Cruda realidad fiscal colonial, lunes 30 de mayo, 2010, El Nuevo Dia.
Cruda realidad fiscal colonial
El Presupuesto para el año fiscal 2011-12 nos brinda la oportunidad de entender cuan limitados son los recursos de fondos locales para atender las necesidades y las aspiraciones del pueblo puertorriqueño. La situación fiscal es más complejas de lo que se percibe.
El Fondo General recibe $8,650 millones de contribuyentes y negocios en la Isla De ese total, la contribución sobre ingresos de individuos ascendió a $2.574 millones, solo el 25% de todos los ingresos recibidos.
Ante esa realidad, necesitamos considerar el impacto de los fondos y los programas federales sobre la economía en Puerto Rico.
Los fondos para servicios sociales, protección de la familia y servicios a la niñez merecen escrutinio. La Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia recibe $2,090,687,000 en fondos federales, lo que representa el 95.5% de su presupuesto. Sin esa ayuda federal no se recibirían $2,091 millones para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), $87 millones para Ayuda temporal para familias necesitadas ni $5.6 millones para la rehabilitación económica de la familia.
Para describir cuan dependientes somos de los contribuyentes del norte, basta con señalar que la Administración de Familias y Niños recibe $54 millones para servicios del bienestar de los niños y el 95.2% del presupuesto de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), $184.5 millones provienen de fondos federales. La Administración para el Sustento de Menores, depende de $41 millones de fondos federales, 74% de su presupuesto total.
Los servicios de salud no se quedan atrás. La Administración de Servicios de Salud recibe $993 millones de Medicaid y TituloXIX para los programas de asistencia médica; la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (AMSCA) recibe $35 millones; y el Departamento de Salud $476 millones.
Educación va por el mismo camino. El 81% del presupuesto de la Administración de Rehabilitación Vocacional proviene de fondos federales ($72.7 millones), los servicios del Departamento de Educación dependen de $1,404 millones federales y la UPR recibe $305 millones en ayuda federal.
Sin hacer un desglose, es obvio que el gobierno federal subsidia la sociedad puertorriqueña mediante más de 300 programas federales. Los subsidios y donaciones han sido muy buenos para Puerto Rico, especialmente para los ciudadanos más necesitados. Hemos dado la lucha para que nos traten en condición de igualdad con los otros ciudadanos de los Estados Unidos. La realidad es que los contribuyentes de los cincuenta Estados subsidian nuestra economía, la infraestructura y la función gubernamental.
Las transferencias federales suman más de $21,000 millones al año, incluyendo $7500 millones de subsidios al Gobierno Central para brindar servicios esenciales a toda la ciudadanía; $4,412 millones en otros pagos directos a los individuos y $1,176 millones en pagos de salarios y contratos de las agencias federales en Puerto Rico. Como ciudadanos americanos, pagamos $3,557 millones anualmente por contribuciones para la red de seguridad social, Seguro Social, Medicare y Seguro por Desempleo al gobierno federal. A cambio, recibimos $7,700 millones en beneficios de seguro social, retiro e incapacidad.
A pesar de las masivas ayudas y transferencias federales, las cifras de abril del 2011 del Departamento del Trabajo confirman que de una población no-institucional de 3,139,000 solo 1,266,000 personas buscan empleo y solo 1,061,000 estaban empleados.
Para complicar más la situación económica, la crisis fiscal que afecta a los Estados Unidos obligará al Congreso a tomar medidas que pueden tener un impacto negativo sobre los fondos federales destinados a Puerto Rico. La ayuda unilateral no va a durar para siempre. Tenemos que cambiar la dirección de nuestra economía. Es necesario buscar nuevas estrategias políticas, fiscales y económicas.
El experimento político y modelo colonial del ELA ha sido un fracaso económico. Urge resolver el estatus de Puerto Rico.