Hernan Padilla

Caja de pandora política y constitucional.

Hernán Padilla
Al decidir el Supremo Federal considerar la apelación del Secretario de Justicia referente a la decisión del Tribunal Supremo de PR sobre la aplicación de “doble exposición” en el caso del Pueblo vs Sánchez Valle, abrió una caja de pandora política y constitucional.
El Tribunal Supremo local entró en terreno sensitivo cuando determinó que el Territorio organizado de Puerto Rico no tiene los poderes ni autonomía separada como la de los estados de la Unión y que no pueden radicar cargos contra un acusado por los mismos hechos radicados a nivel federal.

Es irónico que los populares apelen dicha opinión, amparándose en el argumento de que somos jurisdicciones separadas. El PPD acepta que la Estadidad es buena para PR cuando reclama el poder de los estados para defender la doble exposición.

Reclaman la soberanía que corresponde a los estados y no al ELA que ellos definen como una relación bilateral. La ironía se magnifica al insistir que EEUU y PR suscriban un pacto de asociación no colonial, y no territorial basado en el ejercicio de la soberanía de dos países independientes (claramente contraria a la Constitución federal).

Al someterse a la Corte Suprema federal, aceptan que PR y las decisiones del Tribunal Supremo están sujetos a la autoridad federal, reafirmando así la supremacía que tiene el foro.

Es indudable que PR cumple con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente”, requisito para ser admitido como socio de la Unión. La Ley del Gobernador Electo, la cual el Supremo local omite en su opinión, obliga a a reconocer que durante décadas el Congreso nos ha tratado como si fuéramos estado. Los Tribunales federales le han conferido a PR la misma inmunidad y protección que a los Estados al amparo de la Undécima Enmienda.

El Tribunal Supremo local ignoró en su opinión que el Congreso autorizó la creación en nuestra jurisdicción de un Tribunal Federal al amparo del Artículo III de la Constitución y que las decisiones de nuestro Tribunal Supremo ya no se tienen que llevar primero a Boston, sino al Tribunal Supremo Nacional.

La Juez Asociada Hon.Sandra Day O’Connor sostuvo en una opinión que “Puerto Rico parece ser un estado; posee la autonomía de otros estados; no es soberano como una nación independiente; tiene una forma de gobierno republicano organizado bajo una Constitución aprobada por su gente; y sus ciudadanos son tan ciudadanos americanos como los ciudadanos de los estados”.

Tampoco pueden ignorarse las decisiones de las Cortes Federales que le han extendido a todos los ciudadanos de la Nación Americana, incluyendo a los que residen en Puerto Rico, la mayoría de las “garantías constitucionales”.

El caso y la apelación pueden abrir las puertas para que SCOTUS intervenga y acelere la solución del estatus y le ponga fin al ELA.

En el 1947, con la Ley Pública 362, (Ley del Gobernador Electo), se expandió el alcance de la Constitución de los Estados Unidos a los puertorriqueños y se estableció que los derechos, privilegios e inmunidades de los Estados Unidos se respetarán en el territorio de Puerto Rico hasta el mismo grado que si “Puerto Rico fuese un estado de la Unión” sujeto a las disposiciones del Articulo IV de la Constitución, aplicable solo a los Estados.

La Constitución de Puerto Rico estableció un gobierno propio local y colonial que nunca cambió ni alteró el estatus territorial y tuvo que ser sometida al Congreso para su aprobación. El pacto bilateral nunca existió. El Congreso nunca cedió su autoridad sobre PR, como lo afirmó el propio Luis Muñoz Marín en el Congreso.

La Corte Suprema no debe ignorar la evolución constitucional de nuestra Nación, que demanda que el gobierno federal garantice iguales derechos a todos sus Ciudadanos, incluyendo a los que residen en PR.

Estrategias para lograr la Estadidad 23 de nov, 2015
Hernán Padilla

Ya que la administración del PPD rehúsa cumplir con los requisitos para celebrar un referéndum que “resuelva” la indefinición del estatus, los candidatos del PNP tienen la responsabilidad de presentarle al pueblo los planes y estrategias para lograr la estadidad luego de las elecciones del 2016.

Por igual, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y el derecho constitucional de expresar nuestra opinión sobre esas propuestas, sin que ello implique una crítica personal al partido ni a sus candidatos. La verdadera democracia depende de que haya la libertad para discutir, en un plano de respeto mutuo, toda estrategia que sirva para adelantar la estadidad para PR.

En mi columna sobre un Plan PR-Tennessee de abril del 2014 opiné que aunque el pueblo rechazó el consentimiento al estatus territorial y apoyó la estadidad en el plebiscito del 2012, un “Plan Tennessee” no podría implantarse bajo un gobierno colonialista de tendencias separatistas. Así fue.
En un referéndum celebrado en Tennessee en 1795, el 75% votó a favor de la unión. Posteriormente, el gobernador convocó una Convención Constitucional, adoptaron la Constitución y la Carta de Derechos del Estado, y “eligieron por adelantado dos Senadores y un Congresista”, convirtiendo a Tennessee en un territorio organizado antes de solicitar su admisión al Congreso. En el caso de Alaska, entre 1943 y 1953 se intensificaron las gestiones a favor de la estadidad y en 1946 la estadidad obtuvo mayoría en un referéndum y en 1955 “eligieron delegados” para cabildear en el Congreso.

Según Luis Dávila y Rubén Cerezo (“Breakthrough from Colonialism”) los pasos básicos del “Plan Tennessee”, incluyen: radicar una solicitud de admisión y que el Congreso no la atienda; “celebrar elecciones” para funcionarios estatales, senadores y representantes congresionales; y enviar la delegación a exigir la estadidad.

El caso de PR es muy distinto. Tennessee no era un territorio organizado. A penas tenían 77,000 habitantes en 1796. PR es un territorio organizado, “incorporado de-facto”, que cumple con los requisitos para ser admitido, incluyendo la Constitución, la Carta de Derechos y una forma de gobierno republicana aprobadas por el Congreso. Aún así, no disfrutamos de la igualdad de derechos y progreso de los estados.

Para que una delegación tenga carácter oficial en representación de todo el pueblo de PR no debe ser designada como un mero comité de cabildeo. Si la misma fuera a pedir admisión como estado, debe de ser electa para que sea reconocida por el Congreso,. Cualquier ciudadano americano tendría el derecho a reclamar un proceso de elección que cumpla con las leyes. Para cumplir con la Constitución y la doctrina de “one man one vote” será necesario una redistribución electoral para Distritos Senatoriales y Congresionales, nominación, primarias si fuera necesario, elección de delegados, legislación que defina su función, mandato y la asignación de los fondos necesarios.

Para acelerar el proceso de admisión es fundamental que la nueva administración estadista en el 2017 haga gestiones para que se celebre un referéndum usando los fondos y la legislación aprobados por el gobierno federal para que los ciudadanos americanos residentes en PR le demuestren al Congreso y a nuestra nación que queremos y exigimos ser el Estado 51. Ignorar esa realidad sería en detrimento a nuestro reclamo.

Nuestra lucha y estrategia para lograr la estadidad debe atemperase a la realidad política, desarrollo histórico y proceso de integración de PR a la nación Americana. Una estrategia de presión sin haber agotado el mecanismo del referéndum que nos brinda el Congreso sería contraproducente y podría atrasar el proceso para lograr la estadidad.

Después del plebiscito hay que presentar un Acta de Admisión o Acta Habilitadora, entre otras opciones de admisión, pero si el Congreso no toma acción en un plazo razonable, debemos exigir contundentemente al Congreso que admita a PR como Estado.

Poderes de ser Estado 26 de mayo, 2014

Hernán Padilla

El nuevo estado de Puerto Rico ganará poderes constitucionales, políticos y económicos que garantizarán estabilidad, seguridad, progreso y soberanía para Puerto Rico y los puertorriqueños.

La Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos claramente establece la soberanía de los estados: “los poderes que la Constitución no delega al gobierno federal ni prohíbe a los estados, quedan respectivamente reservados a los estados o al pueblo”. Con la estadidad, Puerto Rico adquiere soberanía al quedar equiparado con los otros cincuenta estados soberanos de la Unión.

Además de la soberanía compartida de los estados, el poder político y económico que la admisión como estado representaría para Puerto Rico será el factor que potencie las fuerzas para el progreso, desarrollo económico y mejoramiento en la calidad de vida a que aspiran todos los puertorriqueños.

Queremos alcanzar el mismo progreso y desarrollo que es evidente en todos los estados de la unión. Reclamamos el poder político y la fuerza de la igualdad de derechos y responsabilidades que representa la ciudadanía americana bajo la protección de la Constitución de los Estados Unidos. El entusiasmo de un pueblo sin la carga discriminatoria colonial nos dará el poderío y recursos para conducir a Puerto Rico hacia un futuro mejor que el vivido en más de cinco siglos de coloniaje.

El poder político de dos senadores y cinco congresistas y la participación en elecciones presidenciales y en el gobierno nacional traerá consigo un trato igual al de todos nuestros conciudadanos americanos. La ciudadanía dejaría de estar degradada por la segregación y el discrimen político del estatus-territorial.

El poder de ser un estado bilingüe con nuestra propia cultura, resultado de la fusión de grandes culturas, nos abrirá las puertas para convertirnos en un enlace natural entre América Latina y los Estados Unidos. Seremos forjadores de nuestro propio destino y dejaremos de ser la colonia más antigua del planeta. Nos liberaremos del estatus temporero, frágil y sumido en la pobreza que representa el ELA-colonial. Seremos líderes en el mundo Hispano.
Ser un estado de los Estados Unidos tiene una estatura y una credibilidad poderosa a nivel mundial en todos los campos políticos, económicos, comerciales, industriales y científicas que nos abrirá las puertas a nivel internacional.

Como un estado, Puerto Rico sería reconocido como parte integral de la nación más rica y poderosa del planeta y será participe del sistema democrático más sólido del mundo.

La seguridad, solvencia y estabilidad política tendrán un poder considerable para atraer inversionistas y nuevas industrias que generen empleos. Cuando el gobierno del Estado del Puerto Rico o los puertorriqueños hagan contactos para generar interés en desarrollar negocios en la isla llevarán consigo una carta de presentación distinta a la del actual status sin reconocimiento, temporero, decadente y desacreditado.

La admisión de la Isla como estado generará una enorme promoción y publicidad en los 50 estados y a nivel mundial que se traducirá en un crecimiento turístico vigoroso como ocurrió en Hawái desde su ingreso en 1959. La demanda de servicios para las industrias de turismo, hotelera, de transportación, vivienda, y entretenimiento y otras, creará miles de nuevos empleos, así como innovadoras empresas locales.

Tan pronto el Congreso admita a Puerto Rico como estado se revertirá el éxodo masivo que ha ocurrido. Una vez admitidos, la seguridad de la estadidad atraerá nueva población y una vigorosa economía que rescatará miles de viviendas vacías o abandonadas y revivirá la industria de la construcción a niveles sin precedentes.

Los puertorriqueños, en todas las partes del mundo, viviremos orgullosos de que nuestra isla haya adquirido su igualdad como ciudadanos americanos y el poder político necesario para garantizarle un mejor futuro a las nuevas generaciones de familias puertorriqueñas. La Estadidad es igualdad, orgullo y progreso para cada uno de nosotros, en esta hermosa isla.

Tragedia y comedia del PPD
Hernán Padilla
El libreto de la novela de horror publicada durante los últimos seis meses puede servir de referencia para los estudiosos de administración pública como ejemplo de mal gobierno y de líderes que viven cegados por sus compromisos ideológicos, políticos-partidistas.

A fines de junio, García Padilla se dislocó públicamente con su notoria expresión de que la “deuda de Puerto Rico era impagable”. Como consecuencia de la crisis, la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado federal realizó vistas públicas, en las que el gobernador no proveyó estados financieros auditados que le habían sido solicitados una y otra vez, advirtiéndole de la necesidad de contar con evidencia creíble sobre la situación económica y fiscal de PR al expresar, sin mostrar evidencia alguna, que históricamente se había emitido deuda con estados financieros ilegales, violando las nomas constitucionales. Esto aumentó la falta de credibilidad y la certeza de que no hay transparencia.

Ante el gasto excesivo que el gobernador trata de ocultar, el economista Carlos Colon De Armas expresó que la Constitución de PR requiere que el presupuesto del Gobierno esté balanceado” y que “Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de los recursos totales calculados para dicho año económico, a menos que se provea por ley para la imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas asignaciones.”

Sostuvo además que en 1974, el Secretario de Justicia De Jesús Schuck, emitió una opinión que es contraria a varios conceptos básicos de economía y que se ha utilizado para permitir que se utilicen las deudas o financiamientos como recursos para balancear el presupuesto de gastos del Gobierno y permitirle al gobierno gastar en exceso.

Advierto que hasta que esa opinión sea derogada, negarse a pagar la deuda y escudarse detrás de haber emitido alguna deuda en violación a la Constitución de PR, tiene implicaciones muy serias. Lo que parece ser una estrategia política para ganar tiempo se ha convertido en una novela de horror que destruye el crédito y la economía vertiginosamente, y obstaculizara la solución de la crisis de PR.

Cuando se trata del PPD, la novela se torna en una tragicomedia. Basta con reseñar algunos titulares de prensa: “García Padilla deja en el aire su candidatura”; “El gobernador no confirmó si se postulará nuevamente como candidato a la gobernación y declara que “El país no puede cambiar de avión a mitad de vuelo”.
La guerra interna del PPD es obvia. García Padilla le dio “un puntillazo a los alcaldes que han mostrado reparos a su candidatura porque podría poner en riesgo el triunfo del PPD en el 2016 y los acusó de tener motivaciones personales.

Acevedo Vilá opinó que la crisis interna del PPD “es más profunda” que un “juego de sillas y puestos políticos”. Añadió que: “Los puertorriqueños quieren saber y los populares tenemos que decirles si queremos que el próximo cuatrienio sea una continuación del presente”. Acevedo sabe que el ELA y el PPD han fracasado y quiere saber cómo nos van a sacar de la crisis.

Aparentemente no existe comunicación entre los funcionarios y líderes del PPD o la paranoia política se apodera de la Fortaleza. El portavoz de la mayoría del PPD en el Senado dijo en una entrevista radial que “el gobernador tiene personas cerca que no lo quieren…” y en respuesta a encuesta de ENDI, el secretario general del PPD dijo “Aquí ha habido personas que por los pasados tres años han estado -continuamente- afectando públicamente el partido.

Ante el pésimo gobierno, políticas improvisadas, uso de recursos para fines político-partidistas y el daño económico y fiscal que le ha hecho a Puerto Rico, se presagia que el Pueblo castigará al PPD en el proceso electoral. El Gobernador García Padilla le dio la estocada final al ELA.

Igualdad en la salud; 22 de junio, 2015
Hernan Padilla
Aquellos que se empeñan en negar que EEUU sea nuestra Nación, pretenden hacernos creer que el ELA-colonial tiene los poderes y recursos para superar la crisis que se ha precipitado bajo el fracasado modelo del estatus territorial.

En una petición al Presidente Barack Obama, no reparan en aseverar que “los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, tributan los mismos impuestos de Seguro Social y Medicare como en los cincuenta estados, pero reciben menos fondos”, y “que el 60% de la población de la Isla recibe su cuidado de salud a través de Medicare, Medicare Advantage o Medicaid”.

El Plan de Salud del Gobierno “Mi Salud” enfrenta inmensas dificultades para cumplir con los pagos a médicos, profesionales de la salud, laboratorios y farmacias. Al punto, que muchos especialistas, han dejado de aceptar a nuevos pacientes, y la migración de profesionales de la salud se ha exacerbado.
Toda vez que PR no es un Estado, al aprobarse Obama Care , asignaron $6,300 millones de Medicaid para implantar o expandir los servicios de salud con la expectativa que dichos fondos alcanzarían hasta el 2019, cuando PR asumiría la responsabilidad de darle continuidad con sus propios recursos.

No obstante, se han consumido estos fondos tan rápidamente que se agotarán al 2017. Complica la situación la determinación del gobierno federal de aplicar un recorte de 11% a los pagos de Medicare—que según El Nuevo Día equivale a $300 millones—que los planes tendrán que absorber a partir de enero del 2016, afectándose los pagos a hospitales, farmacias y servicios en el hogar.

Existen 745,000 beneficiarios de Medicare en PR, 75% de ellos participantes de Medicare Advantage. El colapso del sistema de Medicare Advantage suscitará una migración de hasta 250,000 beneficiarios de Medicare Platino, que administran las aseguradoras privadas, hacia el Plan de Mi Salud, el programa Medicaid de la Isla, representando un costo adicional de $400 a $800 millones

De acuerdo a la llamada “Coalición para Atender la Crisis del Sistema de Salud”, “entre los recortes de Medicare Advantage y el agotamiento prematuro de los fondos de “Medicaid”, el déficit proyectado puede alcanzar $1,800 millones anuales.

El Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, ha expuesto que no siendo PR un Estado, recibimos un trato desigual por parte de los programas Medicaid y Medicare. La condición de territorio-colonial coarta un cuidado asequible y de calidad a las personas de edad avanzada e individuos con impedimentos suscritos a Medicare Advantage.

Ante la triple crisis, Pierluisi presentó legislación para asegurar pleno acceso a los fondos Medicaid y evitar que el sistema de salud de PR caiga en semejante precipicio fiscal.

Propuso además, extender a PR el programa de Medicaid que otorga pagos a hospitales que atienden un porcentaje desproporcionado de pacientes de bajos ingresos; mejorar la tasa de pagos a los programas Medicare Advantage; que los hospitales reciban el mismo reembolso que los estados por la admisión de pacientes de Medicare Parte A; que los beneficiarios en PR tengan acceso automático a la Parte B de Medicare; y que las aportaciones federales a los planes Medicare Advantage sean justos, tal que puedan continuar proveyendo servicios asequibles y de alta calidad.

La ineludible realidad es que la debacle de “Mi Salud”, los Centros CDT, ASES y los Centros 330, los recortes unilaterales en Medicare y la incapacidad de manejar prudente y efectivamente los fondos de Obamacare de Medicaid, se deben fundamentalmente a que PR carece de los instrumentos necesarios para superar la presente crisis, consecuencia directa del ya caduco estatus territorial-colonial.

Es pues, imperativo, resolver el estatus político para adquirir las prerrogativas que nos brindaría la Estadidad para enfrentar muchos de los problemas fiscales y operacionales que menoscaban los servicios de salud a nuestro pueblo, especialmente los más desprovistos, aquellos con necesidades especiales y de edad avanzada.