UPR: Habla el Tribunal Supremo, en la Loz del Pueblo, 15 de diciembre 2010
UPR: Habla el Supremo
Hernán Padilla
Los llamados paros y huelgas universitarias se caracterizan por la intolerancia y autoritarismo de los grupos dirigentes y la interferencia abierta de grupos políticos, ideológicos y sindicales que persiguen agendas políticas contrarias a la misión de la propia Universidad.
Los estudiantes y representantes estudiantiles tienen el derecho a expresar sus quejas y peticiones en forma civilizada y ordenada, pero en una sociedad democrática se respetan los derechos de los que no piensan como ellos. El debate y el escrito de altura y con respeto son los fundamentos que deben prevalecer en el ámbito universitario, no el insulto y la confrontación.
Agitadores y motivaciones políticas e ideológicas, quieren impedir las labores académicas y administrativas en beneficio de los estudiantes que quieren completar sus requisitos académicos. Se adjudican el monopolio de la “razón y la justicia”. Algunos sectores del país quieren silenciar las voces y reclamos de la comunidad universitaria que piensa diferente. Los sindicatos y grupos políticos-ideológicos destruyen la verdadera autonomía y el “ambiente universitario”. Su meta es paralizar la Universidad.
No se puede ignorar que los cierres académicos pueden traer consecuencias desastrosas para los 60,000 estudiantes universitarios: posible decertificación por la Middle States Association, la pérdida de las Becas Pell que benefician el 68% de todos los estudiantes y las aportaciones federales para investigación, pasantías y programas de investigación.
No se puede ignorar la defensa de la mayoría de los estudiantes que quiere completar el semestre académico, graduarse y recibir su diploma, adelantar sus estudios y completar experimentos e investigaciones.
La Junta de Síndicos, el Presidente y los Rectores deben reconocer la Ley de 1966 y el Reglamento de Estudiantes y sostener que” no es legal” que cualquier grupo que se sienta insatisfecho le niegue el derecho a los estudiantes a educarse y a los profesores cumplir con su función académica.
Es la responsabilidad del Estado proveer educación universitaria de calidad a un “costo accesible.” También es necesario reconocer que los recursos fueron administrados pésimamente en los últimos cinco años y que la Universidad ha caído presa del chantaje político e ideológico de sindicatos y grupos políticos. Puerto Rico no tiene los recursos para satisfacer todas las necesidades, ni llevar a cabo todas las obras y proyectos, ni corregir todos los males del pasado. Puerto Rico no tiene los recursos para financiar el 100% de todos los programas y prioridades.
Por eso es que la sociedad se ha convertido en una dependiente de ayudas para cupones de alimentos, subsidios de alquiler, fondos federales para Medicaid, y ayuda para protección ambiental, construcción de carreteras, transportación colectiva, sistema de justicia y, obviamente, educación.
La decisión del Tribunal Supremo confirma que los estudiantes no son una unidad laboral y que no tienen derecho a huelga. Reconoce que los estudiantes, como todos los ciudadanos tienen el derecho constitucional a libertad de expresión y protestas organizadas, en los espacios designados y sin violar o interrumpir los derechos de los demás. Exhorto a los medios de comunicación del país a denunciar a los encapuchados que tiran bombas de humo en los pasillos y quieren sembrar pánico en la Universidad.
La anarquía NO es la solución. La educación es la contestación a las necesidades de Puerto Rico. Ahora, la Universidad puede cumplir con su responsabilidad de educar en un ambiente que propicie el conocimiento.