Hernan Padilla

Quieren disfrazar Asamblea Inconstitucional de status
Hernán Padilla
Ante las contradicciones de los que pretenden celebrar una “Asamblea Inconstitucional de Status” según propone García Padilla, es necesario considerar las expresiones públicas de algunos de sus aliados y la Constitución de Puerto Rico.
Puerto Rico tiene el derecho a reconocer las diferencias entre los que proponen un juego político mediante un mecanismo que no tiene la menor oportunidad de resolver el problema del status y los que abiertamente apoyamos que Puerto Rico se convierta en un Estado de los Estados Unidos.
El ex-gobernador Hernández Colon propone un proceso sin límite de tiempo que “debe permanecer vigente hasta que logre su objetivo”. Reconoce también que no es tan fácil como pretende el PPD: “El procedimiento para convocar una Asamblea Constituyente, según el Articulo VII de la Constitución de Puerto Rico, requiere que dos terceras partes de ambas cámaras legislativas lo aprueben y que esta decisión se someta a votación al pueblo, no al antojo del PPD, sino en las elecciones subsiguientes.

Rafael confirma la dependencia del ELA-colonial y acepta que si hubiera tal “Asamblea” es el “Congreso que por ley establece el proceso para considerar las propuestas y quien tiene la autoridad para rechazarlas”.

Sin embargo, Aníbal Acevedo Vilá pretende disfrazar la Asamblea “inconstitucional” y recomienda llamarla “Asamblea de Status” (elimina Constitucional) , como si fuera otra comisión de status, para que no se apliquen “las normas jurídicas de las convenciones constitucionales”. Igual que RHC, reconoce que dicha asamblea “no puede obligar al Congreso de los Estados Unidos a que acepte lo que se le propone”

No pueden ocultar que no quieren ser parte de los Estados Unidos. Aníbal afirma que “no le veo ningún problema a que se incluya la opción de libre asociación (sin ciudadanía americana) como una cuarta alternativa”.
La Comisión de Status del PPD propone:”suscribir un pacto de asociación no colonial, y no territorial con los Estados Unidos basado en el ejercicio de la soberanía de ambos países (naciones independientes) y con plena validez internacional de conformidad con la Resolución 2625 (XXV) de la Organización de las Naciones Unidas. (Independencia o republica asociada)

Legisladores populares radicaron proyectos y posponen su consideración amparándose en una disposición constitucional para consultar si el pueblo desea que se convoque a una convención constituyente aunque choque contra el poder del Congreso, que impuso restricciones a la colonia limitando los poderes para enmendar nuestra Constitución.

Ante la estrategia popular, el Artículo VII de la Constitución de Puerto Rico es fácil de entender. Sección 1, La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta Constitución mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara”. Este requisito no se puede cumplir ya que los líderes estadistas se oponen a una Asamblea Inconstitucional.
Los estadistas basamos nuestra posición fundamentalmente en la Sección 3. “Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso Octogésimo primero”.
Más que eso, insistimos que la independencia no es opción y que el ELA mejorado, ELA Soberano o la republica asociada no caben dentro del orden constitucional americano.
No importa como la llamen, Asamblea Inconstitucional, Convención, Comisión o Asamblea de Status, la realidad es que todas son innecesarias e ignoran que el pueblo emitió su veredicto, derrotó el ELA-territorial-colonial, revocó el consentimiento de los gobernados y el 61% apoyó la estadidad en el referéndum del 2012. La próxima Constituyente será al amparo de la Constitución de los Estados Unidos para el Estado de Puerto Rico.

Estamos preparados para ser Estado
Hernán Padilla
Las vistas del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de Estados Unidos celebradas el pasado 1 de agosto brindaron la oportunidad para que los partidos políticos locales definieran el status ideológico de su preferencia. No cabe duda que la presentación del Presidente del PPD y Gobernador de la colonia-insular, Alejandro García Padilla, dejó a sus huestes decepcionadas y al presidente del Comité, el Senador Ron Wyden, confuso.
García Padilla mintió cuando dijo que el “ELA-territorial no estaba en la papeleta” ni pudo explicar ni las preguntas más elementales sobre el status que proponen. No tuvo la valentía de mencionar el “nuevo país” y el ELA Soberano o cómo pretende sacar a Puerto Rico de la condición colonial y de inferioridad política del status territorial actual.
No se atrevió aseverar que Estados Unidos no es su nación, que no respalda la igualdad de derechos para los ciudadanos americanos de Puerto Rico y que miembros del PPD rechazan la presencia del FBI y la Corte de Distrito Federal.
“Igualdad, Futuro Seguro”, aunque no participó en la vistas por ser una organización independiente no-partidista , sometió una ponencia escrita en la que señala que su misión y único propósito es lograr que Puerto Rico se convierta en el Estado 51 de nuestra nación. Sostenemos que la igualdad de derechos y la soberanía ciudadana y colectiva sólo se puede lograr bajo el orden constitucional de la estadidad.
Es necesario que el Congreso entienda que la presente condición política le niega a 3.7 millones de conciudadanos los derechos constitucionales y civiles que les corresponden como ciudadanos de los Estados Unidos de América.
El principio fundamental de la unión americana es una “unión permanente entre los Estados y los ciudadanos”, mandato que se sostiene en el ejercicio de los principios democráticos. Lamentablemente una interpretación de la Constitución por la Corte Suprema de Estados Unidos durante una época racista y segregacionista privó a los puertorriqueños de los derechos fundamentales que pertenecen a todos los ciudadanos americanos.

Los “casos insulares” que surgieron del Tribunal Supremo, durante una época en la que negaba igual protección bajo la ley a todas las personas es un estigma del pasado que no debe considerarse para definir nuestro futuro político.

El Congreso tiene ante sí el mandato del pueblo de Puerto Rico y la responsabilidad moral de poner fin al discrimen que priva a nuestro pueblo de los frutos de las libertades civiles y los beneficios de participar en nuestro sistema de gobierno “republicano” nacional. El pueblo de Puerto Rico demanda que nos reconozcan los derechos inalienables que solo se garantizan con la estadidad.

El asesor constitucional de “Igualdad”, Lcdo. Alfredo Castellanos, puntualizó que el pueblo de Puerto Rico no aceptará otra alternativa a nuestro status actual que no sea la estadidad. Nuestro pueblo reclama la aplicación de las leyes bajo las mismas garantías, protecciones y condiciones de la Constitución de Estados Unidos. Solo existe una Constitución y tiene que ser la misma para todos los ciudadanos americanos.

La independencia y el colonialismo son contrarias al orden constitucional americano y no son opciones para 3.7 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Solo la estadidad puede culminar el proceso de integración a la Unión de los ciudadanos residentes en Puerto Rico, para quienes en el 1947 el Congreso determinó reconocer los privilegios e inmunidades de la ciudadanía americana como si Puerto Rico fuese un Estado de la Unión.

Más aún, somos el único territorio “organizado” en el que el Congreso creó un Tribunal de Distrito Federal bajo el Artículo III de la Constitución de Estados Unidos. El camino a la estadidad es irreversible porque estamos preparados para unirnos en condiciones de igualdad a los otros estados de la nación Americana.

R/T @hernanpadilla51

August 9, 2013

US Senate Committee
on Energy and Natural Resources
304 Dirksen Senate Building
Washington, DC 20510

Re: Response to Public Hearing of August 1, 2013 of the US Senate Committee on Energy and Natural Resources by Dr. Hernán Padilla and Alfredo Castellanos, Esq.

Dear Honorable Committee Members,
Greetings from Puerto Rico! By means of introduction, my name is Dr. Hernán Padilla, I am a former two term Mayor of San Juan, Puerto Rico, our Capital City, and the first Hispanic President of the “United States Conference of Mayors”. The co-author of this letter, Mr. Alfredo Castellanos, Esq., serves both as a legal counsel of our entity and as a constitutional and historical advisor. I currently preside over a non-partisan, grass-roots citizen advocacy organization (Igualdad) comprised of hundreds of members directly, and thousands of members indirectly through affiliated supporters and independent groups, whose common denominator and primary mission is to support Puerto Rico becoming the 51st State of the Union. Our organization and the undersigned, believe that equality of rights for the people of Puerto Rico, as well as true individual and state sovereignty, can only be achieved under our Constitutional Order through Statehood.

The time has come for Congress to act upon Puerto Rico’s desire to become a State of the Union . It behooves our organization and the undersigned to express some of our thoughts and concerns regarding the above matter, with the hope that our contribution will assist in analyzing the predicament that 3.7 million American citizens face by being disenfranchised, among other compelling realities and inequities and Republican deficiencies that are inherent in our territorial constitutional structure.

As history illustrates, since the founding of our Republic, the aspiration of the American People is to recognize and implement the revolutionary concept that people are capable of governing themselves in the pursuit of their respective happiness. Unfortunately, this noble aspiration has not been reached by numerous marginalized and disenfranchised groups in our Nation. Puerto Rico is among them.

Our Founding fathers original conception was to create a permanent union of states and citizens so that our Nation would become the beacon of liberty and democratic principles throughout the world. Unfortunately, as it pertains to the people and the citizens of Puerto Rico, Congress and the Supreme Court, in interpreting our Constitution, have imposed unfounded and discriminatory “barriers of entry” for Puerto Rico to enter as a partner of our 50 states Union, depriving the people of Puerto Rico fundamental rights that belong to all Americans.

In 2013, with the eyes of the World watching, Congress received an electoral mandate from the People of Puerto Rico and a moral responsibility to end the historical segregation and patent discrimination that has deprived our people of the fruits of our liberty, our rights and the vast benefits of participating in our constituted Republican Form of Government. The People of Puerto Rico deserve no less than the full recognition of their inalienable rights. Only statehood can guarantee said objective and that is precisely what our people are demanding Statehood now!

For purposes of efficiency, we will adapt by reference a letter that was sent by Mr. Alfredo Castellanos, Esq., in his individual capacity, on June 20, 2013, to the Hon. Senator Wyden and members of this Committee, addressing important legal and historical points that should serve to clarify to this committee why the people of Puerto Rico will not settle for any other resolution of our current political status other than Statehood! (Attached please find a copy of the same as exhibit A). That is how our Founding Fathers envisioned
the future of all organized territories, and that is how the people of Puerto Rico, given the proper orientation by Congress, desire it: Equality of law and equal footing, as a member state under one Constitution, nothing more, nothing less.

To merely consider the possibility of provoking an act of secession by American citizens who reside in an organized territory, and in our opinion, by implication, an incorporated territory of the Union is repugnant to our Constitutional Order. The above would only serve to illustrate that our Nation is incapable of self-government within the confines of a permanent union of citizens. Our organization repudiates any efforts that may be considered by the Congress to destroy the fruits of the Civil War and President’s Abraham Lincolns’ vision of a new birth of freedom, for all citizens, ex-slaves, free slaves, blacks, Asians and, yes, even Hispanics, among others ethnics groups; freedom and liberty rights that belong to all Americans.

As Mr. Castellanos stated in his communication, the “Insular Cases” and the incorporated and unincorporated territories that arose from the Supreme Court during the era when our Nation, erroneously, believed in a racial segregation, Jim Crow Laws, and refused to acknowledge equal protection of the law to all persons, are relics of the past that serves no purpose for defining the options that the People of Puerto Rico have as to our political future.

Independence is not an option; eternal colonialism is not an option; only statehood was designed to culminate the process of political integration in a Union where we in Puerto Rico, through the enactments of the Governor Electoral Act of 1947, have enjoyed all the privileges and the immunities of citizenship, as if Puerto Rico were a State of the Union. In fact, it is indeed worth mentioning that our territory is the only organized territory outside the continental United States where Congress has opted to create an Article III Federal District Court, treating Puerto Rico as a State of the Union.

It is indeed far too late to move the clock back 115 years and pretend that we are somehow an unorganized incorporated territory just beginning our territorial political experiment. That is simply not acceptable to the people of Puerto Rico and I am certain that the vast majority of our fellow citizens in the Union support the same point of view.

In 2013, we are also a Nation full of Hispanics and Hispanic history and traditions. Cultural considerations were never a part of our founding fathers original concerns about the evolution and growth of our Republic (other than, with very minimal exceptions, matters that pertained to the institution of slavery and the rights of Native American Indians), and they should bear no relevance whatsoever to the cause and struggle of the People of Puerto Rico for the recognition of our full political rights and our willingness to assume our individual and collective responsibilities as citizens of our Union. The People of Puerto Rico are ready to join our Union as equal partners with our member States without any further delay.

We thank this Committee for devoting time and consideration to both the situation of Puerto Rico and the present communication.

Sincerely,

___________________________________________ __________________________________________
Alfredo Castellanos Dr. Hernán Padilla
Counsel for Igualdad President of Igualdad
cc:/ Hon. Ron Wyden
Hon. Pedro Pierluisi

Manejos secretos contra la salud
Hernán Padilla
Mientras intensificamos el reclamo para que los puertorriqueños disfruten de la igualdad de derechos, oportunidades y progreso que disfrutan nuestros conciudadanos en los 50 estados, la administración de la colonia continúa su política partidista ideológica de oponerse a servicios federales que beneficiarían al pueblo de Puerto Rico.
El derecho a tener acceso a los servicios de salud al alcance de toda la ciudadanía es una de las prioridades para todos los que residen en Puerto Rico. Oponerse a que se apliquen en Puerto Rico nuevos beneficios relacionados a los servicios de salud según legislados a nivel nacional es contrario al bienestar de los puertorriqueños.
La administración Obama denegó una solicitud “secreta” de la administración de García Padilla para que eximieran a Puerto Rico de la disposición de la reforma Federal de Salud (Patient Protection and Affordable Care ACT; (PPACA)) que requiere que las compañías de seguro de salud aseguren a todos los ciudadanos sin importar su condición de salud (pre-existente) o utilización de su seguro médico.

Bajo PPACA se obliga a todas las aseguradoras a competir sobre un terreno parejo que provee la oportunidad de comprar un plan médico básico, definido por el Gobierno Federal con el mejor precio que puede dictar la competencia. La Ley federal evita que las Aseguradoras vendan cubiertas de salud con pocos beneficios a precios baratos y que los asegurados en la eventualidad de una situación catastrófica no tengan una cubierta adecuada.

No solamente es un “chanchullo político”, sino que también es contrario a la Ley 161 de 2010 firmada por el Gobernador Fortuño para reafirmar que PPACA aplica en Puerto Rico y que por legislación Federal como Estatal se le protegen ciertos beneficios a Puerto Rico; entre ellos el que AGP le solicitó eliminar a la Secretaria de Salud Federal.

Esta solicitud, de ser aprobada, le negaría seguro medico a los puertorriqueños que necesitan tratamiento médico y que no tienen cubierta y aventajaría a las aseguradoras. Pretendían eliminar secretamente la aplicación de los beneficios de la legislación federal y estatal en Puerto Rico y negarle la garantía de no ser rechazado por un plan médico por una condición preexistente. Hasta la legislatura-colonial se hizo cómplice aprobando el P Camara1178.

Revocarían la aplicación en Puerto Rico del mandato que “a partir del 2014, el derecho a que no se discrimine por su condición médica preexistente o historial médico aplicará a todos los pacientes, independientemente de su edad y que puedan seleccionar el plan de salud y proveedores que se ajusten a sus necesidades sin ser discriminados”.
Indudablemente, esta solicitud sigue el compromiso político-ideológico de García Padilla de eximir a Puerto Rico de la aplicación de leyes federales. No pueden negar que un funcionario de su Administración dirigió una solicitud a escondidas y sin informarle al pueblo de PR para que la Secretaria de Salud Katheleen Sebelius excluyera a PR de varios requisitos y beneficios de la Ley PPACA.

Afortunadamente para los más necesitados y las familias de menos recursos, un oficial de Salud Federal denegó la solicitud “secreta” de la administración de García Padilla, que de haber sido autorizada pudiera haber sido el primer paso para eliminar el resto de los beneficios del Obama Care en Puerto Rico. García Padilla tendrá hasta el 12 de agosto para certificar que cumplirán con la Ley federal, de lo contrario se perjudica Puerto Rico.
Nuevamente los federales rescataron a Puerto Rico. Advierten que el Departamento de Salud Federal hará cumplir la ley en Puerto Rico, aunque no le guste a García Padilla ni a las aseguradoras. Por el bien de la salud de todos los puertorriqueños, no podemos tolerar que los gobernantes trabajen escondidos traicionando al pueblo. La lucha por la igualdad denuncia un frente ideológico, que no tiene reparos en perjudicarnos.