Hernan Padilla

Incorporación del Territorio de PR, 20 de noviembre, 2017
Hernán Padilla

Desde el desastre provocado por los huracanes, los medios sociales se han convertido en el instrumento para que innumerables ciudadanos expresen su apoyo para resolver la condición colonial que comenzó en el 1898 y que le niega la igualdad a millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.

Los ciudadanos afectados por la crisis, falta de energía eléctrica, agua, servicios médicos, educación para sus hijos, y otros servicios básicos esenciales, expresan que la falta de igualdad es una condición que surge como resultado de los procesos políticos, legales y económicos que han llevado al pueblo de Puerto Rico a vivir sin disfrutar de todos los derechos, oportunidades y responsabilidades que le corresponden.

Los esfuerzos del Gobernador Rosselló para lograr ayudas federales para rescatar la Isla de una tragedia humanitaria, estabilizar la economía y reconstruir la infraestructura necesaria para promover un desarrollo económico y social sostenible son evidentes.

Rosselló ha informado que el costo proyectado de los daños del huracán es astronómico y solicita ayudas federales por $94,000 millones para la recuperación, estabilización, reconstrucción y modernización de PR, incluyendo $17,000 millones para reconstruir la infraestructura eléctrica, acueductos, carreteras y puentes, y pérdida de producción, entre otros. Así mismo, pidió que PR se incluya en la reforma contributiva federal y “exigió que NO sea tratado como una jurisdicción extranjera”.

En una columna anterior cité segmentos del “Compromiso de Rosselló con PR”, un “modelo para la estabilización de PR y la tan necesaria meta de la Igualdad y la Estadidad”, hasta alcanzar el desarrollo económico sólido y sostenible para fortalecer nuestra economía”, y “propuestas para ayudar a la creación de empleos, desarrollo de industrias y empresas locales y a atraer inversión privada nacional e internacional para lograr el crecimiento y fortalecimiento de nuestra economía”; y así como continuar la lucha para obtener trato igualitario en fondos federales, particularmente Medicare y Medicaid.

Lamentablemente, los residentes en la Isla están sujetos a un sistema político que le niega igualdad. Respaldo la posición de la organización “Igualdad Futuro Seguro” de que “ser un territorio colonial limita las inversiones y el crecimiento económico” y que “no habrá una solución permanente a la crisis económica, ni se logrará progreso, estabilidad y desarrollo económico mientras no se eliminen los impedimentos del estatus actual”

Puerto Rico cumple con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente” para ser admitido en la Unión; las Cortes Federales han extendido a los ciudadanos que residen en PR la mayoría de las “garantías constitucionales” y el Congreso incluye a la Isla en muchos programas federales. Lamentablemente, en 1922 SCOTUS determinó que PR era un “Territorio no Incorporado”, y como consecuencia las limitaciones de nuestra condición colonial impiden la igualdad de derechos y nos niega los poderes políticos necesarios para resolver nuestros problemas económicos y proteger a PR de una crisis causada por un desastre natural.

La incorporación inmediata como transición a la estadidad debe ser un elemento esencial de política pública federal hacia Puerto Rico. En columnas publicadas en el “Orlando Sentinel” y “The Hill”, el Lcdo. José Rodríguez Suárez argumentó que poner fin a la no-incorporación es fundamental para lograr un crecimiento económico sostenible, En otra columna en “The Hill” El Lcdo. Andrés Córdova señaló que la crisis fiscal y problemas económicos de la Isla se deben en gran medida a la “doctrina de no incorporación”.

En los plebiscitos del 2012 y 2017 el pueblo reafirmó que quiere que PR se convierta en Estado de EEUU. El Congreso debe poner fin a la condición de inferioridad política y tratar a PR como un estado o como un territorio en transición a ser estado. La “Comisión para la Igualdad” podría ser un instrumento para convencer al Congreso de que tiene la autoridad constitucional para corregir el disparate judicial del 1922 y que declare a PR un Territorio Incorporado con el derecho a la verdadera igualdad permanente.

La visita de Trump, lunes 9 de octubre, 2017
Ayuda Financiera e Igualdad Titulo en ENDI
Hernán Padilla

En vista de las críticas por la tardía e ineficiente respuesta del gobierno federal ante la crisis en PR, el Presidente Trump se defendió diciendo que “él y su administración han hecho un trabajo extraordinario, grado A+”.

A pesar de que la Isla continúa sufriendo por falta de agua, comida, medicinas, energía, gasolina, tele-comunicaciones, transportación, seguridad, servicios médicos, equipo especializado y fondos que solamente puede proveer el gobierno federal, sus expresiones en la Base Muñiz fueron una ronda de auto-felicitaciones egocéntricas y elogiar a su administración.

Aunque Trump aprobó la declaración de desastre el 21 de septiembre, no fue hasta el lunes 25 que FEMA y el DHS visitaron a PR para evaluar la situación. La administración Trump no planificó para el desastre e ignoró los informes del “Weather Bureau” para prepararse para un huracán Categoría 5.

Trump culpó a PR porque tenía una infraestructura muy vieja y una deuda enorme. La Secretaria de DHS llegó a decir que la situación estaba bajo control y que “PR era una buena historia noticiosa”.
Trump enmendó la declaración de desastre, eximió a PR del pago de pareo para los fondos de FEMA y también emitió una orden temporera de 10 días para eximir a PR de la Ley de Cabotaje. La designación del Lt. Gen. Jeffrey Buchanan para dirigir los complementos militares tardó 9 días. Buchanan reconoció que el DOD no había enviado suficientes tropas ni equipo.

Cuando se intensificaron las críticas por la ineficiencia y el reclamo de más ayuda federal, Trump atacó a PR diciendo que “ellos quieren que se les haga todo, cuando hay empleados federales realizando un trabajo “fantástico e increíble”.

El General Russel Honoré, quien estuvo a cargo de las operaciones militares “después” de Katrina” señaló que “la tardanza en enviar tropas militares a PR era una de las causas principales de la crisis post huracán”. Honoré dijo que “los militares debieron estar en PR desde antes del Huracán, y enfatizó que “Trump aún no ha solicitado un paquete de ayuda crítica para PR”.

El extremo de la insensibilidad de Trump resalta cuando dijo que “la isla tendrá que trabajar su reconstrucción en conjunto con la deuda pública”; y que, “el gobierno de PR tendrá que determinar cómo se financiará y organizará este esfuerzo de reconstrucción”. Contrario a esa lógica, sin consultar con OMB de Casa Blanca y sin mencionar un plan especifico, se despidió diciendo que “tendremos que liquidar la deuda pública de PR”.

POTUS tiene el poder, la autoridad y los recursos para rescatar a PR de la crisis, reconstruir la infraestructura y lograr el desarrollo económico. Ojalá lo haga por el bien de PR y evitar una fuga poblacional masiva hacia los Estados.

Rosselló ha pedido que PR sea tratado igual que a los estados, que somos ciudadanos americanos y que sean flexible con un paquete de ayuda financiera. El gobernador le explicó a Trump que “se requiere asistencia financiera urgente para darle liquidez al gobierno porque no tendrá recursos para pagar los gastos operacionales y empleados del gobierno y que se requieren unos $95,000 millones para la reconstrucción de PR.

Aunque la visita de Trump fue un show publicitario y muchas de sus expresiones fueron huecas e insultantes, confiamos lo haya ilustrado sobre el impacto del desastre y la crisis económica que consume a PR. Urge que someta un “paquete de ayuda financiera” para rescatar a los damnificados, estabilizar y reconstruir a PR, y promover los proyectos críticos para un desarrollo económico. De lo contrario, millones abandonaran la Isla.

Como ciudadanos americanos, reclamamos los derechos constitucionales de libertad de expresión para reclamar un trato justo. Protestaremos enérgicamente si Trump y el Congreso no responden para rescatar a PR. Reafirmo que PR no puede esperar más para resolver el estatus y reclamar la igualdad, derechos, poderes políticos, oportunidades y progreso que disfrutan nuestros conciudadanos a nivel nacional.

lunes, 23 de octubre de 2017
Puerto Rico: presente y futuro
LLa Fundación de la Familia Kaiser realizó una encuesta nacional después de la visita de Trump a Puerto Rico. El 76% conocía que los puertorriqueños son ciudadanos americanos. El 73% tenía conocimiento sobre el impacto del huracán, y de ese total, el 88% “sabía” que los daños eran “muy severos”.

El 62% dijo que el pueblo no está recibiendo la ayuda que necesita, 52% cree que la respuesta ha sido muy lenta, que el gobierno federal no está cumpliendo con su obligación para que se provea agua y electricidad. Un 44% cree que la administración Trump ha hecho menos para responder a la crisis en la isla que lo que hicieron en Texas y Florida.

Por otro lado, el “Bipartisan Policy Center” (BPC) que se enfoca en temas sobre economía, energía, vivienda, transportación y seguridad nacional, publicó un análisis titulado “Puerto Rico and the “Complicated Path to Disaster Recovery” en el que sostiene que el camino a la recuperación será complicado y que podría tomar años debido a la situación fiscal y económica.

El analista Jake Varn enfatiza que el desempleo es más del doble del nivel nacional, casi la mitad de la población vive por debajo de los niveles de pobreza federal, incluyendo al 58% de los niños, el 60% de la población depende de Medicare o Medicaid, el ingreso promedio es $18,000 anualmente (una tercera parte del ingreso promedio nacional) y la deuda pública alcanza $74 billones y las pensiones tienen un déficit de $49 billones.

La Autoridad de Energía Electrica (AEE) está quebrada económica y operacionalmente y ocurren 5 veces más apagones que el promedio en los 50 estados. El pueblo y la economía no toleran más ineficiencia, deterioro y apagones recurrentes que se han convertido en la causa principal de la fuga poblacional. La ayuda federal es crucial para salir de esta crisis y poder dar un paso adelante para substituir la AEE por un modelo tecnológicamente moderno y confiable.

También preocupa la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Un informe del Consejo Nacional de Recursos reveló que el 70% de la población de la isla recibe agua que no cumple con los requisitos federales de salud y los estándares de seguridad. En el 2006, bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, la AAA se declaró culpable de 15 violaciones del “Clean Water Act, fue multada por $9 Millones y se le ordenó hacer mejoras por $119 millones por estar descargando aguas de alcantarilladlo infectadas al Caño Martin Peña. En el 2015, bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, se reportaron 24 violaciones adicionales.

Concurro con Varn en que la deuda pública puede afectar la recuperación, pero manejar la crisis humanitaria requiere prioridad. El rescate, la reconstrucción y desarrollo económico dependerán de la ayuda federal. El BPC considera que los daños del huracán fueron catastróficos. Mientras, el 85% de la comida es importada, los daños a la agricultura se estiman en más de $780 millones; y menos del 1% del 1.6 millones de las casas están cubiertas por el “seguro Nacional sobre inundaciones” (NFIP).

El análisis del BPC demuestra que el Congreso y el Ejecutivo tienen que proveer ayuda federal para la reconstrucción de la infraestructura y modernización de Puerto Rico y para construir, operar y administrar los nuevos sistemas para lograr un desarrollo económico sostenible.

Puerto Rico no reclama un rescate económico. La crisis no es culpa de la isla solo, nuestra nación es responsable de mantenerla en condiciones inferiores a las de los estados. La fragilidad de nuestra economía e infraestructura son evidencia de que el Congreso ha fracasado en su responsabilidad de garantizar a la isla igualdad de derechos, oportunidades y progreso; y promover el desarrollo económico.

Hay que poner fin a la condición de inferioridad política del territorio colonial para devolver la fe y esperanza al pueblo, haciendo posible la incorporación del territorio y comenzar la transición hacia la verdadera igualdad que se logra con la estadidad.