A Incorporar a Puerto Rico, 20 de noviembre, 2017

Incorporación del Territorio de PR, 20 de noviembre, 2017
Hernán Padilla

Desde el desastre provocado por los huracanes, los medios sociales se han convertido en el instrumento para que innumerables ciudadanos expresen su apoyo para resolver la condición colonial que comenzó en el 1898 y que le niega la igualdad a millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.

Los ciudadanos afectados por la crisis, falta de energía eléctrica, agua, servicios médicos, educación para sus hijos, y otros servicios básicos esenciales, expresan que la falta de igualdad es una condición que surge como resultado de los procesos políticos, legales y económicos que han llevado al pueblo de Puerto Rico a vivir sin disfrutar de todos los derechos, oportunidades y responsabilidades que le corresponden.

Los esfuerzos del Gobernador Rosselló para lograr ayudas federales para rescatar la Isla de una tragedia humanitaria, estabilizar la economía y reconstruir la infraestructura necesaria para promover un desarrollo económico y social sostenible son evidentes.

Rosselló ha informado que el costo proyectado de los daños del huracán es astronómico y solicita ayudas federales por $94,000 millones para la recuperación, estabilización, reconstrucción y modernización de PR, incluyendo $17,000 millones para reconstruir la infraestructura eléctrica, acueductos, carreteras y puentes, y pérdida de producción, entre otros. Así mismo, pidió que PR se incluya en la reforma contributiva federal y “exigió que NO sea tratado como una jurisdicción extranjera”.

En una columna anterior cité segmentos del “Compromiso de Rosselló con PR”, un “modelo para la estabilización de PR y la tan necesaria meta de la Igualdad y la Estadidad”, hasta alcanzar el desarrollo económico sólido y sostenible para fortalecer nuestra economía”, y “propuestas para ayudar a la creación de empleos, desarrollo de industrias y empresas locales y a atraer inversión privada nacional e internacional para lograr el crecimiento y fortalecimiento de nuestra economía”; y así como continuar la lucha para obtener trato igualitario en fondos federales, particularmente Medicare y Medicaid.

Lamentablemente, los residentes en la Isla están sujetos a un sistema político que le niega igualdad. Respaldo la posición de la organización “Igualdad Futuro Seguro” de que “ser un territorio colonial limita las inversiones y el crecimiento económico” y que “no habrá una solución permanente a la crisis económica, ni se logrará progreso, estabilidad y desarrollo económico mientras no se eliminen los impedimentos del estatus actual”

Puerto Rico cumple con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente” para ser admitido en la Unión; las Cortes Federales han extendido a los ciudadanos que residen en PR la mayoría de las “garantías constitucionales” y el Congreso incluye a la Isla en muchos programas federales. Lamentablemente, en 1922 SCOTUS determinó que PR era un “Territorio no Incorporado”, y como consecuencia las limitaciones de nuestra condición colonial impiden la igualdad de derechos y nos niega los poderes políticos necesarios para resolver nuestros problemas económicos y proteger a PR de una crisis causada por un desastre natural.

La incorporación inmediata como transición a la estadidad debe ser un elemento esencial de política pública federal hacia Puerto Rico. En columnas publicadas en el “Orlando Sentinel” y “The Hill”, el Lcdo. José Rodríguez Suárez argumentó que poner fin a la no-incorporación es fundamental para lograr un crecimiento económico sostenible, En otra columna en “The Hill” El Lcdo. Andrés Córdova señaló que la crisis fiscal y problemas económicos de la Isla se deben en gran medida a la “doctrina de no incorporación”.

En los plebiscitos del 2012 y 2017 el pueblo reafirmó que quiere que PR se convierta en Estado de EEUU. El Congreso debe poner fin a la condición de inferioridad política y tratar a PR como un estado o como un territorio en transición a ser estado. La “Comisión para la Igualdad” podría ser un instrumento para convencer al Congreso de que tiene la autoridad constitucional para corregir el disparate judicial del 1922 y que declare a PR un Territorio Incorporado con el derecho a la verdadera igualdad permanente.

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