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Carga marítima, otro pilar de la economía, (columna, opinión dic 2008)

Carga marítima, otro pilar de la economía

Son varios los pilares que sostienen la economía de Puerto Rico. La transportación marítima es uno de los más importantes. La economía de Puerto Rico depende de un servicio marítimo regular, consistente y confiable. Se importan $23 billones de productos necesarios para nuestro diario vivir y se exportan $30 billones de productos de Puerto Rico hacia el mejor mercado libre del mundo, Estados Unidos de América.

La Ley de Cabotaje no es definitoria de la relación política con los Estados Unidos. La discusión de la transportación de mercancía y pasajeros entre puertos americanos y Puerto Rico es un asunto de vital importancia que compete a todos los puertorriqueños.

El Acta Foraker del 1900 establece que PR queda bajo las disposiciones federales de transportación marítima y las leyes de cabotaje. El Acta de la Marina Mercante, conocido como el Acta Jones, confirmó la vigencia de la legislación federal sobre transportación marítima a Puerto Rico. La Ley 600 del 1950 estableció que el trafico marítimo entre PR y EU se reglamentaria de acuerdo a las disposiciones de las leyes aplicables a los distritos costeros de los EU.

El Congreso prohibió barcos extranjeros en el comercio costero, transportación de mercancía de un puerto a otro puerto americano en una embarcación que perteneciera a un poder extranjero, conexión directa o indirecta a través de un puerto extranjero Las leyes de cabotaje limitan la carga de mercancía o pasajeros entre puertos de Estados Unidos a buques construidos y abanderados por los Estados Unidos

Puerto Rico requiere transportación de carga en tiempos buenos y malos, en tiempos de paz o de guerra. Un sistema que garantice transportación de mercancía y comestibles a la isla de una manera confiable. Cinco compañías marítimas ofrecen servicios y conexión con los más importantes puertos nacionales, y un itinerario regular de más de 10 viajes semanales. Pero no todo es color de rosas. La realidad es que las Navieras de Puerto Rico no existen, fracasaron y se vendieron.

El costo de la transportación marítima ha aumentado considerablemente y encarece el costo de la vida en la isla. Las compañías de transporte han reducido el espacio de carga al eliminar barcos de servicio y no aumentar la flota de barcos. Como consecuencia mantienen el alto costo y nos arriesgamos a aumentos continuos. El gobierno de Puerto Rico debe negociar el servicio las tarifas de la carga desde Puerto Rico hacia Estados Unidos para beneficio de Puerto Rico. Es conocido que los barcos normalmente regresan vacíos. La alternativa es solicitarle al Departamento de Justicia Federal que investigue el aumento y la fijación de tarifas bajo las leyes anti-monopolísticas (antitrust).

Especialistas en transportación marítima señalan que sería muy peligroso depender exclusivamente de compañías extranjeras que tienen que viajar grandes distancias para llegar a Puerto Rico. La Isla se convertiría en una parada más en su viaje de múltiples puertos. Barcos extranjeros que vienen llenos del sur hacia Estados Unidos no tendrían cabida para recoger mercancía en Puerto Rico. Depender de la carga aérea paralizaría la exportación de productos industriales y agrícolas.

Es hora de formular un plan integral de transportación de la carga marítima. Las Leyes de Cabotaje que han garantizado un servicio marítimo regular y confiable hasta el presente no son la única y ultima solución. No podemos ignorar la realidad. Depender de un pequeño grupo de compañías que protegidos por la exclusividad han utilizado la franquicia establecer las tarifas que cobran por la carga desde y hacia Puerto Rico unilateralmente. Urge aumentar el número y promover la competencia entre las compañías de transporte marítimo. Es muy arriesgado no contar con la transportación de la cual depende la economía y nuestra subsistencia como pueblo

El Comisionado Pierluisi debe solicitar al Congreso enmendar el “Acta Jones” para que responda a las necesidades del mercado y la economía de la isla sin poner en riesgo la transportación marítima que sostiene la economía. Puede reclamar una exención para el “trasbordo de mercancía hacia el norte” que beneficie a Puerto Rico y el nuevo Puerto de Ponce.

El bienestar de los puertorriqueños merece un debate racional cuando se habla de la transportación de la carga marítima

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Ante la ola de criminalidad, urge implantar un plan comprehensivo de seguridad, corregir el “fenomeno de la ventana rota” y atacar el narcotrafico y el crimen organizado.

Urge plan de seguridad comprehensivo

Publicado en El Nuevo Dia, 01/25/10

Hernán Padilla

Nuevamente, Puerto Rico se convierte en el corredor humanitario americano del Caribe. Mientras el pueblo puertorriqueño se desborda a socorrer al pueblo Haitiano, aquí la violencia y el crimen alcanzan proporciones alarmantes. El 2009 reportó 10,492 actos de violencia y 894 asesinatos. En 24 días de enero, ya van más de 60 asesinatos. En contraste,  en los Estados Unidos los centros urbanos reportan una reducción significativa en los crímenes violentos, agresiones y asesinatos.

Los especialistas reconocen que el desorden en una comunidad, “el fenómeno de ventana rota”, promueve la conducta antisocial y abre las puertas al crimen. Una comunidad con ventanas rotas, vehículos abandonados, propiedades vacantes, y basura en los alrededores ahuyenta los buenos ciudadanos y le ofrece “vía libre” a los criminales. Tomar acción contra los que cometen ofensas y delitos menos grave reduce el crimen. La mayoría de los delincuentes son los mismos que cometen robos, crímenes violentos, asaltos a mano armada y agresiones agravadas.

Ese es el peligroso cuadro que requiere atención urgente en Puerto Rico. Cuando las instituciones y el gobierno no toman las acciones necesarias para detener la tragedia que acosa a la comunidad, los asesinos establecen la ley de la jungla. Impera la violencia. Las víctimas indefensas huyen; miles emigran buscando tranquilidad y seguridad. Otros miembros débiles de la sociedad, no cooperan con las autoridades, se unen o imitan a los que imponen su estilo de vida violenta y se convierten en criminales contra familiares, amigos, vecinos y desconocidos.

Crear las condiciones para darle al puertorriqueño la esperanza de un mejor futuro es responsabilidad de todos. Urge trazar planes a corto y a largo alcance que tomen en consideración todos los factores sociales que promueven la violencia. Me uno al clamor para darle prioridad y buscar solución a los problemas sociales: desempleo, pobreza, drogadicción y educación. Simultáneamente, el narcotráfico y el crimen organizado merecen atención inmediata y decidida.

El narcotráfico es el crimen organizado en acción. El narcotráfico y el crimen organizado, alimentado por la corrupción gubernamental y de ciudadanos privados, merece atención especial para garantizar la vida y los derechos de toda la población. Mientras se  buscan e implantan las soluciones sociales y económicas para devolverle la estabilidad y seguridad a Puerto Rico, urge tomar acción ejecutiva robusta, rápida y proactiva para atacar el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción en todos los niveles de la sociedad. El pueblo no resiste más castigo mortal.

Lamentablemente, el país está polarizado ideológicamente. Las victimas inocentes pertenecen a todas las ideologías y partidos. Las instituciones cívicas y religiosas, los partidos políticos, la prensa y los medios de comunicación tienen que apoyar al gobierno en la guerra abierta al narcotráfico, responsable de muchos de los asesinatos reportados.

Estoy convencido que Luís Fortuño le devolverá el orden y la paz al país, pero el gobierno viene obligado a desplegar una guerra vigorosa y sin cuartel contra los narcos y el crimen organizado. En la misma manera que se respondió rápida e inteligentemente ante el fuego de CAPECO, hay que actuar ante la emergencia mortal de la plaga criminal que azota el país. Hay que imprimir sentido de urgencia. Todas las agencias del gobierno tienen una responsabilidad especial para el éxito de un Plan de Emergencia de Seguridad.

El ciudadano indefenso exige  que el gobierno ponga fin al síndrome de la “ventana rota” de una isla ensangrentada por los cuatro costados. El gobierno tiene la responsabilidad constitucional primordial de garantizar la seguridad a sus ciudadanos. Esa es la principal responsabilidad. Ignorarla nos convierte en cómplices de los que atentan contra la vida, la propiedad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. El fracaso y la inacción no son opciones.

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La Estadidad le dará a PR dos Senadores y siete Congresistas, mientras tanto, será una colonia suplicante, Articulo publicado en El Nuevo Dia, 10 de enero, 2010

La colonia suplicante

Publicada en El Nuevo Dia, lunes 11 de enero, 2010

Hernán Padilla

La reforma de salud en el Senado Federal evidencia la necesidad contundente de Puerto Rico de una auténtica representación tanto en la Cámara de Representantes y como en el Senado Federal. Los 400,000 puertorriqueños que no tienen un seguro de salud, la clase media que vive agobiada por el costo de la vida, los más de 1,500,000 seres que dependen de los beneficios de Medicaid para el (PAM) Programa de Asistencia Medica y la Tarjeta de Salud, y todos los que reciben beneficios de Medicare en la Isla se hubieran beneficiado automáticamente y con mejores beneficios si Puerto Rico fuera un Estado de la Unión.

El resultado de las negociaciones entre legisladores y la fuerza electoral de distintos estados resulta de tanta importancia que si el status colonial del ELA se hubiera resuelto a favor de la estadidad, nuestros dos Senadores en el Senado Federal hubieran logrado extraordinarios beneficios en el proyecto que ahora va a Conferencia entre Cámara y Senado. La “colonia mendicante” es otra. El Comisionado Residente, sin voto en la Cámara, el Gobernador, exgobernadores y múltiples funcionarios públicos, médicos y administradores de la salud claman por “paridad en los fondos federales”. No podemos arrodillarnos a pedir paridad en todos los programas federales cuando el pueblo no se ha expresado para resolver finalmente el problema del status. Las colonias no tienen derecho a exigir paridad, suplican.

Consistente con su historia, los defensores de la colonia y el status quo sugieren que una delegación bipartita vaya a la Capital Federal a suplicar que el Congreso le conceda un mejor trato a Puerto Rico en la Reforma de Salud. Es el mismo síndrome del “mango bajito” y del “dame-dame” que caracteriza el modelo del ELA, la colonia más vetusta del planeta.

Es hora que el pueblo comprenda el valor de una delegación legislativa con el poder de un Estado que tenga más Congresistas y más votos electorales que 23 otros estados de la Unión. Concurro con Luís Dávila Colón: “con una delegación congresional completa y el poder del voto presidencial, Puerto Rico tendría un poderío inmenso en la toma de decisiones nacionales, en la repartición del presupuesto, en la asignación de fondos y programas, en políticas de defensa, y la designación y nominación de funcionarios, jueces, y fiscales, jefes de gabinete, y directores de agencias”.

Dávila Colon tiene razón: “Puerto Rico esta listo y pasado de que haga un reclamo contundente hacia su definición. Puerto Rico es un estado en su condición política, social y geográfica. Pero que “mientras vivamos en el Territorio del ELA, la ciudadanía americana no nos confiere todos los derechos, privilegios e inmunidades que nos corresponderían como ciudadanos americanos residentes de un estado de la Unión”.

La injuriosa condición de colonia nos confiere una ciudadanía hibrida y de segunda clase, una chatarra jurídica-constitucional. Buscar la solución del status no es incompatible con trabajar inteligentemente para sacar a Puerto Rico de la bancarrota moral, social, económica y fiscal en que nos ha sumido el status colonial del ELA desde el 1952. Mientras se prepara el camino a la estadidad, por el bien del ideal y de Puerto Rico, tenemos que administrar bien los pocos recursos de la colonia, defender a los pobres y la clase media, mejorar la educación, levantar la economía, generar empleos, derrotar el crimen, y educar a los puertorriqueños sobre la estadidad federada soberana.

El Gobernador, los funcionarios públicos, los legisladores y líderes políticos estadistas tienen que cumplir con su promesa de hacer un “buen gobierno”. Urge garantizar la seguridad pública, mejorar la economía, y eliminar los gastos superficiales e innecesarios del gobierno. Comiencen prohibiendo los contratos de asesores-políticos y los viajes de funcionarios que no benefician al país.

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Aeropuerto para el progreso; endoso una Alianza para el Aeropuerto Internacional, publoicado en El Nuevo Dia 12/28/09

Aeropuerto para el progreso

Publicado en El Nuevo Dia 12/28/09

Hernán Padilla

Urge tomar acción ejecutiva para incrementar, fortalecer y mejorar la capacidad competitiva de Puerto Rico en el mundo de los negocios y turismo para revitalizar el desarrollo económico y mejorar las oportunidades de empleo y la calidad de vida en Puerto Rico.

Los destinos aéreos que compiten con Puerto Rico en el Caribe tomaron acciones enérgicas para mejorar su atractivo turístico y competitividad económica. Puerto Rico se ha quedado rezagado. La República Dominicana creó Alianzas Público Privadas para desarrollar, operar y mantener seis aeropuertos. En Jamaica, empresas privadas operan el Aeropuerto Internacional en Montego Bay y el Aeropuerto Manley en Kingston. El Aeropuerto Internacional Sanford de Orlando es una Alianza exitosa que brinda muy buenos beneficios para toda la región.

Ahora nos corresponde a nosotros. El Aeropuerto Internacional (LMM) es el aeropuerto internacional más activo en el Caribe y el comercial más grande en Puerto Rico. Recibe más de 4.5 millones pasajeros y 445 millones de toneladas de carga. Lamentablemente, estamos perdiendo terreno aceleradamente. El número de pasajeros se redujo de 5.34 millones en el 2005 a 4.64 en el 2008.  Este dínamo-económico es una mina de oro que requiere una estrategia comercial inteligente para aumentar el tráfico de pasajeros.

El comercio, la industria, el turismo y el pueblo en general clama por mejoras substanciales para que el Aeropuerto Internacional se convierta en un motor enérgico que impulse la economía. Es hora de re-establecer a Puerto Rico como el mejor destino turístico y de negocios del Caribe. Se puede lograr un aumento substancial en el número de líneas aéreas y pasajeros que resulten en la creación de empleos directos e indirectos en transportación pública, servicios, comercio, y turismo.

Se requieren más de $167 millones para la construcción, desarrollo, mejoras y mantenimiento de pistas, conexión de terminales, carreteras de acceso para carga, verjas de seguridad, tanques de agua, las facilidades y servicios a los pasajeros, servicios médicos y seguridad personal. Urge mejorar la eficiencia, aumentar los ingresos y reducir los costos operacionales para alcanzar el potencial que representa el LMM.

Las finanzas de la Autoridad de Puertos están en precario. Refleja una deuda certificada de $759 millones. Los ingresos no son suficientes para pagar los gastos operacionales y el pago de la deuda de $27.2 millones anualmente. Los bonistas clasifican el crédito de la Autoridad como BBB-. Será imposible emitir bonos para las mejoras y obras permanentes que requiere el LMM, aeropuertos y puertos de Puerto Rico. Tiene que  gestionar ingresos adicionales y reducir sustancialmente los ineficientes costos de operación.

Endoso totalmente una Alianza con el sector privado para operar y administrar el Aeropuerto Internacional y delegarle a una empresa privada, con experiencia y recursos, las  funciones para construir, financiar obra permanente necesaria, así como financiar las operaciones y mantenimiento del complejo del LMM. Visualizo un contrato a largo plazo que transfiera los riesgos económicos a la entidad privada y garantice metas específicas predeterminadas, calidad de servicios y satisfacción del usuario. Puerto Rico continuará siendo el único dueño del aeropuerto. El arrendatario se obligaría a realizar un pago substancial inicial para reducir la deuda pública y modernizar todos los aeropuertos.

El primer paso fue lograr que la FAA designara a Puerto Rico como uno de los cinco aeropuertos públicos autorizado para entrar en negociaciones con el sector privado para obtener capital privado para desarrollar y mejorar los aeropuertos. Los próximos pasos son los estudios de viabilidad y conveniencia, la publicación de solicitud y análisis de propuestas, y lograr contrato favorable con todas las garantías necesarias.

La Autoridad de las APP tiene la responsabilidad de estructurar una Alianza, en total transparencia, que convierta el Aeropuerto Internacional en una pista para el progreso de Puerto Rico.

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Inseguridad Ciudadana–Renuncia de Sagardia-Urge nuevo enfoque y plan para prevenir y atacar el crimen y el narcotrafico. Articulo publicado en ENDI el 23 de noviembre sobre el mismo tema

Inseguridad ciudadana

Hernan Padilla

El saldo mortal de asesinatos en el país supera los 750. Aunque hasta el 31 de octubre se cometieron 3,606 delitos tipo I menos que a la misma fecha del 2008, se reportaron 8513 casos de “Violencia”, 746 “Asesinatos y Homicidios”, 2818 “Agresiones Agravadas”.

Advertí, meses atrás, el aumento substancial en la tasa de criminalidad, dado el descalabro económico y la quiebra fiscal del gobierno insular.  Me quedé muy corto en cuanto al número de victimas inocentes cobardemente asesinadas por los narcos y sus cómplices en el lavado de dinero. El crimen, las balaceras, asaltos a mano armada, y narcotráfico son la orden del día en los barrios, urbanizaciones calles y carreteras del país. Los narcos devoran la vida de madres, mujeres, niños, jóvenes y ciudadanos en todos los rincones de Puerto Rico.  Atacan de día, de noche, en lugares públicos y residencias privadas.

La primera obligación de un gobierno civilizado democrático es salvaguardar la vida y propiedad de todos los ciudadanos. Lamentablemente, las fuerzas de la paz y el orden parecen impotente ante la fuerza de los criminales.  La Policía de Puerto Rico, integrada por miles de agentes, con un presupuesto multimillonario, entrenados, con armas largas, equipo moderno, transportación y comunicaciones y una unidad de inteligencia delictiva resulta impotente para derrotar el crimen organizado y los narcotraficantes.

El Superintendente Figueroa, un funcionario probo, incorruptible y de gran competencia técnica policiaca está solo frente al serio problema de los criminales. Brillan por su ausencia el Secretario de Justicia y el equipo de fiscales encargados de ofrecer apoyo y dirección a la policía insular. El Secretario de Justicia, invisible y  mudo desde que juró su cargo, luego de la tragedia de Sabana Seca anuncia su inhibición a participar en la investigación del presunto cabecilla de la masacre por que hace años le defendió de seis cargos de asesinato, por los cuales se declaró culpable y sirvió una condena de solo 6 años de prisión.

El Secretario tiene que renunciar a su cargo. Endoso el comentario público del Presidente del Senado, refiriéndose a su inhibición: “invito al Secretario Sagardía a reflexionar sobre su cargo público”. Existe un claro e insalvable conflicto de interés público. El cargo de Secretario de Justicia no puede ser ocupado por un abogado criminalista que dedicó sus últimos 16 años a defender delincuentes. Un Secretario de Justicia es el principal representante del Pueblo, vía sus fiscales, ante el sistema de justicia penal. El cargo lo debe ocupar un abogado con excelente reputación como enemigo acérrimo de los delincuentes.

El buen gobierno, comprometido a atacar el crimen organizado, los narcotraficantes y los cobardes asesinos que matan “por ver la sangre  correr” requiere un Secretario con amplia experiencia en derecho penal, preferiblemente como fiscal, armado con gran valentía y energía para investigar, arrestar y condenar los narcos y sus colaboradores financieros.

Hacienda, la Policía y Justicia deben tener los recursos legales para perseguir los narcotraficantes, y en particular crear una unidad de inteligencia contra el lavado de dinero “sucio” del narcotráfico. Urge crear una Sub-Secretaria en el Departamento de Justicia  que le de atención exclusiva al crimen organizado; una división de inteligencia “criminal” de primer orden, eficiente y efectiva para darle seguimiento al dinero, de donde viene y a donde termina, y penetrar y destruir el crimen organizado de los narcotraficantes. La inseguridad se puede convertir en ingobernabilidad civil.

Un pueblo unido, hastiado, temeroso y aterrorizado por la matanza callejera cotidiana, reclama a los religiosos, lideres del magisterio, educadores y “lideres culturales” eduquen a la juventud sobre los valores que construyen una buena sociedad;  no caigan presa de los narcotraficantes que le ciega la vida y la tranquilad de los puertorriqueños. El reto es de todos. Juntos, podemos encadenar el crimen.

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Relexiones de moral, justicia y politica, publicado en El Nuuevo Dia, 12/14/09

Reflexiones de moral, justicia y política

Hernán Padilla

El crimen desgarra a Puerto Rico. El reciente asalto a mano armada contra Mudafort Sports en Santurce, a plena luz del día, pone de manifiesto el nivel de inseguridad e impunidad, y destaca la pobre calidad de vida que afecta a todos los ciudadanos. Es una guerra abierta: puertorriqueños contra puertorriqueños. Las víctimas, familiares, y amigos sufren el caos social que se documenta diariamente.

No sorprende que Luís Fraticelli, el Director del FBI en Puerto Rico, señalara recientemente en El Nuevo Día, que “la corrupción es el principal problema social en Puerto Rico”. El FBI investiga cerca de mil casos de actos delictivos: corrupción pública, fraude bancario e hipotecario, fraude a Medicare y las Becas Pell, crímenes violentos y narcotráfico, entre otros.

Corrupción significa depravación moral, soborno o venta de favores políticos, conseguir ventaja ilegitima, secreta y privada y tráfico de influencias. Ahí están los casos de la Junta de Médicos que expidió Licencias violando todas las normas éticas y legales y por los cuales se radicaron múltiples casos criminales en el cuatrienio pasado. Corrupción es cuando se radican cargos falsos por servicios no prestados a Medicare. Es cuando el usuario instala un “pillo” en su casa o negocio para hurtar corriente eléctrica y agua. Son corruptos los comerciantes que bautizan la leche con agua para aumentar sus ganancias; y los funcionarios públicos que se venden por regalos navideños y servicios gratuitos.

Es cuando los fondos públicos se despilfarran y se utilizan contrario a los mejores intereses del pueblo o les conceden privilegios especiales a funcionarios electos y políticos retirados o derrotados. Es cuando se crea una clase gobernante privilegiada, a quienes se les asignan salarios once veces más que el salario promedio en Puerto Rico y le asignan carro y chofer sin que resulten en beneficio directo al pueblo.

La lista de actividad corrupta por funcionarios públicos, políticos, candidatos y empleados de los partidos es muy seria. Entre los actos de corrupción predominan actos de fraude, empleados fantasmas, apropiación ilegal agravada, escándalos por mal uso de fondos públicos locales y federales, contratos para beneficio propio, fraude en la vivienda, subastas ilegales, soborno, obstrucción de la justicia, uso ilegal de bancos telefónicos y facilidades del gobierno para fines partidistas, contratos ilegales para beneficio de un amigo, pariente o donante político, y pedir y aceptar dinero a cambio de favores políticos.

El caso más reciente que genera dudas y desconfianza en el pueblo y que requiere una investigación minuciosa es el de la condonación cuestionable de deudas contributivas millonarias para beneficiar a una refinería de petróleo. Urge crear la Oficina del Inspector General para prevenir la corrupción gubernamental.

La sociedad en general resulta víctima de la corrupción por la privación de los fondos públicos y privados que los corruptos roban impunemente. Peor aún, se pisotean los valores cívicos y cristianos de la sociedad puertorriqueña. La convivencia en Puerto Rico está animada por un “sentido cívico de justicia”. Cuando se actúa contra los valores de justicia, la gente ve y reconoce actos de conducta injusta. La corrupción representa un verdadero peligro social. Facilita el crimen organizado, el lavado de dinero, trafico de drogas y muchos males sociales.

En esta temporada Navideña debemos reflexionar sobre la “injusticia de los corruptos”. Corresponde a todos los funcionarios públicos, políticos, partidos políticos, líderes de instituciones cívicas, asociaciones profesionales, comercio, industria, sindicatos, educadores, sacerdotes y ministros religiosos vivir, practicar y ser ejemplos de honradez, respeto y tolerancia. Urge  enseñar, ética, valores cívicos y un patrón de conducta de hacer lo correcto, de no hacer daño a nadie, ser honrado y cumplir con la ley. No pueden esperar que la sociedad actúe correctamente si no se convierten en verdaderos modelos.

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Receta para reducir el desempleo, publicado en El Nuevo Dia, 11/30/09

La situación económica precaria insular requiere  acción drástica, coordinada, sostenida y creativa para mejorarla, crear riqueza y generar empleos. Los informes oficiales revelan que el desempleo de la fuerza trabajadora fue 15.9% en octubre. Si tomamos en cuenta que la Fuerza de Participación Laboral es menos del 45%, (el porcentaje de las personas hábiles para trabajar que trabajan o están buscando trabajo)  es necesario concluir que la crisis no tolera paños tibios ni cháchara política.

Me uno a la discusión pública sobre la necesidad de crear empleos y mejorar las oportunidades económicas y calidad de vida en la isla. Ha quedado claro que el gobierno no tiene los recursos para emplear la fuerza obrera desempleada. Debe fortalecer al empresario local y ser el timón para estimular el crecimiento de la economía mediante el uso inteligente de una política tributaria. Debe promover que la empresa privada considere a Puerto Rico como un lugar atractivo para invertir recursos y atraer mentes creativas, innovadoras y empresariales. Las Alianzas Publico-Privadas son un instrumento que tiene un gran potencial a largo alcance. Para crear empleos de verdad, hay que reducir las tasas contributivas al máximo y reducir el costo de hacer negocios en Puerto Rico.

Las estrategias para crear riquezas, generar empleos y mejorar la calidad de vida tienen que considerar que Puerto Rico tiene un potencial enorme para producir talento para Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Debe ofrecer a su juventud estudios en los campos de mayor promesa para empleos productivos y bien remunerados, incluyendo el autoempleo, dentro y fuera de la Isla. La educación debe ajustarse a las necesidades de Puerto Rico y no a los criterios subjetivos de los administradores académicos. Los ofrecimientos educativos deben diseñarse de acuerdo a las proyecciones ocupacionales a corto y a largo plazo. De nada vale invertir recursos, tiempo y dinero para que los egresados no encuentren trabajo.

Ante la realidad de que en la isla no se crearán los empleos necesarios para garantizar trabajo a más del 94% de la fuerza trabajadora, urge preparar a la juventud para competir por mejores empleos dentro y fuera de Puerto Rico. Hay que robustecer la enseñanza de inglés, ciencias, tecnología e informática. Es necesario ofrecer a la juventud y a toda la población la educación y la asistencia para encontrar buenos empleos en cualquier lugar.

El Turismo es uno de los sectores que puede generar más empleos. El problema es que los precios de los servicios hoteleros son demasiado altos. No podemos competir con otros destinos turísticos Esta es la dura realidad. El impuesto sobre las habitaciones es un obstáculo negativo para atraer turistas. El gobierno puede incentivar la industria para convertir a Puerto Rico en el mejor destino turístico americano del Caribe.

Felicito ala Legislatura y al Gobernador por la aprobación de los proyectos que le dan vida al medi-turismo, fortalecen el turismo náutico, una nueva ley para el desarrollo turístico, y expanden los incentivos contributivos y económicos para promover el turismo.

Les recomiendo la creación de la zona turística del noreste Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra, establecer una Zona Libre de impuestos en Vieques y Culebra,  y

subsidiar la transportación a los usuarios del servicio de lanchas existentes. Es hora ya de abrir el excelente aeropuerto civil de Roosevelt Roads, sin cobrarle tarifas onerosas a las líneas aéreas para que abran nuevas rutas turísticas.

La crisis del desempleo no es exclusiva para Puerto Rico. Obama convocará a una Cumbre para buscar una solución al problema del desempleo a nivel Nacional. Ahora le toca el turno al gobierno local. Urge convocar una Cumbre o Conversatorio multi-sectorial, con amplia y extensa participación, para buscar soluciones al desempleo de Puerto Rico.

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