Hernan Padilla

Aeropuerto para el progreso

Publicado en El Nuevo Dia 12/28/09

Hernán Padilla

Urge tomar acción ejecutiva para incrementar, fortalecer y mejorar la capacidad competitiva de Puerto Rico en el mundo de los negocios y turismo para revitalizar el desarrollo económico y mejorar las oportunidades de empleo y la calidad de vida en Puerto Rico.

Los destinos aéreos que compiten con Puerto Rico en el Caribe tomaron acciones enérgicas para mejorar su atractivo turístico y competitividad económica. Puerto Rico se ha quedado rezagado. La República Dominicana creó Alianzas Público Privadas para desarrollar, operar y mantener seis aeropuertos. En Jamaica, empresas privadas operan el Aeropuerto Internacional en Montego Bay y el Aeropuerto Manley en Kingston. El Aeropuerto Internacional Sanford de Orlando es una Alianza exitosa que brinda muy buenos beneficios para toda la región.

Ahora nos corresponde a nosotros. El Aeropuerto Internacional (LMM) es el aeropuerto internacional más activo en el Caribe y el comercial más grande en Puerto Rico. Recibe más de 4.5 millones pasajeros y 445 millones de toneladas de carga. Lamentablemente, estamos perdiendo terreno aceleradamente. El número de pasajeros se redujo de 5.34 millones en el 2005 a 4.64 en el 2008.  Este dínamo-económico es una mina de oro que requiere una estrategia comercial inteligente para aumentar el tráfico de pasajeros.

El comercio, la industria, el turismo y el pueblo en general clama por mejoras substanciales para que el Aeropuerto Internacional se convierta en un motor enérgico que impulse la economía. Es hora de re-establecer a Puerto Rico como el mejor destino turístico y de negocios del Caribe. Se puede lograr un aumento substancial en el número de líneas aéreas y pasajeros que resulten en la creación de empleos directos e indirectos en transportación pública, servicios, comercio, y turismo.

Se requieren más de $167 millones para la construcción, desarrollo, mejoras y mantenimiento de pistas, conexión de terminales, carreteras de acceso para carga, verjas de seguridad, tanques de agua, las facilidades y servicios a los pasajeros, servicios médicos y seguridad personal. Urge mejorar la eficiencia, aumentar los ingresos y reducir los costos operacionales para alcanzar el potencial que representa el LMM.

Las finanzas de la Autoridad de Puertos están en precario. Refleja una deuda certificada de $759 millones. Los ingresos no son suficientes para pagar los gastos operacionales y el pago de la deuda de $27.2 millones anualmente. Los bonistas clasifican el crédito de la Autoridad como BBB-. Será imposible emitir bonos para las mejoras y obras permanentes que requiere el LMM, aeropuertos y puertos de Puerto Rico. Tiene que  gestionar ingresos adicionales y reducir sustancialmente los ineficientes costos de operación.

Endoso totalmente una Alianza con el sector privado para operar y administrar el Aeropuerto Internacional y delegarle a una empresa privada, con experiencia y recursos, las  funciones para construir, financiar obra permanente necesaria, así como financiar las operaciones y mantenimiento del complejo del LMM. Visualizo un contrato a largo plazo que transfiera los riesgos económicos a la entidad privada y garantice metas específicas predeterminadas, calidad de servicios y satisfacción del usuario. Puerto Rico continuará siendo el único dueño del aeropuerto. El arrendatario se obligaría a realizar un pago substancial inicial para reducir la deuda pública y modernizar todos los aeropuertos.

El primer paso fue lograr que la FAA designara a Puerto Rico como uno de los cinco aeropuertos públicos autorizado para entrar en negociaciones con el sector privado para obtener capital privado para desarrollar y mejorar los aeropuertos. Los próximos pasos son los estudios de viabilidad y conveniencia, la publicación de solicitud y análisis de propuestas, y lograr contrato favorable con todas las garantías necesarias.

La Autoridad de las APP tiene la responsabilidad de estructurar una Alianza, en total transparencia, que convierta el Aeropuerto Internacional en una pista para el progreso de Puerto Rico.

Inseguridad ciudadana

Hernan Padilla

El saldo mortal de asesinatos en el país supera los 750. Aunque hasta el 31 de octubre se cometieron 3,606 delitos tipo I menos que a la misma fecha del 2008, se reportaron 8513 casos de “Violencia”, 746 “Asesinatos y Homicidios”, 2818 “Agresiones Agravadas”.

Advertí, meses atrás, el aumento substancial en la tasa de criminalidad, dado el descalabro económico y la quiebra fiscal del gobierno insular.  Me quedé muy corto en cuanto al número de victimas inocentes cobardemente asesinadas por los narcos y sus cómplices en el lavado de dinero. El crimen, las balaceras, asaltos a mano armada, y narcotráfico son la orden del día en los barrios, urbanizaciones calles y carreteras del país. Los narcos devoran la vida de madres, mujeres, niños, jóvenes y ciudadanos en todos los rincones de Puerto Rico.  Atacan de día, de noche, en lugares públicos y residencias privadas.

La primera obligación de un gobierno civilizado democrático es salvaguardar la vida y propiedad de todos los ciudadanos. Lamentablemente, las fuerzas de la paz y el orden parecen impotente ante la fuerza de los criminales.  La Policía de Puerto Rico, integrada por miles de agentes, con un presupuesto multimillonario, entrenados, con armas largas, equipo moderno, transportación y comunicaciones y una unidad de inteligencia delictiva resulta impotente para derrotar el crimen organizado y los narcotraficantes.

El Superintendente Figueroa, un funcionario probo, incorruptible y de gran competencia técnica policiaca está solo frente al serio problema de los criminales. Brillan por su ausencia el Secretario de Justicia y el equipo de fiscales encargados de ofrecer apoyo y dirección a la policía insular. El Secretario de Justicia, invisible y  mudo desde que juró su cargo, luego de la tragedia de Sabana Seca anuncia su inhibición a participar en la investigación del presunto cabecilla de la masacre por que hace años le defendió de seis cargos de asesinato, por los cuales se declaró culpable y sirvió una condena de solo 6 años de prisión.

El Secretario tiene que renunciar a su cargo. Endoso el comentario público del Presidente del Senado, refiriéndose a su inhibición: “invito al Secretario Sagardía a reflexionar sobre su cargo público”. Existe un claro e insalvable conflicto de interés público. El cargo de Secretario de Justicia no puede ser ocupado por un abogado criminalista que dedicó sus últimos 16 años a defender delincuentes. Un Secretario de Justicia es el principal representante del Pueblo, vía sus fiscales, ante el sistema de justicia penal. El cargo lo debe ocupar un abogado con excelente reputación como enemigo acérrimo de los delincuentes.

El buen gobierno, comprometido a atacar el crimen organizado, los narcotraficantes y los cobardes asesinos que matan “por ver la sangre  correr” requiere un Secretario con amplia experiencia en derecho penal, preferiblemente como fiscal, armado con gran valentía y energía para investigar, arrestar y condenar los narcos y sus colaboradores financieros.

Hacienda, la Policía y Justicia deben tener los recursos legales para perseguir los narcotraficantes, y en particular crear una unidad de inteligencia contra el lavado de dinero “sucio” del narcotráfico. Urge crear una Sub-Secretaria en el Departamento de Justicia  que le de atención exclusiva al crimen organizado; una división de inteligencia “criminal” de primer orden, eficiente y efectiva para darle seguimiento al dinero, de donde viene y a donde termina, y penetrar y destruir el crimen organizado de los narcotraficantes. La inseguridad se puede convertir en ingobernabilidad civil.

Un pueblo unido, hastiado, temeroso y aterrorizado por la matanza callejera cotidiana, reclama a los religiosos, lideres del magisterio, educadores y “lideres culturales” eduquen a la juventud sobre los valores que construyen una buena sociedad;  no caigan presa de los narcotraficantes que le ciega la vida y la tranquilad de los puertorriqueños. El reto es de todos. Juntos, podemos encadenar el crimen.

Corrupción, moral y justicia

Hernán Padilla

Los robos, asesinatos y violaciones crean inseguridad y afectan la calidad de vida. Sin embargo, la corrupción, sin ser un crimen violento como el asesinato o una violación, también representa un peligro grave para la sociedad.  La corrupción de los funcionarios públicos se alimenta de las debilidades de algunos con pocos escrúpulos e indirectamente promueve el crimen organizado. Urge romper el ciclo para proteger los ciudadanos inocentes y respetuosos de la ley.

El FBI investiga casos de actos delictivos: corrupción pública, fraude bancario e hipotecario, fraude a Medicare, crímenes violentos y narcotráfico, entre otros. A nivel Nacional, el FBI logró la convicción de 1060 empleados gubernamentales a nivel federal, estatal y local y policías por actos de corrupción en el 2005. El “Corporate Crime Reporter” reveló que Florida está entre los primeros ocho Estados con más casos de corrupción según los datos oficiales del Departamento de Justicia en el 2006.

Corrupción significa depravación moral, soborno o venta de favores políticos, conseguir ventaja ilegítima, secreta y privada y tráfico de influencias. Corrupción es cuando se someten facturas falsas por servicios no prestados a Medicare o Medicaid. Son corruptos los funcionarios públicos que se venden por regalos navideños y servicios gratuitos; los banqueros, como Madoff, que engañan a los inversionistas con sus “pirámides” financieras; los policías que fabrican casos en contra de inocentes,  los ciudadanos que roban mercancía en los comercios, y los religiosos y maestros que atacan sexualmente a niños y jóvenes indefensos.

La lista de actividad corrupta por funcionarios públicos y políticos es muy seria. Entre los actos de corrupción predominan actos de fraude, apropiación ilegal agravada, escándalos por mal uso de fondos públicos locales y federales, contratos para beneficio propio, fraude en la vivienda, subastas ilegales, soborno y extorsión, obstrucción de la justicia, contratos ilegales para beneficio de un amigo, pariente o donante político, fraude electoral, y robo de los fondos de campañas políticas. Tan preocupante es la situación en Florida que el Gobernador Crist solicitó una investigación Estatal sobre los actos de corrupción y concluyó que la corrupción afecta a todo el Estado.

La sociedad en general resulta víctima de la corrupción por la privación de los fondos públicos y privados que los corruptos roban impunemente. Peor aún, se pisotean los valores cívicos y cristianos de la sociedad. La convivencia social está animada por un “sentido cívico de justicia”. Cuando se actúa contra los valores de justicia, la gente ve y reconoce actos de conducta injusta. La corrupción representa un verdadero peligro social. Facilita el crimen organizado, el lavado de dinero, tráfico de drogas y muchos males sociales.

En esta temporada Navideña debemos reflexionar sobre la “injusticia de los corruptos”. Corresponde a todos los funcionarios públicos, políticos, partidos políticos, líderes de

Reflexiones de moral, justicia y política

Hernán Padilla

El crimen desgarra a Puerto Rico. El reciente asalto a mano armada contra Mudafort Sports en Santurce, a plena luz del día, pone de manifiesto el nivel de inseguridad e impunidad, y destaca la pobre calidad de vida que afecta a todos los ciudadanos. Es una guerra abierta: puertorriqueños contra puertorriqueños. Las víctimas, familiares, y amigos sufren el caos social que se documenta diariamente.

No sorprende que Luís Fraticelli, el Director del FBI en Puerto Rico, señalara recientemente en El Nuevo Día, que “la corrupción es el principal problema social en Puerto Rico”. El FBI investiga cerca de mil casos de actos delictivos: corrupción pública, fraude bancario e hipotecario, fraude a Medicare y las Becas Pell, crímenes violentos y narcotráfico, entre otros.

Corrupción significa depravación moral, soborno o venta de favores políticos, conseguir ventaja ilegitima, secreta y privada y tráfico de influencias. Ahí están los casos de la Junta de Médicos que expidió Licencias violando todas las normas éticas y legales y por los cuales se radicaron múltiples casos criminales en el cuatrienio pasado. Corrupción es cuando se radican cargos falsos por servicios no prestados a Medicare. Es cuando el usuario instala un “pillo” en su casa o negocio para hurtar corriente eléctrica y agua. Son corruptos los comerciantes que bautizan la leche con agua para aumentar sus ganancias; y los funcionarios públicos que se venden por regalos navideños y servicios gratuitos.

Es cuando los fondos públicos se despilfarran y se utilizan contrario a los mejores intereses del pueblo o les conceden privilegios especiales a funcionarios electos y políticos retirados o derrotados. Es cuando se crea una clase gobernante privilegiada, a quienes se les asignan salarios once veces más que el salario promedio en Puerto Rico y le asignan carro y chofer sin que resulten en beneficio directo al pueblo.

La lista de actividad corrupta por funcionarios públicos, políticos, candidatos y empleados de los partidos es muy seria. Entre los actos de corrupción predominan actos de fraude, empleados fantasmas, apropiación ilegal agravada, escándalos por mal uso de fondos públicos locales y federales, contratos para beneficio propio, fraude en la vivienda, subastas ilegales, soborno, obstrucción de la justicia, uso ilegal de bancos telefónicos y facilidades del gobierno para fines partidistas, contratos ilegales para beneficio de un amigo, pariente o donante político, y pedir y aceptar dinero a cambio de favores políticos.

El caso más reciente que genera dudas y desconfianza en el pueblo y que requiere una investigación minuciosa es el de la condonación cuestionable de deudas contributivas millonarias para beneficiar a una refinería de petróleo. Urge crear la Oficina del Inspector General para prevenir la corrupción gubernamental.

La sociedad en general resulta víctima de la corrupción por la privación de los fondos públicos y privados que los corruptos roban impunemente. Peor aún, se pisotean los valores cívicos y cristianos de la sociedad puertorriqueña. La convivencia en Puerto Rico está animada por un “sentido cívico de justicia”. Cuando se actúa contra los valores de justicia, la gente ve y reconoce actos de conducta injusta. La corrupción representa un verdadero peligro social. Facilita el crimen organizado, el lavado de dinero, trafico de drogas y muchos males sociales.

En esta temporada Navideña debemos reflexionar sobre la “injusticia de los corruptos”. Corresponde a todos los funcionarios públicos, políticos, partidos políticos, líderes de instituciones cívicas, asociaciones profesionales, comercio, industria, sindicatos, educadores, sacerdotes y ministros religiosos vivir, practicar y ser ejemplos de honradez, respeto y tolerancia. Urge  enseñar, ética, valores cívicos y un patrón de conducta de hacer lo correcto, de no hacer daño a nadie, ser honrado y cumplir con la ley. No pueden esperar que la sociedad actúe correctamente si no se convierten en verdaderos modelos.