Hernan Padilla

1)      Aproximadamente un 60% de las unidades de vivienda tienen servicio de alcantarillado sanitario.

2)      La cobertura en otras ciudades de los Estados Unidos en promedio es 79.4%.

Acueductos, crisis y soluciones

Hernán Padilla

La reclasificación del crédito de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados como “negativo, en vez de estable”  nos obliga a considerar la crisis por la cual atraviesa el servicio de agua potable en la Isla.

La Agencia Crediticia basa su determinación en que la AAA, opera con subsidios del Gobierno de Puerto Rico. El Gobierno Central aportó $27 millones en el 2009 y $105 millones en el 2010 para poder cumplir con los mandatos ambientales federales y reducir el déficit sin aumentar la tarifa.

Aunque la Autoridad ha hecho esfuerzos para reducir los gastos y mejorar sus finanzas, las cuentas malas y por cobrar ascienden a 18%, unos $80 millones en el 2009-10.

Una de las razones principales de la crítica situación de Acueductos se concentra en las pérdidas del sistema de distribución de agua. Se estima que el 50% del agua potable se pierde por escape de aguas, roturas de las tuberías y exceso de agua en los tanques. Esta cantidad equivale a una pérdida de 435 millones de metros cúbicos al año, unos $185 millones.

En adición, 13% del agua que se produce nunca se cobra, entre otras razones por robo, malas lecturas de los metros, metros rotos y obsoletos y el sistema de cobro por consumo estimado. Una perdida de $140 millones.

En el año fiscal 2009, la AAA procesó y produjo 893 millones de metros cúbicos de agua potable. Es triste reconocer que se pierden o no se cobran 562 millones de metros cúbicos, 63% del agua que produce y distribuye. Durante ese año fiscal, se reportaron 80,495 salideros de agua (escapes o tuberías rotas) y 19,964 incidentes de perdida por exceso de agua en los tanques de almacenamiento.

La Autoridad necesita invertir $700 millones en nueva tecnología en el área de servicios al cliente, lectura remota, reducir la perdida de agua, instalar medidores en la red de tuberías y llevar a cabo un censo minucioso y detallado para encontrar más de 90,000 usuarios que no están en el sistema de facturación y cobro.

Los gastos de la AAA, incluyendo el servicio a la deuda, sobrepasan los ingresos de la Autoridad. No cuenta con los fondos ni capacidad prestataria para modernizar las operaciones, reemplazar y renovar tuberías para evitar las perdidas y garantizar un servicio consistente y de calidad.

La mejor alternativa es que la empresa privada financie, instale y opere sistemas de tecnología adecuada, como  lectura remota, para leer correctamente el flujo y los metros, establezcan “Distritos de Medición” para detectar salideros, escapes y pérdidas de agua, y produzcan un catastro real de los consumidores de agua.

Es absolutamente necesario reducir la pérdida de agua, evitar expandir el sistema y producir más agua potable que la que se necesita. Reducir la pérdida de agua a 10% de la producción total equivale a establecer una reserva de capacidad de producción de agua potable de 280 millones de galones diarios y una economía de más de $560 millones.

Debemos exigir mejor tecnología de medición para poder identificar las pérdidas físicas y comerciales, reducir la cantidad de agua que se procesa para agua potable, reducir la extracción de agua, proteger el ambiente, y limitar el uso de electricidad y químicos en las plantas de Acueductos.

El proyecto de mejoras en la lectura y la APP para sistemas de lectura remota son necesarios para evitar que el Fondo General tenga que subsidiar la AAA por más de $150 millones y negarle fondos adicionales a otras prioridades, como combatir el crimen y mejorar las escuelas.

Si la Autoridad fracasa y no puede funcionar con eficiencia y alta tecnología, la alternativa obligada será vender los activos y transferir la operación a la empresa privada.

UPR: Habla el Supremo

Hernán Padilla

Los llamados paros y huelgas universitarias se caracterizan por la intolerancia y autoritarismo de los grupos dirigentes y la interferencia abierta de grupos políticos, ideológicos y sindicales que persiguen agendas políticas contrarias a la misión de la propia Universidad.

Los estudiantes y representantes estudiantiles tienen el derecho a expresar sus quejas y peticiones en forma civilizada y ordenada, pero en una sociedad democrática se respetan los derechos de los que no piensan como ellos. El debate y el escrito de altura y con respeto son los fundamentos que deben prevalecer en el ámbito universitario, no el insulto y la confrontación.

Agitadores y motivaciones políticas e ideológicas, quieren impedir las labores académicas y administrativas en beneficio de los estudiantes que quieren completar sus requisitos académicos. Se adjudican el monopolio de la “razón y la justicia”. Algunos sectores del país quieren silenciar las voces y reclamos de la comunidad universitaria que piensa diferente. Los sindicatos y grupos políticos-ideológicos destruyen la verdadera autonomía y el “ambiente universitario”. Su meta es paralizar la Universidad.

No se puede ignorar que los cierres académicos pueden traer consecuencias desastrosas para los 60,000 estudiantes universitarios: posible decertificación por la Middle States Association, la pérdida de las Becas Pell que benefician el 68% de todos los estudiantes y  las aportaciones federales para investigación, pasantías y programas de investigación.

No se puede ignorar la defensa de la mayoría de los estudiantes que quiere completar el semestre académico, graduarse y recibir su diploma, adelantar sus estudios y completar experimentos e investigaciones.

La Junta de Síndicos, el Presidente y los Rectores deben reconocer la Ley de 1966 y el Reglamento de Estudiantes y sostener que” no es legal” que cualquier grupo que se sienta insatisfecho le niegue el derecho a los estudiantes a educarse y a los profesores cumplir con su función académica.

Es la responsabilidad del Estado proveer educación universitaria de calidad  a un “costo accesible.” También es necesario reconocer que los recursos fueron administrados pésimamente en los últimos cinco años y que la Universidad ha caído presa del chantaje político e ideológico de sindicatos y grupos políticos. Puerto Rico no tiene los recursos para satisfacer todas las necesidades, ni llevar a cabo todas las obras y proyectos, ni corregir todos los males del pasado. Puerto Rico no tiene los recursos para financiar el 100% de todos los programas y prioridades.

Por eso es que la sociedad se ha convertido en una dependiente de ayudas para cupones de alimentos, subsidios de alquiler, fondos federales para Medicaid, y ayuda para protección ambiental, construcción de carreteras, transportación colectiva, sistema de justicia y, obviamente, educación.

La decisión del Tribunal Supremo confirma que los estudiantes no son una unidad laboral y que no tienen derecho a huelga. Reconoce que los estudiantes, como todos los ciudadanos tienen el derecho constitucional a libertad de expresión y protestas organizadas, en los espacios designados y sin violar o interrumpir los derechos de los demás. Exhorto a los medios de comunicación del país a denunciar a los encapuchados que tiran bombas de humo en los pasillos y quieren sembrar pánico en la Universidad.

La anarquía NO es la solución. La educación es la contestación a las necesidades de Puerto Rico. Ahora, la Universidad puede cumplir con su responsabilidad de educar en un ambiente que propicie el conocimiento.

Corrupción, antesala criminal

Hernán Padilla

El “relajo” de retirar la renuncia del legislador Rodríguez Traverso subraya la imperiosa necesidad de llevar a cabo, con prioridad de emergencia social, la reforma de la Rama Legislativa bajo el liderato del Gobernador Fortuño.

Así de podrido está el tejido social que enmarca esa rama del gobierno insular. Así de urgente es mandataria una reforma de arriba abajo, mucho más que solo reducir el número de legisladores.

El Capitolio representa, con excepciones mínimas y honrosas, ante la ciudadanía común y corriente, un centro de entrenamiento y graduación de corruptos que intoxica el tejido social. En el 2009 sale a flote el caso de las fechorías criminales de De Castro Font en el Senado de Puerto Rico. Ahora, el Representante Popular Luis Farinacci encara cargos criminales por violencia domestica pero el PPD quiere protegerlo. El contagio corruptivo se extiende. La historia legislativa está plagada de corrupción y violaciones al código de ética.

Se desborona la casita de naipes. Se le sale el refajo a los corruptos. No tienen vergüenza ni ropa interior. Están desnudos de decencia, honestidad, valores éticos y morales, honorabilidad, principios de equidad, sentido de justicia, y respeto por el pueblo que los elije.

El emperador está desnudo. La clase privilegiada que viste con gabán y corbata y se pasea por pasillos “sagrados de la “Casa de las Leyes del Pueblo” solo visten ropaje de persona decente cuando son candidatos pero cuando son electos son puros farsantes de la democracia.

Son los mismos que disfrutan de carro, chofer gratis, dietas, salarios más altos, trabajan cuando quieren pero cobran a tiempo completo, viajan por el mundo a costa del erario público, a quienes les rinden homenajes políticos y se auto-celebran cumpleaños para recaudar fondos políticos y los honran con el título inmerecido de honorables.

Conozco legisladores que merecen el privilegio de servir al Pueblo y quienes se distinguen por su entrega a los valores que hacen grande al ser humano. Señal de su verticalidad será revelarse en contra de los que usurpan y pisotean el prestigio y el honor de los que tienen un compromiso con un “buen gobierno”. Los que viven respetuosos de la ley y los valores cívicos, morales y éticos a que aspira el pueblo puertorriqueño, no deben vivir en paz y en armonía con los que buscan beneficios personales, ventajeria política y que se esconden detrás del titulo de legislador para defraudar al electorado.

La Presidenta de la Cámara, Jenniffer González, exigió el descargue del informe de la Comisión de Ética y finalmente ordenó tomar acción por la Cámara en Pleno. Ese debe ser el comienzo de un examen obligado de todas las prácticas indeseables que viene ocurriendo por décadas bajo la cúpula del Capitolio.

La política pública del Gobernador Fortuño de “cero tolerancia” y  en contra de la corrupción “venga de donde venga” merece el respaldo absoluto del PNP.  Fortuño ganó las elecciones del 2008, en gran medida, por la corrupción imperante en el gobierno. El electorado le dió un voto de confianza a un líder comprometido a prevenir la corrupción y   “devolverle el prestigio al gobierno y a restablecer la confianza del pueblo en nuestras instituciones políticas y gubernamentales”.

La selección del próximo representante del Distrito Representativo 16 le brinda una oportunidad al PNP para reafirmar que “somos una sociedad de ley y orden, y nadie está por encima de la ley”.

El pueblo no espera que los funcionarios públicos sean “monjas de la caridad”, pero si exigen que cumplan con los preceptos de un buen ciudadano, verticales contra la corrupción. El Directorio de la Palma debe garantizar que la persona electa sea absolutamente honrada y comprometida con una verdadera reforma política, administrativa y ética de la Legislatura.