Hernan Padilla

Quieren disfrazar Asamblea Inconstitucional de status 09/02/13
Hernán Padilla
Ante las contradicciones de los que pretenden celebrar una “Asamblea Inconstitucional de Status” según propone García Padilla, es necesario considerar las expresiones públicas de algunos de sus aliados y la Constitución de Puerto Rico.

Puerto Rico tiene el derecho a reconocer las diferencias entre los que proponen un juego político mediante un mecanismo que no tiene la menor oportunidad de resolver el problema del status y los que abiertamente apoyamos que Puerto Rico se convierta en un Estado de los Estados Unidos.

El ex-gobernador Hernández Colon propone un proceso sin límite de tiempo que “debe permanecer vigente hasta que logre su objetivo”. Reconoce también que no es tan fácil como pretende el PPD: “El procedimiento para convocar una Asamblea Constituyente, según el Articulo VII de la Constitución de Puerto Rico, requiere que dos terceras partes de ambas cámaras legislativas lo aprueben y que esta decisión se someta a votación al pueblo, no al antojo del PPD, sino en las elecciones subsiguientes.

Rafael confirma la dependencia del ELA-colonial y acepta que si hubiera tal “Asamblea” es el “Congreso que por ley establece el proceso para considerar las propuestas y quien tiene la autoridad para rechazarlas”.

Sin embargo, Aníbal Acevedo Vilá pretende disfrazar la Asamblea “inconstitucional” y recomienda llamarla “Asamblea de Status” (elimina Constitucional) , como si fuera otra comisión de status, para que no se apliquen “las normas jurídicas de las convenciones constitucionales”. Igual que RHC, reconoce que dicha asamblea “no puede obligar al Congreso de los Estados Unidos a que acepte lo que se le propone”

No pueden ocultar que no quieren ser parte de los Estados Unidos. Aníbal afirma que “no le veo ningún problema a que se incluya la opción de libre asociación (sin ciudadanía americana) como una cuarta alternativa”.

La Comisión de Status del PPD propone:”suscribir un pacto de asociación no colonial, y no territorial con los Estados Unidos basado en el ejercicio de la soberanía de ambos países (naciones independientes) y con plena validez internacional de conformidad con la Resolución 2625 (XXV) de la Organización de las Naciones Unidas. (Independencia o republica asociada)

Legisladores populares radicaron proyectos y posponen su consideración amparándose en una disposición constitucional para consultar si el pueblo desea que se convoque a una convención constituyente aunque choque contra el poder del Congreso, que impuso restricciones a la colonia limitando los poderes para enmendar nuestra Constitución.

Ante la estrategia popular, el Artículo VII de la Constitución de Puerto Rico es fácil de entender. Sección 1, La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta Constitución mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara”. Este requisito no se puede cumplir ya que los líderes estadistas se oponen a una Asamblea Inconstitucional.

Los estadistas basamos nuestra posición fundamentalmente en la Sección 3. “Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso Octogésimo primero”.

Más que eso, insistimos que la independencia no es opción y que el ELA mejorado, ELA Soberano o la republica asociada no caben dentro del orden constitucional americano.

No importa como la llamen, Asamblea Inconstitucional, Convención, Comisión o Asamblea de Status, la realidad es que todas son innecesarias e ignoran que el pueblo emitió su veredicto, derrotó el ELA-territorial-colonial, revocó el consentimiento de los gobernados y el 61% apoyó la estadidad en el referéndum del 2012. La próxima Constituyente será al amparo de la Constitución de los Estados Unidos para el Estado de Puerto Rico.

PELIGROSO DETERIORO EN EDUCACION
HernanPadilla

La revelación de que 114,097 puertorriqueños han abandonado la Isla entre enero y septiembre del 2014—que Implica una proyección demográfica de apenas 3 millones para el año 2020—tiene que ser motivo de alarma para todos los sectores.

La fuga poblacional, particularmente del sector de edad productiva, es otra evidencia del fracaso del experimento político-económico del ELA-colonial. Entre los motivos que impulsan el éxodo masivo hacia los cincuenta estados predomina la aspiración de garantizar la mejor educación para sus hijos.

El 2014 selló el declive de las finanzas del gobierno cuando las agencias crediticias clasificaron los bonos del Gobierno Central y las principales corporaciones públicas como “chatarra” o de alto riesgo para los inversionistas. Esta caída a nivel especulativo más las erradas políticas públicas de la administración colonial se han convertido en una muralla, que junto a la merma poblacional, garantiza la continuación de la “depresión económica criolla” ya próxima a cumplir una década.

Puerto Rico no puede continuar ignorando la fuga masiva de ciudadanos competentes con potencial para generar actividad económica, El gobierno colonial parece estar empecinado en culminar la devaluación de su capital humano, empujando a nivel de “chatarra” el sistema público pre-universitario y universitario, condenando así a Puerto Rico a la bancarrota financiera y educativa, no solo de la presente sino de las próximas generaciones.

El estudio titulado “The Ascent and Decline of the Research and Graduate Studies University” in Puerto Rico1985-2014” documenta que la UPR marcó su pico de productividad y desarrollo en 2012, resultado del esfuerzo concertado de dedicados profesores—cuya contribución la presente administración parece ignorar– lograron que el recinto de Rio Piedras alcanzara la clasificación Carnegie de “Universidad Intensiva de Investigación”.

Está igualmente documentado que dicha productividad comenzó a declinar después del 2012. Esto, aunque traten de crear la ilusión de que trabajan para adecuar la productividad a las corrientes de globalización, y una política pública que, a los fines de aumentar el número de “estudiantes admitidos” sin ningún criterio de calidad, llevará la institución a un sistema de “admisión abierta” de facto.

Ante la emigración de más de 576,000 puertorriqueños en la última década y la consecuente contracción de matrícula en el sistema público– de 640,000 en los 90 a menos de 400,000 hoy–tal parece que lo mejor que se le ocurre a la UPR es menoscabar los requisitos a fin de aumentar el número de estudiantes. Prefieren esta salida fácil versus encaminar esfuerzos, difíciles pero urgentes, que garanticen que los que ingresen tengan las competencias necesarias para ser exitosos.

Como consecuencia de esta política pública populista, divorciada de lograr el aprendizaje y la competitividad, avoca a la UPR a convertirse en otro “colegio más de cuatro años”; haciéndola irrelevante como socio intelectual en la “economía del conocimiento” como herramienta para que Puerto Rico progrese.

Mientras, el Secretario de Educación informa que el Departamento no cuenta con suficientes maestros, a pesar de tener ahora una matrícula de 400,000.

Peor aún, pretenden resolver el problema rebajando los requisitos para los nuevos maestros a solo 15 créditos en la materia de enseñanza, y a un índice de 2.70, que apenas equivale a una clasificación de C. Pretenden también que nuestros estudiantes cumplan con las expectativas del gobierno federal y que estén preparados para estudios universitarios, y propiciar una nueva generación de puertorriqueños competitivos en la “sociedad del conocimiento”

Mientras tanto, miles de maestros cualificados continúan uniéndose al éxodo en busca de mejores condiciones de trabajo, ingresos, y calidad de vida. Ante el deterioro del sistema de educación pre-universitaria y el futuro incierto de la universidad del estado, familias enteras continúan mudándose a los 50 estados en busca de la igualdad de derechos, oportunidades y progreso que les niega el estatus colonial del mal llamado Estado Libre Asociado.

Krueger y la quiebra del ELA, lunes 20 de julio, 2015, END
Hernán Padilla

Puerto Rico presenta un tétrico cuadro económico. La economía ha colapsado, se reporta un desempleo sobre 12.4%, una tasa de participación laboral bajo el 40%, una desmedida fuga poblacional, un índice de pobreza sobre 43% y una alta dependencia de aportaciones federales para alimentación, salud, vivienda y necesidades básicas

El debate sobre la deuda pública ha puesto de manifiesto el fracaso del estatus territorial inmerso en déficits presupuestarios y una deuda de $73 billones, de los cuales entre $29-$34 billones corresponden a los sistemas de retiro, y otros tantos a las corporaciones públicas, incluyendo $9 billones de la AEE.

Desde antes de tomar posesión, las agencias crediticias advirtieron al ELA de García Padilla que no continuar las buenas prácticas precipitaría la indigencia, por lo que posteriormente clasificaron el crédito del gobierno central, el BGF y las corporaciones públicas en alto riesgo y chatarra.

Ante la incapacidad del gobernador de reducir gastos, balancear el presupuesto y negociar creíble y ordenadamente con los acreedores, proclamó públicamente que las deudas son impagables, escudándose en un informe a esos efectos contratado a Anne Krueger, ex funcionaria del Fondo Monetario Internacional.

La Representante Jennifer González denunció que dicho informe promueve el impago de PR para que el bufete que la sub-contrato lo instrumente, los mismos que formularon la llamada “Quiebra Criolla” y apelan su inconstitucionalidad ante el Supremo, que negociarán la reestructuración de la deuda y representarán a PR ante las esperadas demandas por incumplimiento.

Krueger sostiene que el déficit es mucho mayor de lo que se había asumido y que la ausencia de credibilidad es más severa que nunca. Su informe intenta distanciar la Isla de la nación americana, proponiendo alternativas como si fuéramos una republica como Grecia, y que redundan en destruir tanto al ELA-colonial como la viabilidad del ELA-soberano (república asociada). Entre otros, se atreve a recomendar la eliminación del salario mínimo federal, lo que impactaría 28% de los trabajadores puertorriqueños, y exacerbaría los crecientes niveles de pobreza.

Al afirmar que Puerto Rico no es un Estado destruye el nombre del “ELA”. Al sostener que el ELA no cualifica para la protección del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, confirmado por la Corte federal, evidencia que el ELA tampoco es “Libre “como alega el PPD.

Por su parte, la Congresista Nydia Velázquez, defensora del PPD y el estatus colonial, se encargó de destruir el calificativo de “Asociado”, cuando consigno por escrito al Presidente Obama que “PR es un territorio de los EEUU”. Igualmente, Ángelo Falcón, Director Ejecutivo del NILP, sostuvo que “la crisis de Puerto Rico es una crisis del colonialismo americano que no es viable”.

Reaccionando al informe Krueger, y en clara alusión a la falta de igualdad de poderes políticos, el economista Gustavo Vélez sostuvo que “Por la relación política con los EEUU, Puerto Rico está en un estado de indefensión política y jurídica que le hace más difícil la salida de la crisis”.

En entrevista con El Nuevo Día, el Comisionado Pierluisi, rechazó la tónica del informe y enfatizo que “Puerto Rico es un territorio con una economía regional dentro de la de EEUU, por lo que tenemos que ajustar nuestras estrategias al sistema político y económico de nuestra nación”.

Para abordar la crisis crónica que destruye nuestro futuro es perentorio resolver el estatus. La estadidad es punta de lanza para el crecimiento económico sostenido de Puerto Rico, ya que dará fin a la incertidumbre e inestabilidad inherente al ELA, que le resta atractivo a la inversión y la actividad económica.

La evolución y progreso de los 50 estados es más que elocuente, documentados por el ingreso per cápita, la capacidad de ingreso del gobierno y la calidad de vida de sus residentes, inmensamente superiores a la experiencia colonial.

Discrimen contra la Mujer Puertorriqueña, 11 de mayo, 2015

Hernán Padilla
El colapso político y económico del ELA acareará consecuencias adversas para todos los sectores y en particular, la mujer. Según el articulo sobre (Are we there yet?), “un grupo de mujeres profesionales que busca abrir camino a las féminas en el mundo de negocios, erradicar prejuicios y que luchan por la igualdad en espacio laboral” conversaron sobre “el prejuicio contra las mujeres que se ha convertido en el nuevo discrimen del siglo 21”.

Si bien felicito su iniciativa, ese esfuerzo no puede limitarse a la desigualdad en el trabajo y remuneración. Precisa igualmente analizar las condiciones inferiores que adolecen todas las mujeres en PR por carecer de las mismas oportunidades, empleos, salarios y progreso que disfrutan sus conciudadanas en los 50 Estados.

Respetuosamente sugiero reclamen los derechos constitucionales que hoy se les niegan a todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. La XIX Enmienda de la Constitución de EEUU establece que “el derecho de sufragio de los ciudadanos de los EEUU no será desconocido ni limitado por los EEUU o por Estado alguno por razón de sexo”. No obstante, las mujeres en la Isla permanecen privadas del derecho de votar por el Presidente y elegir una delegación Congresional que las represente.

La organización no partidista “Mujeres de Igualdad”, analizando los derechos de las mujeres en PR, sostiene que nuestra situación colonial las mantiene en una condición de inferioridad y discrimen y que la falta de igualdad política, la inequidad en el trato y la falta de oportunidades violentan sus derechos, es injusto e indignante para la mujer en Puerto Rico.

Durante el Foro “En busca de la Igualdad: Retrato de la Mujer Puertorriqueña”, (marzo 2014), se reportó una población de 1.9 millones de mujeres residentes en PR para un 52% del total; 43% son jefas de familia; y que 6 de cada 10 estudiantes universitarios y 13 de cada 20 graduados de universidades son mujeres.

De las mujeres de 25 años o más que trabajan, miles viven bajo el nivel de pobreza federal. La pobreza es una realidad para el 63% de aquellas sin Escuela Superior, del 38% de las que tienen alguna educación postsecundaria o Grado Asociado, y del 14% de aquellas con Bachillerato o más.
Se estima que unas 110,000 mujeres migraron al Continente entre 2010-2014, 52% con edad mediana de 30 años y en la fuerza trabajadora. Se van de la Isla mujeres solteras o con hijos en edad productiva, privándonos de las próximas generaciones indispensables para la continuidad de nuestra sociedad.

En el 2014 Rita Moreno nos recordó cuando ella emigró en busca de mejores oportunidades. Rita es un maravilloso ejemplo de superación y de cómo la desigualdad conduce a una despoblación cada vez mayor de PR. Como ella, mucha de nuestra gente talentosa y profesional se ve obligada a dejar nuestra Isla en busca de mejores probabilidades de éxito.

Mientras PR continúe bajo el estatus territorial- colonial, el fracaso económico y la falta de igualdad de oportunidades con los estados de la unión continuarán motivando que miles de mujeres se unan a los 5 millones que ya residen en el continente.

Las mujeres puertorriqueñas llevan una carga desproporcional de injusticia e inequidad. Les afecta la falta de acceso a servidos de salud adecuados; mejor educación para sus hijos; desigualdad en el trabajo y una remuneración inferior a los estándares nacionales y en comparación con la de los hombres en Puerto Rico.

Exhorto a las mujeres ciudadanas americanas residentes en PR a que reclamen el derecho a la igualdad que ellas y su familia merecen; derecho que solo se garantiza con la estadidad para Puerto Rico. Ese reclamo también es nuestra responsabilidad porque lograr la igualdad para la mujer y la familia es una lucha de todos.

El ELA soberano y la republica asociada
Hernán Padilla
El ELA colapsó, y ya no hay como definirlo y menos cómo defenderlo, al punto que nadie representó el estatus quo colonial en las recientes Vistas del Congreso.

En dichas vistas el Comisionado Residente Pedro Pierluisi defendió el HR 727 “Puerto Rico Statehood Admission Process Act” que representa el reclamo del territorio para que se resuelva finalmente su estatus. Sostuvo que “la única posición moralmente aceptable”, es que los electores de Puerto Rico ratifiquen o rechacen que PR sea el estado 51 de Estados Unidos.

Por su parte, el Presidente del PPD ni asistió, ni remitió cual definición de estatus su partido propondría oficialmente para Puerto Rico. En su ausencia, Carmen Yulín Cruz-Soto abogó por un “Free Associated State” (ELA soberano o república asociada) mediante un “pacto de asociación” que determine los “poderes que la Isla delegaría a EEUU”, proposición que no es compatible con la Constitución Americana, porque la “libre asociación es un “tipo de independencia”.

En su testimonio, la Alcaldesa Cruz-Soto propuso una “asociación política, no colonial ni Territorial entre Puerto Rico y Estados Unidos en la que “los EEUU sería un país extranjero”. Aunque rechazan a Estados Unidos como nuestra nación, evaden mencionar el término “república asociada” porque saben que el pueblo no quiere la independencia.

Recuerden que mientras Cruz-Soto reconoce que la mayoría de los puertorriqueños desea retener su ciudadanía, ha dicho públicamente que “la ciudadanía americana es la gran muleta bajo este sistema político-económico”.

Por razones puramente electoreras, no quieren cumplir con la responsabilidad de definirse y someter el lenguaje al Departamento de Justicia federal para que determine si cumple con los requisitos legales, constitucionales y de política pública aplicables. No lo hacen porque saben que el ELA Soberano no cumpliría con dichos requisitos y sería rechazado.

Dentro del imaginario del PPD, “Puerto Rico es una nación” y su verdadera agenda es convertir la Isla en una república independiente tras el palio del llamado ELA soberano. Proponen “un ELA soberano fuera de los poderes del Congreso y de la Clausula Territorial” una nación independiente con representación internacional, control de asuntos laborales, de comunicaciones y de inmigración. Quieren poder suscribir tratados internacionales, controlar límites marítimos, redefinir uso de instalaciones militares americanas, control de los puertos, controlar asuntos ambientales, y hasta redefinir la ayuda que recibe Puerto Rico en casos de desastres naturales, entre otros.

Quieren además, eliminar el Tribunal Federal, la Agencia de Protección Ambiental, la Comisión Federal de Comunicaciones, la Guardia Costanera, y muchas otras agencias y programas que le sirven bien al Pueblo de Puerto Rico.

No obstante, omiten que para conseguir la libre asociación que desean, tendrían que lograr que el Pueblo de Puerto Rico rechace la “unión permanente” y se conviertan en un país independiente, antes de que Estados Unidos consideren un “pacto” con la nueva república. Además, “sustituir la Ley de Relaciones Federales para que no pueda ser modificada unilateralmente”; violaría la Constitución y la soberanía de los Estados Unidos.

Por tanto, “un pacto de libre asociación entre Puerto Rico y los Estados Unidos podría ser unilateralmente revocado por cualquiera de las partes en cualquier momento.
Queda demostrado fuera de toda duda que la República Asociada que ambicionan no tiene cabida alguna bajo la Constitución Americana.

Mucho más importante, el Pueblo de Puerto Rico ha expresado contundentemente que no quiere arriesgar su ciudadanía y la de las futuras generaciones, las garantías constitucionales, los derechos individuales, las libertades civiles, el progreso, la prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo de los puertorriqueños y otros ciudadanos americanos que residen en la Isla. Tampoco, quiere arriesgar la protección de la Constitución y la Carta de Derechos de los Estados Unidos y las garantías y protección de la Corte Federal y del Tribunal Supremo.