ESTADIDAD O INDEPENDENCIA, lunes 10 de abril, 2017

Estadidad o Independencia

Hernán Padilla
Llegó el momento de la decisión crucial para resolver el estatus de Puerto Rico. El 11 de junio tendremos que decidir si queremos la unión permanente con EEUU o si queremos la independencia con o sin la libre asociación.

La incertidumbre-indefinición sobre la participación en el referéndum domina en PPD. Prefieren votar “NO contra la estadidad” y dañar la papeleta, porque quieren y no pueden ocultar su preferencia por la independencia de la libre asociación, llamada ELA soberano.

El ala soberanista-separatista del PPD, representada por Carmen Yulín aboga por una “asociación política no colonial ni territorial entre PR y EEUU” bajo un “pacto de libre asociación” modalidad de independencia que no es compatible con la Constitución americana.

El Grupo de Trabajo de Casa Blanca confirmó que el “ELA mejorado/culminado” no tiene cabida bajo la Constitución, que “libre asociación es una forma de independencia”; que un pacto basado en la soberanía nacional de cada país puede ser revocado unilateralmente, que la ciudadanía americana no se garantiza permanentemente y no se confiere a las generaciones sucesivas.

Populares, como Yulin, afirman que “la ciudadanía americana es “una muleta bajo este sistema político-económico”; “PR es una nación” y su agenda es convertir la Isla en una república independiente fuera de los poderes del Congreso.

Bajo esa “libre asociación” desaparecerán todas las agencias, empleos, programas, servicios, fondos y contratos federales; las garantías de la Constitución americana la protección del Tribunal Federal y la ciudadanía americana.

Las familias, la mujer, la juventud, personas con necesidades especiales y de edad avanzada y las personas de menos recursos que dependen de ayudas federales tendrán que decidir entre la estadidad con los derechos y beneficios del los programas federales o una república separada de EEUU sin los programas y servicios federales de salud, vivienda, sección 8, WIC, educación, becas Pell, Medicaid, y Medicare entre otros.

Las mujeres merecen las mismas oportunidades, empleos, salarios y acceso adecuado a servicios de salud; mejor educación para sus hijos; una remuneración igual a los estándares nacionales y el progreso que disfrutan sus conciudadanas en los Estados.

Los cientos de miles de puertorriqueños que han servido honrosamente en las Fuerzas Armadas sin participar plenamente de igualdad ciudadana, merecen el derecho a elegir su Presidente y una delegación congresional que los represente.

La crisis económica no puede atenderse sin resolver el estatus. Los industriales, empresarios, comerciantes y dueños de negocios tendrán que decidir entre la Estadidad o arriesgar todo la que tienen bajo una república independiente que no recibirá los $23 billones en transferencias anuales del gobierno federal, y unos $18 billones federales adicionales que se recibirían como estado.
El éxodo poblacional evidencia que la migración ocurre porque los puertorriqueños perdieron la fe en el futuro. La estadidad nos ofrece los instrumentos para mejorar las condiciones de vida, reducir el desempleo y mejorar la educación, servicios de salud y vivienda y retener y atraer nueva población.

El 11 de junio PR tendrá una oportunidad determinante para defender su ciudadanía y la de las futuras generaciones, reclamar la protección plena de garantías constitucionales, derechos civiles, progreso, prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo en la Isla.

Votar por la independencia/libre asociación es para rechazar la unión permanente y la ciudadanía americana. Si gana la “Independencia/Libre Asociación”, se llevaría a cabo otro referéndum el 8 de octubre entre la independencia y la independencia con libre asociación para convertir formalmente a PR en una república Independiente.

La estadidad es la única que garantiza constitucionalmente la Ciudadanía Americana para la presente y futuras generaciones. Es la única herramienta para lograr la verdadera igualdad porque se aplican todos los derechos de la Constitución de Estados Unidos, todas las leyes aprobadas por el Congreso y se elimina el discrimen político y constitucional que sufren los ciudadanos residentes de Puerto Rico.

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