Hernan Padilla

La AEE: modelo insostenible

Hernán Padilla

Una Nueva AEE, ensayo del Profesor Efraín O’Neill del Recinto Universitario de Mayagüez y las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Casa Blanca para una estrategia de energía renovable y la transformación de la economía energética de Puerto Rico merecen una discusión intensa y abierta.

El costo de energía eléctrica en Puerto Rico es más de dos veces mayor que el costo promedio en Estados Unidos. No es necesario ser economista para reconocer que la dependencia del petróleo de Puerto Rico ocasiona que cuando sube su precio se afecta adversamente el consumidor, el comercio, las industrias y la economía.

El Gobernador Fortuño creó un Comité de Política Pública Energética para formular una nueva política energética basada en la diversificación de recursos de energía y un suministro eléctrico económico y sostenible. La meta es facilitar el desarrollo de fuentes de energía renovable y ofrecer incentivos para inversiones en energía renovable.

Es alentador que el Grupo del Presidente apoyara firmemente los esfuerzos del Gobierno Estatal para promover y aplicar la conservación y eficiencia energética, diversificar las fuentes y fomentar el desarrollo económico mientras protege y mejora la calidad del medio ambiente. Lamentablemente, las recomendaciones para una nueva política energética ni los pasos para transformar la economía energética no se han discutido objetivamente como ameritan.

Si no buscamos las maneras para liberarnos de nuestra dependencia del petróleo, como postula el Profesor O’Neill, la próxima crisis será aún peor. La deuda en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) era cerca de $8,000 millones en el 2010 y continúa aumentando. El acuerdo con los bonistas establece cobrar una tarifa básica para sufragar los costos de operación cubrir el pago de principal e intereses de la deuda. Incumplir con el acuerdo implica tener que aumentar la tarifa básica y repagar la deuda total  inmediatamente.

La estabilidad fiscal de la Autoridad depende del crecimiento de la demanda de energía eléctrica. Tan pronto baja la demanda, se afectan las finanzas de la AEE. Una reducción de 5% en la demanda representó $50 millones menos de ingresos en el 2008, cuando perdió $284 millones. Esa es una de las razones por la cual la AEE no fomenta programas agresivos de conservación de energía. Una reducción drástica en el consumo puede causar un aumento inmediato en las tarifas a los consumidores.

Aunque la AEE está prácticamente insolvente, suple servicio gratuito y/o a un precio reducido a algunos de sus usuarios y no puede recuperar esos costos. Históricamente, los municipios no pagan por el consumo de energía, por lo que no tienen incentivo para ahorrar energía. En el 2010 se les liquidó una deuda de $190 millones como una contribución en lugar de impuestos. Al ciudadano común le aplican un 11%, adicional al ajuste por combustible, para cubrir el subsidio a los municipios y otros subsidios dispuestos por ley. Es hora de re-examinar éste “cuasi-impuesto” adicional y la política del mantengo energético.

El ensayo del Profesor O’Neill nos lleva a una conclusión definitiva: el modelo actual de la AEE no es sostenible. Debemos generar energía limpia y fomentar una cultura que premie la conservación y la eficiencia energética, comenzando con los que se benefician con los subsidios.

Me uno al reclamo de que la AEE produzca energía eléctrica limpia de manera que se minimicen los costos de prender una bombilla y sin producir daño al ambiente y a la economía. Debemos apoyar las propuestas de La Mesa de Diálogo del Sistema Eléctrico de PR, un foro con participación multisectorial: para lograr un sistema eléctrico sostenible, tener 30%  de energía renovable, alcanzar el 25% de reducción de consumo eléctrico a través de conservación y eficiencia energética y hacer mas transparente el proceso decisional de la AEE.

Casa Blanca y el “mangó bajito”

Hernán Padilla

Las 29 recomendaciones del Grupo de Trabajo del Presidente en el área de desarrollo económico merecen consideración objetiva. Ahora que la crisis fiscal obliga a Casa Blanca a recortar el presupuesto y reducir los fondos discrecionales, debemos crear equipos con personal especialmente adiestrado y con excelente dominio del inglés, una destreza imprescindible en este mundo moderno y competitivo, para gestionar y sacarle más provecho a los programas federales.

Necesitamos el conocimiento, experiencia y los recursos disponibles en las agencias federales para levantar el nivel de vida en los cuarenta municipios donde más de la mitad de la población vive por debajo del nivel de pobreza federal.

Ante la crisis hipotecaria y el record de ejecuciones de viviendas, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD,) conjuntamente con el Gobierno de Puerto Rico, debe completar el Plan Integral de Vivienda para Puerto Rico.

El Gobernador Fortuño ha expresado un gran interés en desarrollar los terrenos de la Base Naval de Roosevelt Roads. Urge que la Administración de Servicios Generales complete el traspaso legal y transfiera la titularidad para que Puerto Rico proceda a desarrollar los terrenos y crear buenos empleos en la antigua Base Naval. Ese debe ser el primer mandato a los federales que tengan a cargo coordinar toda la ayuda técnica y financiera para este crucial proyecto para el turismo y desarrollo económico de Puerto Rico.

Es necesario lograr que Puerto Rico sea incluido dentro del programa de Zonas de Estimulo Económico (Empowerment Zones).  De lograrlo, obtendríamos capital inicial y fondos para planificación, asistencia técnica, incentivos tributarios, incentivo laboral e  incentivos de inversión.

Puerto Rico puede convertirse en un modelo para desarrollar proyectos eficientes y sostenibles de energía limpia. El Departamento de Energía debe ayudar a Puerto Rico a desarrollar un plan integral para una nueva economía energética, diversificar las fuentes de energía y producir más energía renovable, sin olvidar que la primera y más apremiante necesidad es bajar la tarifa de la luz. Para comenzar, es necesario controlar el monopolio ineficiente de la AEE.

El turismo debe convertirse en punta de lanza de nuestro desarrollo económico. Simultáneamente con una Alianza Público Privada para modernizar el Aeropuerto Internacional LMM, es necesario mejorar la seguridad y los servicios a todos los pasajeros y visitantes. Es nuestra obligación reclamar que el Departamento de Comercio federal nos incluya en sus planes bajo la Ley de Promoción de Viajes para mejorar el Turismo.

Ahora es el momento para solicitar que el Centro de Asistencia de Exportaciones de Estados Unidos preste ayuda efectiva al programa de exportación de Puerto Rico. Es ahora que debemos reclamar que consideren el Puerto Las Américas de Ponce para trasladar carga de Estados Unidos que viaja a través del Canal de Panamá hacia destinos lejanos.

La nueva realidad fiscal y política en los Estados Unidos presagia que el barril sin fondo de los contribuyentes americanos y los tiempos del “mangó bajito” están llegando a su fin. Los recortes federales serán sustanciales y dolorosos en el 2011 y 2012.

Ante esta realidad, las limitaciones fiscales y el compromiso de reducir el déficit operacional, el Gobernador presentó el Presupuesto-2012 asignando nuevos recursos para seguridad publica, combatir el crimen y el narcotráfico, extender los servicios de “Mi Salud” a 100,000 ciudadanos adicionales, incentivar la agricultura y continuar con el plan para mejorar la educación, las escuelas y los servicios a niños con necesidades especiales.

Les corresponde a los legisladores ajustarse a un austero plan de prioridades. No existen los fondos para cubrir todas las necesidades. Un verdadero buen gobierno debe ser disciplinado en el uso de los fondos públicos, comprometido con los principios de una sana administración y transparente en toda gestión pública.

A librarnos del yugo político.

Hernán Padilla

El “Informe del Grupo de Trabajo sobre el Estatus de Puerto Rico” brinda una gran oportunidad a la Administración del Gobernador Fortuño para tomar acciones enérgicas y coordinadas con el Gobierno Federal en la búsqueda de soluciones a varios de los problemas que aquejan a Puerto Rico.

Aunque el Informe es solo uno con recomendaciones al Presidente, su contenido merece análisis objetivo y discusión abierta, madura y ponderada de cada uno de los planteamientos. La debilidad de este Informe es que el Grupo de Trabajo no tiene función Ejecutiva y muchos menos un mandato Congresional.

Me alegra que el Grupo de Trabajo interpretara que “el estatus sigue siendo de suma importancia para el pueblo de Puerto Rico” y se comprometiera  con “el objetivo de resolverlo en un periodo corto”.  Sentencian que “es hora que Puerto Rico de el próximo paso”.

El informe confirma que la “libre asociación es un tipo de independencia”, un pacto basado en la soberanía nacional de cada país que puede ser revocado unilateralmente y en cualquier momento. La ciudadanía americana no se garantiza permanentemente, y no se concede a las generaciones futuras.

Aunque las fuerzas colonialistas quieran ocultarlo queda claro que el Congreso puede alterar la relación con Puerto Rico unilateralmente, incluyendo declarar a Puerto Rico una republica independiente. La autoridad constitucional exclusiva, jurídica, política y plenaria es el Congreso. Los territorios sin incorporar y las colonias como el ELA no son y nunca serán permanente. Punto.

Concurro con el Grupo de Trabajo cuando afirma que “la incertidumbre sobre el estatus está frenando a Puerto Rico en materia económica”. El modelo colonial del territorio no incorporado del ELA fracasó como experimento político, económico y social.

La realidad política es que a menos que Puerto Rico obligue al Congreso y al Presidente a ponerle fin a la colonia, no lo harán si no demostramos que la mayoría quiere un cambio político. Ante un Congreso que no puede aprobar un presupuesto, atender la deuda publica federal, manejar las guerras de Afganistán, Irak y Libia, reducir un desempleo de más de 9%, ni solucionar la crisis económica, dudo que se ocuparán del estatus de Puerto Rico si no lo exigimos convincentemente.

Aunque los defensores del ELA prefieren que se consulte al electorado si desea continuar con el estatus territorial y colonial, el Gobernador Fortuño y el PNP proponen una consulta plebiscitaria entre Estadidad, Independencia y una República Asociada, efectivamente excluyendo al ELA en la primera consulta.

Para entender esta decisión es oportuno considerar la Resolución 1541 de las Naciones Unidas, los Principios de Descolonización y las formulas aceptables para resolver un estatus colonial.

Las únicas alternativas de soberanía reconocidas por las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que un territorio alcance la plenitud del gobierno propio son: cuando pasa a ser una República o Estado Independiente y soberano; cuando establece una libre asociación con otra nación o  Estado Independiente; y cuando se integra a otra nación independiente, como los cincuenta Estados de la Federación de Estados Unidos de America. Política e internacionalmente, el ELA es la última colonia del planeta.

Es de esperar que el tema del estatus predomine en la discusión pública. Pero el debate sobre el estatus no debe interrumpir el compromiso de un “buen gobierno”, mejorar la seguridad pública, luchar contra el narcotráfico y la corrupción, promover el crecimiento económico, creación de empleos, incentivar el turismo, reformar la educación y cumplir el compromiso de la Reforma Legislativa.

Llegó el momento de la decisión final en la lucha por la igualdad. Solo la Estadidad garantiza la protección Constitucional de la soberanía estatal y permanencia de la Ciudadanía Americana. Es hora de librarnos del yugo político colonial del ELA.