Hernan Padilla

El ELA No Tiene Zapata Jurídica
Hernan Padilla, MD

Los amables lectores que respondieron a mi columna reflejan confusión cuando Acevedo habla de soberanía y un pacto bilateral.

El Informe aprobado por el Comité de Recursos Naturales del Congreso sobre el status de Puerto Rico llega a la conclusión inescapable, el ELA carece de zapata jurídica constitucional. Así lo entiende el Congresista Serrano, puertorriqueño serio y valiente.

Aquellos que creen en la mentira del “pacto bilateral”, entiendan que un plebiscito ordenado por el Congreso seria regido por las Leyes Federales. Los Tribunales Federales tendrán jurisdicción exclusiva para resolver controversias. Cual “pacto bilateral”?

La Constitución de Los Estados Unidos define solo cuatro formas de status políticos: Estados, el Distrito Federal, las Tribus Indígenas, y los Territorios.

La Cláusula Territorial cede al Congreso el poder de gobernar los territorios, como Puerto Rico, en asuntos locales y Nacionales. El Tribunal Supremo decidió que los Estados Unidos pueden ejercer soberanía y gobernar los territorios no incorporados, como Puerto Rico. Los derechos Constitucionales no aplican automáticamente a los Territorios.

La Ciudadanía Americana, que apreciamos los puertorriqueños, la concedió el Congreso mediante una ley, no la Constitución. La Ciudadanía Americana la cobija la “soberanía” del la Nación Americana.

La Ley 600 autorizo a Puerto Rico a tener nuestra propia Constitución para un gobierno puramente insular. La relación Territorial continua bajo el “Puerto Rican Federal Relations Act”. El alegado “pacto” nunca existió.

Muñoz Marín acepto públicamente que la Ley 600 no elimino el poder plenario y exclusivo del Congreso sobre Puerto Rico. La historia legislativa reitera que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria. El Congreso administra la Cláusula Territorial y provee las condiciones para la eventual incorporación a la Nación como Estado Federado.
La Constitución de Puerto Rico no define un cambio político. Las Leyes del 1950 y 1952 no autorizaron “libre asociación” con los Estados Unidos. Los Populares se inventaron la “gran mentira” del pacto bilateral. El pacto bilateral nunca existió. El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico. Esta es la cruda realidad de la colonia.

El “Commonwealth” no es un “status político y no implica un status diferente. Puerto Rico es un Territorio; no es una Nación soberana en libre asociación con los Estados Unidos. Esta es la gran mentira. Su nombre es ELA, su apellido colonia.

El Tribunal Supremo Federal dictamino que la Cláusula Territorial opera en PR. El Congreso tiene el poder para aprobar todas las reglas y reglamentos sobre el Territorio. (Harris vs. Rosario, 1980). La Cláusula Territorial y todas las leyes federales son la Ley Suprema en Puerto Rico (Rodríguez vs. PPD, 1982).

La nueva propuesta del ELA culminado contiene principios que fueron “rechazados” y no aceptables para al Congreso.

La Administración del Presidente Clinton determino que la propuesta del PPD de un ELA culminado (Enhanced Commonwealth) viola la Constitución y no es aceptable. La propuesta de “consentimiento mutuo” (pacto bilateral) no es aceptable. El Congreso no puede obligar a futuros Congresos. La soberanía que ellos reclaman convertiría a Puerto Rico en una Nación Independiente. La Nación de Puerto Rico no puede ser parte de los Estados Unidos.

Estados Unidos sostiene que Puerto Rico es un Territorio no incorporado y tajantemente rechaza el ELA culminado. Esta patraña política no encaja dentro del marco constitucional Americano.

Un futuro plebiscito o Convención Constituyente solo puede considerar y escoger entre Independencia, Estadidad, y una Nación Independiente asociada con los Estados Unidos. En otras palabras, Puerto Rico tiene que pedir la Independencia y luego solicitar un acuerdo con los Estados Unidos. Acuerdo que es revocable unilateralmente.

Amigo lector, la Republica Asociada es una de las únicas tres alternativas aceptables bajo la Constitución Americana y el derecho Internacional. Puerto Rico solo puede considerar un status que sea compatible con la Constitución, las leyes básicas y la política publica de los Estados Unidos.
El ELA Culminado (enhanced Commonwealth) no es un status viable y no puede aceptarse bajo ninguna circunstancia.

Bajo la “soberanía” que reclaman los lideres de la colonia, crearían una Nación Independiente sin votar por la independencia, y asociarla a Estados Unidos antes de ser una Republica, como en “Republica Asociada”. Las nuevas generaciones no serian Ciudadanos Americanos.

El ELA no tiene zapata. No existen cimientos para sostenerla. La solución final es inaplazable. El Congreso Americano tiene que actuar AHORA.

Desarrollo económico y fondos federales: Cap XI
“Lucha por la igualdad política y económica”
Los proponentes de la estadidad reconocemos que no podemos depender exclusivamente de la asistencia federal como una solución permanente o exclusiva a los problemas fundamentales de Puerto Rico.

Se ha probado que las limitaciones coloniales de nuestra condición política actual impiden que territorio Puerto Rico disfrute de los mismos derechos y privilegios de los cincuenta estados. La condición de inferioridad política actual es un impedimento para un desarrollo económico sostenible. El territorio de Puerto Rico está muy rezagado, cuando comparamos el desarrollo económico local con los estados aún más pobres de la Nación.

Cuando comparamos el Producto Bruto Interno (GDP) de Puerto Rico con cada uno de los 50 estados y Washington DC (2010), Puerto Rico es el ultimo (numero 52) con un GDP por persona de $23,380 cuando el promedio de Estados Unidos es $47,482. El estado con menor GDP Per cápita es Mississippi con un promedio de $33,000.

Nuevamente, el actual status ha sido un fracaso social, político y económico. La estadidad representa la oportunidad de salir del atolladero de la colonia. Ser estado nos saca de la pobreza y mejorará el estándar y la calidad de vida de todos los puertorriqueños, comenzando por los más necesitados y los que menos recursos tienen.

Aunque importantes para una economía en desarrollo, las transferencias federales no pueden, ni deben ser el pilar principal que sostiene el ideal de la estadidad. Aun así, no cabe duda que mientras el territorio de Puerto Rico no desarrolle su economía sustancialmente, estamos obligados a luchar sin poder político alguno por un trato de igualdad ante el Congreso de los Estados Unidos, quien es el principal responsable por imponernos las restricciones de inferioridad que no permiten un desarrollo apropiado fuera de la dependencia ciudadana, social, política y económica.

Es nuestra responsabilidad reclamar y competir por los fondos federales para beneficio de toda la población, principalmente los desempleados, la gente de escasos recursos y la clase media. Reclamaremos ayuda para la educación, salud y servicios medico-hospitalarios, seguridad pública, servicios sociales, ayudas a niños en desventaja, madres solteras y educación para sus hijos, vivienda, transportación, infraestructura, desarrollo económico, protección el ambiente.

Como estado Puerto Rico recibiría fondos federales adicionales para estos fines. Esta infusión de fondos federales adicionales tendría un efecto multiplicador inmediato de considerable magnitud sobre nuestro crecimiento económico y la creación de empleos, y a demás contribuiría a reducir los altos niveles de pobreza prevalecientes bajo el status colonial actual y a combatir la desigual distribución de la riqueza.

Durante los últimos 11 años, Puerto Rico ha recibido $133.6 billones netos del gobierno de los Estados Unidos, después de deducir pagos al Servicio de Rentas Internas (IRS), incluyendo pagos de Seguro Social y Medicare; y del 1990 al 2009 el gobierno federal aportó $256.1 billones a la economía de Puerto Rico, de los cuales Puerto Rico pago $73.7 billones al IRS, dejando un balance neto a favor de Puerto Rico de $182.4 Billones.

Durante el 2009-10 las aportaciones federales en Puerto Rico ascendieron a $7.7 billones por concepto de Seguro Social, retiro e incapacidad, Medicare, vivienda, Sección 8 y Becas Pell; $4.4 billones por desempleo; $7.5 billones para asignaciones federales (grants); $600 millones para contratos y servicios; y $1.2 billones para empleos federales en la isla, la gran mayoría ocupados por puertorriqueños.

Existe una falacia que en Puerto Rico no se pagan contribuciones federales. Sin embargo, todos los ingresos generados fuera de Puerto Rico pagan contribuciones federales, así como todos los empleados y retirados federales quienes pueden recibir un acredito en sus planillas de contribución federal equivalente al pago de contribuciones locales. Aquellos que reciben beneficios del Seguro Social y reciben otros ingresos sustanciales sin importar la fuente de ingresos, así sea Puerto Rico o en los otros 50 estados podrían estar sujetos a contribución federal dependiendo de la cuantía del ingreso adicional.

En vista de la tergiversación que sectores opositores hacen de los datos sobre los pagos a Seguro Social, Medicare y otros, es apropiado explicar estos pagos. Mientras en el 2010 lo ciudadanos recibieron pagos del Seguro Social por $6,829 millones, Puerto Rico aportó $2,528.4 millones, una diferencia neta favorable para Puerto Rico de $4,300.6 millones (aportación individual de $1,297.4 millones y aportación por los patronos de $1, 231millones).

Medicare reembolsó $2,509.9 millones, mientras que los puertorriqueños aportaron $449.1 millones, una diferencia neta favorable para la Isla de $2,060.8 millones.

Sin las transferencias, pagos directos, ayudas y subsidios federales, Puerto Rico seria un territorio de pobreza extrema. Basta con señalar que el gobierno federal concedió ayudas por $1.4 billones para Educación; $1.4 billones para salud, $800 millones para vivienda, y $2.2 billones para Asistencia Nutricional, (PAN) y Mujeres, Infantes y Niños (WIC).

Es innegable que la estabilidad política atraerá y fomentará más inversiones y que el gobierno federal tendrá mayor presencia en la isla. Como resultado natural, se crearán más empleos federales, más contratos de servicios, y mayor crecimiento del Producto Bruto Estatal y menores impuestos locales.

Nuestra meta “no es ser dependiente de los fondos federales”, por el contrario estamos convencidos de que con la estabilidad, permanencia y seguridad de ser un estado de la unión, se impulsará el desarrollo económico para beneficio de todos los puertorriqueños.

Nuestra meta de convertir el territorio de Puerto Rico en estado de la nación Americana no es para reclamar más fondos federales es para reclamar la participación que nos pertenece como ciudadanos de los Estados Unidos. Es innegable que como “Territorio casi incorporado” (o incorporado de facto) no disfrutamos de todos los beneficios económicos que corresponden a los otros cincuenta estados. Queda claro que dentro de la estadidad tendremos los recursos para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico, incluyendo la seguridad pública y la lucha contra el crimen.

68. Después del GAO, ¿Qué? Lunes 17 de abril, 2014

El Congresista Doc Hastings encomendó al Government Accountabilitty Office, GAO, evaluar el efecto que tendría la admisión de Puerto Rico como Estado, y su impacto sobre los gastos e ingresos del tesoro federal, así como el efecto que la estadidad tendría sobre la economía y las finanzas publicas locales.

Sus hallazgos reafirman que los puertorriqueños y otros ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico no disfrutan de la igualdad de derechos, oportunidades, beneficios y responsabilidades que sus conciudadanos en los 50 estados.

El informe derriba múltiples barreras políticas, económicas y sociales. Destruye la falsa teoría colonialista de que la estadidad tendría un costo muy alto para el Tesoro federal y el mito del “estado mendigo”. El GAO presenta datos categóricos que demuestran que con la estadidad Puerto Rico dispondrá de las herramientas económicas para sacar su población de la pobreza y el estancamiento económico y que sería tan beneficiosa para la isla como para el tesoro federal.

El experimento político-económico del ELA fracasó estrepitosamente, creando en la isla una alta dependencia de las ayudas federales, convirtiéndola en una carga para el Tesoro federal. La estadidad es la única alternativa para que Puerto Rico se integre a nuestra Nación en condición de igualdad de derechos y responsabilidades que corresponden a todo ciudadano americano y el poder político que asegura le voto presidencial, la representación congresional y la participación plena en el gobierno nacional.

Durante el periodo de transición todos los estados han sentido los efectos positivos de la admisión como estado. En Puerto Rico se aceleraría el progreso y desarrollo económico y la inyección de fondos adicionales que correspondan como ciudadanos americanos mejoraría sustancialmente la calidad de vida.

El GAO destaca además que con la estadidad los ciudadanos de menos recursos, los de mayor edad y los incapacitados recibirían ayuda directa del “ingreso suplementario (SSI); Medicare aumentaría los desembolsos para servicios de salud a envejecientes y personas con limitaciones físicas; Medicaid haría disponibles más recursos para la salud, aumentaría su cobertura a 900,000 puertorriqueños, y cubriría servicios de cuido extendido. El Programa de Asistencia Nutricional-SNAP ofrecería más fondos que bajo el PAN actual; así como asistencia temporal para familias necesitadas y cubierta del Programa de Seguro Médico para niños.

Los beneficios de la educación con la estadidad son innumerables: garantizan las Becas Titulo I para agencias educacionales locales (LEA); becas para educación de veteranos, Becas Pell y el programa federal de préstamos para estudiantes universitarios, entre otros.

Los que demagógicamente invocan el tema de las contribuciones para menoscabar la estadidad versus el ELA-colonial, tienen que aceptar que en lugar de pagar contribuciones federales, los trabajadores de ingresos limitados recibirán compensación por “Earned income Tax Credit, Child tax Credit y American Opportunity Tax Credit”.

Es inconcebible que en un territorio bajo la bandera americana, los defensores del status colonial antepongan sus plataformas político-ideológicas para negarles a nuestras familias la oportunidad de progreso a la que tienen derecho como ciudadanos americanos.

Se aferran a un experimento fracasado que nos sume en la pobreza y rechazan la solución de la estadidad que erradicaría la desconfianza asociada a la incertidumbre del status y estimularía la inversión de capital en la isla.
Nosotros aspiramos a la estadidad porque garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades, progreso, crecimiento y vitalidad para todos los puertorriqueños. Concurro con el amigo constitucionalista Alfredo Castellanos: la estadidad nos hará socios activos del sueño americano, con las mismas oportunidades bajo la ley y los recursos que nos permitan aspirar a un nuevo y mejor futuro.

Las conclusiones del informe del GAO fortalecen la convicción del pueblo estadista que convertir a Puerto Rico en Estado es una realidad irreversible. Ya no se trata de dilucidar si seremos el Estado 51 sino cuán pronto seremos admitidos.

Barbosa: Padre del movimiento estadista
Hernán Padilla
Mientras trabajamos hacia la resolución del status de Puerto Rico, honramos al Doctor José Celso Barbosa. el 27 de julio de 1857, fue el primer residente de raza mezclada en asistir al Seminario Jesuita de PR. En 1875, se trasladó a New York y posteriormente a Ann Arbor donde fue admitido a la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan en 1876 y se graduó con el más alto honor de la clase de 1880, convirtiéndose en el primer puertorriqueño con un grado médico estadounidense. En 1917 la Universidad de Puerto Rico le confirió el grado de Doctor Honoris Causa.

Con el cambio de soberanía del 1898, Barbosa vislumbró el sistema federalista americano y el ingreso de PR como Estado como solución ideal para el problema colonial. El 4 de julio de 1899 fundó el Partido Republicano de PR, en pro de la estadidad. José Barbosa, nieto del prócer, afirma que su republicanismo comenzó con el republicanismo español, que propulsaba la república para España.

En 1907, fundó el “El Tiempo”, el primer periódico bilingüe en la isla. En 1917, al constituirse el Senado de Puerto Rico, fue electo para ocupar un escaño legislativo, posición a la que fue reelecto en 1920. Se destacan, entre la legislación propuesta por Barbosa e incorporadas al sistema jurídico penal puertorriqueño, el juicio por jurado y Habeas Corpus.
En plena época de recrudecimiento de la segregación racial, avalada por una decisión equivoca de la Corte Suprema (Plessy vs Ferguson, 1896),
Barbosa fue designado al Consejo Ejecutivo del gobierno por todos los presidentes del 1900 al 1917, McKinley, T. Roosevelt,Taft y Wilson,

Hasta el día de su muerte en septiembre de 1921, su norte fue el bienestar social y político de PR. Se destaca su lucha en pro del cooperativismo como instrumento de justicia social frente a los movimientos antidemocráticos de la doctrina del marxismo. Como consta en el Proyecto de Ley 346 del 1999, Barbosa fue fundador de la primera cooperativa de crédito en el hemisferio occidental.

Entre los reconocimientos a su vida y obra, en el 2006, la Cámara de Representantes Federal designó el edificio de correo de Bayamón como “USPO Dr. José Celso Barbosa”. Por su parte, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, denominó el “Parque del Tercer Milenio” en la isleta de San Juan como el parque Doctor José Celso Barbosa”.

“The Puerto Rico Herald” destacó a Barbosa como uno de los gigantes de la historia puertorriqueña, un gran puertorriqueño, ciudadano norteamericano, y uno de los hombres de raza negra más prominentes de su época.

Barbosa desarrolló una profunda afinidad con los principios del sistema político norteamericano. En 1898, ante un grupo de autonomistas, dijo: “Aspiramos a convertirnos en otro estado de la unión a fin de poder afianzar el carácter del pueblo puertorriqueño”. Lo que Barbosa promovió no fue la mal llamada “asimilación” sino el verdadero poder mediante los derechos que confiere la estadidad, tal como lo concibe la lucha contemporánea por la igualdad.

Según el historiador Mario Ramos, Barbosa planteó que su aspiración era “la autonomía del Estado, no la autonomía de la colonia” y vio en la Estadidad una manera de independencia por la soberanía que disfrutan los estados de la Unión (X Enmienda).

Reconocemos la imponente y única figura de Barbosa como el “Padre del movimiento Estadista”. Que mejor forma para los estadistas que celebrar su natalicio proclamando su apoyo a la Estadidad y exigiendo respeto absoluto por la voluntad expresada en el plebiscito del 2012, en la Marcha por la Estadidad y la Igualdad del próximo domingo 27 de julio.
Demostremos ese día que los que atesoramos y reclamamos la igualdad a través de la estadidad somos mayoría y que como Barbosa proclamamos “Adelante, siempre Adelante hacia la estadidad”.

La estadidad es la única opción
Hernán Padilla
La crisis económica que aqueja perniciosamente la Isla evidencian que el experimento colonial, engañosamente llamado Estado Libre Asociado, ha llevado a Puerto Rico al colapso fiscal, y peor aún, la situación sigue empeorando dramáticamente.

La actividad económica disminuyó 1.3% en abril y 1.1% adicional en mayo. Las ventas de cemento cayeron 27.8% en abril sumado a 10.8% en mayo. El consumo de gasolina se redujo adicionalmente 0.5% en mayo.

La alegación de que se han creado 55,000 empleos requiere corrección. La verdad fáctica es que a enero del 2013 se reportaron 1,030,000 empleos, los cuales descendieron a 992,000 en mayo del 2014, para una pérdida de 38,000 empleos. Si fuera verdad que crearon 55000 empleos, se han perdido 93000 en 18 meses.
Ante la crisis económica y fiscal del gobierno central y las corporaciones públicas, la solución de la administración fue aprobar una ley para permitir las quiebras de las corporaciones y obligar a los acreedores a reestructurar las deudas y aplazar o reducir pagos de bonos.

Ante el menoscabo de sus obligaciones contractuales, la reacción de inversionistas y bonistas fue tan adversa que ya presentaron una demanda inicial ante el Tribunal Federal alegando la inconstitucionalidad de la ley que provocó nuevas degradaciones de las obligaciones generales del gobierno y múltiples corporaciones públicas al igual que la perdida de acceso a los mercados de capital.
Los separatistas y los colonialistas ignoran que posiblemente el mejor atributo que tiene Puerto Rico para atraer inversión es ser parte de Estados Unidos. Sin embargo, no todos los que identifican a Puerto Rico reconocen que invertir en la Isla es invertir en Estados Unidos.
Lamentablemente, PR es percibido por algunos inversionistas como un territorio con un status político transitorio e incierto, cuyo impacto y sistema contributivo es difícil de precisar y sujeto a cambios repentinos al antojo del gobierno actual.

La persistencia del PPD afirmando la existencia del llamado “ELA” con atributos de una republica independiente asociada fomenta esa falsa concepción. Como estrategia, el PPD ha forzado la denominación de “nacional” a programas y leyes estatales, como la infame “patente colonial”. No somos una nación y el pueblo mayoritariamente votó a favor de la estadidad y revocó el consentimiento de los gobernados a la colonia.

La razón de resaltar la imagen de PR como parte de Estados Unidos es sencilla y poderosa. Estados Unidos es el principal recipiente del mundo de inversiónes extranjeras directas. Las empresas transnacionales buscan hacer negocios en Estados Unidos para acceder al mercado mayor del mundo bajo la protección de un sistema legal transparente. Cuando Puerto Rico se proyecta como una entidad geopolítica aparte de Estados Unidos pierde su atractivo porque los inversionistas prefieren capitalizar en Estados Unidos y no en una colonia indefinible que nadie sabe que cuánto tiempo más va a durar.

La inversión directa es fundamental para incrementar la actividad económica y productividad, crear empleos de alto nivel, elevar las escalas salariales, promover la transferencia de tecnología y conocimiento, incrementar las exportaciones y fortalecerlos los servicios y la manufactura. Por eso existen iniciativas como “SelectUSA” establecida por el Presidente Obama en el Departamento de Comercio.

Fue precisamente “SelectUSA” quien ayudó a que Lufthansa Technik tomara la decisión de invertir en Aguadilla, con el apoyo del “White House National Economic Council”, la Secretaria de Comercio Pritzker y el Vicepresidente Biden.

Puerto Rico tiene grandes fortalezas y la Estadidad traería consigo una enorme inversión de corporaciones estadounidenses y extranjeras, Por ello, es imperativo promulgar y proteger el carácter de la Isla como parte integral de Estados Unidos.

El fracaso socio-económico y político del ELA provoca la urgente necesidad de resolver el status político. La estadidad es la óptima a opción para beneficiar y garantizar un buen futuro para los puertorriqueños.