Lecciones de la crisis universitaria, publicada en ENDI el lunes 31 de mayo de 2010.

Lecciones de la crisis universitaria

Hernán Padilla

Los llamados paros y huelgas universitarias se caracterizan por la intolerancia y autoritarismo de los grupos dirigentes y la interferencia abierta de grupos políticos, ideológicos y sindicales que persiguen agendas políticas contrarias a la misión de la propia Universidad. La intervención, interferencia y envolvimiento de las fuerzas independentistas, nacionalistas, socialistas, populares y radicales usando a los estudiantes como escudo resulta obvia.

Los estudiantes y representantes estudiantiles tienen el derecho a expresar sus quejas y peticiones en forma civilizada y ordenada, pero en una sociedad democrática se respetan los derechos de los que no piensan como ellos. El debate y el escrito de altura y con respeto son los fundamentos que deben prevalecer en el ámbito universitario, pero se impuso la violencia, el insulto y la confrontación.

Tomaron los portones por la fuerza e impidieron el paso de aquellos que quisieran realizar labores académicas y administrativas en beneficio de la universidad, así  como los estudiantes que quieren completar sus requisitos académicos. Se adjudican el monopolio de la “razón y la justicia”, imponen sus criterios y efectivamente ignoran y silencian las voces y reclamos de la comunidad universitaria que piensa diferente. Para colmo, traspasan propiedad privada, provocan un altercado en un hotel y no les importa el daño que le hacen al turismo, comercio y la economía de Puerto Rico. Los sindicatos y grupos políticos-ideológicos destruyeron la autonomía y el “ambiente universitario”. Paralizaron la Universidad siguiendo el libreto revolucionario de Chávez y Castro.

Urge comenzar una discusión pública de porque los paros y las huelgas no tienen cabida en la Universidad. Los estudiantes no tienen el derecho a “huelga” y mucho menos a gobernar la universidad. No se puede ignorar que los cierres académicos pueden traer consecuencias desastrosas para los 60,000 estudiantes universitarios: posible desertificación por la Middle States Association, la pérdida de las Becas Pell que benefician el 68% de todos los estudiantes y  las aportaciones federales para investigación, pasantías y programas de investigación.

En esta crisis se ignoró la defensa de la mayoría de los estudiantes que quería regresar a sus estudios, completar el semestre académico, graduarse y recibir su diploma, estudiar veranos para adelantar sus estudios y completar experimentos e investigaciones. Ignoraron el reclamo que la Universidad viviera con portones abiertos y reanudaran las clases.

La Junta de Síndicos, el Presidente y los Rectores deben reconocer la Ley de 1966 y el Reglamento de Estudiantes y sostener que no es legal que cualquier grupo que se sienta insatisfecho tome control de los portones y le niegue el derecho a los estudiantes a educarse y a los profesores cumplir con su función académica. La lenta acción de los administradores universitarios permitió a un minúsculo grupo, apadrinados por agitadores políticos, cerrar el campus universitario.

Reconozco que es la responsabilidad del Estado proveer educación universitaria de calidad  a un “costo accesible.” También es necesario reconocer que los recursos fueron administrados pésimamente en los últimos cinco años y que la Universidad ha caído presa del chantaje político e ideológico de sindicatos y grupos políticos. Sí, hay que abrir los libros de las finanzas de la Universidad y propiciar foros, vistas públicas y publicaciones sobre como enfrentar la insuficiencia presupuestaria en un proceso democrático y transparente que trascienda las ideologías obsoletas y derrotadas.

Tengo fe en el futuro de la Universidad de Puerto Rico. La educación y los centros universitarios son una inversión en el futuro de Puerto Rico, pero el sistema universitario no funciona en un vacío. La Universidad necesita un examen minucioso de la estructura administrativa y de la estructura funcional y presupuestaria a tono con la realidad económica y fiscal de un gobierno que las pasadas dos administraciones dejaron en quiebra fiscal y moral.

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