Crisis poblacional, original publicada el 31 de marzo del 2014
67. Crisis poblacional 31 de marzo, 2014
Ante la crisis fiscal y el desplome social, político-económico que promueve una nueva ola de emigración, urge ampliar la discusión de la otra crisis: la crisis poblacional que opaca el futuro de Puerto Rico.
La pasada Administración aprobó la ley que creó el Comité de la Ley del Reto Demográfico para analizar el desarrollo poblacional y buscar alternativas para fomentar su crecimiento. El Suplemento Especial sobre Migración de la Junta de Planificación revela la gravedad de continuar perdiendo población.
El Tratado de Paris de 1898 cobijó bajo la bandera americana a 894,302 puertorriqueños, bajo la tutela del Congreso. En 1904 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que los puertorriqueños podían entrar a los Estados Unidos sin restricciones.
Entre los primeros pasos para integrar a la Isla a la nación, se aprobó la Ley Jones, que estableció que “los habitantes que residan en la Isla y sus hijos nacidos con posterioridad a esa fecha serán como ciudadanos con derecho a protección de los Estados Unidos, con “derechos similares” a los nacidos en territorio continental”.
La experiencia migratoria puertorriqueña es un fenómeno de inmigración interna en el marco socio-político norteamericano. Entre los años 1940-60, el Gobierno de Puerto Rico promovió el éxodo masivo de cerca de un millón de personas como mecanismo de control poblacional.
En 1948, el gobierno insular, implantó el Programa de Migrantes, una estrategia para emplear puertorriqueños en faenas agrícolas en el continente que resultó en la migración masiva de puertorriqueños. En su mensaje a la Legislatura en 1954, Muñoz Marín declaró que los que partían seguirían el mismo curso de otros emigrantes en su integración al “melting pot”.
En la década del 2000 se inicio un segundo gran éxodo. A partir del 2001 más de 297,750 abandonaron la Isla, tornando el problema del éxodo en uno crónico. Actualmente, unos cinco millones de ciudadanos de extracción puertorriqueña residen en los 50 estados: 34% nacidos en la Isla; 66% nacidos allá, y se augura que ese número seguirá aumentando.
La criminalidad, un sistema judicial desconectado de la realidad, el alto costo de vida, un aparato educativo sin dirección ni gobernanza, servicios gubernamentales inoperantes, deterioro social, recesión económica, desempleo crónico, comunidades en franco deterioro, pobre calidad de vida, y la inacción del gobierno ante estos retos han destruido la confianza y precipitado el éxodo.
A causa de lo anterior, experimentamos hoy una fuga sin precedentes de capital humano, con el agravante que la mayoría posee una educación sobre el promedio poblacional. El “Perfil del Migrante 2012”, señaló que los puertorriqueños que emigraron ese año eran educados, activos en la fuerza laboral, con niveles de ingreso mayor que años anteriores y que 52% eran mujeres.
Concurro con el economista Gustavo Vélez: “La fuga de profesionales tiene un alto costo social y económico para la Isla”. Por ejemplo, “el impacto sobre el sector de la vivienda es devastador. Perder 83,000 personas equivale a 26,900 unidades de vivienda que no se venden o se alquilan y que constituyen un serio problema para los dueños, la industria de la construcción y la economía.
Señala el amigo Franklin López que según el Censo 2010 había en Puerto Rico 262,000 viviendas vacías. Mientras, la Asociación de Bancos informa para este año 77,000 unidades con 90 días o más de morosidad y 17,000 en ejecución; una reducción de $1,500 millones en depósitos bancarios; y un aumento de 19% en las quiebras versus el año anterior. Todo esto redunda en una merma potencial de ingresos de aproximadamente $3,000 millones.
Ante el colapso del ELA colonial, es apremiante acelerar el proceso hacia la estadidad, el único estatus que ofrece a los ciudadanos americanos en Puerto Rico la igualdad de derechos, oportunidades y potencial económico para atraer nuevas inversiones, empleos, y retener y aumentar nuestra población.