No mas huelgas contra servicios publicos, lunes 14 de junio, 2010 en El Nuevo Dia
No más huelgas en servicios públicos
Hernán Padilla
La intervención y envolvimiento directo de algunos sindicatos para promover la crisis universitaria y capitalizar de la publicidad que generan los estudiantes es la prueba más reciente de que algo anda muy mal con las uniones obreras. Son innumerables los incidentes que demuestran motivaciones políticas, ideológicas y partidistas que nada tienen que ver con el bienestar de los empleados unionados ni los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
La Revolución Industrial produjo grandes injusticias laborales, particularmente contra menores de edad, empleados en las minas y trabajadores que se explotaban con salarios miserables y condiciones de seguridad y salubridad pésimas. Así nace la huelga o paro laboral, una manifestación necesaria en una época distante.
Hoy día, los sindicatos en el gobierno no encuentran razones válidas para ir a una huelga. El estado legisla el salario mínimo, crea un Departamento del Trabajo para defender los intereses de los trabajadores, el Fondo del seguro del Estado atiende y compensa los obreros que sufren accidentes en el empleo, OSHA investiga y castiga empleadores que violan los estándares de seguridad, los empleados públicos reciben plan de servicios de salud, cualifican para beneficios de seguro social y pensiones, bono de navidad, días libres por enfermedad, licencia por maternidad, más días libres festivos que el gobierno federal, y salarios y mas días de vacaciones que en la empresa privada. No existen razones para que se suspendan servicios vitales como la energía eléctrica, agua, servicios de salud, educación y estudios universitarios.
El movimiento sindical perdió apoyo y está desacreditado. El líder de la Unión de Acueductos cumple sentencia federal por manejos turbios en la Unión. Los movimientos socialistas, separatistas y anti-americanos han infiltrado los sindicatos para envolverlos en la “lucha nacional de liberación”. Políticos fracasados infiltran los sindicatos para su propio beneficio económico y político.
La realidad es que el experimento de las uniones de empleados del gobierno fracasó. Las uniones han invadido el área política, los líderes imponen sus agendas personales y utilizan la huelga como un arma poderosa que destruye la economía. Ignoran la crisis fiscal. Rechazan planes e ideas para rescatar a Puerto Rico de la quiebra fiscal.
La Constitución consagra el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente con patronos privados y agencias del gobierno “que funcionen como empresas o negocios privados”; también protege el derecho a la huelga, piquetes y actividades legales. Hay 22,435 empleados unionados bajo La Ley 130 que autoriza a los empleados de corporaciones públicas a organizarse y a negociar colectivamente. Hay 70, 204 bajo la Ley 145 del 1998 que le otorga los mismos derechos a los empleados públicos del Gobierno central, aunque no funciona como negocios privados.
En un estado de derecho democrático, tenemos instrumentos legales constitucionales para evitar que un grupo minúsculo paralice los servicios esenciales para el mantenimiento del orden, salud pública y bienestar de la sociedad. Los obreros y el pueblo tienen derecho constitucional a protestar y reclamar justicia, pero cuando surgen discrepancias y conflictos es necesario someterlas a un examen objetivo dentro del marco jurídico. Existe la figura jurídica del interdicto judicial para detener los paros o huelgas, pero es necesario considerar la mediación y arbitraje compulsorio judicial en todo conflicto laboral cuando fracasa la negociación colectiva de buena fe.
La huelga representa la negación de la vida democrática civilizada. Hemos visto como algunos líderes empujan a sus miembros a paros que desestabilizan el orden social y le niegan a la mayoría el derecho a la paz, tranquilidad y bienestar común. Las disputas laborales, sea en el sector público o la empresa privada, son dañinas para la sociedad en general.
Urge aprobar legislación para arbitraje y mediación judicial compulsoria para resolver todas las disputas laborales.