El verdadero consenso, lunes 4 de agosto, 2014, ENDI
El verdadero consenso
Hernán Padilla
El presidente del PPD expresó recientemente el deseo de lograr un consenso para resolver el dilema del estatus político de Puerto Rico. El “llamado a la unidad” choca con las múltiples facciones de su partido que no pueden definir el estatus. Tampoco puede haber consenso al establecer criterios ajenos a la unión permanente a la que aspiramos la mayoría de los puertorriqueños.
A pesar de que refrendaron el resultado al utilizar fondos públicos para el plebiscito del 2012, el gobernador pretende ignorar la voluntad mayoritaria allí expresada, donde el 54% de los gobernados revocó su consentimiento al status colonial y adjudicó un triunfo contundente a la estadidad sobre las dos formulas de independencia combinadas. Están obligados a acatar la voluntad del pueblo expresada en un proceso democrático validado con la participación del 78% del electorado.
La Constitución de Puerto Rico no define un cambio de estatus. Su Preámbulo
establece que “consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”. La comunidad política creada y el lenguaje constitucional facilitan el proceso para que PR sea admitido como estado de la Unión.
Evidentemente el argumento de convocar a “todas las fuerzas políticas a dialogar para encontrar un consenso” es una farsa. Ahora pretenden que el territorio-colonial sea excluido de la Clausula Territorial de la Constitución Federal, obviando el requisito de resolver previamente el status, sea hacia la estadidad o la independencia.
Para lograr su propósito, los líderes populares proponen “sustituir la Ley de Relaciones Federales por un pacto de libre asociación que no pueda ser modificado unilateralmente”; lo que violaría la Constitución y soberanía de los Estados Unidos.
Ya la administración del Presidente Obama estableció que no es posible aceptar las cláusulas de consentimiento mutuo (pacto bilateral) porque cualquier Congreso futuro tiene el poder para modificar la relación unilateralmente”. El Congreso, además, concluye que el “ELA mejorado o culminado” es inconstitucional e inadmisible. A esto se suma que la Administración Clinton determinó que la propuesta de “consentimiento mutuo” inaceptable porque contraviene la Constitución. Por tanto, fuera de la independencia, un territorio solo puede solicitar formulas compatible con la Constitución, las leyes y la política pública de Estados Unidos.
Cualquier dialogo sobre el estatus tiene que considerar que el llamado “ELA soberano” nos convertiría en una nación separada de los Estados Unidos, mientras que el status territorial perpetúa la desigualdad política en derechos civiles y el evidente déficit democrático que representa la privación del voto presidencial y de representación congresional proporcional.
La Ley del Gobernador Electo de 1947 sostiene que “los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos americanos en PR se respetarán “como si PR fuera un estado de la Unión”. El Congreso tendrá que reconocer que sus conciudadanos puertorriqueños tienen igual derecho a todos los privilegios e inmunidades que les otorga la Constitución a todos los ciudadanos americanos.
Puerto Rico cumple con los requisitos pata ser admitido a la Unión la condición de acuerdo y sujeto a las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos y de la Ley Publica 600, a saber, ser un “territorio organizado políticamente como un estado” tener una carta de Derechos, y una forma republicana de gobierno.
La Estadidad imparte la dignidad poniendo fin a la colonia, garantizando autonomía local, y extendiéndole los poderes de soberanía estatal, igualdad ciudadana, progreso económico y estabilidad.
El resultado del plebiscito del 2012–que el pueblo gallardamente validó en la “Marcha PR escogió la Estadidad” representa un rechazo contundente al ELA colonial quebrado y fracasado y una afirmación ineludible que Puerto Rico demanda convertirse en Estado de la Unión.
Ese, seños Gobernador, es el verdadero consenso.