Verdades contra mentiras sobre el estatus, lunes, 30 de julio de 2018
lunes, 30 de julio de 2018
Verdades contra mentiras sobre el estatus
Desde hace algún tiempo, los seguidores del Partido Popular Democrático están pasando por una crisis de identificación ideológica que ha motivado a preguntar a viva voz: ¿PPD quo vadis? Muchos se han convencido de que los líderes populares los habían engañado con la mentira que le vendieron desde 1952. Ahora conocen la verdad. El Estado Libre Asociado no es estado, no es libre, no es asociado y no se fundó por un pacto entre dos naciones independientes.
El mensaje de Héctor Ferrer del 25 de julio enreda más la mentira del ELA colonial que nunca existió. Ahora alega que sería posible lograr un modelo (político) en el que EEUU no interfiera con el gobierno de Puerto Rico. Ignora que el Congreso tiene autoridad plena sobre la isla, e imagina enmendar las leyes federales para que le concedan a Puerto Rico mayor participación en el Congreso.
Hernández Colón le huye a cualquier cambio y reclama que cambiar la condición actual mal llamada ELA no solucionará la crisis porque por los últimos 66 años ha llevado a la isla a la quiebra fiscal y económica, provocando que el Congreso aprobara la Ley Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal.
Alejandro García Padilla dice que no se necesita un cambio de estatus. García Padilla y Rafael Hernández Colón insisten en “pedirle al gobierno de Estados Unidos que enmiende sus leyes para que Puerto Rico obtenga poderes adicionales”. Se empeñan en desarrollar el status territorial sabiendo que el concepto ha sido rechazado por las pasadas cuatro administraciones federales. Acevedo Vila propone un “nuevo país”, distinto, separado de y subsidiado por EEUU.
Ramón L. Nieves, líder del PPD, sostiene que la Ley Promesa, la Junta de Supervisión Fiscal y las decisiones del Tribunal Supremo federal acabaron el concepto ideológico del ELA y que el PPD debe refundarse o desaparecer.
Les recuerdo que el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Estatus de Puerto Rico de 2011 confirma que la “libre asociación es un tipo de independencia”, que un pacto basado en la soberanía nacional de cada país puede ser revocado unilateralmente en cualquier momento, que las decisiones de ningún Congreso obligan a otro y que la ciudadanía americana no se garantiza permanentemente, y no se concede a las generaciones futuras.
En una columna en The Hill, Luis Fortuño desmintió a Aníbal Acevedo Vilá cuando dijo que Puerto Rico no quiere la estadidad. Fortuño dijo que la verdad es que la isla votó a favor de la estadidad dos veces en una década. Los ciudadanos de EEUU en Puerto Rico quieren la estadidad. La verdadera razón del mensaje de Acevedo Vilá es que su partido insiste en un “ELA mejorado”, fórmula excluida del referéndum porque durante los últimos 20 años el Ejecutivo federal la declaró inconstitucional.
Fortuño criticó que Acevedo Vilá alegue que la estadidad afectará negativamente la recuperación de Puerto Rico. Al contrario, la Casa Blanca y el liderato del Senado concluyeron que la mejor manera para ayudar la economía de la isla es resolviendo el estatus. Hawái y Alaska duplicaron su crecimiento económico después de su admisión como estados. Mientras el PPD trata de elaborar otra mentira política, la posición de Ricardo Rosselló es un compromiso contundente: “Nosotros continuaremos buscando la Igualdad plena para Puerto Rico como un estado y asegurar la ciudadanía americana de forma permanente para nuestro Pueblo”, ha dicho.
El movimiento estadista está convencido de que el fracaso socio-económico y político del ELA provoca la urgente necesidad de resolver el status político y que la estadidad es la óptima a opción para beneficiar y garantizar un buen futuro para los puertorriqueños. Es el único estatus político que preserva y garantiza constitucionalmente la ciudadanía de los Estados Unidos para la presente y las futuras generaciones.
La misión de los luchadores de la igualdad es lograr que Puerto Rico advenga a ser estado para adquirir la plenitud de derechos, oportunidades, progreso y poder político que dicho estatus asegura, participar como iguales en el proceso democrático nacional, votar por el presidente, tener su propia delegación en el Congreso y convertirse en socio de la Federación de Estados que conforman los Estados Unidos.