Autopistas y las APP; El Nuevo Dia, lunes 27 de junio de 2011
Autopistas y Alianzas Publico-Privadas
Hernán Padilla
El anuncio de la aprobación de la Alianza Publico Privada (APP) para las Autopistas PR-2 y PR-5 por el Gobernador Fortuño concluye un proceso complejo y minuciosamente detallado para que Puerto Rico logre que dos autopistas alcancen el nivel de calidad de las mejores autopistas el mundo.
Por falta de recursos, Puerto Rico ha postergado la construcción de obras consideradas imprescindibles, mientras se deterioran las existentes por falta de conservación, mantenimiento y mejoras necesarias. La Autoridad de Carreteras no tiene recursos ni capacidad fiscal para construir o mejorar las autopistas como merece Puerto Rico. La participación activa del sector privado es crucial.
Las Alianzas Publico Privado (APP) son un instrumento jurídico y práctico para diseñar, financiar, construir, restaurar y operar obra publica nueva o existente. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Irlanda, Francia, Rusia, Portugal, Australia, India y China han adoptado las APP como un instrumento legal para promover la inversión y evitar endeudamiento publico.
Chile creó la “Coordinación General de Concesiones” (APP) con el propósito de liberar recursos públicos y ha canalizado más de la mitad de la inversión pública en infraestructura en concesiones al sector privado. Republica Dominicana, Méjico, Colombia y Brasil han puesto en marcha miles de kilómetros de carreteras bajo los programas de concesiones.
Mediante un acuerdo contractual contemplado en la Constitución, el Código Civil, la Ley Hipotecaria, el Registro de la Propiedad y la Ley de APP de Puerto Rico, el gobierno seleccionó y contrató, con amplias garantías legales para Puerto Rico, a un consorcio de dos compañías especializadas en autopistas para financiar, renovar, reparar, mantener dos autopistas y prestar servicios bajo condiciones económicamente ventajosas.
Los principios básicos de una APP son claros: existen una serie de bienes y servicios de interés general que deben ser supervisados por el sector público; el sector privado puede contribuir a una mayor eficiencia y calidad de los servicios; se define con precisión la distribución de riesgos entre el sector público y el privado; el Gobierno retiene el titulo y siempre es dueño de la propiedad.
El concesionario tiene que cumplir con todos los requisitos del contrato y asume responsabilidad por el diseño, construcción, cambios y problemas con el financiamiento, aumentos en costos de personal y operaciones y cualquier disminución en los ingresos. El Estado se compromete a pagar directamente o mediante la utilización que le brinden los usuarios por los servicios de calidad aceptados y definidos contractualmente.
Una APP bien estructurada mejora la eficiencia, atrae capacidad técnica avanzada, conocimiento especializado, promueve la participación de entidades financieras que exigen análisis detallados del proyecto para garantizar su viabilidad, acorta el tiempo del proyecto y reduce los costos de las obras.
La concesión de las Autopistas PR-22 y PR-5 a un consorcio privado cumple con el interés público de transitar por una autopista de primer orden, rehabilitadas, seguras y bien mantenidas y un costo de peaje bajo, definido y restringido. El consorcio hace un pago inicial de $1,080 millones, fondos que sacarán a la ACT de una crisis financiera y de un posible incumplimiento del pago de la deuda publica, si no implanta estrategias financieras diferentes.
Además de invertir $356 millones iniciales en mejoras substanciales y construcción a corto y largo plazo y generar mas de 1,000 nuevos empleos, la inversión millonaria por la empresa privada será un estimulo positivo para el desarrollo económico de Puerto Rico. La participación de inversionistas y empresas reconocidas en el manejo de autopistas a nivel mundial es una expresión de confianza sobre el proceso de las APP en la Isla. Esta Alianza que beneficia al país, especialmente a los automovilistas, es un buen negocio y abre las puertas a Puerto Rico como un destino de inversión confiable a nivel mundial.
Ahora es el momento para que los Jefes de Agencias y Directores de las Corporaciones Publicas hagan un inventario de los múltiples proyectos que necesitan llevarse a cabo, pero para los cuales no tienen recursos o capacidad prestataria para que se hagan realidad. El instrumento legal e las APP es la solución para promover el desarrollo económico, generar empleos y solucionar problemas crónicos y críticos. No hacerlo es darle la espalda al progreso.