Hernan Padilla

PR sin Poderes Políticos ante la Crisis, lunes 27 de marzo
Hernán Padilla

Mientras en PR se debate el Plan Fiscal para resolver la crisis fiscal, se hace más evidente la fragilidad política de la Isla por el impacto negativo que tendría el presupuesto federal sometido por el Presidente Trump que podría eliminar $54 Billones en fondos discrecionales.

Nuevamente, resaltan las desventajas para el pueblo puertorriqueño de no tener los poderes políticos del voto presidencial ni representación congresional. Como PR no es un Estado, muchos de los cambios propuestos podrían afectarnos más que a los estados. La pérdida de fondos federales puede contribuir a llevar a PR a la quiebra bajo el Título III de PROMESA.

Aún así las transferencias federales han sostenido la economía local. Más de un 23% del presupuesto consolidado del gobierno de PR proviene de fondos federales.

Según “The Economist”, el gobierno federal aportó $256.1 billones a la economía de PR (1990-2009). Durante esos 20 años, PR pagó al IRS $73.7 billones, dejando un balance neto a favor de Puerto Rico de $182.4 billones. Estos pagos incluyeron servicios recibidos, aportaciones a Medicare, Seguro Social, e impuestos federales sobre ingreso y ventas. Las industrias locales pagaron $98 millones, incluyendo seguro por desempleo, Seguro Social y de Salud.

El total de fondos federales que ingresa anualmente a PR sobrepasó los $23.5 billones, de los cuales $12.9 billones fueron transferencias directas, $1B contratos federales, $851 millones salarios, y $6.3B en más de 141 programas en los cuales participan agencias estatales, municipios, universidades, y organizaciones no gubernamentales que sirven al pueblo puertorriqueño.

Las transferencias federales incluyen pagos por SS, retiro e incapacidad, Medicare, vivienda, Becas Pell; desempleo; contratos y servicios; educación; salud y asistencia médica (PAM), asistencia nutricional (PAN), WIC; ayudas para personas con necesidades especiales; servicios médicos y rehabilitación para veteranos, entre otros.

Si el Congreso aprueba este presupuesto, se afectarían muchas de las agencias que sirven a PR, especialmente los Departamentos de Trabajo, Salud, Comercio, Transportación, Energía, Justicia, Corporación de Servicios legales y la SBA. También se afectarían la Guardia Costera y los fondos de “Medicaid y ACA” que sufragan la Tarjeta de Salud y los servicios médicos de las personas de recursos limitados.

PR no tiene una representación Congresional que evite se elimine el Programa de Desarrollo Comunitario (CDBG), le recorten cerca de $42 millones de los fondos federales para la construcción, operación, mantenimiento y servicios de vivienda pública que albergan unas de 400,000 personas en la Isla y reduzcan los subsidios de vivienda de Sección 8.

Tampoco tenemos los poderes políticos de la estadidad para luchar en contra de los recortes que afectarían la EPA; evitar que se reduzcan significativamente los fondos de FEMA que son vitales para socorrer en casos de emergencias. Aunque PR ha recibido trato como un Estado para múltiples programas federales, todavía no conocemos qué cambios se proponen para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el Titulo I de Educación Federal.

Será muy difícil saber con qué programas y fondos federales podemos contar hasta que el Congreso apruebe el presupuesto del 2017-18, pero es importante insistir en que se extiendan las asignaciones de Medicaid por 3 años más en lo que se logra la paridad.

La Administración Rosselló presentó un Plan Fiscal que fue aprobado por unanimidad por la JSF. De acuerdo al Profesor Jaime Benson, el plan revisado hasta el 2019 asigna $4,500 millones en inversión público-privada en infraestructura, que produce un fuerte efecto multiplicador y crea la base para un crecimiento sostenible a largo plazo.

El 11 de junio tendrán la oportunidad de escoger entre la Estadidad o la independencia con o sin libre asociación. Solo la estadidad nos garantiza nuestra ciudadanía, la unión permanente y los poderes políticos en condiciones de igualdad como en los 50 estados, para lograr paridad en los programas federales como Medicare y Medicaid, entre otros.

Municipios ante la crisis fiscal, lunes 13 de marzo
Hernán Padilla
No cabe duda de que la situación fiscal del gobierno requiere medidas urgentes para rescatar a PR del colapso económico. Los requerimientos de la JSF demandan decisiones serias para comenzar a resolver los problemas que afectan nuestra economía.

Lograr los objetivos no será fácil. Tenemos que reducir el déficit del presupuesto, imponer recortes y generar ingresos adicionales. Rosselló ha propuesto reestructurar el gobierno, reducir gastos operacionales, reformar las pensiones, renegociar el servicio a la deuda pública y expandir las alianzas publico privadas.

El gobierno estatal considera eliminar los subsidios municipales, regionalizar y crear consorcios, delegar más funciones, ordenar una retasación y aumentar las contribuciones de la propiedad para que los municipios puedan rendir los servicios ES y construir las obras públicas que les corresponde.

Los gobiernos municipales deben considerar las experiencias de otros que han operado exitosamente en el pasado. Puedo referirme a los retos, programas, y obras municipales de San Juan en 1977-1984. En esa época, los municipios también operaban dentro de una gran limitación económica.

En el 1977, SJ, tenía una población de aproximadamente 450,000 habitantes, y contaba con un presupuesto de $122 millones, y para el 1984-85 los recursos ascendieron a $178.2 millones, La deuda pública, que en el 1977 era $70.2 millones requería un pago de $8.65millones de capital e intereses, se redujo a $42.5 millones en ocho años.

En comparación, en el 2016-17, con una población 355,000 residentes, SJ tiene un presupuesto de $668 millones, y en el 2015 tenía una deuda corriente de $122.5 millones y a largo plazo de $1 billón ($1,059,901,028.00) con pagos anuales a la deuda por $86,718,988.00.

En 1977-84, ante las limitaciones fiscales, la Administración tomó medidas para centralizar equipo, personal y facilidades y eliminó tres agencias con reducción de plazas gerenciales y gastos administrativos. También se reconciliaron las cuentas bancarias, se mantuvieron los gastos dentro de los recursos fiscales, se contrató una firma de CPA para auditorias y se creó el Fondo de Capital independiente para propiciar el crecimiento de la empresa privada.

Como ejemplos, el Municipio coordinó con la empresa privada para desarrollar estacionamientos en el Viejo SJ y varias obras para la rehabilitación del frente portuario en la Zona Histórica. El municipio construyó un Anexo al Hospital Municipal que permitió mejorar los servicios y se ampliaron los CDT de Llorens, San José, y Sabana Llana.

También, se construyeron el Complejo Médico Social, las dos torres de la Comunidad del Retiro, Centros de Servicios Múltiples en Puerta de Tierra, Buen Consejo, Cupey y Las Monjas y se remodelaron los de Barrio Obrero, La Perla y Puerto Nuevo.

En recreación, se destaca el Parque Central el Gimnasio Municipal, el Polideportivo para los Juegos Panamericanos, y se comenzó el paseo y parque “Ribera Sur” de la Laguna San José. En la artes, se construyó el Museo de Arte e Historia y se remodeló el Teatro Tapia.

A pesar de las limitaciones económicas, se completó el realojo del sector Corozas, Buenos Aires y Tokio; se construyó el Canal Tres Monjitas; el nuevo Colegio Tecnológico de SJ y la Torre de Gobierno Municipal; se completó la infraestructura de Buenos Aires que permitió que la empresa privada construyera tres complejos de viviendas. En Rio Piedras se construyó el Paseo de Diego; y se dedicaron recursos para el control de inundaciones, incluyendo un sistema pluvial para Ocean Park.

Ante la crisis, más de la mitad viven por debajo de los niveles de pobreza; y aún con subsidios gubernamentales, 36 de los 78 municipios operan con un déficit presupuestario, y algunos no son auto-sostenibles. ¿Qué futuro les espera sin los subsidios estatales? Con suma urgencia, los líderes de la Federación y de la Asociación de Alcaldes tienen que re-evaluar las responsabilidades, estructura, funciones y finanzas e implementar medidas drásticas que les permitan superar la crisis.

Puerto Rico’s future and US citizenship
Congress can no longer ignore that Puerto Ricans are U.S. citizens from birth and U.S. nationals.

After 119 years as a territory, the final and permanent solution for Puerto Rico’s political relationship with our nation, the United States, is finally one step closer. Attorney General Jeff Sessions has under his consideration the definitions of the status alternatives to be considered on the ballot for the plebiscite about the status of Puerto Rico to be held next June 11. The Department of Justice has to determine if the definitions comply with the U.S. Constitution and pertinent laws.

The U.S. Citizens who reside in Puerto Rico have to choose between statehood (that guarantees the U.S. citizenship) and Independence/Free association without the U.S. citizenship.
On March 2, we commemorate the “Centennial of the US Citizenship”, a historic moment that initiated the official process of Puerto Rico’s integration to the culture, social life, economy, legal system and politics of our nation. We must remember that 100 years ago Congress approved the Jones Act of 1917 declaring all residents of Puerto Rico as U.S. citizens.

Another crucial law was the Naturalization Act of 1941 which guaranteed that persons born in a subordinated jurisdiction, including Puerto Rico, would be U.S. citizens by birth. In 1947, the “Law of the Governor Elect” for the election of the first civilian governor of Puerto Rico, expanded the reach of the U.S. Constitution by establishing that the rights, privileges and immunities will be respected in the same degree in the territory as if Puerto Rico was a state of the Union. The U.S. citizenship establishes that Puerto Ricans are American nationals and that our nation, juridical and political, is the USA.

In 1952, the People of Puerto Rico ratified and Congress approved the Constitution of Puerto Rico, similar to the Constitution of the states, which clearly declares “our Union with the USA”. The Preamble of the Constitution of Puerto Rico also states that “We consider as determining factors in our life our citizenship of the United States of America and our aspiration continually to enrich our democratic heritage in the individual and collective enjoyment of its rights and privileges and our loyalty to the principles of the Federal Constitution…”

As such, the U.S. citizenship is part or our profile and defines the Puerto Ricans of the 21st century. Remember that federal laws and many federal programs treat Puerto Rico as a state, that the Federal District Court in Puerto Rico was created under Article III of the U.S. Constitution, that there are multiple federal agencies in the island, and that the integration of the Puerto Rican culture to the national culture are part of our daily life.

We do not settle for an inferior American citizenship, we aspire to a better future for our next generations. As U.S. citizens, we claim full participation in the federal government, equality of civil rights, political and economic stability, socio-economic development and the same responsibilities and benefits as the rest of the nation.

In spite of the achievements as U.S. citizens, the residents of Puerto Rico are subject to a political system that denies “equality” as citizens, since the U.S. citizens residing in Puerto Rico cannot vote for president and, even though all laws approved by Congress apply to PR, we cannot elect a full congressional representation.

Independence, with or without free association (which is contrary to the American constitutional order) is not an option for 3.4 million U.S. citizens living in Puerto Rico. Under either status, we will lose the rights, privileges, immunities, and responsibilities guaranteed by the U.S. citizenship. Keep in mind that the “White House task Forces that considered PR” and the DOJ have expressed that if Puerto Rico chooses independence or Free Association, those born in the new and separate nation will not be American citizens.

The debate within the Popular democratic Party (PPD), the current opposition party, about retaining the U.S. Citizenship under a free associated nation is a political strategy to confuse and persuade their followers, that are not willing to sacrifice their “American citizenship”.

They claim that they “treasure the American citizenship” but their main goal is to have their own “embassies”, negotiate international treaties and even determine which federal agencies and programs apply to Puerto Rico.

The U.S. Declaration of Independence proclaims that “governments derive their legitimate powers by the consent of the People”. Precisely, in the most recent plebiscite held in 2012 in Puerto Rico, with the participation of 81 percent of the electorate, an absolute majority revoked the consent of the governed to the current territorial status, while 61 percent favored statehood for Puerto Rico.

With the commemoration of the “Centennial of American Citizenship for PR”, the moment has arrived to finally discard the status that has become a grave hindrance to Puerto Rico’s economic development and to reaffirm that we want — a permanent union with total equality of responsibilities and the guarantees, security and progress represented by our U.S. citizenship.

Hernán Padilla, MD, former President of the U.S. Conference of Mayors; former Mayor of San Juan, PR; former President of the US Conference of Mayors; and former U.S. Public Delegate to the UN General Assembly (USUN)