Hernan Padilla

Consultas plebiscitarias: responsabilidad y derecho

Después de vivir 113 años bajo la bandera Americana, y a casi seis décadas de haber aprobado nuestra Constitución, el pueblo de Puerto Rico se acerca a la solución permanente del estatus político que define nuestra relación política con los Estados Unidos.

Celebro que el Gobernador Fortuño haya sometido a la Legislatura un proyecto de Ley que viabilice un Referéndum para consultar al electorado puertorriqueño sobre su preferencia ideológica.

En una democracia todos tenemos el derecho a opinar, pero discrepo respetuosamente de aquellos para quienes nunca es un buen momento para confrontar a Puerto Rico con su destino político y liberarnos el yugo político de la colonia.

El proceso es simple y claro. En la primera consulta, a celebrarse en agosto del 2012, se le preguntará al Pueblo si prefiere continuar con el estatus político actual (colonial) del ELA sujeto a la Cláusula Territorial de los Estados Unidos, o si prefiere un estatus político permanente no territorial ni colonial.

Si la mayoría escogiera un estatus político permanente y no colonial,  se llevará a cabo una segunda consulta en el 2013 para que el pueblo escoja entre (1) un Estado Federado de los Estados Unidos,  (2) una nación independiente de los Estado Unidos  o  (3) el Estado Libre Asociado Soberano (entiéndase republica asociada) .

Considero apropiado citar algunos pasajes de mi mensaje como Delegado Alterno de los Estados Unidos ante la 37ma Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de septiembre de 1982.

“En 1917 se extiende la Ciudadanía de los Estados Unidos a los puertorriqueños y desde entonces cualquier ciudadano que nace en Puerto Rico es ciudadano americano con el derecho a la protección de sus leyes y disfrute de sus derechos”.

Estoy convencido que “los Estados Unidos sostienen una clara política de autodeterminación, y que aceptará, defenderá e implantará la decisión puertorriqueña sobre el asunto del estatus”.

Contrario a unas expresiones muy equivocadas y contrarias a la tradición democrática del Presidente Obama, “el Presidente Reagan dijo que el respaldaba la estadidad para Puerto Rico si esa era la selección de los puertorriqueños, que su administración aceptará la decisión de la mayoría del pueblo de Puerto Rico”.

“Somos nosotros los puertorriqueños los que tenemos el derecho y la responsabilidad histórica de decidir nuestro sistema de gobierno y nuestra relación política con los Estados Unidos.

La Resolución 748 de 1953  sostiene que cualquier cambio en las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos tomará en cuenta la voluntad del pueblo puertorriqueño y de los Estados Unidos”.

“En ese mismo proceso, la Asamblea General aprobó la Resolución 1541 que establece las alternativas disponibles al pueblo puertorriqueño y define que un Territorio ha alcanzado la plenitud de gobierno propio cuando (1) pasa a ser estado independiente, (2) establece asociación o (3) se integra a otro estado independiente”.

Precisamente, esas son las tres alternativas de la segunda consulta: Independencia, Republica Asociada y Estadidad.

“El pueblo puertorriqueño tiene el derecho Constitucional, dentro del marco de las relaciones  políticas con los Estados Unidos, y sostenido en nuestra propia Constitución, de alterar  y enmendar nuestra Constitución de acuerdo a nuestras necesidades  y convicciones políticas e ideológicas. Las Naciones Unidas en su Resolución 1541, Principio VII defiende ese derecho”.

Nuestro status político continúa siendo un asunto de primordial importancia en nuestra propia agenda del presente y del futuro. Al imperio británico le tomó 100 años liberar su “crown jewel colony”, Hong Kong. Confiamos que pasados 115 años, el Congreso atienda el reclamo de la mayoría de los puertorriqueños en las dos consultas plebiscitarias. Estoy convencido que rechazaran el estatus territorial/colonial en el 2012 y apoyarán la Estadidad como única relación permanente con los Estados Unidos en la segunda consulta.

Alianzas para transformar el  Aeropuerto

A dos años de haberse aprobado la Ley para crear la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y organizado la pequeña agencia rectora, el proceso lento, largo, racional, metódico, analítico  y transparente es validado por 12 empresas internacionales que respondieron afirmativamente a la invitación para someter cualificaciones. Suministran amplia evidencia de su interés, capacidad técnica, financiera y experiencia para financiar, diseñar, remodelar y operar el vetusto e ineficiente Aeropuerto Internacional, que cumple 56 años.

En los 90’s desapareció Eastern Airlines. American Airlines añadió los “Terminales C y D” y convierte el LMM en su centro de conexión aérea internacional. Lamentablemente, aumentó la competencia de otros destinos del Caribe, mientras que Miami (MIA) se convirtió en la puerta hacia Latinoamérica.

Del 2000 al 2009, Puerto Rico pierde su capacidad de conectividad internacional, cierran varias aerolíneas internacionales y el nuevo “Terminal A” nunca fue ocupado. El desarrollo del LMM ha sido inconsistente y se ha debilitado la posición de Puerto Rico como destino turístico, comercial y empresarial. El Aeropuerto se quedó rezagado.

Para ser competitivos, se necesita una estrategia a largo plazo para desarrollar proyectos para los cuales no tenemos los recursos económicos. La alternativa más realista es una Alianzas Publico-Privada, como son los aeropuertos Heathrow (Londres), Frankfurt (Alemania), Sanford (Orlando-USA), Sydney (Australia), Cancún (Méjico), Lima (Perú) y Aeropuertos Argentinos. El proyecto del LMM dará visibilidad mundial a Puerto Rico para atraer turistas, inversionistas, empresas y empleos para nuestro pueblo.

Es fundamental transformar el Aeropuerto y reposicionar a Puerto Rico como centro de conectividad aérea. Necesitamos un aeropuerto moderno que atraiga más aerolíneas, pasajeros y carga.

Podemos lograrlo si mejoramos las experiencias de los pasajeros, ofrecemos tarifas favorables a las aerolíneas y garantizamos transparencia y confiabilidad cuando se establecen las tarifas. Se requiere un Operador de clase mundial que aplique y mantenga las mejores prácticas administrativas.

El proceso para evaluar las cualificaciones de las compañías interesadas debe ser  minucioso, detallado y específico. Deben someter una lista de asesores, proyectos comparables, accionistas principales, una certificación de que no tienen reclamaciones materiales y una declaracion negativa de convicción de actos de corrupción.

Estas compañías tienen que demostrar capacidad técnica y experiencias en el desarrollo, operación y mantenimiento de aeropuertos a nivel internacional y conocimiento en el manejo de facilidades, terminales y pistas de aterrizaje. Deben presentar evidencia de experiencia de excelencia en el servicio al cliente, relaciones con aerolíneas, estrategias de seguridad y operaciones e ingeniería en aeropuertos.

Tienen que presentar solidez financiera, y capacidad para pagar una porción de capital por adelantado, para sostener y mantener el Aeropuerto por el término del contrato y habilidad para obtener el financiamiento comprometido.

Los próximos pasos son cruciales, incluyendo la Solicitud de Propuestas (septiembre), el Borrador de Contrato de Alianza, las discusiones técnicas y legales, las Propuestas Finales, el análisis de las propuestas, la selección y aprobación del proponente (abril, 2012) y finalmente el proceso de análisis y aprobación por las Agencia Federal de Aviación (FAA).

Hoy tenemos la oportunidad  histórica para convertir el aeropuerto en el más moderno, eficiente y productivo aeropuerto internacional de las Antillas y del Caribe. Invito a que sigan de cerca el proceso final de selección. La transparencia de los trabajos de la Junta garantiza que el concesionario seleccionado será la mejor opción económica y operacional para Puerto Rico.

Como Representante del Interés Público, me satisface que la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas se imponga las normas más estrictas para que el proceso de selección del concesionario y la contratación de los servicios sean transparentes y cumplan con todos los requisitos legales y de sana administración pública. Ese es mi compromiso personal y profesional con el país.

Foreclosure: Desahucio Inminente

La recesión económica del 2006 desencadenó efectos devastadores para miles de familias puertorriqueñas. Desde el 2008, se reportan 9,705 ejecuciones de préstamos hipotecarios (foreclosures), 11,000 hasta fines del 2011, con el agravante que hay 17,890 casos pendientes de resolver. Las familias están en riesgo de ser desalojadas legalmente de sus hogares.

La ruina económica que acecha a las familias hipotecadas es catastrófica: pierden todo lo que han invertido en su hogar. Destruye la tranquilidad, la felicidad y estabilidad de la unidad familiar. Evapora la fe en el futuro de ciudadanos que sufren cotidianamente el cruel embate del desempleo. Significa el fin del sueño de poseer su propia casa en donde vivir y levantar a su familia.

El mercado hipotecario no existe en un vacío, es un componente importante de la economía de Puerto Rico. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras informó que en Puerto Rico hay 441,533 préstamos para viviendas, con un valor agregado de más de $45,000 millones.

El proceso judicial de ejecución de hipotecas puede extenderse hasta 18 meses. Este largo plazo permite al deudor gestionar una de múltiples alternativas para resolver su caso.  Si tiene la posibilidad de mejorar su condición económica y capacidad de pago ajustado, a corto plazo se puede negociar una moratoria o plan de pago informal. A mediano y largo plazo, el deudor puede negociar un plan de pago formal, plan de reducción de pago, pago del total adeudado, refinanciamiento o modificación de la hipoteca.

Cuando el deudor atraviesa una situación extrema pero quiere salvar su propiedad y permanecer viviendo en su casa, puede solicitar el “Programa de Mitigación de Pérdida” que promueve la Asociación de Bancos conjuntamente con agencias federales.

Apoyo vigorosamente el “Programa de Mitigación de Perdida” que ha beneficiado 23,000 dueños de hogares que se han acogido a una restructuración y/o alternativa de pago para salvar su propiedad evitando la ejecución.

Cuando el deudor no tiene dinero, puede considerar una “venta pre-ejecución” (short sale) o “dación en pago -entrega por la deuda”. La cruda realidad es que en una “ejecución de la hipoteca” perdemos todos en la sociedad: las familias y los bancos del país. El costo de un “foreclosure” para los bancos es de $53,757.  Peor aún, durante una crisis económica, los bancos no pueden vender la cartera de propiedades que han adquirido vía ejecución.  El mercado de propiedades no existe.

Esta dolorosa situación requiere crear mecanismos legales para lograr que el deudor pueda quedarse en su casa y su hogar por muchos años.

Propongo un modelo alterno, en donde los Bancos y los deudores estructuren y adopten un acuerdo voluntario de dación en pago (entrega de titulo) más alquiler por 24 meses a un precio módico con opción de compra, si mejora su capacidad económica. En este novel proceso, el Banco puede ajustar el precio del principal, absorber la pérdida (que puede utilizar como pérdida para sus impuestos), limpiar su balance y reflejar un inventario de “propiedad en cartera”  con activos de renta positivo. Como incentivo a los Bancos, si se acogen al proceso de “dación más alquiler con opción a compra”, se puede legislar para eximir del tributo sobre esa propiedad y la contribución sobre el ingreso del alquiler.

Este sencillo modelo de protección social permite detener el desalojo de la familia con el consecuente trágico resultado socio-económico y el daño que causa a la comunidad una propiedad abandonada. Protege más de 26,000 familias que se encuentran al borde el precipicio hipotecario para ser desahuciadas. El Banco ahorra miles de dólares del costo de mantener esta propiedad y simultáneamente, reduce el inventario de viviendas desocupadas.

Todos los actores ganan en este modelo. Vale la pena examinarlo y adoptarlo como política publica.

Energía Renovable

Celebro la iniciativa de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  (AAA) para instalar doce turbinas de viento para generar energía en ocho plantas de alcantarillado; comprar energía solar para suplir energía a dos plantas de tratamiento y para una estación de bombeo en Vieques y Culebra; operar las plantas hidroeléctricas que opera la Autoridad de Energía Eléctrica y los planes para una planta para convertir desperdicios sólidos (cieno) de alcantarillado en energía eléctrica.

No solamente es un buen negocio para la AAA y el pueblo de Puerto Rico, estas obras son un paso fundamental para independizarnos del petróleo mediante el uso de energía renovable. Debe convertirse en política pública para todas las agencias del gobierno con alto consumo de energía.

Me uno al reclamo que se produzca energía eléctrica limpia y renovable sin producir daño al ambiente y a la economía. No podemos continuar dependiendo del petróleo y el carbón para generar energía en la isla.

El Gobernador Fortuño anunció la construcción de la primera planta de generación de energía solar a gran escala en Puerto Rico. AES Ilumina comenzó la construcción de la planta con paneles fotovoltaicos de 20 mega watts en Guayama. Resulta ser el proyecto fotovoltaico más grande del Caribe y el primero en beneficiarse de la Ley de Incentivos de Energía Renovable de Puerto Rico del 2010.

Aunque creo que para lograr un sistema eléctrico sostenible se requiere tener 30% de energía renovable, la política pública estatal establece que para el 2035 solo un 20% de la energía que se genera en Puerto Rico debe ser energía renovable.  La Administración de Asuntos Energéticos informó una serie de proyectos que están bajo consideración para generar energía renovable. El nuevo Director Ejecutivo de la AEE debe acelerar los proyectos de energía renovable que podrían generar más de 700 MW.

Se destacan proyectos de tecnología solar fotovoltaica en Aguadilla (50MW), Guayama (15 MW), Salinas (57 MW y 10 MW), Loíza (20 MW), y Yabucoa (30MW).  Un proyecto de gran importancia, que aún no ha salido a la luz pública, es el de un Consorcio Francés que propone un parque fotovoltaico de hasta 100 MW con potencial futuro de 500 MW y quienes han mostrado interés en producir los paneles solares en Puerto Rico.

También están las fincas de molinos de viento para generar energía eólica en Guayanilla (40 MW), Punta Lima de Naguabo (26MW), Santa Isabel (75MW), Arecibo (50MW), Naguabo (20 MW) y en Vieques (20 MW). La misma prioridad merecen los proyectos para generar energía de desperdicios sólidos en Arecibo, Manatí, Barceloneta, Caguas y Yauco y los de gases de los vertederos de Moca y Canóvanas.

Advierto, sin embargo,  que esta avalancha de proyectos de energía renovable puede ocasionar choques con diversos grupos debido a situaciones sociales o ambientales. Otra situación compleja para la AEE es que los ingresos y el presupuesto de la AEE dependen de la venta de energía. A mayor consumo, más ingresos. A menor consumo, menos ingresos. A medida que las industrias y las agencias de gobierno instalan sus propios sistemas de energía renovable (solar, eólica,), en esa misma medida se reducen los ingresos de la AEE, y aumenta su déficit operacional.

Definitivamente, es importante distribuir justa y equitativamente los costos y los beneficios. Conociendo el historial de ineficiencia de la AEE, no se debe permitir que aumenten la tarifa a los demás usuarios para compensar por una menor producción o venta de energía. Tampoco pueden darle la espalda a nuevos proyectos de energía renovable porque compiten con su propia generación de energía. El proceso tiene que ser transparente. Puerto Rico requiere nuevos modelos corporativos para generar, comprar, transportar y vender energía. La AEE requiere una reforma amplia y sistemática.

Préstamos hipotecarios “bajo agua”

La caída del valor de la propiedad y la crisis económica por la que atraviesan miles de familias puertorriqueñas limita su capacidad para pagar préstamos hipotecarios con intereses tan altos como los que se fijaron durante la época boyante de la economía.

Cuando se rompe la burbuja, muchas propiedades pierden valor, muchos propietarios  que han perdido empleos o negocios, se les hace difícil pagar una mensualidad muy alta para su condición económica. Aún más doloroso, los precios de las casas puede que tarden hasta cinco años en recuperarse y  las familias, para cumplir con el pago de hipoteca, tendrán que limitar sus gastos a las más elementales necesidades.

Los reglamentos federales no permiten a las personas que tienen un préstamo hipotecario más alto que el valor de su propiedad, conocido como “prestamos bajo agua” refinanciar su préstamo a los bajos intereses prevalecientes  en el mercado hoy día. El otro problema es que los que tiene una segunda hipoteca no cualifican para un refinanciamiento con un interés mas bajo a menos que salden la misma. Es hora de eliminar los obstáculos para que se beneficien de un préstamo a un menor interés para poner sus finanzas en orden y retener su casa.

Más de 441,000 familias tienen préstamos hipotecarios de su vivienda y desde el 2008 hasta fines del 2011 se habrán ejecutado (foreclosed) 11,000 préstamos hipotecarios en Puerto Rico.

Para complicar el cuadro, según el “Cosntruction and Sales Activity Report”, en la Isla hay 588 proyectos de nueva construcción con 22,000 viviendas de inventario (12,000 listas y 10,000 en construcción)  que no se han vendido. A eso hay que añadirle miles de viviendas existentes vacías, que no se alquilan y no se venden en Puerto Rico.

Es alentador que se aprobara la Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal  y el hogar familiar, siguiendo el modelo del Estado de Florida.

Es encomiable que el Gobernador Fortuño haya emitido instrucciones para hacer realidad la política pública de vivienda, el Plan de Vivienda Estatal y las recomendaciones del plan federal “Puerto Rico State Plan 2011-15”. El Plan de Vivienda Federal para Puerto Rico merece consideración y amplia discusión. Es lógico que se usen todos los programas federales disponibles dirigidos a estimular el mercado de vivienda y que los Bancos se involucren activamente con el Programa de Revitalización de Comunidades.

El programa de subsidio para el pago y costos iniciales y gastos de cierre para adquirir la propiedad, así como el programa “Protegiendo tu Hogar”,  que ofrece un subsidio, a familias que han experimentado una seria reducción en sus ingresos, ha beneficiado 19,168 familias. Mediante $538 millones de programas federales, se ha incentivado la construcción de 3,000 unidades para familias de bajos ingresos.

Ante la débil situación económica que afecta a miles de familias y  la industria de la construcción es necesario  intensificar los incentivos contributivos y de costos procesales de la Ley 132 para promover la venta de casas, que durante los primeros once meses del programa ayudó a 3,960 familias a comprar su casa.

Recomiendo promover que las Corporaciones sin fines de lucro utilicen al máximo los beneficios de la sección 501(3) C  del Código de Rentas Internas federal que permite emisión de bonos para la construcción de viviendas, operadas por la Institución sin fines de lucro durante el termino del financiamiento y luego pasan a propiedad del Municipio.

Hay que insistir que las medidas federales propuestas para beneficiar las familias que obtuvieron prestamos hipotecarios que son mas altos que el valor de la propiedad, para que puedan refinanciar el préstamo a un interés mucho mas bajo, se extiendan a Puerto Rico y podamos tirarle un salvavidas a miles de deudores “bajo agua”.