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Responder al informe del GAO, lunes 18 de junio, 2018

Responder al informe del GAO, lunes 18 de junio, 2018
Hernan Padilla

En 2014, se encomendó al Government Accountabilitty Office (GAO, por sus siglas en inglés) evaluar el efecto que tendría la admisión de Puerto Rico como Estado, y su impacto sobre los gastos e ingresos en el Tesoro federal, así como el efecto que la estadidad tendría sobre la economía y las finanzas públicas estatales.

Los hallazgos reafirmaron que los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico no disfrutan de la igualdad de derechos, oportunidades, beneficios y responsabilidades que sus conciudadanos en los 50 estados.

En abril de 2018, el GAO sometió un nuevo informe: “Puerto Rico, Factors Contributing to the Debt Crisis; Potential Federal Actions to Address Them”. Felicito a Carlos Mercader, director ejecutivo de PRAFA, por su contestación detallada a todos los puntos críticos. Sin embargo, difiero de su defensa de la triple exención de los bonos municipales, que ha sido un factor que promueve una deuda excesiva.

El Gobierno de Puerto Rico reconoce que durante décadas incurrió en prácticas, decisiones de política pública y fracasos que afectaron la condición fiscal y la deuda. El gobernador Ricardo Rosselló ha demostrado su compromiso para corregir esas situaciones, estabilizar las finanzas y encaminar a la isla a una revitalización sostenible. Presentó un plan fiscal y la visión del modelo socioeconómico, pasos para reestructurar la economía y las finanzas públicas, así como múltiples reformas para fortalecer y reconstruir al país.

El GAO debe reconocer que todas las reformas van dirigidas a corregir los factores que contribuyeron a la deuda. Se han tomado acciones específicas para corregir la administración y la falta de supervisión adecuada sobre las finanzas, así como eliminar las prácticas de sobreestimar ingresos y permitir gastar más que los presupuestos autorizados. El gobierno ha establecido políticas para no tomar prestado y balancear el presupuesto; atender las deficiencias de los sistemas de retiros y asignar los fondos para los servicios de salud, entre otros.

También debe reconocer el GAO el impacto que han tenido los factores externos al gobierno que contribuyen a la deuda, especialmente leyes y reglamentos federales y la estructura constitucional y no democrática que se aplica al territorio colonial, una de las raíces de problemas económicos que nos afectan.

Bajo el estatus territorial, el Congreso nos da un trato desigual cuando aprueba leyes y programas. Puerto Rico no cuenta con el mismo respaldo que reciben los gobiernos de los 50 estados.
Hay políticas discriminatorias que inciden en la baja calidad de vida. Son contrarias a los estándares en los estados. Estas condiciones ocurren en un marco de leyes y políticas que discriminan contra los ciudadanos americanos solo por el lugar donde residen. El gobierno federal debe proveer plena igualdad a Puerto Rico.

La manera justa, legal e inexpugnable constitucionalmente para ello es reconocernos como territorio incorporado ahora. La incorporación daría un impulso a los puertorriqueños y a nuestra economía que afincaría el proceso de la admisión como estado con sus consiguientes derechos políticos.

La fuga poblacional se vincula a que miles de ciudadanos que residen en la isla buscan trato igual bajo las leyes y programas federales, y aspiran a tener los mismos derechos constitucionales, voto y representación en el gobierno federal. Miles se mudan en busca de seguridad, servicios de salud, educación, poder del voto e igualdad de derechos ciudadanos.

El Congreso debe actuar para resolver el estatus. Extender la condición inferior, indignante y fracasada será obstáculo para el desarrollo económico, la reconstrucción y la recuperación fiscal y demográfica del país.

El experimento político de seis décadas de subdesarrollo colonial fracasó. Mientras nos mantengan bajo el actual modelo político-económico, la isla seguirá hundiéndose. Urge que cuenten con nosotros en el esfuerzo común de rescatar a Puerto Rico del precipicio fiscal y el colapso social, político y económico. Para comenzar, hay que garantizar a los puertorriqueños en la isla los mismos derechos y oportunidades que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados.

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Sin reformas, no hay futuro, lunes 4 de junio, 2018

Sin reformas, no hay futuro
Hernán Padilla
Puerto Rico está en quiebra, la deuda es de sobre $70 billones, las pensiones tienen un déficit actuarial de $50 billones, el desarrollo económico se ha paralizado desde el inicio de la depresión del 2006, los huracanes del 2017 destruyeron la infraestructura y se necesitan billones para reconstruir y levantar la Isla. El Congreso aprobó la Ley PROMESA y creó la Junta de Supervisión Fiscal para sacar a PR de la quiebra fiscal y el barranco económico.

El proceso ha requerido nuevos enfoques administrativos y reformas estructurales del gobierno que han provocado choques con el Congreso, Casa Blanca, la JSF, la Legislatura y el Ejecutivo de PR. No existe gobierno perfecto, ni absoluta unanimidad cuando se toman decisiones complejas. Ejemplo: el debate sobre la derogación de la Ley 80. La Junta considera que la Ley 80 interfiere con el desarrollo económico de la Isla.

Rosselló y Carrión llegaron a la conclusión de que es necesario dialogar, rompieron el tranque y presentaron acuerdos. La Ley 80 parece ser un obstáculo, pero la Junta aprobó el nuevo Plan Fiscal sometido por el Gobernador.

La Ley 80 tiene más de cuatro décadas. La misma garantiza que un empleado de la empresa privada despedido sin justa causa luego del periodo probatorio sea compensado con una mesada o indemnización. La Ley actual justifica el despido de un empleado por conducta impropia o desordenada, patrón de trabajo deficiente o negligente, violar reglas repetidamente; así como cierre temporal o parcial, reorganizaciones y reducciones de empleo por parte del patrono

No existe una Ley similar en 49 Estados, excepto en Montana que tiene una ley parecida. En Puerto Rico tenemos muchas otras leyes estatales y federales que protegen a los empleados sin necesidad de la Ley 80. Entre ellas está la Ley 100 que prohíbe el discrimen por raza, color, sexo, origen social o nacional, y afiliación política. También hay leyes para proteger al empleado contra represalias, proteger a las Madres Obreras licencia por maternidad, Jornada de Trabajo y salario mínimo; y entre las leyes federales están: ADA, Equal Employment Opportunity Act, Equal Pay Act y Fair Labor Standards.
La JSF envió un extenso documento a la Legislatura con información sobre la Ley 80, enfatizando que se requieren cuatro reformas adicionales para rescatar a PR del precipicio económico: reforma educativa desde Kinder hasta cuarto año; la permisología para hacer negocios en la Isla; reforma energética; e infraestructura y la inversión de capital

Luego de una serie de reuniones, Rosselló y la JSF anunciaron que acordaron derogar la Ley 80 que aplica a la empresa privada con efectividad en enero, 2019. Será efectiva solo para cesantías que ocurran después del 1 de enero. Rosselló sostuvo que “con este cambio se asegura que no se afecten quinientos mil trabajadores con la eliminación del bono de navidad y la reducción de días por enfermedad y vacaciones”, ni poner en precario los fondos de desarrollo económico, entre otros.

El acuerdo, hecho público y avalado por la Junta, garantiza los $78 millones ya aprobados para este año, y $50 millones anuales para los municipios, $25 millones para becas para la UPR, aumentos salariales para los maestros y comprar libros y materiales para las escuelas públicas.

Igualmente importante ha sido que el acuerdo permite el Nuevo Modelo Contributivo, reducir el impuesto el IVU de alimentos preparados y eliminar el impuesto Business to Business-B2B; una asignación de $345 millones para desarrollo económico; y pagar del presupuesto general el 100% de las pensiones.

Respaldo la política pública de que los incentivos a las empresas deben ser para generar empleos y con beneficios y rendimientos medibles para PR. Con ese propósito, Rosselló sometió un proyecto para un Código de Incentivos para reestructurar el proceso para conceder y fiscalizar los incentivos. El secretario del DDEC, Manuel Laboy proyecta que con la implementación del Código generará ahorros que ayudarán a financiar el nuevo modelo contributivo que reduce las contribuciones a todos los individuos y las corporaciones”

¡Que vengan los cambios! He llegado a la conclusión que sin reformas no hay futuro.

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