Abren camino al dialogo, lunes 21 de mayo, 2018

Abren camino al dialogo, lunes 21 de mayo, 2018
Hernán Padilla

El informe del General Accountability Office (GAO) ordenado por el Congreso cuando se aprobó la ley PROMESA es un documento de gran importancia en estos momentos cuando se discute el colapso de la economía, la quiebra fiscal del gobierno, una deuda pendiente de $70.000 millones más $50.000 millones en pensiones sin financiación, mas de $1.500 millones vencidos desde agosto del 2015 y el efecto sobre la economía y la capacidad para pagar la deuda tras los huracanes Irma y María. Más aún, Puerto Rico no proporcionó consistentemente estados financieros auditados de los bonos municipales de manera puntual”.

El informe titulado: “Puerto Rico: Factores que Contribuyen a la Crisis de la Deuda y Posibles Medidas del Gobierno Federal para Abordarlos”, resaltó los déficits anuales persistentes, gastos que superan los ingresos, y el uso de préstamos para pagar por los déficits. Entre las principales razones identificaron prácticas inadecuadas de gestión fiscal y pobre supervisión de parte del gobierno, tal como presupuestos inflados, gastos más allá de las asignaciones legislativas, préstamos para equilibrar el presupuesto y no tomar acción para corregir la insuficiencia de fondos para gastos operacionales y los sistemas de retiro, entre otras.

Indica que la ley federal sobre triple exención contributiva a los bonos de PR promueve una gran demanda entre los bonistas y facilita al gobierno financiar los déficits con nuevos préstamos. Para evitar esa situación, el informe sugiere se considere modificar la exención de impuestos a dichos bonos y requerir que los inversionistas que residen fuera de PR estén sujetos a impuestos locales y estatales, pero a la vez reconocen que podría limitar la demanda por bonos para inversiones de capital.
El informe señala que la prolongada contracción económica está relacionada a la pérdida poblacional, migración de la fuerza laboral, fuga de talento, y el alto costo de la importación de mercancías y fuentes de energía.

Esta corta introducción nos lleva a examinar la gestión para acelerar la solución de los conflictos para así estabilizar y modernizar a PR y brindarle un mejor futuro.

La Directora Ejecutiva de la Junta, sostiene que es mejor para PR y los acreedores reestructurar y equilibrar la economía, dejar atrás el Título III de PROMESA y tener lo antes posible con un plan final del proceso de quiebra para evitar los costos legales de 75 demandas judiciales en contra el gobierno y para que PR logre un buen crédito y logre acceso al mercado de bonos.

La Junta informó al Gobernador que el presupuesto sometido por él viola el plan fiscal. La comunicación enfatiza que solo se sometió el presupuesto del Fondo General que representa el 40% del presupuesto consolidado de $21,000 millones y no incluyen referencia a 60% de las operaciones del gobierno. Además expresa que el presupuesto sometido tiene un déficit de $200 millones; no presentó las asignaciones del gobierno para la Administración de Seguros de Salud, las reservas adicionales más allá de la de emergencia de $130 millones en el plan fiscal, ni los fondos para la regionalización de servicios, entre otras.

Complace que el Gobernador Rosselló se reuniera con el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, y los Presidentes del Senado y la Cámara de Representantes para continuar la discusión sobre la situación fiscal de la Isla. Ha convocado una sesión permanente de diálogo y estuvo en conversaciones con varios miembros de la junta y participó en una reunión con la Junta en NY. Como resultado, Jennifer González solicitó a la Junta que no insista en la reforma laboral y recortes a las pensiones.

Según Ramón Rosario, “aquí hay un tranque evidente”. Dialogar es una buena iniciativa. Es necesario conversar y buscar soluciones a las diferencias y evitar confrontaciones legales en la Corte Federal. Resuenan sus palabras: “Tener un tranque y no tener diálogo a quien único termina afectando es a los puertorriqueños”. Me alegra que Rosselló busque acuerdos con la Junta. Solicitó y logró posponer la fecha para entregar un presupuesto enmendado. Abrieron el camino al diálogo. Hay que saberlo caminar.

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Puerto Rico no es Detroit; lunes 7 de mayo, 2018

Puerto Rico no es Detroit; lunes 7 de mayo, 2018
Hernán Padilla
Cada día se complica más la relación entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal. Mientras tanto, se informa que la Ciudad de Detroit acaba de ser liberada de la Junta que supervisaba las finanzas desde el 2013.

Existen diferencias legales, constitucionales y fiscales entre Detroit y el territorio colonial de Puerto Rico. Detroit ha estado bajo supervision federal o estatal desde el 1977. En el 2013, el gobierno estatal nombró la Comisión de Supervision Fiscal Estatal, limitó los poderes de la Legislatura Municipal y Alcalde y logró la reestructuración de la deuda pública de $7 billones. Detroit se acogió al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal y salió de la bancarrota en el 2014.

Cuando la Ciudad sometió tres Auditorias Fiscales certificadas con un presupuesto balanceado, la Comisión Estatal dio por terminada su intervención y la Ciudad recuperó su autonomía fiscal. La Comisión Estatal continuará monitoreando la estabilidad fiscal de la Ciudad por diez años y podría tomar acción si ocurre algún déficit. “Moody’s’” estableció la capacidad crediticia de Detroit como B1 con una proyección positiva. La Ciudad ha creado un fondo para comenzar a pagar las deudas y hacer aportaciones a las pensiones.

En cuanto a Puerto Rico se refiere, todos conocen que cuando la clasificación crediticia del gobierno central, el BGF y las corporaciones públicas fue degradada a chatarra, García Padilla declaró que la deuda era impagable, pero olvidó que el ELA colonial no tiene autoridad legal para solicitar protección bajo el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal. El gobierno fracasó para manejar la crisis fiscal y el Congreso solicitó estados financieros auditados e informes sobre las finanzas de Puerto Rico, su plan para reducir el gigantismo gubernamental, reestructurar las corporaciones públicas, operar con un presupuesto balanceado y reducir sus gastos.

Ante el colapso, el Gobierno de PR solicitó a;l Congreso la protección de la quiebra que obligó al Congreso a aprobar la Ley PROMESA y una junta independiente con poderes y autoridad para supervisar las operaciones del gobierno, reestructurar la deuda y ayudar a que la isla tenga acceso al mercado de bonos. La Junta no es una agencia federal, pero tiene autoridad para aprobar y certificar los planes fiscales y los presupuestos sometidos por el gobernador y la Legislatura.

Al comenzar las discrepancias entre el gobierno de PR y la Junta, la Juez Laura Taylor Swain intervino y decidió que la Junta no tenía autoridad para nombrar un síndico en la AEE. Basado en esa decisión, el Gobernador sostuvo que la Junta no tiene poder sobre el gobierno y que la administración pública se mantiene bajo el gobierno electo.

Detroit es una ciudad con una población menor que la de Puerto Rico, un territorio colonial que aspira a ser estado. Ambos han sido afectados por el desplome de la economía y la quiebra fiscal de su gobierno. Detroit está sujeto a una Junta de Supervisión Fiscal Estatal y en Puerto Rico a la Junta Fiscal fue creada por el Congreso.

Detroit se sometió al proceso, hoy celebra que ha salido de la quiebra y tiene un futuro prometedor. Puerto Rico apenas comienza el proceso, aún no se ha reestructurado la deuda y se cuestionan los poderes de la Junta que tendrán que definirse en la Corte federal,

Ramón Ponte, Presidente del Colegio de Contadores Públicos, sostiene que se critican las medidas de austeridad como si fueran opcionales e ignoramos la raíz del problema. Por años, nuestros gobiernos gastaron por encima de nuestros ingresos, tomaron prestado para cubrir los déficits. Los recortes de gastos son consecuencia de la falta de recursos y de acceso a los mercados de capital. No podemos gastar lo que no tenemos. Las obligaciones con bonistas y pensionados son enormes.

Concurro con Ponte: “Las reformas estructurales que el gobierno impulsa son necesarias. Enfoquemos la discusión en mejorar las propuestas. Tenemos que transformar el gobierno”. Por Puerto Rico, urge reestructurar, acordar, presupuestar, reservar fondos y comenzar a pagar las deudas negociadas.

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LAS CONDICIONES PARA LEVANTARNOS, LUNES 23 DE ABRIL, 2018

Las condiciones para levantarnos
Reitero mi reclamo: “urge mayor comunicación y negociación formal e informal entre el Gobierno, la Junta y el Congreso. En entrevista para El Nuevo Día, la Comisionada Residente dijo que “ésta pelea del gobernador, la Junta Fiscal, y la capital federal lo que puede hacer es alejar la obtención de fondos, las relaciones federales, el que siga fluyendo el dinero a Puerto Rica y cómo se desembolsa”.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) insiste en recortes adicionales, el gobierno se opone a las recomendaciones y la Legislatura no aprobará las reducciones. La JSF implica que la jueza Taylor Swain tendrá que resolver el impasse.

El gobernador Ricardo Rosselló dijo que el proyecto de presupuesto para el 2018-19 no se había radicado porque la JSF no había certificado los planes fiscales del Gobierno, las autoridades de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Energía Eléctrica (AEE), Carreteras y Transportación (ACT), así como de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Corporación de Supervisión y Seguros de Cooperativas (COSSEC) con las asignaciones y datos necesarios.

El gobierno central necesita la colaboración de la JSF, el gobierno federal, el Congreso y hasta de la Jueza Taylor Swain para disponer de fondos especiales. La polémica terminará en el Tribunal Federal. Aún está pendiente la trasferencia de fondos del Tesoro Federal para el préstamo aprobado por el Congreso por unos $4.85 billones para mantener los servicios esenciales. Para tener acceso a ese préstamo, el Secretario del Tesoro requiere que el Fondo General tenga menos de $1.1 billones en caja, y que el préstamo esté garantizado por los ingresos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).

Rosselló radicó el proyecto para un nuevo modelo contributivo para incentivar el trabajo y promover desarrollo económico. Su propuesta es abarcadora y cubre los beneficios y las estrategias para lograr los ahorros e ingresos necesarios. La medida requiere discusión, vistas públicas, insumo de economistas y recomendaciones de la Junta para que sea cónsona con la planificación económica. Es una pieza con gran potencial para levantar a Puerto Rico del precipicio fiscal y el marasmo económico.

La reforma busca bajar el IVU y las tasas contributivas a los individuos y corporaciones, así como conceder un crédito por trabajo entre otras medidas que tendrán un impacto beneficioso en su primer año. Se reducen las contribuciones unos $451 millones; y alrededor de $849 millones anuales, comenzando en 2023.

Las medidas beneficiarán a los contribuyentes individuales, los negocios y pequeñas empresas. Para lograrlo, se necesitan nuevos ingresos y ahorros para sustituir las reducciones contributivas. Rosselló propone ahorros en incentivos de industrias que no producen, frenar la evasión contributiva y la validación de gastos reclamados como deducciones.

Mientras, las pensiones de los retirados continúan como tema de contención entre la JFS y el gobierno. El Gobernador reafirma la política pública de pagarle el 100% de la pensión a los retirados. La reforma aumentará la exención anual sobre ingresos de los pensionados de $15,000 actualmente a $25,000, pero la JSF pide más recortes. Aun así, no se han presentado estudios actuariales y auditorías certificadas.

Queda sin discutir un plan poblacional integral para detener la pérdida de miles de ciudadanos que se van a los estados en busca de una mejor calidad de vida. Por suerte, la infusión de fondos federales provee grandes oportunidades para rescatar la economía. Ya se ha reportado un alza en el ingreso personal y un 20% en la venta de autos.

Las reformas contributiva y educativa, así como un nuevo código de incentivos pueden ser clave para impulsar el desarrollo económico esencial para salir de la crisis fiscal. Pero, una situación complicada que todavía no se ha resuelto es la restructuración de la deuda pública, los acuerdos con los acreedores y cuánto del presupuesto se va a destinar para pagar la deuda.

El proceso requiere buena fe, confianza, credibilidad y compromiso de todas las partes. Mientras no se recupere la credibilidad y se abra el acceso al capital no podremos volver a ser la vitrina de Estados Unidos en el Caribe. Falta mucho por hacer, pero hay motivos para sentir confianza en un mejor futuro, siempre y cuando se resuelva el fracaso de la AEE.

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Levantarnos requiere credibilidad y compromiso. Lunes 23 abril, 2018

Levantarnos requiere credibilidad y compromiso. Lunes 23 abril, 2018
Hernán Padilla

Reitero mi reclamo: “urge mayor comunicación y negociación formal e informal entre el Gobierno, la Junta y el Congreso. En entrevista para El Nuevo Día, la Comisionada Residente dijo que “ésta pelea del gobernador, la Junta Fiscal, y la capital federal lo que puede hacer es alejar la obtención de fondos, las relaciones federales, el que siga fluyendo el dinero a PR y cómo se desembolsa”.

La junta insiste en recortes adicionales, el gobierno se opone a las recomendaciones de la Junta y la Legislatura no aprobará las reducciones. La Junta implica que la Jueza Swain tendrá que resolver el impase.
El gobernador Rosselló informó que el proyecto de presupuesto para el 2018-19 no se había radicado porque la Junta no había certificado los planes fiscales del Gobierno, AAA, AEE, UPR, Carreteras y Transportación y COSSEC con las asignaciones y datos necesarios.

El gobierno central necesita la colaboración de la Junta, del gobierno federal, el Congreso y hasta de la Juez Swain para disponer de fondos especiales. La controversia terminará en el Tribunal federal. Aún está pendiente la trasferencia de fondos del Tesoro federal para el préstamo aprobado por el Congreso por unos 4.85 billones para mantener los servicios esenciales. Para tener acceso a ese préstamo, el Secretario del Tesoro requiere que el Fondo General tenga menos de $1.1 billones en caja, y que el préstamo esté garantizado por los ingresos de COFINA.

Rosselló radico el proyecto para un nuevo modelo contributivo para incentivar el trabajo y promover desarrollo económico. Su propuesta es comprehensiva y cubre los beneficios y las estrategias para lograr los ahorros e ingresos necesarios. El anteproyecto requiere discusión, vistas públicas, insumo de economistas y recomendaciones de la Junta Fiscal para que sea cónsona con la planificación global de la economía. Me impresiona como una pieza con gran potencial de levantar a PR del precipicio fiscal y el marasmo económico.

La reforma busca bajar el IVU y las tasas contributivas a los individuos y corporaciones, así como conceder un crédito por trabajo entre otras medidas que tendrán un impacto beneficioso en su primer año. Se reducen las contribuciones unos $451 millones; y alrededor de $849 millones anuales comenzando en 2023.

Las medidas beneficiarán a los contribuyentes individuales, los negocios y las pequeñas empresas. Para lograrlo, se necesitan nuevos ingresos y ahorros para substituir las reducciones contributivas. Rosselló propone ahorros en incentivos de industrias que no producen, así como evitar la evasión del pago de contribuciones y la validación de gastos reclamados como deducciones.

Las pensiones de los retirados continúan como un tema de contención entre la Junta y el gobierno. El Gobernador reafirma la política pública de pagarle el 100% de la pensión a los retirados, La reforma aumentará la exención anual sobre ingresos de los pensionados de $15,000 actualmente a $25,000, pero la Junta pide más recortes. Aun así no se han presentado estudios actuariales y auditorías certificadas
Queda sin discutir un plan poblacional integral para detener la pérdida de miles de ciudadanos que se van a los estados en busca de una mejor calidad de vida. Por suerte, la infusión de fondos federales provee grandes oportunidades para rescatar la economía. Ya se ha reportado un aumento en el ingreso personal y un 20 % en la venta de automóviles.
La reforma escolar, la reforma contributiva y el nuevo código de incentivos pueden ser clave para impulsar el desarrollo económico tan esencial para recuperar y salir de la crisis fiscal. Una situación complicada que aun no se ha resuelto es la restructuración de la deuda pública, los acuerdos con los acreedores y cuánto del presupuesto se va a destinar para pagar la deuda.
Este proceso requiere buena fe, confianza, credibilidad y compromiso de todas las partes. Mientras no se recupere la credibilidad y se abra el acceso al mercado de capital no podremos volver a ser la vitrina de EEUU en el Caribe. Falta mucho por hacer, pero hay motivos para sentir confianza en un mejor futuro, siempre y cuando se resuelva el fracaso de la AEE.

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Una confrontación peligrosa

lunes, 9 de abril de 2018
Una confrontación peligrosa
En junio de 2015 advertí que Puerto Rico presentaba un cuadro económico tétrico: la economía colapsada, desempleo sobre 12.4%, tasa de participación laboral bajo el 40%, desmedida fuga poblacional, índice de pobreza sobre 45%, una alta dependencia de aportaciones federales, déficits presupuestarios crónicos, una deuda pública de $73 billones, sistemas de retiro con deudas actuariales proyectadas de más de $34 billones y la Autoridad de Energía Eléctrica a punto de quiebra. El estatus territorial ha colapsado.

Cuando la clasificación crediticia del gobierno central, el Banco Gubernamental de Fomento y las corporaciones públicas fue degradada, el exgobernador Alejandro García Padilla reaccionó irresponsablemente con el “me vale”; y cuando el senador Orrin Hatch solicitó estados financieros auditados e informes sobre las finanzas de Puerto Rico, García Padilla contestó que a él nadie le establecía un “ultimátum”, seguido por la expresión separatista de que “Puerto Rico es un país latinoamericano, no somos parte de ustedes y tenemos su ciudadanía por conveniencia”.

Ante el fracaso del Partido Popular para manejar la crisis fiscal, el Congreso exigió que presentaran estados financieros auditados y que explicaran su plan para reducir el gigantismo gubernamental, reestructurar las corporaciones públicas, operar con un presupuesto balanceado, controlar y reducir los gastos del gobierno.

El colapso del territorio colonial obligó al Congreso a aprobar la Ley “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (Promesa)” y una junta independiente con poderes y autoridad para supervisar las operaciones del gobierno insular, reestructurar la deuda y ayudar a que la isla tenga acceso al mercado de bonos bajo condiciones razonables.

Promesa estableció que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no es una agencia del gobierno federal. Tiene autoridad para aprobar y certificar los planes fiscales y los presupuestos sometidos por el gobernador y la Legislatura. La Junta existirá hasta que se cumplan los requisitos según la Ley Promesa. En cuanto a los sistemas de retiro, si los sistemas no tienen los recursos, la Junta ordenará estudios actuariales de las obligaciones financieras, fondos disponibles e ingresos proyectados y puede tomar las acciones necesarias para garantizar pagos por 30 años.

El gobernador Ricardo Rosselló ha trabajado con la JSF y el gobierno federal para atender la crisis fiscal y el desastre causado por los huracanes Irma y María. La sección 205 de Promesa reconoce que el gobierno establce la “política pública” y la Junta “hace recomendaciones fiscales y financieras” al gobernador y la Legislatura, para promover estabilidad financiera, crecimiento económico, responsabilidad administrativa, o eficiencia del gobierno.

Rosselló rechazó los planes de la JSF, sus recomendaciones limitando derechos laborales, eliminando el bono de Navidad, no garantizando el aumento del salario mínimo a $8.25, reduciendo la jornada laboral y la aportación patronal al plan médico, entre otras. Tampoco apoyará la recomendación para recortar las pensiones de los retirados y acusó a la Junta de pedir más sacrificios mientras reclaman un aumento para su presupuesto. Aun así, por requerimiento de la Junta, tendrá que someter enmiendas a los planes fiscales revisados del gobierno central, las autoridades de Acueductos y Alcantarillados, Energía Eléctrica, Carreteras y Transportación, así como de la Universidad de Puerto Rico.

El congresista Rob Bishop confrontó y acusó a la Junta de no haber administrado bien las finanzas públicas de Puerto Rico y por falta de interés para lograr acuerdos con los bonistas para reestructurar la deuda. Bishop llegó al extremo de decir que la Junta representaba a los bonistas. Rosselló le contestó al senador. “No permitiremos que usted o la Junta dicten una política pública. Ese es el papel exclusivo del gobierno elegido”, dijo el gobernador.

La confrontación entre el gobierno, la Junta y el Congreso es preocupante. Esto pinta mal. Parece necesario solicitar auxilio de la Corte. De hecho, Rosselló considera solicitar al tribunal que obligue a la Junta a presentar un plan de ajuste de deudas. Urge mayor comunicación y negociación formal e informal entre el Gobierno, la Junta, y el Congreso —incluyendo a nuestra comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Están en juego la economía de Puerto Rico, la ayuda para reconstruir la isla después del huracán, el desarrollo económico, resolver el futuro político y lograr la igualdad, que solo se obtiene con la estadidad.

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Una buena reforma educativa, lunes 26 de marzo, 2018

Una buena Reforma educativa, lunes 26 de marzo
Hernán Padilla
Durante las pasadas décadas hemos perdido cientos de miles de ciudadanos. Se han ido en busca de mejor calidad de vida, oportunidades de empleo, seguridad e indiscutiblemente una mejor educación para los niños, jóvenes y adultos. Como consecu

El Gobernador sometió y la Legislatura aprobó el proyecto de reforma educativa. La “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” deroga “la Ley 149-1999, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”, establece una nueva política pública que designa al estudiante como su centro y eje principal.

Según la exposición de Motivos, el Departamento de Educación tiene el deber y la obligación de promulgar la excelencia en la calidad de enseñanza que se imparta en cada una de las escuelas del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico; pero a pesar de que el presupuesto del Departamento es mayor al de cualquier otra agencia, sus resultados no están a la altura de otras jurisdicciones.

La nueva Ley crea las Oficinas Regionales Educativas, consolida las regiones educativas y los distritos escolares en una sola estructura para lograr mayores eficiencias para descentralizar los servicios, reducir costos y establecer sistemas efectivos de evaluación y rendición de cuentas. Delega mayores facultades y responsabilidades a los Superintendentes Regionales y Directores para atender los asuntos académicos, administrativos y evaluar sus ejecutorias mediante rendición de cuentas continuas.

Actualmente Puerto Rico es la única jurisdicción de la Nación que no ha establecido el modelo LEA (Local Education Agencies) a nivel regional que le permite beneficiarse de los fondos federales asignados para agencias educativas locales.

La Ley establece las Escuelas Alianza (Charter Schools), que existen en 44 estados y Washington DC, con participación de las comunidades y para darles acceso a un mayor ofrecimiento académico a los estudiantes a través de entidades especializadas sin fines de lucro, Entidades Educativas Certificadas que brinden enseñanza a los estudiantes de educación especial, universidades y municipios. La UHS de la UPR y la School of San Juan son ejemplos para emularse.

Las Escuelas Alianza serán públicas, gratuitas, no sectarias, libres de cualquier tipo de discrimen, una alternativa a las escuelas públicas tradicionales que ofrecerán más oportunidades educativas, incluyendo fomentar el bilingüismo (español e inglés) en su enseñanza y priorizar en una educación enfocada en la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Las Escuelas y Entidades Certificadas que administren las Escuelas estarán sujetas y deben cumplir con los mismos estándares de evaluación y rendición de cuentas del Departamento que el resto de las escuelas públicas de Puerto Rico. Estas operarán con fondos estatales asignados mediante una fórmula por cada estudiante inscrito.

Hay personas que sin leer ni estudiar las 182 páginas del proyecto expresan dudas sobre los derechos y protección que la Ley de la reforma le garantiza a los maestros y empleados. La misma protege sus derechos y permite que puedan escoger entre una escuela pública o una Escuela Alianza. Se garantiza su plaza, posición y salario por dos años si quiere regresar a su posición en el Departamento de Educación. Se le protege el derecho a retiro y pueden continuar cotizando mientras trabajen en una escuela Alianza.

Me satisface que múltiples líderes educativos a nivel nacional respaldan la reforma educativa. Las dos uniones nacionales de maestros, NEA y FTA endosan las escuelas Alianzas (Charters). Dan Domenech, Director Ejecutivo de la Asociación Americana de Administradores de Escuelas y Nina Resse, presidenta/CEO de la Alianza Nacional de Charters apoyan la Escuelas Alianzas para PR.

Concurro con el ex Vice Presidente del Senado, Orlando Parga, quien sostiene que el proyecto aprobado es resultado de madurez y sabiduría y que finalmente PR tiene encaminada una necesaria reforma educativa. Felicito al Gobernador, la Secretaria Julia Keleher, los Presidentes del Senado y la Cámara y la Legislatura por el proyecto basado en principios educativos y administrativos modernos que hoy es la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico.

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Honor a Baltasar Corrada del Rio, martes 13 de marzo, 2018

Honor a Baltasar Corrada del Río
Hernán Padilla
La muerte del amigo Baltasar Corrada del Río ha dejado un gran vacío en el ánimo de los que tuvimos el honor y el privilegio de conocerlo. Que se puede decir cuando uno se refiere a la partida de una persona admirada por muchos, respetada por todos, y quien deja una estela de logros en beneficio del pueblo puertorriqueño. Ninguna expresión puede ser suficiente.

En su biografía se destaca que se graduó de leyes de la UPR y en 1969 fue nombrado miembro de la Comisión de la Comisión de Derechos Civiles de PR. En 1976, el PNP lo nominó y fue electo Comisionado Residente, Carlos Romero Barceló fue electo Gobernador y yo tuve el honor y el privilegio de ser electo Alcalde de San Juan.

Corrada fue Comisionado hasta el 1984 y lucho para extender y mejorar los programas federales de salud a Puerto Rico. Siempre fue un fiel defensor de la Estadidad para Puerto Rico.

Para mí, fue un motivo de satisfacción entregarle las riendas del Municipio de San Juan a Baltasar Corrada en enero del 1985. Durante ese cuatrienio fue electo Presidente del PNP y aspiró al cargo de gobernador en 1988. Baltasar tuvo la cortesía de visitarnos en nuestro hogar en Maryland y luego invitarme a que regresara al PNP y que diera un mensaje especial a la Asamblea de Delegados. Fue un verdadero placer endosarlo públicamente como candidato a gobernador. Lamentablemente, el pueblo cometió un grave error al no elegirlo.

Fue Secretario de Estado durante la administración de Pedro Rosselló. En el 1995 fue elevado al Tribunal Supremo de Puerto Rico como Juez Asociado donde fue muy querido, respetado y admirado por todos. Lo visité a él y a Beatriz en su residencia de Fort Meyer, Florida. Ese intercambio fortaleció mi opinión del amigo entrañable, siempre caballeroso, amable, respetuoso, correcto, y quien me confió sus opiniones sobre la lucha por la estadidad y la política en general.

Le digo adiós, al amigo Baltasar, abogado, defensor de los derechos civiles, congresista-comisionado, al alcalde de San Juan, al Secretario de Estado, al Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y al luchador por la Estadidad. Su vida ha sido una inspiración para muchos de nosotros. En su práctica como abogado así como en los importantes puestos como alcalde, Comisionado Residente, Secretario de Estado y Juez Asociado del Tribunal Supremo, siempre prestó servicios de excelencia y nunca fue objeto de otra cosa que no fuera respeto y reconocimiento a su dedicación, sensibilidad, inteligencia y honestidad.

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Solución a la crisis de energía, lunes 26 de febrero, 2018

lunes, 26 de febrero de 2018
Solución a la crisis de energía
Hernán Padilla
Los problemas y la crisis fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) siguen dominando la atención del país. La AEE está quebrada económica y operacionalmente, sin crédito y sin credibilidad entre los bonistas, ni acceso al mercado de valores. No está capacitada para resolver la crisis de energía que afecta todos los sectores. Se considera necesario transformar el sistema de generación de energía eléctrica en uno moderno, eficiente y menos costoso.

Se dijo que “si la AEE no recibía una inyección de dinero urgentemente comenzaría a reducir su capacidad de generación próximamente, y se quedaría sin fondos para el 2 de marzo”. La crisis era tan grave que consideraron suspender empleados, interrumpir operaciones de plantas, y hasta racionar el servicio.

Los huracanes destruyeron la infraestructura, ya deteriorada por falta de mantenimiento y modernización. La AEE no tiene recursos para los gastos operacionales, incluyendo comprar gas o petróleo para generar energía consistentemente. La AEE informó que apenas tenían combustible para solo una semana en algunas centrales y para tres semanas en otras.

La jueza Laura Swain rechazó la petición inicial de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para un préstamo de $1,000 millones para la AEE y ante la falta de liquidez para seguir funcionando redujo la petición a $300 millones y aceptaron las condiciones para que fuera aprobado por Swain, incluyendo intereses fijos al 5%.

Las vistas trajeron a la discusión pública que el fondo de inversiones Solus y Scotiabank, que financiaron fondos para comprar petróleo apoyaron el préstamo, pero no así otro grupo de bonistas. Los fondos fueron limitados en cuanto a su uso, pero la AEE podría comprar energía a AES y Eco Eléctrica y combustible a Fenosa, Puma y Freepoint. No podrá usarlos para pagar abogados y horas extras de empleados. La AEE incurrirá en gastos de $25.8 millones por abogados y asesores para el Titulo III y se proyecta que pagará $24.5 millones por horas extras a sus empleados por las próximas 13 semanas. Tendrá que usar sus propios recursos.

Para justificar el préstamo de $1 billon, el Gobernador sostuvo que “estamos en una situación precaria y que la información presentada era cierta y correcta”. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la JSF enfatizaron que era necesario para proveer electricidad. Presentaron un plan de contingencia y acciones preventivas, reducir las reservas de energía y ahorrar combustible. Dicho plan obligaba a reducir las reservas de unos 450 megavatios a 300 megavatios. De hecho, apagaron las turbinas de Mayagüez y Palo Seco que usan combustible más caro y podían ahorrar $9 millones mensuales. Sin embargo, aseguraron que el plan no incluía apagones selectivos.

Por otro lado, Rosselló hizo múltiples gestiones para lograr que el Tesoro desembolsara el préstamo aprobado porel Congreso de unos $4,700 millones para mejorar la liquidez del gobierno y que proveyera fondos para la AEE. El Tesoro, mientras, ha establecido condiciones estrictas para enviar los fondos.

Ante la crisis fiscal, Puerto Rico y la AEE dependen de fondos federales. Hasta ahora, FEMA ha autorizado $252 millones para la restauración del servicio eléctrico, ha pagado $1,428 millones en reembolsos y pagos a contratistas de USACE que llevan a cabo la restauración del sistema eléctrico. Además, asignará $13,000 millones para este año fiscal para la reconstrucción del país, incluyendo el financiamiento del sistema eléctrico. También está el Community Disaster Loan Program y fondos de CDBG que aportaran fondos para la restauración.

En resumen, vivimos una situación muy difícil respecto al servicio de energía, cuyo costo, inconsistencia y deterioro obstaculiza el desarrollo económico del país. El préstamo de $300 millones es una luz temporera de esperanza. “The Bond Buyer” dice que necesitarán otro préstamo en un mes. Urge completar el proceso de privatización y/o Alianzas Público Privadas del servicio eléctrico. De otra suerte, estaremos destinados a un pobre desarrollo y unas condiciones de vida lamentables.

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SOMOS NACIONALES AMERICANOS, 2 DE MARZO, 2018

SOMOS NACIONALES AMERICANOS

Hernán Padilla
El 2 de marzo se conmemora el aniversario de la ciudadanía, un momento histórico que sentó las bases para que Puerto Rico se fuera integrando a la cultura constitucional, legal, social, política y económica americana. Se cumplen 101 años desde que el Acta Jones de 1917 le otorgó la ciudadanía a los puertorriqueños.

El Acta de Naturalización de 1941 garantizó que las personas que nacen en una jurisdicción subordinada serían ciudadanos de Estados Unidos. La Ley del Gobernador Electo de 1947 expandió el alcance de la Constitución a los puertorriqueños y estableció que los derechos, privilegios e inmunidades se respetarían en este territorio hasta el mismo grado que si fuese un estado.

En 1952 ratificamos en la Constitución de Puerto Rico “nuestra unión con Estados Unidos”…“Consideramos factores en nuestra vida la Ciudadanía de Estados Unidos y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático y disfrute de sus derechos y prerrogativas”. La ciudadanía establece que somos nacionales americanos y que nuestra nación jurídica y política es Estados Unidos.

La ciudadanía es parte de nuestro perfil y define al puertorriqueño del siglo 21. Las leyes y programas federales que nos tratan como estado, la designación del Tribunal de Distrito federal bajo el Artículo III de la Constitución federal, la presencia de agencias federales en la isla, y la integración de la cultura puertorriqueña a la cultura nacional son parte del diario vivir.

No nos conformamos con una ciudadanía americana a medias, aspiramos a un futuro mejor. Como ciudadanos americanos reclamamos la plena participación en el gobierno federal; igualdad en los derechos civiles; la estabilidad política-económica; el desarrollo socio-económico y los beneficios y responsabilidades iguales al resto de la nación.

A pesar de los logros como ciudadanos, los residentes en la Isla están sujetos a un sistema político que le niega igualdad, incluyendo no poder votar por el presidente y elegir representación congresional.

Puerto Rico nunca ha sido, no es y no será una nación independiente de los EEUU. Hay quienes quieren hacer creer que la Isla es un “país” diferente a EEUU. La Academia Real Española sostiene que “un país es una nación”. Un país es una comunidad social soberana e independiente políticamente. Puerto Rico no es un país, es un territorio colonial bajo los poderes del Congreso.

Cuando un territorio no puede resolver su estatus político y disfrutar de todos los derechos y beneficios de la ciudadanía que los cobija, es una colonia, aunque la llamen ELA. Somos una colonia que no disfruta de los mismos derechos, beneficios y responsabilidades de nuestros conciudadanos en los 50 estados.
A raíz del impacto de los huracanes, aunque nos han extendido asistencias y el Congreso incluye a la Isla en programas federales bajo asignaciones especiales para los territorios, las limitaciones de nuestra condición colonial impiden que se nos apliquen iguales derechos y beneficios. Por no ser un estado, no disfrutamos de los programas federales; en condición de igualdad, que benefician a los 50 estados. La acción del Tesoro federal de reducir el préstamo y no autorizar los fondos resalta la ausencia de igualdad y poderes políticos.

Si Puerto Rico opta por la independencia o la libre asociación, los que nazcan en la nueva nación no serán ciudadanos americanos. Los puertorriqueños somos ciudadanos americanos de nacimiento y nuestra ciudadanía individual es irrevocable por un cambio de estatus, pero solo la Estadidad le garantiza la ciudadanía americana a las futuras generaciones y solo con la estadidad se puede vivir y disfrutar plenamente la ciudadanía americana en Puerto Rico.

Es imperativo resolver el estatus político para adquirir las prerrogativas que nos brindaría la Estadidad para enfrentar los problemas fiscales y operacionales que menoscaban los servicios a nuestro pueblo. La Estadidad es la única opción para lograr todos los derechos constitucionales, incluyendo representación congresional y voto presidencial, aplicación de todas las leyes aprobadas por el Congreso en condición de igualdad y eliminar el discrimen que sufren los ciudadanos en PR.

La celebración de otro aniversario es a la vez un reclamo para que el Congreso acelere el proceso para convertir a PR en un Estado de la Unión.

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Palabras del Patriarca, reproducción de columna del 2015

Palabras del Patriarca, lunes 17 de agosto, 2015, ENDI
Hernán Padilla

De cara a la crisis que estrangula al Partido Popular y el profundo conflicto interno que les impide articular una definición coherente de estatus, conviene revisitar las posturas de su patriarca, Don Luis Muñoz Marín, para beneficio de aquellos que rechazan la nación americana y están dispuestos a arriesgar la ciudadanía imponiendo una república asociada disfrazada “ELA soberano”.

Es por lo que aquí expongo, que García Padilla rehúsa definir el estatus, reconociendo en el fondo que un ELA soberano no territorial ni colonial, reteniendo la ciudadanía americana y la participación en programas y fondos federales, NO es constitucional y constituye una forma de independencia
El libro del Lcdo. Gregorio Igartúa, “Muñoz el Americano”, es una valiosa fuente de hechos históricos que confirman el compromiso “federalista” de Muñoz, que no daba cabida a la independencia y mantenía viable la Estadidad como destino final.

Don Luis, en carta abierta al Gobernador Beverly se jactó de ser un “independista radical”, no obstante según Igartúa, “antes de ser gobernador abandonó su postura independentista”. De hecho, en 1955 admitió que “El pueblo de PR ha votado contra el separatismo, repetidas veces y en forma contundente”.

Los populares que rechazan a EEUU como nuestra Nación, saben que nuestra Constitución comprometió legalmente a los ciudadanos americanos residentes en PR a una relación “federalista” con EEUU. El Pueblo ratificó ese compromiso en el Preámbulo….“dentro nuestra unión con los Estados Unidos”, estableciendo: “Que consideramos factores en nuestra vida la Ciudadanía de Estados Unidos y enriquecer nuestro acervo democrático y disfrute de sus derechos y prerrogativas; la lealtad a los postulados de la Constitución Federal; y la convivencia en PR de las dos grandes culturas.”

Aunque Muñoz predicaba que había creado un “estado” nuevo, artificiosamente llamado ELA, se ha demostrado a la saciedad que nuestra Constitución NO cambió el estatus territorial y que desde que se nos concedió la ciudadanía americana nos hemos ido integrando más a la Unión Americana.

Igartúa señala que “el Congreso autorizó la Constitución para que rigiera los asuntos internos de PR y plasmó una “relación federalista” al igual a la de los estados” donde aplica la Clausula de Supremacía de la Constitución federal.

Ese cambio abrió las puertas a la Estadidad cuando Muñoz aceptó que Puerto Rico “puede llegar a la conclusión de que pudiendo pagar las contribuciones al tesoro federal, su pueblo quiera que se convierta en un estado federado de la Unión Americana”. Además, se acercó más a la Estadidad al integrarse a la política nacional en 1959, respaldando junto al PPD el voto presidencial para PR en vistas congresionales, y apoyando la participación de los puertorriqueños en las primarias de los partidos nacionales.

En su discurso de clausura de la Constituyente, Muñoz explicó que “como ciudadano de los Estados Unidos, si me dan a escoger entre que los EEUU estén formados por estados federados o estados confederados, yo daría mi voto por estados federados lo mismo que ahora”. Repitió que “El desarrollo del futuro dentro de la Unión Americana puede ser hacia que Puerto Rico pase a ser un estado más de la Unión Federal igual que los demás estados…”

En cuanto a la ciudadanía americana, dijo sin ambigüedades: “Yo no creo que estemos cobijados por la ciudadanía americana; yo creo que nosotros contenemos dentro de nosotros mismos la ciudadanía americana.” “No se puede ser pro-americano, yo concibo aquí en PR que nosotros somos americanos.” “Como todos los buenos ciudadanos, nosotros enriquecemos la ciudadanía de los EEUU, además de llevarla por dentro con orgullo y de enriquecernos con los valores de esa gran ciudadanía.”

Finalizó su discurso como un gran americano: “Qué Dios bendiga al Pueblo de Puerto Rico; Que Dios ilumine al Pueblo de la Unión Americana cuya ciudadanía contenemos en nuestro espíritu”.
¡Palabras del Patriarca!

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