Hernan Padilla

Carga marítima, otro pilar de la economía

Son varios los pilares que sostienen la economía de Puerto Rico. La transportación marítima es uno de los más importantes. La economía de Puerto Rico depende de un servicio marítimo regular, consistente y confiable. Se importan $23 billones de productos necesarios para nuestro diario vivir y se exportan $30 billones de productos de Puerto Rico hacia el mejor mercado libre del mundo, Estados Unidos de América.

La Ley de Cabotaje no es definitoria de la relación política con los Estados Unidos. La discusión de la transportación de mercancía y pasajeros entre puertos americanos y Puerto Rico es un asunto de vital importancia que compete a todos los puertorriqueños.

El Acta Foraker del 1900 establece que PR queda bajo las disposiciones federales de transportación marítima y las leyes de cabotaje. El Acta de la Marina Mercante, conocido como el Acta Jones, confirmó la vigencia de la legislación federal sobre transportación marítima a Puerto Rico. La Ley 600 del 1950 estableció que el trafico marítimo entre PR y EU se reglamentaria de acuerdo a las disposiciones de las leyes aplicables a los distritos costeros de los EU.

El Congreso prohibió barcos extranjeros en el comercio costero, transportación de mercancía de un puerto a otro puerto americano en una embarcación que perteneciera a un poder extranjero, conexión directa o indirecta a través de un puerto extranjero Las leyes de cabotaje limitan la carga de mercancía o pasajeros entre puertos de Estados Unidos a buques construidos y abanderados por los Estados Unidos

Puerto Rico requiere transportación de carga en tiempos buenos y malos, en tiempos de paz o de guerra. Un sistema que garantice transportación de mercancía y comestibles a la isla de una manera confiable. Cinco compañías marítimas ofrecen servicios y conexión con los más importantes puertos nacionales, y un itinerario regular de más de 10 viajes semanales. Pero no todo es color de rosas. La realidad es que las Navieras de Puerto Rico no existen, fracasaron y se vendieron.

El costo de la transportación marítima ha aumentado considerablemente y encarece el costo de la vida en la isla. Las compañías de transporte han reducido el espacio de carga al eliminar barcos de servicio y no aumentar la flota de barcos. Como consecuencia mantienen el alto costo y nos arriesgamos a aumentos continuos. El gobierno de Puerto Rico debe negociar el servicio las tarifas de la carga desde Puerto Rico hacia Estados Unidos para beneficio de Puerto Rico. Es conocido que los barcos normalmente regresan vacíos. La alternativa es solicitarle al Departamento de Justicia Federal que investigue el aumento y la fijación de tarifas bajo las leyes anti-monopolísticas (antitrust).

Especialistas en transportación marítima señalan que sería muy peligroso depender exclusivamente de compañías extranjeras que tienen que viajar grandes distancias para llegar a Puerto Rico. La Isla se convertiría en una parada más en su viaje de múltiples puertos. Barcos extranjeros que vienen llenos del sur hacia Estados Unidos no tendrían cabida para recoger mercancía en Puerto Rico. Depender de la carga aérea paralizaría la exportación de productos industriales y agrícolas.

Es hora de formular un plan integral de transportación de la carga marítima. Las Leyes de Cabotaje que han garantizado un servicio marítimo regular y confiable hasta el presente no son la única y ultima solución. No podemos ignorar la realidad. Depender de un pequeño grupo de compañías que protegidos por la exclusividad han utilizado la franquicia establecer las tarifas que cobran por la carga desde y hacia Puerto Rico unilateralmente. Urge aumentar el número y promover la competencia entre las compañías de transporte marítimo. Es muy arriesgado no contar con la transportación de la cual depende la economía y nuestra subsistencia como pueblo

El Comisionado Pierluisi debe solicitar al Congreso enmendar el “Acta Jones” para que responda a las necesidades del mercado y la economía de la isla sin poner en riesgo la transportación marítima que sostiene la economía. Puede reclamar una exención para el “trasbordo de mercancía hacia el norte” que beneficie a Puerto Rico y el nuevo Puerto de Ponce.

El bienestar de los puertorriqueños merece un debate racional cuando se habla de la transportación de la carga marítima

Antes de determinar una nueva política pública de salud, es necesario considerar que los programas de salud de Puerto Rico dependen grandemente de la política pública, leyes, reglamentos y fondos federales. Somos parte de la cultura medica-científica y servicios de salud de los Estados Unidos.

La Ley “Patient Protection and Affordable Care Act” (ACA) del 2010 le otorgó a Puerto Rico un aumento en la fórmula para Medicaid, Pero si se compara la contribución federal a las necesidades de atención médica de los beneficiarios que reúnen los requisitos para Medicaid en la isla, se calcula que recibíamos 18 por ciento de la cantidad necesaria para brindarle buenos servicios de salud las personas de menos recursos (cuando debía haber sido el 83%).

Eso es así porque el límite máximo asignado por el Congreso a los territorios como Puerto Rico restringe los fondos federales a un nivel menor del que se aplicaría si Puerto Rico fuese un estado.

A pesar de esa limitación, en el 2010 se logró un aumento del límite máximo de los fondos federales de Medicaid. Aun así, solo recibimos menos del 40% de lo que nos correspondería como estado de la Unión, lo cual es otra prueba de que la condición de inferioridad del ELA territorial sacrifica a los más necesitados.

La Ley de salud del Presidente Obama (ACA) aumenta los fondos de Medicaid para Puerto Rico por más de $5.5 billones en nueve años para ofrecerle servicios de salud a más de un millón de ciudadanos bajo el programa “Mi Salud.

La administración anterior tomo acción para incorporar las protecciones de la reforma federal mediante la Ley 161del 2010 que enmienda Carta de Derechos del Paciente de PR. El Artículo 3 dispone que los derechos establecidos se regirán de conformidad con los requisitos y procedimientos dispuestos por la Ley ACA federal y la reglamentación federal y estatal.

Tan importante son estas disposiciones, que quiero resaltar algunos segmentos de la Ley 161 que incorpora las protecciones que se le reconocen a los pacientes en la Ley federal, como “la prohibición de discrimen por razón de alguna condición médica preexistente y la prohibición de imponer límites de por vida, anual o de beneficios, según éstos son definidos en la legislación federal”.

De igual forma, “se le garantiza al paciente una cubierta médica de cuidado preventivo, así como una cubierta, con acceso directo y sin referido o autorización, a servicios médicos de ginecología y obstetricia, en aquellos casos en que el plan cubra dichos servicios”.

Debemos reconocer que con la reforma federal y las enmiendas a la Ley 161 se dio “un paso adicional para lograr que todos los puertorriqueños tengan acceso adecuado a servicios y facilidades de salud médico-hospitalarias de alta calidad, de acuerdo con sus necesidades e independientemente de su condición socioeconómica, sus condiciones de salud preexistentes, su historial médico o su capacidad de pago”.

La Ley 161 establece que “todo paciente, usuario, o consumidor en Puerto Rico tiene derecho a una selección de planes de cuidado de salud y proveedores de servicios de salud médico-hospitalarios que sea adecuada y suficiente para garantizar el acceso a cuidado y servicios de salud de alta calidad”,

De la misma manera, “los pacientes menores de 19 años de edad pueden seleccionar el plan de cuidado de salud y aquellos proveedores que se ajusten a sus necesidades sin que se sean discriminados por cualquier condición médica preexistente o su historial médico, y a partir del año 2014, el derecho a que no se discrimine por su condición médica pre-existente o historial médico aplicará a todos los pacientes, independientemente de su edad”.

Sin duda, los programas federales para mejorar los servicios de salud de nuestra gente nos unen más a nuestra nación americana.

U.S. Citizenship and immigration reform

As a US Citizen born in Puerto Rico, I am acutely aware of the nation’s need for an immigration reform and strongly support the growing consensus in Congress and throughout the country to craft a workable, humane solution to this troubling issue.

At the same time, it is important what Congress does about a related issue–the American citizens residing in Puerto Rico who suffer from geographic discrimination, since they do not have the same rights and responsibilities of the residents of the 50 States of the Union.

For the same reason, Puerto Ricans, as naturally born US citizens, have the moral responsibility to become actively engaged in the national debate on the comprehensive immigration reform.

There is a clear need to enact a just, fair, and comprehensive reform of the immigration system that improves the legal process for immigrants who wish to legally come to the United States. Start by creating a temporary classification for immigrants who want to legalize their work status. Technology must be brought to bear to improve the application for visas, as well as to track visitors during their stay in the US.

Our economy needs a steady flow of tens of thousands of temporary immigrants to work on seasonal agriculture, and agricultural related industries. A program is needed that identify and certify immigrant workforce needs for the different sectors of the economy.

The U.S. needs to attract a new pool of highly qualified immigrants to sustain the nation’s “knowledge economy”, and an improved system of visas for entrepreneurs and innovators that can promote the development of new businesses and industries that will create new jobs for Americans.

A legal mechanism has to be found that enables these talented young immigrants to achieve their full potential, and, thus, permit them to contribute to our nation’s enterprise, without being deported.

The time has come to pass and incorporate the “Dream Act” into a comprehensive federal immigration reform that will allow young people who meet the criteria to qualify and apply for permanent residence in the only nation that they know, and eventually, US citizenship.

The process must also contain an effective system that stops unauthorized immigration in the future and identify visitors that become illegal after their visit permits and visas expire.

American citizens who reside in Puerto Rico, independent of their birth place, should be treated equally, and with the same rights, opportunities and responsibilities of all other US citizens who reside in one of the 50 States.

Incorporating Puerto Rico as a full-fledged State of the Union, will guarantee that all American citizens who reside in Puerto Rico, including tens of thousands of naturalized citizens, are given the same rights that are being sought for immigrants under the immigration reform measures. After almost a century of loyally serving in the Armed Forces, and sharing the Nation in the good and bad times, they should no longer have to suffer geographic discrimination.

Igualdad y la Reforma Migratoria

Estados Unidos es una nación compuesta por grupos con ancestros, razas, costumbres, valores, religiones y culturas muy diferentes. Pero, debemos ser ciudadanos de una nación con una sola Constitución y una sola ciudadanía para todos los ciudadanos americanos.

Ese no es el caso en el ELA territorial y colonial. Los puertorriqueños-ciudadanos americanos y miles de inmigrantes naturalizados que residen en la Isla no tienen los mismos derechos constitucionales que protegen a otros ciudadanos que residen en cualquiera de los 50 estados de la unión.

Siendo los puertorriqueños ciudadanos americanos de nacimiento, tenemos la obligación moral de participar en la discusión sobre la reforma migratoria que se lleva a cabo en estos momentos a nivel nacional.

El problema de los inmigrantes no es uno partidista. Hemos estudiado y adoptado algunos conceptos de organizaciones cívicas y líderes de ambos partidos nacionales. Concurrimos con los planteamientos de organizaciones cívicas como LULAC (League of United Latin American Citizens).

La nación Americana fué creada por inmigrantes provenientes de todo el mundo y en donde hay más de once (11) millones de inmigrantes indocumentados. La abrumadora mayoría de los inmigrantes indocumentados son seres trabajadores, dedicados, religiosos y leales que vinieron en busca del “sueño americano”, prosperidad y una mejor vida.

Por el bien de la nación, se hace necesario aprobar una reforma migratoria justa y humanitaria que mejore el proceso de inmigración legal de los Estados Unidos.

Entre los pasos a seguir, urge crear una clasificación migratoria temporera para aquellas personas que quieran legalizar su estatus de trabajadores. Hace falta una estrategia que use la tecnología moderna para mejorar el proceso de solicitar visas de entrada y permanencia en la nación.

Estados Unidos depende de una población migrante para muchas de las tareas temporeras agrícolas que cambian con las estaciones del año, así como para diferentes industrias agrícolas. Respaldo un vigoroso y amplio “Programa de Empleados Migrantes” que responda a las necesidades empresariales y demanda de obreros migrantes.

Es necesario aprobar nuevas leyes para atraer personas con conocimiento y adiestramiento especializado en ciencia, ingeniería, tecnología, computadoras, matemáticas, y áreas como el campo de la salud.
La nación se beneficiará con más visas y con un mejor programa y sistema de visas para empresarios, inversionistas y desarrolladores creativos para los negocios del futuro.

Existen miles de hijos de inmigrantes que solo conocen una nación y una patria, los Estados Unidos de America, pero a quienes no se les ha extendido la oportunidad legal para permanecer en tierra americana y viven con la amenaza de ser deportados, a pesar de ser excelentes jóvenes estudiantes.

Respaldo que se apruebe el proyecto del “Dream Act” que les permita residir legalmente en la nación que conocen como la suya y que les señale un camino para que cualifiquen para la ciudadanía americana en el futuro.

También es necesario establecer procesos eficientes para controlar la entrada de inmigrantes sin permiso y para identificar y darle seguimiento a las personas a quienes se les expira la Visa correspondiente.

Creemos que todos los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico, cualquiera que sea su origen, deben disfrutar de la igualdad y los mismos derechos y responsabilidades y oportunidades que disfrutan los que nacieron o se naturalizaron y residen en cualquiera de los cincuenta estados.

Nosotros también luchamos por el derecho a ostentar una ciudadanía americana con todos los derechos que se nos niegan bajo el status territorial colonial actual.

Convertir a Puerto Rico en estado de la Unión le garantizaría a todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, incluyendo los miles de ciudadanos naturalizados y los que puedan beneficiarse de una futura reforma migratoria, la protección de la Constitución de los Estados Unidos y la plena participación en los procesos democráticos a nivel nacional.