Hernan Padilla

Una buena Reforma educativa, lunes 26 de marzo
Hernán Padilla
Durante las pasadas décadas hemos perdido cientos de miles de ciudadanos. Se han ido en busca de mejor calidad de vida, oportunidades de empleo, seguridad e indiscutiblemente una mejor educación para los niños, jóvenes y adultos. Como consecu

El Gobernador sometió y la Legislatura aprobó el proyecto de reforma educativa. La “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” deroga “la Ley 149-1999, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”, establece una nueva política pública que designa al estudiante como su centro y eje principal.

Según la exposición de Motivos, el Departamento de Educación tiene el deber y la obligación de promulgar la excelencia en la calidad de enseñanza que se imparta en cada una de las escuelas del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico; pero a pesar de que el presupuesto del Departamento es mayor al de cualquier otra agencia, sus resultados no están a la altura de otras jurisdicciones.

La nueva Ley crea las Oficinas Regionales Educativas, consolida las regiones educativas y los distritos escolares en una sola estructura para lograr mayores eficiencias para descentralizar los servicios, reducir costos y establecer sistemas efectivos de evaluación y rendición de cuentas. Delega mayores facultades y responsabilidades a los Superintendentes Regionales y Directores para atender los asuntos académicos, administrativos y evaluar sus ejecutorias mediante rendición de cuentas continuas.

Actualmente Puerto Rico es la única jurisdicción de la Nación que no ha establecido el modelo LEA (Local Education Agencies) a nivel regional que le permite beneficiarse de los fondos federales asignados para agencias educativas locales.

La Ley establece las Escuelas Alianza (Charter Schools), que existen en 44 estados y Washington DC, con participación de las comunidades y para darles acceso a un mayor ofrecimiento académico a los estudiantes a través de entidades especializadas sin fines de lucro, Entidades Educativas Certificadas que brinden enseñanza a los estudiantes de educación especial, universidades y municipios. La UHS de la UPR y la School of San Juan son ejemplos para emularse.

Las Escuelas Alianza serán públicas, gratuitas, no sectarias, libres de cualquier tipo de discrimen, una alternativa a las escuelas públicas tradicionales que ofrecerán más oportunidades educativas, incluyendo fomentar el bilingüismo (español e inglés) en su enseñanza y priorizar en una educación enfocada en la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Las Escuelas y Entidades Certificadas que administren las Escuelas estarán sujetas y deben cumplir con los mismos estándares de evaluación y rendición de cuentas del Departamento que el resto de las escuelas públicas de Puerto Rico. Estas operarán con fondos estatales asignados mediante una fórmula por cada estudiante inscrito.

Hay personas que sin leer ni estudiar las 182 páginas del proyecto expresan dudas sobre los derechos y protección que la Ley de la reforma le garantiza a los maestros y empleados. La misma protege sus derechos y permite que puedan escoger entre una escuela pública o una Escuela Alianza. Se garantiza su plaza, posición y salario por dos años si quiere regresar a su posición en el Departamento de Educación. Se le protege el derecho a retiro y pueden continuar cotizando mientras trabajen en una escuela Alianza.

Me satisface que múltiples líderes educativos a nivel nacional respaldan la reforma educativa. Las dos uniones nacionales de maestros, NEA y FTA endosan las escuelas Alianzas (Charters). Dan Domenech, Director Ejecutivo de la Asociación Americana de Administradores de Escuelas y Nina Resse, presidenta/CEO de la Alianza Nacional de Charters apoyan la Escuelas Alianzas para PR.

Concurro con el ex Vice Presidente del Senado, Orlando Parga, quien sostiene que el proyecto aprobado es resultado de madurez y sabiduría y que finalmente PR tiene encaminada una necesaria reforma educativa. Felicito al Gobernador, la Secretaria Julia Keleher, los Presidentes del Senado y la Cámara y la Legislatura por el proyecto basado en principios educativos y administrativos modernos que hoy es la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico.

Honor a Baltasar Corrada del Río
Hernán Padilla
La muerte del amigo Baltasar Corrada del Río ha dejado un gran vacío en el ánimo de los que tuvimos el honor y el privilegio de conocerlo. Que se puede decir cuando uno se refiere a la partida de una persona admirada por muchos, respetada por todos, y quien deja una estela de logros en beneficio del pueblo puertorriqueño. Ninguna expresión puede ser suficiente.

En su biografía se destaca que se graduó de leyes de la UPR y en 1969 fue nombrado miembro de la Comisión de la Comisión de Derechos Civiles de PR. En 1976, el PNP lo nominó y fue electo Comisionado Residente, Carlos Romero Barceló fue electo Gobernador y yo tuve el honor y el privilegio de ser electo Alcalde de San Juan.

Corrada fue Comisionado hasta el 1984 y lucho para extender y mejorar los programas federales de salud a Puerto Rico. Siempre fue un fiel defensor de la Estadidad para Puerto Rico.

Para mí, fue un motivo de satisfacción entregarle las riendas del Municipio de San Juan a Baltasar Corrada en enero del 1985. Durante ese cuatrienio fue electo Presidente del PNP y aspiró al cargo de gobernador en 1988. Baltasar tuvo la cortesía de visitarnos en nuestro hogar en Maryland y luego invitarme a que regresara al PNP y que diera un mensaje especial a la Asamblea de Delegados. Fue un verdadero placer endosarlo públicamente como candidato a gobernador. Lamentablemente, el pueblo cometió un grave error al no elegirlo.

Fue Secretario de Estado durante la administración de Pedro Rosselló. En el 1995 fue elevado al Tribunal Supremo de Puerto Rico como Juez Asociado donde fue muy querido, respetado y admirado por todos. Lo visité a él y a Beatriz en su residencia de Fort Meyer, Florida. Ese intercambio fortaleció mi opinión del amigo entrañable, siempre caballeroso, amable, respetuoso, correcto, y quien me confió sus opiniones sobre la lucha por la estadidad y la política en general.

Le digo adiós, al amigo Baltasar, abogado, defensor de los derechos civiles, congresista-comisionado, al alcalde de San Juan, al Secretario de Estado, al Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y al luchador por la Estadidad. Su vida ha sido una inspiración para muchos de nosotros. En su práctica como abogado así como en los importantes puestos como alcalde, Comisionado Residente, Secretario de Estado y Juez Asociado del Tribunal Supremo, siempre prestó servicios de excelencia y nunca fue objeto de otra cosa que no fuera respeto y reconocimiento a su dedicación, sensibilidad, inteligencia y honestidad.

lunes, 26 de febrero de 2018
Solución a la crisis de energía
Hernán Padilla
Los problemas y la crisis fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) siguen dominando la atención del país. La AEE está quebrada económica y operacionalmente, sin crédito y sin credibilidad entre los bonistas, ni acceso al mercado de valores. No está capacitada para resolver la crisis de energía que afecta todos los sectores. Se considera necesario transformar el sistema de generación de energía eléctrica en uno moderno, eficiente y menos costoso.

Se dijo que “si la AEE no recibía una inyección de dinero urgentemente comenzaría a reducir su capacidad de generación próximamente, y se quedaría sin fondos para el 2 de marzo”. La crisis era tan grave que consideraron suspender empleados, interrumpir operaciones de plantas, y hasta racionar el servicio.

Los huracanes destruyeron la infraestructura, ya deteriorada por falta de mantenimiento y modernización. La AEE no tiene recursos para los gastos operacionales, incluyendo comprar gas o petróleo para generar energía consistentemente. La AEE informó que apenas tenían combustible para solo una semana en algunas centrales y para tres semanas en otras.

La jueza Laura Swain rechazó la petición inicial de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para un préstamo de $1,000 millones para la AEE y ante la falta de liquidez para seguir funcionando redujo la petición a $300 millones y aceptaron las condiciones para que fuera aprobado por Swain, incluyendo intereses fijos al 5%.

Las vistas trajeron a la discusión pública que el fondo de inversiones Solus y Scotiabank, que financiaron fondos para comprar petróleo apoyaron el préstamo, pero no así otro grupo de bonistas. Los fondos fueron limitados en cuanto a su uso, pero la AEE podría comprar energía a AES y Eco Eléctrica y combustible a Fenosa, Puma y Freepoint. No podrá usarlos para pagar abogados y horas extras de empleados. La AEE incurrirá en gastos de $25.8 millones por abogados y asesores para el Titulo III y se proyecta que pagará $24.5 millones por horas extras a sus empleados por las próximas 13 semanas. Tendrá que usar sus propios recursos.

Para justificar el préstamo de $1 billon, el Gobernador sostuvo que “estamos en una situación precaria y que la información presentada era cierta y correcta”. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la JSF enfatizaron que era necesario para proveer electricidad. Presentaron un plan de contingencia y acciones preventivas, reducir las reservas de energía y ahorrar combustible. Dicho plan obligaba a reducir las reservas de unos 450 megavatios a 300 megavatios. De hecho, apagaron las turbinas de Mayagüez y Palo Seco que usan combustible más caro y podían ahorrar $9 millones mensuales. Sin embargo, aseguraron que el plan no incluía apagones selectivos.

Por otro lado, Rosselló hizo múltiples gestiones para lograr que el Tesoro desembolsara el préstamo aprobado porel Congreso de unos $4,700 millones para mejorar la liquidez del gobierno y que proveyera fondos para la AEE. El Tesoro, mientras, ha establecido condiciones estrictas para enviar los fondos.

Ante la crisis fiscal, Puerto Rico y la AEE dependen de fondos federales. Hasta ahora, FEMA ha autorizado $252 millones para la restauración del servicio eléctrico, ha pagado $1,428 millones en reembolsos y pagos a contratistas de USACE que llevan a cabo la restauración del sistema eléctrico. Además, asignará $13,000 millones para este año fiscal para la reconstrucción del país, incluyendo el financiamiento del sistema eléctrico. También está el Community Disaster Loan Program y fondos de CDBG que aportaran fondos para la restauración.

En resumen, vivimos una situación muy difícil respecto al servicio de energía, cuyo costo, inconsistencia y deterioro obstaculiza el desarrollo económico del país. El préstamo de $300 millones es una luz temporera de esperanza. “The Bond Buyer” dice que necesitarán otro préstamo en un mes. Urge completar el proceso de privatización y/o Alianzas Público Privadas del servicio eléctrico. De otra suerte, estaremos destinados a un pobre desarrollo y unas condiciones de vida lamentables.

SOMOS NACIONALES AMERICANOS

Hernán Padilla
El 2 de marzo se conmemora el aniversario de la ciudadanía, un momento histórico que sentó las bases para que Puerto Rico se fuera integrando a la cultura constitucional, legal, social, política y económica americana. Se cumplen 101 años desde que el Acta Jones de 1917 le otorgó la ciudadanía a los puertorriqueños.

El Acta de Naturalización de 1941 garantizó que las personas que nacen en una jurisdicción subordinada serían ciudadanos de Estados Unidos. La Ley del Gobernador Electo de 1947 expandió el alcance de la Constitución a los puertorriqueños y estableció que los derechos, privilegios e inmunidades se respetarían en este territorio hasta el mismo grado que si fuese un estado.

En 1952 ratificamos en la Constitución de Puerto Rico “nuestra unión con Estados Unidos”…“Consideramos factores en nuestra vida la Ciudadanía de Estados Unidos y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático y disfrute de sus derechos y prerrogativas”. La ciudadanía establece que somos nacionales americanos y que nuestra nación jurídica y política es Estados Unidos.

La ciudadanía es parte de nuestro perfil y define al puertorriqueño del siglo 21. Las leyes y programas federales que nos tratan como estado, la designación del Tribunal de Distrito federal bajo el Artículo III de la Constitución federal, la presencia de agencias federales en la isla, y la integración de la cultura puertorriqueña a la cultura nacional son parte del diario vivir.

No nos conformamos con una ciudadanía americana a medias, aspiramos a un futuro mejor. Como ciudadanos americanos reclamamos la plena participación en el gobierno federal; igualdad en los derechos civiles; la estabilidad política-económica; el desarrollo socio-económico y los beneficios y responsabilidades iguales al resto de la nación.

A pesar de los logros como ciudadanos, los residentes en la Isla están sujetos a un sistema político que le niega igualdad, incluyendo no poder votar por el presidente y elegir representación congresional.

Puerto Rico nunca ha sido, no es y no será una nación independiente de los EEUU. Hay quienes quieren hacer creer que la Isla es un “país” diferente a EEUU. La Academia Real Española sostiene que “un país es una nación”. Un país es una comunidad social soberana e independiente políticamente. Puerto Rico no es un país, es un territorio colonial bajo los poderes del Congreso.

Cuando un territorio no puede resolver su estatus político y disfrutar de todos los derechos y beneficios de la ciudadanía que los cobija, es una colonia, aunque la llamen ELA. Somos una colonia que no disfruta de los mismos derechos, beneficios y responsabilidades de nuestros conciudadanos en los 50 estados.
A raíz del impacto de los huracanes, aunque nos han extendido asistencias y el Congreso incluye a la Isla en programas federales bajo asignaciones especiales para los territorios, las limitaciones de nuestra condición colonial impiden que se nos apliquen iguales derechos y beneficios. Por no ser un estado, no disfrutamos de los programas federales; en condición de igualdad, que benefician a los 50 estados. La acción del Tesoro federal de reducir el préstamo y no autorizar los fondos resalta la ausencia de igualdad y poderes políticos.

Si Puerto Rico opta por la independencia o la libre asociación, los que nazcan en la nueva nación no serán ciudadanos americanos. Los puertorriqueños somos ciudadanos americanos de nacimiento y nuestra ciudadanía individual es irrevocable por un cambio de estatus, pero solo la Estadidad le garantiza la ciudadanía americana a las futuras generaciones y solo con la estadidad se puede vivir y disfrutar plenamente la ciudadanía americana en Puerto Rico.

Es imperativo resolver el estatus político para adquirir las prerrogativas que nos brindaría la Estadidad para enfrentar los problemas fiscales y operacionales que menoscaban los servicios a nuestro pueblo. La Estadidad es la única opción para lograr todos los derechos constitucionales, incluyendo representación congresional y voto presidencial, aplicación de todas las leyes aprobadas por el Congreso en condición de igualdad y eliminar el discrimen que sufren los ciudadanos en PR.

La celebración de otro aniversario es a la vez un reclamo para que el Congreso acelere el proceso para convertir a PR en un Estado de la Unión.