PR requiere agente fiscalizador, 1 de septiembre, 2017
PR requiere agente fiscalizador independiente, 11 de septiembre, 2017
Hernán Padilla
PR carecía de una estructura gubernamental legal independiente con responsabilidad para fiscalizar los gastos del gobierno, las corporaciones públicas y la deuda pública, Tampoco ejerció autoridad para exigir planes fiscales y auditorías certificadas para evitar que se repitan los errores del pasado.
Ni la Legislatura ni el ejecutivo cumplieron con su responsabilidad de fiscalizar y supervisar las finanzas del gobierno El Congreso tuvo que aprobar la Ley PROMESA y crear la Junta de Supervisión Fiscal para identificar las causas de la debacle y tomara acción correctiva.
Eric Álvarez, analista político, postula que la crisis económica de PR es producto del carácter colonial del ELA y que “el gobierno se convirtió en el mayor patrono y generador de actividad económica y utiliza la deuda pública para pagos de nómina y refinanciamiento.
En el 2001, las agencias crediticias comenzaron a emitir clasificaciones negativas y advertencias sobre la capacidad prestataria del gobierno de PR. Alvarez afirma que Acevedo fue responsable del “turning point” de la economía al mantener un alto presupuesto y producir un cierre gubernamental.
Cuando Fortuño fue electo, la economía estaba inmersa en una de las peores crisis económicas de nuestra historia, con un gobierno en quiebra, un déficit operacional de $3,300 millones y sin liquidez para pagar la nomina de los empleados públicos. Las medidas tomadas por su administración (2009-2012) redujeron los gastos, estabilizaron las finanzas del gobierno y evitaron que el crédito de PR fuera degradado.
Aun así, el PPD atacó el Plan de Fortuño, desarrolló una campaña populista basada en promesas falsas. García Padilla fue electo gobernador y rechazó la política fiscal de Fortuño. Como resultado. AGP dejó un déficit de $7,600 millones y un gobierno en quiebra. AGP sembró desconfianza en el mercado de bonos, por primera vez no pagó la deuda constitucional, paralizó el desarrollo económico y provocó un éxodo poblacional masivo.
La Legislatura no cumplió con su responsabilidad de fiscalizar y supervisar los gastos del gobierno, las corporaciones públicas y la deuda pública, provocando que el Congreso aprobara la Ley PROMESA y se creara la Junta de Supervisión Fiscal para fiscalizar y supervisar los gastos del gobierno y con autoridad para exigir planes fiscales de largo plazo.
En el 2016 el pueblo eligió un gobierno que sacara a PR de la crisis fiscal, que trabajara con un presupuesto balanceado, redujera la deuda pública, promoviera el desarrollo económico y prestara los servicios esenciales al pueblo de PR.
La administración de Ricardo Rosselló enfrentó una deuda de $74,000 millones y otras, que aumentaban el total a unos $130,000 millones. El gobierno no tenía suficiente liquidez para financiar sus operaciones a corto y mediano plazo, proveer los servicios básicos, e invertir en proyectos de infraestructura.
Enfrentó una crisis en el gobierno central, las corporaciones públicas, los fondos de retiro y deudas sin pagar. La AEE estaba en crisis. La AAA no radicó un Plan Fiscal, tenía una deuda de $150 millones con contratistas y no pagaron los préstamos federales.
La nueva administración se vio obligada a implementar medidas de ahorro en gastos operacionales. Rosselló sometió un nuevo Plan Fiscal de 10 años, se reunió con el Tesoro Federal, los bonistas y casas acreditadoras para discutir los términos y restructuración (negociación) de la deuda. También redujo el presupuesto del 2017-18 a $8,183 millones, asignó $1400 millones para pagar las pensiones, ya que se agotaron los fondos y activos de Retiro.
Aún así las acciones gubernamentales no serán suficientes para rescatar la economía de PR mientras continúe sometida a un modelo político-económico que le niega igualdad de oportunidades, crecimiento económico y las mismas garantías que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados. Le corresponde al movimiento Estadista continuar luchando por un estatus digno y permanente que nos brinde las herramientas y el poder político para lograr un desarrollo económico sostenible.