Archive for November, 2014

Defínanse, cumplan con su obligación, Lunes 24 de nov. END

Defínanse, cumplan con su obligación
Hernán Padilla

Es hora que el PPD defina los elementos del ELA soberano y lo someta al Secretario de Justicia para que determine si la “independencia solapada” cumple con los lineamientos constitucionales y de política pública del gobierno federal.

Han tenido varios meses para cumplir con la Ley consignada en el presupuesto federal, pero tanto el Gobernador como otros líderes del PPD se esconden detrás de la lucha interna para eludir su responsabilidad patriótica. Esto, a la vez que admiten que el ELA-colonial no es sostenible y que no sirve pata resolver los serios problemas que destruyen a nuestro pueblo.

Evidentemente temen someterse al escrutinio constitucional del Departamento de Justicia. Las propuestas del PPD constituyen el colmo del absurdo, al pretender “negociar” con el Secretario de Justicia las fórmulas aceptables para la solución del status.

Su estrategia inicial es que la colonia sea excluida de la Cláusula Territorial. Su propuesta es “sustituir la Ley de Relaciones Federales por un pacto de libre asociación que no pueda ser modificado unilateralmente”;, lo que violaría la Constitución y soberanía de los EEUU.

Olvidan que la administración de Obama afirmó que no son plausibles cláusulas de consentimiento mutuo (pacto bilateral) toda vez que cualquier Congreso futuro tiene la potestad de modificar unilateralmente la relación. El Congreso, concluyó que el “ELA culminado” es inconstitucional e inadmisible. Además, la Administración Clinton determinó que el propuesto “consentimiento mutuo” es constitucionalmente inaceptable.

El PPD tiene que reconocer que el llamado “ELA soberano” nos convertiría en una nación separada y que el status territorial perpetúa la desigualdad política y el resultante “déficit democrático”.
Las propuestas del “ELA soberano, culminado y refundado” equivalen a una republica asociada que no tiene cabida alguna bajo la Constitución americana.

La “libre asociación equivale a la independencia” con un pacto basado en la soberanía nacional de cada país que puede ser revocado unilateralmente. Bajo la “soberanía” que reclaman los líderes populares crearían una nación irrevocablemente independiente.

Tienen que aceptar que el ELA es un territorio-colonial segregado donde impera un discrimen político que nos niega la igualdad que tienen nuestros conciudadanos en los estados de la unión y que añoran los ciudadanos americanos en Puerto Rico para lograr nuestro pleno desarrollo dentro del marco constitucional americano.

Nuestra condición actual creó un “estado de desigualdad” política que perpetúa una ciudadanía de segunda clase que impide garantizarla a las futuras generaciones; excluye la plena participación democrática en las tres ramas del gobierno federal, y la igualdad de derechos civiles de todos los ciudadanos, el progreso y el desarrollo socio-económico.

Los líderes coloniales se contradicen cuando reclaman “soberanía” a la vez que reclaman fondos y trato igual que los cincuenta estados. Se niegan a reconocer que bajo el territorio colonial o la república asociada no aplican esas prerrogativas. Son los mismos que insisten en que “somos una NACION”, que definen el ELA-soberano como una asociación política libre y voluntaria entre dos naciones independientes y soberanas, negando que Estados Unidos es nuestra nación.

AGP afirmó que: “a pesar de que tenemos una relación, buena o mala, hay que entender que Estados Unidos es una nación que es distinta a la nuestra”. Los soberanistas no quieren que la Constitución federal aplique en Puerto Rico y rechazan la presencia del Tribunal Federal y las agencias que garantizan la justicia y los derechos civiles en la Isla.

Ello, a pesar del mandato claro y contundente del pueblo de PR en el plebiscito del 2012 demostrando preferencia por la Estadidad y el rechazo del ELA-colonial.

Nos corresponde a todos intensificar la lucha por la igualdad y exigir que el Gobernador cumpla con su obligación de someter las definiciones de estatus al Secretario de Justicia Federal para darle paso a una consulta plebiscitaria democrática avalada por el Congreso,

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Territorio colonial sin consentimiento, lunes 10 de nov, 2014

Territorio sin consentimiento
Hernan Padilla
Los resultados de las recientes elecciones y la composición del nuevo Congreso federal representan un gran reto, a la vez otra oportunidad para el pueblo puertorriqueño de reiterar su reclamo en contra del estatus territorial colonial

Un 69% de los participantes en la encuesta de END expresó un gran pesimismo y entiende que PR va por mal camino. Casi dos terceras partes desaprobaron la gestión del Gobernador, quien es el líder de los defensores de la colonia, y a la vez proponen un ELA soberano, independencia y/o una república independiente-asociada a los Estados Unidos.

Hemos advertido consistentemente que el fracaso del experimento del ELA-colonial es la causal primaria del colapso económico que mantiene a los puertorriqueños en un estado de depresión y promueve la fuga poblacional.

Para rescatarnos de un estatus de inferioridad como ciudadanos americanos, urge resolver el estatus que nos niega los mismos derechos de igualdad, poder político y oportunidades de progreso que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados.

Es necesario trabajar con el Congreso y el Ejecutivo para que admitan que un territorio no incorporado, sin en el consentimiento de los gobernados, ya no tiene cabida en la democracia americana, por lo que es necesario viabilizar un referéndum y proceder a la admisión de PR como Estado.

Mediante el Acta Foraker, Puerto Rico pasó a ser el primer territorio no incorporado bajo los poderes plenipotenciarios del Congreso, sin el consentimiento de los gobernados. Según el artículo del Profesor Gómez citando al Juez Cabranes; “cuando se le concedió en el 1917 la ciudadanía americana a todos los residentes de Puerto Rico tuvo el efecto de perpetuar el estatus colonial”.

El estatus “no incorporado” tenía el propósito de retener los territorios bajo la bandera americana, para que fueran posesiones sin formar parte integral del territorio americano y que la Constitución no aplicase a sus residentes. En palabras de Cabranes “The United States thereby acquired not ‘territories’ but possessions or ‘dependencies’ and became, in that sense, an ‘imperial’ power”.

Después de la Segunda Guerra mundial, EEUU se encontró con la embarazosa situación de que Puerto Rico era una colonia, pues no tenía el consentimiento de los gobernados. Trataron de resolver el problema mediante la Ley 600 que permitió que Puerto Rico creara su propia Constitución con el aval del Congreso, y a adquirir el máximo de autonomía compatible con aquella de los Estados de la Unión.

Ello permitió a los EEUU argumentar en los foros internacionales que ya Puerto Rico no era una Colonia, que su nuevo sistema de Gobierno tenía el consentimiento de los gobernados, y que ya no debía figurar en la lista de territorios coloniales. Sobre esto, el Juez Federal Gustavo Gelpí argumentó que aunque Puerto Rico todavía era un territorio no incorporado de jure, había evolucionado de facto a un territorio incorporado.

Esta interpretación fue valida hasta el Referéndum del 2012, cuando el 54% de los electores rechazaron el estatus territorial colonial. El territorio no incorporado ya no tiene el consentimiento de los gobernados, y prácticamente sitúa nuevamente a Puerto Rico en la lista de territorios coloniales de la ONU.

Citando al Juez Juan Torruellas” Los EEUU deben sentirse avergonzados de negarle igualdad de derechos a cuatro millones de Ciudadanos Americanos…. Si se requiere avergonzarlos para que extiendan igualdad de derechos a los ciudadanos de los Estados Unidos en Puerto Rico, una buena dosis es apropiada”. Mas reciente, el Senador Ron Wyden sentenció que la relación actual de PR con los EEUU como ELA colonial socava la integridad moral de los EEUU ante el mundo.

Ante esa realidad, es nuestra responsabilidad continuar reclamando enérgicamente que el Congreso termine el estatus colonial ofreciéndoles a los ciudadanos americanos de Puerto Rico la opción de incorporarse a la Unión como un Estado federado.

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