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ESTADIDAD O INDEPENDENCIA, lunes 10 de abril, 2017

Estadidad o Independencia

Hernán Padilla
Llegó el momento de la decisión crucial para resolver el estatus de Puerto Rico. El 11 de junio tendremos que decidir si queremos la unión permanente con EEUU o si queremos la independencia con o sin la libre asociación.

La incertidumbre-indefinición sobre la participación en el referéndum domina en PPD. Prefieren votar “NO contra la estadidad” y dañar la papeleta, porque quieren y no pueden ocultar su preferencia por la independencia de la libre asociación, llamada ELA soberano.

El ala soberanista-separatista del PPD, representada por Carmen Yulín aboga por una “asociación política no colonial ni territorial entre PR y EEUU” bajo un “pacto de libre asociación” modalidad de independencia que no es compatible con la Constitución americana.

El Grupo de Trabajo de Casa Blanca confirmó que el “ELA mejorado/culminado” no tiene cabida bajo la Constitución, que “libre asociación es una forma de independencia”; que un pacto basado en la soberanía nacional de cada país puede ser revocado unilateralmente, que la ciudadanía americana no se garantiza permanentemente y no se confiere a las generaciones sucesivas.

Populares, como Yulin, afirman que “la ciudadanía americana es “una muleta bajo este sistema político-económico”; “PR es una nación” y su agenda es convertir la Isla en una república independiente fuera de los poderes del Congreso.

Bajo esa “libre asociación” desaparecerán todas las agencias, empleos, programas, servicios, fondos y contratos federales; las garantías de la Constitución americana la protección del Tribunal Federal y la ciudadanía americana.

Las familias, la mujer, la juventud, personas con necesidades especiales y de edad avanzada y las personas de menos recursos que dependen de ayudas federales tendrán que decidir entre la estadidad con los derechos y beneficios del los programas federales o una república separada de EEUU sin los programas y servicios federales de salud, vivienda, sección 8, WIC, educación, becas Pell, Medicaid, y Medicare entre otros.

Las mujeres merecen las mismas oportunidades, empleos, salarios y acceso adecuado a servicios de salud; mejor educación para sus hijos; una remuneración igual a los estándares nacionales y el progreso que disfrutan sus conciudadanas en los Estados.

Los cientos de miles de puertorriqueños que han servido honrosamente en las Fuerzas Armadas sin participar plenamente de igualdad ciudadana, merecen el derecho a elegir su Presidente y una delegación congresional que los represente.

La crisis económica no puede atenderse sin resolver el estatus. Los industriales, empresarios, comerciantes y dueños de negocios tendrán que decidir entre la Estadidad o arriesgar todo la que tienen bajo una república independiente que no recibirá los $23 billones en transferencias anuales del gobierno federal, y unos $18 billones federales adicionales que se recibirían como estado.
El éxodo poblacional evidencia que la migración ocurre porque los puertorriqueños perdieron la fe en el futuro. La estadidad nos ofrece los instrumentos para mejorar las condiciones de vida, reducir el desempleo y mejorar la educación, servicios de salud y vivienda y retener y atraer nueva población.

El 11 de junio PR tendrá una oportunidad determinante para defender su ciudadanía y la de las futuras generaciones, reclamar la protección plena de garantías constitucionales, derechos civiles, progreso, prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo en la Isla.

Votar por la independencia/libre asociación es para rechazar la unión permanente y la ciudadanía americana. Si gana la “Independencia/Libre Asociación”, se llevaría a cabo otro referéndum el 8 de octubre entre la independencia y la independencia con libre asociación para convertir formalmente a PR en una república Independiente.

La estadidad es la única que garantiza constitucionalmente la Ciudadanía Americana para la presente y futuras generaciones. Es la única herramienta para lograr la verdadera igualdad porque se aplican todos los derechos de la Constitución de Estados Unidos, todas las leyes aprobadas por el Congreso y se elimina el discrimen político y constitucional que sufren los ciudadanos residentes de Puerto Rico.

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PR sin Poderes Políticos ante la Crisis, lunes 27 de marzo

PR sin Poderes Políticos ante la Crisis, lunes 27 de marzo
Hernán Padilla

Mientras en PR se debate el Plan Fiscal para resolver la crisis fiscal, se hace más evidente la fragilidad política de la Isla por el impacto negativo que tendría el presupuesto federal sometido por el Presidente Trump que podría eliminar $54 Billones en fondos discrecionales.

Nuevamente, resaltan las desventajas para el pueblo puertorriqueño de no tener los poderes políticos del voto presidencial ni representación congresional. Como PR no es un Estado, muchos de los cambios propuestos podrían afectarnos más que a los estados. La pérdida de fondos federales puede contribuir a llevar a PR a la quiebra bajo el Título III de PROMESA.

Aún así las transferencias federales han sostenido la economía local. Más de un 23% del presupuesto consolidado del gobierno de PR proviene de fondos federales.

Según “The Economist”, el gobierno federal aportó $256.1 billones a la economía de PR (1990-2009). Durante esos 20 años, PR pagó al IRS $73.7 billones, dejando un balance neto a favor de Puerto Rico de $182.4 billones. Estos pagos incluyeron servicios recibidos, aportaciones a Medicare, Seguro Social, e impuestos federales sobre ingreso y ventas. Las industrias locales pagaron $98 millones, incluyendo seguro por desempleo, Seguro Social y de Salud.

El total de fondos federales que ingresa anualmente a PR sobrepasó los $23.5 billones, de los cuales $12.9 billones fueron transferencias directas, $1B contratos federales, $851 millones salarios, y $6.3B en más de 141 programas en los cuales participan agencias estatales, municipios, universidades, y organizaciones no gubernamentales que sirven al pueblo puertorriqueño.

Las transferencias federales incluyen pagos por SS, retiro e incapacidad, Medicare, vivienda, Becas Pell; desempleo; contratos y servicios; educación; salud y asistencia médica (PAM), asistencia nutricional (PAN), WIC; ayudas para personas con necesidades especiales; servicios médicos y rehabilitación para veteranos, entre otros.

Si el Congreso aprueba este presupuesto, se afectarían muchas de las agencias que sirven a PR, especialmente los Departamentos de Trabajo, Salud, Comercio, Transportación, Energía, Justicia, Corporación de Servicios legales y la SBA. También se afectarían la Guardia Costera y los fondos de “Medicaid y ACA” que sufragan la Tarjeta de Salud y los servicios médicos de las personas de recursos limitados.

PR no tiene una representación Congresional que evite se elimine el Programa de Desarrollo Comunitario (CDBG), le recorten cerca de $42 millones de los fondos federales para la construcción, operación, mantenimiento y servicios de vivienda pública que albergan unas de 400,000 personas en la Isla y reduzcan los subsidios de vivienda de Sección 8.

Tampoco tenemos los poderes políticos de la estadidad para luchar en contra de los recortes que afectarían la EPA; evitar que se reduzcan significativamente los fondos de FEMA que son vitales para socorrer en casos de emergencias. Aunque PR ha recibido trato como un Estado para múltiples programas federales, todavía no conocemos qué cambios se proponen para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el Titulo I de Educación Federal.

Será muy difícil saber con qué programas y fondos federales podemos contar hasta que el Congreso apruebe el presupuesto del 2017-18, pero es importante insistir en que se extiendan las asignaciones de Medicaid por 3 años más en lo que se logra la paridad.

La Administración Rosselló presentó un Plan Fiscal que fue aprobado por unanimidad por la JSF. De acuerdo al Profesor Jaime Benson, el plan revisado hasta el 2019 asigna $4,500 millones en inversión público-privada en infraestructura, que produce un fuerte efecto multiplicador y crea la base para un crecimiento sostenible a largo plazo.

El 11 de junio tendrán la oportunidad de escoger entre la Estadidad o la independencia con o sin libre asociación. Solo la estadidad nos garantiza nuestra ciudadanía, la unión permanente y los poderes políticos en condiciones de igualdad como en los 50 estados, para lograr paridad en los programas federales como Medicare y Medicaid, entre otros.

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Municipios ante la crisis fiscal, lunes 13 de marzo

Municipios ante la crisis fiscal, lunes 13 de marzo
Hernán Padilla
No cabe duda de que la situación fiscal del gobierno requiere medidas urgentes para rescatar a PR del colapso económico. Los requerimientos de la JSF demandan decisiones serias para comenzar a resolver los problemas que afectan nuestra economía.

Lograr los objetivos no será fácil. Tenemos que reducir el déficit del presupuesto, imponer recortes y generar ingresos adicionales. Rosselló ha propuesto reestructurar el gobierno, reducir gastos operacionales, reformar las pensiones, renegociar el servicio a la deuda pública y expandir las alianzas publico privadas.

El gobierno estatal considera eliminar los subsidios municipales, regionalizar y crear consorcios, delegar más funciones, ordenar una retasación y aumentar las contribuciones de la propiedad para que los municipios puedan rendir los servicios ES y construir las obras públicas que les corresponde.

Los gobiernos municipales deben considerar las experiencias de otros que han operado exitosamente en el pasado. Puedo referirme a los retos, programas, y obras municipales de San Juan en 1977-1984. En esa época, los municipios también operaban dentro de una gran limitación económica.

En el 1977, SJ, tenía una población de aproximadamente 450,000 habitantes, y contaba con un presupuesto de $122 millones, y para el 1984-85 los recursos ascendieron a $178.2 millones, La deuda pública, que en el 1977 era $70.2 millones requería un pago de $8.65millones de capital e intereses, se redujo a $42.5 millones en ocho años.

En comparación, en el 2016-17, con una población 355,000 residentes, SJ tiene un presupuesto de $668 millones, y en el 2015 tenía una deuda corriente de $122.5 millones y a largo plazo de $1 billón ($1,059,901,028.00) con pagos anuales a la deuda por $86,718,988.00.

En 1977-84, ante las limitaciones fiscales, la Administración tomó medidas para centralizar equipo, personal y facilidades y eliminó tres agencias con reducción de plazas gerenciales y gastos administrativos. También se reconciliaron las cuentas bancarias, se mantuvieron los gastos dentro de los recursos fiscales, se contrató una firma de CPA para auditorias y se creó el Fondo de Capital independiente para propiciar el crecimiento de la empresa privada.

Como ejemplos, el Municipio coordinó con la empresa privada para desarrollar estacionamientos en el Viejo SJ y varias obras para la rehabilitación del frente portuario en la Zona Histórica. El municipio construyó un Anexo al Hospital Municipal que permitió mejorar los servicios y se ampliaron los CDT de Llorens, San José, y Sabana Llana.

También, se construyeron el Complejo Médico Social, las dos torres de la Comunidad del Retiro, Centros de Servicios Múltiples en Puerta de Tierra, Buen Consejo, Cupey y Las Monjas y se remodelaron los de Barrio Obrero, La Perla y Puerto Nuevo.

En recreación, se destaca el Parque Central el Gimnasio Municipal, el Polideportivo para los Juegos Panamericanos, y se comenzó el paseo y parque “Ribera Sur” de la Laguna San José. En la artes, se construyó el Museo de Arte e Historia y se remodeló el Teatro Tapia.

A pesar de las limitaciones económicas, se completó el realojo del sector Corozas, Buenos Aires y Tokio; se construyó el Canal Tres Monjitas; el nuevo Colegio Tecnológico de SJ y la Torre de Gobierno Municipal; se completó la infraestructura de Buenos Aires que permitió que la empresa privada construyera tres complejos de viviendas. En Rio Piedras se construyó el Paseo de Diego; y se dedicaron recursos para el control de inundaciones, incluyendo un sistema pluvial para Ocean Park.

Ante la crisis, más de la mitad viven por debajo de los niveles de pobreza; y aún con subsidios gubernamentales, 36 de los 78 municipios operan con un déficit presupuestario, y algunos no son auto-sostenibles. ¿Qué futuro les espera sin los subsidios estatales? Con suma urgencia, los líderes de la Federación y de la Asociación de Alcaldes tienen que re-evaluar las responsabilidades, estructura, funciones y finanzas e implementar medidas drásticas que les permitan superar la crisis.

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PR’s future and US Citizenship, 03/01/17, The Hill

Puerto Rico’s future and US citizenship
Congress can no longer ignore that Puerto Ricans are U.S. citizens from birth and U.S. nationals.

After 119 years as a territory, the final and permanent solution for Puerto Rico’s political relationship with our nation, the United States, is finally one step closer. Attorney General Jeff Sessions has under his consideration the definitions of the status alternatives to be considered on the ballot for the plebiscite about the status of Puerto Rico to be held next June 11. The Department of Justice has to determine if the definitions comply with the U.S. Constitution and pertinent laws.

The U.S. Citizens who reside in Puerto Rico have to choose between statehood (that guarantees the U.S. citizenship) and Independence/Free association without the U.S. citizenship.
On March 2, we commemorate the “Centennial of the US Citizenship”, a historic moment that initiated the official process of Puerto Rico’s integration to the culture, social life, economy, legal system and politics of our nation. We must remember that 100 years ago Congress approved the Jones Act of 1917 declaring all residents of Puerto Rico as U.S. citizens.

Another crucial law was the Naturalization Act of 1941 which guaranteed that persons born in a subordinated jurisdiction, including Puerto Rico, would be U.S. citizens by birth. In 1947, the “Law of the Governor Elect” for the election of the first civilian governor of Puerto Rico, expanded the reach of the U.S. Constitution by establishing that the rights, privileges and immunities will be respected in the same degree in the territory as if Puerto Rico was a state of the Union. The U.S. citizenship establishes that Puerto Ricans are American nationals and that our nation, juridical and political, is the USA.

In 1952, the People of Puerto Rico ratified and Congress approved the Constitution of Puerto Rico, similar to the Constitution of the states, which clearly declares “our Union with the USA”. The Preamble of the Constitution of Puerto Rico also states that “We consider as determining factors in our life our citizenship of the United States of America and our aspiration continually to enrich our democratic heritage in the individual and collective enjoyment of its rights and privileges and our loyalty to the principles of the Federal Constitution…”

As such, the U.S. citizenship is part or our profile and defines the Puerto Ricans of the 21st century. Remember that federal laws and many federal programs treat Puerto Rico as a state, that the Federal District Court in Puerto Rico was created under Article III of the U.S. Constitution, that there are multiple federal agencies in the island, and that the integration of the Puerto Rican culture to the national culture are part of our daily life.

We do not settle for an inferior American citizenship, we aspire to a better future for our next generations. As U.S. citizens, we claim full participation in the federal government, equality of civil rights, political and economic stability, socio-economic development and the same responsibilities and benefits as the rest of the nation.

In spite of the achievements as U.S. citizens, the residents of Puerto Rico are subject to a political system that denies “equality” as citizens, since the U.S. citizens residing in Puerto Rico cannot vote for president and, even though all laws approved by Congress apply to PR, we cannot elect a full congressional representation.

Independence, with or without free association (which is contrary to the American constitutional order) is not an option for 3.4 million U.S. citizens living in Puerto Rico. Under either status, we will lose the rights, privileges, immunities, and responsibilities guaranteed by the U.S. citizenship. Keep in mind that the “White House task Forces that considered PR” and the DOJ have expressed that if Puerto Rico chooses independence or Free Association, those born in the new and separate nation will not be American citizens.

The debate within the Popular democratic Party (PPD), the current opposition party, about retaining the U.S. Citizenship under a free associated nation is a political strategy to confuse and persuade their followers, that are not willing to sacrifice their “American citizenship”.

They claim that they “treasure the American citizenship” but their main goal is to have their own “embassies”, negotiate international treaties and even determine which federal agencies and programs apply to Puerto Rico.

The U.S. Declaration of Independence proclaims that “governments derive their legitimate powers by the consent of the People”. Precisely, in the most recent plebiscite held in 2012 in Puerto Rico, with the participation of 81 percent of the electorate, an absolute majority revoked the consent of the governed to the current territorial status, while 61 percent favored statehood for Puerto Rico.

With the commemoration of the “Centennial of American Citizenship for PR”, the moment has arrived to finally discard the status that has become a grave hindrance to Puerto Rico’s economic development and to reaffirm that we want — a permanent union with total equality of responsibilities and the guarantees, security and progress represented by our U.S. citizenship.

Hernán Padilla, MD, former President of the U.S. Conference of Mayors; former Mayor of San Juan, PR; former President of the US Conference of Mayors; and former U.S. Public Delegate to the UN General Assembly (USUN)

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Centenario de la Ciudadanía Americana, lunes 27 de febrero, 2017

lunes, 27 de febrero de 2017
Centenario de la ciudadanía americana
Después de 119 años como territorio, se acerca la solución permanente a nuestra relación política con Estados Unidos. El fiscal general Jeff Sessions tiene ante su consideración las definiciones de status para determinar si cumplen con las leyes y la Constitución. Tendremos que escoger entre la estadidad con ciudadanía americana garantizada o la independencia/libre asociación que la rechaza.

El 2 de marzo se conmemora el centenario de la ciudadanía, un momento histórico que sentó las bases para que Puerto Rico se fuera integrando a la cultura social, política y económica americana. Se cumplen 100 años desde que el Acta Jones de 1917 le otorgó la ciudadanía a los puertorriqueños.

El Acta de Naturalización de 1941 garantizó que las personas que nacen en una jurisdicción subordinada serían ciudadanos de Estados Unidos. La Ley del Gobernador Electo de 1947 expandió el alcance de la Constitución estadounidense a los puertorriqueños y estableció que los derechos, privilegios e inmunidades se respetarían en este territorio hasta el mismo grado que si fuese un estado.

En 1952 ratificamos en la Constitución de Puerto Rico “nuestra unión con Estados Unidos”: “Consideramos factores en nuestra vida la Ciudadanía de Estados Unidos y enriquecer nuestro acervo democrático y disfrute de sus derechos y prerrogativas”. La ciudadanía establece que somos nacionales americanos y que nuestra nación jurídica y política es Estados Unidos.

La ciudadanía es parte de nuestro perfil y define al puertorriqueño del siglo 21. Las leyes y programas federales que nos tratan como estado, la designación del Tribunal de Distrito federal bajo el Artículo III de la Constitución federal, la presencia de agencias federales en la isla, y la integración de la cultura puertorriqueña a la cultura nacional son parte del diario vivir.

No nos conformamos con una ciudadanía americana a medias, aspiramos a un futuro mejor. Como ciudadanos americanos reclamamos la plena participación en el gobierno federal; igualdad en los derechos civiles; la estabilidad política-económica; el desarrollo socio-económico y los beneficios y responsabilidades iguales al resto de la nación.

A pesar de los logros como ciudadanos, los residentes en la Isla están sujetos a un sistema político que le niega igualdad como ciudadanos, incluyendo no poder votar por el presidente y elegir representación congresional.

La independencia, con o sin libre asociación, es contraria al orden constitucional americano y no es opción para 3.4 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico ya que perderíamos los beneficios que nos garantiza la ciudadanía. Los Grupos de Trabajo de Casa Blanca y el Departamento de Justicia han expresado que si Puerto Rico opta por la independencia o la libre asociación, los que nazcan en la nueva nación no serán ciudadanos americanos.

El debate iniciado por el Partido Popular Democrático (PPD) sobre la ciudadanía expone la estrategia de los defensores de la “independencia con o sin libre asociación” para poder persuadir a sus correligionarios que no están dispuestos a sacrificarla.

Alegan que “atesoran” la ciudadanía americana, pero quieren tener embajadas, determinar cuáles agencias federales tendrían injerencia, negociar y suscribir tratados internacionales, dictaminar la ayuda federal, y hasta ciudadanía de España (como García Padilla), entre otros.

La Declaración de Independencia de Estados Unidos proclama que “los gobiernos, derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados”. En el plebiscito del 2012, con la participación del 81% del electorado, un 54% revocó el consentimiento de los gobernados al status-colonial, y un 61% favoreció la estadidad.

El centenario de la ciudadanía americana anuncia que llegó el momento para descartar un status que se ha convertido en impedimento para nuestro desarrollo y para reafirmar que queremos la unión permanente con plena igualdad y las garantías, seguridad y progreso que representa nuestra ciudadanía americana.

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Solo con la Estadidad hay Igualdad; Estadidad o la Independencia/Libre Asociación; 13 de febrero, 2017

Estadidad o la Independencia/Libre Asociación; 13 de febrero, 2017
Hernán Padilla
El mito del ELA es la causa principal de los problemas que afectan a PR. La crisis fiscal y la fuga poblacional tienen su base en un modelo político colonial que le niega a PR la igualdad garantizada en los cincuenta estados.

La organización “Igualdad Futuro Seguro” concluyó que “ser un territorio colonial limita las inversiones y el crecimiento económico a largo plazo” y advirtió que no habrá una solución permanente a la crisis económica, ni se logrará progreso, estabilidad y crecimiento económico mientras no se eliminen los impedimentos del estatus actual.

El PPD nunca cumplió con la Ley Publica 113-76 que estipuló que el gobierno someta al DOJ federal la definición de estatus para que autorice el plebiscito usando fondos federales. Ahora también se oponen a la consulta plebiscitaria, pero engañan a los seguidores de su partido, hablando del ELA actual, y un ELA mejorado, culminado, soberano y hasta refundado. Su verdadera meta es una “asociación política entre EEUU y PR” como dos naciones independientes.

PR tendría que convertirse en una república independiente antes que EEUU pueda considerar un “pacto de libre asociación”. Los que nazcan en la nueva nación no serán ciudadanos americanos, y desaparecerán todas las agencias, empleos, programas, servicios y fondos federales; y perderíamos las garantías de la Constitución americana.

La “Ley 7 del 2017 para la “Descolonización Inmediata de PR” es un paso crucial para ponerle fin a la condición colonial que les niega la igualdad a los puertorriqueños en PR y paraliza el desarrollo económico de la Isla.

Para utilizar los $2.5 millones autorizados para una campaña educativa objetiva, se someterán las definiciones de las fórmulas al Secretario de Justicia federal para que certifique que cumplen con la Constitución y las leyes de EEUU. La Ley 7 establece que el DOJ federal deberá responder para el 16 de abril y que el “silencio se entenderá como un aval/ aprobación”.

La consulta del 11 de junio será entre dos formulas: ESTADIDAD vs INDEPENDENCIA/Libre Asociación. Dispone que la “Estadidad es la única opción que “garantiza la ciudadanía americana por nacimiento en PR, mientras que bajo “la Libre Asociación” PR tendría que ser independiente y la ciudadanía estaría sujeta a negociación con EEUU”. Si ganara la “Independencia/Libre Asociación” se llevaría a cabo otro referéndum el 8 de octubre entre la independencia y la independencia con libre asociación.

Los Grupos de Trabajo de Casa Blanca han reiterado que PR está sujeto los poderes plenarios del Congreso. El llamado ELA mejorado/culminado fue rechazado por miembros del Comité de Energía y Recursos Naturales del Congreso y por la Rama Ejecutiva federal por ser inconstitucional. El ELA soberano, libre asociación o la llamada Republica Asociada requieren la independencia y un pacto entre dos naciones independientes puede ser revocado unilateralmente.

PR cumple con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente” para ser admitido en la Unión. Las Cortes Federales han extendido a los ciudadanos que residen en PR la mayoría de las “garantías constitucionales” y el Congreso incluye a la Isla en muchos programas federales. Pero las limitaciones de nuestra condición colonial impiden que se nos apliquen iguales derechos, privilegios y garantías que nos corresponden.

Solo con la estadidad logramos la verdadera igualdad porque se adquieren todos los derechos de la Constitución americana, representación congresional proporcional, participación de iguales en el gobierno federal, y se elimina el discrimen político y constitucional que sufren los ciudadanos residentes en PR.

En este próximo plebiscito los electores tienen que considerar que votar por la libre asociación es votar por la independencia sin ciudadanía americana. La estadidad es el único status político que garantizaría constitucionalmente la Ciudadanía d EEUU para la presente y futuras generaciones; y con ella todos los poderes políticos, derechos y beneficios que conlleva ser un Estado de EEUU.

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Urge conciliar la diferencias, lunes 30 de enero, 2017

Urge conciliar las diferencias, lunes 30 de enero, 2017
Hernán Padilla

La JSF reconoció las órdenes ejecutivas del gobernador Rosselló “para reducir el gasto público y maximizar el uso de fondos, declarando una emergencia fiscal, congelando aumentos salariales, limitando la contratación y otros costos de nómina, además del requerimiento a las agencias que preparen presupuestos base cero”, pero advirtió que no serán suficientes.

END ha publicado información valiosa sobre la crisis fiscal y las medidas propuestas por la JSF y el gobierno. La relación entre la JSF y el gobierno está en una fase crítica. Rosselló solicitó una extensión para presentar el Plan Fiscal y la fecha de la moratoria legal sobre las demandas relacionadas a las deudas; mientras propone una moratoria local con pagos basados en recursos disponibles. La JSF accederá a la extensión, hasta el 28 de febrero y el 1 de mayo respectivamente, pero insistió que el Gobierno no tome préstamos corto plazo.

La JSF insiste que será necesario “cuadrar el presupuesto en dos años fiscales y cerrar un déficit estimado en unos $7,600 millones”. Propuso, además, reducir los gastos del gobierno y aumentar los recaudos anualmente; combatir el fraude, eficiencia en la estructura gubernamental y reducción en gastos de salud.

También, la Junta propuso “reducción de gastos o aumentos a los ingresos de la UPR; 30% en la nómina y gastos de educación general; eliminación o reducción sustancial de los subsidios municipales y al sector privado; reducción de 10% en el pago que hacen los Sistemas de Retiro; y “renegociar el servicio a la deuda y reducirlo por $3,000 millones”.

Rosselló considera que “cualquier plan fiscal basado en recortes en salud, programas sociales, pensiones de retirados y despidos en el sector público es inaceptable”. Aunque coincide con la JSF sobre la magnitud de la crisis, “su enfoque representa un marcado contraste con algunas de las iniciativas propuestas”, pero “prefiere encontrar un balance aceptable”.

Rosselló informó a la Junta que “trabajará por una estructura fiscal balanceada, sin préstamos a corto plazo y reafirmó que establecerá una reforma contributiva e intensificará los recaudos de los impuestos actuales”. Ya “convirtió en ley extender el arbitrio a las corporaciones foráneas, pero rechazará aumentar los impuestos a los pobres y la clase media”. También ha emitido Órdenes Ejecutivas y “trabajará con los asesores de la Junta para reducir el costo operacional del gobierno y reducir el tamaño del gobierno de 118 a 35-40 agencias sin incurrir en despidos”.

Aunque la JSF sugiere reducir los gastos de salud por $1,000 millones, Rosselló y González continúan intensificando gestiones para que el Congreso trate a PR como un estado en los programas de salud, especialmente “Medicare y Medicaid”. En cuanto a la UPR, Rosselló apoya reformas institucionales y concurre en ajustar la matrícula según la capacidad económica de los estudiantes y reestructurar los recintos.

También explora alternativas para fortalecer los Sistemas de Retiro, privatizar el sistema de contribución definida (401k), y favorece imponer impuestos sobre las pensiones más altas. Se compromete a “revisar los subsidios de producción a la empresa privada y modernizar el CRIM para reducir los subsidios municipales”; y pagar la deuda “de acuerdo a los recursos disponibles”.

Preocupa que las diferencias de enfoque entre el gobierno y la JSF puedan paralizar las soluciones necesarias. El economista Gustavo Vélez ante la realidad de que “no habrá un rescate federal”, “el impacto de las propuestas de la JSF será severo”, y “si se ignora la JSF, el gobierno podría colapsar entre abril y mayo”.

Rosselló está comprometido con un gobierno reducido y eficiente para restaurar el crecimiento y desarrollo económico. Urge conciliar las diferencias para sacar a PR del abismo fiscal y proceder con el referéndum para resolver la indefinición del estatus y acabar la desigualdad constitucional para lograr los poderes políticos y herramientas para promover el desarrollo económico y rescatar a PR.

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Mandato Estadista lunes 16 de enero, 2017

Mandato Estadista lunes 16 de enero, 2017
Hernán Padilla

Anteriormente enfaticé que las elecciones del 2016 eran plebiscitarias.Contrario a los separatistas del PPD que afirman que no existe un mandato para adelantar la estadidad, el pueblo estadista reclamó su mandato plebiscitario del 2012 revocando su consentimiento a la condición colonial que fue ignorado por el régimen del PPD.

La administración PPD rehusó cumplir con los requisitos del Congreso para celebrar un referéndum y “resolver” la indefinición del estatus. Ellos sabían que el ELA mejorado” no cabe bajo la Constitución y que el “ELA soberano-refundado”, (libre asociación o republica asociada) es otra forma de independencia.

Ante esa realidad, el Servicio de Investigaciones del Congreso (CBO) publicó otro informe sobre el estatus de PR señalando que PR será un tema relevante en el Congreso. En ese informe, se refiere al plebiscito del 2012 cuando “la mayoría votó a favor de un cambio de estatus, el 54% rechazó el estatus territorial actual” y el 61.2% de los votos emitidos fué favor de la estadidad.

Rosselló y el PNP llevaron sus compromisos electorales al pueblo que eligió un Gobernador, Comisionada Residente, y una mayoría Legislativa comprometida a resolver el estatus y adelantar la causa de la Estadidad. Eligieron un gobierno estadista con una plataforma que reconoce que la plena integración con EEUU, que será la principal herramienta para encaminar nuestro desarrollo socio-económico y atraer inversión, como sucedió con los territorios de Alaska y Hawái cuando se convirtieron en estados.

El pueblo votó por un gobierno que sostiene que “Nuestra condición colonial presenta serias limitaciones para el desarrollo socio- económico de PR y crea desigualdad en fondos federales entre PR y estados con población similar”; y que “PR carece de representación plena en la política pública y las decisiones a nivel federal que afectan nuestra economía, educación, salud, seguridad pública, infraestructura y gobernanza”.

Los compromisos de Rosselló sellaron el contrato con el pueblo. Su programa de gobierno “está firmemente vinculado a una transición hacia la Estadidad”. En ese sentido, Jennifer González enfatizó su compromiso “para conseguir la igualdad plena y acabar con la colonia”.
Apoyo la estrategia para “realizar un plebiscito de Estadidad o Independencia” y utilizar la Ley Pública 113-76 que asigna fondos federales para resolver el estatus y validado por PROMESA, como es el proyecto radicado por Rivera Schatz “Ley para la descolonización inmediata de PR” para celebrar el referéndum el 28 de mayo entre estadidad, independencia total, e independencia con libre asociación.

Otro compromiso fue radicar un proyecto en el Congreso para la Admisión de PR como Estado. El plebiscito abrirá las puertas para que el Congreso considere el proyecto para resolver el estatus, prometido por Rosselló y presentado por González, basado en la plataforma aprobada por del Partido Republicano que estipula “celebrar un referéndum ratificando la mayoría estadista del plebiscito del 2012 con anterioridad a un Acta de Admisión de PR como estado”.

Cuando el pueblo ratifique la Estadidad, si el Congreso no toma acción en un plazo razonable, debemos recurrir a otros mecanismos legales, incluyendo un plan para exigir que admitan el Estado de PR y certifiquen la delegación legislativa, electa de acuerdo a la Constitución.

El “Plan Tennessee” podría ser una ruta viable en el momento oportuno pero ello requiere desarrollar un “Plan PR”. Para que esa delegación sea representativa del pueblo de PR y aceptable al Congreso. La misma debe ser electa mediante un proceso que cumpla con la Constitución y la jurisprudencia electoral.

Los planes del PNP constituyen una buena estrategia para lograr la estadidad, establecer un periodo de transición para salir de la crisis y brindarle al Pueblo un estatus digno y soberano que garantice la ciudadanía americana y un mejor futuro para PR. En palabras de Rosselló: “Iniciemos el camino hacia la igualdad de derechos, justicia, dignidad y progreso para cada hijo d PR”

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Nuevo gobierno, razón para celebrar, Lunes 19 de diciembre, 2016

lunes, 19 de diciembre de 2016
Nuevo gobierno, razón para celebrar
Se acerca el final de una administración desastrosa que ha hundido a Puerto Rico en una terrible crisis. La realidad que no se puede ocultar: más del 50% de los municipios y el 48% de la población vive debajo de los niveles de pobreza y 38.1% de los hogares reciben asistencia nutricional federal-PAN.

Durante esta década se han mudado a los 50 estados más de 400,000 puertorriqueños buscando empleos, seguridad, igualdad de oportunidades y mejor calidad de vida, dejando atrás miles de casas y edificios cerrados o abandonados.

Más de 1.6 millones de personas dependen del programa de salud del gobierno, que en gran medida es financiado por ayudas federales-PAM. La salud de un millón de personas está en riesgo de quedarse sin cubierta médica cuando se agoten prematuramente los $6.4 billones que Obamacare asignó a Puerto Rico y que debieron haber durado hasta el año fiscal 2019. Se proyecta que el programa de salud tendrá que operar con un déficit de $1,200 millones anuales comenzando a fines del 2017.

El colapso social es evidente y la seguridad depende de las autoridades federales. Ocurre un promedio de alrededor de dos asesinatos diarios y la corrupción gubernamental destruye la confianza en las instituciones. Aparte de las pirámides de corrupción política, casos del Gran Jurado culminaron en el arresto del Alcalde de Gurabo por delitos de extorsión y soborno; dos policías por trasiego de drogas; 7 personas por malversación y robo de pagos del Seguro Social; y dos dueños de un plan médico por lavado de dinero y fraude.

Miles de pensionados dependen de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno que tiene un déficit de 40,000 millones y que se proyecta no tendrán fondos en el 2018 si el gobierno no toma medidas correctivas. La UPR opera con un déficit de $1,640 millones y una deuda a largo plazo de $596 millones.

El cuadro económico es tétrico: la deuda pública asciende a $140,000 millones. Cuando venza la moratoria del pago de los bonos no habrá fondos para la deuda ni para mantener al gobierno prestando servicios. Se proyecta otro déficit en junio y tampoco podrán pagar las deudas a los bonistas, las agencias y los suplidores, y para el 2018 no podrían pagar las pensiones o empleados públicos.

Las vistas públicas de los Comités de Transición han revelado información insospechada. El BGF tiene cerca de $3,500 millones de fondos federales congelados que no pueden usarse porque solo tiene $170 millones en caja. Queda al descubierto el repago de $188 millones al Fondo Rotatorio de Agua que se utiliza para infraestructura de agua potable y tratamiento de aguas sanitarias.

Según el presidente saliente del BGF, “la salida de decenas de miles de habitantes, impide el crecimiento de la economía”; y la “falta de liquidez en el gobierno dificulta la financiación de proyectos industriales”. Concurro en que la nueva administración tendrá queimplantar el “principio de austeridad fiscal de controlar los gastos no esenciales”, acabar con el derroche de fondos públicos y proceder con una reforma gubernamental abarcadora.

Rosselló se ha comprometido con una reforma de gobierno, reducción de gastos gubernamentales, alianzas público privadas y ajustar la reorganización del Departamento de Educación sin afectar “el plan de seguro de salud del gobierno, los pensionados y la Universidad de Puerto Rico”.

Planifica reducir los puestos de confianza y reducir los fondos vigentes para contratos gubernamentales. Su programa de gobierno tiene un fuerte compromiso para atraer la inversión privada y generar empleos porque “el desarrollo económico es su prioridad”.

Ante estos retos, nuestro pueblo comienza a expresar optimismo con el cambio de gobierno. Ahora, Puerto Rico luchará por la igualdad para resolver el estatus colonial y lograr un mejor futuro. Hay razones para celebrar la Navidad y el Año Nuevo con entusiasmo. ¡Felicidades!

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Estatus arrastra econimia

lunes, 5 de diciembre de 2016
El status arrastra la economía
Según avanza el proceso de transición entre la administración saliente y el comité del gobernador electo Ricardo Rosselló se hace evidente que PROMESA es imprescindible. El régimen actual fracasó en su obligación de administrar los fondos locales y federales disponibles para prestarle servicios al pueblo y promover el desarrollo económico.

Tampoco pagaron la deuda pública ni a suplidores, ni controlaron los gastos públicos o balancearon el presupuesto de acuerdo a ingresos reales. No protegieron el buen nombre, la credibilidad y el crédito de Puerto Rico.

Cuando venza la moratoria del pago de los bonos no habrá fondos para pagar $1,318 millones de la deuda ni para mantener al gobierno prestando servicios. En junio proyectan otro déficit de $3,036 millones para pagos de la deuda y fondos que usaron de otras agencias. Se estima que con una deficiencia de $6,000 millones tampoco podrán pagar una deuda de $1.5 billones a los suplidores ni el reintegro a los contribuyentes.

En febrero, el Tesoro federal afirmó que “el gobierno de Puerto Rico agotó sus fuentes de liquidez hace más de un año”. Proyectan que en el año fiscal 2018 no habrá recursos para pagar pensiones, reintegros, las deudas a los bonistas ni posiblemente los salarios de los empleados públicos.

Se estima que hay más de $3,500 millones de fondos federales congelados en el Banco Gubernamental de Fomento por Orden Ejecutiva, pero el banco solo tiene $170 millones en caja y no pueden usar los fondos federales para proyectos importantes aprobados, lo que obligará a algunas agencias federales a demandar al gobierno de Puerto Rico. Como consecuencia arriesgarían fondos federales vitales para la isla.

La Ley que creó la Junta establece que tiene la autoridad para revisar y aprobar presupuestos, gastos de operación y otras transacciones del gobierno. Para que la JSF certifique el plan fiscal, debe cumplir catorce requisitos, incluyendo: eliminar los déficits estructurales, presentar presupuestos balanceados sostenibles, lograr crecimiento económico, recuperar acceso a los mercados, financiamiento para los sistemas de retiro de los empleados públicos, y no depender de fondos federales adicionales inciertos.

La Junta rechazó el plan del gobernadorGarcía Padilla porque carece de reformas estructurales gubernamentales y ajustes del presupuesto necesarios, no detalla cómo pagaría y se reestructuraría la deuda, no promueve crecimiento y desarrollo económico, y no define metas, métricas y proyecciones para la próxima década.

García Padilla no cumplió con su responsabilidad y se negó a someter las enmiendas requeridas. Ante esa negativa, la Junta considerará las propuestas sometidas por Rosselló y procederá a certificar un plan fiscal final para el 31 de enero.

La Junta insiste que la crisis requiere soluciones a largo plazo, incluyendo la reestructuración de la deuda, dar impulso económico,controlar los gastos que no son esenciales y encaminar el aparato público hacia la eficiencia.

La Casa Blanca ha expresado que el status arrastra la economía. Administrar la colonia sin resolver el status le cierra a Puerto Rico las puertas a una planificación y política pública que cumplan con soluciones a largo plazo para la reorganización gubernamental, revitalizar la economía, promover el desarrollo económico y trabajar con el Congreso para lograr el trato de plena igualdad y paridad en los fondos federales.

Puerto Rico eligió un gobernador, comisionada residente y Legislatura estadistas y llegó el momento para enviarle un claro mensaje a la Junta, al Congreso y la Casa Blanca para que las acciones que tomen sean cónsonas con la voluntad del Pueblo puertorriqueño sobre su futuro político, especialmente la transición hacia la estadidad.

Conforme a la Ley del 2014 del Congreso que asignó fondos para un referéndum, se debe llevar a cabo un plebiscito entre la estadidad y la independencia y ratificar el voto del 2012. No hacerlo pronto en 2017, mantendría a Puerto Rico en el limbo político y sometería a nuestro pueblo a una crisis con consecuencias peores que la crisis actual.

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