Hernan Padilla

Mensaje ante el Comité de Descolonización de la ONU

23 de junio de 2014
Señor Presidente, Distinguidos Representantes del Comité Especial de los 24. Mi nombre es Annabel Guillén Casañas, soy la Directora Ejecutiva de Igualdad, me acompaña el Dr. Antonio Longo, distinguido médico puertorriqueño quien reside en el estado de Virginia. Entre muchas distinciones que pudiera mencionar, el Dr. Longo sirvió como Mayor en la Fuerza Aérea Americana durante la Guerra de Vietnam y nos honra poder contar con él como miembro de Igualdad.

Igualdad es una organización cívica, no partidista presidida por el Dr. Hernán Padilla, ex alcalde de San Juan, capital de Puerto Rico y también ex presidente de la Liga de Ciudades Americanas.
Nuestra organización tiene como único propósito hacer valer la voluntad de nuestro pueblo y lograr la Igualdad plena para los 3.6 millones de ciudadanos americanos en la Isla, de manera que disfruten de los mismos derechos y responsabilidades de los que residen en el resto de los 50 estados de la nación.

Los puertorriqueños somos ciudadanos americanos desde 1917, sin embargo NO todos los derechos de la Constitución de los Estados Unidos se extendieron a Puerto Rico, los ciudadanos que allí residimos no tenemos la Igualdad de derechos, beneficios y oportunidad que los demás ciudadanos americanos. La falta de representación y poder político de la que padecemos hacen de los puertorriqueños ciudadanos de segunda clase, situación claramente prohibida por la propia Constitución americana.

Como ya conoce este comité el pasado 6 de noviembre de 2012 se celebró en la isla un referendum de status que contó con una participación electoral de 78%.Los resultados son claros, los números no mienten; el 61% de los electores favorecen la estadidad para Puerto Rico y un 54% se oponen al actual status colonial.

Desde entonce hasta hoy el Gobierno de los Estados Unidos ha tomado medidas destinadas a atender los resultados del plebiscito; El Comisionado Residente, Hon. Pedro Pierluisi presentó el pasado año el proyecto de la Cámara HR 2000, el cual constituye una oferta de estadidad para Puerto Rico y pone en marcha el proceso de admisión.

En el Senado se ha presentado un proyecto similar, el S 2020 y el Presidente Barack Obama recientemente firmó una ley de presupuesto que asigna 2.5 millones de dólares para llevar a cabo un proceso de educación en la isla, así como para definir claramente las opciones no territoriales que se van a presentar al pueblo.

El propio comité de trabajo designado por el Presidente para atender el tema de Puerto Rico ha expresado que el bienestar social y económico de la isla está estrechamente ligado a status. Por lo que es absolutamente necesario que se atienda con premura el tema de Puerto Rico, de manera que el pueblo no siga en este limbo que le niega las oportunidades de una mejor calidad de vida y de progreso a las que tiene derecho.

Reconocemos que este comité aboga por la independencia de los territorios que no han resuelto su status, pero Puerto Rico nunca ha solicitado su independencia, por el contrario lo que sí ha expresado contundentemente es su voluntad de ser parte igual de la nación a la que pertenecemos.

Como cuestión de hecho la fórmula de la independencia nunca ha logrado el respaldo del electorado, por el contrario el Partido Independentista Puertorriqueño ni siquiera cualificó en las elecciones del 2012.

Reconocemos que status de Puerto Rico es un asunto doméstico, en el que las Naciones Unidas no tiene autoridad, pero nuestro pueblo expresó su voluntad de forma inequívoca y en las democracias la voluntad de un pueblo es un mandato.

Por lo que le pedimos a este cuerpo que al igual que aboga por aquellos pueblos oprimidos que necesitan más de una voz para ser escuchados, presente al pleno sus determinaciones del pasado año, en las que reconoce los resultados del plebiscito y acepta que Puerto Rico es una colonia.
Venimos hoy a pedirles que le exija tanto al Presidente como al Congreso de los Estados Unidos que asuma su responsabilidad de atender nuestro legitimo reclamo de Igualdad inminentemente.
Muchas gracias.

Viven de recuerdos de promesas
Hernán Padilla
Desde hace más de cuatro décadas, la Isla arrastra una crisis económica cada vez más difícil de resolver. Aun así, hay quienes defienden el estatus colonial y claman por tratos, concesiones e incentivos contributivos que solo prolongan la agonía de un malogrado experimento político.

Todavía hay quien asegura que programas como la pasada Sección 936 del IRS rescatará a PR de la crisis económica al que ha suscitado una condición colonial que lo priva de disfrutar igualdad de derechos, oportunidades de progreso y responsabilidades con los cincuenta estados de la Nación.

Desde 1909, particularmente en el 1921, el Congreso ha aprobado estatutos que conceden exenciones contributivas a corporaciones continentales con subsidiarias en los territorios, sobre las ganancias allí generadas y “que no fueran repatriadas a la casa matriz en algún estado”.

Esto, a fin de incentivar la inversión y el desarrollo económico en los territorios, y compensar la desventaja debida a la falta de poderes políticos, paridad en asignación de fondos e incertidumbre sobre su futuro político.

Con la aprobación de la sección 936 en 1976, la exención contributiva federal se extendió a ganancias “repatriadas a los estados de origen” de dichas corporaciones. Esa enmienda incentivó la ubicación en Puerto Rico de “eslabones de producción de bienes de corporaciones transnacionales americanas para mediante la práctica de “transfer pricing” reducir su carga contributiva.

Por ejemplo: una farmacéutica de confección de pastillas anticonceptivas en Carolina le compraba el estrógeno a un laboratorio de la misma empresa en Francia a un precio por debajo del costo, para reportar pérdidas y no pagar impuestos corporativos en Francia. La planta de Carolina las vende a sobreprecio a una empacadora de la misma empresa en NY reportando pérdidas y no paga impuestos federales.

Finalmente, las ganancias generadas en Francia y NY son transferidas a PR, donde están exentas, para luego repatriarlas a la casa matriz continental sin pagar impuestos federales.

El Tesoro federal planteó serias objeciones a estas maniobras contributivas y finalmente abogó por la derogación de las 936, debido al alto costo para el fisco federal de los recaudos no devengados, a cambio de la “creación de muy pocos empleos directos e indirectos en Puerto Rico”.

En resumen, la sección 936 fue un fallido mecanismo compensatorio, claramente demostrado por las altas tasas de desempleo y bajas tasas de participación laboral registradas durante sus 20 años de vigencia. La sección 936 era insostenible ante agudos déficits federales y las perdidas en recaudos del Tesoro federal identificados durante su vigencia.

Arturo Guzmán, consultor sobre desarrollo internacional, sostiene que la década entre el 1960 al 1970 fue la de mayor crecimiento económico para Puerto Rico a consecuencia directa de la revolución Castro-comunista, la eliminación de Cuba como competidor y proveedor de productos y servicios, y la necesidad de reemplazar de inmediato los mercados e industrias de Cuba con instalaciones similares en Puerto Rico.

Debo advertir a los políticos, economistas y planificadores que ninguno ha considerado el impacto económico que representará el regreso de Cuba a la comunidad de países libres.

El PPD solo vive del recuerdo de las promesas del experimento colonial político- económico del 1952, que descansaba en el aislamiento de Cuba y en el programa insostenible de las 936, que fue eliminado por el Congreso y el Presidente Clinton en el 1996. Mientras, la crisis económica se exacerba con la recesión criolla que comenzó en el 2006 bajo el ex gobernador Acevedo Vila, y ahora con la improvisación de la presente administración sin un plan fiscal realista, creíble y sostenible.

Solo la admisión de Puerto Rico como estado puede salvarnos de la presente catástrofe económica y fiscal y ofrecerle los poderes y estatura política para garantizarle el progreso, desarrollo económico y mejor calidad de vida que merecemos los puertorriqueños.

Devastador fracaso del experimento político-económico

La crónica crisis que aqueja nuestra Isla y los eventos que ocurren a diario evidencian que el experimento político-económico colonial, falsamente llamado Estado Libre Asociado, ha fracasado y ha llevado a Puerto Rico al borde de un colapso fiscal.

Tan grave es la situación que en su intento por minimizar la discusión pública el gobierno publicó la noche del viernes el más reciente informe del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) sobre el índice de actividad económica (IAE) para evitar que fuera primera plana el siguiente día.

Dicho informe (IAE) es un estudio que elabora el BGF de la condición económica comparando sus componentes con el mismo mes del año previo. Además, se observa la tendencia a través del año fiscal para determinar si la economía señala tendencias favorables o negativas.

La recesión comenzó bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá en el 2006, dos años antes que a nivel nacional. Según el informe, el índice de actividad económica refleja un marcado decrecimiento, que continúa anulando la mejoría que se logró en el 2012.

La actividad económica en abril de 2014 disminuyó por 1.3% mientras a lo largo del año fiscal 2013-14 la pérdida fue tanto como 3.3%. De hecho llevamos 16 meses consecutivos que el IAE disminuye consistente y permanentemente.

Otro de los factores que muestra un decrecimiento muy preocupante es la venta de cemento, directamente relacionada con la industria de la construcción. De acuerdo al BGF, en abril solo se vendieron 1,290,000 de sacos de cemento, para una merma de 17.5% en comparación con abril del 2013 y del 14.6% para el año fiscal 2013-14.

Este hallazgo coincide con que se han radicado 9161 quiebras durante el año fiscal 2014. A eso se añade el cierre de industrias, la reducción en la industria manufacturera, el deterioro en ventas de propiedades y la revelación de que hay más de 200,000 unidades de vivienda vacías a causa de la fuga poblacional, el desempleo, la criminalidad y el deterioro de la calidad de vida.

La caída de la actividad económica confirma lo que experimenta toda la isla: la población en más de 40 municipios vive bajo del nivel de pobreza y muchos gobiernos municipales carecen de recursos para proveer los servicios requeridos. Para colmo, el Departamento de Educación ordena el cierre de cien escuelas sin un plan que contemple la continuidad de las efectivas Escuelas del Siglo 21.

Los datos del BGFPR no sorprenden, sencillamente confirman el agotamiento del modelo económico del ELA-colonial. En abril existían solo 998,000 empleos para las 1,163,000 personas que buscan empleo, de una población laboral de 2,878,000 con una tasa de participación de solo 39.9% (versus 63% a nivel nacional). Mientras, la agricultura solo produce 15,000 empleos.

Las corporaciones públicas como la AEE y Carreteras están al borde de la quiebra. La primera depende de la venta de energía para pagar por el combustible y una deuda billonaria, cuando en comparación con el año anterior, generó 3.1% menos energía. Carreteras, por su parte, depende del arbitrio de la gasolina para el servicio de su deuda con los bonistas, pero el consumo de gasolina para el año fiscal 2014 decayó 2.1% en comparación con el 2013.

El BGF y el Departamento de Recursos Humanos y Trabajo han rendido su último veredicto aplastante sobre condición terminal del fracasado experimento político-económico que comenzó hace más de seis décadas.
El pueblo de Puerto Rico selló su suerte en el plebiscito del 2012 revocándole el consentimiento de los gobernados al rechazar contundentemente el ELA-colonial y escoger la estadidad.

Les corresponde a los administradores de la colonia reconocer el irreversible fracaso del status territorial y su modelo político-económico que ha probado ser inviable y respetar el reclamo de igualdad de derechos constitucionales, oportunidades, progreso y mejor calidad de vida para todos ciudadanos y nacionales americanos residentes en la Isla.