Archive for June, 2010

Urge reducir las tarifas de energia; publicada en El Nuevo Dia, lunes 28 de junio

Urge reducir costo de energía

Hernán Padilla

El derrame de petróleo en el Golfo de Méjico trae a la discusión pública lo indefensa que está nuestra economía cuando un desastre puede paralizar el suministro de petróleo.

El país depende del suplido consistente y a bajo costo de la energía eléctrica para el desarrollo económico. Es innegable que muchos de los cierres de fábricas y farmacéuticas se deben a los problemas que han tenido con el alto costo de la energía que está socavando la economía en Puerto Rico.

La AEE domina la política  pública de energía eléctrica. Es una corporación publica,  controlada por personas en posiciones claves y bajo la influencia de la UTIER, que ahoga al ciudadano consumidor residencial y al sector empresarial con las tarifas de energía eléctrica más altas de la nación. La Comisión de Servicio Publico  no tiene fuerza para obligar a la AEE a ser más eficiente y que no transfiera los aumentos en costos a los usuarios. La Autoridad continúa operando sin supervisión o reglamentación externa. No tiene incentivo para mejorar la eficiencia de sus operaciones. Hace falta un regulador independiente que solo se dedique a regular la energía eléctrica.

El rendimiento y la eficiencia de la AEE son inferiores a compañías similares en los EU en gastos operacionales y de mantenimiento. La AEE tiene la tarifa mas alta, más empleados por número de usuarios y genera mucha menos energía (Mwh) por empleado que todas las comparables en Estados Unidos.

Para colmo, se pierde o no se cobra el 15% de la energía generada, equivalente a casi $700 millones en el 2009.  Se pierde más energía en Puerto Rico que la producción total de energía en 91 países en el mundo;  3.7 veces más que el promedio de pérdida en facilidades similares en los Estados Unidos.

La Administración de Asuntos Energéticos tiene el mandato de velar por el cumplimiento de la política energética, pero no existe voluntad política  para darle los recursos necesarios. Debe contar con el apoyo y participación de una base amplia del pueblo para que la política pública energética sea respetada y efectiva para ayudar a la Isla a resolver nuestros problemas energéticos.

Las observaciones y recomendaciones del Centro para la Nueva Economía sobre las finanzas y operaciones de la AEE merecen consideración objetiva. Puerto Rico debe diversificar las fuentes de energía más rápidamente que la AEE. Actualmente, el 69%  de la energía se produce del petróleo y 16% del carbón. La Legislatura debe ordenar metas realistas y agresivas para aumentar las fuentes de energía renovable y el uso de gas natural para generar energía para el 2020. El Ejecutivo debe requerir que la AEE no construya capacidad adicional para generar energía. Estudios de la UPR-Mayagüez muestran que Puerto Rico cuenta con suficientes recursos renovables para compensar por el crecimiento en demanda. Llegó el momento de crear una empresa independiente de  la AEE que solo se dedique a producir energía de fuentes renovables.

Toda nueva iniciativa para renovar y sustituir las plantas viejas e ineficientes de aceite debe ser mediante inversión y operación por la empresa privada. El modelo existe. El 31% de la venta de energía viene de dos productores privados que tienen contratos a largo plazo, AES y Eco Eléctrica.

A menos que haya un cambio radical en la estructura y operaciones de la AEE será casi imposible invertir $1.7 Billones  para sustituir plantas y unidades antiguas e ineficientes, facilidades de transmisión y redistribución, y adquirir equipos adicionales requeridos en los próximos 5 años. La propuesta Alianza Público Privada para convertir cuatro unidades de petróleo a gas natural en Costa Sur reducirá efectivamente los costos de operación, las emisiones de CO2 y dramáticamente las tarifas de energía en Puerto Rico.

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Fracasó como líder durante el desastre petrolero; publicada en El Sentinel del Sur de Florida, sábado 19,2010

Ruina ecologica, economica y federal apocalíptica

Hernán Padilla

El catastrófico desastre causado por el derrame de petróleo en el Golfo de Méjico levanta muchas interrogantes sobre este accidente que afecta la vida marina y la ecología, la economía de los Estados del Golfo, y el diario vivir de miles de familias que dependen de la pesca, la industria del petróleo y el turismo. La ineptitud y la arrogancia del gobierno de Obama resultan increíbles ante esta emergencia.

La “British Petroleum” (BP) falló en su responsabilidad de diseñar y tener disponible todos los recursos para prevenir y contener derrames de petróleo cuando llevan a cabo perforaciones de exploración petrolera, más aún cuando la perforación es a 10,000 pies de profundidad. Fracasaron los ingenieros que planificaron los trabajos de perforación y los administradores que manejaron el proceso. Fracasaron los supervisores que decidieron seguir adelante con el proyecto ignorando que una explosión podía arrancarles la vida a once trabajadores y destruir la calidad de vida de miles de ciudadanos en el Golfo.

La responsabilidad de la BP es clara, pero queda meridianamente claro que el gobierno federal no cumplió con las reglas más básicas de supervisión y monitoreo. Tampoco se puede excluir la administración anterior de su responsabilidad de requerir planes de contingencia para toda clase de emergencia cuando se otorga un contrato de exploración bajo el agua. Los funcionarios de “Minerals Management Service” bajo Obama, responsables de supervisar las actividades petroleras, no cumplieron con su responsabilidad fiduciaria de proteger la vida humana, animal y silvestre de la región del Golfo en caso de accidente o desastre de una de estas compañías. Se durmieron en el “switch”. Ni siquiera habían leído los planes fatulos de contingencia de la BP. Asignaron a un aprendiz a cargo de la inspección de la plataforma de exploración.

Es una contradicción política y administrativa que un nuevo gobierno electo por sus promesas de  “villas y castillas”, después de casi 16 meses de asumir la responsabilidad de supervisar las operaciones petroleras no tuvieran idea de cómo darle el frente a una crisis de esta magnitud.

Los dueños de negocios y ciudadanos que pueden afectarse por la contaminación de las playas de la costa oeste de Florida no pueden estar muy contentos que el Presidente se haya tardado 56 días para visitar Florida. El Presidente Obama tiene la responsabilidad de ordenar y coordinar todos los esfuerzos para contener el derrame y una limpieza masiva de la contaminación causada por el petróleo. Un buen líder no se hubiera tomado dos meses  reunirse con los Ejecutivos y los expertos de BP para buscar una solución efectiva.  Fracasó como líder en momentos de crisis.

Sr. Presidente, su primera obligación con la Nación es ser líder y comandar todos los recursos y mentes disponibles para atacar el problema lo antes posible. Todos sabemos que BP y su administración han sido negligentes. No es importante buscar otros culpables y darle patadas en el trasero. La Nación no necesita más discursos teatrales. Lo importante es buscar soluciones inmediatas y abarcadoras, y tomar las acciones necesarias para evitar desastres y tragedias similares, sin paralizar la industria petrolera que sostiene 45,000 empleados en los Estados del Golfo y sin aumentar las contribuciones al pueblo americano.


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No mas huelgas contra servicios publicos, lunes 14 de junio, 2010 en El Nuevo Dia

No más huelgas en servicios públicos

Hernán Padilla

La intervención y envolvimiento directo de algunos sindicatos para promover la crisis universitaria y capitalizar de la publicidad que generan los estudiantes es la prueba más reciente de que algo anda muy mal con las uniones obreras. Son innumerables los incidentes que demuestran motivaciones políticas, ideológicas y partidistas que nada tienen que ver con el bienestar de los empleados unionados ni los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.

La Revolución Industrial produjo grandes injusticias laborales, particularmente contra menores de edad, empleados en las minas y trabajadores que se explotaban con salarios miserables y condiciones de seguridad y salubridad pésimas. Así nace la huelga o paro laboral, una manifestación necesaria en una época distante.

Hoy día, los sindicatos en el gobierno no encuentran razones válidas para ir a una huelga. El estado legisla el salario mínimo, crea un Departamento del Trabajo para defender los intereses de los trabajadores, el Fondo del seguro del Estado atiende y compensa los obreros que sufren accidentes en el empleo, OSHA investiga y castiga empleadores que violan los estándares de seguridad, los empleados públicos reciben plan de servicios de salud, cualifican para beneficios de seguro social y pensiones, bono de navidad, días libres por enfermedad, licencia por maternidad, más días libres festivos que el gobierno federal, y salarios y mas días de vacaciones que en la empresa privada. No existen razones para que se suspendan servicios vitales como la energía eléctrica, agua, servicios de salud, educación y estudios universitarios.

El movimiento sindical perdió apoyo y está desacreditado. El líder de la Unión de Acueductos cumple sentencia federal por manejos turbios en la Unión. Los movimientos socialistas, separatistas y anti-americanos han infiltrado los sindicatos para envolverlos en la “lucha nacional de liberación”. Políticos fracasados infiltran los sindicatos para su propio beneficio económico y político.

La realidad es que el experimento de las uniones de empleados del gobierno fracasó. Las uniones han invadido el área política, los líderes imponen sus agendas personales y utilizan la huelga como un arma poderosa que destruye la economía. Ignoran la crisis fiscal. Rechazan planes e ideas para rescatar a Puerto Rico de la quiebra fiscal.

La Constitución consagra el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente con patronos privados y agencias del gobierno “que funcionen como empresas o negocios privados”; también protege el derecho a la huelga, piquetes y actividades legales. Hay 22,435 empleados unionados bajo La Ley 130  que autoriza a los empleados de corporaciones públicas a organizarse y a negociar colectivamente. Hay 70, 204 bajo la Ley 145 del 1998 que le otorga los mismos derechos a los empleados públicos del Gobierno central, aunque no funciona como negocios privados.

En un estado de derecho democrático, tenemos instrumentos legales constitucionales para evitar que un grupo minúsculo paralice los servicios esenciales para el mantenimiento del orden, salud pública y bienestar de la sociedad. Los obreros y el pueblo tienen derecho constitucional a protestar y reclamar justicia, pero cuando surgen discrepancias y conflictos es necesario someterlas a un examen objetivo dentro del marco jurídico. Existe la figura jurídica del interdicto judicial para detener los paros o huelgas, pero es necesario considerar la mediación y arbitraje compulsorio judicial en todo conflicto laboral cuando fracasa la negociación colectiva de buena fe.

La huelga representa la negación de la vida democrática civilizada. Hemos visto como algunos líderes empujan a sus miembros a paros que desestabilizan el orden social y le  niegan a la mayoría el derecho a la paz, tranquilidad y bienestar común. Las disputas laborales, sea en el sector público o la empresa privada, son dañinas para la sociedad en general.

Urge aprobar legislación para arbitraje y mediación judicial compulsoria para resolver  todas las disputas laborales.


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Informacion publica sobre la Alianzas Publico Privadas

Arrancan las primeras Alianzas – se aprueban estudios de deseabilidad

  • El Gobernador anunció el comienzo del proceso de licitación de los primeros proyectos de Alianzas Público-Privadas a desarrollarse en Puerto Rico.
  • Estos proyectos contemplan las cinco áreas principales de infraestructura: escuelas, autopistas, energía, agua, y aeropuertos.
  • Los Estudios de Deseabilidad y Conveniencia para estos proyectos fueron aprobados por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas el viernes (28 mayo).
  • Estos estudios son requeridos por el reglamento de la Autoridad para evaluar si es deseable o no el establecimiento de Alianzas para estos proyectos.
  • Esto nos permite comenzar el proceso de licitación y dar paso al Proceso de Calificación de Proponentes (RFQ’s) tan pronto como a partir de este mes de junio.

Se acelera obra en áreas de necesidad apremiante para Puerto Rico

Los primeros proyectos que vamos a estar gestionando incluyen:

  • la construcción, modernización y mantenimiento de gran parte de la red de autopistas; como la PR22, PR52 y PR66;
  • la construcción de una planta de gas natural en el área de Costa Sur en Peñuelas (reemplaza 1-4) para contribuir a nuestro objetivo de diversificar nuestras fuentes de energía y lograr una reducción en la factura de luz;
  • mejoras a la planta física y el servicio a pasajeros del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, para elevarlo al nivel de clase mundial que Puerto Rico merece;
  • un proyecto de tecnología para mejorar los sistemas de contadores y lectura de Acueductos y Alcantarillados y tomar acción en cuanto al 60% de agua que no está siendo facturada;
  • y la iniciativa Escuelas para el Siglo 21, que con una inversión sin precedentes de unos $706 millones neto, dará paso a la  modernización de 95 escuelas y la construcción de cinco planteles nuevos.  Así impactaremos a 50,000 estudiantes a través de todos los municipios de la Isla y generaremos actividad en la industria local.

Ponemos en marcha obra que el gobierno no puede financiar ahora

  • Estamos hablando de de poner en marcha obras de magnitud que benefician a Puerto Rico que de otra forma no hubiesen podido realizarse ahora.
  • La mayoría de nuestras corporaciones públicas enfrentan una situación financiera difícil que no les permite la gestión de obra de infraestructura necesaria para Puerto Rico.   Si no es así, el pueblo no podría ver cómo se modernizan las escuelas, ni cómo llevamos el LMM a un nuevo nivel de excelencia.

Las Alianzas son buenas para Puerto Rico

  • La experiencia demuestra que cuando el Gobierno y el sector privado trabajan juntos pueden lograr con éxito proyectos de gran beneficio para Puerto Rico.
  • Con las Alianzas vamos a tener autopistas en mejores condiciones y más seguras; se van a crear empleos a través de diversos sectores y puntos de la Isla; y vamos a lograr alivios al bolsillo de los puertorriqueños, con proyectos como el de Energía que apoyan los esfuerzos de la AEE para reducir la factura de luz.
  • Las Alianzas también van a contribuir a fortalecer las finanzas de las agencias públicas para que tengan la solvencia o capacidad de proveer servicios de calidad y llevar a cabo más obra en el país.

Proceso de Licitación Estructurado garantiza transparencia y generar competencia

  • Las primeras solicitudes de calificaciones (RFQ, por sus siglas en inglés) para las Alianzas saldrán ahora en verano para los proyectos de escuelas, autopistas, y agua; seguidos por el Aeropuerto LMM y el proyecto de Energía antes de finalizar 2010.
  • Tenemos el objetivo de licitar todos los Proyectos durante esta segunda mitad de año.
  • Con este anuncio que hizo el Gobernador, cumplimos con nuestro compromiso de tener al menos tres proyectos de Alianza encaminados para junio de este año.

Qué son las Alianzas?

  • Las Alianzas son contratos entre el gobierno y una entidad no gubernamental, mediante los cuales se transfieren riesgos al sector privado que se traducen en beneficios para el pueblo.
  • Con las Alianzas se desarrollan los proyectos más rápido; se garantiza la calidad de desempeño del ente privado; y el pueblo de Puerto Rico se mantiene como dueño de los proyectos.
  • Esto no se trata de privatización, esto se trata de estimular la economía, de crear empleos y echar adelante proyectos de infraestructura de la calidad que merece Puerto Rico.  Con las Alianzas Puerto Rico camina hacia adelante y sigue siendo dueño de los proyectos.
  • Con las Alianzas vamos a hacer más por menos.

Proceso transparente y competitivo

  • El proceso de Alianza está regido por la Ley de la AAPP (Núm. 29 ) para asegurar un proceso competitivo y transparente.
  • Este incluye Estudios de Deseabilidad y Conveniencia, Proceso de Calificación de Proponentes, Proceso de Solicitud de Propuestas y Selección del concesionario.
  • Queremos que el pueblo pueda mantenerse informado de todo el proceso.  Para esto pueden dirigirse a la página de Internet www.app.gobierno.pr

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