Archive for November, 2018

Unidad para resolver el estatus, reproducida, publicada 2 de julio de 2018

Unidad para resolver el estatus, lunes 2 de julio de 2018
Ante la crisis fiscal, la quiebra del gobierno, falta de igualdad e inferioridad política, urge resolver la indefinición del estatus de Puerto Rico.

El gobernador Ricardo Rosselló reafirmó su compromiso con la descolonización de Puerto Rico. Enfatizó que en los últimos 25 años se han llevado a cabo cuatro consultas de estatus y que en los últimos dos plebiscitos el pueblo rechazó el estatus colonial y reclamó la igualdad de derechos con la estadidad.
El Partido Nuevo Progresista (PNP) rechaza la continuidad de la colonia y reclama la igualdad de derechos que disfrutan nuestros conciudadanos en los 50 estados. Esto solo se logra mediante la admisión de Puerto Rico como estado. La estadidad es el único status político que preserva y garantiza constitucionalmente la ciudadanía americana para la presente y futuras generaciones.

La independencia reteniendo la ciudadanía americana no es y nunca será una opción constitucional para los ciudadanos de EE.UU. residentes en Puerto Rico. Mientras que el gobierno federal ha rechazado la libre asociación por ser otra forma de independencia y una nación independiente. Como tal, pondría en riesgo la continuidad de la ciudadanía americana.

Ante la necesidad de intensificar la búsqueda de soluciones a largo plazo para lograr un desarrollo económico sostenible y brindarle a Puerto Rico la igualdad que merece y reclama y crear las condiciones para no tener que migrar hacia los 50 estados, urge unidad de propósito para resolver el estatus.
Complace que nuestra Comisionada Residente, Jennifer González, presentara una petición formal y un Acta de Admisión, coauspiciado por 37 congresistas, para que el Congreso considere aceptar a Puerto Rico como Estado. Una vez aprobado comienza la cuenta regresiva para lograr plena igualdad y ser estado de la Unión.

De aprobarse sin enmiendas o dilación, el proyecto dispone crear un Comité y un Proceso de Transición que someterá un informe con recomendaciones en o antes de los 270 días de su nombramiento; y que no más tarde del 1 de enero de 2021, el Presidente emitirá una Proclama declarando que Puerto Rico será admitido como Estado.

Reconozco que será muy difícil que el Congreso tome acción en lo que resta del 2018. Aun así, felicito a Jenniffer González por su iniciativa. Su trabajo dejará sentadas las bases para radicar la petición y Acta de Admisión otra vez ante el nuevo Congreso en enero del 2019. La elección congresional en noviembre podría tener un impacto todavía indeterminado. Veremos debates por razones políticas-partidistas entre los miembros del Congreso; y la situación económica y el cumplimiento con la Ley Promesa podrían provocar cambios o enmiendas, pero estoy convencido que vamos por el camino correcto para lograr la estadidad.

Aunque el proyecto establece que cuando se someta el Informe de Transición Puerto Rico deja de ser un territorio no incorporado y se convierte en territorio incorporado, parafacilitar dicho proceso, el Congreso debe reconocer a la isla como un territorio incorporado inmediatamente.

La discusión de la no incorporación vs la incorporación de los territorios lleva muchas décadas, incluyendo las decisiones del Tribunal Supremo federal de Downs vs Bidwell del 1901 y Balzac vs Porto Rico, en 1922, que dictó que Puerto Rico era un territorio no-incorporado y que la Constitución no aplicaba a los territorios en la misma extensión que en los Estados y excluyó a los puertorriqueños —ciudadanos americanos en Puerto Rico— de la igual protección de la Constitución.

En los últimos dos años, Puerto Rico ha estado en la mirilla del Congreso. Las agencias federales, congresistas, jefes de agencias, y hasta el Presidente nos han visitado. La prensa nacional ha mantenido a Puerto Rico en la discusión pública y personas como Benicio del Toro han explicado la desigualdad inherente a la falta de representación del país ante el gobierno federal.

Felicito nuevamente a Jenniffer González por su proyecto y a Ricardo Rosselló por traer el estatus de Puerto Rico a la atención del Presidente Trump, a quien le recordó que “queremos que se valide la voluntad democrática de Puerto Rico convirtiendo al territorio colonial en el estado 51”.

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Crisis poblacional, original publicada el 31 de marzo del 2014

67. Crisis poblacional 31 de marzo, 2014

Ante la crisis fiscal y el desplome social, político-económico que promueve una nueva ola de emigración, urge ampliar la discusión de la otra crisis: la crisis poblacional que opaca el futuro de Puerto Rico.

La pasada Administración aprobó la ley que creó el Comité de la Ley del Reto Demográfico para analizar el desarrollo poblacional y buscar alternativas para fomentar su crecimiento. El Suplemento Especial sobre Migración de la Junta de Planificación revela la gravedad de continuar perdiendo población.

El Tratado de Paris de 1898 cobijó bajo la bandera americana a 894,302 puertorriqueños, bajo la tutela del Congreso. En 1904 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que los puertorriqueños podían entrar a los Estados Unidos sin restricciones.

Entre los primeros pasos para integrar a la Isla a la nación, se aprobó la Ley Jones, que estableció que “los habitantes que residan en la Isla y sus hijos nacidos con posterioridad a esa fecha serán como ciudadanos con derecho a protección de los Estados Unidos, con “derechos similares” a los nacidos en territorio continental”.

La experiencia migratoria puertorriqueña es un fenómeno de inmigración interna en el marco socio-político norteamericano. Entre los años 1940-60, el Gobierno de Puerto Rico promovió el éxodo masivo de cerca de un millón de personas como mecanismo de control poblacional.

En 1948, el gobierno insular, implantó el Programa de Migrantes, una estrategia para emplear puertorriqueños en faenas agrícolas en el continente que resultó en la migración masiva de puertorriqueños. En su mensaje a la Legislatura en 1954, Muñoz Marín declaró que los que partían seguirían el mismo curso de otros emigrantes en su integración al “melting pot”.

En la década del 2000 se inicio un segundo gran éxodo. A partir del 2001 más de 297,750 abandonaron la Isla, tornando el problema del éxodo en uno crónico. Actualmente, unos cinco millones de ciudadanos de extracción puertorriqueña residen en los 50 estados: 34% nacidos en la Isla; 66% nacidos allá, y se augura que ese número seguirá aumentando.

La criminalidad, un sistema judicial desconectado de la realidad, el alto costo de vida, un aparato educativo sin dirección ni gobernanza, servicios gubernamentales inoperantes, deterioro social, recesión económica, desempleo crónico, comunidades en franco deterioro, pobre calidad de vida, y la inacción del gobierno ante estos retos han destruido la confianza y precipitado el éxodo.

A causa de lo anterior, experimentamos hoy una fuga sin precedentes de capital humano, con el agravante que la mayoría posee una educación sobre el promedio poblacional. El “Perfil del Migrante 2012”, señaló que los puertorriqueños que emigraron ese año eran educados, activos en la fuerza laboral, con niveles de ingreso mayor que años anteriores y que 52% eran mujeres.

Concurro con el economista Gustavo Vélez: “La fuga de profesionales tiene un alto costo social y económico para la Isla”. Por ejemplo, “el impacto sobre el sector de la vivienda es devastador. Perder 83,000 personas equivale a 26,900 unidades de vivienda que no se venden o se alquilan y que constituyen un serio problema para los dueños, la industria de la construcción y la economía.

Señala el amigo Franklin López que según el Censo 2010 había en Puerto Rico 262,000 viviendas vacías. Mientras, la Asociación de Bancos informa para este año 77,000 unidades con 90 días o más de morosidad y 17,000 en ejecución; una reducción de $1,500 millones en depósitos bancarios; y un aumento de 19% en las quiebras versus el año anterior. Todo esto redunda en una merma potencial de ingresos de aproximadamente $3,000 millones.

Ante el colapso del ELA colonial, es apremiante acelerar el proceso hacia la estadidad, el único estatus que ofrece a los ciudadanos americanos en Puerto Rico la igualdad de derechos, oportunidades y potencial económico para atraer nuevas inversiones, empleos, y retener y aumentar nuestra población.

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