Crisis, Plan Fiscal y estatus, lunes 12 de febrero, 2018

Crisis, Planes Fiscales y Estatus
Hernán Padilla
Para analizar la crisis económica y fiscal de Puerto Rico, debemos recordar que en enero del 2017 existía un “déficit de $7,600 millones, un gobierno en quiebra, sin crédito ni acceso al mercado de bonos. Esta situación obligó al Congreso a aprobar la Ley PROMESA y nombrar la Junta de Supervision Fiscal, que rechazó el Plan sometido por García Padilla en el 2016. En contraste Rosselló sometió un Plan fiscal en marzo del 2017 y mantuvo al gobierno operando.

PR depende de fondos federales para salud, viviendas, reconstrucción y modernización de la infraestructura y los servicios que requieren miles de familias por el impacto de los huracanes. Para promover el desarrollo económico, Rosselló propone una reforma contributiva sin imponer nuevos impuestos que incentive el trabajo y mejorare la economía.

El nuevo Plan Fiscal de cinco años contempla reformas para revitalizar la economía. Proyecta recibir $35,000 millones de FEMA, sin incluir préstamos, fondos federales suplementarios y fondos de Medicaid. Considera reducir las contribuciones a individuos y corporaciones; reducir el IVU a comidas preparadas; e invertir $400 millones anuales para mantenimiento y desarrollo de infraestructura, Alianzas Público Privadas y proyectos críticos.
Para salir de la crisis fiscal, será necesario ahorrar más de $3,000 millones cada año hasta el 2022. Para lograrlo, Rosselló propone reducir gastos en Educación, Corrección y el Departamento de Salud, crear un Nuevo Modelo de Mi Salud, transformar y consolidar agencias, centralizar compras en el gobierno, reducir incentivos contributivos y hacer más eficiente el cobro de impuestos.
Por otro lado, los inversionistas critican que este Plan Fiscal no asigne fondos para la deuda, cerrar la brecha de credibilidad y abrir las puertas al mercado de préstamos; y que no se haya hecho una auditoria certificada desde el 2014. Otros lamentan que no se ha progresado en la “restructuración de la deuda pública de $73 billones y $50 billones de las obligaciones de los sistemas de retiro”.

La JSF notificó a Rosselló que reconoce que se han realizado revisiones sustanciales respecto al Plan Fiscal del 2017 para la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico, pero que los planes del gobierno, AEE y AAA requieren cambios y aclaraciones antes de ser certificados. Los objetivos de la JSF son: “lograr el balance fiscal y reanudar el acceso a los mercados de capital; y cambiar las tendencias económicas que caracterizaron la economía de Puerto Rico antes de los huracanes”.
La JSF pide datos sobre los fondos federales recibidos y comprometidos para atender las necesidades post huracanes; información que valide las proyecciones de ingreso; fondos necesarios para mantener los activos del gobierno; una reserva de fondos de entre $650 y $1300 millones; y un plan de inversión de capital y que identifique los fondos para las inversiones.

En cuanto a la AEE, Rosselló propone “la privatización de la generación de energía eléctrica, y negociar una concesión a termino fijo de la transmisión y distribución con una entidad privada que sirva con eficiencia, consistencia y energía más barata.

La JSF respalda la privatización, insiste en un regulador independiente, pide un plan fiscal sostenible de 5 años, infraestructura más resistente, reducir costos, y generar energía más barata, limpia y confiable. Sobre la AAA, la JSF considera que proyectaba una reducción de ingresos pero sin una reducción de gastos operacionales equivalentes, que resultaría en un déficit operacional.
Ante la crisis, no se puede ignorar que Rosselló enfatizó que “la relación colonial es la causa fundamental de la crisis económica y fiscal y que es importante conseguir igualdad bajo la estadidad para un desarrollo económico a largo plazo”.
Rosselló y el Gobernador Cuomo pidieron a los puertorriqueños reclamar un trato igual para PR y que el Congreso apruebe los fondos para la recuperación. Cuenten conmigo. Reclamaré a los candidatos su compromiso para rescatar, reconstruir y modernizar la Isla, respaldar un trato igual que a los estados, resolver el estatus de PR y comprometerse con la estadidad.

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Privatización AEE, un proyecto complejo, 29 de enero, 2018

Privatización AEE, un proyecto complejo, 29 de enero, 2018
Hernán Padilla

Llego el momento para tomar acción con la AEE. Concurro con el Gobernador en que es necesario “transformar el sistema de generación de energía eléctrica en uno moderno, eficiente y menos costoso”, pero debe ser más que la parte de
Generación Eléctrica.

En un mensaje especial, Rosselló explicó que la AEE tiene un modelo de generación de electricidad más caro, basado en petróleo y que no tiene la capacidad ni el crédito para lograr los recursos para transformarse y promover el desarrollo económico. La AEE está quebrada económica y operacionalmente, sin crédito y sin credibilidad entre los bonistas, quienes expresaron dudas de una venta parcial.

Los dos huracanes destruyeron la infraestructura deteriorada por falta de mantenimiento y modernización, para generar, conducir y proveer energía eléctrica a todo Puerto Rico. La AEE no tiene recursos para obras importantes como la construcción un terminal flotante de gas natural para la central Aguirre y el soterrado eléctrico para el Centro Médico de Río Piedras, entre otras.

En PR ocurren 5 veces más apagones que el promedio en los estados. El pueblo y la economía no toleran más ineficiencia, deterioro y apagones recurrentes. Economistas, industriales, comerciantes, inversionistas y desarrolladores reconocen q el costo de energía eléctrica y la inconsistencia del servicio de la AEE obstaculiza el desarrollo económico de PR, encarece nuestras vidas y provoca fuga poblacional que lleva al cierre fuentes de empleos que conduce a más pérdida poblacional.

La conclusión es inescapable. El monopolio gubernamental y la estructura organizativa y operacional de la AEE, burocratizado por nombramientos políticos, y su pobre situación financiera lo incapacitaron para resolver la crisis de energía. La AEE fracasó hace tiempo y depende de ayudas gubernamentales (local y federal) para la reconstrucción y modernización.

Respaldo la propuesta de Rosselló para privatizar el “sistema de generación”, pero debe recibir el insumo de todos los sectores de la sociedad y la economía puertorriqueña para que sea un éxito y cumpla con el objetivo. El proceso requiere tiempo y conlleva legislar para definir el marco legal y los objetivos, especificar las partes a privatizarse, y otros detalles esenciales antes de convocar a empresas con el conocimiento, experiencia, interés, recursos y garantías para transformar el sistema.

Por mi experiencia en la Junta de Directores de las APP (2009-2012), puedo asegurar que se requieren múltiples etapas y consultas para el cierre de un proyecto de esta naturaleza. Entre muchos, hay que implementar un proceso para evaluación técnica, económica y financiera, y los términos para el contrato.

Aunque es críticamente necesario rescatar el sistema de retiro, tengo dudas de que se puedan asignar parte de los fondos que genere la venta de los activos de la AEE para otro propósito ajeno. Creo que ese componente del plan necesitará un análisis legal especializado. Al momento, no existe información sobre el valor de los activos de la AEE ni del resultado del proceso de quiebra de la misma. El Plan Fiscal de cinco años no incluye fondos para pagar la deuda. El uso de los ingresos de la venta podría depender de la Corte de Quiebras.

En el plan de venta, también falta informar qué agencia, corporación pública o entidad privada tendría la responsabilidad sobre las líneas de transmisión y la venta de energía a todos los clientes. Alguien debe ser responsable de la operación, mantenimiento, restauración, reconstrucción del sistema de transmisión cuando se concluya la venta de los activos de generación de electricidad. También se requiere un agente regulador independiente que supervise la calidad y el costo de los servicios a todos los usuarios.

El futuro de la AEE y PR depende del éxito del plan del Gobernador. Aunque limitado a privatizar la generación de energía eléctrica, merece darle participación a todos los sectores especializados relacionados para que aporten a la discusión y que la legislación final tenga el respaldo de la mayoría. Un proyecto tan complejo y de tantas repercusiones requiere compartir información y absoluta transparencia.

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Vivienda, energía, reconstrucción y estatus, lunes 15 de enero, 2018

Vivienda, energía, reconstrucción y estatus
Hernán Padilla

Puerto Rico ha sufrido grandes azotes desde el comienzo del siglo 21. La depresión económica oficialmente comenzó en el 2006. La crisis fiscal que afecta la capacidad del gobierno, las corporaciones públicas y los municipios para prestar servicios, mejorar la infraestructura y modernizar la Isla lleva casi dos décadas. En este momento no es necesario repasar las razones del desastre gerencial y político. Es tiempo de respaldar todas las gestiones que se hacen para reparar, reconstruir y modernizar a Puerto Rico para beneficio de todos los residentes en la Isla.

En un artículo en El Nuevo Día, Fernando Gil, Secretario de la Vivienda, trae a la discusión pública datos, planes y necesidad de recursos para comenzar a reparar cerca de 300,000 residencias, reconstruir 75,000 hogares y construir 70,000 unidades de vivienda nuevas. No podemos ignorar que estas obras dependen totalmente de asignación de fondos federales, pero que bajo el ELA-colonial PR no tiene poderes políticos para exigir un trato igual que a los Estados.

En adición, la ayuda para 75,000 casas bajo el programa “Tu Hogar Renace” requeriría $1,500 millones. También, se requieren $25 millones de programas federales para otorgar títulos de propiedad a 48,000 viviendas en terrenos invadidos pero con permiso de usufructuarios. La crisis es de tal magnitud que, de los $95,000 millones solicitados por el Gobernador Rosselló al Congreso, se incluyeron $31,068 millones para vivienda, el mayor proyecto de vivienda parta FEMA en toda su historia.

En ese paquete de $95 millones, Rosselló también solicita $17,789 millones para reconstruir y modernizar el sistema de la AEE para generar y distribuir energía. El impacto de los huracanes se sumó a la crisis fiscal de la AEE que tiene una deuda de más de $9,000 millones, está en quiebra, sin crédito y sin credibilidad entre los bonistas desde el 2014.

La AEE también depende de los fondos federales solicitados por el Gobernador para proceder con varias obras importantes como: la construcción del Aguirre Offshore GasPort, un terminal flotante de gas natural para la central Aguirre; proyectos de infraestructura, soterrado eléctrico para el Centro Médico de Río Piedras y las grandes zonas residenciales; micro-redes de energía con paneles solares en áreas remotas y de difícil acceso y otras.

Es lamentable que personas sin respeto al sufrimiento de miles de familias que no tienen energía eléctrica, ataquen a los que han venido a reparar el sistema eléctrico y piden que abandonen el trabajo que están realizando. Contrario a los que predican posturas de rechazo, nuestra actitud debe ser darles la bienvenida a ellos y también a todos los que se quieran mudar a Puerto Rico para ayudarnos a salir del abismo.

Es un hecho de que la Isla pierde población aceleradamente. Llegó el momento para que el Gobierno y la Legislatura atiendan la pérdida poblacional como una prioridad para el desarrollo económico. Hay cerca de 300,000 unidades de viviendas vacías, un gran número abandonadas y muchas en “foreclosure” (en ejecución). El ciclo de ese desplazamiento poblacional crónico y acelerado lleva al cierre fuentes de empleos, como negocios, comercios, escuelas y otros, que conduce a más pérdida poblacional.

Repito mi llamado anterior: “Urge a designar una agencia líder para dirigir el esfuerzo, comenzando con un estudio comprensivo y detallado de las causas del desplazamiento poblacional y que presenten un plan específico para repoblar la Isla, incluyendo medidas para resolver la condición política que arrastra la economía”.

En múltiples columnas he señalado que los Grupos de Trabajo de Casa Blanca han enfatizado que el estatus arrastra la economía de Puerto Rico. La incertidumbre sobre nuestro futuro político ha paralizado el flujo de inversiones, al punto que la inversión directa privada real decreció por 70.3% entre el 2004 y el 2012.

Con más razón y más fuerza reclamo que se resuelva el estatus político. Celebro que Gobernador y la Comisionada Residente hayan intensificado la lucha por la igualdad que solo se logrará como un Estado de la Unión Americana.

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Reforma tributaria y estatus, lunes 18 de diciembre, 2017

Crisis fiscal, reforma tributaria y estatus, lunes 18 de diciembre, 2017
Hernán Padilla

El desastre de María y la propuesta reforma tributaria federal han hecho evidente el desgaste del modelo económico del “ela” y su incapacidad para logar un crecimiento económico rápido y sostenido que conduzca a la convergencia con la economía nacional.

En el debate sobre enmiendas necesarias a los proyectos de reforma sobresale “tratar las “Controlled Foreign Corporation ( CFC) en PR como domesticas (igual que en los estados) pero con un trato preferencial por ser PR un territorio no incorporado”. Los defensores de esa postura advierten que la reforma tributaria como esta haría daño a PR; y que el gobierno de PR perdería $2,000 millones del ingreso del 4% de las contribuciones que pagan las empresas multinacionales, que representa como 40% de la economía local.

El propósito de la reforma federal era bajar de 32% a 20% las contribuciones federales sobre las ganancias generadas en EEUU, incluyendo las empresas domésticas en PR. El Lcdo. Andrés Córdova, considera que la postura de la Asociación de Industriales sobre la reforma tributaria federal era un asunto “eminentemente económico”, para “evitar pagar contribuciones federales al momento de repatriar sus ganancias”, manteniendo el estatus territorial-colonial”.

El Gobernador Rosselló y los líderes legislativos solicitaron al Congreso “eliminar a PR de la reforma contributiva federal que impone un arbitrio de 20% aplicable a los productos manufacturados por las CFCs que son comprados por sus matrices en EEUU y de 12.5% sobre los activos intangibles utilizados por las CFCs que operan desde PR, porque “no somos un estado con representación política y participación igualitaria en programas federales”. En adición, Jennifer González propuso “fijar una tasa contributiva federal de 5% para las CFCs durante un período de transición de diez años, cuando serían consideradas domésticas”.

Córdova enfatiza que la condición de territorio no-incorporado que niega el trato constitucional uniforme a PR “se articuló para atender asuntos tarifarios y tributarios impuestos a productos de PR que se exportaban al continente”.

También sostiene que la crisis fiscal y económica de PR se deben en gran medida a la “doctrina de no-incorporación” que afecta la estabilidad y crecimiento de la economía.
El economista Jaime Benson considera que el grupo “Frente por PR” abogaba por enmendar la legislación para que se le eximiera a las CFCs del arancel de 20% al exportar sus bienes al continente y de los otros impuestos (10% sobre las ganancias, 12.5% sobre los intangibles y 14% sobre las ganancias obligatoriamente repatriadas), reconociendo explícitamente que NO somos una jurisdicción foránea sino americana.

Para complicar más la situación, el Comité de Conferencias decidió sacar a PR de la legislación de la reforma y se proponen atender los reclamos de PR en un proyecto separado. A pesar de que PR reclamaba una tasa permanente más baja para las CFCs frente a otras jurisdicciones del exterior, se descartó darle ventaja sobre otras jurisdicciones, y también descartaron “extender por 5 años el reembolso del arbitrio federal al ron importado”.

Desde la post-guerra, las ayudas de los programas federales alcanzaron cifras multimillonarias, pero las limitaciones coloniales del ELA y ser un territorio no-incorporado impiden que PR alcance el progreso económico logrado por los estados.

El desastre del huracán, fuga poblacional, pérdida de empleos, crisis económica y la bancarrota fiscal del gobierno obligan a nuestro pueblo a enfrentar una severa crisis existencial. La Reforma Tributaria hace evidente que la incertidumbre sobre nuestro futuro político constituye un gran obstáculo para el desarrollo económico de PR. El Congreso tiene la obligación de acelerar la solución del estatus de PR e implementar un plan para la transición hacia la Estadidad.

La reforma federal no debe ser un obstáculo para que los ciudadanos americanos residentes en PR sean tratados como a nuestros conciudadanos en los estados. Por el contrario, el Congreso debe facilitar la integración de PR a nuestra nación, y garantizar las mismas condiciones, poderes políticos y derechos para alcanzar verdadera igualdad y un desarrollo económico sostenible.

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URGE DETENER PERDIDA POBLACIONAL, Lunes 4 de diciembre de 2017

URGE DETENER PERDIDA POBLACIONAL, Lunes 4 de diciembre de 2017
Hernán Padilla
En estos momentos de crisis, no podemos ignorar que cientos de miles de residentes abandonan la isla y se mudan a los 50 Estados. La desesperanza los obliga a buscar seguridad económica y mejor calidad de vida.
Un factor determinante que provoca la fuga poblacional es la desigualdad económica. Según el censo federal del 2010, el ingreso familiar promedio en Puerto Rico era $19,183, mientras que el ingreso promedio familiar más bajo en los estados era de $37,479, más del 50% de los municipios y 48% de la población vivía bajo los niveles de pobreza.
Según Pew Research del 1981-2000 la migración neta fue 12,000 personas anuales, mientras que entre 2013 y 2016 se fueron a los 50 estados 65,000 personas anualmente, los investigadores Meléndez e Hinojosa proyectan una pérdida adicional de 470,000 del 2017 al 2019.
Urge que el gobierno y la Legislatura presenten planes concretos para detener el espiral poblacional y atraer nueva población. Desde mucho antes de María, la crisis fiscal y económica impulsaba una continua pérdida poblacional.
Entre los años 1940-60, el Gobierno de Puerto Rico promovió la migración de cerca de un millón de personas como mecanismo de control poblacional, incluyendo el Programa de Migrantes del 1948 para emplear puertorriqueños en faenas agrícolas en el continente. En la década del 2000, unos 297,750 abandonaron la Isla en busca de empleo.
Concurro con el economista Gustavo Vélez: “La fuga poblacional tiene un alto costo social y económico” y “el impacto sobre el sector de la vivienda es devastador”. Por ejemplo, perder 83,000 personas equivale a 26,900 unidades de vivienda que no se venden o se alquilan, afectando los dueños, la construcción y la economía. Entre los años 2000 y 2010 aproximadamente 576,000 se fueron de PR, lo que representa una pérdida de ingresos potenciales de unos $3 Billones. Según el Censo 2010 había en Puerto Rico 262,000 viviendas vacías, situación que se empeora después del huracán. Ese espiral se repite en todos los sectores de PR.
El DTRH informó de que después del huracán solo había 940,000 personas empleadas, y que la tasa de participación laboral cayó a 38.6%. El Profesor Jaime Benson expresó que la contracción económica de una década complicada por decisiones equívocas y la falta de transparencia durante la administración de AGP llevaron a Puerto Rico a la insolvencia.
Varios economistas consideran que las pérdidas causadas por el huracán podrían alcanzar más de $115 billones, sin contar pérdidas en los negocios, proyectan otra contracción en la economía. El impacto inmediato del huracán ha causado cierre de negocios, pérdida de empleos, y acelera la fuga poblacional. Por eso, las gestiones de Ricardo Rosselló y Jennifer González para lograr ayuda federal para la recuperación, reconstrucción y modernización de PR son crucial y críticas.
Benson enfatiza que la falta de poderes e incertidumbre sobre nuestro futuro político debido a la condición territorial/colonial ha paralizado el flujo de inversiones, al punto que la inversión directa privada real decreció por 70.3% entre el 2004 y el 2012.
En resumen, el movimiento poblacional obedece a la búsqueda de seguridad, progreso y plenas garantías constitucionales. Los puertorriqueños que se van rechazan la inferioridad, desempleo y desesperanza y buscan la igualdad de derechos y oportunidades que les corresponde como ciudadanos americanos.
Ante la crisis causada por el huracán, el desplome económico, la condición territorial/colonial y el desplazamiento poblacional, urge tomar acción para detener la pérdida y atraer nueva población. El ciclo de ese desplazamiento poblacional crónico y acelerado lleva al cierre fuentes de empleos, como negocios, comercios, escuelas y otros, que conduce a más pérdida poblacional.
Exhorto al Gobernador y a los líderes legislativos a designar una agencia líder para dirigir el esfuerzo, comenzando con un estudio comprensivo y detallado de las causas del desplazamiento y que presenten un plan específico para repoblar la Isla, incluyendo medidas para resolver la condición política que arrastra la economía.

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A Incorporar a Puerto Rico, 20 de noviembre, 2017

Incorporación del Territorio de PR, 20 de noviembre, 2017
Hernán Padilla

Desde el desastre provocado por los huracanes, los medios sociales se han convertido en el instrumento para que innumerables ciudadanos expresen su apoyo para resolver la condición colonial que comenzó en el 1898 y que le niega la igualdad a millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.

Los ciudadanos afectados por la crisis, falta de energía eléctrica, agua, servicios médicos, educación para sus hijos, y otros servicios básicos esenciales, expresan que la falta de igualdad es una condición que surge como resultado de los procesos políticos, legales y económicos que han llevado al pueblo de Puerto Rico a vivir sin disfrutar de todos los derechos, oportunidades y responsabilidades que le corresponden.

Los esfuerzos del Gobernador Rosselló para lograr ayudas federales para rescatar la Isla de una tragedia humanitaria, estabilizar la economía y reconstruir la infraestructura necesaria para promover un desarrollo económico y social sostenible son evidentes.

Rosselló ha informado que el costo proyectado de los daños del huracán es astronómico y solicita ayudas federales por $94,000 millones para la recuperación, estabilización, reconstrucción y modernización de PR, incluyendo $17,000 millones para reconstruir la infraestructura eléctrica, acueductos, carreteras y puentes, y pérdida de producción, entre otros. Así mismo, pidió que PR se incluya en la reforma contributiva federal y “exigió que NO sea tratado como una jurisdicción extranjera”.

En una columna anterior cité segmentos del “Compromiso de Rosselló con PR”, un “modelo para la estabilización de PR y la tan necesaria meta de la Igualdad y la Estadidad”, hasta alcanzar el desarrollo económico sólido y sostenible para fortalecer nuestra economía”, y “propuestas para ayudar a la creación de empleos, desarrollo de industrias y empresas locales y a atraer inversión privada nacional e internacional para lograr el crecimiento y fortalecimiento de nuestra economía”; y así como continuar la lucha para obtener trato igualitario en fondos federales, particularmente Medicare y Medicaid.

Lamentablemente, los residentes en la Isla están sujetos a un sistema político que le niega igualdad. Respaldo la posición de la organización “Igualdad Futuro Seguro” de que “ser un territorio colonial limita las inversiones y el crecimiento económico” y que “no habrá una solución permanente a la crisis económica, ni se logrará progreso, estabilidad y desarrollo económico mientras no se eliminen los impedimentos del estatus actual”

Puerto Rico cumple con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente” para ser admitido en la Unión; las Cortes Federales han extendido a los ciudadanos que residen en PR la mayoría de las “garantías constitucionales” y el Congreso incluye a la Isla en muchos programas federales. Lamentablemente, en 1922 SCOTUS determinó que PR era un “Territorio no Incorporado”, y como consecuencia las limitaciones de nuestra condición colonial impiden la igualdad de derechos y nos niega los poderes políticos necesarios para resolver nuestros problemas económicos y proteger a PR de una crisis causada por un desastre natural.

La incorporación inmediata como transición a la estadidad debe ser un elemento esencial de política pública federal hacia Puerto Rico. En columnas publicadas en el “Orlando Sentinel” y “The Hill”, el Lcdo. José Rodríguez Suárez argumentó que poner fin a la no-incorporación es fundamental para lograr un crecimiento económico sostenible, En otra columna en “The Hill” El Lcdo. Andrés Córdova señaló que la crisis fiscal y problemas económicos de la Isla se deben en gran medida a la “doctrina de no incorporación”.

En los plebiscitos del 2012 y 2017 el pueblo reafirmó que quiere que PR se convierta en Estado de EEUU. El Congreso debe poner fin a la condición de inferioridad política y tratar a PR como un estado o como un territorio en transición a ser estado. La “Comisión para la Igualdad” podría ser un instrumento para convencer al Congreso de que tiene la autoridad constitucional para corregir el disparate judicial del 1922 y que declare a PR un Territorio Incorporado con el derecho a la verdadera igualdad permanente.

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Ayuda Financiera e Igualdad Titulo en ENDI, Lunes 9 de octubre, 2017

La visita de Trump, lunes 9 de octubre, 2017
Ayuda Financiera e Igualdad Titulo en ENDI
Hernán Padilla

En vista de las críticas por la tardía e ineficiente respuesta del gobierno federal ante la crisis en PR, el Presidente Trump se defendió diciendo que “él y su administración han hecho un trabajo extraordinario, grado A+”.

A pesar de que la Isla continúa sufriendo por falta de agua, comida, medicinas, energía, gasolina, tele-comunicaciones, transportación, seguridad, servicios médicos, equipo especializado y fondos que solamente puede proveer el gobierno federal, sus expresiones en la Base Muñiz fueron una ronda de auto-felicitaciones egocéntricas y elogiar a su administración.

Aunque Trump aprobó la declaración de desastre el 21 de septiembre, no fue hasta el lunes 25 que FEMA y el DHS visitaron a PR para evaluar la situación. La administración Trump no planificó para el desastre e ignoró los informes del “Weather Bureau” para prepararse para un huracán Categoría 5.

Trump culpó a PR porque tenía una infraestructura muy vieja y una deuda enorme. La Secretaria de DHS llegó a decir que la situación estaba bajo control y que “PR era una buena historia noticiosa”.
Trump enmendó la declaración de desastre, eximió a PR del pago de pareo para los fondos de FEMA y también emitió una orden temporera de 10 días para eximir a PR de la Ley de Cabotaje. La designación del Lt. Gen. Jeffrey Buchanan para dirigir los complementos militares tardó 9 días. Buchanan reconoció que el DOD no había enviado suficientes tropas ni equipo.

Cuando se intensificaron las críticas por la ineficiencia y el reclamo de más ayuda federal, Trump atacó a PR diciendo que “ellos quieren que se les haga todo, cuando hay empleados federales realizando un trabajo “fantástico e increíble”.

El General Russel Honoré, quien estuvo a cargo de las operaciones militares “después” de Katrina” señaló que “la tardanza en enviar tropas militares a PR era una de las causas principales de la crisis post huracán”. Honoré dijo que “los militares debieron estar en PR desde antes del Huracán, y enfatizó que “Trump aún no ha solicitado un paquete de ayuda crítica para PR”.

El extremo de la insensibilidad de Trump resalta cuando dijo que “la isla tendrá que trabajar su reconstrucción en conjunto con la deuda pública”; y que, “el gobierno de PR tendrá que determinar cómo se financiará y organizará este esfuerzo de reconstrucción”. Contrario a esa lógica, sin consultar con OMB de Casa Blanca y sin mencionar un plan especifico, se despidió diciendo que “tendremos que liquidar la deuda pública de PR”.

POTUS tiene el poder, la autoridad y los recursos para rescatar a PR de la crisis, reconstruir la infraestructura y lograr el desarrollo económico. Ojalá lo haga por el bien de PR y evitar una fuga poblacional masiva hacia los Estados.

Rosselló ha pedido que PR sea tratado igual que a los estados, que somos ciudadanos americanos y que sean flexible con un paquete de ayuda financiera. El gobernador le explicó a Trump que “se requiere asistencia financiera urgente para darle liquidez al gobierno porque no tendrá recursos para pagar los gastos operacionales y empleados del gobierno y que se requieren unos $95,000 millones para la reconstrucción de PR.

Aunque la visita de Trump fue un show publicitario y muchas de sus expresiones fueron huecas e insultantes, confiamos lo haya ilustrado sobre el impacto del desastre y la crisis económica que consume a PR. Urge que someta un “paquete de ayuda financiera” para rescatar a los damnificados, estabilizar y reconstruir a PR, y promover los proyectos críticos para un desarrollo económico. De lo contrario, millones abandonaran la Isla.

Como ciudadanos americanos, reclamamos los derechos constitucionales de libertad de expresión para reclamar un trato justo. Protestaremos enérgicamente si Trump y el Congreso no responden para rescatar a PR. Reafirmo que PR no puede esperar más para resolver el estatus y reclamar la igualdad, derechos, poderes políticos, oportunidades y progreso que disfrutan nuestros conciudadanos a nivel nacional.

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Puerto Rico: presente y futuro; lunes 23 de octubre

lunes, 23 de octubre de 2017
Puerto Rico: presente y futuro
LLa Fundación de la Familia Kaiser realizó una encuesta nacional después de la visita de Trump a Puerto Rico. El 76% conocía que los puertorriqueños son ciudadanos americanos. El 73% tenía conocimiento sobre el impacto del huracán, y de ese total, el 88% “sabía” que los daños eran “muy severos”.

El 62% dijo que el pueblo no está recibiendo la ayuda que necesita, 52% cree que la respuesta ha sido muy lenta, que el gobierno federal no está cumpliendo con su obligación para que se provea agua y electricidad. Un 44% cree que la administración Trump ha hecho menos para responder a la crisis en la isla que lo que hicieron en Texas y Florida.

Por otro lado, el “Bipartisan Policy Center” (BPC) que se enfoca en temas sobre economía, energía, vivienda, transportación y seguridad nacional, publicó un análisis titulado “Puerto Rico and the “Complicated Path to Disaster Recovery” en el que sostiene que el camino a la recuperación será complicado y que podría tomar años debido a la situación fiscal y económica.

El analista Jake Varn enfatiza que el desempleo es más del doble del nivel nacional, casi la mitad de la población vive por debajo de los niveles de pobreza federal, incluyendo al 58% de los niños, el 60% de la población depende de Medicare o Medicaid, el ingreso promedio es $18,000 anualmente (una tercera parte del ingreso promedio nacional) y la deuda pública alcanza $74 billones y las pensiones tienen un déficit de $49 billones.

La Autoridad de Energía Electrica (AEE) está quebrada económica y operacionalmente y ocurren 5 veces más apagones que el promedio en los 50 estados. El pueblo y la economía no toleran más ineficiencia, deterioro y apagones recurrentes que se han convertido en la causa principal de la fuga poblacional. La ayuda federal es crucial para salir de esta crisis y poder dar un paso adelante para substituir la AEE por un modelo tecnológicamente moderno y confiable.

También preocupa la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Un informe del Consejo Nacional de Recursos reveló que el 70% de la población de la isla recibe agua que no cumple con los requisitos federales de salud y los estándares de seguridad. En el 2006, bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, la AAA se declaró culpable de 15 violaciones del “Clean Water Act, fue multada por $9 Millones y se le ordenó hacer mejoras por $119 millones por estar descargando aguas de alcantarilladlo infectadas al Caño Martin Peña. En el 2015, bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, se reportaron 24 violaciones adicionales.

Concurro con Varn en que la deuda pública puede afectar la recuperación, pero manejar la crisis humanitaria requiere prioridad. El rescate, la reconstrucción y desarrollo económico dependerán de la ayuda federal. El BPC considera que los daños del huracán fueron catastróficos. Mientras, el 85% de la comida es importada, los daños a la agricultura se estiman en más de $780 millones; y menos del 1% del 1.6 millones de las casas están cubiertas por el “seguro Nacional sobre inundaciones” (NFIP).

El análisis del BPC demuestra que el Congreso y el Ejecutivo tienen que proveer ayuda federal para la reconstrucción de la infraestructura y modernización de Puerto Rico y para construir, operar y administrar los nuevos sistemas para lograr un desarrollo económico sostenible.

Puerto Rico no reclama un rescate económico. La crisis no es culpa de la isla solo, nuestra nación es responsable de mantenerla en condiciones inferiores a las de los estados. La fragilidad de nuestra economía e infraestructura son evidencia de que el Congreso ha fracasado en su responsabilidad de garantizar a la isla igualdad de derechos, oportunidades y progreso; y promover el desarrollo económico.

Hay que poner fin a la condición de inferioridad política del territorio colonial para devolver la fe y esperanza al pueblo, haciendo posible la incorporación del territorio y comenzar la transición hacia la verdadera igualdad que se logra con la estadidad.

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PR requiere agente fiscalizador, 1 de septiembre, 2017

PR requiere agente fiscalizador independiente, 11 de septiembre, 2017
Hernán Padilla

PR carecía de una estructura gubernamental legal independiente con responsabilidad para fiscalizar los gastos del gobierno, las corporaciones públicas y la deuda pública, Tampoco ejerció autoridad para exigir planes fiscales y auditorías certificadas para evitar que se repitan los errores del pasado.
Ni la Legislatura ni el ejecutivo cumplieron con su responsabilidad de fiscalizar y supervisar las finanzas del gobierno El Congreso tuvo que aprobar la Ley PROMESA y crear la Junta de Supervisión Fiscal para identificar las causas de la debacle y tomara acción correctiva.

Eric Álvarez, analista político, postula que la crisis económica de PR es producto del carácter colonial del ELA y que “el gobierno se convirtió en el mayor patrono y generador de actividad económica y utiliza la deuda pública para pagos de nómina y refinanciamiento.

En el 2001, las agencias crediticias comenzaron a emitir clasificaciones negativas y advertencias sobre la capacidad prestataria del gobierno de PR. Alvarez afirma que Acevedo fue responsable del “turning point” de la economía al mantener un alto presupuesto y producir un cierre gubernamental.

Cuando Fortuño fue electo, la economía estaba inmersa en una de las peores crisis económicas de nuestra historia, con un gobierno en quiebra, un déficit operacional de $3,300 millones y sin liquidez para pagar la nomina de los empleados públicos. Las medidas tomadas por su administración (2009-2012) redujeron los gastos, estabilizaron las finanzas del gobierno y evitaron que el crédito de PR fuera degradado.

Aun así, el PPD atacó el Plan de Fortuño, desarrolló una campaña populista basada en promesas falsas. García Padilla fue electo gobernador y rechazó la política fiscal de Fortuño. Como resultado. AGP dejó un déficit de $7,600 millones y un gobierno en quiebra. AGP sembró desconfianza en el mercado de bonos, por primera vez no pagó la deuda constitucional, paralizó el desarrollo económico y provocó un éxodo poblacional masivo.

La Legislatura no cumplió con su responsabilidad de fiscalizar y supervisar los gastos del gobierno, las corporaciones públicas y la deuda pública, provocando que el Congreso aprobara la Ley PROMESA y se creara la Junta de Supervisión Fiscal para fiscalizar y supervisar los gastos del gobierno y con autoridad para exigir planes fiscales de largo plazo.

En el 2016 el pueblo eligió un gobierno que sacara a PR de la crisis fiscal, que trabajara con un presupuesto balanceado, redujera la deuda pública, promoviera el desarrollo económico y prestara los servicios esenciales al pueblo de PR.

La administración de Ricardo Rosselló enfrentó una deuda de $74,000 millones y otras, que aumentaban el total a unos $130,000 millones. El gobierno no tenía suficiente liquidez para financiar sus operaciones a corto y mediano plazo, proveer los servicios básicos, e invertir en proyectos de infraestructura.
Enfrentó una crisis en el gobierno central, las corporaciones públicas, los fondos de retiro y deudas sin pagar. La AEE estaba en crisis. La AAA no radicó un Plan Fiscal, tenía una deuda de $150 millones con contratistas y no pagaron los préstamos federales.

La nueva administración se vio obligada a implementar medidas de ahorro en gastos operacionales. Rosselló sometió un nuevo Plan Fiscal de 10 años, se reunió con el Tesoro Federal, los bonistas y casas acreditadoras para discutir los términos y restructuración (negociación) de la deuda. También redujo el presupuesto del 2017-18 a $8,183 millones, asignó $1400 millones para pagar las pensiones, ya que se agotaron los fondos y activos de Retiro.

Aún así las acciones gubernamentales no serán suficientes para rescatar la economía de PR mientras continúe sometida a un modelo político-económico que le niega igualdad de oportunidades, crecimiento económico y las mismas garantías que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados. Le corresponde al movimiento Estadista continuar luchando por un estatus digno y permanente que nos brinde las herramientas y el poder político para lograr un desarrollo económico sostenible.

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El Intolerante Donald Trump, Lunes 28 de agosto, 2017

El intolerante Donald Trump, lunes 28 de agosto, 2017
Hernan Padiilla

Cito el reciente editorial de El Nuevo Día: “Tras reaccionar tarde y desacertadamente a los actos de barbarie cometidos por neonazis y supremacistas blancos el presidente Trump ha entrado en una espiral de descalificaciones y violencia verbal…”

Exalumnos de la Universidad Evangélica “Liberty” declararon que las expresiones de Donald Trump no eran compatibles con los valores de la Universidad y que devolverían sus diplomas de Liberty. Los miembros del Comité Asesor Evangélico de Casa Blanca también renunciaron por razones similares.

Reaccionando a Trump, veinte organizaciones caritativas que tenían eventos para levantar fondos en Mar-a-Lago, propiedad de Trump, también cancelaron eventos, entre ellos la Cruz Roja Americana, Salvation Army, Cleveland Clinic, American Cancer Society y el Kravis Center.

El presidente disolvió tres consejos asesores de Casa Blanca y canceló su participación en el “Kennedy Center” para honrar a los artistas, porque los miembros del Comité para las Artes y Humanidades renunciaron por sus expresiones. Simultáneamente, disolvió el Consejo Asesor sobre el Cambio Climático.
La reacción negativa de congresistas y senadores fue contundente. El senador republicano de Tennessee, Bob Corker dijo que Trump no ha mostrado estabilidad y competencia para tener éxito como presidente. El congresista demócrata de California, Adam Schiff, y su homóloga Jackie Speier enfatizaron su estabilidad mental.

Algunos republicanos están preocupados de que Trump haya causado un gran daño al Partido Republicano (GOP, por sus siglas en inglés) para el futuro. Resaltaron las críticas de los expresidentes George H.W. Bush y George W. Bush, el presidente cameral Paul Ryan, el líder de la mayoría en el Senado federal Mitch McConnell y el excandidato presidencial Mitt Romney.

La relación entre el presidente y los senadores republicanos continúa deteriorándose. Bob Corker criticó a Trump por improvisar su reacción hacia el líder norcoreano Kim Jong-un, cuando Trump dijo que Corea del Norte sería atacada con “fuego y furia como el mundo nunca ha visto”. James Lankford criticó a Trump por no haber censurado abiertamente a los supremacistas. Jeff Flake advirtió que el conservadurismo se afectaba por las fuerzas nacionalistas y de xenofobia que respaldaron a Trump.

Mientras, el senador Lindsey Graham dijo que las expresiones de Trump sobre los eventos en Charlottesville motivaban a grupos supremacistas. Paul Ryan dijo que las expresiones de Trump fueron “moralmente ambiguas” y que no podía haber “ambigüedad moral” cuando se denuncia el prejuicio, intolerancia y supremacía blanca. En respuesta, Trump demostró ser vengativo y autoritario contra McCain, Flake, Murkowski, Graham y McConnel. Ahpra los amenaza con cerrar el gobierno federal si no aprueban fondos para su muralla.

En el caso de Charlottesville, Trump le echó leña al fuego de la división y la polarización social y política. Como resultado, la aprobación de Trump ha caído a menos del 40% en encuestas realizadas por NBC News y Marist en Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, estados en los que prevaleció en la elección de 2016.

Otra encuesta por Quinipiac reveló que 62% de los entrevistados cree que Trump no provee liderato moral y que sus acciones dividen a la nación. Solamente 35% aprueba su trabajo. Mario Ramos Méndez dijo que el populismo reaccionario de Trump no tiene cabida en el espíritu americano.

Así las cosas, Puerto Rico tiene muy poco que agradecerle a Trump. El fiscal general Jeff Sessions no validó el plebiscito a pesar de que acató las observaciones de Justicia federal. Tampoco han apoyado la lucha por la igualdad y un trato justo en las agencias federales. No han ayudado a Puerto Rico para resolver la crisis fiscal que surgió bajo el mandato colonial ni han provisto fondos para la infraestructura o auspiciado un desarrollo económico auto sostenible.

La inacción federal ha motivado al gobernador Ricardo Rosselló a crear un “Frente Unido por Puerto Rico para cabildear para que incluyan a Puerto Rico en la Reforma Contributiva federal, incentivos contributivos como ‘Child Tax Credit’ y seguro social suplementario (SSI), y trato igual en salud, Medicare y Medicaid. A pesar de todo, tenemos confianza en las instituciones federales y prevaleceremos.

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