Apremiante una nueva Ley Universitaria, lunes 22 de mayo, 2017

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PR requiere nueva Ley Universitaria
Hernán Padilla
El cierre de la UPR desde hace casi dos meses viola el derecho de sus estudiantes a estudiar y el de los Profesores a educar. Las marchas violentas, la destrucción de propiedad pública y privada y la interrupción ilegal de los trabajos de la Junta de Gobierno de la UPR han desvirtuado la función y la misión de la UPR.

El Perfil Universitario publicado por el Consejo de Educación Superior reveló que la UPR y todos sus recintos han perdido matrícula comparado con las instituciones privadas. En el 2015 el total de estudiantes matriculados a nivel superior fue de 233,070; pero el número de estudiantes matriculados en las instituciones públicas se redujo a 65,204 en el 2015-16; mientras que la matricula en instituciones privadas aumentó a 167, 866 en el 2015-16, cuando reflejaron un aumentó a 75% del total de estudiantes matriculados en el 2010.

El número de egresados de la UPR se redujo de 11,775 en el 2001 a 9,815 en el 2015-16, mientras que en las instituciones privadas aumentó el número de egresados de14,992 en el 2001 a 40, 640 en el 2015. La inseguridad e inestabilidad provocada por la violencia y política radical destruyen la UPR y han provocado que miles de estudiantes prefieran las instituciones privadas o estudiar fuera de PR. Para el 2017-18 se proyecta un reducción de 17% de nuevos estudiantes matriculados en la UPR y 27% menos en RP.

En el 2010, durante la administración Fortuño, estudiantes irrumpieron de forma violenta en una reunión de la Junta de Síndicos con la entonces presidenta Lcda. Ygrí Rivera. Al igual que ocurrió hace unos días, entonces, restringieron la libertad de las personas reunidas exigiendo que se comprometieran con sus reclamos. Días más tarde, estudiantes restringieron la libertad de la Rectora Guadalupe y la agredieron. Aunque los responsables se procesaron judicialmente y fueron expulsados, en el 2013, la administración García Padilla los perdonó y hasta los recompensó con cargos importantes en su gobierno.

El pasado 27 de abril, los miembros de la Junta de Gobierno fueron rodeados, amenazados, coartados en su libertad y coaccionados a firmar un documento. Como señaló el Dr. José Saldaña, ex presidente de la UPR, “para todos los efectos los tenían secuestrados”.

Ante el paro ilegal actual, seis estudiantes demandaron a la UPR para que cumpliera con su deber de abrir los portones. Así lo ordenó el Tribunal obligando a la Rectora Interina a garantizar que no más tarde del 11 de mayo, se reanudaran las clases, y se permitiera el libre y seguro tránsito por el recinto. Aún así no se ha cumplido con la orden y el Tribunal impuso una multa de $5,000 mas $1,000/diarios a la Administración de la UPR por desacato.

El Profesor José Garriga Picó, abogado y doctor en Ciencia Política detalló certeramente cómo el día que se incumplió con el Tribunal, perdieron Puerto Rico, la Universidad, los estudiantes que desean estudiar, los profesores que quieren educar, el sistema judicial y el pueblo respetuoso de las leyes.

Por su parte, el Profesor Héctor Ríos Maury resaltó que “la UPR ha perdido competitividad y que los grupos que lideran la ocupación ilegal convierten la institución en una entidad aislada y basada en un modelo filosóficamente medieval, gremialista, burócrata y con una ideología incompatible con la visión de progreso tecnológico y científico”.

¡Esto no aguanta más! Me uno al Dr. Garriga Picó y a los que claman por una reforma y una nueva Ley Universitaria basada en la realidad económica que vive PR; que le devuelva la UPR a los estudiantes que quieren educarse y promueva los valores cívicos de la democracia; y que e convierta en un activo para el desarrollo económico, social, científico, cultural y moral que necesita Puerto Rico.

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