Archive for July, 2011

Constitucion de PR, Terriorio/colonia o estadidad, El Nuevo Dia lunes 25 de julio, 201.

Constitución, territorio/colonia o estadidad

Hoy, 25 de julio, día de la Constitución e Puerto Rico, celebramos 113 años del inicio de la ocupación militar de Puerto Rico como colonia antillana de los Estados Unidos de Norteamérica.

La Ley 600 autorizó a Puerto Rico a tener nuestra propia Constitución para administrar asuntos locales. La historia legislativa reitera y el propio Muñoz Marin aceptó públicamente que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria. El “Commonwealth” no implica un status diferente; jurídicamente no existe.

Resulta oportuno señalar que la Constitución de Puerto Rico sostiene que:

“Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”.

Como en otros capítulos en la historia de la humanidad, el contacto de la cultura anglosajona americana y la colonial española-puertorriqueña ha provocado cambios sociales, académicos, políticos, gubernamentales, jurídicos, económicos y culturales que se han convertido en la nueva realidad puertorriqueña.

Procede reflexionar sobre el experimento político y traer un poco de historia a un pueblo que clama por que le pongan fin al estatus colonial y le abran las puertas a la igualdad dentro de la federación de estados de la nación americana o que le den la independencia para forjar su propio futuro.

Theodore Roosevelt, hijo del Presidente Teddy Roosevelt, luego de finalizar su termino como Gobernador de Puerto Rico en el 1932, publicó su libro “Colonial Policies of the United States” (Archivo Nacional de los Estados Unidos, 1937 #E-713-R-66). Roosevelt se interesó en el concepto de Puerto Rico como un “dominio” con gobierno propio en el futuro. Pronosticó que la Isla tendría su propia Constitución para administrar los asuntos locales en el futuro.

El ex Gobernador Roosevelt dijo que el sueño imperialista del 1898 había probado ser irrealizable y reconoce que una “democracia como la de Estados Unidos” no puede administrar un imperio-colonial. Sentenció que la administración colonial en Puerto Rico  chocaba contra las tradiciones democráticas americanas y su pragmatismo gubernamental lo convenció que Puerto Rico era y siempre seria una carga económica para los Estados Unidos.

La Constitución para un gobierno propio colonial del 1952 es un instrumento político que en nada cambia el estatus territorial y cuyo nombre de Estado Libre Asociado solo tenía el propósito de engañar a la población insular y la opinión internacional. La intención era hacer creer que la Isla no era una colonia dentro del marco jurídico Constitucional y el Artículo 3, que reglamenta los Territorios y posesiones americanas en ultramar.

Ese fue el gran mito político-jurídico producto de mentes brillantes como el Juez el Supremo Abe Fortas, el Gobernador Tugwell y José Trías Monje,  defendido y difundido por Luis Muñoz Marin., el gran maestro político. Muñoz reconoció que Puerto Rico era una colonia americana bajo la tutela exclusiva del Congreso de los Estados Unidos de America.

Los Populares inventaron la “gran mentira” del pacto bilateral, un pacto que nunca existió. Ahora quieren presentar la colonia como un territorio autónomo y soberano, un concepto jurídico ajeno a la Constitución Americana.  El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico

Tampoco podemos ignorar que la Tercera Sección del Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos establece que el Congreso podrá admitir nuevos estados a la unión.

La Constitución nos garantiza el derecho a exigir al Congreso que tome en cuenta la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Cuando la mayoría de los puertorriqueños se exprese en contra de la colonia, en contra de una república independiente y a favor de la Estadidad convocaremos  la Asamblea Constituyente para redactar la Constitución del Estado de Puerto Rico.

 

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Seguridad Publica, la batalla por Puerto Rico. El Nuevo Dia, lunes 11 de julio 2011

La batalla por Puerto Rico

Hernán Padilla

El asesinato a plena luz del día del Banquero en el Expreso Las Américas, los 30 asesinatos en el fin de semana de las Fiestas de San Juan y la redada antidrogas en la Perla evidencian la descomposición del tejido social.

En mayo se reportaron 21,059 delitos; 3845 fueron delitos de violencia. En los primeros seis meses del año informan 567 asesinatos. Los datos sugieren que los narcos se matan entre ellos para controlar sus territorios y cobrar deudas de drogas. Lamentablemente, ciudadanos inocentes caen victimas en esta infame confrontación.

Los recursos de personal con que cuenta la Policía para cumplir con su responsabilidad son limitados. Para el 2011-12 se asignan $766 millones y en teoría cuentan con 18,986 puestos. La realidad es que 6,907 plazas están en tareas que no son de vigilancia policiaca directa y que existen más de 2500 plazas vacantes

La Policía no tiene suficientes efectivos para llevar a cabo un buen plan de prevención. Aunque tendrán un aumento de $29.5 millones y reclutarán 536 nuevos cadetes, no le asignaron dinero adicional para llenar miles de posiciones vacantes. Es imperioso asignar más fondos a la Policía.

Prevención implica implantar programas para modificar la conducta de nuestros jóvenes, un cambio social-cultural a largo alcance. Mientras tanto, es necesario aumentar la vigilancia policía en las comunidades. La presencia masiva de policías en lugares de alta incidencia criminal tiene impacto preventivo inmediato y sostenido.

Un buen programa de prevención requiere tecnología moderna para derrotar el crimen y proteger los ciudadanos. En Memphis, Tennesse, redujeron el crimen en más de 30%, incluyendo una reducción de 15% en crímenes violentos.

El modelo utilizado fue desarrollado por IBM y el Departamento de Criminología y Justicia Criminal de la Universidad de Memphis.  Este programa analítico de estadísticas criminales predice los “puntos calientes” para asignar recursos, personal, patrullaje, control de tránsito, operaciones e investigaciones específicamente dirigidas a sectores de alta actividad delictiva.

El nuevo Superintendente Diaz Colón merece todo el respaldo para continuar con las redadas contra el narcotráfico, el “Golpe al Punto”, el “Grupo de los 100”, acelerar la reforma de la Policía, y hacer realidad el proyecto de estadísticas computarizadas (COMPSTAT) para analizar estrategias para controlar el crimen.

Apoyo la iniciativa para un Centro de Información Criminal (Crime Information Warehouse), un nuevo programa para almacenar información de la Policía, Justicia, Corrección y DTOP en un sistema integrado disponible al momento de intervenir con un sospechoso de un crimen.

Las cámaras de televisión de circuito cerrado (CCTV) en lugares públicos son un instrumento efectivo comprobado para prevenir el crimen. Son un arma silente para evitar tráfico y venta de drogas y crímenes callejeros y condenar judicialmente los delincuentes. Con una red de cámaras que ofrece imágenes inmediatas y en tiempo real, localizadas en lugares estratégicos y conectadas a un Centro de Mando, la Policía tendría información valiosa para tomar acción preventiva contra cualquier actividad delictiva o criminal.

Las cámaras de seguridad no violan los derechos de privacidad ciudadana. Son legalmente aceptadas. Se utilizan en Centros de Gobierno, Centros Judiciales, Centros Comerciales, hospitales, aeropuertos, estaciones de peaje y control de tráfico  entre muchos otros. Varias ciudades que tienen instalados sistemas similares reportan éxito sustancial y reducción de la actividad criminal entre 36% a 66%. El factor multiplicador de una cámara científicamente instalada equivale a asignar cuatro policías uniformados a un sector que necesita vigilancia.

El gobierno tiene la inescapable obligación primaria de proteger la vida y hacienda de todos los ciudadanos. La guerra contra los narcos y sus corruptos aliados es la gran batalla por el alma de Puerto Rico, esencia de nuestra frágil sociedad libre y democrática.

“Tirar la toalla”, no puede ser una opción.

 

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