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Urge conciliar la diferencias, lunes 30 de enero, 2017

Urge conciliar las diferencias, lunes 30 de enero, 2017
Hernán Padilla

La JSF reconoció las órdenes ejecutivas del gobernador Rosselló “para reducir el gasto público y maximizar el uso de fondos, declarando una emergencia fiscal, congelando aumentos salariales, limitando la contratación y otros costos de nómina, además del requerimiento a las agencias que preparen presupuestos base cero”, pero advirtió que no serán suficientes.

END ha publicado información valiosa sobre la crisis fiscal y las medidas propuestas por la JSF y el gobierno. La relación entre la JSF y el gobierno está en una fase crítica. Rosselló solicitó una extensión para presentar el Plan Fiscal y la fecha de la moratoria legal sobre las demandas relacionadas a las deudas; mientras propone una moratoria local con pagos basados en recursos disponibles. La JSF accederá a la extensión, hasta el 28 de febrero y el 1 de mayo respectivamente, pero insistió que el Gobierno no tome préstamos corto plazo.

La JSF insiste que será necesario “cuadrar el presupuesto en dos años fiscales y cerrar un déficit estimado en unos $7,600 millones”. Propuso, además, reducir los gastos del gobierno y aumentar los recaudos anualmente; combatir el fraude, eficiencia en la estructura gubernamental y reducción en gastos de salud.

También, la Junta propuso “reducción de gastos o aumentos a los ingresos de la UPR; 30% en la nómina y gastos de educación general; eliminación o reducción sustancial de los subsidios municipales y al sector privado; reducción de 10% en el pago que hacen los Sistemas de Retiro; y “renegociar el servicio a la deuda y reducirlo por $3,000 millones”.

Rosselló considera que “cualquier plan fiscal basado en recortes en salud, programas sociales, pensiones de retirados y despidos en el sector público es inaceptable”. Aunque coincide con la JSF sobre la magnitud de la crisis, “su enfoque representa un marcado contraste con algunas de las iniciativas propuestas”, pero “prefiere encontrar un balance aceptable”.

Rosselló informó a la Junta que “trabajará por una estructura fiscal balanceada, sin préstamos a corto plazo y reafirmó que establecerá una reforma contributiva e intensificará los recaudos de los impuestos actuales”. Ya “convirtió en ley extender el arbitrio a las corporaciones foráneas, pero rechazará aumentar los impuestos a los pobres y la clase media”. También ha emitido Órdenes Ejecutivas y “trabajará con los asesores de la Junta para reducir el costo operacional del gobierno y reducir el tamaño del gobierno de 118 a 35-40 agencias sin incurrir en despidos”.

Aunque la JSF sugiere reducir los gastos de salud por $1,000 millones, Rosselló y González continúan intensificando gestiones para que el Congreso trate a PR como un estado en los programas de salud, especialmente “Medicare y Medicaid”. En cuanto a la UPR, Rosselló apoya reformas institucionales y concurre en ajustar la matrícula según la capacidad económica de los estudiantes y reestructurar los recintos.

También explora alternativas para fortalecer los Sistemas de Retiro, privatizar el sistema de contribución definida (401k), y favorece imponer impuestos sobre las pensiones más altas. Se compromete a “revisar los subsidios de producción a la empresa privada y modernizar el CRIM para reducir los subsidios municipales”; y pagar la deuda “de acuerdo a los recursos disponibles”.

Preocupa que las diferencias de enfoque entre el gobierno y la JSF puedan paralizar las soluciones necesarias. El economista Gustavo Vélez ante la realidad de que “no habrá un rescate federal”, “el impacto de las propuestas de la JSF será severo”, y “si se ignora la JSF, el gobierno podría colapsar entre abril y mayo”.

Rosselló está comprometido con un gobierno reducido y eficiente para restaurar el crecimiento y desarrollo económico. Urge conciliar las diferencias para sacar a PR del abismo fiscal y proceder con el referéndum para resolver la indefinición del estatus y acabar la desigualdad constitucional para lograr los poderes políticos y herramientas para promover el desarrollo económico y rescatar a PR.

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Mandato Estadista lunes 16 de enero, 2017

Mandato Estadista lunes 16 de enero, 2017
Hernán Padilla

Anteriormente enfaticé que las elecciones del 2016 eran plebiscitarias.Contrario a los separatistas del PPD que afirman que no existe un mandato para adelantar la estadidad, el pueblo estadista reclamó su mandato plebiscitario del 2012 revocando su consentimiento a la condición colonial que fue ignorado por el régimen del PPD.

La administración PPD rehusó cumplir con los requisitos del Congreso para celebrar un referéndum y “resolver” la indefinición del estatus. Ellos sabían que el ELA mejorado” no cabe bajo la Constitución y que el “ELA soberano-refundado”, (libre asociación o republica asociada) es otra forma de independencia.

Ante esa realidad, el Servicio de Investigaciones del Congreso (CBO) publicó otro informe sobre el estatus de PR señalando que PR será un tema relevante en el Congreso. En ese informe, se refiere al plebiscito del 2012 cuando “la mayoría votó a favor de un cambio de estatus, el 54% rechazó el estatus territorial actual” y el 61.2% de los votos emitidos fué favor de la estadidad.

Rosselló y el PNP llevaron sus compromisos electorales al pueblo que eligió un Gobernador, Comisionada Residente, y una mayoría Legislativa comprometida a resolver el estatus y adelantar la causa de la Estadidad. Eligieron un gobierno estadista con una plataforma que reconoce que la plena integración con EEUU, que será la principal herramienta para encaminar nuestro desarrollo socio-económico y atraer inversión, como sucedió con los territorios de Alaska y Hawái cuando se convirtieron en estados.

El pueblo votó por un gobierno que sostiene que “Nuestra condición colonial presenta serias limitaciones para el desarrollo socio- económico de PR y crea desigualdad en fondos federales entre PR y estados con población similar”; y que “PR carece de representación plena en la política pública y las decisiones a nivel federal que afectan nuestra economía, educación, salud, seguridad pública, infraestructura y gobernanza”.

Los compromisos de Rosselló sellaron el contrato con el pueblo. Su programa de gobierno “está firmemente vinculado a una transición hacia la Estadidad”. En ese sentido, Jennifer González enfatizó su compromiso “para conseguir la igualdad plena y acabar con la colonia”.
Apoyo la estrategia para “realizar un plebiscito de Estadidad o Independencia” y utilizar la Ley Pública 113-76 que asigna fondos federales para resolver el estatus y validado por PROMESA, como es el proyecto radicado por Rivera Schatz “Ley para la descolonización inmediata de PR” para celebrar el referéndum el 28 de mayo entre estadidad, independencia total, e independencia con libre asociación.

Otro compromiso fue radicar un proyecto en el Congreso para la Admisión de PR como Estado. El plebiscito abrirá las puertas para que el Congreso considere el proyecto para resolver el estatus, prometido por Rosselló y presentado por González, basado en la plataforma aprobada por del Partido Republicano que estipula “celebrar un referéndum ratificando la mayoría estadista del plebiscito del 2012 con anterioridad a un Acta de Admisión de PR como estado”.

Cuando el pueblo ratifique la Estadidad, si el Congreso no toma acción en un plazo razonable, debemos recurrir a otros mecanismos legales, incluyendo un plan para exigir que admitan el Estado de PR y certifiquen la delegación legislativa, electa de acuerdo a la Constitución.

El “Plan Tennessee” podría ser una ruta viable en el momento oportuno pero ello requiere desarrollar un “Plan PR”. Para que esa delegación sea representativa del pueblo de PR y aceptable al Congreso. La misma debe ser electa mediante un proceso que cumpla con la Constitución y la jurisprudencia electoral.

Los planes del PNP constituyen una buena estrategia para lograr la estadidad, establecer un periodo de transición para salir de la crisis y brindarle al Pueblo un estatus digno y soberano que garantice la ciudadanía americana y un mejor futuro para PR. En palabras de Rosselló: “Iniciemos el camino hacia la igualdad de derechos, justicia, dignidad y progreso para cada hijo d PR”

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Nuevo gobierno, razón para celebrar, Lunes 19 de diciembre, 2016

lunes, 19 de diciembre de 2016
Nuevo gobierno, razón para celebrar
Se acerca el final de una administración desastrosa que ha hundido a Puerto Rico en una terrible crisis. La realidad que no se puede ocultar: más del 50% de los municipios y el 48% de la población vive debajo de los niveles de pobreza y 38.1% de los hogares reciben asistencia nutricional federal-PAN.

Durante esta década se han mudado a los 50 estados más de 400,000 puertorriqueños buscando empleos, seguridad, igualdad de oportunidades y mejor calidad de vida, dejando atrás miles de casas y edificios cerrados o abandonados.

Más de 1.6 millones de personas dependen del programa de salud del gobierno, que en gran medida es financiado por ayudas federales-PAM. La salud de un millón de personas está en riesgo de quedarse sin cubierta médica cuando se agoten prematuramente los $6.4 billones que Obamacare asignó a Puerto Rico y que debieron haber durado hasta el año fiscal 2019. Se proyecta que el programa de salud tendrá que operar con un déficit de $1,200 millones anuales comenzando a fines del 2017.

El colapso social es evidente y la seguridad depende de las autoridades federales. Ocurre un promedio de alrededor de dos asesinatos diarios y la corrupción gubernamental destruye la confianza en las instituciones. Aparte de las pirámides de corrupción política, casos del Gran Jurado culminaron en el arresto del Alcalde de Gurabo por delitos de extorsión y soborno; dos policías por trasiego de drogas; 7 personas por malversación y robo de pagos del Seguro Social; y dos dueños de un plan médico por lavado de dinero y fraude.

Miles de pensionados dependen de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno que tiene un déficit de 40,000 millones y que se proyecta no tendrán fondos en el 2018 si el gobierno no toma medidas correctivas. La UPR opera con un déficit de $1,640 millones y una deuda a largo plazo de $596 millones.

El cuadro económico es tétrico: la deuda pública asciende a $140,000 millones. Cuando venza la moratoria del pago de los bonos no habrá fondos para la deuda ni para mantener al gobierno prestando servicios. Se proyecta otro déficit en junio y tampoco podrán pagar las deudas a los bonistas, las agencias y los suplidores, y para el 2018 no podrían pagar las pensiones o empleados públicos.

Las vistas públicas de los Comités de Transición han revelado información insospechada. El BGF tiene cerca de $3,500 millones de fondos federales congelados que no pueden usarse porque solo tiene $170 millones en caja. Queda al descubierto el repago de $188 millones al Fondo Rotatorio de Agua que se utiliza para infraestructura de agua potable y tratamiento de aguas sanitarias.

Según el presidente saliente del BGF, “la salida de decenas de miles de habitantes, impide el crecimiento de la economía”; y la “falta de liquidez en el gobierno dificulta la financiación de proyectos industriales”. Concurro en que la nueva administración tendrá queimplantar el “principio de austeridad fiscal de controlar los gastos no esenciales”, acabar con el derroche de fondos públicos y proceder con una reforma gubernamental abarcadora.

Rosselló se ha comprometido con una reforma de gobierno, reducción de gastos gubernamentales, alianzas público privadas y ajustar la reorganización del Departamento de Educación sin afectar “el plan de seguro de salud del gobierno, los pensionados y la Universidad de Puerto Rico”.

Planifica reducir los puestos de confianza y reducir los fondos vigentes para contratos gubernamentales. Su programa de gobierno tiene un fuerte compromiso para atraer la inversión privada y generar empleos porque “el desarrollo económico es su prioridad”.

Ante estos retos, nuestro pueblo comienza a expresar optimismo con el cambio de gobierno. Ahora, Puerto Rico luchará por la igualdad para resolver el estatus colonial y lograr un mejor futuro. Hay razones para celebrar la Navidad y el Año Nuevo con entusiasmo. ¡Felicidades!

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Estatus arrastra econimia

lunes, 5 de diciembre de 2016
El status arrastra la economía
Según avanza el proceso de transición entre la administración saliente y el comité del gobernador electo Ricardo Rosselló se hace evidente que PROMESA es imprescindible. El régimen actual fracasó en su obligación de administrar los fondos locales y federales disponibles para prestarle servicios al pueblo y promover el desarrollo económico.

Tampoco pagaron la deuda pública ni a suplidores, ni controlaron los gastos públicos o balancearon el presupuesto de acuerdo a ingresos reales. No protegieron el buen nombre, la credibilidad y el crédito de Puerto Rico.

Cuando venza la moratoria del pago de los bonos no habrá fondos para pagar $1,318 millones de la deuda ni para mantener al gobierno prestando servicios. En junio proyectan otro déficit de $3,036 millones para pagos de la deuda y fondos que usaron de otras agencias. Se estima que con una deficiencia de $6,000 millones tampoco podrán pagar una deuda de $1.5 billones a los suplidores ni el reintegro a los contribuyentes.

En febrero, el Tesoro federal afirmó que “el gobierno de Puerto Rico agotó sus fuentes de liquidez hace más de un año”. Proyectan que en el año fiscal 2018 no habrá recursos para pagar pensiones, reintegros, las deudas a los bonistas ni posiblemente los salarios de los empleados públicos.

Se estima que hay más de $3,500 millones de fondos federales congelados en el Banco Gubernamental de Fomento por Orden Ejecutiva, pero el banco solo tiene $170 millones en caja y no pueden usar los fondos federales para proyectos importantes aprobados, lo que obligará a algunas agencias federales a demandar al gobierno de Puerto Rico. Como consecuencia arriesgarían fondos federales vitales para la isla.

La Ley que creó la Junta establece que tiene la autoridad para revisar y aprobar presupuestos, gastos de operación y otras transacciones del gobierno. Para que la JSF certifique el plan fiscal, debe cumplir catorce requisitos, incluyendo: eliminar los déficits estructurales, presentar presupuestos balanceados sostenibles, lograr crecimiento económico, recuperar acceso a los mercados, financiamiento para los sistemas de retiro de los empleados públicos, y no depender de fondos federales adicionales inciertos.

La Junta rechazó el plan del gobernadorGarcía Padilla porque carece de reformas estructurales gubernamentales y ajustes del presupuesto necesarios, no detalla cómo pagaría y se reestructuraría la deuda, no promueve crecimiento y desarrollo económico, y no define metas, métricas y proyecciones para la próxima década.

García Padilla no cumplió con su responsabilidad y se negó a someter las enmiendas requeridas. Ante esa negativa, la Junta considerará las propuestas sometidas por Rosselló y procederá a certificar un plan fiscal final para el 31 de enero.

La Junta insiste que la crisis requiere soluciones a largo plazo, incluyendo la reestructuración de la deuda, dar impulso económico,controlar los gastos que no son esenciales y encaminar el aparato público hacia la eficiencia.

La Casa Blanca ha expresado que el status arrastra la economía. Administrar la colonia sin resolver el status le cierra a Puerto Rico las puertas a una planificación y política pública que cumplan con soluciones a largo plazo para la reorganización gubernamental, revitalizar la economía, promover el desarrollo económico y trabajar con el Congreso para lograr el trato de plena igualdad y paridad en los fondos federales.

Puerto Rico eligió un gobernador, comisionada residente y Legislatura estadistas y llegó el momento para enviarle un claro mensaje a la Junta, al Congreso y la Casa Blanca para que las acciones que tomen sean cónsonas con la voluntad del Pueblo puertorriqueño sobre su futuro político, especialmente la transición hacia la estadidad.

Conforme a la Ley del 2014 del Congreso que asignó fondos para un referéndum, se debe llevar a cabo un plebiscito entre la estadidad y la independencia y ratificar el voto del 2012. No hacerlo pronto en 2017, mantendría a Puerto Rico en el limbo político y sometería a nuestro pueblo a una crisis con consecuencias peores que la crisis actual.

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lunes, 21 de noviembre de 2016

Transición hacia la estadidad
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martes, 8 de noviembre de 2016

Puerto Rico votó por un cambio total
El médico Hernán Padilla celebra el triunfo electoral del PNP y destaca que el electorado escogió salvaguardar la relación con los Estados Unidos.

lunes, 7 de noviembre de 2016

De cara a las elecciones
El médico Hernán Padilla argumenta que las elecciones de mañana son plebiscitarias y la estadidad, en esta ocasión, está en juego.

lunes, 24 de octubre de 2016

El plan fiscal fracasado
El Dr. Hernán Padilla descarta el plan fiscal a 10 años presentado por el Gobernador y anticipa que la Junta de Supervisión Fiscal quierrá esperar a la nueva a

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Transición hacia a la Estadidad, lunes 21 de noviembre

Transición hacia a la Estadidad, lunes 21 de noviembre
Hernán Padilla
El periodo electoral culminó con la certificación de Ricardo Rosselló como gobernador electo y de Jenniffer González Comisionada Residente. Rosselló ya nombró un equipo de transición y contará con una mayoría del PNP en la Legislatura para implementar su programa de gobierno.

Cito segmentos de su programa “Compromiso con PR”, un “modelo para la estabilización de PR y la tan necesaria meta de la Igualdad y la Estadidad, hasta alcanzar el desarrollo económico sólido y sostenible para fortalecer nuestra economía”. Según Bloomberg-News, la elección de Ricardo Rosselló ha sido tan positiva en los mercados de valores que los bonos de PR aumentaron su valor significativamente.

Rosselló y González representan una “nueva generación comprometida con realizar los cambios que PR merece y necesita”. González llevará al Congreso “propuestas para ayudar a la creación de empleos, al desarrollo de industrias y empresas locales y a atraer inversión privada nacional e internacional para lograr el crecimiento y fortalecimiento de nuestra economía”. También luchará para obtener trato igualitario en fondos federales, particularmente Medicare y Medicaid.

Rosselló, ya se comunicó con los miembros de la Junta Fiscal, solicitó acceso a los informes financieros, someterá un nuevo Plan Fiscal de 5 años, se reunió con el Tesoro Federal, los bonistas y casas acreditadoras para discutir los términos de la deuda.

Su administración enfrentará una deuda de sobre $69,000 millones sin incluir la deuda de los sistemas de retiro y otras, que aumentan el total a unos $140,000 millones. No tendrá suficiente liquidez para financiar sus operaciones a corto y mediano plazo, proveer los servicios básicos, invertir en proyectos de infraestructura y otras iniciativas de desarrollo económico y social”.

Enfrentará una deuda pública clasificada “chatarra”, crisis en los fondos de retiro, las corporaciones públicas, deudas a suplidores, y un “gobierno disfuncional, ineficiente, burocrático”, sin credibilidad, que impuso contribuciones abusivas y permitió las pirámides de corrupción gubernamental.

Ante la crisis del gobierno por falta de dinero en caja, Rosselló se ha comprometido a gestionar cerca de $900 millones para financiar las operaciones del gobierno a corto plazo mediante pagarés en anticipos de contribuciones sobre ingresos. También implementará una administración comprometida con un gobierno que no gaste más de lo que ingresa, fomente, incentive y facilite el desarrollo económico y efectúe una reforma contributiva que permita bajar las contribuciones sobre ingresos para individuos.

El programa de gobierno reconoce que hay que darle prioridad a la relación con EEUU. “PR carece de representación plena en la política pública y la toma de decisiones a nivel federal que afectan nuestra economía, educación, salud, seguridad pública, infraestructura y gobernanza”.

“Nuestra condición colonial presenta serias limitaciones para el desarrollo socio- económico de PR y crea desigualdad en fondos federales entre PR y estados con población similar. La plena integración con EEUU será la principal herramienta para encaminar nuestro desarrollo socio-económico y atraer inversión, como sucedió con los territorios con Alaska y Hawái cuando se convirtieron en estados.

Jenniffer González enfatizó su compromiso “para conseguir la igualdad plena y acabar con la colonia”. Afirma que la “Estadidad es la única alternativa de estatus que garantiza la igualdad y la ciudadanía americana; nos brinda las herramientas políticas de representación congresional y voto presidencial; y eliminaría riesgos asociados con la inestabilidad del actual régimen político que desalienta la inversión económica”.

El resultado electoral resalta los principios de que la Estadidad nos dará todos los derechos plenos que podríamos disfrutar como ciudadanos americanos, generará estabilidad política y propiciará un mayor nivel de inversión pública y privada y una mejor calidad de vida en PR. En palabras de Rosselló, su programa de gobierno “está firmemente vinculado a una transición hacia a la Estadidad”, siguiendo los conceptos para resolver el estatus presentados por el Partido Republicano de PR y aprobados e incluidos en la plataforma nacional.

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PR votó por un cambio total

martes, 8 de noviembre de 2016
Puerto Rico votó por un cambio total
Las tendencias electorales proyectan que, a partir del 2 de enero, Puerto Rico tendrá un gobierno estadista que responda a la voluntad de los electores que quieren la unión permanente y que le han dado su voto a Ricardo Rosselló para dirigir un buen gobierno y que acelere la solución del estatus. En cuanto a los programas de gobierno de los candidatos a gobernador, el electorado prefirió la plataforma del PNP y Rosselló.

Es muy significativo que los partidos y candidatos separatistas hayan sido rechazados en una elección histórica y que una pluralidad de los electores le haya dado un mandato al único partido que promueve la estadidad para sacar a nuestro pueblo de la crisis que ha obligado a miles de puertorriqueños a mudarse a los 50 estados.

Si la tendencia se mantiene, el PIP obtendría cerca del 2% y tampoco cualificaría como partido otra vez más. Obviamente, el pueblo de Puerto Rico no quiere la independencia. Además, el PPD quedaría cerca del 39% y perdería la gobernación, la Cámara y el Senado. Roselló tendrá una ventaja de alrededor de 40 mil votos.

Fracasaron los llamados de Bernier y Carmen Yulín para crear una coalición separatista y antiamericana. Los resultados confirman que el pueblo rechazó la plataforma del PPD que propone una república asociada con un lenguaje engañoso.

El voto a favor de Rosselló, que había dicho que trabajaría con la Junta para reestructurar la deuda, balancear el presupuesto y promover el desarrollo económico, confirmó las encuestas de que el pueblo apoyaba la intervención de la Junta Fiscal Federal para sacar a Puerto Rico de la crisis y el colapso fiscal.

En cuanto al proceso de votación, se reportaron colegios con filas interminables. Por mi experiencia a nivel nacional, la CEE asignó menos lugares de votación y muchas menos máquinas que lo necesario para 1.8 millones de electores. Esta elección debe servir para que el sistema electoral de Puerto Rico adopte el proceso de votación adelantada en persona o por correo. En Florida votaron por correo o voto adelantado unos 6.6 millones de ciudadanos, más de la mitad de los inscritos en el Estado.

En cuanto a los programas de gobierno de los candidatos a gobernador, el electorado prefirió la plataforma del PNP y Rosselló. De acuerdo a la tendencia electoral, el PNP gana siete de ocho distritos senatoriales y 29 de 40 distritos representativos y tendrá la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. El pueblo votó en contra de los que sumieron a Puerto Rico en el caos fiscal, el uso indebido de fondos públicos para fines políticos y la nefasta corrupción.

No queda duda que el sentir ciudadano en su lucha por la igualdad y en un rechazo del status colonial actual tiene más relevancia que nunca. El pueblo puertorriqueño atesora la unión permanente con Estados Unidos. La mayoría no quiere arriesgar su ciudadanía americana. En el 2012 revocaron el consentimiento al ELA colonial y ahora rechazan a los autonomistas, soberanistas e independentistas del PPD y el PIP.

En resumen, el pueblo votó en contra del desastroso régimen que llevó a Puerto Rico a la quiebra fiscal y a que sus políticas públicas destruyeran la economía y cerrara las puertas para poder lograr un desarrollo económico sostenible. Votó en contra de las condiciones deplorables que obligan a sus familiares y amigos a emigrar a los 50 estados en busca de empleos, progreso y mejor calidad de vida. Votó en contra de los abusos, las pirámides de corrupción, la amenaza de perder la unión permanente y la ciudadanía americana para generaciones futuras. Y votó a favor del candidato y el partido que representa la esperanza de un mejor futuro para ellos y sus familias.

Tendrá una tarea compleja, dura y difícil.

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De cara a las elecciones, lunes 7 de noviembre

lunes, 7 de noviembre de 2016
De cara a las elecciones
Estas elecciones serán plebiscitarias. La unión permanente con los Estados Unidos estará en juego. Los candidatos que obtengan un respaldo mayoritario, reclamarán que su ideología obtuvo un mandato para implantarla.

Solamente el PNP se ha comprometido a lograr que Puerto Rico se convierta en Estado. Se comprometen a defender la ciudadanía americana y a luchar para obtener las garantías constitucionales que brinda la Estadidad.

Para poder continuar el engaño del ELA, Bernier, solapado independentista, dice que el estatus no es prioridad y prefiere continuar la colonia que nos ha sumido en la bancarrota. El PPD nunca sometió al gobierno federal la definición del estatus que apoyarían en un plebiscito avalado por el Congreso. Para engañar a los seguidores de su propio partido, hablan del ELA actual, el ELA mejorado o culminado, el ELA soberano y un ELA refundado.

El PPD aprobó en su plataforma, una República Asociada con un lenguaje engañoso y disimulándolo bajo el nombre de ELA. Planifican un ELA soberano en “asociación política libre y voluntaria entre Estados Unidos y Puerto Rico” como naciones independientes y soberanas. No quieren que la Constitución estadounidense aplique en Puerto Rico y quieren sustituir la Ley de Relaciones Federales.

El PPD propone alterar las relaciones económicas con nuestra nación pidiendo un subsidio en bloque en vez de los programas federales. Bajo un ELA soberano (república asociada) desaparecerán todas las agencias, empleos, programas, servicios, fondos y contratos federales; y perderíamos las garantías de la Constitución americana.

El alegado “pacto de 1952” nunca existió, porque una república asociada no tiene cabida bajo la Constitución de Estados Unidos. Puerto Rico tendría que pedir la independencia y convertirse en una república independiente y soberana antes que Estados Unidos considere un “pacto” con la nueva república y los que nazcan en la nueva nación no serán ciudadanos americanos.

Los Grupos de Trabajo de Casa Blanca han reiterado que bajo el ELA, Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso bajo la Cláusula Territorial, el llamado “ELA mejorado/culminado” no tiene cabida alguna bajo la Constitución americana, que la libre asociación es una forma de independencia y un pacto basado en la soberanía nacional de cada país puede ser revocado unilateralmente.

Los problemas que enfrentan los electores son avasallantes: descalabro económico, desempleo, extrema pobreza, dependencia de fondos federales, corrupción gubernamental, pésimos servicios de salud, inseguridad galopante, monopolios gubernamentales y éxodo de la población, entre otros.

Hasta que no se logre un estatus permanente, continuará la fuga poblacional en busca de seguridad y prosperidad. Solo la estadidad protege las garantías y derechos individuales y ofrece prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo, y garantiza los poderes de la soberanía estatal, igualdad en ciudadanía, y la estabilidad de una unión permanente.

La estadidad es la única herramienta para lograr la verdadera igualdad porque se aplican y se defienden todos los derechos de la Constitución de Estados Unidos, se logra la aplicación uniforme de todas las leyes aprobadas por el Congreso y se elimina el discrimen político y constitucional que sufren los ciudadanos residentes de Puerto Rico.

La incertidumbre sobre nuestro futuro político contribuye al estancamiento económico. La Estadidad provee seguridad jurídica y estimulará la inversión de fondos privados, federales y locales para sacar a Puerto Rico de la crisis fiscal.

Un voto por cualquier candidato que no sea estadista será interpretado como un respaldo a un gobierno separatista como el de AGP que ignoró que el pueblo le revocó el consentimiento al estatus colonial y favoreció la estadidad.

Llegó el momento para que con tu voto, rechaces a los candidatos colonialistas, separatistas, independentistas y nacionalistas que ponen en riesgo la unión permanente, la ciudadanía americana y el futuro político, social y económico de las futuras generaciones. Protege nuestro Ideal, vota solamente por los candidatos que se comprometen con la estadidad para Puerto Rico.

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De cara a las elecciones, lunes 7 de noviembre

De cara a las elecciones, lunes 7 de noviembre
Hernán Padilla

Estas elecciones serán plebiscitarias. La unión permanente con los Estados Unidos estará en juego. Los candidatos que obtengan un respaldo mayoritario, reclamarán que su ideología obtuvo un mandato para implantarla.

Solamente el PNP se ha comprometido a lograr que PR se convierta en Estado. Se comprometen a defender la ciudadanía americana y a luchar para obtener las garantías constitucionales que brinda la Estadidad.

Para poder continuar el engaño del ELA, Bernier, solapado independentista, dice que el estatus no es prioridad y prefiere continuar la colonia que nos ha sumido en la bancarrota. El PPD nunca sometió al gobierno federal la definición del estatus que apoyarían en un plebiscito avalado por el Congreso. Para engañar a los seguidores de su propio partido, hablan del ELA actual, el ELA mejorado o culminado, el ELA soberano y un ELA refundado.

El PPD aprobó en su plataforma, una República Asociada con un lenguaje engañoso y disimulándolo bajo el nombre de ELA. Planifican un ELA soberano en “asociación política libre y voluntaria entre EEUU y PR” como naciones independientes y soberanas. No quieren que la Constitución de EEUU aplique en PR y quieren sustituir la Ley de Relaciones Federales.

El PPD propone alterar las relaciones económicas con nuestra nación pidiendo un subsidio en bloque en vez de los programas federales. Bajo un ELA soberano (república asociada) desaparecerán todas las agencias, empleos, programas, servicios, fondos y contratos federales; y perderíamos las garantías de la Constitución americana.

El alegado “pacto de 1952” nunca existió, porque una republica asociada no tiene cabida bajo la Constitución de EEUU. PR tendría que pedir la independencia y convertirse en una republica independiente y soberana antes que EEUU considere un “pacto” con la nueva republica y los que nazcan en la nueva nación no serán ciudadanos americanos.

Los Grupos de Trabajo de Casa Blanca han reiterado que bajo el ELA, PR está sujeto a los poderes plenarios del Congreso bajo la Clausula Territorial, el llamado “ELA mejorado/culminado” no tiene cabida alguna bajo la Constitución americana, que la libre asociación es una forma de independencia y un pacto basado en la soberanía nacional de cada país puede ser revocado unilateralmente.

Los problemas que enfrentan los electores son avasallantes: descalabro económico, desempleo, extrema pobreza, dependencia de fondos federales, corrupción gubernamental, pésimos servicios de salud, inseguridad galopante, monopolios gubernamentales y éxodo de la población, entre otros.

Hasta que no se logre un estatus permanente, continuará la fuga poblacional en busca de seguridad y prosperidad. Solo la estadidad protege las garantías y derechos individuales y ofrece prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo, y garantiza los poderes de la soberanía estatal, igualdad en ciudadanía, y la estabilidad de una unión permanente.
La estadidad es la única herramienta para lograr la verdadera igualdad porque se aplican y se defienden todos los derechos de la Constitución de EEUU, se logra la aplicación uniforme de todas las leyes aprobadas por el Congreso y se elimina el discrimen político y constitucional que sufren los ciudadanos residentes de PR.

La incertidumbre sobre nuestro futuro político contribuye al estancamiento económico. La Estadidad provee seguridad jurídica y estimulará la inversión de fondos privados, federales y locales para sacar a PR de la crisis fiscal.

Un voto por cualquier candidato que no sea estadista será interpretado como un respaldo a un gobierno separatista como el de AGP que ignoró que el pueblo le revocó el consentimiento al estatus colonial y favoreció la estadidad.

Llegó el momento para que con tu voto, rechaces a los candidatos colonialistas, separatistas, independentistas y nacionalistas que ponen en riesgo la unión permanente, la ciudadanía americana y el futuro político, social y económico de las futuras generaciones. Protege nuestro Ideal, vota solamente por los candidatos que se comprometen con la estadidad para PR.

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El Plan Fiscal Fracasado, 24 de octubre, 2016

lunes, 24 de octubre de 2016
El plan fiscal fracasado

Por fin el gobernador García Padilla sometió un plan fiscal de 10 años requerido por la Junta Federal. No faltaron excusas para no reconocer que se inflaban los ingresos continuando la política de gastar más allá de los ingresos y tomar prestado, sin tener los recursos para pagarlos. Dicha política llevó al ELA a una crisis fiscal sin precedentes que obligó a al entonces gobernador Fortuño a tomar medidas extraordinarias para reducir los gastos y mejorar la clasificación crediticia de Puerto Rico.

En la introducción, confesó que su plan fiscal anterior no resultó adecuado para controlar los déficits del gobierno, pagar la deuda pública y proveer servicios esenciales.

Ante el fracaso de García Padilla para estabilizar la economía y controlar los gastos desmedidos, el Congreso aprobó PROMESA con las herramientas necesarias para rescatar a Puerto Rico y resolver la crisis e insistieron en que el equipo de García Padilla presentara estados financieros auditados. Ahora, la Junta les requiere que presenten un plan fiscal a largo plazo, informes semanales de ingresos y gastos y presupuestos balanceados.

Aún sin tener estados financieros del 2015-2016, el plan fiscal proyecta un déficit de ingresos de $59 billones sobre los gastos proyectados en la próxima década. El plan es tan inconsecuente, que de aprobarse, mantendría un déficit acumulado de $40 billones en diez años.

Sorprende que con los déficits proyectados no se incluyan mayores medidas de reducción de gastos, aumento de recaudos y un plan de desarrollo económico enfatizando las APP. Urge reducir los gastos innecesarios del gobierno, nombramientos de confianza, empleados políticos, contratos injustificados, cabilderos, publicidad. Existen situaciones apremiantes que requieren financiamiento adicional de $35.3 billones. Los fondos federales asignados para servicios de salud se gastaron prematuramente. Los sistemas de retiro no tienen liquidez y requieren asignaciones adicionales. Presentaron un cuadro falso de crecimiento económico, pero ahora afirman que la contracción económica de -1.7% anual impactará negativamente la capacidad de financiamiento durante la próxima década.

Puerto Rico necesita crecimiento económico sostenible que propicie estabilidad fiscal para salir de la crisis, pero insisten en un plan de crecimiento económico basado en el programa inefectivo de mantengo corporativo que no ha generado crecimiento sostenido ni creación significativa de empleos.

El informe reconoce que casi la mitad de la población vive en la pobreza y depende de servicios de salud públicos; que es necesario proteger personas vulnerables, mayores, jóvenes, discapacitados y de menos ingresos; que la seguridad pública requiere más recursos; y que los sistemas de retiro requieren fondos para asegurar los pagos de los pensionados.

A pesar de su ideología antiamericana, ahora García Padilla reclama igualdad y acción inmediata de parte del gobierno federal para resolver la crisis e implora que el gobierno federal sea un “socio” activo para lograr crecimiento económico y eliminar el déficit. Rechaza a Estados Unidos, pero pide paridad en fondos federales como si Puerto Rico fuera un estado, incluyendo Medicad, Medicare, ACA y crédito contributivo por ingresos.

Les recuerdo que la Junta tiene la responsabilidad de revisar y aprobar los planes fiscales de las corporaciones públicas como la AAA, AEE, BGF, Carreteras, COSSEC, UPR, AFI, FSE, Sistema de Retiro, y otros. “Ninguna de las dependencias cubiertas puede proceder con transacciones que pudieran tener un impacto financiero, que incluyan asuntos relacionados a la deuda, garantías, modificaciones, compras, redimir o entrar en transacciones similares relacionadas sin la aprobación de la Junta”.

Para muestra un botón basta. Solo he citado algunas expresiones de las 100 páginas de este plan fiscal. Ricardo Rosselló sustenta que este plan es “otra demostración vergonzosa del descalabro de esta administración”. Probablemente la Junta decida esperar a la nueva administración para solicitarle un plan que sea viable. El reto de Rosselló es enorme, pero ha presentado un programa de gobierno comprometido con la estadidad que servirá de base para someter un Plan fiscal acertado y realista.

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Document submitted to the Bicameral Task Force, October 13th, 2016

Submission to Congressional Task Force
A tool for analyzing Puerto Rico: “I know it when I see it.”
Hernan Padilla

Supreme Court Justice Potter Stewart said in a now famous decision:”I know it when I see it.” The purpose of my submission to the Congressional Task Force is to show why Justice Stewart’s quote is the most appropriate one to describe the situation in Puerto Rico, and why it is incumbent on the Congressional Task Force to recognize the magnitude crisis and to respond with boldness.

Expert opinions and mounds of data rationalizing key initiatives designed to undo the fiscal and economic crisis will have flooded the Congressional Task Force. I try to will articulate the solution, the interim steps, the hazards, and the irrationality leading to the current mess.

The members of the Task Force have been elected to represent their constituents. Now they must adopt the residents of Puerto Rico as their constituents. Listen to Puerto Ricans and act on their behalf. The members of the Task Force bear the responsibility of transforming this un-American situation so that the US Citizens who reside in Puerto Rico can act and speak for themselves. The constituents who elected the Task Force members would vote for that transformation, that upholding of American representation.

We are in the 21st century but Puerto Rico remains mired in an economic, political, and human rights tangle. Real economic stagnation was cleverly obscured and has prevailed in Puerto Rico for decades. Statehood is the 21st century solution.

The 2012 vote indicated dissatisfaction with the current status situation and favored statehood, and thus an avenue for alleviating the political labyrinth was opened. Yet nothing more has been done. Congress needs to listen to this voice of self-determination and take action.

This lack of representation is a clear human rights issue. Residents of the island are second-class citizens, and they need only hop on any airline to Salt Lake City to become first class citizens. Puerto Ricans in the foxholes must obey their commander in chief, but they cannot vote for him. Payroll taxes are deducted, and they confront taxation without representation.

At last, the territory of Puerto Rico has become a problem that will not go away. Politicians and lobbyists of all stripes still cry to put the status issue on hold until the “problem” is dealt with. My submission to the Congressional Task Force is that status is, and has been, the problem, and until Puerto Rico is granted a clear path to statehood the mess will continue and probably worsen.

The term “status neutral” was coined to avoid dealing with the local politics of Puerto Rico. Even the eminent Brookings Institution published a “status neutral” volume on Puerto Rico. “Don’t Ask; don’t tell” is no way to formulate economic policy.

The US Citizens of Puerto Rico need Statehood to have the same constitutional and is needed for human rights and political voice that all other US Citizens in the 50 states have. Statehood is the only option for sustainable economic growth in the 21st century. Statehood brings certainty, permanence, stability and accountability that are pre-requisites for sustainable economic development. Puerto Rico’s current colonial situation precludes their existence.

Sustainable economic growth must be home grown; it cannot be imported, cannot be built on temporary tax gimmicks and cannot rely on the whims of rating agencies.

Until the U.S. Congress welcomes Puerto Rico as the 51st state, the economic and social situation will not change. There are many successful Puerto Rican entrepreneurs, but they are in Orlando or Austin or Holyoke or Baltimore. Local entrepreneurs will not add to the risk of innovation, of starting a business, by investing in a whimsical and over-regulated market. Puerto Rican entrepreneurs have been educated to take their ideas and exploit them on the mainland. Statehood would generate more and longer-term investment.

The economic concept should be clear. The bulk of the fuel for sustainable economic growth must come from domestic investors. Puerto Rico must wake up to the realities of the 21st Century. Puerto Rico has many advantages, and the greatest one is the opportunity of statehood, and that window of opportunity must be captured forthwith.

The members of the Congressional Task Force should not yield to the temptation of temporary relief, because in this case the patient will return in no time flat. The Congressional Task Force must use its unusual power to widen the opening, and it must be cautious not to support initiates that might obstruct the path to statehood.

There will be a transition period before Puerto Rico can exercise the full powers of statehood. First, the membership in the House must be increased before Puerto Rico can cast a vote. Second, Puerto Rico will need to be integrated fully into the domestic internal revenue code. Third, the “special” territorial clauses in legislation will need to be redrafted and then win congressional approval. In addition, a careful scrutiny of the rules and regulations will be necessary so that Puerto Rico can function like a state.

However, the Task Force can advocate that Congress pass legislation which will have an immediate impact. The short run goal of the Task Force: level the playing field. Puerto Rico deserves laws or provisions identical to those of the rest of the United States.

Puerto Rico needs immediate actions. I would recommend 1) qualifying Puerto Rico for the earned income tax credit, 2) providing ample funds for the island’s dilapidated infrastructure, and 3) encouraging a focus on, and allocating funds for, tourism. Immediate investment in infrastructure is a must as much for humanitarian as for economic reasons. Americans should not live without water or power. Americans should have job opportunities, and infrastructure investment fits that bill.

Then a 21st century focus on tourism is a must. The beautiful island has great weather and countless non-stop flights. Why has tourism in Hawaii boomed while tourism in Puerto Rico remained dormant? Tourism would provide an excellent opportunity, and Puerto Rico cannot afford to neglect any opportunities. PROMESA’s Revitalization Coordinator must be given the funds and expertise to propel Puerto Rico into a tourism winner.

Finally, the Task Force must ensure that the failed policies of the past are not reinstituted. Section 936 of the tax code has fans who profited beyond peanuts and crackerjacks. 936 benefitted lobbyists and some Fortune 500 companies, at an immense cost to the U.S. taxpayer and little to generate either jobs or economic growth for Puerto Rico economy.

Justice Stewart’s observation hits the bull’s-eye where Puerto Rico is concerned. Even with 936 Puerto Rico did anything but catch up to the 50 states. In the same period without special benefits such as 936 Korea, and even Mainland China, became economic powerhouses. The Puerto Rican strategists, their rigid views, and 20-20 hindsight undercut the emergence of strong Puerto Rican foundations for growth, retarding the expansion of Puerto Rican based business and the development of a skilled labor force.

In conclusion this submission has a simple goal, and that is convincing the Congressional Task Force that statehood now is the only answer. The “status issue” cannot be put on the back burner. The mission of the Task Force is economic growth. The resolution and solution of the status issue would open the door to Puerto Rico’s economic growth!

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