Hernan Padilla

Iglesias: Estadista reformista y líder obrero
Hernán Padilla

Concurrente con la celebración del “Labor Day” rendimos también tributo al líder obrero, estadista y Comisionado Residente Santiago Iglesias Pantín. Nacido en España, emigró a PR en 1896 donde inició el movimiento obrero local, convirtiéndose en el “líder obrero” de la Isla.

Luego de su primer “mitin” en 1898, Luis Muñoz Rivera, miembro del gabinete español, ordenó su encarcelamiento como “preso político”. Con elecciones convocadas para el 27 de marzo de 1898 por el Gobernador Macías, había que silenciar al propagandista obrero, para evitar su influencia. Al comenzar la guerra Hispano-Americana, Iglesias trató de escapar, pero las autoridades españolas lo encarcelaron hasta que el gobierno americano exigió la liberación de los presos políticos en octubre 1898.

Se mudó a New York en 1900, donde trabajó, estudió inglés, se hizo ciudadano americano y gestionó apoyo de las organizaciones laborales nacionales. A su regresó en 1901, reclamó aumentos salariales para los trabajadores, siendo nuevamente encarcelado por violar una ley que antecede el Tratado de Paris, pero el Tribunal Supremo lo absolvió.

Iglesias organizó la Federación Libre de Trabajadores y en 1915 el Partido Socialista, convirtiéndose en su portaestandarte. Sirvió en el Senado Territorial del 1917 al 1933. En 1932, propició una Coalición entre los partidos Socialista y Unión Republicana que se enfrentó al Partido Liberal del senador Luis Muñoz Marín, entonces proponente de la independencia.

Iglesias fue elegido Comisionado Residente sobre una plataforma de justicia social y la estadidad como la mejor opción para los trabajadores. En su primer discurso en el Congreso resaltó la necesidad de incluir a PR en todas las medidas nacionales de rehabilitación de la economía.

Su gestión fue trascendental, ya que para aquella época el sistema financiero y la banca local y nacional atravesaban por una crisis similar. Durante su término congresional se aprobó la Ley Bancaria del 1933 que creó el Federal Deposit Insurance Corporation, asegurando los depósitos de los ciudadanos en los bancos locales y estabilizando el sistema financiero.

Iglesias batalló para que incluyeran a PR en el Seguro Social y finalmente logró la cubierta bajo el Buró de Niños y de Salud Pública para las comunidades rurales. En defensa de la industria azucarera puertorriqueña, exigió trato igual a los productores de azúcar domésticos por ser PR parte de la nación.

El historiador Manuel Lin Iglesias destaca que en su primer mensaje ante la Cámara de Representantes, Iglesias enunció que “Puerto Rico es social y políticamente Americano”, “su comercio, prácticas e industrias prosperan bajo la bandera americana”, y además que “los puertorriqueños son ciudadanos americanos desde el 1917”. Fué un legislador incansable promoviendo la estadidad para PR, reclamando mejores vínculos con la nación.

Los Archivos de la Cámara de Representantes federal destacan que su más importante gestión fue el proyecto para admitir a Puerto Rico como estado de la unión en 1935. En su discurso enfatizó “la lealtad y sinceridad de propósito del pueblo de PR” y que “hemos cumplido con nuestra obligación y participado las penurias y las alegrías de la nación”. Nunca dejaba de recordarles que al Puerto Rico no tener voto en el Congreso carecía del poder que tienen los Representantes de los Estados.

Iglesias fue herido de bala por el nacionalista Domingo Crespo en 1936. Las balas no lo detuvieron. Una semana más tarde regresó a Mayagüez con el mensaje de que “el bienestar de la gente de Puerto Rico solo se puede lograr dentro de las instituciones americanas”.

Honramos a Santiago Iglesias como defensor de la estadidad para el bienestar del pueblo puertorriqueño, líder obrero para mejorar las condiciones de los trabajadores, promotor de reformas económicas para rescatar nuestra economía de la pobreza y como un Comisionado Residente empeñado en el reconocimiento de Puerto Rico como parte integral de los Estados Unidos.

El pacto silvestre
Hernán Padilla

El llamado debate “silvestre” en el PPD demuestra que finalmente admiten que el ELA-colonial no es sostenible y que ya no le sirve bien a Puerto Rico para resolver los serios problemas que están destruyendo a nuestro pueblo.

Ante la crisis que priva de esperanza a las presentes y futuras generaciones, el electorado revocó su consentimiento al estatus colonial favoreciendo la estadidad con 61%, lo que no deja la más mínima duda de que los puertorriqueños atesoramos nuestra ciudadanía americana.

Este contundente resultado ha desatado en el PPD un cruento debate por definir sus versiones de estatus. La lucha entre los llamados soberanistas-independentistas y los colonialistas-nacionalistas revela que el foco de su estrategia es tratar de alcanzar un “pacto bilateral” con los Estados Unidos.
Las propuestas que han salido a la luz pública oscilan entre el “ELA soberano”, “ELA culminado” y “ELA refundado” que son en efecto una republica asociada. En su intento por retener aquellos populares que rehúsan arriesgar su ciudadanía americana, proponen “negociar” para retenerla.

El Artículo I de la Constitución obliga al Congreso a que las leyes que afectan la ciudadanía sean “uniformes” en “toda” la nación. La enmienda XIV de la Constitución consigna que: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en EEUU y sometidas a su jurisdicción son Ciudadanos de EEUU y de los Estados en que residen”.

En resumen, la ciudadanía americana es uniforme. El Congreso no puede crear una “nueva clase de ciudadano” diferente a lo que establece la Enmienda XIV. Tampoco puede ignorarse que la ciudadanía concedida a los puertorriqueños es estatutaria y que la adquirida por nacimiento en un Estado de la Unión es permanente, ya que es de carácter constitucional.

Los separatistas/soberanistas pretenden excluir a Puerto Rico de la Clausula Territorial de la Constitución que imparte al Congreso el poder de legislar sobre todos los territorios de los EEUU. La pretensión principal del “ELA-soberano o república asociada” es negociar un “pacto” bilateral entre Puerto Rico y la nación americana, “pacto” que ha sido explícitamente declarado inconstitucional por la Rama Ejecutiva y los líderes del Congreso. Entiendan que ningún “tratado” entre naciones puede enmendar la Constitución.

El PPD propone un “pacto y una ciudadanía americana diferente”, conceptos inaceptables dentro del marco constitucional americano. Bajo la independencia o la libre asociación, el Congreso revocaría prospectivamente la ciudadanía estadounidense a los que nacieron en Puerto Rico. Al convertirse Puerto Rico en una república soberana, los nacidos aquí no serían Ciudadanos Americanos.

Los que pretenden un pacto similar al de las Repúblicas Asociadas del Pacífico, ocultan que sus ciudadanos son nacionales de repúblicas independientes y NO son ciudadanos americanos. Retamos a los que proponen ese modelo a producir un solo ejemplo de una república independiente asociada con ciudadanía americana.

Parafraseando a Martin Luther King: Los que somos Ciudadanos de los EEUU retendríamos la ciudadanía, pero seríamos extranjeros en nuestra propia tierra. Estaríamos renunciando a beneficios que reciben los ciudadanos americanos en los 50 estados pero tendríamos que cumplir con todas las responsabilidades, incluyendo rendir planillas al IRS por ingresos en el extranjero.

La ciudadanía de los Estados Unidos define al puertorriqueño del Siglo 21 tanto los de aquí como a los 5 millones de ciudadanos de extracción puertorriqueña que residen en el continente. Actualmente somos Nacionales y Ciudadanos Americanos, según lo certifican documentos oficiales como el pasaporte, pero las nuevas generaciones estarían sujetas a procesos y estatutos pertinentes de naturalización, incluyendo obtener visado para viajar a Estados Unidos.

Ante esa proposición claramente perdidosa, nos reafirmamos en que los ciudadanos de los Estados Unidos residentes en Puerto Rico no merecen menos que tener iguales derechos, responsabilidades y oportunidades que sus conciudadanos en los Estados de la Unión, y que la estadidad es la única opción que nos garantiza constitucionalmente nuestra preciada ciudadanía americana.

El verdadero consenso
Hernán Padilla
El presidente del PPD expresó recientemente el deseo de lograr un consenso para resolver el dilema del estatus político de Puerto Rico. El “llamado a la unidad” choca con las múltiples facciones de su partido que no pueden definir el estatus. Tampoco puede haber consenso al establecer criterios ajenos a la unión permanente a la que aspiramos la mayoría de los puertorriqueños.

A pesar de que refrendaron el resultado al utilizar fondos públicos para el plebiscito del 2012, el gobernador pretende ignorar la voluntad mayoritaria allí expresada, donde el 54% de los gobernados revocó su consentimiento al status colonial y adjudicó un triunfo contundente a la estadidad sobre las dos formulas de independencia combinadas. Están obligados a acatar la voluntad del pueblo expresada en un proceso democrático validado con la participación del 78% del electorado.
La Constitución de Puerto Rico no define un cambio de estatus. Su Preámbulo
establece que “consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”. La comunidad política creada y el lenguaje constitucional facilitan el proceso para que PR sea admitido como estado de la Unión.

Evidentemente el argumento de convocar a “todas las fuerzas políticas a dialogar para encontrar un consenso” es una farsa. Ahora pretenden que el territorio-colonial sea excluido de la Clausula Territorial de la Constitución Federal, obviando el requisito de resolver previamente el status, sea hacia la estadidad o la independencia.

Para lograr su propósito, los líderes populares proponen “sustituir la Ley de Relaciones Federales por un pacto de libre asociación que no pueda ser modificado unilateralmente”; lo que violaría la Constitución y soberanía de los Estados Unidos.

Ya la administración del Presidente Obama estableció que no es posible aceptar las cláusulas de consentimiento mutuo (pacto bilateral) porque cualquier Congreso futuro tiene el poder para modificar la relación unilateralmente”. El Congreso, además, concluye que el “ELA mejorado o culminado” es inconstitucional e inadmisible. A esto se suma que la Administración Clinton determinó que la propuesta de “consentimiento mutuo” inaceptable porque contraviene la Constitución. Por tanto, fuera de la independencia, un territorio solo puede solicitar formulas compatible con la Constitución, las leyes y la política pública de Estados Unidos.

Cualquier dialogo sobre el estatus tiene que considerar que el llamado “ELA soberano” nos convertiría en una nación separada de los Estados Unidos, mientras que el status territorial perpetúa la desigualdad política en derechos civiles y el evidente déficit democrático que representa la privación del voto presidencial y de representación congresional proporcional.

La Ley del Gobernador Electo de 1947 sostiene que “los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos americanos en PR se respetarán “como si PR fuera un estado de la Unión”. El Congreso tendrá que reconocer que sus conciudadanos puertorriqueños tienen igual derecho a todos los privilegios e inmunidades que les otorga la Constitución a todos los ciudadanos americanos.

Puerto Rico cumple con los requisitos pata ser admitido a la Unión la condición de acuerdo y sujeto a las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos y de la Ley Publica 600, a saber, ser un “territorio organizado políticamente como un estado” tener una carta de Derechos, y una forma republicana de gobierno.

La Estadidad imparte la dignidad poniendo fin a la colonia, garantizando autonomía local, y extendiéndole los poderes de soberanía estatal, igualdad ciudadana, progreso económico y estabilidad.
El resultado del plebiscito del 2012–que el pueblo gallardamente validó en la “Marcha PR escogió la Estadidad” representa un rechazo contundente al ELA colonial quebrado y fracasado y una afirmación ineludible que Puerto Rico demanda convertirse en Estado de la Unión.

Ese, seños Gobernador, es el verdadero consenso.