Republica Asociada, ENDI, 9 de julio, 2012

Republica Asociada 07/09/12

Los soberanistas del PPD sostienen que “somos una NACION” y que apoyan los principios de soberanía, asociación y responsabilidades compartidas con Estados Unidos. Definen el ELA Soberano como una asociación política libre y voluntaria entre EEUU y PR como naciones independientes y soberanas.

Mienten cuando prometen “una asociación política, no colonial ni territorial entre Puerto Rico y los Estados Unidos” cuando obligan al PPD a votar “SI” por el status colonial/territorial actual. Su verdadero propósito es convertir a Puerto Rico en una republica independiente disfrazada detrás del mal llamado ELA Soberano.

El PPD abandonó los postulados de Munoz Marin de “unión permanente y el derecho a votar por el Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos”.

Quieren un pacto como el de las Republicas Asociadas del Pacifico, pero ignoran que sus ciudadanos son nacionales de cada republica independiente y no son ciudadanos americanos, con la excepción de las “Marianas del Norte” que prefieren continuar como territorio no incorporado.

A cambio de servir en las Fuerzas Armadas Americanas solo le conceden un permiso especial para viajar a Estados Unidos. El modelo político-económico del Pacto de la Republicas Asociadas de Micronesia, Marshal y Palau predicado en luna conveniencia geopolítica-militar NO es la alternativa que buscamos los puertorriqueños que defendemos la unión permanente, la ciudadanía americana, votar por el Presidente y tener dos Senadores y cinco Congresistas que nos representen en el Congreso.

El PPD promete convocar una Asamblea Constitucional de Status para que los representantes de Puerto Rico NEGOCIEN con el Congreso y la Rama Ejecutiva de los Estados Unidos, las definiciones y fórmulas aceptables para la solución del status. Ignoran que bajo el status territorial actual, el Congreso tiene poder absoluto sobre Puerto Rico.

Ante el fracaso económico del ELA que depende de ayudas y transferencias federales de más de $22,000 millones anualmente, el PPD propone transformar las relaciones económicas entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Su propuesta de una republica asociada llamada el ELA Soberano, dependerá de pedirles a los contribuyentes de los cincuenta estados un fondo especial a manera de un “Block Grant”. Pretenden NEGOCIAR con el gobierno de Estados Unidos poder cancelar los programas federales que ayudan al pueblo puertorriqueño a cambio de un donativo en bloque que sostenga su visión de soberanía e independencia.

La republica asociada que pretende el PPD quiere Representación Internacional y tener Embajadas del ELA; control de asuntos laborales y de comunicaciones; control de inmigración; negociar y suscribir tratados comerciales; control de las aguas hasta 200 millas; redefinir uso de instalaciones militares americanas; control de los puertos marítimos y aéreos; controlar asuntos ambientales solo bajo las leyes de Puerto Rico, y hasta redefinir la ayuda que recibe Puerto Rico en casos de desastres naturales, entre otros

El PPD y su presente liderato pretenden eliminar el Tribunal Federal en Puerto Rico, la Agencia de Protección Ambiental, la Comisión Federal de Comunicaciones, la Guardia Costanera, la presencia del TSA y Homeland Security y muchas otras agencias y programas que le sirven bien al Pueblo de Puerto Rico, incluyendo FEMA.

Juegan con las imprecisiones de lo que constituye soberanía y autonomía pero no quieren resolver el “déficit democrático” que representa no participar en la elección del Presidente ni tener representación con voto en el Congreso.

En el derecho Internacional, específicamente en la Resolución 1541 de la Décima Quinta Asamblea General de la ONU se reconocen tres formulas descolonizadoras no coloniales y no territoriales: la estadidad, la independencia y la libre asociación (Republica Asociada). El único camino que tiene el PPD es pedir la independencia para tratar de convertirse en una republica asociada.

Nosotros, los orgullosos ciudadanos americanos, sabemos y apoyamos vigorosamente, la única solución jurídico-política autentica, validad, democrática y constitucional: la estadidad.

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