso de todas las partes. Mientras no se recupere la credibilidad y se abra el acceso al mercado de capital no podremos volver a ser la vitrina de EEUU en el Caribe. Falta mucho por hacer, pero hay motivos para sentir confianza en un mejor futuro, siempre y cuando se resuelva el fracaso de la AEE.

Comments

Una confrontación peligrosa

lunes, 9 de abril de 2018
Una confrontación peligrosa
En junio de 2015 advertí que Puerto Rico presentaba un cuadro económico tétrico: la economía colapsada, desempleo sobre 12.4%, tasa de participación laboral bajo el 40%, desmedida fuga poblacional, índice de pobreza sobre 45%, una alta dependencia de aportaciones federales, déficits presupuestarios crónicos, una deuda pública de $73 billones, sistemas de retiro con deudas actuariales proyectadas de más de $34 billones y la Autoridad de Energía Eléctrica a punto de quiebra. El estatus territorial ha colapsado.

Cuando la clasificación crediticia del gobierno central, el Banco Gubernamental de Fomento y las corporaciones públicas fue degradada, el exgobernador Alejandro García Padilla reaccionó irresponsablemente con el “me vale”; y cuando el senador Orrin Hatch solicitó estados financieros auditados e informes sobre las finanzas de Puerto Rico, García Padilla contestó que a él nadie le establecía un “ultimátum”, seguido por la expresión separatista de que “Puerto Rico es un país latinoamericano, no somos parte de ustedes y tenemos su ciudadanía por conveniencia”.

Ante el fracaso del Partido Popular para manejar la crisis fiscal, el Congreso exigió que presentaran estados financieros auditados y que explicaran su plan para reducir el gigantismo gubernamental, reestructurar las corporaciones públicas, operar con un presupuesto balanceado, controlar y reducir los gastos del gobierno.

El colapso del territorio colonial obligó al Congreso a aprobar la Ley “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (Promesa)” y una junta independiente con poderes y autoridad para supervisar las operaciones del gobierno insular, reestructurar la deuda y ayudar a que la isla tenga acceso al mercado de bonos bajo condiciones razonables.

Promesa estableció que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no es una agencia del gobierno federal. Tiene autoridad para aprobar y certificar los planes fiscales y los presupuestos sometidos por el gobernador y la Legislatura. La Junta existirá hasta que se cumplan los requisitos según la Ley Promesa. En cuanto a los sistemas de retiro, si los sistemas no tienen los recursos, la Junta ordenará estudios actuariales de las obligaciones financieras, fondos disponibles e ingresos proyectados y puede tomar las acciones necesarias para garantizar pagos por 30 años.

El gobernador Ricardo Rosselló ha trabajado con la JSF y el gobierno federal para atender la crisis fiscal y el desastre causado por los huracanes Irma y María. La sección 205 de Promesa reconoce que el gobierno establce la “política pública” y la Junta “hace recomendaciones fiscales y financieras” al gobernador y la Legislatura, para promover estabilidad financiera, crecimiento económico, responsabilidad administrativa, o eficiencia del gobierno.

Rosselló rechazó los planes de la JSF, sus recomendaciones limitando derechos laborales, eliminando el bono de Navidad, no garantizando el aumento del salario mínimo a $8.25, reduciendo la jornada laboral y la aportación patronal al plan médico, entre otras. Tampoco apoyará la recomendación para recortar las pensiones de los retirados y acusó a la Junta de pedir más sacrificios mientras reclaman un aumento para su presupuesto. Aun así, por requerimiento de la Junta, tendrá que someter enmiendas a los planes fiscales revisados del gobierno central, las autoridades de Acueductos y Alcantarillados, Energía Eléctrica, Carreteras y Transportación, así como de la Universidad de Puerto Rico.

El congresista Rob Bishop confrontó y acusó a la Junta de no haber administrado bien las finanzas públicas de Puerto Rico y por falta de interés para lograr acuerdos con los bonistas para reestructurar la deuda. Bishop llegó al extremo de decir que la Junta representaba a los bonistas. Rosselló le contestó al senador. “No permitiremos que usted o la Junta dicten una política pública. Ese es el papel exclusivo del gobierno elegido”, dijo el gobernador.

La confrontación entre el gobierno, la Junta y el Congreso es preocupante. Esto pinta mal. Parece necesario solicitar auxilio de la Corte. De hecho, Rosselló considera solicitar al tribunal que obligue a la Junta a presentar un plan de ajuste de deudas. Urge mayor comunicación y negociación formal e informal entre el Gobierno, la Junta, y el Congreso —incluyendo a nuestra comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Están en juego la economía de Puerto Rico, la ayuda para reconstruir la isla después del huracán, el desarrollo económico, resolver el futuro político y lograr la igualdad, que solo se obtiene con la estadidad.

Comments

Una buena reforma educativa, lunes 26 de marzo, 2018

Una buena Reforma educativa, lunes 26 de marzo
Hernán Padilla
Durante las pasadas décadas hemos perdido cientos de miles de ciudadanos. Se han ido en busca de mejor calidad de vida, oportunidades de empleo, seguridad e indiscutiblemente una mejor educación para los niños, jóvenes y adultos. Como consecu

El Gobernador sometió y la Legislatura aprobó el proyecto de reforma educativa. La “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” deroga “la Ley 149-1999, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”, establece una nueva política pública que designa al estudiante como su centro y eje principal.

Según la exposición de Motivos, el Departamento de Educación tiene el deber y la obligación de promulgar la excelencia en la calidad de enseñanza que se imparta en cada una de las escuelas del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico; pero a pesar de que el presupuesto del Departamento es mayor al de cualquier otra agencia, sus resultados no están a la altura de otras jurisdicciones.

La nueva Ley crea las Oficinas Regionales Educativas, consolida las regiones educativas y los distritos escolares en una sola estructura para lograr mayores eficiencias para descentralizar los servicios, reducir costos y establecer sistemas efectivos de evaluación y rendición de cuentas. Delega mayores facultades y responsabilidades a los Superintendentes Regionales y Directores para atender los asuntos académicos, administrativos y evaluar sus ejecutorias mediante rendición de cuentas continuas.

Actualmente Puerto Rico es la única jurisdicción de la Nación que no ha establecido el modelo LEA (Local Education Agencies) a nivel regional que le permite beneficiarse de los fondos federales asignados para agencias educativas locales.

La Ley establece las Escuelas Alianza (Charter Schools), que existen en 44 estados y Washington DC, con participación de las comunidades y para darles acceso a un mayor ofrecimiento académico a los estudiantes a través de entidades especializadas sin fines de lucro, Entidades Educativas Certificadas que brinden enseñanza a los estudiantes de educación especial, universidades y municipios. La UHS de la UPR y la School of San Juan son ejemplos para emularse.

Las Escuelas Alianza serán públicas, gratuitas, no sectarias, libres de cualquier tipo de discrimen, una alternativa a las escuelas públicas tradicionales que ofrecerán más oportunidades educativas, incluyendo fomentar el bilingüismo (español e inglés) en su enseñanza y priorizar en una educación enfocada en la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Las Escuelas y Entidades Certificadas que administren las Escuelas estarán sujetas y deben cumplir con los mismos estándares de evaluación y rendición de cuentas del Departamento que el resto de las escuelas públicas de Puerto Rico. Estas operarán con fondos estatales asignados mediante una fórmula por cada estudiante inscrito.

Hay personas que sin leer ni estudiar las 182 páginas del proyecto expresan dudas sobre los derechos y protección que la Ley de la reforma le garantiza a los maestros y empleados. La misma protege sus derechos y permite que puedan escoger entre una escuela pública o una Escuela Alianza. Se garantiza su plaza, posición y salario por dos años si quiere regresar a su posición en el Departamento de Educación. Se le protege el derecho a retiro y pueden continuar cotizando mientras trabajen en una escuela Alianza.

Me satisface que múltiples líderes educativos a nivel nacional respaldan la reforma educativa. Las dos uniones nacionales de maestros, NEA y FTA endosan las escuelas Alianzas (Charters). Dan Domenech, Director Ejecutivo de la Asociación Americana de Administradores de Escuelas y Nina Resse, presidenta/CEO de la Alianza Nacional de Charters apoyan la Escuelas Alianzas para PR.

Concurro con el ex Vice Presidente del Senado, Orlando Parga, quien sostiene que el proyecto aprobado es resultado de madurez y sabiduría y que finalmente PR tiene encaminada una necesaria reforma educativa. Felicito al Gobernador, la Secretaria Julia Keleher, los Presidentes del Senado y la Cámara y la Legislatura por el proyecto basado en principios educativos y administrativos modernos que hoy es la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico.

Comments

Honor a Baltasar Corrada del Rio, martes 13 de marzo, 2018

Honor a Baltasar Corrada del Río
Hernán Padilla
La muerte del amigo Baltasar Corrada del Río ha dejado un gran vacío en el ánimo de los que tuvimos el honor y el privilegio de conocerlo. Que se puede decir cuando uno se refiere a la partida de una persona admirada por muchos, respetada por todos, y quien deja una estela de logros en beneficio del pueblo puertorriqueño. Ninguna expresión puede ser suficiente.

En su biografía se destaca que se graduó de leyes de la UPR y en 1969 fue nombrado miembro de la Comisión de la Comisión de Derechos Civiles de PR. En 1976, el PNP lo nominó y fue electo Comisionado Residente, Carlos Romero Barceló fue electo Gobernador y yo tuve el honor y el privilegio de ser electo Alcalde de San Juan.

Corrada fue Comisionado hasta el 1984 y lucho para extender y mejorar los programas federales de salud a Puerto Rico. Siempre fue un fiel defensor de la Estadidad para Puerto Rico.

Para mí, fue un motivo de satisfacción entregarle las riendas del Municipio de San Juan a Baltasar Corrada en enero del 1985. Durante ese cuatrienio fue electo Presidente del PNP y aspiró al cargo de gobernador en 1988. Baltasar tuvo la cortesía de visitarnos en nuestro hogar en Maryland y luego invitarme a que regresara al PNP y que diera un mensaje especial a la Asamblea de Delegados. Fue un verdadero placer endosarlo públicamente como candidato a gobernador. Lamentablemente, el pueblo cometió un grave error al no elegirlo.

Fue Secretario de Estado durante la administración de Pedro Rosselló. En el 1995 fue elevado al Tribunal Supremo de Puerto Rico como Juez Asociado donde fue muy querido, respetado y admirado por todos. Lo visité a él y a Beatriz en su residencia de Fort Meyer, Florida. Ese intercambio fortaleció mi opinión del amigo entrañable, siempre caballeroso, amable, respetuoso, correcto, y quien me confió sus opiniones sobre la lucha por la estadidad y la política en general.

Le digo adiós, al amigo Baltasar, abogado, defensor de los derechos civiles, congresista-comisionado, al alcalde de San Juan, al Secretario de Estado, al Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y al luchador por la Estadidad. Su vida ha sido una inspiración para muchos de nosotros. En su práctica como abogado así como en los importantes puestos como alcalde, Comisionado Residente, Secretario de Estado y Juez Asociado del Tribunal Supremo, siempre prestó servicios de excelencia y nunca fue objeto de otra cosa que no fuera respeto y reconocimiento a su dedicación, sensibilidad, inteligencia y honestidad.

Comments off

Solución a la crisis de energía, lunes 26 de febrero, 2018

lunes, 26 de febrero de 2018
Solución a la crisis de energía
Hernán Padilla
Los problemas y la crisis fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) siguen dominando la atención del país. La AEE está quebrada económica y operacionalmente, sin crédito y sin credibilidad entre los bonistas, ni acceso al mercado de valores. No está capacitada para resolver la crisis de energía que afecta todos los sectores. Se considera necesario transformar el sistema de generación de energía eléctrica en uno moderno, eficiente y menos costoso.

Se dijo que “si la AEE no recibía una inyección de dinero urgentemente comenzaría a reducir su capacidad de generación próximamente, y se quedaría sin fondos para el 2 de marzo”. La crisis era tan grave que consideraron suspender empleados, interrumpir operaciones de plantas, y hasta racionar el servicio.

Los huracanes destruyeron la infraestructura, ya deteriorada por falta de mantenimiento y modernización. La AEE no tiene recursos para los gastos operacionales, incluyendo comprar gas o petróleo para generar energía consistentemente. La AEE informó que apenas tenían combustible para solo una semana en algunas centrales y para tres semanas en otras.

La jueza Laura Swain rechazó la petición inicial de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para un préstamo de $1,000 millones para la AEE y ante la falta de liquidez para seguir funcionando redujo la petición a $300 millones y aceptaron las condiciones para que fuera aprobado por Swain, incluyendo intereses fijos al 5%.

Las vistas trajeron a la discusión pública que el fondo de inversiones Solus y Scotiabank, que financiaron fondos para comprar petróleo apoyaron el préstamo, pero no así otro grupo de bonistas. Los fondos fueron limitados en cuanto a su uso, pero la AEE podría comprar energía a AES y Eco Eléctrica y combustible a Fenosa, Puma y Freepoint. No podrá usarlos para pagar abogados y horas extras de empleados. La AEE incurrirá en gastos de $25.8 millones por abogados y asesores para el Titulo III y se proyecta que pagará $24.5 millones por horas extras a sus empleados por las próximas 13 semanas. Tendrá que usar sus propios recursos.

Para justificar el préstamo de $1 billon, el Gobernador sostuvo que “estamos en una situación precaria y que la información presentada era cierta y correcta”. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la JSF enfatizaron que era necesario para proveer electricidad. Presentaron un plan de contingencia y acciones preventivas, reducir las reservas de energía y ahorrar combustible. Dicho plan obligaba a reducir las reservas de unos 450 megavatios a 300 megavatios. De hecho, apagaron las turbinas de Mayagüez y Palo Seco que usan combustible más caro y podían ahorrar $9 millones mensuales. Sin embargo, aseguraron que el plan no incluía apagones selectivos.

Por otro lado, Rosselló hizo múltiples gestiones para lograr que el Tesoro desembolsara el préstamo aprobado porel Congreso de unos $4,700 millones para mejorar la liquidez del gobierno y que proveyera fondos para la AEE. El Tesoro, mientras, ha establecido condiciones estrictas para enviar los fondos.

Ante la crisis fiscal, Puerto Rico y la AEE dependen de fondos federales. Hasta ahora, FEMA ha autorizado $252 millones para la restauración del servicio eléctrico, ha pagado $1,428 millones en reembolsos y pagos a contratistas de USACE que llevan a cabo la restauración del sistema eléctrico. Además, asignará $13,000 millones para este año fiscal para la reconstrucción del país, incluyendo el financiamiento del sistema eléctrico. También está el Community Disaster Loan Program y fondos de CDBG que aportaran fondos para la restauración.

En resumen, vivimos una situación muy difícil respecto al servicio de energía, cuyo costo, inconsistencia y deterioro obstaculiza el desarrollo económico del país. El préstamo de $300 millones es una luz temporera de esperanza. “The Bond Buyer” dice que necesitarán otro préstamo en un mes. Urge completar el proceso de privatización y/o Alianzas Público Privadas del servicio eléctrico. De otra suerte, estaremos destinados a un pobre desarrollo y unas condiciones de vida lamentables.

Comments off

SOMOS NACIONALES AMERICANOS, 2 DE MARZO, 2018

SOMOS NACIONALES AMERICANOS

Hernán Padilla
El 2 de marzo se conmemora el aniversario de la ciudadanía, un momento histórico que sentó las bases para que Puerto Rico se fuera integrando a la cultura constitucional, legal, social, política y económica americana. Se cumplen 101 años desde que el Acta Jones de 1917 le otorgó la ciudadanía a los puertorriqueños.

El Acta de Naturalización de 1941 garantizó que las personas que nacen en una jurisdicción subordinada serían ciudadanos de Estados Unidos. La Ley del Gobernador Electo de 1947 expandió el alcance de la Constitución a los puertorriqueños y estableció que los derechos, privilegios e inmunidades se respetarían en este territorio hasta el mismo grado que si fuese un estado.

En 1952 ratificamos en la Constitución de Puerto Rico “nuestra unión con Estados Unidos”…“Consideramos factores en nuestra vida la Ciudadanía de Estados Unidos y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático y disfrute de sus derechos y prerrogativas”. La ciudadanía establece que somos nacionales americanos y que nuestra nación jurídica y política es Estados Unidos.

La ciudadanía es parte de nuestro perfil y define al puertorriqueño del siglo 21. Las leyes y programas federales que nos tratan como estado, la designación del Tribunal de Distrito federal bajo el Artículo III de la Constitución federal, la presencia de agencias federales en la isla, y la integración de la cultura puertorriqueña a la cultura nacional son parte del diario vivir.

No nos conformamos con una ciudadanía americana a medias, aspiramos a un futuro mejor. Como ciudadanos americanos reclamamos la plena participación en el gobierno federal; igualdad en los derechos civiles; la estabilidad política-económica; el desarrollo socio-económico y los beneficios y responsabilidades iguales al resto de la nación.

A pesar de los logros como ciudadanos, los residentes en la Isla están sujetos a un sistema político que le niega igualdad, incluyendo no poder votar por el presidente y elegir representación congresional.

Puerto Rico nunca ha sido, no es y no será una nación independiente de los EEUU. Hay quienes quieren hacer creer que la Isla es un “país” diferente a EEUU. La Academia Real Española sostiene que “un país es una nación”. Un país es una comunidad social soberana e independiente políticamente. Puerto Rico no es un país, es un territorio colonial bajo los poderes del Congreso.

Cuando un territorio no puede resolver su estatus político y disfrutar de todos los derechos y beneficios de la ciudadanía que los cobija, es una colonia, aunque la llamen ELA. Somos una colonia que no disfruta de los mismos derechos, beneficios y responsabilidades de nuestros conciudadanos en los 50 estados.
A raíz del impacto de los huracanes, aunque nos han extendido asistencias y el Congreso incluye a la Isla en programas federales bajo asignaciones especiales para los territorios, las limitaciones de nuestra condición colonial impiden que se nos apliquen iguales derechos y beneficios. Por no ser un estado, no disfrutamos de los programas federales; en condición de igualdad, que benefician a los 50 estados. La acción del Tesoro federal de reducir el préstamo y no autorizar los fondos resalta la ausencia de igualdad y poderes políticos.

Si Puerto Rico opta por la independencia o la libre asociación, los que nazcan en la nueva nación no serán ciudadanos americanos. Los puertorriqueños somos ciudadanos americanos de nacimiento y nuestra ciudadanía individual es irrevocable por un cambio de estatus, pero solo la Estadidad le garantiza la ciudadanía americana a las futuras generaciones y solo con la estadidad se puede vivir y disfrutar plenamente la ciudadanía americana en Puerto Rico.

Es imperativo resolver el estatus político para adquirir las prerrogativas que nos brindaría la Estadidad para enfrentar los problemas fiscales y operacionales que menoscaban los servicios a nuestro pueblo. La Estadidad es la única opción para lograr todos los derechos constitucionales, incluyendo representación congresional y voto presidencial, aplicación de todas las leyes aprobadas por el Congreso en condición de igualdad y eliminar el discrimen que sufren los ciudadanos en PR.

La celebración de otro aniversario es a la vez un reclamo para que el Congreso acelere el proceso para convertir a PR en un Estado de la Unión.

Comments off

Palabras del Patriarca, reproducción de columna del 2015

Palabras del Patriarca, lunes 17 de agosto, 2015, ENDI
Hernán Padilla

De cara a la crisis que estrangula al Partido Popular y el profundo conflicto interno que les impide articular una definición coherente de estatus, conviene revisitar las posturas de su patriarca, Don Luis Muñoz Marín, para beneficio de aquellos que rechazan la nación americana y están dispuestos a arriesgar la ciudadanía imponiendo una república asociada disfrazada “ELA soberano”.

Es por lo que aquí expongo, que García Padilla rehúsa definir el estatus, reconociendo en el fondo que un ELA soberano no territorial ni colonial, reteniendo la ciudadanía americana y la participación en programas y fondos federales, NO es constitucional y constituye una forma de independencia
El libro del Lcdo. Gregorio Igartúa, “Muñoz el Americano”, es una valiosa fuente de hechos históricos que confirman el compromiso “federalista” de Muñoz, que no daba cabida a la independencia y mantenía viable la Estadidad como destino final.

Don Luis, en carta abierta al Gobernador Beverly se jactó de ser un “independista radical”, no obstante según Igartúa, “antes de ser gobernador abandonó su postura independentista”. De hecho, en 1955 admitió que “El pueblo de PR ha votado contra el separatismo, repetidas veces y en forma contundente”.

Los populares que rechazan a EEUU como nuestra Nación, saben que nuestra Constitución comprometió legalmente a los ciudadanos americanos residentes en PR a una relación “federalista” con EEUU. El Pueblo ratificó ese compromiso en el Preámbulo….“dentro nuestra unión con los Estados Unidos”, estableciendo: “Que consideramos factores en nuestra vida la Ciudadanía de Estados Unidos y enriquecer nuestro acervo democrático y disfrute de sus derechos y prerrogativas; la lealtad a los postulados de la Constitución Federal; y la convivencia en PR de las dos grandes culturas.”

Aunque Muñoz predicaba que había creado un “estado” nuevo, artificiosamente llamado ELA, se ha demostrado a la saciedad que nuestra Constitución NO cambió el estatus territorial y que desde que se nos concedió la ciudadanía americana nos hemos ido integrando más a la Unión Americana.

Igartúa señala que “el Congreso autorizó la Constitución para que rigiera los asuntos internos de PR y plasmó una “relación federalista” al igual a la de los estados” donde aplica la Clausula de Supremacía de la Constitución federal.

Ese cambio abrió las puertas a la Estadidad cuando Muñoz aceptó que Puerto Rico “puede llegar a la conclusión de que pudiendo pagar las contribuciones al tesoro federal, su pueblo quiera que se convierta en un estado federado de la Unión Americana”. Además, se acercó más a la Estadidad al integrarse a la política nacional en 1959, respaldando junto al PPD el voto presidencial para PR en vistas congresionales, y apoyando la participación de los puertorriqueños en las primarias de los partidos nacionales.

En su discurso de clausura de la Constituyente, Muñoz explicó que “como ciudadano de los Estados Unidos, si me dan a escoger entre que los EEUU estén formados por estados federados o estados confederados, yo daría mi voto por estados federados lo mismo que ahora”. Repitió que “El desarrollo del futuro dentro de la Unión Americana puede ser hacia que Puerto Rico pase a ser un estado más de la Unión Federal igual que los demás estados…”

En cuanto a la ciudadanía americana, dijo sin ambigüedades: “Yo no creo que estemos cobijados por la ciudadanía americana; yo creo que nosotros contenemos dentro de nosotros mismos la ciudadanía americana.” “No se puede ser pro-americano, yo concibo aquí en PR que nosotros somos americanos.” “Como todos los buenos ciudadanos, nosotros enriquecemos la ciudadanía de los EEUU, además de llevarla por dentro con orgullo y de enriquecernos con los valores de esa gran ciudadanía.”

Finalizó su discurso como un gran americano: “Qué Dios bendiga al Pueblo de Puerto Rico; Que Dios ilumine al Pueblo de la Unión Americana cuya ciudadanía contenemos en nuestro espíritu”.
¡Palabras del Patriarca!

Comments off

Crisis, Plan Fiscal y estatus, lunes 12 de febrero, 2018

Crisis, Planes Fiscales y Estatus
Hernán Padilla
Para analizar la crisis económica y fiscal de Puerto Rico, debemos recordar que en enero del 2017 existía un “déficit de $7,600 millones, un gobierno en quiebra, sin crédito ni acceso al mercado de bonos. Esta situación obligó al Congreso a aprobar la Ley PROMESA y nombrar la Junta de Supervision Fiscal, que rechazó el Plan sometido por García Padilla en el 2016. En contraste Rosselló sometió un Plan fiscal en marzo del 2017 y mantuvo al gobierno operando.

PR depende de fondos federales para salud, viviendas, reconstrucción y modernización de la infraestructura y los servicios que requieren miles de familias por el impacto de los huracanes. Para promover el desarrollo económico, Rosselló propone una reforma contributiva sin imponer nuevos impuestos que incentive el trabajo y mejorare la economía.

El nuevo Plan Fiscal de cinco años contempla reformas para revitalizar la economía. Proyecta recibir $35,000 millones de FEMA, sin incluir préstamos, fondos federales suplementarios y fondos de Medicaid. Considera reducir las contribuciones a individuos y corporaciones; reducir el IVU a comidas preparadas; e invertir $400 millones anuales para mantenimiento y desarrollo de infraestructura, Alianzas Público Privadas y proyectos críticos.
Para salir de la crisis fiscal, será necesario ahorrar más de $3,000 millones cada año hasta el 2022. Para lograrlo, Rosselló propone reducir gastos en Educación, Corrección y el Departamento de Salud, crear un Nuevo Modelo de Mi Salud, transformar y consolidar agencias, centralizar compras en el gobierno, reducir incentivos contributivos y hacer más eficiente el cobro de impuestos.
Por otro lado, los inversionistas critican que este Plan Fiscal no asigne fondos para la deuda, cerrar la brecha de credibilidad y abrir las puertas al mercado de préstamos; y que no se haya hecho una auditoria certificada desde el 2014. Otros lamentan que no se ha progresado en la “restructuración de la deuda pública de $73 billones y $50 billones de las obligaciones de los sistemas de retiro”.

La JSF notificó a Rosselló que reconoce que se han realizado revisiones sustanciales respecto al Plan Fiscal del 2017 para la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico, pero que los planes del gobierno, AEE y AAA requieren cambios y aclaraciones antes de ser certificados. Los objetivos de la JSF son: “lograr el balance fiscal y reanudar el acceso a los mercados de capital; y cambiar las tendencias económicas que caracterizaron la economía de Puerto Rico antes de los huracanes”.
La JSF pide datos sobre los fondos federales recibidos y comprometidos para atender las necesidades post huracanes; información que valide las proyecciones de ingreso; fondos necesarios para mantener los activos del gobierno; una reserva de fondos de entre $650 y $1300 millones; y un plan de inversión de capital y que identifique los fondos para las inversiones.

En cuanto a la AEE, Rosselló propone “la privatización de la generación de energía eléctrica, y negociar una concesión a termino fijo de la transmisión y distribución con una entidad privada que sirva con eficiencia, consistencia y energía más barata.

La JSF respalda la privatización, insiste en un regulador independiente, pide un plan fiscal sostenible de 5 años, infraestructura más resistente, reducir costos, y generar energía más barata, limpia y confiable. Sobre la AAA, la JSF considera que proyectaba una reducción de ingresos pero sin una reducción de gastos operacionales equivalentes, que resultaría en un déficit operacional.
Ante la crisis, no se puede ignorar que Rosselló enfatizó que “la relación colonial es la causa fundamental de la crisis económica y fiscal y que es importante conseguir igualdad bajo la estadidad para un desarrollo económico a largo plazo”.
Rosselló y el Gobernador Cuomo pidieron a los puertorriqueños reclamar un trato igual para PR y que el Congreso apruebe los fondos para la recuperación. Cuenten conmigo. Reclamaré a los candidatos su compromiso para rescatar, reconstruir y modernizar la Isla, respaldar un trato igual que a los estados, resolver el estatus de PR y comprometerse con la estadidad.

Comments off

Privatización AEE, un proyecto complejo, 29 de enero, 2018

Privatización AEE, un proyecto complejo, 29 de enero, 2018
Hernán Padilla

Llego el momento para tomar acción con la AEE. Concurro con el Gobernador en que es necesario “transformar el sistema de generación de energía eléctrica en uno moderno, eficiente y menos costoso”, pero debe ser más que la parte de
Generación Eléctrica.

En un mensaje especial, Rosselló explicó que la AEE tiene un modelo de generación de electricidad más caro, basado en petróleo y que no tiene la capacidad ni el crédito para lograr los recursos para transformarse y promover el desarrollo económico. La AEE está quebrada económica y operacionalmente, sin crédito y sin credibilidad entre los bonistas, quienes expresaron dudas de una venta parcial.

Los dos huracanes destruyeron la infraestructura deteriorada por falta de mantenimiento y modernización, para generar, conducir y proveer energía eléctrica a todo Puerto Rico. La AEE no tiene recursos para obras importantes como la construcción un terminal flotante de gas natural para la central Aguirre y el soterrado eléctrico para el Centro Médico de Río Piedras, entre otras.

En PR ocurren 5 veces más apagones que el promedio en los estados. El pueblo y la economía no toleran más ineficiencia, deterioro y apagones recurrentes. Economistas, industriales, comerciantes, inversionistas y desarrolladores reconocen q el costo de energía eléctrica y la inconsistencia del servicio de la AEE obstaculiza el desarrollo económico de PR, encarece nuestras vidas y provoca fuga poblacional que lleva al cierre fuentes de empleos que conduce a más pérdida poblacional.

La conclusión es inescapable. El monopolio gubernamental y la estructura organizativa y operacional de la AEE, burocratizado por nombramientos políticos, y su pobre situación financiera lo incapacitaron para resolver la crisis de energía. La AEE fracasó hace tiempo y depende de ayudas gubernamentales (local y federal) para la reconstrucción y modernización.

Respaldo la propuesta de Rosselló para privatizar el “sistema de generación”, pero debe recibir el insumo de todos los sectores de la sociedad y la economía puertorriqueña para que sea un éxito y cumpla con el objetivo. El proceso requiere tiempo y conlleva legislar para definir el marco legal y los objetivos, especificar las partes a privatizarse, y otros detalles esenciales antes de convocar a empresas con el conocimiento, experiencia, interés, recursos y garantías para transformar el sistema.

Por mi experiencia en la Junta de Directores de las APP (2009-2012), puedo asegurar que se requieren múltiples etapas y consultas para el cierre de un proyecto de esta naturaleza. Entre muchos, hay que implementar un proceso para evaluación técnica, económica y financiera, y los términos para el contrato.

Aunque es críticamente necesario rescatar el sistema de retiro, tengo dudas de que se puedan asignar parte de los fondos que genere la venta de los activos de la AEE para otro propósito ajeno. Creo que ese componente del plan necesitará un análisis legal especializado. Al momento, no existe información sobre el valor de los activos de la AEE ni del resultado del proceso de quiebra de la misma. El Plan Fiscal de cinco años no incluye fondos para pagar la deuda. El uso de los ingresos de la venta podría depender de la Corte de Quiebras.

En el plan de venta, también falta informar qué agencia, corporación pública o entidad privada tendría la responsabilidad sobre las líneas de transmisión y la venta de energía a todos los clientes. Alguien debe ser responsable de la operación, mantenimiento, restauración, reconstrucción del sistema de transmisión cuando se concluya la venta de los activos de generación de electricidad. También se requiere un agente regulador independiente que supervise la calidad y el costo de los servicios a todos los usuarios.

El futuro de la AEE y PR depende del éxito del plan del Gobernador. Aunque limitado a privatizar la generación de energía eléctrica, merece darle participación a todos los sectores especializados relacionados para que aporten a la discusión y que la legislación final tenga el respaldo de la mayoría. Un proyecto tan complejo y de tantas repercusiones requiere compartir información y absoluta transparencia.

Comments off

Vivienda, energía, reconstrucción y estatus, lunes 15 de enero, 2018

Vivienda, energía, reconstrucción y estatus
Hernán Padilla

Puerto Rico ha sufrido grandes azotes desde el comienzo del siglo 21. La depresión económica oficialmente comenzó en el 2006. La crisis fiscal que afecta la capacidad del gobierno, las corporaciones públicas y los municipios para prestar servicios, mejorar la infraestructura y modernizar la Isla lleva casi dos décadas. En este momento no es necesario repasar las razones del desastre gerencial y político. Es tiempo de respaldar todas las gestiones que se hacen para reparar, reconstruir y modernizar a Puerto Rico para beneficio de todos los residentes en la Isla.

En un artículo en El Nuevo Día, Fernando Gil, Secretario de la Vivienda, trae a la discusión pública datos, planes y necesidad de recursos para comenzar a reparar cerca de 300,000 residencias, reconstruir 75,000 hogares y construir 70,000 unidades de vivienda nuevas. No podemos ignorar que estas obras dependen totalmente de asignación de fondos federales, pero que bajo el ELA-colonial PR no tiene poderes políticos para exigir un trato igual que a los Estados.

En adición, la ayuda para 75,000 casas bajo el programa “Tu Hogar Renace” requeriría $1,500 millones. También, se requieren $25 millones de programas federales para otorgar títulos de propiedad a 48,000 viviendas en terrenos invadidos pero con permiso de usufructuarios. La crisis es de tal magnitud que, de los $95,000 millones solicitados por el Gobernador Rosselló al Congreso, se incluyeron $31,068 millones para vivienda, el mayor proyecto de vivienda parta FEMA en toda su historia.

En ese paquete de $95 millones, Rosselló también solicita $17,789 millones para reconstruir y modernizar el sistema de la AEE para generar y distribuir energía. El impacto de los huracanes se sumó a la crisis fiscal de la AEE que tiene una deuda de más de $9,000 millones, está en quiebra, sin crédito y sin credibilidad entre los bonistas desde el 2014.

La AEE también depende de los fondos federales solicitados por el Gobernador para proceder con varias obras importantes como: la construcción del Aguirre Offshore GasPort, un terminal flotante de gas natural para la central Aguirre; proyectos de infraestructura, soterrado eléctrico para el Centro Médico de Río Piedras y las grandes zonas residenciales; micro-redes de energía con paneles solares en áreas remotas y de difícil acceso y otras.

Es lamentable que personas sin respeto al sufrimiento de miles de familias que no tienen energía eléctrica, ataquen a los que han venido a reparar el sistema eléctrico y piden que abandonen el trabajo que están realizando. Contrario a los que predican posturas de rechazo, nuestra actitud debe ser darles la bienvenida a ellos y también a todos los que se quieran mudar a Puerto Rico para ayudarnos a salir del abismo.

Es un hecho de que la Isla pierde población aceleradamente. Llegó el momento para que el Gobierno y la Legislatura atiendan la pérdida poblacional como una prioridad para el desarrollo económico. Hay cerca de 300,000 unidades de viviendas vacías, un gran número abandonadas y muchas en “foreclosure” (en ejecución). El ciclo de ese desplazamiento poblacional crónico y acelerado lleva al cierre fuentes de empleos, como negocios, comercios, escuelas y otros, que conduce a más pérdida poblacional.

Repito mi llamado anterior: “Urge a designar una agencia líder para dirigir el esfuerzo, comenzando con un estudio comprensivo y detallado de las causas del desplazamiento poblacional y que presenten un plan específico para repoblar la Isla, incluyendo medidas para resolver la condición política que arrastra la economía”.

En múltiples columnas he señalado que los Grupos de Trabajo de Casa Blanca han enfatizado que el estatus arrastra la economía de Puerto Rico. La incertidumbre sobre nuestro futuro político ha paralizado el flujo de inversiones, al punto que la inversión directa privada real decreció por 70.3% entre el 2004 y el 2012.

Con más razón y más fuerza reclamo que se resuelva el estatus político. Celebro que Gobernador y la Comisionada Residente hayan intensificado la lucha por la igualdad que solo se logrará como un Estado de la Unión Americana.

Comments off