Hernan Padilla

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PR requiere nueva Ley Universitaria
Hernán Padilla
El cierre de la UPR desde hace casi dos meses viola el derecho de sus estudiantes a estudiar y el de los Profesores a educar. Las marchas violentas, la destrucción de propiedad pública y privada y la interrupción ilegal de los trabajos de la Junta de Gobierno de la UPR han desvirtuado la función y la misión de la UPR.

El Perfil Universitario publicado por el Consejo de Educación Superior reveló que la UPR y todos sus recintos han perdido matrícula comparado con las instituciones privadas. En el 2015 el total de estudiantes matriculados a nivel superior fue de 233,070; pero el número de estudiantes matriculados en las instituciones públicas se redujo a 65,204 en el 2015-16; mientras que la matricula en instituciones privadas aumentó a 167, 866 en el 2015-16, cuando reflejaron un aumentó a 75% del total de estudiantes matriculados en el 2010.

El número de egresados de la UPR se redujo de 11,775 en el 2001 a 9,815 en el 2015-16, mientras que en las instituciones privadas aumentó el número de egresados de14,992 en el 2001 a 40, 640 en el 2015. La inseguridad e inestabilidad provocada por la violencia y política radical destruyen la UPR y han provocado que miles de estudiantes prefieran las instituciones privadas o estudiar fuera de PR. Para el 2017-18 se proyecta un reducción de 17% de nuevos estudiantes matriculados en la UPR y 27% menos en RP.

En el 2010, durante la administración Fortuño, estudiantes irrumpieron de forma violenta en una reunión de la Junta de Síndicos con la entonces presidenta Lcda. Ygrí Rivera. Al igual que ocurrió hace unos días, entonces, restringieron la libertad de las personas reunidas exigiendo que se comprometieran con sus reclamos. Días más tarde, estudiantes restringieron la libertad de la Rectora Guadalupe y la agredieron. Aunque los responsables se procesaron judicialmente y fueron expulsados, en el 2013, la administración García Padilla los perdonó y hasta los recompensó con cargos importantes en su gobierno.

El pasado 27 de abril, los miembros de la Junta de Gobierno fueron rodeados, amenazados, coartados en su libertad y coaccionados a firmar un documento. Como señaló el Dr. José Saldaña, ex presidente de la UPR, “para todos los efectos los tenían secuestrados”.

Ante el paro ilegal actual, seis estudiantes demandaron a la UPR para que cumpliera con su deber de abrir los portones. Así lo ordenó el Tribunal obligando a la Rectora Interina a garantizar que no más tarde del 11 de mayo, se reanudaran las clases, y se permitiera el libre y seguro tránsito por el recinto. Aún así no se ha cumplido con la orden y el Tribunal impuso una multa de $5,000 mas $1,000/diarios a la Administración de la UPR por desacato.

El Profesor José Garriga Picó, abogado y doctor en Ciencia Política detalló certeramente cómo el día que se incumplió con el Tribunal, perdieron Puerto Rico, la Universidad, los estudiantes que desean estudiar, los profesores que quieren educar, el sistema judicial y el pueblo respetuoso de las leyes.

Por su parte, el Profesor Héctor Ríos Maury resaltó que “la UPR ha perdido competitividad y que los grupos que lideran la ocupación ilegal convierten la institución en una entidad aislada y basada en un modelo filosóficamente medieval, gremialista, burócrata y con una ideología incompatible con la visión de progreso tecnológico y científico”.

¡Esto no aguanta más! Me uno al Dr. Garriga Picó y a los que claman por una reforma y una nueva Ley Universitaria basada en la realidad económica que vive PR; que le devuelva la UPR a los estudiantes que quieren educarse y promueva los valores cívicos de la democracia; y que e convierta en un activo para el desarrollo económico, social, científico, cultural y moral que necesita Puerto Rico.

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lunes, 8 de mayo de 2017
Las protestas políticas que destruyen la Isla en un momento crucial
El mito del Estado Libre Asociado (ELA colonial) es la causa principal de los problemas que afectan a Puerto Rico, pero mientras se buscan soluciones a la crisis fiscal, el Partido Popular Democrático (PPD) se dedica a boicotear el plebiscito y a promover marchas políticas en contra de un plan fiscal coherente para rescatar a Puerto Rico.

Los que protestan por los recortes deben considerar que la crisis afecta todos los sectores, agencias, corporaciones públicas y privadas, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y a toda la ciudadanía, incluyendo las pensiones de miles de retirados y los servicios de salud de las personas de escasos recursos.

En respuesta a los senadores Thomas Tillis y Tom Cotton, que insistían en pagar la deuda primero, José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), les señaló que enmendar el Plan Fiscal para acomodar pagos mayores a $800 millones anuales para el servicio de la deuda no es posible sin comprometer los objetivos a largo plazo de estabilizar las finanzas públicas para acceder de nuevo a los mercados de capital.

Carrión insistió en que es necesario asegurar que la economía vuelva a crecer. Un aumento en el servicio a la deuda requeriría imponer mayores recortes y recaudos a los que contiene el Plan Fiscal certificado. La JSF peticionó al Congreso que adopte las recomendaciones para el crecimiento económico del Grupo de Trabajo Congresional y que trate a Puerto Rico con mayor equidad respecto a los programas de Medicaid y Medicare.

Las reservas para el pago de pensiones de retiro gubernamental se agotarán este verano. La insuficiencia proyectada de $48 mil millones de los sistemas de retiro obliga a recortar los pagos de pensiones de más de $2,000 de forma progresiva y a asignar $989 millones del fondo general anualmente para sufragar los beneficios de los pensionados por la próxima década.

Tampoco pueden ignorar que los $6.4 mil millones en fondos de (Obamacare) se agotarán a finales del 2017, y que el Congreso solo asignó $296 millones por lo que el Gobierno local tendrá que asumir cerca de $600 millones anuales a partir de enero de 2018 o enfrentar una crisis que afectaría a miles de personas sin cubierta de salud.

Para salir del precipicio ha sido necesario usar la vía judicial para lograr reducir el principal como a la mitad del valor total de la deuda. Los bonistas rechazaron las propuestas del gobierno y comenzaron a radicar demandas en la Corte federal; y Puerto Rico, ante los problemas de liquidez e insolvencia, tuvo que acogerse a la protección judicial (quiebra) bajo el Título III de la ley federal PROMESA para resolver la reestructuración de la deuda, mantener servicios esenciales y el pago de nómina y suplidores.

Nos espera un largo litigio aunque los tribunales podrán imponer una reducción del principal. Si se logra reducir la deuda, los ahorros se podrían utilizar para financiar proyectos de infraestructura que propicien crecimiento y desarrollo económico. Ese logro, más los $4.5 mil millones proyectados en el Plan Fiscal para proyectos críticos de infraestructura a través de alianzas público-privadas serán la base para estabilizar nuestras finanzas.

Mientras tanto, el presidente del PPD declaró que “llevan años en una pelea ideológica” internamente. Lejos de unirse para buscar soluciones, celebraron una asamblea para confirmar un boicot plebiscitario ya que su meta es detener la estadidad y salvarse de una derrota en el plebiscito.

El PPD incumplió con los requisitos del Congreso de someter la definición de su fórmula política para que fuera certificada por el Departamento de Justicia federal para celebrar un plebiscito. Ahora protestan porque se aprobó un proyecto de plebiscito que incluye la estadidad, independencia/libre asociación y el estatus territorial vigente.

Los que promueven las “protestas destructivas”, rehúyen la realidad de la crisis fiscal que afecta la estabilidad económica y el futuro de Puerto Rico. Es hora que dejen a un lado esa estrategia populista y demagógica. Si su propósito es imponer su criterio ideológico, háganlo de frente y sin impedir los esfuerzos para resolver la crisis fiscal.

Golpe congresional a la salud de la Isla
viernes, 5 de mayo de 2017

Hernan Padilla

La aprobación en la Cámara baja federal del proyecto para eliminar y remplazar la Ley del Affordable Care Act (ACA u Obamacare) merece consideración por el impacto que podría tener sobre los servicios de salud en Puerto Rico.

El margen de aprobación en la Cámara fue tan apretado que 20 congresistas republicanos votaron en contra y el resultado fue de 217 a 212. En el Senado el Partido Republicano tiene una limitada mayoría de solo 4 votos (52-48) y los 48 demócratas están unidos en contra de la medida. Es probable que los senadores republicanos radiquen su propio proyecto. Además, el proceso legislativo en el Senado es más ponderado y tomaría mucho más tiempo.

No cabe duda de que la Cámara aprobó el proyecto apresuradamente y sin el análisis y los estimados de costo e impacto presupuestario proyectados de la Oficina de Presupuesto el Congreso (CBO, por sus siglas en inglés). Varios senadores ya han expresado que necesitan conocer el informe del CBO antes y las reglas del Senado requieren una puntuación de esa oficina para considerar un proyecto para el proceso de reconciliación.

El primer estimado proyectaba que 24 millones de ciudadanos perderían la cubierta médica en una década. De antemano, se dice que el inciso sobre las condiciones preexistentes tendría un impacto presupuestario considerable y representa otro obstáculo para que se convierta en ley.

Al momento, ya hay senadores republicanos que se oponen a los recortes que proponen a las asignaciones de Medicaid, por el impacto negativo sobre la población de menos recursos y el tratamiento de pacientes adictos a heroína a medicinas recetadas en sus estados. Además, esta medida elimina los subsidios de ACA para pagar el seguro médico, aunque aprueba un crédito contributivo para que compren un seguro.

Los fondos de Medicaid son la gran muralla para que el proyecto se convierta en Ley. El CBO había estimado anteriormente que el anteproyecto engavetado recortaría más de $880 mil millones los fondos de Medicaid en 10 años. Por otro lado, otros senadores consideran que el proyecto dirige las contribuciones que pagan los ciudadanos a las compañías aseguradoras.

En cuanto a Puerto Rico, la situación es mucho más complicada y el impacto de eliminar la ayuda de Medicaid podría ser devastador. Como Puerto Rico no es un estado, “la reforma de salud de Puerto Rico” es financiada, en gran parte, por los fondos del Obamacare, que serían eliminados por este proyecto de ley. La sección 2005 del ‘Act’ destinó a Puerto Rico la cantidad de $5.4 mil millones para “Mi Salud” desde julio de 2011 hasta septiembre 30 de 2019, más $925 millones dados en el 2012, para un total de $6.3 mil millones que se se agotarán a fines de este año.

Recientemente vimos cómo la administración Trump se opuso a asignar los fondos de Medicaid que se agotarán. De $1,200 millones necesarios anualmente, apenas asignaron una partida de $296 millones, dejando un déficit de más de $860 millones para mantener los servicios de salud a las personas de menos recursos en la Isla. Tampoco habrá asignaciones federales para los próximos años fiscales, lo que llevará al sistema de salud de la Isla a una crisis sin precedentes.

De convertirse en ley esta medida, se afectarían cerca de 1.5 millones de puertorriqueños que reciben servicios médicos de Mi Salud, ya que la reforma es financiada, en gran parte, por los fondos de Medicaid. Peor aún, está en peligro el programa de Medicaid que otorga pagos a hospitales que atienden un porcentaje desproporcionado de pacientes de bajos ingresos, las personas mayores, los ciudadanos con incapacidades y posiblemente la reautorización del plan de salud infantil (CHIP).

Queda comprobado que el ELA no tiene los poderes y recursos para superar la crisis que se ha precipitado bajo el fracasado modelo del estatus territorial. Es pues, imperativo, resolver el estatus político para adquirir las prerrogativas que nos brindaría la estadidad para enfrentar muchos de los problemas fiscales y operacionales que menoscaban los servicios de salud a nuestro pueblo.

Desde nuestro punto de vista, lo mejor que le conviene a Puerto Rico en estos momentos es que no se pruebe en el Senado federal este proyecto para eliminar el Obamacare y eliminar los fondos de Medicaid. Mientras tanto, es necesario revisar los planes para otra reforma de salud, teniendo en cuenta que se podrían eliminar los fondos de Medicaid que son la base para los servicios de salud en Puerto Rico.