Reforma constitucional y administrativa de la legislatura, El Nuevo Dia, 3 de mayo 2o10
Reforma constitucional y administrativa de la legislatura
Hernán Padilla
El descontento del pueblo con la legislatura, la pobre productividad, contratos de asesores políticos que no rinden cuentas de su trabajo, gastos y despilfarro de fondos públicos, el continuismo y la corrupción histórica son suficiente motivación para requerir una reforma constitucional y administrativa de la legislatura.
El gobernador ha cumplido con su programa de gobierno, aprobado por el PNP como promesa de campaña, sometiendo un proyecto a la legislatura para enmendar la Constitución y “reducir significativamente el número de miembros de la Asamblea Legislativa”. Los legisladores del PNP, que en su mayoría fueron electos gracias al triunfo arrollador de Fortuño, no pueden darse el lujo de darle la espalda al reclamo de Puerto Rico para una reforma legislativa. El proyecto de Fortuño cumple con los postulados básicos de reducir el número de legisladores por 30% y simultáneamente disminuir los gastos de la legislatura.
Aunque prefiero la eliminación de las posiciones por acumulación y la mayoría del pueblo quiere un sistema unicameral, es imposible pedirle “peras a un olmo”. Alcanzar esa meta en estos momentos no es realista. La avaricia y defensa de los beneficios personales son los factores que predominan en los pasillos del Capitolio. Es necesario encarrilar la legislatura por un camino más productivo.
La democracia significa pluralidad de voces y caras. Para acabar con el continuismo, legisladores y políticos profesionales y traer nuevas ideas, urge limitar el término de los legisladores a ocho años.
Puerto Rico no puede sostener la “profesión de legislador-político a tiempo completo”, y mucho menos pagar dietas exageradas y beneficios como reembolsos contributivos privilegiados de una clase gobernante privilegiada que vive de los fondos públicos como sus propias arcas personales.
Apoyo el concepto del Legislador Ciudadano, tal como existía hace dos décadas, un modelo común en la mayoría de los estados, no un ciudadano cuya profesión es ser legislador a tiempo completo. Puerto Rico no puede, requiere, necesita ni puede sostener una legislatura a tiempo completo y mucho menos pagar salarios, dietas y beneficios de una nueva clase gobernante privilegiada. El mejor ejemplo de una legislatura a tiempo parcial lo vivimos durante los días libres de la semana santa. Durante las tres semanas que la Legislatura estuvo de vacaciones se ahorraron cientos de miles de dólares.
Urge limitar la sesión ordinaria a tres meses, reducir los salarios, las dietas y los privilegios. Mas del 70% de los legisladores no tendrían esos ingresos y beneficios si trabajaran en la empresa privada. Llegó el momento para elegir legisladores que los motive la justicia y el idealismo de servirle al pueblo.
El historial de corrupción ha manchado la legislatura durante las ultimas dos décadas. La Asamblea Legislativa viene obligada a reglamentar estrictamente la práctica de los cabilderos que se dedican influenciar las decisiones gubernamentales y en particular a los administradores y legisladores. Es inaceptable que cabilderos profesionales se escondan detrás de contratos como asesores pagados de los mismos legisladores y hasta de las agencias de gobierno. Reglamentar a los cabilderos no es suficiente. Es necesario aplicar todas las normas de ética y controles estrictos a los legisladores y a todos los asesores que por contrato trabajan en la Legislatura.
El Capitolio insular, símbolo de democracia y del poder legislativo, está mancillado. De Castro Font y otros que, como él, con su conducta criminal destruyeron la zapata moral que sostenía el augusto edificio. Lamentablemente, los ciudadanos han perdido la fe en la bondad y decencia de sus legisladores. Demandan un “buen gobierno” que impida el mal uso de los fondos públicos y evite la corrupción. Cuando alcancen el nivel profesional de controles administrativos y civismo democrático, los legisladores, representantes de los ciudadanos, nuevamente pueden reclamar el titulo de “honorables”.