El anzuelo de la Ciudadanía Americana, sept, ENDI.

El anzuelo de la Ciudadanía Americana
Hernán Padilla

El debate iniciado en el seno del PPD alrededor de la Ciudadanía Americana expone los malabares de los defensores del estatus colonial, como un estatus temporal y con las maquinaciones del ala “separatistas-soberanistas” para persuadir engañosamente a sus propios correligionarios que no están dispuestos a sacrificar su Ciudadanía Americana.

Proponen, sin capacidad jurídica internacional que “Estados Unidos y Puerto Rico suscriban un “Tratado de Asociación” no colonial y no territorial, reteniendo la Ciudadanía Americana, basado en el ejercicio de la soberanía de ambos países según definido por las Naciones Unidas, lo que requeriría convertir a la Isla en una republica independiente.

Promulgan un “tratado” al estilo de las Repúblicas Asociadas del Pacífico, pero omiten que sus habitantes no son ciudadanos americanos y ostentan la ciudadanía de cada república.
El PPD pretende “negociar” las definiciones y fórmulas para la papeleta del posible plebiscito, valiéndose de la ciudadanía como anzuelo para pescar incautos. Con esa meta puramente electorera, hasta los “separatistas-soberanistas” favorecen una Ciudadanía Americana utópica que nos privaría de los derechos, inmunidades y protección que tenemos bajo la Constitución.

Según ellos, “atesoran” la Ciudadanía Americana, pero a la vez pretenden que el tenga representación Internacional y Embajadas, determinar cuáles Agencias federales tendría injerencia en PR, (especialmente las instituciones y Agencias de Ley y Orden), negociar y suscribir tratados comerciales y hasta dictaminar la ayuda que recibiría Puerto Rico en casos de desastres naturales, entre otros.

Luego de defender por décadas la existencia de un “pacto bilateral”, finalmente el PPD acepta que el ELA no es permanente y que Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Ahora pretenden “un ELA soberano fuera de los poderes del congreso y de la cláusula territorial”, o sea una nación independiente donde no aplicaría la Constitución de los Estados Unidos ni seríamos ciudadanos americanos.

Durante 62 años han sostenido que el alegado pacto “no podía ser modificado unilateralmente”. Ahora pretenden “sustituir la Ley de Relaciones Federales por un pacto de libre asociación que supuestamente no podría ser modificado unilateralmente”, afirmación que no es posible porque violaría la Constitución y la soberanía de EEUU.

Sus posturas acomodaticias contradicen la realidad jurídica y constitucional. Los Grupos de Trabajo de Casa Blanca (Task Force) han expresado que un ELA como pretende definirlo el PPD es inconstitucional, que un “pacto de libre asociación puede ser variado unilateralmente” y que la libre asociación es una versión de independencia. También el Comité de Congresional de Recursos naturales ha llegado a conclusiones similares, sosteniendo además, que el ELA mejorado no es una opción legalmente viable por ser inconsistente con la Constitución.

Sobre la ciudadanía, tanto el “Task Force’ de Obama como el Comité Congresional y recientemente el Departamento de Justicia federal a través del caso Tuaua v. US han expresado clara y contundentemente que si Puerto Rico opta por la independencia o la libre asociación, los que nazcan en la nueva nación no serán ciudadanos americanos y que la ciudadanía del territorio no incorporado de PR es estatutaria y no está protegida por la decimocuarta enmienda de la Constitución.

Por ello, ningún estatus político que no sea la Estadidad garantiza la permanencia de la Ciudadanía Americana a las generaciones presentes y futuras con igualdad ciudadana. El Departamento de Justicia advierte que “la ciudadanía no es un derecho fundamental de los nacidos en los territorios no incorporados.

Es hora de aprobar una consulta simple, digna y democrática que explícitamente nos ofrezca la oportunidad de resolver el vergonzoso status colonial. El Secretario Holder tiene el mandato expreso de viabilizar un plebiscito sufragado con fondos públicos federales para resolver el estatus de Puerto Rico dentro del marco constitucional de EEUU que nos garantice nuestra Ciudadanía y todos los privilegios e inmunidades que ello conlleva.

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