Hernan Padilla

Estadidad y productividad traerán progreso

Hernán Padilla
Un estudio ordenado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto del ELA dramatiza la desventaja de la Colonia que nos priva de la plenitud de beneficios que comparten los estados.

Paradójicamente, mientras ese costoso estudio persigue impulsar un plan para allegar más fondos federales, a la vez, el Gobernador y su partido conciben la Isla como una nación separada de EEUU, y entre sus líderes hay quienes proponen un estatus que amenaza la ciudadanía americana. Peor aún, Acevedo Vilá, uno de los encomendados por García Padilla para “definir el ELA”, pretende que los contribuyentes de los estados paguen la deuda pública a cambio de eliminar transferencias federales. Esto, ignorando el rol crucial de esos fondos para sectores de escasos recursos, la infraestructura y el gobierno local.

Gracias a las leyes y política pública promulgados por el Congreso y Ejecutivo, que permiten tratar la Isla como Estado para ciertos fines, muchos puertorriqueños han superado la pobreza, estancamiento y colapso del ELA-colonial. Considerando todas las fuentes de ingreso, el total de fondos federales que ingresa anualmente a PR sobrepasa los $23.5Billones.

En transferencias directas, ello desglosa en: $12.9billones; préstamos, $2.4B; contratos federales, $1B; salarios, $851M; y $6.3B en más de 141 programas (grants) de los cuales participan activamente agencias estatales, municipios, universidades, y organizaciones no gubernamentales que sirven al pueblo puertorriqueño.

Los departamentos federales de Salud, Agricultura y Educación solamente, contribuyen a la Isla $6,414millones anuales. Según el informe, entre las agencias que más fondos reciben se destacan el Departamento de la Familia, la Administración de Seguros de Salud, el Departamento de Salud, Vivienda Pública y la UPR.

Sin las transferencias y subsidios federales PR sería un territorio pobre y hambriento. Basta señalar que el gobierno federal asigna $1.4B para Educación; $1.4Bs para Salud, $800M para Vivienda, y $2.2B para Asistencia Nutricional (PAN) y Mujeres, Infantes y Niños (WIC).

La inferioridad en asignaciones federales del territorio versus los estados es abismal. Por ejemplo, en programas de Salud el promedio nacional es $892.34/persona, mientras que Puerto Rico solo recibe $375.37; en Transportación el promedio/persona es de $216.19, mientras en la Isla es solo $63.33; y para Educación PR recibe $144.76, cuando el promedio nacional/persona es $241.13.

En resumen, más de un 23% del presupuesto consolidado del gobierno proviene de fondos federales. Antes de celebrar la noticia, entérese que la aportación federal para gastos operacionales de los estados es de solo $0.89/persona, versus la friolera de $166.80/persona en PR. Esto es, la colonia le cuesta al gobierno americano 188 veces lo que utilizan 48 estados para gastos operacionales, a costa de dineros perdidos entre ineficiencias y corrupción que nunca llegan a “la gente”.

Evidentemente, el desarrollo económico local está muy rezagado, aún en comparación con los estados más pobres. La ineficiencia, corrupción y falta de paridad del régimen colonial actual impiden que Puerto Rico disfrute los mismos derechos y privilegios de los 50 estados, y obstaculiza un desarrollo económico sostenible basado en la productividad, efectividad y uso óptimo de los recursos.

Como ciudadanos americanos orgullosos de que Puerto Rico sea parte de la Nación, es nuestra responsabilidad continuar reclamando enérgicamente la igualdad en acceso a los recursos que traerá la Estadidad para beneficio de todos, principalmente, para los desempleados, los pobres y la oprimida clase media puertorriqueña.

Entre las opciones constitucionalmente reconocidas, solo la estadidad asegura la estabilidad, clima de inversión, y oportunidades de trabajo que solamente han experimentado en tiempos recientes los territorios admitidos a la Unión. Únicamente la combinación del impulso económico privado combinado con la infusión de fondos federales durante la transición y paridad permanente, garantiza un crecimiento económico conducente a reducir la pobreza, dependencia y ocio que han caracterizado la colonia.

Con la apertura de Cuba, ahora más que nunca, tenemos todavía menos tiempo.

Viven de recuerdos de promesas
Hernán Padilla
Desde hace más de cuatro décadas, la Isla arrastra una crisis económica cada vez más difícil de resolver. Aun así, hay quienes defienden el estatus colonial y claman por tratos, concesiones e incentivos contributivos que solo prolongan la agonía de un malogrado experimento político.

Todavía hay quien asegura que programas como la pasada Sección 936 del IRS rescatará a PR de la crisis económica al que ha suscitado una condición colonial que lo priva de disfrutar igualdad de derechos, oportunidades de progreso y responsabilidades con los cincuenta estados de la Nación.

Desde 1909, particularmente en el 1921, el Congreso ha aprobado estatutos que conceden exenciones contributivas a corporaciones continentales con subsidiarias en los territorios, sobre las ganancias allí generadas y “que no fueran repatriadas a la casa matriz en algún estado”.

Esto, a fin de incentivar la inversión y el desarrollo económico en los territorios, y compensar la desventaja debida a la falta de poderes políticos, paridad en asignación de fondos e incertidumbre sobre su futuro político.

Con la aprobación de la sección 936 en 1976, la exención contributiva federal se extendió a ganancias “repatriadas a los estados de origen” de dichas corporaciones. Esa enmienda incentivó la ubicación en Puerto Rico de “eslabones de producción de bienes de corporaciones transnacionales americanas para mediante la práctica de “transfer pricing” reducir su carga contributiva.

Por ejemplo: una farmacéutica de confección de pastillas anticonceptivas en Carolina le compraba el estrógeno a un laboratorio de la misma empresa en Francia a un precio por debajo del costo, para reportar pérdidas y no pagar impuestos corporativos en Francia. La planta de Carolina las vende a sobreprecio a una empacadora de la misma empresa en NY reportando pérdidas y no paga impuestos federales.

Finalmente, las ganancias generadas en Francia y NY son transferidas a PR, donde están exentas, para luego repatriarlas a la casa matriz continental sin pagar impuestos federales.

El Tesoro federal planteó serias objeciones a estas maniobras contributivas y finalmente abogó por la derogación de las 936, debido al alto costo para el fisco federal de los recaudos no devengados, a cambio de la “creación de muy pocos empleos directos e indirectos en Puerto Rico”.

En resumen, la sección 936 fue un fallido mecanismo compensatorio, claramente demostrado por las altas tasas de desempleo y bajas tasas de participación laboral registradas durante sus 20 años de vigencia. La sección 936 era insostenible ante agudos déficits federales y las perdidas en recaudos del Tesoro federal identificados durante su vigencia.

Arturo Guzmán, consultor sobre desarrollo internacional, sostiene que la década entre el 1960 al 1970 fue la de mayor crecimiento económico para Puerto Rico a consecuencia directa de la revolución Castro-comunista, la eliminación de Cuba como competidor y proveedor de productos y servicios, y la necesidad de reemplazar de inmediato los mercados e industrias de Cuba con instalaciones similares en Puerto Rico.

Debo advertir a los políticos, economistas y planificadores que ninguno ha considerado el impacto económico que representará el regreso de Cuba a la comunidad de países libres.

El PPD solo vive del recuerdo de las promesas del experimento colonial político- económico del 1952, que descansaba en el aislamiento de Cuba y en el programa insostenible de las 936, que fue eliminado por el Congreso y el Presidente Clinton en el 1996. Mientras, la crisis económica se exacerba con la recesión criolla que comenzó en el 2006 bajo el ex gobernador Acevedo Vila, y ahora con la improvisación de la presente administración sin un plan fiscal realista, creíble y sostenible.

Solo la admisión de Puerto Rico como estado puede salvarnos de la presente catástrofe económica y fiscal y ofrecerle los poderes y estatura política para garantizarle el progreso, desarrollo económico y mejor calidad de vida que merecemos los puertorriqueños.

La Gran Válvula de Escape

El Tratado de Paris de 1898 cobijó bajo la bandera americana 894,302 ciudadanos de Puerto Rico, convirtiéndonos en pupilos del Congreso. En 1904 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró que los puertorriqueños podían entrar a los Estados Unidos sin restricciones.

En 1910 se reportaban solamente dos mil puertorriqueños en los Estados Unidos continentales. Cuando en 1917, el Congreso nos concedió la Ciudadanía, 17,000 puertorriqueños ingresaron voluntariamente al servicio militar. Así comenzó la gran válvula de escape laboral hacia los Estados Unidos.

La experiencia migratoria puertorriqueña es un fenómeno sociológico de inmigración interna, dentro del marco socio-político norteamericano. Es la historia de puertorriqueños que se mueven dentro de su propia nación, pero cuyas raíces de nacimiento, culturales y lingüísticas residen en la Isla.

Son miles las historias humanas de éxito y tragedias, y de adaptación a un idioma, clima y estilo de vida diferente e intimidante. La vida en la Gran Urbe, la ciudad que atrae a millones de hombres y mujeres empeñados en mejorar sus vidas y perseguir el “sueño americano”.

Durante la década de los años 30, el Gran Jibarito, el Maestro Rafael Hernández, junto a su hermana, operaba una tienda de música en New York. Adolfo Díaz y su esposa Pepita tenían un “boarding house” en su casa para atender a familias latinoamericanas. Pepe Ortiz, de Cayey, llego a NY desempleado y encontró trabajo en el “Biltmore Hotel” como “dishwasher”, se retiro 30 años después luego de haberle pagado la educación universitaria a sus tres hijos.

Durante la gran depresión de los 30 en Puerto Rico, la solución de muchos para sobrevivir la miseria económica era emigrar a los Estados Unidos por la vía marítima.
En 1946, luego del fin de la segunda guerra mundial, comenzó en serio el “chorro de boricuas” que “brincaron el charco”. Primero en el “Marine Tiger” y luego La “Guagua Aérea” de PanAmerican Airlines, y la TRANCA con su vuelo quiquiriquí son recuerdos tristes de muchos isleños.

En 1948, el gobierno insular, mediante una política agresiva de emplear a los puertorriqueños en faenas agrícolas fuera de Puerto Rico, recogiendo papas en Long Island y tomates en New Jersey, implanto el Programa de Migrantes dentro del Departamento del Trabajo insular. La estrategia del gobierno Popular de los años 50 fue la de promover, facilitar y coordinar la emigración masiva de puertorriqueños. Establecieron oficinas de servicios a los migrantes en 115 ciudades en los Estados Unidos. Muñoz Marín, en su mensaje a la Legislatura en 1954, dijo que los que emigran aseguran el mismo curso de todos los otros emigrantes, el “melting pot”.

Emigrar e integrarse nunca fue malo. Era necesario para el desarrollo económico de la isla. Las remesas millonarias de estos valerosos y productivos puertorriqueñas contribuyeron positivamente a la economía de la colonia. Numerosos profesionales lograron sus títulos gracias al trabajo de sus padres en las fincas del norte.

En el 1970 residían en los Estados Unidos 810,000 inmigrantes, y 581,000 puertorriqueños que habían nacido allí. Este es el retrato de la “gran válvula de escape” socio-económica, gracias al libre movimiento de los puertorriqueños hacia y dentro de la nación americana.

Hoy, cuatro millones de seres humanos con raíces puertorriqueñas residen en los Estados Unidos. Se estima que 34% nacieron en la isla; 66% son descendientes de los emigrados. Actualmente, viven 163,000 menos puertorriqueños en Puerto Rico, que en los Estados Unidos. Estudiantes, profesionales, retirados y familias completas en todos los niveles económicos se siguen sumando a la nueva generación de emigrantes para vivir en un Estado Federado.

Entre las preguntas que nos hacemos están ¿Qué pasó con el miedo al inglés?, ¿Qué ocurrió con el mito de las contribuciones federales?, ¿Qué pasó con el cuco de que la Estadidad destruiría la personalidad, la cultura y la identificación puertorriqueña? ¿Que pasaría si los separatistas imponen su criterio, sin la ciudadanía, sin pasaporte y sin libre movimiento hacia los Estados Unidos y se cierra la “válvula de escape”?

¡Habría que echarle ocho pisos a la isla!

El modelo económico de la colonia esta moribundo. Sin la “válvula de escape” para disipar la sobre-población y reducir el desempleo, la economía se hubiera colapsado hace tiempo.

Adios Fondos Federales
Nuevo país, ELA soberano y república asociada, editada

La insistencia de Anibal Acevedo en pedir que los contribuyentes de los 50 estados pague la deuda publica de PR a cambio de eliminar las transferencias federales debe preocupar al pueblo puertorriqueño. Toda la maniobra esta incluida el “Proyecto de País y un supuesto Fideicomiso para el Futuro”

Bajo ese “nuevo país del ELA soberano y la república asociada”, perderíamos innumerables beneficios que nos garantiza la ciudadanía de los Estados Unidos.

Viviríamos en un país extranjero. Perderíamos los beneficios de Medicare, pues el Seguro de Medicare no paga por servicios en el extranjero. Tampoco paga la Administración de Veteranos por los servicios médicos a Veteranos que residen fuera de los Estados Unidos.

Se acabarían los fondos de Medicaid para sufragar los servicios médicos de las personas de recursos limitados, por lo que desaparecería la tarjeta de “Mi Salud” que cubre 1,500,000 beneficiarios en Puerto Rico…

No existirán el Programa de Ayuda Nutricional (PAN) ni los programas de ayuda para madres y niños (WIC). Desaparece el seguro por desempleo federal para los “desempleados” en Puerto Rico.

Se perjudicarían los planes para continuar el programa de construcción y remodelación de las Escuelas del siglo 21. También se perderían las ayudas federales para Head Start y educación para los niños de edad pre-escolar. De la misma manera se afectarían los fondos que recibe el Departamento de Educación para todos los servicios educativos, incluyendo salarios de los maestros de programas especiales y comedores escolares.

A nivel universitario se acabarán las Becas Pell, las ayudas para préstamos, y las asignaciones para investigaciones y pago a estudiantes post-graduados; lo cual provocarían el cierre de múltiples centros universitarios públicos y privados.

Las familias de recursos limitados no tendrían acceso a los subsidios de vivienda de la Sección 8 y perderíamos los fondos federales para la construcción, operación, mantenimiento y servicios de más de 70,000 unidades de vivienda pública que albergan unas de 400,000 personas en la Isla.

La Administración Federal para el Manejo de Emergencias, (FEMA) dejaría de existir y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos no podría hacer los trabajos para mitigar inundaciones. En casos de emergencias, no existirían las ayudas federales para socorrer a los afectados o reconstruir puentes y carreteras. Tampoco recibiríamos fondos federales para el dragado de las bahías, la conservación y ampliación de los puertos ni para nuevas facilidades portuarias.

Desaparecería la Agencia Federal de Aviación (FAA) y se perderían los fondos para la operación, construcción, mantenimiento y ampliación de nuestros aeropuertos. Se iría Homeland Security y con ellos la protección y seguridad en nuestros puertos y aeropuertos.

Con el ELA soberano (república asociada) desaparecen los préstamos que garantiza la Administración de Pequeños negocios (SBA) y el FDIC que garantiza los depósitos bancarios.

Y más importante, bajo una república perderíamos la protección a nuestros derechos civiles y libertades bajo la Constitución de los Estados Unidos de América, la protección del FBI y la presencia del Tribunal Federal de Puerto Rico. Perderíamos la protección de todo el gobierno federal que garantiza a los puertorriqueños el disfrute de las libertades y derechos provistos por la Constitución americana: libertad de expresión y asociación, prensa libre, habeas corpus, debido proceso de ley, presunción de inocencia, elecciones libres y seguras, y otras.

En fin, perderíamos la oportunidad a una mejor calidad de vida bajo la bandera americana.

Acabemos este vergonzoso vestigio colonial
Hernán Padilla, MD *

A raíz del Tratado de Paris del 1898, España cedió a EEUU a Cuba y Puerto Rico y recibió un pago de $20 millones por las Filipinas. Evidencia de que siempre consideró a Puerto Rico de manera diferente, Estados Unidos le concedió la independencia a Cuba y Filipinas, mientras encaminaba a Puerto Rico hacia la estadidad.

El Acta Foraker estableció los pasos para terminar la ocupación militar creando un gobierno civil, y convirtió a Puerto Rico en la primera posesión “organizada” bajo la bandera americana.

La Corte Suprema definió la relación con las nuevas posesiones. La administración de las posesiones se convirtió en una doctrina conocida como los “Casos Insulares”, la cual evolucionó a lo que el Juez Federal Juan R Torruella denominó como “separados y desiguales” al referirse a los Ciudadanos Americanos en Puerto Rico.

El Acta Jones del 1917 fue un paso crucial para encaminar la Isla hacia un territorio incorporado y convertirse en Estado; otorgó la Ciudadanía Americana a todos los residentes en PR y amplió los podres del gobierno local sobre asuntos internos.

Sin embargo, el propósito de la designación como “territorio no incorporado” fue mantener la Isla como una posesión tal que la Constitución federal aplicase de manera selectiva a sus residentes. En palabras del Juez Jose Cabranes, “the United States acquired not “territories, but possessions or ‘dependencies’ and became in this sense an ‘imperial power’.”

La creación de las Naciones Unidas trajo consigo el compromiso de eliminar el colonialismo que afectaba a más de 750 millones de personas mundialmente. Como consecuencia, el estatus de “territorio no-incorporado” de Puerto Rico, equivalente a una posesión-colonial, se tornó un una situación embarazosa para los Estados Unidos.

Sobre esas bases, el Presidente Truman firmó la Ley del Gobernador Electo– un paso que acercó más a Puerto Rico a la Estadidad– instituyendo que se respetarán “los derechos constitucionales, privilegios e inmunidades de los Ciudadanos Americanos en Puerto Rico como si fuera un Estado de la Unión”.

Posteriormente, el Congreso aprobó la Ley de Relaciones Federales y autorizó a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a crear una Constitución con el aval del Congreso, similar a la de un Estado, que estableciera un gobierno local con el mayor grado de soberanía compatible con la Constitución de Estados Unidos.

La Juez Federal Sandra Day O’Conor opinó sobre la evolución de esta relación dentro del marco constitucional federal: “aunque Puerto Rico no es un Estado de la Unión se asemeja a un Estado dentro de los términos comúnmente aceptados para definir el concepto”. No obstante, hoy día, Puerto Rico aún vive bajo un estatus de “discrimen geográfico”.

La justificación de la Corte Suprema de esta “segregación constitucional” es una anomalía intolerable que contradice la intención de los Fundadores de la Nación de que ningún territorio sería una colonia indefinidamente.

La Constitución actual de Puerto Rico fue un paso positivo hacia instituir un gobierno local similar a un Estado, pero en términos de derechos civiles no cambió el trato de Puerto Rico como un “territorio no-incorporado”. El Juez Asociado William Brennan expresó su descontento con este trato discriminatorio en una “opinión concurrente” que enfatizó lo anacrónico de los “Casos Insulares” y que la Carta de Derechos debía ser aplicable a PR en su totalidad.

En el plebiscito del 2012, con la participación del 81% del electorado, un 54% rechazó el estatus territorial actual, revocando el consentimiento de los gobernados al ELA-colonial, y un 61% favoreció la estadidad.

El Congreso tiene la obligación de culminar el proceso que se inició con el Acta Jones conducente a la estadidad, tomar acción para eliminar este vergonzoso vestigio colonial, dar a Puerto Rico tratamiento de “territorio incorporado” y aprobar la legislación necesaria para su pronta admisión como Estado.

Last vestige of American Imperialism

Hernán Padilla, MD *

In 1898 Spain ceded Cuba, Guam, Puerto Rico, and portions of the West Indies to the United States. Additionally, Spain surrendered the Philippines to the U.S. for $20 million as part of the Treaty of Paris that ended the Spanish-American War. Cuba and the Philippines became independent nations and only Puerto Rico has been treated as a Territory on the path to statehood.

In the case of Puerto Rico, the Foraker Act of 1900 was signed into law by President McKinley, ending the military occupation and initiating a civilian form of government. Puerto Rico became the first overseas organized possession under the American flag.

At the time, defining the island as an “unincorporated territory status” had the purpose of making Puerto Rico a possession, but not a fully integral part of the United States, such that the U.S. Constitution applied only selectively to its residents. In the words of U.S. Court of Appeals Judge José Cabranes, by so doing the United States acquired not “territories, but possessions or ‘dependencies’ and became in this sense an ‘imperial power’.”

In 1901.the US Supreme Court was left to define the relationship that the new possessions would have with the USA. The governing doctrine regarding the administration of the possessions is known as the “Insular Cases”. The above doctrine, according to First Circuit Judge Juan R. Torruella, evolved into a “doctrine of separate and unequal” for the US Citizens of Puerto Rico.

The Jones Organic Act of 1917 granted the US Citizenship to all persons residing in the island and bestowed upon Puerto Rico a greater degree of self-government over local matters, moving Puerto Rico closer to becoming an incorporated territory destined for statehood.

In 1945, after WWII, the United Nations emerged as a powerful new institution to advance the cause of world peace and human rights. Central to the UN’s initial agenda was the eradication of colonialism, under which 750 million people around the world were then living.

In the international context, Puerto Rico’s “unincorporated territory” status became an embarrassment to the United States, because it is a status analogous to the possession of a colony.

Acting to address the problem, President Truman helped lead Puerto Rico even closer to statehood. In 1947, Truman signed into law the Elective Governor Act, which establishes that the “constitutional rights, privileges and immunities of American citizens in Puerto Rico will be respected as if Puerto Rico were a State of the Union”.

Soon thereafter, through the Puerto Rico Federal Relations Act of 1950, Congress authorized the Legislative Assembly of Puerto Rico to draft a local, state-like Constitution that would provide Puerto Rico with the maximum degree of local governing autonomy as if it were a state and compatible with the United States Constitution.

The evolution of the Puerto Rico’s relationship with the rest of the Union, within our nation’s constitutional framework, was eloquently memorialized in more recent years by Associate Justice Sandra Day O’Connor when she stated that “although Puerto Rico is not a state in the federal Union, ‘it …seem[s] to have become a state within a common and accepted meaning of the word”. Notwithstanding the well intended opinion–that Puerto Rico and US Citizens who reside in Puerto Rico are still, to this day, subject to what amounts to geographic discrimination in the American body politic.

The United States’ Supreme Court’s justification of the “constitutional segregation” of Puerto Rico yet stands as an intolerable anomaly, and one that is clearly in conflict with the Founding Fathers’ original intent that no American territory be held as a colony indefinitely.

In 1952, a majority of the Puerto Rican people voted to approve the current Constitution. Though that Constitution was a positive step in terms of local self government, in terms of domestic civil rights, said development has not altered the treatment of Puerto Rico as an “unincorporated territory”, thus leaving the island as a colonial status.

Evidently frustrated with the discriminatory treatment of Puerto Rico, in 1979 Associate Court Justice William Brennan expressed in his “concurrent opinion Torres vs. Puerto Rico” that the Insular Cases were anachronism and that the entire Bill of Rights of the US should be applicable to PR.
In the historic 2012 political status plebiscite held in Puerto Rico with 81% voter turnout, the people of the island voted by a clear majority of 54% to reject the current territorial status. Thus solid majority of island voters rejected the notion of government without consent of the governed.

For its part, Congress needs to act to conclude the process that was initiated by the Jones Act of 1917, the Elective Governor Act and the Puerto Rico Federal Relations Act, among others, which are entirely conducive to the historical trajectory that substantially populated organized territories, like Puerto Rico, are on the path to becoming states of the Union.

It is incumbent upon Congress to act to correct this festering blemish from our nation’s imperial past, by treating Puerto Rico as a fully incorporated territory of the United States, and approving the necessary legislation to admit Puerto Rico as full member of the Union in equal footing.

*The author is former President of the U.S. Conference of Mayors. He served two terms as Mayor of San Juan and currently serves as President of the Founder’s Council of Igualdad, a non-partisan statehood advocacy organization.