PR sin Poderes Políticos ante la Crisis, lunes 27 de marzo
PR sin Poderes Políticos ante la Crisis, lunes 27 de marzo
Hernán Padilla
Mientras en PR se debate el Plan Fiscal para resolver la crisis fiscal, se hace más evidente la fragilidad política de la Isla por el impacto negativo que tendría el presupuesto federal sometido por el Presidente Trump que podría eliminar $54 Billones en fondos discrecionales.
Nuevamente, resaltan las desventajas para el pueblo puertorriqueño de no tener los poderes políticos del voto presidencial ni representación congresional. Como PR no es un Estado, muchos de los cambios propuestos podrían afectarnos más que a los estados. La pérdida de fondos federales puede contribuir a llevar a PR a la quiebra bajo el Título III de PROMESA.
Aún así las transferencias federales han sostenido la economía local. Más de un 23% del presupuesto consolidado del gobierno de PR proviene de fondos federales.
Según “The Economist”, el gobierno federal aportó $256.1 billones a la economía de PR (1990-2009). Durante esos 20 años, PR pagó al IRS $73.7 billones, dejando un balance neto a favor de Puerto Rico de $182.4 billones. Estos pagos incluyeron servicios recibidos, aportaciones a Medicare, Seguro Social, e impuestos federales sobre ingreso y ventas. Las industrias locales pagaron $98 millones, incluyendo seguro por desempleo, Seguro Social y de Salud.
El total de fondos federales que ingresa anualmente a PR sobrepasó los $23.5 billones, de los cuales $12.9 billones fueron transferencias directas, $1B contratos federales, $851 millones salarios, y $6.3B en más de 141 programas en los cuales participan agencias estatales, municipios, universidades, y organizaciones no gubernamentales que sirven al pueblo puertorriqueño.
Las transferencias federales incluyen pagos por SS, retiro e incapacidad, Medicare, vivienda, Becas Pell; desempleo; contratos y servicios; educación; salud y asistencia médica (PAM), asistencia nutricional (PAN), WIC; ayudas para personas con necesidades especiales; servicios médicos y rehabilitación para veteranos, entre otros.
Si el Congreso aprueba este presupuesto, se afectarían muchas de las agencias que sirven a PR, especialmente los Departamentos de Trabajo, Salud, Comercio, Transportación, Energía, Justicia, Corporación de Servicios legales y la SBA. También se afectarían la Guardia Costera y los fondos de “Medicaid y ACA” que sufragan la Tarjeta de Salud y los servicios médicos de las personas de recursos limitados.
PR no tiene una representación Congresional que evite se elimine el Programa de Desarrollo Comunitario (CDBG), le recorten cerca de $42 millones de los fondos federales para la construcción, operación, mantenimiento y servicios de vivienda pública que albergan unas de 400,000 personas en la Isla y reduzcan los subsidios de vivienda de Sección 8.
Tampoco tenemos los poderes políticos de la estadidad para luchar en contra de los recortes que afectarían la EPA; evitar que se reduzcan significativamente los fondos de FEMA que son vitales para socorrer en casos de emergencias. Aunque PR ha recibido trato como un Estado para múltiples programas federales, todavía no conocemos qué cambios se proponen para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el Titulo I de Educación Federal.
Será muy difícil saber con qué programas y fondos federales podemos contar hasta que el Congreso apruebe el presupuesto del 2017-18, pero es importante insistir en que se extiendan las asignaciones de Medicaid por 3 años más en lo que se logra la paridad.
La Administración Rosselló presentó un Plan Fiscal que fue aprobado por unanimidad por la JSF. De acuerdo al Profesor Jaime Benson, el plan revisado hasta el 2019 asigna $4,500 millones en inversión público-privada en infraestructura, que produce un fuerte efecto multiplicador y crea la base para un crecimiento sostenible a largo plazo.
El 11 de junio tendrán la oportunidad de escoger entre la Estadidad o la independencia con o sin libre asociación. Solo la estadidad nos garantiza nuestra ciudadanía, la unión permanente y los poderes políticos en condiciones de igualdad como en los 50 estados, para lograr paridad en los programas federales como Medicare y Medicaid, entre otros.