Hernan Padilla

Memorial Day us a very sad day for Puerto Rico, not only for
the loss of life but for the fact that puertorricans have fought as members of
the US Armed Forces in defense on democracy to guarantee basic human rights for many countries around the world, but our Nation denies the most elemental constitutional and democratic rights to our soldiers.

Us Citizens who reside in Puerto Rico do not have right to elect and have a
proportional congressional representation. Puertorricans who serve in the
military are denied the right to vote for their Commander in Chief, POTUS and VP.

Puerto Rico has been a US territory since 1898. Puertorricans are US Citizens since 1917. We have had our own local Government and Constitution since 1952.

But it is tragic that US Citizens who reside in Puerto Rico do not have the same Constitutional rights and opportunities as other US Citizens who reside in any if the 50 states. In effect, US born citizens who fight to defend the US Constitution and US democracy live under a segregationist political status.

When you visit the Vietnam Memorial, please look for, touch their names and honor 345 puertorricans who died in Vietnam and were denied the full rights of the US Citizenship.

That is just the reason why Memorial Day is a sad day for Puerto Rico.

Hernán Padilla, MD
Former Mayor of San Juan, PR
President of Igualdad, Futuro Seguro

Facts about Puertorricans in the US Armed Forces.

THE 65th INFANTRY REGIMENT, AN ALL PUERTO RICAN REGIMENT OF THE USA ARMY SINCE
1908.

KOREAN WAR
THIS REGIMENT ESTABLISHED A REPUTATION AS ONE OF THE
3rd INFANTRY DIVISION’S BEST AND MOST DEPENDABLE FORMATIONS DURING THE FIRST TWO YEARS OF THE KOREAN WAR..

IN THE FIRST YEAR IN KOREA, HAD WON 2 MEDAL OF HONOR,
14 SILVER STARS, 23 BRONCE STARS FOR VALOR AND 67 PURPLE HARTS IN BATTLE.

TODAY, ONLY THE 1ST BATTALION OF THE 65th INFANTRY REMAINS, A TESTIMONY TO A UNIQUE REGIMENT THAT SERVED THE UNITED STATES ARMY WELL FOR OVER A HUNDRED YEARS.

IN ALL SOME 61,000 PUERTORICANS (ISLAND RESIDENTS) SERVED IN THE U.S. ARMY DURING THE KOREAN WAR WITH THE 65TH INFANTRY REGIMENT, 48,000 OF THESE WERE
VOLUNTTARIES.

OVER THE COURSE OF WAR, 764 WERE KILLED IN ACTION AND 2,318 WOUNDED. ONE OF EVERY 42 CASUALTIES INCURRED BY U.S. FORCES WAS PUERTO RICAN, AND THE ISLAND SUFFERED ONE CASUALTY FOR EVERY 660 OF ITS INHABITANTS AS CONPARED TO ONE CASUALTY FOR EVERY 1125 INHAVITANTS OF THE CONTINENTAL UNITED STATES.

GEN.DOUGLAS Mac ARTHURTOKYO, 12 FEBRUARY 1951
“THE PUERTO RICANS FORMING THE RANKS OF THE GALLANT 65th INFANTRY ON THE BATTLEFIELDS OF KOREA…ARE WRITING A BRILLIANT RECORD OF ACHIEVEMENTS IN BATTLE
AND I AM PROUD INDEED TO HAVE THEM IN THIS COMMAND. I WISH THAT WE MIGHT HAVE MANY MORE LIKE THEM”

Have in mind that Puertorricans fought for freedom and democracy, but do not have the same rights, just because they were born and resided in Puerto Rico
WWI 19,000 SOLDIERS
WWII 65,034 SOLDIERS
KOREAN WAR 61,000 SOLDIERS
VIETNAMWAR 48,000 SOLDIERS
GOLF WAR 4,300 SOLDIERS
Iraq and Afghanistan – data not available.

Según se intensifique el debate sobre los procesos para lograr que Puerto Rico se convierta en un Estado de los Estados Unidos de America se hará más necesario mantener informados a todos los ciudadanos, particularmente a los que defienden el derecho a la igualdad dentro de la nación americana.

El pasado noviembre, con una participación del 78% de los electores inscritos, Puerto Rico derrotó al ELA territorial-colonial y revocó el consentimiento de los gobernados que frágilmente sostenía el status responsable del fracaso social y político-económico de Puerto Rico. El 61% electorado que ejerció el derecho del voto entre la Estadidad, el ELA Soberano, y la independencia se expresó a favor de la Estadidad.

Desde entonces, se han incrementado los esfuerzos para que el Presidente Obama y el Congreso cumplan con el compromiso de viabilizar una solución permanente al problema del status de Puerto Rico. La Organización “Igualdad” reclutó y adiestró más de 70 voluntarios para informar al Congreso y la Rama Ejecutiva sobre el resultado del plebiscito y a la vez intensificó la lucha por la igualdad de derechos constitucionales, políticos y ciudadanos para todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.

Nos satisface haber colaborado con el Comisionado Pierluisi para lograr que 37 Congresistas apoyen y sean co-autores del HR 2000. Continuaremos con ese compromiso y trabajaremos en equipo hasta lograr la estadidad.

Me uno al clamor de los defensores de la estadidad para lograr que Puerto Rico sea admitido como un estado de la Unión a la mayor brevedad posible. Nos motiva el convencimiento de que el ELA territorial-colonial le niega a los puertorriqueños de recursos limitados los derechos, beneficios, calidad de vida, oportunidades de crecimiento económico y empleos que tienen otros ciudadanos americanos que residen en los 50 estados. No hay razón para mantener a Puerto Rico en la pobreza cuando la estadidad nos garantiza un futuro mejor.

Comprendo las razones que motivan a algunos estadistas a solicitar que se radique un Acta de Admisión, pero también reconozco que otros estadistas consideran otras estrategias basadas en la realidad política del Congreso que acelerarán el proceso. Ambas son compatibles.

La Comisión de Estatus y el Directorio del PNP recomendaron “la presentación de legislación dirigida a establecer el proceso para lograr la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión”. Precisamente, el Proyecto de ley HR2000, del Comisionado Residente Pedro Pierluisi, pone en marcha “un proceso de admisión como estado”.

Si el Congreso aprueba el HR2000 aceptaría los resultados de noviembre y daría paso al proceso hacia la Estadidad por ser la opción ganadora. En ese momento el Congreso consideraría la admisión de Puerto Rico como Estado y ordenaría un referéndum de ratificación para que el pueblo de Puerto Rico acepte o rechace los términos y condiciones en su oferta de estadidad.

Puerto Rico no seria el primer territorio que es consultado más de una vez.
La mayoría de los 37 estados que fueron admitidos tuvieron varias votaciones para lograr su admisión. En algunos casos, como Alaska, se presentaron más de 4 proyectos de admisión antes de que el Congreso actuara y aprobara su admisión. La admisión es un procesos largo que requieren la presentación de varios proyectos legislativos antes de que logren resultado.

Si el Pueblo de Puerto Rico acepta los términos de la admisión, el proyecto obliga al Presidente y al Congreso a actuar en un término no mayor de 180 días para aprobar y completar finalmente la admisión de Puerto Rico como estado, conforme a los términos dispuestos por el Congreso y ratificados por Puerto Rico.

El momento crucial que concluirá cinco siglos de coloniaje ocurrirá cuando la mayoría de los votantes en Puerto Rico ratifiquen con su voto la unión permanente y la condición de igualdad de la Estadidad.

“La amenaza mayor de descarrilar todo este proceso no proviene de nuestros históricos y tradicionales enemigos”

Nos encontramos en la coyuntura política más favorable en toda nuestra historia para lograr la estadidad. El presidente Barack Obama nos pidió que nos expresáramos claramente sobre nuestras preferencias para salir de nuestro actual impase territorial colonial. Nuestro Pueblo respondió con claridad diáfana; el pasado 6 de noviembre rechazó la colonia y se expresó contundentemente a favor de la estadidad.
Un portavoz del presidente Obama reconoció públicamente nuestra clara expresión de rechazo a la colonia y de preferencia por la estadidad y en claro reconocimiento de lo anterior, el Presidente incluyó una partida de $2.5 millones en su propuesta de presupuesto para financiar una consulta con aval congresional para resolver nuestro problema territorial colonial. Pedro Pierluisi, luego de un comprehensivo proceso de consulta con los líderes y figuras claves congresionales de ambos partidos y dentro de los organismos asesores y directivos del partido que dirige, confeccionó y sometió un proyecto de ley con el coauspicio de 37 congresistas demócratas y republicanos que de aprobarse por el Congreso, constituiría la primera oferta congresional de estadidad a Puerto Rico en nuestra historia.

No empece a todo lo anterior, la amenaza mayor de descarrilar todo este proceso y empuje favorable hacia la estadidad, no proviene de nuestros históricos y tradicionales enemigos -el PPD y los republicanos más racistas y conservadores- sino lamentablemente de nuestras propias filas. Específicamente de aquellos lideres dentro del PNP cuyas aspiraciones políticas a puestos para administrar la colonia le nublan el entendimiento de lo que es importante en esta coyuntura y están dispuestos a mentir, desinformar y hasta descarrilar la iniciativa de nuestro Comisionado Residente a favor de la estadidad en el Congreso con tal de debilitar su liderato dentro del PNP y poder, posteriormente, retarlo exitosamente en primarias. Tan es así, que han distorsionado todo lo relacionado al proyecto sometido por el Comisionado Residente.

Alegan que es una nueva consulta estadidad ‘Sí o No’ que invalida los resultados de la consulta del 6 de noviembre al pedir ratificar los resultados de esta última ¡Falso! El proyecto, de conseguir aprobación congresional, constituiría la primera oferta de estadidad del Congreso a Puerto Rico y la consulta congresional pretende que ratifiquemos con nuestros votos dicha oferta. Argumentan que el proyecto sometido por nuestro Comisionado es contrario a lo que recomendó la Comisión de Estatus y ratificó el Directorio del PNP, someter un Acta de Admisión. ¡Falso! La recomendación de la Comisión de Estatus ratificada por Directorio lee como sigue “la presentación de legislación dirigida a establecer el proceso para lograr la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión”.

Finalmente, sus aspiraciones políticas personales los ha llevado ha proponer que están dispuestos a conseguir algún congresista (sabiendo que hay congresistas enemigos de la estadidad dispuestos a cualquier cosa) que radiquen un contraproyecto consistente en un Acta de Admisión que descarrile el proyecto del Comisionado Residente. Con tales amigos no necesitamos enemigos.

The Hills’ Congress Blog
By Pedro Pierluisi – 05/21/13 04:00 PM ET

Puerto Rico’s governor recently wrote about the results of the U.S. territory’s November status referendum (“Moving forward together,” May 20), painting a picture that bears little resemblance to what actually transpired.

The governor supports Puerto Rico’s current territory status, while I support statehood. I cannot comprehend how one can defend a status that deprives the 3.7 million U.S. citizens residing in Puerto Rico of voting representation in their national government, denies them equal treatment under federal law, and is the root cause of the significant economic and security problems on the island that the governor bemoans.

Pro-status quo leaders are entitled to their beliefs. But they are not entitled to distort the referendum results simply because those results are not to their liking.

The referendum’s first question asked if Puerto Rico should continue as a territory. Pro-status quo leaders urged a “yes” vote. Of the 1.8 million voters who answered, 970,910 voters — 53.97 percent — voted “no” and 828,077 voters — 46.03 percent — voted “yes.” This was the result: the vote totals and the percentages, certified by the Puerto Rico Elections Commission, consisting of representatives from each of the territory’s status-based parties.

Pro-status quo politicians are now trying to claim that “No” actually obtained 51.7 percent of the vote, slicing 2.2 percent from the certified result. They manage this sleight of hand by adding 67,000 blank ballots and 13,000 invalidated ballots to the 1.8 million ballots properly cast, and using that total as the new denominator. Of course, they fail to note that counting blank and invalid ballots would also reduce the “yes” vote from 46 percent to 44 percent. Their goal is not intellectual coherence; it is to complicate and confuse.

In any event, counting blank and invalid ballots contradicts general election law, Puerto Rico election law (which says a blank ballot “shall not be deemed to be a vote cast”) and common sense — one cannot divine voter intent from a blank or invalid ballot.

In the referendum’s second question, voters expressed their preference among the three alternatives to territory status. Of the 1.36 million voters who chose an option, 834,191 voters — 61.16 percent — chose statehood. The number of votes for statehood on the second question exceeded the number of votes for the current status on the first question. For the first time, more people want Puerto Rico to become a state than to remain a territory.

These are the official vote totals and percentages certified by the Elections Commission. This result cannot just be wished away by those who find it inconvenient.

However, to downplay the results of the second question, the status quo party again summons the blank ballots argument. In the run-up to the vote, some pro-status quo leaders did encourage their followers to leave this question blank. Presumably, some — but by no means all — of the 500,000 ballots that were left blank were done so in response to that appeal. If blank ballots are included in the vote total, the theory runs, the 61 percent vote for statehood becomes 45 percent.

This argument falls flat. In our democracy, outcomes are determined by ballots properly cast. We can speculate that some voters may have left the second question blank because they prefer the current territory status to its alternatives. Those voters were able to vote for that status in the first question, so their viewpoint was reflected in the results. Others may have declined to answer because they believed another option should have been on the ballot — a best-of-all-worlds proposal promoted by the governor’s party called “Enhanced Commonwealth.” But federal officials have consistently rejected this proposal on legal and policy grounds, so it could not appear as a choice on the second question.

The governor appropriately praises President Obama for the actions he has taken in response to the November referendum, but ignores the fact that, after the vote, a White House spokesman confirmed that “a majority chose statehood in the second question” — rejecting the theory that blank ballots should be computed in the vote total.

Since the referendum, my explanation of the outcome has not deviated from the certified results, which demonstrate that a majority of my constituents want to end territory status, a supermajority favor statehood among the alternatives and more voters want statehood than territory status. Now the federal government must respond.

To obstruct change, the status quo party misrepresents the referendum results. The same voters who placed the governor in office also voted against territory status and for statehood. He ignores them at his own peril.

Pierluisi, a Democrat, is Puerto Rico’s sole representative in the U.S. Congress.

Source:
http://thehill.com/blogs/congress-blog/lawmaker-news/301073-setting-the-record-straight-a-response-to-puerto-ricos-governor

No seremos una carga 6/10/12

Es nuestra obligación corregir la desinformación existente y orientar a los que piensan que el Congreso no admitirá a Puerto Rico como un Estado por nuestra dependencia económica

El estancamiento económico, desempleo y pobreza del fracasado modelo político-económico del ELA causado por una condición de indefinición política tiene un enorme costo social para Puerto Rico y un impacto al fisco federal $22 billones anualmente.

Puerto Rico NO sería una carga económica que impida la estadidad. Para los que equivocadamente creen que admitir a Puerto Rico como Estado tendría un costo muy alto para el tesoro federal, les señalo que un estudio preliminar sugiere que el impacto dependería si la admisión de Puerto Rico es inmediata o si es un proceso con un periodo de transición.

Si adoptamos un periodo de transición de diez años para incorporarnos como estado, el impacto al tesoro federal sería $295 millones durante el primer año y seriamos menos dependientes de los fondos federales a medida que creciera la economía.

No es cierto que no aportemos al fisco federal. Nuestra Isla paga contribuciones federales y contribuciones corporativas y los ciudadanos residentes en Puerto Rico aportan directamente al Seguro Social, Medicare y Seguro por Desempleo, entre otras.

Desde 1990 al 2009 Puerto Rico pagó $73.7 billones al Servicio de Rentas Internas federal. En el 2010, pagó $4,349 millones al Gobierno federal por servicios recibidos, como el pasaporte, aportaciones a Medicare, a los sistemas de seguridad social, primas al seguro de vida por servicio nacional, al sistema federal de retiro y al seguro Social. Las industrias pagaron $98 millones, incluyendo aportación al seguro por desempleo, aportación patronal a sistemas de seguridad social, sistema federal de retiro, Seguro Social y seguro de salud y vida.

Bajo las leyes actuales, Puerto Rico aporta $2,528.4 millones al Seguro Social y $449.1 millones a Medicare. Aunque estos seguros proveen beneficios por $6,829 millones y $2,509.9 millones respectivamente, no recibimos los mismos beneficios a que tienen derecho todos los ciudadanos americanos.

Estados Unidos es nuestro mejor socio comercial. Ciudadanos, empresas y negocios en Puerto Rico importan del resto de la Nación Americana $25,000 millones en productos y servicios anualmente, mientras que exportamos $30,000 millones hacia los cincuenta estados, principalmente productos químicos y farmacéuticos que son de gran importancia en toda la nación.

Nuestra relación comercial beneficia miles de negocios, empresas y corporaciones en Puerto Rico y en los cincuenta estados. Se estima que el comercio interestatal de productos, servicios y actividad económica genera más de un millón de empleos directos e indirectos en toda la nación, incluyendo a Puerto Rico.

Más allá de las consideraciones económicas, es importante resaltar la aportación de los puertorriqueños en todos los ámbitos. Desde el 1917, miles de soldados puertorriqueños han luchado por los mismos ideales de libertad y democracia como miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Aunque ya no existen grandes bases militares, Puerto Rico continúa brindando una importante plataforma para la defensa y la seguridad nacional.

Jueces boricuas han servido y sirven en los Tribunales Federales de los Estados Unidos representan al pueblo puertorriqueño. Un ejemplo es Sonia Sotomayor, la primera mujer hispana en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Con orgullo nuestra juventud aporta sus talentos a nivel nacional.
La Universidad de Puerto Rico, en particular los recintos de Ciencias Medicas y Mayagüez (RUM), gradúa cientos de profesionales que se desplazan por la nación para brindar servicios necesarios y especializados en medicina, enfermería e ingeniería.

Ante la realidad de que el ELA y la propuesta republica asociada no son ni serán la mejor solución política y económica, admitir a Puerto Rico como Estado será beneficioso para el pueblo puertorriqueño y el pueblo americano en general.

The Cornell Review
May 17, 2013
v. XXXI no. 10
Puerto Rico Statehood: Do You Believe in Democracy and Equality?
Julio A. Cabral Corrada
My home, Puerto Rico, has been an unincorporated territory of the United States since the 1898 treaty that ended the Spanish-American War. Island residents became American citizens with the enactment of the 1917 Jones Act. Nonetheless, as the United States Supreme Court has confirmed, Puerto Rico is subject to Congress’ plenary powers under the Constitution’s Territory Clause.
As a result, my fellow Puerto Ricans and I do not live in a full democracy. We cannot vote for the President, even though we serve in large numbers in the U.S. military and have won five Medals of Honor. We lack two United States senators and five voting members in the U.S. House of Representatives. Instead, we are limited to a single, non-voting delegate in the House. In other words, we do not have a vote in the government that makes our national laws.
This colonial and anachronistic state of affairs contradicts our nation’s fundamental democratic values. The principle of representative democracy simply does not apply to the 3.7 million Americans (more than the population of 23 states) currently residing in Puerto Rico.
Moreover, this territorial status opens the doors for the federal government to treat us unequally under the law. The Island receives roughly half of the federal funding it would receive if it were a state, resulting in the economy of Puerto Rico lagging far behind the rest of the country.
Many federal programs—such as Medicaid, Nutrition Assistance, and Supplemental Security Income—treat Puerto Ricans worse than our fellow citizens in the 50 states. For instance, in 2010, Puerto Rico received about $1 billion in federal Medicaid funding, while Oklahoma (a state with a similar population size) was granted nearly $3.5 billion. Also, our workers pay full federal payroll taxes, but obtain only some benefits under Medicare, which is partially supported by those same taxes. As American citizens, we do not deserve such discrimination.
This inequality has had a severe impact on our quality of life, as well as on Puerto Rico’s ability to develop economically. For example, since 1976, the Island’s unemployment rate has averaged 15.5 percent—while the U.S. national unemployment rate has averaged less than 6.5 percent. Our current poverty rate is 45.1 percent, more than twice that of Mississippi, the nation’s poorest state. In addition, Puerto Rico’s $18,689 income per capita is one-third the national average and half that of Mississippi.
Consequently, during the last decade, Puerto Rico has experienced a massive population exodus. About 4.8 million Puerto Ricans now live in the continental U.S.—one third of whom were born on the Island—which is far greater than the 3.7 million who still reside on the Island. Most of these individuals would prefer to remain in Puerto Rico, but given the current unfair political structure, relocation is the only way to enjoy the full benefits of U.S. citizenship.
Last November 6th, the people of Puerto Rico made history, expressing their desire to leave behind territory status. The local government, under the leadership of former Republican Governor Luis Fortuño, held a two-question referendum on its political status. Of 1.8 million voters, 54 percent said that they did not wish to continue under the present territory condition.
Furthermore, among the three valid non-territorial status options (independence, free association, and statehood), out of the 1.4 million voters that chose an option, 61 percent voted in favor of statehood. We made our voice heard loud and clear.
In light of this, Puerto Rico’s congressional representative, Pedro Pierluisi, on Wednesday introduced H.R. 2000—a bipartisan bill that sets forth a process to admit Puerto Rico as the 51st state of the union. Now the next question is: Will Washington listen?
A myriad of congressional leaders have been longstanding proponents of equality for Puerto Rico. For example, in recent weeks, prominent Democratic leaders like Minority Whip Steny Hoyer (D-MD) and senior Congressman Jose Serrano (D-NY) voiced their support for resolving Puerto Rico’s political status problem.
At the other end of Pennsylvania Avenue, President Obama included in his budget proposal $2.5 million to establish voter education initiatives and conduct the first federally sanctioned plebiscite in Puerto Rico’s history.
Similarly, Republican leaders have historically been advocates for Puerto Rico’s statehood. President Ford believed “that the appropriate status for Puerto Rico is statehood.” President Reagan argued that he looked forward to “welcoming Puerto Rico with open arms.” Also, both the elder President Bush and his son have stated their support for statehood. More recently, conservative leaders like Rep. Peter King and Grover Norquist have embraced the statehood cause as well.
All of these leaders understood that perfecting our union is a process. We abolished slavery after the Civil War in 1865, recognized a woman’s right to vote in 1921, and decided that separate was not equal in 1954. Under our Constitution, there is only one way to ensure full self-government and equality for the people of Puerto Rico, and that is through statehood.
As Rep. Pierluisi remarked at a recent event cosponsored by Cornell in Washington, “The struggle for statehood is a fight for civil rights and a fight for human rights.” This issue transcends partisan politics; it is about right and wrong. After 115 years of inequality, it is past time that we have the same rights and responsibilities as our fellow American citizens.
Now I ask you: Do you believe in democracy and equality?
Julio A. Cabral Corrada is a graduating senior concentrating in Business and Government. He can be reached at jac553@cornell.edu

Ley para la Solución del Estatus de Puerto Rico – proceso para poner en marcha el proceso de admisión de Puerto Rico como el estado 51 de Estados Unidos

• El Proyecto de ley del Comisionado Residente Pedro Pierluisi:
o Pone en marcha el proceso de admisión de Puerto Rico como el estado 51 de Estados Unidos.
o Se radica en respuesta al plebiscito local de noviembre 6 de 2012 en el cual Puerto Rico rechazó contundentemente el estatus territorial actual y escogió la Estadidad. Enfatiza que más electores escogieron la Estadidad que lo que votaron por continuar con el estatus territorial actual eliminando el consentimiento del pueblo de Puerto Rico a esa condición de estatus.
o Al ser aprobado representará la aceptación del Congreso de los resultados de noviembre y se enfoca en el proceso hacia la Estadidad por ser la opción ganadora.
o Ninguna otra opción forma parte del proceso porque ya Puerto Rico escogió la Estadidad.
o Ofrece la admisión de Puerto Rico como Estado y describe la Estadidad por primera vez por parte del Congreso.
o Una vez ofrecida la admisión como Estado, el pueblo de Puerto Rico es llamado a aceptarla o rechazarla en un referéndum de ratificación.
o Cuando la mayoría de los votantes en Puerto Rico la ratifiquen, el Presidente y el Congreso se comprometen a implantarla.
o Cuenta con el co-auspicio de un grupo bipartidista de congresistas lo que positivo para su aprobación en el actual Congreso dominado por los republicanos.
o Varios de los congresistas que co-auspician la medida ostentan posiciones de alto rango en el Congreso.

• La mayoría de los estados de la Unión que fueron admitidos luego de la fundación de Estados Unidos, tuvieron varias votaciones para lograr su admisión. Todos los procesos que condujeron a la Estadidad para los diferentes estados fueron diferentes en cada caso.

• El Distrito de Columbia (Washington DC) ha votado mayoritariamente por la Estadidad en varias ocasiones y el proyecto de ley recién aprobado también llama a un proceso de ratificación por parte de los residentes de DC.

• El Presidente Obama validó los resultados del plebiscito de noviembre pasado e incluyó $2.5 millones en su presupuesto con la intención de que se resuelva el problema del estatus de Puerto Rico. El proyecto de ley propuesto, aunque distinto, es consistente con la petición presupuestaria del Presidente Obama y el dinero a presupuestarse puede usarse en el proceso de educación hacia la admisión como Estado y en el referéndum de ratificación.

• La solución del estatus de Puerto Rico es fundamental para el desarrollo económico y social de nuestra isla. Así lo señala el Informe del Grupo Especial de Casa Blanca sobre el Estatus de Puerto Rico.

• La Estadidad tiene el apoyo de la mayoría de los puertorriqueños y tenemos que ir juntos y unidos a reclamarla.

• Todos los que aspiramos a descolonizar a Puerto Rico debemos unir fuerzas para lograr la aprobación de este proyecto de ley para lograr la admisión de Puerto Rico como el Estado 51 de la Unión.

• Las diferencias de criterio sobre detalles de este proyecto o de diferentes estrategias no deben interponerse a la lucha que nos une que es lograr la Estadidad. El pueblo de Puerto Rico nos dio un mandato y tenemos que luchar juntos para hacer valer la voluntad de los puertorriqueños.

• Ahora nos toca a todos continuar esta lucha, tanto en el Congreso como en todos los foros pertinentes que ayuden a adelantar la admisión de Puerto Rico como Estados a Estados Unidos.

Camino a la Igualdad
Hernán Padilla

Jackie Robinson, uno de los peloteros más famosos de grandes ligas, tanto por sus proezas en el campo de juego como por sus esfuerzos para derrumbar la barrera del prejuicio racial en el deporte, afirmó que “El derecho de cada ciudadano americano a disfrutar una ciudadanía de primera clase es el asunto más importante de nuestros tiempos”.

Esa sentencia aplica a Puerto Rico hasta que se resuelva nuestra condición de ser un territorio colonial segregado y federalizado. Aunque tenemos autoridad delegada por el Congreso para administrar la colonia, elegir líderes locales y un Comisionado Residente sin voto en el Congreso, no tenemos la igualdad de derechos que tienen los ciudadanos que residen los 50 estados de la Unión. A los ciudadanos de los Estados Unidos que residen en Puerto Rico, se le aplica una ciudadanía americana inferior de segunda clase.

Los beneficios económicos de la estadidad no son la razón principal de nuestra meta, pero reconocemos que el derecho a la igualdad política está estrechamente asociado a la calidad de vida y al desarrollo económico. No se puede lograr la paridad de todos los beneficios de la estadidad sin que ocurra un cambio de estatus.

La ciudadanía a la cual aspiramos será de beneficio para todo el pueblo puertorriqueño y es la mejor herramienta para lograr todas las garantías constitucionales como ciudadanos americanos. La Constitución nacional garantiza los mismos derechos, privilegios, deberes y oportunidades para el progreso económico que tienen los ciudadanos en los estados.

El único status que conocemos es el ELA territorial, colonial e inferior, la causa principal de la pobreza, el desempleo y el estancamiento en nuestro desarrollo económico.

Por eso el movimiento estadista reclama la igualdad que reconozca el derecho a votar en las elecciones federales; elegir cinco Representantes y dos Senadores al Congreso; el voto presidencial; y representación en el Colegio Electoral que nos otorgaría amplia influencia y poder político a nivel nacional.

Queremos los mismos derechos, beneficios y responsabilidades que disfrutan 4.7 millones de conciudadanos con raíces puertorriqueñas que residen en los estados de la unión. Ellos disfrutan los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía americana bajo la protección de la Constitución de los Estados Unidos que se les niegan a los ciudadanos residentes en Puerto Rico.

El Congreso tiene la obligación de viabilizar un proceso para que Puerto Rico se convierta en un estado. El proceso más expedito para lograr la igualdad es que se considere y apruebe un proyecto de admisión de Puerto Rico como estado de la unión a presentarse por el Comisionado Residente, Pedro Pierluisi.

Puerto Rico ha cumplido con las condiciones que se les requieren a los territorios para ser aceptados como estado, incluyendo tener un gobierno propio y una Constitución local similar a las de otros estados.

Reconocemos, sin embargo, que aumentar el Senado a 102 Senadores y redistribuir 435 Congresistas no se logra sin una amplia participación nacional. Esa realidad no debe detenernos para reclamar nuestra igualdad ciudadana.

Es necesario confrontar al Presidente, el Congreso y a la nación con la realidad constitucional y el estigma del imperio colonial. La Ley 600 y la Ley de Relaciones Federales y la Cláusula Territorial señalan el camino para convertir al Territorio de Puerto Rico en un estado.

El derecho a la igualdad es un derecho natural y vivir sin ese derecho en condiciones segregadas y coloniales no es aceptable bajo los principios e ideales democráticos de la Nación que defiende la democracia y la igualdad en el exterior pero nos los aplica en Puerto Rico.

Reitero el reclamo de hacer valer el mandato del plebiscito de noviembre del 2012 para que se le extienda total igualdad constitucional, política y ciudadana a los puertorriqueños convirtiendo a Puerto Rico en el Estado 51.

Dear Ms MuÑoz;
Thank you for requesting support for President Obama’ Immigration Reform.
At Igualdad we fully support a fair reform.

I am an american citizen by birth, but US Citizens by birth who reside in Puerto Rico, as well as thousands of naturalized citizens do not share the same civil rights as the American Citizens residents in the 50 states.

We believe that our Nation has one Constitution and only one citizenship for all Americans and, therefore, all American citizens of Puero Rico should have the same rights, responsibilities and opportunities as the American citizens who reside in the 50 States.

We support a just and fair immigration reform, but the continued political segregation of a community of 3.7 million American citizens of Hispanic origin is a national problem that deserves prompt attention and expedient action. We hope to find the same support for justice and equality for the US Citizens who reside in Puerto Rico.

Last November the people voted clearly to end this state of affairs which the federal government has maintained for too long. Puerto Rico has been a U.S. possession since 1898 and persons born here have been U.S. citizens since 1917 – second class citizenship, that is.

It is time that you heed our call and do your part to end this state of affairs which not only hinders our economic development as found by the White House Task Force on Puerto Rico’s political Status. It is indignant for both the nation and its natural and naturalizad citizens residing in this territory.

Dr. Hernán Padilla
* Former Mayor of San Juan, President of the U.S. Conference of Mayors, and Public Delegate of U.S. Mission to the United Nations.