Hernan Padilla

lunes, 30 de julio de 2018
Verdades contra mentiras sobre el estatus
Desde hace algún tiempo, los seguidores del Partido Popular Democrático están pasando por una crisis de identificación ideológica que ha motivado a preguntar a viva voz: ¿PPD quo vadis? Muchos se han convencido de que los líderes populares los habían engañado con la mentira que le vendieron desde 1952. Ahora conocen la verdad. El Estado Libre Asociado no es estado, no es libre, no es asociado y no se fundó por un pacto entre dos naciones independientes.

El mensaje de Héctor Ferrer del 25 de julio enreda más la mentira del ELA colonial que nunca existió. Ahora alega que sería posible lograr un modelo (político) en el que EEUU no interfiera con el gobierno de Puerto Rico. Ignora que el Congreso tiene autoridad plena sobre la isla, e imagina enmendar las leyes federales para que le concedan a Puerto Rico mayor participación en el Congreso.

Hernández Colón le huye a cualquier cambio y reclama que cambiar la condición actual mal llamada ELA no solucionará la crisis porque por los últimos 66 años ha llevado a la isla a la quiebra fiscal y económica, provocando que el Congreso aprobara la Ley Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal.

Alejandro García Padilla dice que no se necesita un cambio de estatus. García Padilla y Rafael Hernández Colón insisten en “pedirle al gobierno de Estados Unidos que enmiende sus leyes para que Puerto Rico obtenga poderes adicionales”. Se empeñan en desarrollar el status territorial sabiendo que el concepto ha sido rechazado por las pasadas cuatro administraciones federales. Acevedo Vila propone un “nuevo país”, distinto, separado de y subsidiado por EEUU.

Ramón L. Nieves, líder del PPD, sostiene que la Ley Promesa, la Junta de Supervisión Fiscal y las decisiones del Tribunal Supremo federal acabaron el concepto ideológico del ELA y que el PPD debe refundarse o desaparecer.

Les recuerdo que el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Estatus de Puerto Rico de 2011 confirma que la “libre asociación es un tipo de independencia”, que un pacto basado en la soberanía nacional de cada país puede ser revocado unilateralmente en cualquier momento, que las decisiones de ningún Congreso obligan a otro y que la ciudadanía americana no se garantiza permanentemente, y no se concede a las generaciones futuras.

En una columna en The Hill, Luis Fortuño desmintió a Aníbal Acevedo Vilá cuando dijo que Puerto Rico no quiere la estadidad. Fortuño dijo que la verdad es que la isla votó a favor de la estadidad dos veces en una década. Los ciudadanos de EEUU en Puerto Rico quieren la estadidad. La verdadera razón del mensaje de Acevedo Vilá es que su partido insiste en un “ELA mejorado”, fórmula excluida del referéndum porque durante los últimos 20 años el Ejecutivo federal la declaró inconstitucional.

Fortuño criticó que Acevedo Vilá alegue que la estadidad afectará negativamente la recuperación de Puerto Rico. Al contrario, la Casa Blanca y el liderato del Senado concluyeron que la mejor manera para ayudar la economía de la isla es resolviendo el estatus. Hawái y Alaska duplicaron su crecimiento económico después de su admisión como estados. Mientras el PPD trata de elaborar otra mentira política, la posición de Ricardo Rosselló es un compromiso contundente: “Nosotros continuaremos buscando la Igualdad plena para Puerto Rico como un estado y asegurar la ciudadanía americana de forma permanente para nuestro Pueblo”, ha dicho.

El movimiento estadista está convencido de que el fracaso socio-económico y político del ELA provoca la urgente necesidad de resolver el status político y que la estadidad es la óptima a opción para beneficiar y garantizar un buen futuro para los puertorriqueños. Es el único estatus político que preserva y garantiza constitucionalmente la ciudadanía de los Estados Unidos para la presente y las futuras generaciones.

La misión de los luchadores de la igualdad es lograr que Puerto Rico advenga a ser estado para adquirir la plenitud de derechos, oportunidades, progreso y poder político que dicho estatus asegura, participar como iguales en el proceso democrático nacional, votar por el presidente, tener su propia delegación en el Congreso y convertirse en socio de la Federación de Estados que conforman los Estados Unidos.

Juventud reclama un cambio lunes 8 de junio, 2015
Hernan Padilla

El estancamiento económico que experimentamos limita las oportunidades de empleo personal y de creación de empleos a jóvenes empresarios. Han causado que miles de jóvenes abandonen la isla buscando nuevas y mejores oportunidades de educación, progreso y mejor calidad de vida.

La crisis económica, política y social que vivimos bajo el ELA-colonial ha provocado el éxodo poblacional que a su vez debilita la cohesión familiar, afectando esa institución como figura central de nuestra sociedad y la base de nuestra cultura.

Las estadísticas de la página web del “Instituto del Desarrollo de la Juventud”, sirven para entender la preocupación de los jóvenes que no disfrutan de las mismas oportunidades y progreso. El 41% de los hogares con niños y jóvenes necesitan ayuda del Programa de Asistencia Nutricional; 44% de niños entre 3 y 4 años no están matriculados en pre-kinder; el 57% de la población menor de 18 años vive bajo el nivel federal de pobreza; y el promedio intermedio de ingresos de familias con menores de 18 años es solo $20,459 (muy por debajo del Estado con menor ingreso y del ingreso nacional promedio).

Ante la crisis crónica que afecta a la juventud puertorriqueña, Anthony Carrillo, VP Caucus Hispano de Juventud Demócrata, insiste en que “la falta de oportunidades en la isla no puede estar desligada de nuestra relación política territorial actual”. Carrillo enfatiza que “el argumento del PPD de que el estatus no está en issue” pierde validez cuando observamos los datos y la evidencia sobre la fuga de talento joven en nuestra isla”.

Además, sostiene que el gobierno actual ha olvidado el llamado de miles de jóvenes que rechazaron el status actual y votaron a favor de la estadidad en el 2012. Carrillo está convencido de que la Estadidad representa mayores y mejores oportunidades; garantiza igualdad política e inspira esperanza a nuestra juventud que demanda un cambio a nuestro fallido sistema sociopolítico; y promoverá mayor actividad económica, creación de riqueza y oportunidades de empleo para las nuevas generaciones.

Kevin McClintock, quien estudia Ciencias Políticas y Gobierno en la Universidad de Georgetown, resumió que aunque los puertorriqueños son ciudadanos americanos, la vida de un niño puertorriqueño es muy diferente a la de sus hermanos residentes en los estados.

Se refería a las desventajas del estatus colonial que afectan la vida de un puertorriqueño desde que nace porque se siente la desigualdad tanto para el individuo como para su familia.

Otra faceta de la desigualdad la experimentamos mientras vamos creciendo. En Puerto Rico, no tenemos el derecho de votar por el Presidente de los Estados Unidos, ni por oficiales electos que nos representen con su voto en el Congreso. McClintock exclamó “Me siento desigual a mis compañeros de clase, porque ellos sí tienen el derecho de salir a votar cada dos años”.

No cabe duda que aunque Puerto Rico parece un estado por la manera que vivimos, el sistema de gobierno, y el hecho de que somos ciudadanos Americanos, nuestro status colonial nos niega la igualdad de derechos que se disfrutan en los 50 Estados.

Zulma Rovira, JD, Presidenta de la Juventud de Igualdad Futuro Seguro, sostiene que la estadidad es la mejor herramienta para lograr la igualdad a la que aspira la juventud para todos los ciudadanos de EEUU que residen en PR. “La igualdad como ciudadanos americanos brinda esperanza a la juventud y a los jóvenes profesionales”.

Dentro de la estadidad disfrutamos de todos los derechos de la Constitución de los Estados Unidos, se logra la aplicación uniforme de todas las leyes aprobadas por el Congreso, se elimina la desigualdad política y constitucional entre los ciudadanos de los otros 50 estados y los ciudadanos residentes de Puerto Rico y se garantizan los mismas condiciones, derechos y oportunidades para lograr un mejor futuro.

Barbosa
Mientras trabajamos hacia la resolución del status de Puerto Rico, honramos al Doctor José Celso Barbosa. el 27 de julio de 1857, fue el primer residente de raza mezclada en asistir al Seminario Jesuita de PR. En 1875, se trasladó a New York y posteriormente a Ann Arbor donde fue admitido a la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan en 1876 y se graduó con el más alto honor de la clase de 1880, convirtiéndose en el primer puertorriqueño con un grado médico estadounidense. En 1917 la Universidad de Puerto Rico le confirió el grado de Doctor Honoris Causa.

Con el cambio de soberanía del 1898, Barbosa vislumbró el sistema federalista americano y el ingreso de PR como Estado como solución ideal para el problema colonial. El 4 de julio de 1899 fundó el Partido Republicano de PR, en pro de la estadidad. José Barbosa, nieto del prócer, afirma que su republicanismo comenzó con el republicanismo español, que propulsaba la república para España.

En 1907, fundó el “El Tiempo”, el primer periódico bilingüe en la isla. En 1917, al constituirse el Senado de Puerto Rico, fue electo para ocupar un escaño legislativo, posición a la que fue reelecto en 1920. Se destacan, entre la legislación propuesta por Barbosa e incorporadas al sistema jurídico penal puertorriqueño, el juicio por jurado y Habeas Corpus.
En plena época de recrudecimiento de la segregación racial, avalada por una decisión equivoca de la Corte Suprema (Plessy vs Ferguson, 1896),
Barbosa fue designado al Consejo Ejecutivo del gobierno por todos los presidentes del 1900 al 1917, McKinley, T. Roosevelt,Taft y Wilson,

Hasta el día de su muerte en septiembre de 1921, su norte fue el bienestar social y político de PR. Se destaca su lucha en pro del cooperativismo como instrumento de justicia social frente a los movimientos antidemocráticos de la doctrina del marxismo. Como consta en el Proyecto de Ley 346 del 1999, Barbosa fue fundador de la primera cooperativa de crédito en el hemisferio occidental.

Entre los reconocimientos a su vida y obra, en el 2006, la Cámara de Representantes Federal designó el edificio de correo de Bayamón como “USPO Dr. José Celso Barbosa”. Por su parte, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, denominó el “Parque del Tercer Milenio” en la isleta de San Juan como el parque Doctor José Celso Barbosa”.

“The Puerto Rico Herald” destacó a Barbosa como uno de los gigantes de la historia puertorriqueña, un gran puertorriqueño, ciudadano norteamericano, y uno de los hombres de raza negra más prominentes de su época.

Barbosa desarrolló una profunda afinidad con los principios del sistema político norteamericano. En 1898, ante un grupo de autonomistas, dijo: “Aspiramos a convertirnos en otro estado de la unión a fin de poder afianzar el carácter del pueblo puertorriqueño”. Lo que Barbosa promovió no fue la mal llamada “asimilación” sino el verdadero poder mediante los derechos que confiere la estadidad, tal como lo concibe la lucha contemporánea por la igualdad.

Según el historiador Mario Ramos, Barbosa planteó que su aspiración era “la autonomía del Estado, no la autonomía de la colonia” y vio en la Estadidad una manera de independencia por la soberanía que disfrutan los estados de la Unión (X Enmienda).

Reconocemos la imponente y única figura de Barbosa como el “Padre del movimiento Estadista”. Que mejor forma para los estadistas que celebrar su natalicio proclamando su apoyo a la Estadidad y exigiendo respeto absoluto por la voluntad expresada en el plebiscito del 2012, en la Marcha por la Estadidad y la Igualdad del próximo domingo 27 de julio.
Demostremos ese día que los que atesoramos y reclamamos la igualdad a través de la estadidad somos mayoría y que como Barbosa proclamamos “Adelante, siempre Adelante hacia la estadidad”.

Constitución, territorio/colonia o estadidad (julio, 2011)

Hoy, 25 de julio, día de la Constitución e Puerto Rico, celebramos 113 años del inicio de la ocupación militar de Puerto Rico como colonia antillana de los Estados Unidos de Norteamérica.

La Ley 600 autorizó a Puerto Rico a tener nuestra propia Constitución para administrar asuntos locales. La historia legislativa reitera y el propio Muñoz Marin aceptó públicamente que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria. El “Commonwealth” no implica un status diferente; jurídicamente no existe.

Resulta oportuno señalar que la Constitución de Puerto Rico sostiene que:
“Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”.

Como en otros capítulos en la historia de la humanidad, el contacto de la cultura anglosajona americana y la colonial española-puertorriqueña ha provocado cambios sociales, académicos, políticos, gubernamentales, jurídicos, económicos y culturales que se han convertido en la nueva realidad puertorriqueña.

Procede reflexionar sobre el experimento político y traer un poco de historia a un pueblo que clama por que le pongan fin al estatus colonial y le abran las puertas a la igualdad dentro de la federación de estados de la nación americana o que le den la independencia para forjar su propio futuro.

Theodore Roosevelt, hijo del Presidente Teddy Roosevelt, luego de finalizar su termino como Gobernador de Puerto Rico en el 1932, publicó su libro “Colonial Policies of the United States” (Archivo Nacional de los Estados Unidos, 1937 #E-713-R-66). Roosevelt se interesó en el concepto de Puerto Rico como un “dominio” con gobierno propio en el futuro. Pronosticó que la Isla tendría su propia Constitución para administrar los asuntos locales en el futuro.

El ex Gobernador Roosevelt dijo que el sueño imperialista del 1898 había probado ser irrealizable y reconoce que una “democracia como la de Estados Unidos” no puede administrar un imperio-colonial. Sentenció que la administración colonial en Puerto Rico chocaba contra las tradiciones democráticas americanas y su pragmatismo gubernamental lo convenció que Puerto Rico era y siempre seria una carga económica para los Estados Unidos.

La Constitución para un gobierno propio colonial del 1952 es un instrumento político que en nada cambia el estatus territorial y cuyo nombre de Estado Libre Asociado solo tenía el propósito de engañar a la población insular y la opinión internacional. La intención era hacer creer que la Isla no era una colonia dentro del marco jurídico Constitucional y el Artículo 3, que reglamenta los Territorios y posesiones americanas en ultramar.

Ese fue el gran mito político-jurídico producto de mentes brillantes como el Juez el Supremo Abe Fortas, el Gobernador Tugwell y José Trías Monje, defendido y difundido por Luis Muñoz Marin., el gran maestro político. Muñoz reconoció que Puerto Rico era una colonia americana bajo la tutela exclusiva del Congreso de los Estados Unidos de America.

Los Populares inventaron la “gran mentira” del pacto bilateral, un pacto que nunca existió. Ahora quieren presentar la colonia como un territorio autónomo y soberano, un concepto jurídico ajeno a la Constitución Americana. El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico

Tampoco podemos ignorar que la Tercera Sección del Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos establece que el Congreso podrá admitir nuevos estados a la unión.

La Constitución nos garantiza el derecho a exigir al Congreso que tome en cuenta la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Cuando la mayoría de los puertorriqueños se exprese en contra de la colonia, en contra de una república independiente y a favor de la Estadidad convocaremos la Asamblea Constituyente para redactar la Constitución del Estado de Puerto Rico.

Admisión de un estado hispano 05/14//12

Aunque el inglés es el idioma publico-cotidiano en el cual se vive y desarrolla comercial y públicamente un estado federado, la cultura y nuestro vernáculo, de los cuales nos sentimos orgullosos, son rasgos positivos para nuestro ingreso a la Unión. Ya existen varios estados con origen y ancestro hispano (Colorado, Montana, Nuevo México, Arizona, Texas. Florida y California).

En su mensaje de Presupuesto, el Gobernador dijo: “nuestra visión para un futuro de oportunidades para nuestros niños está anclada en el convencimiento de que para poder alcanzar sus sueños es fundamental que dominen perfectamente no sólo las destrezas básicas de matemáticas y ciencias, sino también el español y el inglés. …es un asunto de igualdad de oportunidades para Todos nuestros niños”.

Se comprometió a implantar el abarcador programa “Generación
Bilingüe para lograr que en un plazo de diez años todos y cada uno de los niños que se gradúan de escuela superior en Puerto Rico sean perfectamente bilingües, con pleno dominio de ambos, el español y el inglés”.

Cabe reafirmar que la falta de dominio del inglés perjudica a la juventud puertorriqueña, graduados de escuelas y/o universidades cuando solicitan empleos.

Por otro lado, la Constitución de los Estados Unidos de América provee los mecanismos para que Puerto Rico haga la transición y se convierta en un estado de la unión. La consecución de la estadidad está enmarcada en el proceso político, en el respaldo de los grupos y esferas de poder a nivel local y nacional, en la voluntad del Congreso y del Presidente y en una política pública presidencial respaldando la estadidad.

De estos emana la gran importancia del próximo plebiscito para iniciar finalmente el proceso de activismo político hacia una petición de admisión como estado de la Unión. Si la mayoría en Puerto Rico respalda la estadidad, nada ni nadie podrá impedirlo, aunque podrían intentar retrasarlo.

Una vez la mayoría de los puertorriqueños respalde la estadidad, Puerto Rico debe solicitar su admisión como Estado. Si fuera necesario, Puerto Rico, por su cuenta, elegiría dos Senadores y cinco Congresistas y los enviaría a reclamar sus posiciones como representantes electos por Puerto Rico, para que sean reconocidos oficialmente como miembros de igual rango en el Congreso, tal como lo hizo Tennessee cuando pidió admisión como Estado. Esa estrategia se conoce como el “Plan Tennessee”.

Anticipamos que el proceso conllevará negociaciones sobre las condiciones y periodo de transición que requieran el Congreso y Puerto Rico, pero el Congreso no puede rechazar la estadidad, porque nuestra aspiración constituye el reclamo y la lucha por lograr la igualdad de los derechos civiles de sus conciudadanos americanos en Puerto Rico.

De la misma manera que con otros estados que han ingresado a la unión, el Congreso dentro del marco constitucional podría imponer ciertas condiciones para ingresar, tales como un proceso de transición económica organizado y la enseñanza de inglés en las escuelas públicas (como fue la experiencia en Nuevo México, Arizona y Oklahoma).

Por nuestra parte, como estado, la Constitución le garantizaría a Puerto Rico el poder y la autonomía para el inglés y el español como idiomas oficiales, tal como dicta la Constitución de Puerto Rico. No podemos ignorar que la experiencia de más de un siglo durante el cual nos hemos integrado y somos parte de la cultura americana, nos demuestra que Puerto Rico ha podido mantener su cultura, costumbres, idioma e idiosincrasia bajo la bandera americana.

Puerto Rico ingresaría como estado caribeño-antillano bilingüe a los Estados Unidos para que continúe enriqueciéndose como nación y como pueblo. La Constitución, la bandera mono-estrellada sobre un fondo azul y el himno del Estado de Puerto Rico… “La Borinqueña” de don Manuel Fernández Juncos, continuarían distinguiéndonos como pueblo puertorriqueño.

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ELA, el apartheid Americano; miércoles 29 de abril, 2015
Hernán Padilla
Ante la crisis que atraviesa Puerto Rico luego de más de seis décadas bajo un estatus político-económico fracasado y mientras el Pueblo anhela la resolución del estatus hacia igualdad, resulta imperativo examinar nuestra Ciudadanía y Constitución americanas.

Puerto Rico es el primer territorio al que el Congreso concedió tener su propia Constitución y sistema de “Gobierno Republicano”. El Congreso y el Ejecutivo autorizaron parcialmente a PR poderes que corresponden exclusivamente a territorios encaminados a la admisión como Estados de la Unión.
No es hasta el 2012 que el Pueblo se expresó mayoritariamente en favor de la estadidad en un referéndum, no empece a que los líderes coloniales del PPD aún promulgan efectivamente una interpretación falsa, errónea, partidista y acomodaticia a sus resultados y deliberadamente evaden el reconocimiento de que la Estadidad representa os la culminación del “Gran Experimento Americano” y la igualdad ciudadana.
El movimiento estadista, correctamente, continúa denunciando a nivel local y nacional el que no se ha resuelto el estatus tras ese mandato, mientras otros atribuyen responsabilidad al Congreso por no haber encaminado la admisión, especialmente, cuando los arquitectos del experimento americano rechazaron contundentemente la posibilidad de mantener “territorios coloniales permanentes”.

Como Ciudadanos Americanos, es fundamental comprender la Constitución de EEUU y que ha evolucionado, ampliando la definición de “We the people” para incluir al Pueblo como los verdaderos soberanos de la República y que los poderes del Ejecutivo y del Congreso emanan del Pueblo.
No obstante, siendo PR un territorio no incorporado (incorporado de facto), la Igualdad que garantiza la Constitución Americana en su quinta y decimocuarta enmiendas no se ha hecho completamente extensiva a los Ciudadanos Americanos residentes en la Isla, quienes permanecen excluidos del pleno disfrute de muchos derechos fundamentales.
Mientras, no tengamos el derecho al voto Presidencial, a elegir una representación proporcional y a participar en igualdad en el gobierno federal, y no disfrutemos de todos los derechos, privilegios y responsabilidades, la Nación tiene que reconocer que el estatus actual, las leyes existentes e interpretaciones del Tribunal Supremo de EEUU excluyen injustamente a sus conciudadanos en PR de ser parte integral de “We the People”.
Es sencillamente inaceptable que los conciudadanos de PR vivan bajo un déficit democrático, sin los derechos civiles y constitucionalmente fundamentales que nos corresponderían como Estado.
El Congreso no puede ignorar la evolución constitucional de nuestra Nación, que demanda que el gobierno federal garantice iguales derechos a todos sus Ciudadanos. Insisto que la Enmienda XIV creó una Ciudadanía Nacional y nos convirtió en una Nación de Ciudadanos, que exceptúa a PR, cuyos constituyentes carecen de los mismos derechos por no haber viabilizado la soluciona del estatus y ser admitidos como Estado.
El actual territorio colonial, erróneamente llamado ELA, equivalente a un “apartheid americano”. La Constitución establece el proceso para resolver esta injusticia, representativa de los últimos vestigios del colonialismo. La lucha por la igualdad de derechos, oportunidades, progreso y respeto como Ciudadanos Americanos es una lucha MORAL y constitucional para ser admitidos como Estado y disfrutar del poder natural y político que confiere la plena Ciudadanía Americana.
Cinco millones de puertorriqueños residentes en los 50 Estados ya disfrutan de todos los derechos constitucionales y se han convertido en “We the people”. Para que los ciudadanos americanos en PR logremos lo mismo, el Congreso tiene la obligación de viabilizar la verdadera solución democrática que nosotros nos merecemos: la Estadidad.
Ante la renuencia contumaz del la administración colonial de someter la definición de estatus requerida para un referéndum avalado por el Congreso, procede que tanto el Congreso como el Ejecutivo apoyen el referéndum “Estadidad Si o NO”.
Ya basta de retorica. Exijamos el final de esta imposición política humillante vergonzosa que mancha la gran Nación Americana y les niega la igualdad a los ciudadanos americanos en PR.

Acabemos este vergonzoso vestigio colonial, END, 12/08/14
Hernán Padilla, MD *

A raíz del Tratado de Paris del 1898, España cedió a EEUU a Cuba y Puerto Rico y recibió un pago de $20 millones por las Filipinas. Evidencia de que siempre consideró a Puerto Rico de manera diferente, Estados Unidos le concedió la independencia a Cuba y Filipinas, mientras encaminaba a Puerto Rico hacia la estadidad.
El Acta Foraker estableció los pasos para terminar la ocupación militar creando un gobierno civil, y convirtió a Puerto Rico en la primera posesión “organizada” bajo la bandera americana.

La Corte Suprema definió la relación con las nuevas posesiones. La administración de las posesiones se convirtió en una doctrina conocida como los “Casos Insulares”, la cual evolucionó a lo que el Juez Federal Juan R Torruella denominó como “separados y desiguales” al referirse a los Ciudadanos Americanos en Puerto Rico.

El Acta Jones del 1917 fue un paso crucial para encaminar la Isla hacia un territorio incorporado y convertirse en Estado; otorgó la Ciudadanía Americana a todos los residentes en PR y amplió los podres del gobierno local sobre asuntos internos.

Sin embargo, el propósito de la designación como “territorio no incorporado” fue mantener la Isla como una posesión tal que la Constitución federal aplicase de manera selectiva a sus residentes. En palabras del Juez Jose Cabranes, “the United States acquired not “territories, but possessions or ‘dependencies’ and became in this sense an ‘imperial power’.”

La creación de las Naciones Unidas trajo consigo el compromiso de eliminar el colonialismo que afectaba a más de 750 millones de personas mundialmente. Como consecuencia, el estatus de “territorio no-incorporado” de Puerto Rico, equivalente a una posesión-colonial, se tornó un una situación embarazosa para los Estados Unidos.

Sobre esas bases, el Presidente Truman firmó la Ley del Gobernador Electo– un paso que acercó más a Puerto Rico a la Estadidad– instituyendo que se respetarán “los derechos constitucionales, privilegios e inmunidades de los Ciudadanos Americanos en Puerto Rico como si fuera un Estado de la Unión”.

Posteriormente, el Congreso aprobó la Ley de Relaciones Federales y autorizó a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a crear una Constitución con el aval del Congreso, similar a la de un Estado, que estableciera un gobierno local con el mayor grado de soberanía compatible con la Constitución de Estados Unidos.

La Juez Federal Sandra Day O’Conor opinó sobre la evolución de esta relación dentro del marco constitucional federal: “aunque Puerto Rico no es un Estado de la Unión se asemeja a un Estado dentro de los términos comúnmente aceptados para definir el concepto”. No obstante, hoy día, Puerto Rico aún vive bajo un estatus de “discrimen geográfico”.

La justificación de la Corte Suprema de esta “segregación constitucional” es una anomalía intolerable que contradice la intención de los Fundadores de la Nación de que ningún territorio sería una colonia indefinidamente.

La Constitución actual de Puerto Rico fue un paso positivo hacia instituir un gobierno local similar a un Estado, pero en términos de derechos civiles no cambió el trato de Puerto Rico como un “territorio no-incorporado”. El Juez Asociado William Brennan expresó su descontento con este trato discriminatorio en una “opinión concurrente” que enfatizó lo anacrónico de los “Casos Insulares” y que la Carta de Derechos debía ser aplicable a PR en su totalidad.

En el plebiscito del 2012, con la participación del 81% del electorado, un 54% rechazó el estatus territorial actual, revocando el consentimiento de los gobernados al ELA-colonial, y un 61% favoreció la estadidad.

El Congreso tiene la obligación de culminar el proceso que se inició con el Acta Jones conducente a la estadidad, tomar acción para eliminar este vergonzoso vestigio colonial, dar a Puerto Rico tratamiento de “territorio incorporado” y aprobar la legislación necesaria para su pronta admisión como Estado.

82. Territorio-colonial sin consentimiento Lunes 10 de nov. 2014
Hernan Padilla
Los resultados de las recientes elecciones y la composición del nuevo Congreso federal representan un gran reto, a la vez otra oportunidad para el pueblo puertorriqueño de reiterar su reclamo en contra del estatus territorial colonial

Un 69% de los participantes en la encuesta de END expresó un gran pesimismo y entiende que PR va por mal camino. Casi dos terceras partes desaprobaron la gestión del Gobernador, quien es el líder de los defensores de la colonia, y a la vez proponen un ELA soberano, independencia y/o una república independiente-asociada a los Estados Unidos.

Hemos advertido consistentemente que el fracaso del experimento del ELA-colonial es la causal primaria del colapso económico que mantiene a los puertorriqueños en un estado de depresión y promueve la fuga poblacional.
Para rescatarnos de un estatus de inferioridad como ciudadanos americanos, urge resolver el estatus que nos niega los mismos derechos de igualdad, poder político y oportunidades de progreso que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados.

Es necesario trabajar con el Congreso y el Ejecutivo para que admitan que un territorio no incorporado, sin en el consentimiento de los gobernados, ya no tiene cabida en la democracia americana, por lo que es necesario viabilizar un referéndum y proceder a la admisión de PR como Estado.

Mediante el Acta Foraker, Puerto Rico pasó a ser el primer territorio no incorporado bajo los poderes plenipotenciarios del Congreso, sin el consentimiento de los gobernados. Según el artículo del Profesor Gómez citando al Juez Cabranes; “cuando se le concedió en el 1917 la ciudadanía americana a todos los residentes de Puerto Rico tuvo el efecto de perpetuar el estatus colonial”.

El estatus “no incorporado” tenía el propósito de retener los territorios bajo la bandera americana, para que fueran posesiones sin formar parte integral del territorio americano y que la Constitución no aplicase a sus residentes. En palabras de Cabranes “The United States thereby acquired not ‘territories’ but possessions or ‘dependencies’ and became, in that sense, an ‘imperial’ power”.

Después de la Segunda Guerra mundial, EEUU se encontró con la embarazosa situación de que Puerto Rico era una colonia, pues no tenía el consentimiento de los gobernados. Trataron de resolver el problema mediante la Ley 600 que permitió que Puerto Rico creara su propia Constitución con el aval del Congreso, y a adquirir el máximo de autonomía compatible con aquella de los Estados de la Unión.

Ello permitió a los EEUU argumentar en los foros internacionales que ya Puerto Rico no era una Colonia, que su nuevo sistema de Gobierno tenía el consentimiento de los gobernados, y que ya no debía figurar en la lista de territorios coloniales. Sobre esto, el Juez Federal Gustavo Gelpí argumentó que aunque Puerto Rico todavía era un territorio no incorporado de jure, había evolucionado de facto a un territorio incorporado.
Esta interpretación fue valida hasta el Referéndum del 2012, cuando el 54% de los electores rechazaron el estatus territorial colonial. El territorio no incorporado ya no tiene el consentimiento de los gobernados, y prácticamente sitúa nuevamente a Puerto Rico en la lista de territorios coloniales de la ONU.
Citando al Juez Juan Torruellas” Los EEUU deben sentirse avergonzados de negarle igualdad de derechos a cuatro millones de Ciudadanos Americanos…. Si se requiere avergonzarlos para que extiendan igualdad de derechos a los ciudadanos de los Estados Unidos en Puerto Rico, una buena dosis es apropiada”. Mas reciente, el Senador Ron Wyden sentenció que la relación actual de PR con los EEUU como ELA colonial socava la integridad moral de los EEUU ante el mundo.
Ante esa realidad, es nuestra responsabilidad continuar reclamando enérgicamente que el Congreso termine el estatus colonial ofreciéndoles a los ciudadanos americanos de Puerto Rico la opción de incorporarse a la Unión como un Estado federado.

81. Discrimen geográfico y desigualdad política 13 de octubre, 2014
Hernán Padilla

Ante el debate sobre la ciudadanía americana que abruma el partido colonial, continuamos presentando información irrefutable sobre la historia legislativa del Congreso, cómo se nos concedió la ciudadanía americana y cuál era el compromiso del Congreso y la Rama Ejecutiva con Puerto Rico.

El trabajo del Juez Federal José A Cabranes, publicado en 1979 , es una joya de investigación que valida que la Ciudadanía Americana concedida a los puertorriqueños en 1917 es igual a la ciudadanía de cualquier ciudadano nacido en un Estado, tan pronto un puertorriqueño se muda a un estado.

El profesor, Dr. Manuel Gómez, en un artículo que analiza y reseña el trabajo del Juez Cabranes, concluye que la “desigualdad” es resultado del “discrimen geográfico” contra los ciudadanos estadounidenses residentes en el territorio colonial, denominado “Estado Libre Asociado”.

Dicho “discrimen geográfico” se hace patente en el informe RL30257 del “Congresional Research Service” que sostiene que los ciudadanos nacidos en Puerto Rico son ciudadanos naturales por nacimiento y hasta pueden ser electos Presidente de los Estados Unidos.

Concurro, el discrimen no es contra el ciudadano individual, sino un discrimen geográfico colectivo que nos niega la igualdad de derechos constitucionales y que desaparece con meramente relocalizarse a cualquier Estado.
El proceso de concedernos la ciudadanía americana comenzó aproximadamente 17 años antes de que se aprobara el Acta Jones en febrero del 1917. Según reseña Cabranes, el Senador Foraker presentó legislación para concederle la ciudadanía a los puertorriqueños.

En el Tratado de Paris, las Filipinas y Puerto Rico eran solo “posesiones”. Cabranes sostiene que el Congreso soslayó el término “territorial” de la Constitución, al tratar a los territorios como “posesiones o dependencias” sin compromiso alguno de ciudadanía o anexión.

En el 1916, cuando se decidió que las Filipinas se convertirían en una nación independiente y que Puerto Rico sería tratado como parte de Estados Unidos se nos ofrece la ciudadanía americana a todos los puertorriqueños. Además, Cabranes sostiene que la naturalización colectiva de los puertorriqueños en e1917 marcó un punto culminante en el desarrollo político de Puerto Rico.

Las deliberaciones del Proyecto Jones resaltaron la visión política de la Isla. Luis Muñoz Rivera dijo que aunque prefería la independencia, eso era una cuestión de sentimientos, pero que el pueblo de Puerto Rico aceptaría la Estadidad. “Yet, if you tender statehood now, I, in the name of my people, accept statehood”.

Entiende Cabranes que la propuesta para la ciudadanía fue endosada por Muñoz Rivera, entonces Comisionado Residente, para lograr una “ley más liberal para el gobierno de Puerto Rico”, demostrando nuevamente que su sueño de independencia era solo una “cuestión de sentimientos”.

El Congreso abrió las puertas para que la Isla fuese parte de los EEUU “para siempre”, cuando en el 1917 el destino de nuestro pueblo se convirtió en parte del destino de los Estados Unidos al aceptar voluntariamente la ciudadanía americana.

La ciudadanía no se impuso. Se le ofreció a los 1,200,000 residentes de Puerto Rico y solo 288 la rechazaron. Importante consignar que Muñoz Rivera la endoso, y Luis Muñoz Marín, José de Diego y Pedro Albizu Campos NO la rechazaron.

Así, según Cabranes, se constituyó una ciudadanía de segunda clase sin expectativas de igualdad que perpetúa un estatus colonial. El discrimen geográfico contra Puerto Rico y sus habitantes, y la desigualdad política bajo el ELA- territorial violenta el derecho a la igualdad de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.

Puerto Rico aspira a un futuro mejor sin tener que mudarse a un Estado para disfrutar de todos los derechos constitucionales y civiles que tienen nuestros conciudadanos. Para lograrlo, urge remover los obstáculos que impiden solucionar el estatus dentro del marco constitucional federal para el bien de todos los puertorriqueños, y un futuro lleno de esperanzas para las próximas generaciones.

Adenda

No cabe la menor duda que el discrimen geográfico afecta a todos y cualquier ciudadano de los Estados Unidos que se mude y es residente en Puerto Rico, sin importar dónde haya nacido, sea natural o naturalizado. Para los que nacieron en los cincuenta estados y se mudan a Puerto Rico, hasta cierto punto es “reverse discrimination”. Pierden sus derechos políticos una vez establecen residencia en Puerto Rico.