Hernan Padilla

Urge plan de seguridad comprehensivo

Publicado en El Nuevo Dia, 01/25/10

Hernán Padilla

Nuevamente, Puerto Rico se convierte en el corredor humanitario americano del Caribe. Mientras el pueblo puertorriqueño se desborda a socorrer al pueblo Haitiano, aquí la violencia y el crimen alcanzan proporciones alarmantes. El 2009 reportó 10,492 actos de violencia y 894 asesinatos. En 24 días de enero, ya van más de 60 asesinatos. En contraste,  en los Estados Unidos los centros urbanos reportan una reducción significativa en los crímenes violentos, agresiones y asesinatos.

Los especialistas reconocen que el desorden en una comunidad, “el fenómeno de ventana rota”, promueve la conducta antisocial y abre las puertas al crimen. Una comunidad con ventanas rotas, vehículos abandonados, propiedades vacantes, y basura en los alrededores ahuyenta los buenos ciudadanos y le ofrece “vía libre” a los criminales. Tomar acción contra los que cometen ofensas y delitos menos grave reduce el crimen. La mayoría de los delincuentes son los mismos que cometen robos, crímenes violentos, asaltos a mano armada y agresiones agravadas.

Ese es el peligroso cuadro que requiere atención urgente en Puerto Rico. Cuando las instituciones y el gobierno no toman las acciones necesarias para detener la tragedia que acosa a la comunidad, los asesinos establecen la ley de la jungla. Impera la violencia. Las víctimas indefensas huyen; miles emigran buscando tranquilidad y seguridad. Otros miembros débiles de la sociedad, no cooperan con las autoridades, se unen o imitan a los que imponen su estilo de vida violenta y se convierten en criminales contra familiares, amigos, vecinos y desconocidos.

Crear las condiciones para darle al puertorriqueño la esperanza de un mejor futuro es responsabilidad de todos. Urge trazar planes a corto y a largo alcance que tomen en consideración todos los factores sociales que promueven la violencia. Me uno al clamor para darle prioridad y buscar solución a los problemas sociales: desempleo, pobreza, drogadicción y educación. Simultáneamente, el narcotráfico y el crimen organizado merecen atención inmediata y decidida.

El narcotráfico es el crimen organizado en acción. El narcotráfico y el crimen organizado, alimentado por la corrupción gubernamental y de ciudadanos privados, merece atención especial para garantizar la vida y los derechos de toda la población. Mientras se  buscan e implantan las soluciones sociales y económicas para devolverle la estabilidad y seguridad a Puerto Rico, urge tomar acción ejecutiva robusta, rápida y proactiva para atacar el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción en todos los niveles de la sociedad. El pueblo no resiste más castigo mortal.

Lamentablemente, el país está polarizado ideológicamente. Las victimas inocentes pertenecen a todas las ideologías y partidos. Las instituciones cívicas y religiosas, los partidos políticos, la prensa y los medios de comunicación tienen que apoyar al gobierno en la guerra abierta al narcotráfico, responsable de muchos de los asesinatos reportados.

Estoy convencido que Luís Fortuño le devolverá el orden y la paz al país, pero el gobierno viene obligado a desplegar una guerra vigorosa y sin cuartel contra los narcos y el crimen organizado. En la misma manera que se respondió rápida e inteligentemente ante el fuego de CAPECO, hay que actuar ante la emergencia mortal de la plaga criminal que azota el país. Hay que imprimir sentido de urgencia. Todas las agencias del gobierno tienen una responsabilidad especial para el éxito de un Plan de Emergencia de Seguridad.

El ciudadano indefenso exige  que el gobierno ponga fin al síndrome de la “ventana rota” de una isla ensangrentada por los cuatro costados. El gobierno tiene la responsabilidad constitucional primordial de garantizar la seguridad a sus ciudadanos. Esa es la principal responsabilidad. Ignorarla nos convierte en cómplices de los que atentan contra la vida, la propiedad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. El fracaso y la inacción no son opciones.

Interés de Chávez en Puerto Rico

Hernán Padilla

Publicada en El Sentinel de Florida 01/16/10

La inmensa mayoría de los cuatro millones de puertorriqueños que residen en la Isla y de los más de 4 millones que residen en los Estados Unidos se identifica con los hermanos Venezolanos en su reclamo por una verdadera democracia y su derecho a disfrutar de las riquezas y los recursos de la tierra Venezolana.

En su libro Estado-Patria, el escritor y puertorriqueño Luís Dávila Colón enumera la estrategia socialista de Hugo Chávez para dominar los países latinoamericanos. Dávila Colón describe las maniobras políticas chavistas para atacar las democracias existentes, destruir su estabilidad, debilitar el gobierno y crear una crisis para que el pueblo pierda la confianza en las instituciones.

El panfleto socialista es simple.  Esconden sus intenciones socialistas y totalitarias. Infiltran las instituciones privadas, publicas y de gobierno. Asumen el control de la educación, prensa y medios informativos, los sindicatos obreros y las asociaciones profesionales. Por decreto, imponen decisiones antidemocráticas. Generan lucha de clases  y polarizan al país. Atacan a los que piensan diferente. Destituyen gobernadores y alcaldes que fueron electos por el voto libre del pueblo.

Se apoderan de las fuerzas armadas y de seguridad pública. Desacreditan las leyes que mantienen el orden público y crean un ambiente donde solo sus allegados y seguidores  políticos se sienten seguros. Desatan campañas de odio y mentiras en contra del sector privado y la libre empresa. Nacionalizan empresas para que todos los trabajadores le deban su empleo al gobierno socialista. Intimidan a la población para subyugarlos a su antojo.

Los venezolanos, dignos creyentes de los valores democráticos, conocen la trayectoria del militar que intentó derrocar su gobierno mediante un golpe de estado. El Presidente Calderas lo indulta y Chávez se presenta como un agente de cambio para que lo eligieran Presidente. Contrario a la esperanza del pueblo, los engañó y defraudó. Usó el proceso democrático para destruir las instituciones democráticas. Chávez impone el populismo autoritario, ignora la Constitución, controla la judicatura, la legislatura y el proceso electoral, ordena la ley de la mordaza, cierra estaciones de radio y de televisión, encarcela a sus opositores, paraliza la economía, y quiere diseminar su revolución socialista en países vecinos.

Eso nos trae a Puerto Rico. Chávez, un enemigo público de los Estados Unidos, quiere montar una cabeza de playa en Puerto Rico. Chávez y su gobierno socialista ignoran el derecho a la libre determinación de los puertorriqueños. Oficial y públicamente promueven la separación de Puerto Rico de los Estados Unidos. Recientemente se reveló que el FBI está investigando si los Chavistas están financiando a los grupos separatistas y radicales de la Isla con el propósito de adelantar su causa.

El 97% de los puertorriqueños quiere la relación permanente con los Estados Unidos y defiende con sus votos la Ciudadanía Americana. El pueblo eligió a un Gobernador y una Legislatura que representan el sentir de la mayoría de los puertorriqueños: convertirse en un Estado Federado de los Estados Unidos. Le aseguro al pueblo Venezolano, y a los venezolanos que residen en Florida que, cuando Puerto Rico se convierta en Estado, nuestros dos Senadores y siete Congresistas puertorriqueños defenderán la democracia y los derechos humanos en Venezuela y todo el Continente.

La colonia suplicante

Publicada en El Nuevo Dia, lunes 11 de enero, 2010

Hernán Padilla

La reforma de salud en el Senado Federal evidencia la necesidad contundente de Puerto Rico de una auténtica representación tanto en la Cámara de Representantes y como en el Senado Federal. Los 400,000 puertorriqueños que no tienen un seguro de salud, la clase media que vive agobiada por el costo de la vida, los más de 1,500,000 seres que dependen de los beneficios de Medicaid para el (PAM) Programa de Asistencia Medica y la Tarjeta de Salud, y todos los que reciben beneficios de Medicare en la Isla se hubieran beneficiado automáticamente y con mejores beneficios si Puerto Rico fuera un Estado de la Unión.

El resultado de las negociaciones entre legisladores y la fuerza electoral de distintos estados resulta de tanta importancia que si el status colonial del ELA se hubiera resuelto a favor de la estadidad, nuestros dos Senadores en el Senado Federal hubieran logrado extraordinarios beneficios en el proyecto que ahora va a Conferencia entre Cámara y Senado. La “colonia mendicante” es otra. El Comisionado Residente, sin voto en la Cámara, el Gobernador, exgobernadores y múltiples funcionarios públicos, médicos y administradores de la salud claman por “paridad en los fondos federales”. No podemos arrodillarnos a pedir paridad en todos los programas federales cuando el pueblo no se ha expresado para resolver finalmente el problema del status. Las colonias no tienen derecho a exigir paridad, suplican.

Consistente con su historia, los defensores de la colonia y el status quo sugieren que una delegación bipartita vaya a la Capital Federal a suplicar que el Congreso le conceda un mejor trato a Puerto Rico en la Reforma de Salud. Es el mismo síndrome del “mango bajito” y del “dame-dame” que caracteriza el modelo del ELA, la colonia más vetusta del planeta.

Es hora que el pueblo comprenda el valor de una delegación legislativa con el poder de un Estado que tenga más Congresistas y más votos electorales que 23 otros estados de la Unión. Concurro con Luís Dávila Colón: “con una delegación congresional completa y el poder del voto presidencial, Puerto Rico tendría un poderío inmenso en la toma de decisiones nacionales, en la repartición del presupuesto, en la asignación de fondos y programas, en políticas de defensa, y la designación y nominación de funcionarios, jueces, y fiscales, jefes de gabinete, y directores de agencias”.

Dávila Colon tiene razón: “Puerto Rico esta listo y pasado de que haga un reclamo contundente hacia su definición. Puerto Rico es un estado en su condición política, social y geográfica. Pero que “mientras vivamos en el Territorio del ELA, la ciudadanía americana no nos confiere todos los derechos, privilegios e inmunidades que nos corresponderían como ciudadanos americanos residentes de un estado de la Unión”.

La injuriosa condición de colonia nos confiere una ciudadanía hibrida y de segunda clase, una chatarra jurídica-constitucional. Buscar la solución del status no es incompatible con trabajar inteligentemente para sacar a Puerto Rico de la bancarrota moral, social, económica y fiscal en que nos ha sumido el status colonial del ELA desde el 1952. Mientras se prepara el camino a la estadidad, por el bien del ideal y de Puerto Rico, tenemos que administrar bien los pocos recursos de la colonia, defender a los pobres y la clase media, mejorar la educación, levantar la economía, generar empleos, derrotar el crimen, y educar a los puertorriqueños sobre la estadidad federada soberana.

El Gobernador, los funcionarios públicos, los legisladores y líderes políticos estadistas tienen que cumplir con su promesa de hacer un “buen gobierno”. Urge garantizar la seguridad pública, mejorar la economía, y eliminar los gastos superficiales e innecesarios del gobierno. Comiencen prohibiendo los contratos de asesores-políticos y los viajes de funcionarios que no benefician al país.