Aeropuerto de clase mundial vs. algunos legisladores, lunes 6 de agosto 2012, ENDI.
Aeropuerto de clase mundial
La intervención indebida de dos legisladores del PPD amenazando a la empresa privada y oponiéndose a los beneficios de una Alianza Pública Privada (APP) para que nuestro aeropuerto internacional le sirva bien a los pasajeros y promueva miles de empleos en Puerto Rico es la más reciente muestra de que necesitamos enmendar la Constitución de Puerto Rico para reducir el número de legisladores.
A pesar de que los legisladores del PPD votaron en contra de la medida que crea las Alianzas Público Privadas y en contra de la resolución que dispone una enmienda constitucional para reducir el número de escaños en la Legislatura, la mayoría legislativa aprobó una ley de avanzada creando la Autoridad Para las Alianzas Público Privadas con el propósito de viabilizar proyectos muy necesarios para el desarrollo económico y para los cuales el gobierno y las corporaciones públicas NO tienen recursos.
Es inconcebible que con su amenaza pusieran en riesgo el desarrollo económico, la oportunidad de atraer más inversionistas, turistas y un plan para garantizar el crecimiento, mantenimiento y operación del aeropuerto LMM a la altura del siglo XXI.
Estos líderes del PPD no quisieron entender que Puerto Rico no cuenta con los recursos fiscales para elevar nuestro aeropuerto al estándar mundial competitivo. Ignoran que el LMM no ha crecido en los pasados 20 años y que el número de pasajeros se ha mantenido estancado, mientras otros destinos turísticos en el Caribe sacan ventaja de las alianzas público privadas para promover sus empresas turísticas y su desarrollo económico.
Contrario a lo que alegan, el LMM deja pérdidas todos los años. Los ingresos son menores que los costos de operación y el pago de una deuda de Puertos que asciende a $925 millones. La Autoridad de los Puertos no tiene el dinero ni puede coger préstamos para mantener y hacer mejoras en el aeropuerto.
La visión y el compromiso de la Junta de Directores de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas es lograr un aeropuerto de calidad mundial que brinde mejor servicio y comodidad a todos los usuarios. Con esta alianza se logrará un mejor aeropuerto con terminales más amplios y modernos; con más opciones de entretenimiento y más y mejores restaurantes y comercios; un aeropuerto que atraiga aerolíneas y pasajeros y que lleve un ritmo de crecimiento positivo.
La APP es un buen negocio para Puerto Rico. En el desarrollo del aeropuerto –que es y seguirá siendo patrimonio del pueblo- la Autoridad de Puertos recibirá un pago por adelantado de $615 millones para saldar parte de la deuda además de pagos anuales que totalizan $552 millones. El concesionario viene obligado a hacer una inversión de capital de $1,400 millones a lo largo del proyecto con una inmediata de $195 millones durante los primeros tres años.
Nos satisface que el proceso se llevara a cabo siguiendo la Ley de las APP, que ha sido reconocida en EEUU como una de las mejores del mundo; que la negociación haya sido honesta, escrupulosa, competitiva, transparente y que todo el proceso esté supervisado por la Autoridad Federal de Aviación.
La Junta cumplió con los seis criterios en los que se fundamenta el proceso de selección: la Ley de APP y sus reglamentos; la excelente reputación del concesionario, su probada trayectoria y capacidad técnica y financiera; el Plan operacional, el Plan Financiero, el Plan de crecimiento de pasajeros y aerolíneas, el Plan de mejoramiento y la oferta económica.
Esta es la verdad que no quieren aceptar los que anteponen sus intereses mezquinos a los mejores intereses del pueblo puertorriqueño. Queremos un aeropuerto internacional de clase mundial. Necesitamos legisladores que no se opongan por puro obstruccionismo político-partidista. El 19 de agosto vota “SI” para reducir el número de legisladores.