Hernan Padilla

lunes, 16 de julio de 2018
Hay que ponerle fin al choque político
Las diferencias entre la Junta de Supervisión Fiscal, el gobierno y la Legislatura amenazan el futuro, la seguridad, la estabilidad y la vida en Puerto Rico. El 30 de junio, la Legislatura aprobó un presupuesto de $8,709 millones y no derogó la Ley 80 que había requerido la Junta como parte de un acuerdo con el gobernador Ricardo Rosselló. Esa misma noche, la Junta revocó el acuerdo y certificó su propio presupuesto para 2018-19, lo que intensificó las diferencias.

Según el plan fiscal certificado, los ingresos proyectados por la Junta son $8,458 millones, $251 millones menos que la proyección de la Asamblea Legislativa.

Entre múltiples cambios y ajustes hechos al presupuesto aprobado por la Legislatura, el presupuesto certificado incluye recortes por $345 millones: cancela los fondos para el bono de Navidad de los empleados públicos, $25 millones de la Universidad de Puerto Rico y $50 millones de los municipios. El Departamento de Educación recibe una asignación para los aumentos salariales pero tendrá un presupuesto menor total por $59 millones. El Departamento de Salud recibe $16.8 millones menos, pero la partida para los CDT se queda igual. Asimismo, se redujo el presupuesto del Departamento de Hacienda, del Cuerpo de Bomberos, la Policía, la Oficina del Gobernador y la Asamblea Legislativa.

Aun así, la Legislatura ni la Junta incluyen fondos para pagar la deuda según dicte la Corte de Quiebras federal. La analista Cate Long criticó que se haya aprobado un presupuesto que parece no tener ningún servicio de la deuda para el año fiscal 2019.

Además, la Junta señala que la Legislatura no incluyó fondos para el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia ($296 millones) que están en el Banco Gubernamental de Fomento; $120 millones para el pago atrasado a la Policía; fondos suficientes para una reserva de $130 millones (asignaron solo $97 millones). Ante estas diferencias, la Junta requiere que el gobierno entregue la proyección trimestral de ingresos y gastos; y retenga 5% de cada asignación hasta el cuarto trimestre, sujeto a la certificación de los ingresos del primer trimestre.

A pesar de que Rosselló dijo que cualquier litigio crearía un ambiente de incertidumbre negativo para Puerto Rico, que respetaba la determinación de la Junta de recortar el presupuesto ante el rechazo del Senado de acatar el acuerdo al que habían llegado para derogar la Ley 80, y que la ley Promesa es bien específica sobre el poder que tiene la Junta con el presupuesto, el gobierno demandó al ente federal en la Corte federal. Basa la demanda en “intentos ilegales de usurpar los poderes políticos y gubernamentales para determinar política pública y política administrativa” y solicita que la jueza Laura Taylor Swain establezca qué presupuesto prevalece.

Simultáneamente, la Legislatura demandó a la Junta en el Tribunal Federal, alegando que usurpó ilegalmente el poder dela Asamblea Legislativa sobre el presupuesto y hacer recortes por no haber derogado la Ley 80. Solicitó un “injunction” contra la implementación del presupuesto de la Junta.

La Junta contestó que “el presupuesto aprobado y certificado por el organismo federal, el pasado 30 de junio, es cónsono con el plan fiscal certificado y con el estatuto federal, y que se defenderá enérgicamente contra cualquier demanda que intente frustrar la ejecución del presupuesto y el plan fiscal”.

Rosselló admitió que la demanda podría implicar un gasto de decenas de millones de dólares al mes en servicios legales, pero aseguró que se trata de la defensa de las prerrogativas del gobierno electo de Puerto Rico. La jueza Taylor Swain aprobó una solicitud del gobierno para acelerar el proceso y que los argumentos de las partes se debatan en una audiencia el 25 de julio.

Hay que ponerle fin al choque de poderes políticos, la quiebra fiscal y la parálisis del desarrollo económico. Es preciso reconocer que la falta de igualdad, la inferioridad política bajo el Estado Libre Asociado colonial y las pobres decisiones de política económica del pasado son las razones principales para que la isla no pueda prosperar y lograr un futuro de progreso y seguridad.

Los hispanos impulsaron la natalidad en Estados Unidos entre 2011 y 2015
Dicho grupo representan ahora el 18.1 % del total de la población estadounidense
miércoles, 11 de julio de 2018 – 12:09 PM
Miami – Los hispanos fueron el grupo de población más fecundo en Estados Unidos en el periodo 2011-2015, con una diferencia de hasta 5 puntos respecto a otros grupos, según un estudio sobre natalidad divulgado hoy por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Para realizar el estudio se entrevistó a 11,300 mujeres de 15 a 44 años y a 9.321 hombres de las mismas edades en todo el país.
El 62.1 % de las mujeres y el 49.8 % de los hombres hispanos dijeron haber tenido hijos biológicos entre 2011 y 2015.
Tanto las hispanas como las hispanos llevan la delantera al siguiente grupo de población con más nacimientos en el periodo mencionado, los afroamericanos, que registraron porcentajes de 57.1 % y 46.6 %, cinco puntos y 3.2 puntos menos que los latinos.
Las mujeres blancas y asiáticas que dijeron haber tenido hijos entre 2011 y 2015 fueron un 53 % y un 48.9 % del total de sus respectivos grupos, mientras que los porcentajes para hombres blancos y asiáticos fueron 42.3 % y 35.6 %.
Entre las mujeres en general que dijeron haber tenido hijos, un tercio solo había tenido uno en el momento de la entrevista, cerca de otro tercio tuvo un segundo dentro de los 36 meses del primer nacimiento, y un tercio tuvo un segundo hijo más de 36 meses después del primero.
En promedio, según el estudio, basado en datos de la Encuesta Nacional de Crecimiento Familiar (NSFG, en inglés), las mujeres tuvieron 1.2 hijos biológicos y los hombres 0.9 en 2011-2015.
La encuesta evidenció que, en general, el 85 % de las mujeres de 40 a 44 años había dado a luz durante ese periodo y que el 80.4 % de los hombres en ese mismo rango de edad había tenido un hijo.
El estudio muestra que las personas con mayor nivel de estudios tienen menos hijos y que lo mismo ocurre con las que tienen un mayor nivel de ingresos.
Por ejemplo, el 80.7 % de mujeres que terminaron la secundaria o con un diploma de educación general (GED) alguna vez tuvo un hijo en comparación con el 53.8 % de las mujeres con una licenciatura o estudios superiores.
El 75 % de mujeres con ingresos familiares inferiores al 150 % del nivel de pobreza federal tuvieron un hijo frente al 54 % de aquellos con ingresos del 300 % o más que dicho índice.
Por otro lado, la edad promedio del primer nacimiento fue de 23.1 años para las mujeres y de 25.5 para los hombres.
Entre las mujeres, un 31.2 % de los primeros nacimientos ocurrieron durante la adolescencia y el 54.5 % entre los 20 y los 29 años.
Mientras, entre los hombres, los que fueron padres por primera vez durante la adolescencia representan el 13.8 % del total. El 63.1 % se convirtieron en padres entre los 20 y los 29 años.
Estos datos, señala el informe, mantienen la tendencia marcada en el periodo inmediatamente anterior estudiado, entre 2006 y 2010, en el que también se comprobaban las diferencias en las “tasas de natalidad y el momento del nacimiento” entre hispanos y el resto de las razas y etnias presentes en el país.
Esto ha llevado a que la población hispana en Estados Unidos alcanzase en 2017 los 58.9 millones de personas, lo que significa un crecimiento del 2.17 % respecto al año anterior, según las últimas estimaciones del Censo estadounidense publicadas a finales de junio pasado.
La cifra de 2017 representa un fuerte incremento respecto a los 50.8 millones de 2010, los 35.7 millones de 2000, los 22.6 de 1990 y los 9,6 de 1970.
En términos generales, los latinos representan ahora el 18.1 % del total de la población en EE.UU., principalmente debido al aumento natural, es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones.

lunes, 2 de julio de 2018
Unidad para resolver el estatus
Ante la crisis fiscal, la quiebra del gobierno, falta de igualdad e inferioridad política, urge resolver la indefinición del estatus de Puerto Rico.

El gobernador Ricardo Rosselló reafirmó su compromiso con la descolonización de Puerto Rico. Enfatizó que en los últimos 25 años se han llevado a cabo cuatro consultas de estatus y que en los últimos dos plebiscitos el pueblo rechazó el estatus colonial y reclamó la igualdad de derechos con la estadidad.

El Partido Nuevo Progresista (PNP) rechaza la continuidad de la colonia y reclama la igualdad de derechos que disfrutan nuestros conciudadanos en los 50 estados. Esto solo se logra mediante la admisión de Puerto Rico como estado. La estadidad es el único status político que preserva y garantiza constitucionalmente la ciudadanía americana para la presente y futuras generaciones.

La independencia reteniendo la ciudadanía americana no es y nunca será una opción constitucional para los ciudadanos de EE.UU. residentes en Puerto Rico. Mientras que el gobierno federal ha rechazado la libre asociación por ser otra forma de independencia y una nación independiente. Como tal, pondría en riesgo la continuidad de la ciudadanía americana.

Ante la necesidad de intensificar la búsqueda de soluciones a largo plazo para lograr un desarrollo económico sostenible y brindarle a Puerto Rico la igualdad que merece y reclama y crear las condiciones para no tener que migrar hacia los 50 estados, urge unidad de propósito para resolver el estatus.

Complace que nuestra Comisionada Residente, Jennifer González, presentara una petición formal y un Acta de Admisión, coauspiciado por 37 congresistas, para que el Congreso considere aceptar a Puerto Rico como Estado. Una vez aprobado comienza la cuenta regresiva para lograr plena igualdad y ser estado de la Unión.

De aprobarse sin enmiendas o dilación, el proyecto dispone crear un Comité y un Proceso de Transición que someterá un informe con recomendaciones en o antes de los 270 días de su nombramiento; y que no más tarde del 1 de enero de 2021, el Presidente emitirá una Proclama declarando que Puerto Rico será admitido como Estado.

Reconozco que será muy difícil que el Congreso tome acción en lo que resta del 2018. Aun así, felicito a Jenniffer González por su iniciativa. Su trabajo dejará sentadas las bases para radicar la petición y Acta de Admisión otra vez ante el nuevo Congreso en enero del 2019. La elección congresional en noviembre podría tener un impacto todavía indeterminado. Veremos debates por razones políticas-partidistas entre los miembros del Congreso; y la situación económica y el cumplimiento con la Ley Promesa podrían provocar cambios o enmiendas, pero estoy convencido que vamos por el camino correcto para lograr la estadidad.

Aunque el proyecto establece que cuando se someta el Informe de Transición Puerto Rico deja de ser un territorio no incorporado y se convierte en territorio incorporado, parafacilitar dicho proceso, el Congreso debe reconocer a la isla como un territorio incorporado inmediatamente.

La discusión de la no incorporación vs la incorporación de los territorios lleva muchas décadas, incluyendo las decisiones del Tribunal Supremo federal de Downs vs Bidwell del 1901 y Balzac vs Porto Rico, en 1922, que dictó que Puerto Rico era un territorio no-incorporado y que la Constitución no aplicaba a los territorios en la misma extensión que en los Estados y excluyó a los puertorriqueños —ciudadanos americanos en Puerto Rico— de la igual protección de la Constitución.

En los últimos dos años, Puerto Rico ha estado en la mirilla del Congreso. Las agencias federales, congresistas, jefes de agencias, y hasta el Presidente nos han visitado. La prensa nacional ha mantenido a Puerto Rico en la discusión pública y personas como Benicio del Toro han explicado la desigualdad inherente a la falta de representación del país ante el gobierno federal.

Felicito nuevamente a Jenniffer González por su proyecto y a Ricardo Rosselló por traer el estatus de Puerto Rico a la atención del Presidente Trump, a quien le recordó que “queremos que se valide la voluntad democrática de Puerto Rico convirtiendo al territorio colonial en el estado 51”.