Hernan Padilla

Plan Puerto Rico-Tennessee
Hernán Padilla
Según nos acercamos a la estadidad, procede examinar las distintas estrategias que otros estados han utilizado para acelerar su admisión por el Congreso.

Cuando Carolina del Norte ratificó la Constitución de los Estados Unidos en el 1789, cedió al gobierno federal los terrenos de Tennessee. Más adelante, en 1796, la lucha de Tennessee por la descolonización y la admisión los llevó a adoptar el “Plan Tennessee”.

En un referéndum celebrado en el 1795, el 75% votó a favor de la unión. Posteriormente, el Gobernador convocó una Convención Constitucional, adoptaron la Constitución y la Carta de Derechos del Estado de Tennessee, y “eligieron por adelantado dos Senadores y un Congresista”, convirtiendo en efecto el territorio de Tennessee en un “estado” antes de solicitar admisión al Congreso.

Según Luis Dávila y Rubén Cerezo (estudio Breakthrough from Colonialism), los pasos básicos del “Plan Tennessee” incluyen: haber radicado la solicitud de admisión y que el Congreso no la hubiera atendido; aprobar una “Constitución Estatal” sin autorización del Congreso; celebrar elecciones para funcionarios estatales y senadores y representantes congresionales; y finalmente enviar la delegación a Washington a exigir la estadidad y lograr que el Congreso aprobase un Acta de Admisión.

Fue adoptado con éxito por Michigan, Iowa, California, Oregón, Kansas y Alaska reclamaran y lograran su admisión como estados; no así New Mexico que tardo 62 años.

En el caso de este último, a finales del siglo 19 los ciudadanos del sureste de Alaska siguieron un proceso similar sin mucho éxito. Entre 1943 y 1953 se intensificaron las gestiones a favor de la estadidad y en 1946 la Estadidad obtuvo mayoría en un referéndum.

En 1950 se aprobó en la cámara federal de representantes un proyecto de admisión que no fue considerado en el senado. En 1955 efectuaron la Convención Constitucional del Estado de Alaska y en 1957, siguiendo el esquema del “Plan Tennessee”, “eligieron delegados extraoficiales” para cabildear en el Congreso. En enero de 1959. Alaska se convirtió en el estado número 49.

En lo que a Puerto Rico se refiere, el “Plan Tennessee” podría ser una ruta viable en el momento oportuno pero ello requiere desarrollar un “Plan Puerto Rico” dada las características particulares del territorio de Puerto Rico.

Es importante señalar que en el 2006 el PNP aprobó una resolución para adoptar el “Plan Tennessee” como “una estrategia adicional para descolonizar a Puerto Rico” y reclamar nuestra admisión.

La resolución fue un “mandato” para que al ser electos implantaran mediante legislación el Plan Tennessee en el 2009, ratificaran una “Constitución del Estado de Puerto Rico” y eligieran una delegación congresional que fuera a reclamar reconocimiento oficial y la admisión como estado. Dicho mandato obliga a nuestros potenciales candidatos a puestos electivos a comprometerse, de ser necesario, a defender una estrategia similar.

Dicho eso, el Plan Tennessee NO puede implantarse bajo un gobierno colonialista. Requiere un gobierno que reconozca y haga valer los resultados del plebiscito e instituya el proceso electoral para elegir una delegación, asigne fondos y reclame la admisión.

Si el congreso no toma acción en un tiempo razonable, o no ordena un referéndum vinculante para ratificar la voluntad del electorado en el 2012, entonces se darían las condiciones para proceder con un “Plan Puerto Rico”. Sin embargo, ahora no es el momento oportuno.

Urge unidad de propósito para lograr que el congreso auspicie un referéndum según establecido en el H2000 y el S2020 para acelerar el proceso de admisión.

No se puede poner a Puerto Rico primero dejando al status para después. Desde hoy hasta noviembre del 2016, todos los estadistas que aspiren a puestos electivos deben hacer del status el eje principal de sus campañas e impulsar la estadidad como el instrumento para lograr un mayor progreso y mejor calidad de vida para Puerto Rico.

Abandonan el ELA buscando progreso
Hernán Padilla
La desesperanza obliga a miles de puertorriqueños a abandonar la isla en busca de seguridad económica y mejor calidad de vida. Contrario al clima depresivo provocado por el fracaso del ELA-colonial, es evidente que familias completas, principalmente generaciones de edad productiva y reproductiva miran hacia los estados buscando mejorar su destino.

La Junta de Planificación consigna que entre 1940 y 1960 la Isla perdió alrededor de un millón de personas resultado de una emigración masiva: “En la década del cincuenta alrededor de 460 mil puertorriqueños fueron a buscar trabajo a los estados”, y “en la década del 2000, se observó un segundo gran éxodo cuando 297,750 abandonaron la Isla”.

Desde “el 2005 se ha notado que el mayor porcentaje de la migración ocurre en la población joven y se ha observado tienen mayor escolaridad. El 20.7% de las personas que emigraron eran profesionales o técnicos, y para el 2000 cerca del 30% de los hombres nacidos en Puerto Rico con educación universitaria vivían en los Estados”

Del total, “96.6 por ciento emigraron hacia algún estado de la nación. El 30.5% se mudó a Florida, donde hay más 987,663 “floriricans”, mientras 20.6 % se fueron a New York. No sorprende que de 78 municipios en Puerto Rico, 76 registraron pérdidas en población”.

De otra parte, según Pew Research del 1981-2000 la emigración neta fue de 12,000 personas anuales, que en los últimos tres años incrementa a 48,000 anuales. Mientras, la Agencia AFP informó que Puerto Rico se está despoblando aceleradamente, vía una migración masiva hacia EEUU en busca de empleo. A partir del 2010 se aceleró la fuga, y entre 2010-13 perdimos 144.000 personas.

“La clase media puertorriqueña se está reubicando en los estados. De acuerdo al Departamento de Trabajo federal, desde diciembre 2012 se han perdido 42,129 empleos, y de una población civil de 2,872,000 sobre 16 años de edad, solo 988474 tienen trabajo. No cabe duda de que el colapso político-económico del ELA-colonial es la causal de fondo de esta huida.

Otro factor determinante es la desigualdad económica. Según el Censo federal, el ingreso familiar promedio en Puerto Rico se redujo a $19,183, mientras que el ingreso promedio familiar más bajo en los estados es de $37,479.

Reporta Noticel que el porcentaje de hogares que recibe asistencia pública en Puerto Rico está notablemente por encima del nivel nacional; 75 mil de nuestras familias son participantes del Programa de Ayuda Temporal a Familias Necesitadas, mientras que 670,000 familias reciben beneficios del PAN.

Miles de jóvenes con grados universitarios han tenido que abandonar la Isla por no conseguir empleos proporcionales a su preparación académica: maestros, enfermeras, ingenieros y médicos, entre otros profesionales. Nuestros estudiantes y graduados acuden masivamente a las Ferias de Empleos, donde agencias federales y empresas privadas vienen a reclutar para trabajos en los Estados.

Entre los años 2000 y 2010 aproximadamente 576,000 migraron fuera de Puerto Rico, lo que se estima ha representado una pérdida de ingresos potenciales de aproximadamente $3 mil millones. Según el Censo 2010 había en Puerto Rico 262,000 viviendas vacías, situación que persiste e impacta el mercado y renta de viviendas.

Un hijo de padre norteamericano resiente que su padre perdió múltiples beneficios cuando se mudó a la Isla, mientras que la abuela de su esposa, naturalizada americana residente en Miami, tiene todos los derechos como ciudadana. Sus derechos civiles se afectan por la única razón de residir bajo un estatus colonial de “apartheid” político, segregación ciudadana y déficit democrático.

En resumen, el éxodo puertorriqueño obedece a la búsqueda de seguridad y progreso, plenas garantías constitucionales y mejor calidad de vida en un estado-USA. Además, rechazan la inferioridad, el desempleo y la desesperanza y la sed por igualdad de derechos y oportunidades que les corresponde como ciudadanos americanos.

El anzuelo de la Ciudadanía Americana
Hernán Padilla

El debate iniciado en el seno del PPD alrededor de la Ciudadanía Americana expone los malabares de los defensores del estatus colonial, como un estatus temporal y con las maquinaciones del ala “separatistas-soberanistas” para persuadir engañosamente a sus propios correligionarios que no están dispuestos a sacrificar su Ciudadanía Americana.

Proponen, sin capacidad jurídica internacional que “Estados Unidos y Puerto Rico suscriban un “Tratado de Asociación” no colonial y no territorial, reteniendo la Ciudadanía Americana, basado en el ejercicio de la soberanía de ambos países según definido por las Naciones Unidas, lo que requeriría convertir a la Isla en una republica independiente.

Promulgan un “tratado” al estilo de las Repúblicas Asociadas del Pacífico, pero omiten que sus habitantes no son ciudadanos americanos y ostentan la ciudadanía de cada república.
El PPD pretende “negociar” las definiciones y fórmulas para la papeleta del posible plebiscito, valiéndose de la ciudadanía como anzuelo para pescar incautos. Con esa meta puramente electorera, hasta los “separatistas-soberanistas” favorecen una Ciudadanía Americana utópica que nos privaría de los derechos, inmunidades y protección que tenemos bajo la Constitución.

Según ellos, “atesoran” la Ciudadanía Americana, pero a la vez pretenden que el tenga representación Internacional y Embajadas, determinar cuáles Agencias federales tendría injerencia en PR, (especialmente las instituciones y Agencias de Ley y Orden), negociar y suscribir tratados comerciales y hasta dictaminar la ayuda que recibiría Puerto Rico en casos de desastres naturales, entre otros.

Luego de defender por décadas la existencia de un “pacto bilateral”, finalmente el PPD acepta que el ELA no es permanente y que Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Ahora pretenden “un ELA soberano fuera de los poderes del congreso y de la cláusula territorial”, o sea una nación independiente donde no aplicaría la Constitución de los Estados Unidos ni seríamos ciudadanos americanos.

Durante 62 años han sostenido que el alegado pacto “no podía ser modificado unilateralmente”. Ahora pretenden “sustituir la Ley de Relaciones Federales por un pacto de libre asociación que supuestamente no podría ser modificado unilateralmente”, afirmación que no es posible porque violaría la Constitución y la soberanía de EEUU.

Sus posturas acomodaticias contradicen la realidad jurídica y constitucional. Los Grupos de Trabajo de Casa Blanca (Task Force) han expresado que un ELA como pretende definirlo el PPD es inconstitucional, que un “pacto de libre asociación puede ser variado unilateralmente” y que la libre asociación es una versión de independencia. También el Comité de Congresional de Recursos naturales ha llegado a conclusiones similares, sosteniendo además, que el ELA mejorado no es una opción legalmente viable por ser inconsistente con la Constitución.

Sobre la ciudadanía, tanto el “Task Force’ de Obama como el Comité Congresional y recientemente el Departamento de Justicia federal a través del caso Tuaua v. US han expresado clara y contundentemente que si Puerto Rico opta por la independencia o la libre asociación, los que nazcan en la nueva nación no serán ciudadanos americanos y que la ciudadanía del territorio no incorporado de PR es estatutaria y no está protegida por la decimocuarta enmienda de la Constitución.

Por ello, ningún estatus político que no sea la Estadidad garantiza la permanencia de la Ciudadanía Americana a las generaciones presentes y futuras con igualdad ciudadana. El Departamento de Justicia advierte que “la ciudadanía no es un derecho fundamental de los nacidos en los territorios no incorporados.

Es hora de aprobar una consulta simple, digna y democrática que explícitamente nos ofrezca la oportunidad de resolver el vergonzoso status colonial. El Secretario Holder tiene el mandato expreso de viabilizar un plebiscito sufragado con fondos públicos federales para resolver el estatus de Puerto Rico dentro del marco constitucional de EEUU que nos garantice nuestra Ciudadanía y todos los privilegios e inmunidades que ello conlleva.