Hernan Padilla

Cuestionables Decisiones jurídicas. 7 de diciembre, 2015
Hernán Padilla
La indefinición del ELA es la causa de muchos de los problemas que afectan a PR. Basta con leer la decisión del Tribunal de Apelaciones sobre el caso Casellas que concedió la petición de un nuevo juicio y revocó la sentencia alegando un nuevo estado de derecho determinado por el Tribunal Supremo de PR que establece que Puerto Rico no cuenta con soberanía dual para acusar a una persona que ya ha sido acusada en el foro federal.

En mi columna del 26 de octubre sobre la decisión del Supremo Federal de considerar la apelación de la decisión del Tribunal Supremo de PR sobre la aplicación de “doble exposición” en el caso del Pueblo vs Sánchez Valle, expuse que abriría “La caja de pandora política y constitucional”.

La defensa de Casellas reclamó que la Constitución de Estados Unidos exigía un veredicto unánime en un juicio por jurado. Cuando el Tribunal de Apelaciones revocó su sentencia de 109 años y le concedió un nuevo juicio abrió la caja de Pandora. Esta es una decisión cuestionable y la prensa reportó que el Secretario de Justicia indicó que esta podría provocar “una avalancha de solicitudes de excarcelación, y convierte la Constitución de PR en una mera Ley”.

Es correcto que a nivel federal el veredicto de culpabilidad en casos de juicio por jurado tiene que ser unánime, pero ello no aplica a nivel estatal. Existen importantes precedentes jurídicos que han validado el veredicto por mayoría a nivel estatal, porque el requisito de unanimidad no se considera un derecho fundamental disponible a los estados. El derecho a juicio por jurado garantizado por la sexta enmienda de la Constitución Federal no requiere que los veredictos tengan que emitirse por voto unánime.

Otro aspecto sobresaliente es que el Tribunal Apelativo se amparó en una decisión pendiente de revisión, ya que la decisión del Tribunal Supremo local de Pueblo vs Sánchez Valle NO es final y firme, debido a que está ante el Tribunal Supremo Federal(SCOTUS) que podría revocar la sentencia. En vista de que el Tribunal Supremo de PR no consideró la quinta y la séptima enmienda al tomar su decisión, ambas decisiones podrían ser revocadas.

Bajo ese racional, aplicaría la Séptima Enmienda y el derecho a juicios por Jurado en casos civiles en PR, y tendría que establecerse la institución del Gran Jurado porque de otra manera todas las acusaciones de delitos graves serían ilegales. A la larga tendrían que reconocer el derecho a juicio por jurado, como si PR fuera un estado.

En el caso Pueblo vs Sánchez, el Tribunal Supremo local entró en terreno sensitivo cuando determinó que el territorio de PR no tiene los poderes ni la autonomía separada como la de los 50 estados, obviando el hecho de que el Congreso autorizó en nuestra jurisdicción la creación del Tribunal Federal al amparo del Artículo III de la Constitución y que sus decisiones pueden ir directamente al Tribunal Supremo Nacional.

Los casos del “Pueblo vs Sánchez” y la apelación al Supremo federal, y ahora la decisión del Tribunal de Apelaciones sobre la sentencia de Casellas abren las puertas para que SCOTUS le ponga fin al ELA.
No se pueden ignorar las decisiones de las Cortes Federales que le han extendido a todos los ciudadanos americanos, incluyendo a los que residen en PR, la mayoría de las “garantías constitucionales”.

La Corte Suprema no debe ignorar la evolución constitucional de nuestra Nación, que demanda que el gobierno federal garantice iguales derechos a todos sus ciudadanos que residen en la Isla.
Es hora que la Corte Suprema de EEUU no abdique su responsabilidad jurídica hacia los ciudadanos americanos que residen en PR y aplique a PR la Constitución americana en toda su extensión y en condiciones de plena igualdad.

Vergüenza contra dinero , 15 de abril, 2010

Hernán Padilla

A mediados del siglo 20, Luís Muñoz Marín predicaba que era necesario combatir el dinero poderoso que controlaba el tejido social y darle paso al buen gobierno basado en justicia social y bienestar colectivo. Su meta era transformar al país económicamente. Su visión política era un Puerto Rico donde predominaba la “vergüenza contra el dinero”.

Hoy, el país es testigo del bochornoso drama personal y político de un ex-senador, delincuente federal, confeso de soborno y venta de influencia. Este hombre, que vendió el honor de su familia y el servicio público, proviene de “buenas y honorables familias”, entre ellos su abuelo Jorge Font Saldaña, fundador del PPD, periodista y ex Secretario de Hacienda.

Debe preocuparnos, no la tragedia personal del ex legislador que fué expulsado del PPD y el PNP, pero sí la tragedia que consume a Puerto Rico. Algo anda muy mal cuando personas supuestamente educadas en escuelas católicas y con educación universitaria ignoran los principios de ética y los valores positivos como la verdad, no robar y no perjudicar el bien colectivo. Este espectáculo público de ambición desenfrenada pone de manifiesto la profunda crisis valorativa del tejido social insular.

El delito y la conducta depravada de De Castro Font son dañinos y despreciables. Destruyen el idealismo político de su generación. Como en el caso de De Castro Font, los legisladores, funcionarios públicos y figuras de los negocios acusados de corrupción, venta de influencias, soborno y fraude no actúan solos. Ahora comenzará el desfile ante el Fiscal Especial Independiente de los cómplices, sobornadores, ejecutivos, “aseguradoras”, cabilderos y políticos, productos de la corrupción del país.

El fenómeno social delictivo de la corrupción de funcionarios públicos no se da en un vació. Si bien es cierto que durante la pasada administración se refinó la corrupción gubernamental y se elevó a la altura de una “ciencia exacta”, la génesis está claramente reportada desde los inicios de la vida colonial española. La isla era ejemplo de corrupción administrativa donde predominaba la evasión del pago de impuestos dentro de un marco de pobreza colonial.

La responsabilidad y la culpa son colectivas. La corrupción es evidente cuando roban agua y energía eléctrica, radican reclamaciones falsas, lavan dinero comprando billetes de lotería premiados, engañan y roban a los que han trabajado fuerte para sus hijos y familia, falsifican certificados de nacimiento, compran licencias profesionales y evaden pagar las contribuciones.

La corrupción envenena todo el tejido social. La corrupción en las instituciones civiles, estructuras gubernamentales, entidades religiosas y la vida diaria de la población es lo que permite el clima de inseguridad creado por el crimen organizado y los narcotraficantes que “lavan” el sucio dinero producto de la droga en los 250 “puntos” calientes.

La tabla de valores del pueblo de Puerto Rico también debe estar ante el Tribunal acusatorio. Es evidente que “ser más listo que los demás”, vivir del “mango bajito”, aceptar la mediocridad, la vida fácil, el favoritismo, contratos de batatas políticas, despilfarrar fondos públicos sin consecuencias adversas, “bautizarse con los de arriba”, “hacerse rico a costa de los otros”, y el egocentrismo del “sálvese el que pueda” han calado profundo en la cultura de la sociedad puertorriqueña.

El drama judicial de De Castro Font ofrece una oportunidad extraordinaria para aleccionar a todo el país sobre la subcultura de corrupción. Tan corrupto es el que sugiere, gestiona o exige el soborno como el que lo paga. Los funcionarios públicos y/o electos que caen en las garras de la corrupción sufrirán en su propia carne el dolor de vender el honor de su familia y su país. Este juicio debe ser televisado como una lección de ética y una oportunidad única para rescatar el honor y la vergüenza del país.

Reflexiones de moral, justicia y política, 2009

Hernán Padilla

El crimen desgarra a Puerto Rico. El reciente asalto a mano armada contra Mudafort Sports en Santurce, a plena luz del día, pone de manifiesto el nivel de inseguridad e impunidad, y destaca la pobre calidad de vida que afecta a todos los ciudadanos. Es una guerra abierta: puertorriqueños contra puertorriqueños. Las víctimas, familiares, y amigos sufren el caos social que se documenta diariamente.

No sorprende que Luís Fraticelli, el Director del FBI en Puerto Rico, señalara recientemente en El Nuevo Día, que “la corrupción es el principal problema social en Puerto Rico”. El FBI investiga cerca de mil casos de actos delictivos: corrupción pública, fraude bancario e hipotecario, fraude a Medicare y las Becas Pell, crímenes violentos y narcotráfico, entre otros.

Corrupción significa depravación moral, soborno o venta de favores políticos, conseguir ventaja ilegitima, secreta y privada y tráfico de influencias. Ahí están los casos de la Junta de Médicos que expidió Licencias violando todas las normas éticas y legales y por los cuales se radicaron múltiples casos criminales en el cuatrienio pasado. Corrupción es cuando se radican cargos falsos por servicios no prestados a Medicare. Es cuando el usuario instala un “pillo” en su casa o negocio para hurtar corriente eléctrica y agua. Son corruptos los comerciantes que bautizan la leche con agua para aumentar sus ganancias; y los funcionarios públicos que se venden por regalos navideños y servicios gratuitos.

Es cuando los fondos públicos se despilfarran y se utilizan contrario a los mejores intereses del pueblo o les conceden privilegios especiales a funcionarios electos y políticos retirados o derrotados. Es cuando se crea una clase gobernante privilegiada, a quienes se les asignan salarios once veces más que el salario promedio en Puerto Rico y le asignan carro y chofer sin que resulten en beneficio directo al pueblo.

La lista de actividad corrupta por funcionarios públicos, políticos, candidatos y empleados de los partidos es muy seria. Entre los actos de corrupción predominan actos de fraude, empleados fantasmas, apropiación ilegal agravada, escándalos por mal uso de fondos públicos locales y federales, contratos para beneficio propio, fraude en la vivienda, subastas ilegales, soborno, obstrucción de la justicia, uso ilegal de bancos telefónicos y facilidades del gobierno para fines partidistas, contratos ilegales para beneficio de un amigo, pariente o donante político, y pedir y aceptar dinero a cambio de favores políticos.

El caso más reciente que genera dudas y desconfianza en el pueblo y que requiere una investigación minuciosa es el de la condonación cuestionable de deudas contributivas millonarias para beneficiar a una refinería de petróleo. Urge crear la Oficina del Inspector General para prevenir la corrupción gubernamental.

La sociedad en general resulta víctima de la corrupción por la privación de los fondos públicos y privados que los corruptos roban impunemente. Peor aún, se pisotean los valores cívicos y cristianos de la sociedad puertorriqueña. La convivencia en Puerto Rico está animada por un “sentido cívico de justicia”. Cuando se actúa contra los valores de justicia, la gente ve y reconoce actos de conducta injusta. La corrupción representa un verdadero peligro social. Facilita el crimen organizado, el lavado de dinero, trafico de drogas y muchos males sociales.

En esta temporada Navideña debemos reflexionar sobre la “injusticia de los corruptos”. Corresponde a todos los funcionarios públicos, políticos, partidos políticos, líderes de instituciones cívicas, asociaciones profesionales, comercio, industria, sindicatos, educadores, sacerdotes y ministros religiosos vivir, practicar y ser ejemplos de honradez, respeto y tolerancia. Urge enseñar, ética, valores cívicos y un patrón de conducta de hacer lo correcto, de no hacer daño a nadie, ser honrado y cumplir con la ley. No pueden esperar que la sociedad actúe correctamente si no se convierten en verdaderos modelos.