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Discrimen geográfico– segunda publicación 07-17-2018

81. Discrimen geográfico y desigualdad política 13 de octubre, 2014
Hernán Padilla

Ante el debate sobre la ciudadanía americana que abruma el partido colonial, continuamos presentando información irrefutable sobre la historia legislativa del Congreso, cómo se nos concedió la ciudadanía americana y cuál era el compromiso del Congreso y la Rama Ejecutiva con Puerto Rico.

El trabajo del Juez Federal José A Cabranes, publicado en 1979 , es una joya de investigación que valida que la Ciudadanía Americana concedida a los puertorriqueños en 1917 es igual a la ciudadanía de cualquier ciudadano nacido en un Estado, tan pronto un puertorriqueño se muda a un estado.

El profesor, Dr. Manuel Gómez, en un artículo que analiza y reseña el trabajo del Juez Cabranes, concluye que la “desigualdad” es resultado del “discrimen geográfico” contra los ciudadanos estadounidenses residentes en el territorio colonial, denominado “Estado Libre Asociado”.

Dicho “discrimen geográfico” se hace patente en el informe RL30257 del “Congresional Research Service” que sostiene que los ciudadanos nacidos en Puerto Rico son ciudadanos naturales por nacimiento y hasta pueden ser electos Presidente de los Estados Unidos.

Concurro, el discrimen no es contra el ciudadano individual, sino un discrimen geográfico colectivo que nos niega la igualdad de derechos constitucionales y que desaparece con meramente relocalizarse a cualquier Estado.
El proceso de concedernos la ciudadanía americana comenzó aproximadamente 17 años antes de que se aprobara el Acta Jones en febrero del 1917. Según reseña Cabranes, el Senador Foraker presentó legislación para concederle la ciudadanía a los puertorriqueños.

En el Tratado de Paris, las Filipinas y Puerto Rico eran solo “posesiones”. Cabranes sostiene que el Congreso soslayó el término “territorial” de la Constitución, al tratar a los territorios como “posesiones o dependencias” sin compromiso alguno de ciudadanía o anexión.

En el 1916, cuando se decidió que las Filipinas se convertirían en una nación independiente y que Puerto Rico sería tratado como parte de Estados Unidos se nos ofrece la ciudadanía americana a todos los puertorriqueños. Además, Cabranes sostiene que la naturalización colectiva de los puertorriqueños en e1917 marcó un punto culminante en el desarrollo político de Puerto Rico.

Las deliberaciones del Proyecto Jones resaltaron la visión política de la Isla. Luis Muñoz Rivera dijo que aunque prefería la independencia, eso era una cuestión de sentimientos, pero que el pueblo de Puerto Rico aceptaría la Estadidad. “Yet, if you tender statehood now, I, in the name of my people, accept statehood”.

Entiende Cabranes que la propuesta para la ciudadanía fue endosada por Muñoz Rivera, entonces Comisionado Residente, para lograr una “ley más liberal para el gobierno de Puerto Rico”, demostrando nuevamente que su sueño de independencia era solo una “cuestión de sentimientos”.

El Congreso abrió las puertas para que la Isla fuese parte de los EEUU “para siempre”, cuando en el 1917 el destino de nuestro pueblo se convirtió en parte del destino de los Estados Unidos al aceptar voluntariamente la ciudadanía americana.

La ciudadanía no se impuso. Se le ofreció a los 1,200,000 residentes de Puerto Rico y solo 288 la rechazaron. Importante consignar que Muñoz Rivera la endoso, y Luis Muñoz Marín, José de Diego y Pedro Albizu Campos NO la rechazaron.

Así, según Cabranes, se constituyó una ciudadanía de segunda clase sin expectativas de igualdad que perpetúa un estatus colonial. El discrimen geográfico contra Puerto Rico y sus habitantes, y la desigualdad política bajo el ELA- territorial violenta el derecho a la igualdad de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.

Puerto Rico aspira a un futuro mejor sin tener que mudarse a un Estado para disfrutar de todos los derechos constitucionales y civiles que tienen nuestros conciudadanos. Para lograrlo, urge remover los obstáculos que impiden solucionar el estatus dentro del marco constitucional federal para el bien de todos los puertorriqueños, y un futuro lleno de esperanzas para las próximas generaciones.

Adenda

No cabe la menor duda que el discrimen geográfico afecta a todos y cualquier ciudadano de los Estados Unidos que se mude y es residente en Puerto Rico, sin importar dónde haya nacido, sea natural o naturalizado. Para los que nacieron en los cincuenta estados y se mudan a Puerto Rico, hasta cierto punto es “reverse discrimination”. Pierden sus derechos políticos una vez establecen residencia en Puerto Rico.

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Hay que ponerle fin al choque politico, lunes 16 de julio, 2018

lunes, 16 de julio de 2018
Hay que ponerle fin al choque político
Las diferencias entre la Junta de Supervisión Fiscal, el gobierno y la Legislatura amenazan el futuro, la seguridad, la estabilidad y la vida en Puerto Rico. El 30 de junio, la Legislatura aprobó un presupuesto de $8,709 millones y no derogó la Ley 80 que había requerido la Junta como parte de un acuerdo con el gobernador Ricardo Rosselló. Esa misma noche, la Junta revocó el acuerdo y certificó su propio presupuesto para 2018-19, lo que intensificó las diferencias.

Según el plan fiscal certificado, los ingresos proyectados por la Junta son $8,458 millones, $251 millones menos que la proyección de la Asamblea Legislativa.

Entre múltiples cambios y ajustes hechos al presupuesto aprobado por la Legislatura, el presupuesto certificado incluye recortes por $345 millones: cancela los fondos para el bono de Navidad de los empleados públicos, $25 millones de la Universidad de Puerto Rico y $50 millones de los municipios. El Departamento de Educación recibe una asignación para los aumentos salariales pero tendrá un presupuesto menor total por $59 millones. El Departamento de Salud recibe $16.8 millones menos, pero la partida para los CDT se queda igual. Asimismo, se redujo el presupuesto del Departamento de Hacienda, del Cuerpo de Bomberos, la Policía, la Oficina del Gobernador y la Asamblea Legislativa.

Aun así, la Legislatura ni la Junta incluyen fondos para pagar la deuda según dicte la Corte de Quiebras federal. La analista Cate Long criticó que se haya aprobado un presupuesto que parece no tener ningún servicio de la deuda para el año fiscal 2019.

Además, la Junta señala que la Legislatura no incluyó fondos para el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia ($296 millones) que están en el Banco Gubernamental de Fomento; $120 millones para el pago atrasado a la Policía; fondos suficientes para una reserva de $130 millones (asignaron solo $97 millones). Ante estas diferencias, la Junta requiere que el gobierno entregue la proyección trimestral de ingresos y gastos; y retenga 5% de cada asignación hasta el cuarto trimestre, sujeto a la certificación de los ingresos del primer trimestre.

A pesar de que Rosselló dijo que cualquier litigio crearía un ambiente de incertidumbre negativo para Puerto Rico, que respetaba la determinación de la Junta de recortar el presupuesto ante el rechazo del Senado de acatar el acuerdo al que habían llegado para derogar la Ley 80, y que la ley Promesa es bien específica sobre el poder que tiene la Junta con el presupuesto, el gobierno demandó al ente federal en la Corte federal. Basa la demanda en “intentos ilegales de usurpar los poderes políticos y gubernamentales para determinar política pública y política administrativa” y solicita que la jueza Laura Taylor Swain establezca qué presupuesto prevalece.

Simultáneamente, la Legislatura demandó a la Junta en el Tribunal Federal, alegando que usurpó ilegalmente el poder dela Asamblea Legislativa sobre el presupuesto y hacer recortes por no haber derogado la Ley 80. Solicitó un “injunction” contra la implementación del presupuesto de la Junta.

La Junta contestó que “el presupuesto aprobado y certificado por el organismo federal, el pasado 30 de junio, es cónsono con el plan fiscal certificado y con el estatuto federal, y que se defenderá enérgicamente contra cualquier demanda que intente frustrar la ejecución del presupuesto y el plan fiscal”.

Rosselló admitió que la demanda podría implicar un gasto de decenas de millones de dólares al mes en servicios legales, pero aseguró que se trata de la defensa de las prerrogativas del gobierno electo de Puerto Rico. La jueza Taylor Swain aprobó una solicitud del gobierno para acelerar el proceso y que los argumentos de las partes se debatan en una audiencia el 25 de julio.

Hay que ponerle fin al choque de poderes políticos, la quiebra fiscal y la parálisis del desarrollo económico. Es preciso reconocer que la falta de igualdad, la inferioridad política bajo el Estado Libre Asociado colonial y las pobres decisiones de política económica del pasado son las razones principales para que la isla no pueda prosperar y lograr un futuro de progreso y seguridad.

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Hispanos impulsaron la natalidad en Estados Unidos entre 2011 y 2015

Los hispanos impulsaron la natalidad en Estados Unidos entre 2011 y 2015
Dicho grupo representan ahora el 18.1 % del total de la población estadounidense
miércoles, 11 de julio de 2018 – 12:09 PM
Miami – Los hispanos fueron el grupo de población más fecundo en Estados Unidos en el periodo 2011-2015, con una diferencia de hasta 5 puntos respecto a otros grupos, según un estudio sobre natalidad divulgado hoy por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Para realizar el estudio se entrevistó a 11,300 mujeres de 15 a 44 años y a 9.321 hombres de las mismas edades en todo el país.
El 62.1 % de las mujeres y el 49.8 % de los hombres hispanos dijeron haber tenido hijos biológicos entre 2011 y 2015.
Tanto las hispanas como las hispanos llevan la delantera al siguiente grupo de población con más nacimientos en el periodo mencionado, los afroamericanos, que registraron porcentajes de 57.1 % y 46.6 %, cinco puntos y 3.2 puntos menos que los latinos.
Las mujeres blancas y asiáticas que dijeron haber tenido hijos entre 2011 y 2015 fueron un 53 % y un 48.9 % del total de sus respectivos grupos, mientras que los porcentajes para hombres blancos y asiáticos fueron 42.3 % y 35.6 %.
Entre las mujeres en general que dijeron haber tenido hijos, un tercio solo había tenido uno en el momento de la entrevista, cerca de otro tercio tuvo un segundo dentro de los 36 meses del primer nacimiento, y un tercio tuvo un segundo hijo más de 36 meses después del primero.
En promedio, según el estudio, basado en datos de la Encuesta Nacional de Crecimiento Familiar (NSFG, en inglés), las mujeres tuvieron 1.2 hijos biológicos y los hombres 0.9 en 2011-2015.
La encuesta evidenció que, en general, el 85 % de las mujeres de 40 a 44 años había dado a luz durante ese periodo y que el 80.4 % de los hombres en ese mismo rango de edad había tenido un hijo.
El estudio muestra que las personas con mayor nivel de estudios tienen menos hijos y que lo mismo ocurre con las que tienen un mayor nivel de ingresos.
Por ejemplo, el 80.7 % de mujeres que terminaron la secundaria o con un diploma de educación general (GED) alguna vez tuvo un hijo en comparación con el 53.8 % de las mujeres con una licenciatura o estudios superiores.
El 75 % de mujeres con ingresos familiares inferiores al 150 % del nivel de pobreza federal tuvieron un hijo frente al 54 % de aquellos con ingresos del 300 % o más que dicho índice.
Por otro lado, la edad promedio del primer nacimiento fue de 23.1 años para las mujeres y de 25.5 para los hombres.
Entre las mujeres, un 31.2 % de los primeros nacimientos ocurrieron durante la adolescencia y el 54.5 % entre los 20 y los 29 años.
Mientras, entre los hombres, los que fueron padres por primera vez durante la adolescencia representan el 13.8 % del total. El 63.1 % se convirtieron en padres entre los 20 y los 29 años.
Estos datos, señala el informe, mantienen la tendencia marcada en el periodo inmediatamente anterior estudiado, entre 2006 y 2010, en el que también se comprobaban las diferencias en las “tasas de natalidad y el momento del nacimiento” entre hispanos y el resto de las razas y etnias presentes en el país.
Esto ha llevado a que la población hispana en Estados Unidos alcanzase en 2017 los 58.9 millones de personas, lo que significa un crecimiento del 2.17 % respecto al año anterior, según las últimas estimaciones del Censo estadounidense publicadas a finales de junio pasado.
La cifra de 2017 representa un fuerte incremento respecto a los 50.8 millones de 2010, los 35.7 millones de 2000, los 22.6 de 1990 y los 9,6 de 1970.
En términos generales, los latinos representan ahora el 18.1 % del total de la población en EE.UU., principalmente debido al aumento natural, es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones.

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Unidad para resolver el estatus, lunes 2 de Julio 018

lunes, 2 de julio de 2018
Unidad para resolver el estatus
Ante la crisis fiscal, la quiebra del gobierno, falta de igualdad e inferioridad política, urge resolver la indefinición del estatus de Puerto Rico.

El gobernador Ricardo Rosselló reafirmó su compromiso con la descolonización de Puerto Rico. Enfatizó que en los últimos 25 años se han llevado a cabo cuatro consultas de estatus y que en los últimos dos plebiscitos el pueblo rechazó el estatus colonial y reclamó la igualdad de derechos con la estadidad.

El Partido Nuevo Progresista (PNP) rechaza la continuidad de la colonia y reclama la igualdad de derechos que disfrutan nuestros conciudadanos en los 50 estados. Esto solo se logra mediante la admisión de Puerto Rico como estado. La estadidad es el único status político que preserva y garantiza constitucionalmente la ciudadanía americana para la presente y futuras generaciones.

La independencia reteniendo la ciudadanía americana no es y nunca será una opción constitucional para los ciudadanos de EE.UU. residentes en Puerto Rico. Mientras que el gobierno federal ha rechazado la libre asociación por ser otra forma de independencia y una nación independiente. Como tal, pondría en riesgo la continuidad de la ciudadanía americana.

Ante la necesidad de intensificar la búsqueda de soluciones a largo plazo para lograr un desarrollo económico sostenible y brindarle a Puerto Rico la igualdad que merece y reclama y crear las condiciones para no tener que migrar hacia los 50 estados, urge unidad de propósito para resolver el estatus.

Complace que nuestra Comisionada Residente, Jennifer González, presentara una petición formal y un Acta de Admisión, coauspiciado por 37 congresistas, para que el Congreso considere aceptar a Puerto Rico como Estado. Una vez aprobado comienza la cuenta regresiva para lograr plena igualdad y ser estado de la Unión.

De aprobarse sin enmiendas o dilación, el proyecto dispone crear un Comité y un Proceso de Transición que someterá un informe con recomendaciones en o antes de los 270 días de su nombramiento; y que no más tarde del 1 de enero de 2021, el Presidente emitirá una Proclama declarando que Puerto Rico será admitido como Estado.

Reconozco que será muy difícil que el Congreso tome acción en lo que resta del 2018. Aun así, felicito a Jenniffer González por su iniciativa. Su trabajo dejará sentadas las bases para radicar la petición y Acta de Admisión otra vez ante el nuevo Congreso en enero del 2019. La elección congresional en noviembre podría tener un impacto todavía indeterminado. Veremos debates por razones políticas-partidistas entre los miembros del Congreso; y la situación económica y el cumplimiento con la Ley Promesa podrían provocar cambios o enmiendas, pero estoy convencido que vamos por el camino correcto para lograr la estadidad.

Aunque el proyecto establece que cuando se someta el Informe de Transición Puerto Rico deja de ser un territorio no incorporado y se convierte en territorio incorporado, parafacilitar dicho proceso, el Congreso debe reconocer a la isla como un territorio incorporado inmediatamente.

La discusión de la no incorporación vs la incorporación de los territorios lleva muchas décadas, incluyendo las decisiones del Tribunal Supremo federal de Downs vs Bidwell del 1901 y Balzac vs Porto Rico, en 1922, que dictó que Puerto Rico era un territorio no-incorporado y que la Constitución no aplicaba a los territorios en la misma extensión que en los Estados y excluyó a los puertorriqueños —ciudadanos americanos en Puerto Rico— de la igual protección de la Constitución.

En los últimos dos años, Puerto Rico ha estado en la mirilla del Congreso. Las agencias federales, congresistas, jefes de agencias, y hasta el Presidente nos han visitado. La prensa nacional ha mantenido a Puerto Rico en la discusión pública y personas como Benicio del Toro han explicado la desigualdad inherente a la falta de representación del país ante el gobierno federal.

Felicito nuevamente a Jenniffer González por su proyecto y a Ricardo Rosselló por traer el estatus de Puerto Rico a la atención del Presidente Trump, a quien le recordó que “queremos que se valide la voluntad democrática de Puerto Rico convirtiendo al territorio colonial en el estado 51”.

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Admision de un Estado Hispano

Admisión de un estado hispano publicada 05/14//12

Aunque el inglés es el idioma publico-cotidiano en el cual se vive y desarrolla comercial y públicamente un estado federado, la cultura y nuestro vernáculo, de los cuales nos sentimos orgullosos, son rasgos positivos para nuestro ingreso a la Unión. Ya existen varios estados con origen y ancestro hispano (Colorado, Montana, Nuevo México, Arizona, Texas. Florida y California).

En su mensaje de Presupuesto, el Gobernador dijo: “nuestra visión para un futuro de oportunidades para nuestros niños está anclada en el convencimiento de que para poder alcanzar sus sueños es fundamental que dominen perfectamente no sólo las destrezas básicas de matemáticas y ciencias, sino también el español y el inglés. …es un asunto de igualdad de oportunidades para Todos nuestros niños”.

Se comprometió a implantar el abarcador programa “Generación
Bilingüe para lograr que en un plazo de diez años todos y cada uno de los niños que se gradúan de escuela superior en Puerto Rico sean perfectamente bilingües, con pleno dominio de ambos, el español y el inglés”.

Cabe reafirmar que la falta de dominio del inglés perjudica a la juventud puertorriqueña, graduados de escuelas y/o universidades cuando solicitan empleos.

Por otro lado, la Constitución de los Estados Unidos de América provee los mecanismos para que Puerto Rico haga la transición y se convierta en un estado de la unión. La consecución de la estadidad está enmarcada en el proceso político, en el respaldo de los grupos y esferas de poder a nivel local y nacional, en la voluntad del Congreso y del Presidente y en una política pública presidencial respaldando la estadidad.

De estos emana la gran importancia del próximo plebiscito para iniciar finalmente el proceso de activismo político hacia una petición de admisión como estado de la Unión. Si la mayoría en Puerto Rico respalda la estadidad, nada ni nadie podrá impedirlo, aunque podrían intentar retrasarlo.

Una vez la mayoría de los puertorriqueños respalde la estadidad, Puerto Rico debe solicitar su admisión como Estado. Si fuera necesario, Puerto Rico, por su cuenta, elegiría dos Senadores y cinco Congresistas y los enviaría a reclamar sus posiciones como representantes electos por Puerto Rico, para que sean reconocidos oficialmente como miembros de igual rango en el Congreso, tal como lo hizo Tennessee cuando pidió admisión como Estado. Esa estrategia se conoce como el “Plan Tennessee”.

Anticipamos que el proceso conllevará negociaciones sobre las condiciones y periodo de transición que requieran el Congreso y Puerto Rico, pero el Congreso no puede rechazar la estadidad, porque nuestra aspiración constituye el reclamo y la lucha por lograr la igualdad de los derechos civiles de sus conciudadanos americanos en Puerto Rico.

De la misma manera que con otros estados que han ingresado a la unión, el Congreso dentro del marco constitucional podría imponer ciertas condiciones para ingresar, tales como un proceso de transición económica organizado y la enseñanza de inglés en las escuelas públicas (como fue la experiencia en Nuevo México, Arizona y Oklahoma).

Por nuestra parte, como estado, la Constitución le garantizaría a Puerto Rico el poder y la autonomía para el inglés y el español como idiomas oficiales, tal como dicta la Constitución de Puerto Rico. No podemos ignorar que la experiencia de más de un siglo durante el cual nos hemos integrado y somos parte de la cultura americana, nos demuestra que Puerto Rico ha podido mantener su cultura, costumbres, idioma e idiosincrasia bajo la bandera americana.

Puerto Rico ingresaría como estado caribeño-antillano bilingüe a los Estados Unidos para que continúe enriqueciéndose como nación y como pueblo. La Constitución, la bandera mono-estrellada sobre un fondo azul y el himno del Estado de Puerto Rico… “La Borinqueña” de don Manuel Fernández Juncos, continuarían distinguiéndonos como pueblo puertorriqueño.

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Responder al informe del GAO, lunes 18 de junio, 2018

Responder al informe del GAO, lunes 18 de junio, 2018
Hernan Padilla

En 2014, se encomendó al Government Accountabilitty Office (GAO, por sus siglas en inglés) evaluar el efecto que tendría la admisión de Puerto Rico como Estado, y su impacto sobre los gastos e ingresos en el Tesoro federal, así como el efecto que la estadidad tendría sobre la economía y las finanzas públicas estatales.

Los hallazgos reafirmaron que los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico no disfrutan de la igualdad de derechos, oportunidades, beneficios y responsabilidades que sus conciudadanos en los 50 estados.

En abril de 2018, el GAO sometió un nuevo informe: “Puerto Rico, Factors Contributing to the Debt Crisis; Potential Federal Actions to Address Them”. Felicito a Carlos Mercader, director ejecutivo de PRAFA, por su contestación detallada a todos los puntos críticos. Sin embargo, difiero de su defensa de la triple exención de los bonos municipales, que ha sido un factor que promueve una deuda excesiva.

El Gobierno de Puerto Rico reconoce que durante décadas incurrió en prácticas, decisiones de política pública y fracasos que afectaron la condición fiscal y la deuda. El gobernador Ricardo Rosselló ha demostrado su compromiso para corregir esas situaciones, estabilizar las finanzas y encaminar a la isla a una revitalización sostenible. Presentó un plan fiscal y la visión del modelo socioeconómico, pasos para reestructurar la economía y las finanzas públicas, así como múltiples reformas para fortalecer y reconstruir al país.

El GAO debe reconocer que todas las reformas van dirigidas a corregir los factores que contribuyeron a la deuda. Se han tomado acciones específicas para corregir la administración y la falta de supervisión adecuada sobre las finanzas, así como eliminar las prácticas de sobreestimar ingresos y permitir gastar más que los presupuestos autorizados. El gobierno ha establecido políticas para no tomar prestado y balancear el presupuesto; atender las deficiencias de los sistemas de retiros y asignar los fondos para los servicios de salud, entre otros.

También debe reconocer el GAO el impacto que han tenido los factores externos al gobierno que contribuyen a la deuda, especialmente leyes y reglamentos federales y la estructura constitucional y no democrática que se aplica al territorio colonial, una de las raíces de problemas económicos que nos afectan.

Bajo el estatus territorial, el Congreso nos da un trato desigual cuando aprueba leyes y programas. Puerto Rico no cuenta con el mismo respaldo que reciben los gobiernos de los 50 estados.
Hay políticas discriminatorias que inciden en la baja calidad de vida. Son contrarias a los estándares en los estados. Estas condiciones ocurren en un marco de leyes y políticas que discriminan contra los ciudadanos americanos solo por el lugar donde residen. El gobierno federal debe proveer plena igualdad a Puerto Rico.

La manera justa, legal e inexpugnable constitucionalmente para ello es reconocernos como territorio incorporado ahora. La incorporación daría un impulso a los puertorriqueños y a nuestra economía que afincaría el proceso de la admisión como estado con sus consiguientes derechos políticos.

La fuga poblacional se vincula a que miles de ciudadanos que residen en la isla buscan trato igual bajo las leyes y programas federales, y aspiran a tener los mismos derechos constitucionales, voto y representación en el gobierno federal. Miles se mudan en busca de seguridad, servicios de salud, educación, poder del voto e igualdad de derechos ciudadanos.

El Congreso debe actuar para resolver el estatus. Extender la condición inferior, indignante y fracasada será obstáculo para el desarrollo económico, la reconstrucción y la recuperación fiscal y demográfica del país.

El experimento político de seis décadas de subdesarrollo colonial fracasó. Mientras nos mantengan bajo el actual modelo político-económico, la isla seguirá hundiéndose. Urge que cuenten con nosotros en el esfuerzo común de rescatar a Puerto Rico del precipicio fiscal y el colapso social, político y económico. Para comenzar, hay que garantizar a los puertorriqueños en la isla los mismos derechos y oportunidades que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados.

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Sin reformas, no hay futuro, lunes 4 de junio, 2018

Sin reformas, no hay futuro
Hernán Padilla
Puerto Rico está en quiebra, la deuda es de sobre $70 billones, las pensiones tienen un déficit actuarial de $50 billones, el desarrollo económico se ha paralizado desde el inicio de la depresión del 2006, los huracanes del 2017 destruyeron la infraestructura y se necesitan billones para reconstruir y levantar la Isla. El Congreso aprobó la Ley PROMESA y creó la Junta de Supervisión Fiscal para sacar a PR de la quiebra fiscal y el barranco económico.

El proceso ha requerido nuevos enfoques administrativos y reformas estructurales del gobierno que han provocado choques con el Congreso, Casa Blanca, la JSF, la Legislatura y el Ejecutivo de PR. No existe gobierno perfecto, ni absoluta unanimidad cuando se toman decisiones complejas. Ejemplo: el debate sobre la derogación de la Ley 80. La Junta considera que la Ley 80 interfiere con el desarrollo económico de la Isla.

Rosselló y Carrión llegaron a la conclusión de que es necesario dialogar, rompieron el tranque y presentaron acuerdos. La Ley 80 parece ser un obstáculo, pero la Junta aprobó el nuevo Plan Fiscal sometido por el Gobernador.

La Ley 80 tiene más de cuatro décadas. La misma garantiza que un empleado de la empresa privada despedido sin justa causa luego del periodo probatorio sea compensado con una mesada o indemnización. La Ley actual justifica el despido de un empleado por conducta impropia o desordenada, patrón de trabajo deficiente o negligente, violar reglas repetidamente; así como cierre temporal o parcial, reorganizaciones y reducciones de empleo por parte del patrono

No existe una Ley similar en 49 Estados, excepto en Montana que tiene una ley parecida. En Puerto Rico tenemos muchas otras leyes estatales y federales que protegen a los empleados sin necesidad de la Ley 80. Entre ellas está la Ley 100 que prohíbe el discrimen por raza, color, sexo, origen social o nacional, y afiliación política. También hay leyes para proteger al empleado contra represalias, proteger a las Madres Obreras licencia por maternidad, Jornada de Trabajo y salario mínimo; y entre las leyes federales están: ADA, Equal Employment Opportunity Act, Equal Pay Act y Fair Labor Standards.
La JSF envió un extenso documento a la Legislatura con información sobre la Ley 80, enfatizando que se requieren cuatro reformas adicionales para rescatar a PR del precipicio económico: reforma educativa desde Kinder hasta cuarto año; la permisología para hacer negocios en la Isla; reforma energética; e infraestructura y la inversión de capital

Luego de una serie de reuniones, Rosselló y la JSF anunciaron que acordaron derogar la Ley 80 que aplica a la empresa privada con efectividad en enero, 2019. Será efectiva solo para cesantías que ocurran después del 1 de enero. Rosselló sostuvo que “con este cambio se asegura que no se afecten quinientos mil trabajadores con la eliminación del bono de navidad y la reducción de días por enfermedad y vacaciones”, ni poner en precario los fondos de desarrollo económico, entre otros.

El acuerdo, hecho público y avalado por la Junta, garantiza los $78 millones ya aprobados para este año, y $50 millones anuales para los municipios, $25 millones para becas para la UPR, aumentos salariales para los maestros y comprar libros y materiales para las escuelas públicas.

Igualmente importante ha sido que el acuerdo permite el Nuevo Modelo Contributivo, reducir el impuesto el IVU de alimentos preparados y eliminar el impuesto Business to Business-B2B; una asignación de $345 millones para desarrollo económico; y pagar del presupuesto general el 100% de las pensiones.

Respaldo la política pública de que los incentivos a las empresas deben ser para generar empleos y con beneficios y rendimientos medibles para PR. Con ese propósito, Rosselló sometió un proyecto para un Código de Incentivos para reestructurar el proceso para conceder y fiscalizar los incentivos. El secretario del DDEC, Manuel Laboy proyecta que con la implementación del Código generará ahorros que ayudarán a financiar el nuevo modelo contributivo que reduce las contribuciones a todos los individuos y las corporaciones”

¡Que vengan los cambios! He llegado a la conclusión que sin reformas no hay futuro.

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Abren camino al dialogo, lunes 21 de mayo, 2018

Abren camino al dialogo, lunes 21 de mayo, 2018
Hernán Padilla

El informe del General Accountability Office (GAO) ordenado por el Congreso cuando se aprobó la ley PROMESA es un documento de gran importancia en estos momentos cuando se discute el colapso de la economía, la quiebra fiscal del gobierno, una deuda pendiente de $70.000 millones más $50.000 millones en pensiones sin financiación, mas de $1.500 millones vencidos desde agosto del 2015 y el efecto sobre la economía y la capacidad para pagar la deuda tras los huracanes Irma y María. Más aún, Puerto Rico no proporcionó consistentemente estados financieros auditados de los bonos municipales de manera puntual”.

El informe titulado: “Puerto Rico: Factores que Contribuyen a la Crisis de la Deuda y Posibles Medidas del Gobierno Federal para Abordarlos”, resaltó los déficits anuales persistentes, gastos que superan los ingresos, y el uso de préstamos para pagar por los déficits. Entre las principales razones identificaron prácticas inadecuadas de gestión fiscal y pobre supervisión de parte del gobierno, tal como presupuestos inflados, gastos más allá de las asignaciones legislativas, préstamos para equilibrar el presupuesto y no tomar acción para corregir la insuficiencia de fondos para gastos operacionales y los sistemas de retiro, entre otras.

Indica que la ley federal sobre triple exención contributiva a los bonos de PR promueve una gran demanda entre los bonistas y facilita al gobierno financiar los déficits con nuevos préstamos. Para evitar esa situación, el informe sugiere se considere modificar la exención de impuestos a dichos bonos y requerir que los inversionistas que residen fuera de PR estén sujetos a impuestos locales y estatales, pero a la vez reconocen que podría limitar la demanda por bonos para inversiones de capital.
El informe señala que la prolongada contracción económica está relacionada a la pérdida poblacional, migración de la fuerza laboral, fuga de talento, y el alto costo de la importación de mercancías y fuentes de energía.

Esta corta introducción nos lleva a examinar la gestión para acelerar la solución de los conflictos para así estabilizar y modernizar a PR y brindarle un mejor futuro.

La Directora Ejecutiva de la Junta, sostiene que es mejor para PR y los acreedores reestructurar y equilibrar la economía, dejar atrás el Título III de PROMESA y tener lo antes posible con un plan final del proceso de quiebra para evitar los costos legales de 75 demandas judiciales en contra el gobierno y para que PR logre un buen crédito y logre acceso al mercado de bonos.

La Junta informó al Gobernador que el presupuesto sometido por él viola el plan fiscal. La comunicación enfatiza que solo se sometió el presupuesto del Fondo General que representa el 40% del presupuesto consolidado de $21,000 millones y no incluyen referencia a 60% de las operaciones del gobierno. Además expresa que el presupuesto sometido tiene un déficit de $200 millones; no presentó las asignaciones del gobierno para la Administración de Seguros de Salud, las reservas adicionales más allá de la de emergencia de $130 millones en el plan fiscal, ni los fondos para la regionalización de servicios, entre otras.

Complace que el Gobernador Rosselló se reuniera con el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, y los Presidentes del Senado y la Cámara de Representantes para continuar la discusión sobre la situación fiscal de la Isla. Ha convocado una sesión permanente de diálogo y estuvo en conversaciones con varios miembros de la junta y participó en una reunión con la Junta en NY. Como resultado, Jennifer González solicitó a la Junta que no insista en la reforma laboral y recortes a las pensiones.

Según Ramón Rosario, “aquí hay un tranque evidente”. Dialogar es una buena iniciativa. Es necesario conversar y buscar soluciones a las diferencias y evitar confrontaciones legales en la Corte Federal. Resuenan sus palabras: “Tener un tranque y no tener diálogo a quien único termina afectando es a los puertorriqueños”. Me alegra que Rosselló busque acuerdos con la Junta. Solicitó y logró posponer la fecha para entregar un presupuesto enmendado. Abrieron el camino al diálogo. Hay que saberlo caminar.

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Puerto Rico no es Detroit; lunes 7 de mayo, 2018

Puerto Rico no es Detroit; lunes 7 de mayo, 2018
Hernán Padilla
Cada día se complica más la relación entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal. Mientras tanto, se informa que la Ciudad de Detroit acaba de ser liberada de la Junta que supervisaba las finanzas desde el 2013.

Existen diferencias legales, constitucionales y fiscales entre Detroit y el territorio colonial de Puerto Rico. Detroit ha estado bajo supervision federal o estatal desde el 1977. En el 2013, el gobierno estatal nombró la Comisión de Supervision Fiscal Estatal, limitó los poderes de la Legislatura Municipal y Alcalde y logró la reestructuración de la deuda pública de $7 billones. Detroit se acogió al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal y salió de la bancarrota en el 2014.

Cuando la Ciudad sometió tres Auditorias Fiscales certificadas con un presupuesto balanceado, la Comisión Estatal dio por terminada su intervención y la Ciudad recuperó su autonomía fiscal. La Comisión Estatal continuará monitoreando la estabilidad fiscal de la Ciudad por diez años y podría tomar acción si ocurre algún déficit. “Moody’s’” estableció la capacidad crediticia de Detroit como B1 con una proyección positiva. La Ciudad ha creado un fondo para comenzar a pagar las deudas y hacer aportaciones a las pensiones.

En cuanto a Puerto Rico se refiere, todos conocen que cuando la clasificación crediticia del gobierno central, el BGF y las corporaciones públicas fue degradada a chatarra, García Padilla declaró que la deuda era impagable, pero olvidó que el ELA colonial no tiene autoridad legal para solicitar protección bajo el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal. El gobierno fracasó para manejar la crisis fiscal y el Congreso solicitó estados financieros auditados e informes sobre las finanzas de Puerto Rico, su plan para reducir el gigantismo gubernamental, reestructurar las corporaciones públicas, operar con un presupuesto balanceado y reducir sus gastos.

Ante el colapso, el Gobierno de PR solicitó a;l Congreso la protección de la quiebra que obligó al Congreso a aprobar la Ley PROMESA y una junta independiente con poderes y autoridad para supervisar las operaciones del gobierno, reestructurar la deuda y ayudar a que la isla tenga acceso al mercado de bonos. La Junta no es una agencia federal, pero tiene autoridad para aprobar y certificar los planes fiscales y los presupuestos sometidos por el gobernador y la Legislatura.

Al comenzar las discrepancias entre el gobierno de PR y la Junta, la Juez Laura Taylor Swain intervino y decidió que la Junta no tenía autoridad para nombrar un síndico en la AEE. Basado en esa decisión, el Gobernador sostuvo que la Junta no tiene poder sobre el gobierno y que la administración pública se mantiene bajo el gobierno electo.

Detroit es una ciudad con una población menor que la de Puerto Rico, un territorio colonial que aspira a ser estado. Ambos han sido afectados por el desplome de la economía y la quiebra fiscal de su gobierno. Detroit está sujeto a una Junta de Supervisión Fiscal Estatal y en Puerto Rico a la Junta Fiscal fue creada por el Congreso.

Detroit se sometió al proceso, hoy celebra que ha salido de la quiebra y tiene un futuro prometedor. Puerto Rico apenas comienza el proceso, aún no se ha reestructurado la deuda y se cuestionan los poderes de la Junta que tendrán que definirse en la Corte federal,

Ramón Ponte, Presidente del Colegio de Contadores Públicos, sostiene que se critican las medidas de austeridad como si fueran opcionales e ignoramos la raíz del problema. Por años, nuestros gobiernos gastaron por encima de nuestros ingresos, tomaron prestado para cubrir los déficits. Los recortes de gastos son consecuencia de la falta de recursos y de acceso a los mercados de capital. No podemos gastar lo que no tenemos. Las obligaciones con bonistas y pensionados son enormes.

Concurro con Ponte: “Las reformas estructurales que el gobierno impulsa son necesarias. Enfoquemos la discusión en mejorar las propuestas. Tenemos que transformar el gobierno”. Por Puerto Rico, urge reestructurar, acordar, presupuestar, reservar fondos y comenzar a pagar las deudas negociadas.

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LAS CONDICIONES PARA LEVANTARNOS, LUNES 23 DE ABRIL, 2018

Las condiciones para levantarnos
Reitero mi reclamo: “urge mayor comunicación y negociación formal e informal entre el Gobierno, la Junta y el Congreso. En entrevista para El Nuevo Día, la Comisionada Residente dijo que “ésta pelea del gobernador, la Junta Fiscal, y la capital federal lo que puede hacer es alejar la obtención de fondos, las relaciones federales, el que siga fluyendo el dinero a Puerto Rica y cómo se desembolsa”.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) insiste en recortes adicionales, el gobierno se opone a las recomendaciones y la Legislatura no aprobará las reducciones. La JSF implica que la jueza Taylor Swain tendrá que resolver el impasse.

El gobernador Ricardo Rosselló dijo que el proyecto de presupuesto para el 2018-19 no se había radicado porque la JSF no había certificado los planes fiscales del Gobierno, las autoridades de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Energía Eléctrica (AEE), Carreteras y Transportación (ACT), así como de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Corporación de Supervisión y Seguros de Cooperativas (COSSEC) con las asignaciones y datos necesarios.

El gobierno central necesita la colaboración de la JSF, el gobierno federal, el Congreso y hasta de la Jueza Taylor Swain para disponer de fondos especiales. La polémica terminará en el Tribunal Federal. Aún está pendiente la trasferencia de fondos del Tesoro Federal para el préstamo aprobado por el Congreso por unos $4.85 billones para mantener los servicios esenciales. Para tener acceso a ese préstamo, el Secretario del Tesoro requiere que el Fondo General tenga menos de $1.1 billones en caja, y que el préstamo esté garantizado por los ingresos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).

Rosselló radicó el proyecto para un nuevo modelo contributivo para incentivar el trabajo y promover desarrollo económico. Su propuesta es abarcadora y cubre los beneficios y las estrategias para lograr los ahorros e ingresos necesarios. La medida requiere discusión, vistas públicas, insumo de economistas y recomendaciones de la Junta para que sea cónsona con la planificación económica. Es una pieza con gran potencial para levantar a Puerto Rico del precipicio fiscal y el marasmo económico.

La reforma busca bajar el IVU y las tasas contributivas a los individuos y corporaciones, así como conceder un crédito por trabajo entre otras medidas que tendrán un impacto beneficioso en su primer año. Se reducen las contribuciones unos $451 millones; y alrededor de $849 millones anuales, comenzando en 2023.

Las medidas beneficiarán a los contribuyentes individuales, los negocios y pequeñas empresas. Para lograrlo, se necesitan nuevos ingresos y ahorros para sustituir las reducciones contributivas. Rosselló propone ahorros en incentivos de industrias que no producen, frenar la evasión contributiva y la validación de gastos reclamados como deducciones.

Mientras, las pensiones de los retirados continúan como tema de contención entre la JFS y el gobierno. El Gobernador reafirma la política pública de pagarle el 100% de la pensión a los retirados. La reforma aumentará la exención anual sobre ingresos de los pensionados de $15,000 actualmente a $25,000, pero la JSF pide más recortes. Aun así, no se han presentado estudios actuariales y auditorías certificadas.

Queda sin discutir un plan poblacional integral para detener la pérdida de miles de ciudadanos que se van a los estados en busca de una mejor calidad de vida. Por suerte, la infusión de fondos federales provee grandes oportunidades para rescatar la economía. Ya se ha reportado un alza en el ingreso personal y un 20% en la venta de autos.

Las reformas contributiva y educativa, así como un nuevo código de incentivos pueden ser clave para impulsar el desarrollo económico esencial para salir de la crisis fiscal. Pero, una situación complicada que todavía no se ha resuelto es la restructuración de la deuda pública, los acuerdos con los acreedores y cuánto del presupuesto se va a destinar para pagar la deuda.

El proceso requiere buena fe, confianza, credibilidad y compromiso de todas las partes. Mientras no se recupere la credibilidad y se abra el acceso al capital no podremos volver a ser la vitrina de Estados Unidos en el Caribe. Falta mucho por hacer, pero hay motivos para sentir confianza en un mejor futuro, siempre y cuando se resuelva el fracaso de la AEE.

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